Esperar diez años por una casa adaptada o tener discapacidad y vivir en un coche: así son las quejas ante la Diputada del Común

Blanca (nombre ficticio) se desplaza en silla de ruedas, habita en un tercero sin ascensor y está pendiente de una intervención, pero se ve condenada a no abandonar su vivienda. Ha recurrido a la Diputada del Común por la falta de respuesta del ICAVI. También lo ha hecho una familia de cinco miembros que cuida de un hermano de la esposa con una discapacidad del 80% y reside, igualmente, en una vivienda sin adaptación y dos hombres que viven en vehículos, uno con una discapacidad del 68% y el otro afectado de EPOC. “Resulta difícil la situación ante esperas de hasta una década”, recoge el último informe de la Diputada del Común, entregado esta semana en el Parlamento de Canarias y que recoge que Discapacidad y Dependencia concentran con 781 y 448 de un total de la mayor parte de las quejas que recibe esta institución por parte de la ciudadanía. Pero también la crisis de vivienda está generando malestar en la ciudadanía, que ha presentado hasta quejas.

Lola Padrón, diputada del común, ha explicado que este año se ha producido un aumento de las quejas lo que evidencia la “confianza” de la ciudadanía en la institución. Asimismo, alertó de que la administración pública aún es “lenta” y que el sistema de derechos sociales sigue sostenido por las familias y por entidades sociales.

En el año 2025, de las 781 quejas presentadas en el área de Discapacidad, 496 fueron incoadas por mujeres, lo que supone más de la mitad (63,58%) de las quejas del año en el área. “El impacto de género en el colectivo de personas con discapacidad es lo que sociológicamente se conoce como ”doble discriminación“ o interseccionalidad”, añade el informe. Además, solo en el área de Discapacidad se han presentado 178 quejas más frente a las 603 del año 2024.

“El incremento de quejas cada año evidencia la gravedad de la problemática que afecta a la ciudadanía en Canarias, y pone de relieve que los retrasos en la tramitación de las solicitudes por parte de la Dirección General de Discapacidad se intensifican progresivamente. Esta situación genera, en numerosos casos, tiempos de espera de hasta cuatro y cinco años para ser convocados a la valoración correspondiente, sin perjuicio de los casos en los que, aun siendo valorado, la Administración se demora excesivamente en la emisión de la correspondiente resolución”, aclara la Diputación del Común.

De las reuniones que la diputada del común ha mantenido con la consejera Candelaria Delgado y otras personas de esa Consejería el informe detalla causas en ese cuello de botella como el déficit estructural de personal o “el aumento de la demanda de valoraciones, pues entre 2020 y 2025 se registró un incremento masivo de solicitudes, cerca de 90.000, impulsado, en gran medida, por el envejecimiento poblacional y las secuelas de la pandemia; la obsolescencia del sistema de gestión, pues los sistemas informáticos y los procesos administrativos presentan lentitud debido a la necesidad de actualización de las herramientas informáticas”.

Desde el Gobierno se asegura que con la entrada en vigor del Decreto ley 4/2025 se dispone de nuevas medidas como un equipo itinerante de valoradores o informes más claros y actualizados. “La agilización administrativa de registro de solicitudes ha dado lugar a que las miles de solicitudes registradas que constan en el sistema, ahora queden pendientes de cita para valoración”, asegura el informe.

El documento, no obstante, hace hincapié también en las demoras de las revisiones de grado de discapacidad. Señala el caso de Juana (nombre ficticio) que lleva esperando recibir noticias de su expediente desde noviembre de 2020, lo que significa por parte de la Dirección General una demora de 56 meses en la revisión de su grado de discapacidad, sin contar los tres meses establecidos legalmente para ese año. O el caso de Sofía (nombre ficticio) que había solicitado el reconocimiento del grado de discapacidad en marzo de 2019, seguía sin tener noticias en enero de 2025; la respuesta de la Dirección General indicaba que la ciudadana sería citada en el mes de marzo de 2025, sin especificación de cita y dando lugar a una demora de 65 meses desde la presentación de la solicitud.

La accesibilidad universal y por tanto, la supresión de las barreras físicas, sensoriales, y cognitivas, es un tema recurrente en el área, que, aunque porcentualmente representa un lugar muy residual, es importante destacar (11 quejas en 2025). “La existencia de barreras arquitectónicas en espacios e infraestructuras públicas, cuya edificación es anterior a la normativa de accesibilidad vigente, supone en la actualidad, una de las contradicciones más complejas del ordenamiento jurídico en la Comunidad Autónoma de Canarias”, agrega.

La diputada también hace hincapié en la atención temprana y en varias quejas que ponen el acento en que la demora en el reconocimiento del grado de discapacidad a menores que presentan trastorno del espectro autista. Los años de espera para ellos suponen una pérdida irreparable de oportunidades para su desarrollo y su plena integración.

El informe concluye que “en materia de discapacidad, Canarias se encuentra en una fase de transición crítica, pues se ha avanzado en la digitalización y simplificación de trámites, pero el acceso efectivo al derecho sigue dependiendo excesivamente de la insistencia de la ciudadanía y de la fiscalización de los órganos externos”.

Sobre el área de Dependencia, destaca que “el tiempo medio de espera para obtener la resolución de la solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia a menudo supera ampliamente el plazo legal establecido de seis meses, llegando a demorarse en muchas ocasiones más de un año”. También incide en “como causa notable en las quejas presentadas la demora en la revisión de la situación de dependencia, que radica en que la persona dependiente, aunque haya acreditado su situación, se ve obligada a permanecer durante meses o años con un grado reconocido que no refleja su realidad”.

Como ejemplo cita el caso de Amanda (nombre ficticio), una ciudadana de 93 años, que habiendo presentado la solicitud de reconocimiento del grado en junio de 2022, continuaba sin tener información sobre su expediente en enero de 2025, y no fue hasta octubre de 2025 cuando se emite resolución de reconocimiento. O el de Luis (nombre ficticio) de 90 años está a la espera de valoración desde su solicitud, de fecha de abril de 2023, no es hasta mayo de 2025 cuando se emite resolución sobre su situación de dependencia.

“La supervisión de las empresas que prestan servicios de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia es fundamental para garantizar los derechos reconocidos en el PIA y que no queden en papel mojado con prácticas deficientes o irregulares. La importancia radica en la protección de este colectivo vulnerable y sus familias, quienes dependen de los servicios reconocidos por la Administración, y se ven desprotegidos por las irregularidades existentes en la prestación de los servicios por parte de las empresas encargadas de ello”, advierte también la Diputada del común, que añade varias quejas sobre estas empresas.

Y en materia de Vivienda el informe incide en que la crisis es estructural y coyuntural, causada por la falta de vivienda pública y privada, los altos precios de compraventa y alquiler, y disfunciones en la gestión de ayudas. Las respuestas de la Administración suelen ser tardías, fragmentadas y poco coordinadas, agravando la vulnerabilidad de mujeres, personas con discapacidad, mayores y familias con menores.

Además de las quejas referidas a personas con discapacidad y sin vivienda adaptada, menciona que en general “los ciudadanos se dirigen a las instituciones públicas poniendo de manifiesto en general las crecientes dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado. En este contexto, denuncian la existencia de dilaciones significativas en los procedimientos de adjudicación de vivienda pública y protegida, que en numerosos casos se prolongan durante varios años”. En total, en esta área se contabilizaron a 249 quejas, de las que 137 han sido incoadas este año 2025, habiéndose archivado 25 de ellas, principalmente por duplicidad (6) o traslado a otras administraciones (5) como el Comisionado de Transparencia.

El informe dedica un capítulo concreto a las Urgencias del HUC y también se detiene en otras áreas como Sanidad, Servicios Sociales, Administraciones Públicas... En total, se recibieron 3.572 quejas.