Familias llevan a los tribunales el examen de euskera de la PAU pese a la revisión para conseguir “la nulidad” de las pruebas

Un grupo de familias de estudiantes que sacaron un cero en el exámen de euskera de la Selectividad vasca ha pedido en los tribunales la nulidad de las calificaciones y “de todo el procedimiento”. Representados por el abogado Iñaki Picaza los afectados han presentado una demanda ante un Juzgado de lo Contencioso-administrativo al considerar que se “han saltado la garantía de anonimato de los alumnos y el centro del que proceden”, en su mayoría de colegios privados concertados y que estudian en el modelo A, en el que el castellano es la lengua principal y el euskera se enseña únicamente como una asignatura adicional. “La demanda es contra la autoridad educativa, que ha seguido este procedimiento reglado, saltándose, con absoluto desprecio, la garantía de anonimato de los alumnos y el centro del que proceden, que es lo que garantiza la objetividad en las correcciones. Si esos principios fundamentales se quiebran, no vale nada”, detalla Picaza.

Con la demanda, según aclara el abogado, “no se busca ni una reevaluación de las notas ni que hagan un nuevo examen, simplemente que ese examen, esa nota no se tenga por puesta, porque el procedimiento es nulo”. “Hay casos sangrantes como los de alumnos que tienen, no solo un B2 o cursan el EGA, sino que tienen un curriculum académico excelente, premio extraordinario de bachillerato, por lo que es imposible una nota tan baja porque algunos eran brillantes en lengua vasca o son de familias euskaldunes”, defiende.

Sin embargo, esta semana, tras hacer públicos los resultados de la revisión de los exámenes de 4.223 estudiantes y sobre 8.127 pruebas de todas las asignaturas, alrededor un 80% de los casos la nota puede subir algo y no ser un “cero absoluto”, pero no más de dos puntos.  Las calificaciones “apenas experimentarán variaciones relevantes”, ha señalado el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea. “En la mayoría de los casos las notas no han experimentado incrementos significativos y han permanecido próximas al cero. Como consecuencia, la distribución general de las calificaciones apenas ha registrado cambios relevantes”, ha añadido la Universidad.

A pesar de ello, Picaza cree que está constatado que “el procedimiento no se ha respetado conforme a la garantía que establece la ley, y no porque el rector lo confesara el lunes en rueda de prensa”. Tampoco cree que sea atribuible a un solo tribunal. “Hay ceros que estaban en el Tribunal 11, pero el vicio del procedimiento, que radica en la publicidad de los colegios, se da en todos, con lo cual pueden impugnar, no solamente los del 11, sino los de cualquier otro tribunal”, asegura.

En este sentido señala que el rector Joxerramon Bengoetxea, “ha reconocido que la garantía del anonimato se ha quebrado, con lo cual, si se ha quebrado una garantía esencial del procedimiento, eso no se puede subsanar”. “Por más que vuelvan a evaluar esos exámenes, se sigue sabiendo de qué colegio son originarios, no convalidas esa valoración previa”, ha manifestado. Por lo que ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso-administrativo que “se tengan por nulas las notas, que se revoque ese procedimiento que debe ser invalidado a todos los efectos y que, de manera cautelar, se permita a los examinados apuntarse a las carreras” elegidas, ante la previsión de que la sentencia no llegará a tiempo para poder acceder a ellas. “El problema es que el tiempo juega nuestra contra, porque las prematriculaciones están a vuelta de la esquina”, lamenta.

Aun así, el letrado aclara que “no se trata de una campaña contra el euskera”. “No estamos en contra del euskera, ni mucho menos, pero se ha apreciado que en el procedimiento de evaluación hay un vicio no subsanable porque la normativa garantiza el anonimato. Sin embargo, es público y notorio que los tribunales sabían de qué centro eran los alumnos cuyos exámenes estaban corrigiendo, lo que invalida todo el procedimiento. Luego, se da una circunstancia adicional que lleva a una sospecha de sesgo”, concluye.

Bengoetxea, por su parte, ha puesto en valor las garantías del proceso de corrección de la prueba ahora conocida como PAU y ha pedido no trasladar la idea de que se ha producido “arbitrariedad” contra determinados colectivos. “Las calificaciones no pueden determinarse por la presión social, política y mediática”, ha insistido.

Con la nueva corrección, inicialmente se hablaba de 168 ceros totales y de que se ha bajado a 110. Pero el dato queda superado solamente por el caso concreto del tribunal de la discordia de Bilbao, donde de 76 se han quedado en 11, más allá de que se mantengan notas muy bajas. 876 estudiantes -de todas las asignaturas- han visto mejorada su nota y a 442 se les ha bajado. Solamente si la variación entre la primera y la segunda nota es de más de dos puntos se activa de oficio una tercera y definitiva evaluación para fijar la nota. En el caso del euskera, solamente afectaría al entorno del 20%, siempre a falta de los datos definitivos. El rector ha añadido que también se han reclamado 1.193 notas del examen de castellano y 1.137 del de inglés, no tan alejado de los 1.778 de euskera.

¿Qué ha sucedido? Según el rector, la posibilidad de reducir hasta dos puntos por errores ortográficos, gramaticales o de “coherencia” puede ser una explicación. Podría darse el caso de tener una calificación de 1,9 que se quede en nada por la concatenación de fallos, ha manifestado el rector. “Lo que queremos decir es que, hacer cierto tipo de lecturas sobre el proceso, creemos que puede perjudicar a todos los implicados. Tenemos que ser serios. Conocer el proceso y el rigor que implica. Hacer las lecturas antes...”, ha planteado Bengoetxea, a quien convocaron a una reunión de “urgencia” la pasada semana por estos casos los consejeros de Educación, Begoña Pedrosa, y de Universidad, Juan Ignacio Pérez Iglesias.

Ha pedido también que se destierre ese “discurso” que ha calado en la sociedad de que “es muy difícil” sacar un cero solamente con presentarse a una prueba de alto nivel académico. La ley vasca de Educación de 2023 obliga a acabar la etapa obligatoria -es decir, a los 16 años y no a los 18- con un nivel B2 en ambas lenguas oficiales independientemente del modelo en que se cursen los estudios.