El personal alerta del “desmantelamiento programado” de las escuelas infantiles canarias que dependen de la Consejería de Bienestar Social

Los Comités de Empresa de la Consejería de Bienestar Social han denunciado este martes la decisión de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias de cerrar las Escuelas Infantiles Anaga, en Tenerife y Las Folías, en Gran Canaria. “Se trata de un servicio público que no se mide por beneficio económico, sino por su necesidad social. Consideramos que Anaga y La Folía son vitales para nuestra comunidad”, han destacado las trabajadoras en una rueda de prensa, que han anunciado movilizaciones contra el cierre que afecta a más de 70 familias.

Los represantes de los Comités califican esta medida de “injustificada” y exigen la paralización inmediata de un proceso que consideran que desmantela un servicio público esencial. Sostienen que se trata de un cierre sin aval técnico y con gestión negligente e inciden en que la Administración justifica el cierre por una supuesta “baja matriculación”, pero inciden en que en realidad no existe un estudio técnico que avale dicha afirmación.

La Consejería se escuda en que ha optimizado recursos en centros con baja demanda y aseguró que dichos reajustes no implican ni pérdida de plazas para el alumnado ni pérdida de empleo para el personal: “Esto nos va a permitir redistribuir recursos y mejorar los apoyos educativos en el conjunto de la red. Gracias a esta reorganización, avanzaremos hacia el objetivo de contar con aproximadamente dos educadores de apoyo por escuela, lo que redundará en una mejora de la calidad del servicio”, afirmó Candelaria Delgado en un comunicado.

Las portavoces de los comités de empresa señalaron, sin embargo, en rueda de prensa que la Consejería se refiere a la baja natalidad como excusa cuando “es un dato contradictorio”, porque “querer fomentar la natalidad eliminando los servicios que las hacen posible es una contradicción. Si escuelas públicas se dificulta que las familias jóvenes decidan tener hijos o hijas, sin plazas accesibles los costes de crianza aumentan, lo que desincentiva directamente la natalidad y tener hijos o hijas se vuelve un lujo. El cierre de plazas públicas afecta desproporcionadamente a las mujeres, quienes suelen asumir los cuidados cuando no hay oferta pública aceptable”.

“Eliminar estos servicios para los niños y las niñas fuerza a las familias jóvenes a mudarse a otras zonas y acelera el envejecimiento y la muerte social de los barrios. Para que la población crezca, el Estado debe garantizar estos servicios antes de que nazcan los niños y las niñas, no quitarlos cuando la curva baja”, incidieron.

Cuando dicen que hay una reorganización de recursos, insiste en que “la Administración, además, intenta vendernos que al suprimir estas dos escuelas se mejorará la atención en las restantes, pero no se puede mejorar la calidad del servicio a costa de eliminar plazas públicas y destruir escuelas”.

Las trabajadoras inciden en que se está realizando por parte de la Dirección de Protección a la Infancia una “gestión negligente y deliberada” cuando en realidad todo se debe al bloqueo de listas de reserva. Y señalaron que existen profesionales en lista de reserva desde hace más de un año, pero la Consejería se niega a cubrir bajas y vacantes.

También han incidido en el boicot a la matriculación y en que se han rechazado matrículas alegando falta de personal y no se ha realizado publicidad alguna, a pesar de que para el próximo curso escolar serán gratuitas.

Los comités lamentan “la pérdida de un recurso vital para familias vulnerables y sostienen que el cierre de estos centros no es solo un problema logístico, sino una grave desprotección social. Estas escuelas son herramientas clave para la atención integral de familias en situación de riesgo o exclusión”.

Los Comité sostienen que esta decisión omite el principio del interés superior del menor. Además, hablan de propuestas ignoradas y falta de negociación y subrayan que la Dirección General ha ignorado sistemáticamente sus propuestas de mejora y flexibilización, tales como: implementación de acogida temprana, inclusión de las escuelas en el Plan Estratégico de Servicios Sociales como servicios esenciales de prevención, apertura de mesas de negociación reales frente a la actual “política de hechos consumados” y movilizaciones inmediatas.

Todo ello, ante lo que consideran un “sinsentido logístico” que busca forzar la salida de trabajadores cualificados y externalizar servicios (como el catering), los Comités anuncian el inicio de movilizaciones inmediatas.

Durante la rueda de prensa, las integrantes del comité de empresa han dicho que se reservan el derecho a acudir a la vía judicial por la vulneración de la negociación colectiva y la falta de transparencia en la documentación justificativa. “Un servicio público no se mide por beneficio económico, sino por su necesidad social. Anaga y Las Folías son vitales para su comunidad”.