La Audiencia Nacional tiene en su poder desde octubre de 2023 un informe de la la Policía que incluye las grabaciones de tres conversaciones del comisario Villarejo con María Dolores de Cospedal en las que queda de manifiesto la implicación de la secretaria general del PP en las maniobras para sabotear la investigación judicial de la caja B del partido. Ni el anterior juez de la macrocausa contra Villarejo, Manuel García Castellón, ni el actual, Antonio Piña, adoptaron ninguna diligencia a partir del citado oficio policial, cuyo conocimiento ha sido hurtado estos dos años a las partes personadas en la pieza separada Kitchen.

Se trata del Oficio UAI (Unidad de Asuntos Internos) 3334/23 de 27 de octubre de 2023. En su página seis, el inspector jefe al frente de la investigación informa al juzgado de los audios que acompañan a su escrito. “La publicación consta de 18 carpetas, y en ella se incluyen todos los archivos de audio anteriormente subidos a la plataforma WeTransfer, otros que a continuación se enumeran, de los que se adjunta como Anexo 01 los denominados MDCospedal, para su adecuada valoración sobre su posible vinculación con los hechos objeto de investigación (pieza 7) por parte de su autoridad”. Esa valoración que solicita el policía nunca se hizo. 

El número 7 se identifica con la pieza separada del caso Villarejo conocida como Kitchen. En ella se investiga el sabotaje policial de la investigación judicial de la caja B del PP con cargo a los fondos reservados, unas maniobras acontecidas durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. La pieza será juzgada la próxima primavera. En el banquillo se sentarán un grupo de mandos policiales junto al secretario de Estado de Seguridad de la época, Francisco Martínez, y el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Para los dos políticos, la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión. 

Quien estuvo brevemente imputada y escapó de la investigación y el banquillo fue María Dolores de Cospedal. En contra del criterio de los fiscales Anticorrupción, el juez García Castellón archivó la querella contra ella en julio de 2021. Aquella decisión también supuso frenar en seco los indicios que apuntaban a Mariano Rajoy, que nunca llegó a estar investigado. Al año siguiente, cuando El País reveló nuevos audios que incriminaban a la ex secretaria general del PP, el juez se negó a reabrir el caso contra ella porque esas grabaciones publicadas no formaban parte de la causa. Ahora se conoce que la Policía incorporó los audios con posterioridad al procedimiento y entonces el juez García Castellón tampoco los investigó. 

Uno de esos audios fue publicado por El País. En la grabación, la número dos del PP habla con el comisario el 13 de enero de 2013: “La libretita sería mejor poderlo parar”. Cospedal se refiere a los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, la prueba manuscrita de que el PP manejó una caja B durante al menos veinte años nutrida con dinero negro de los empresarios, tal y como han acreditado ya varias sentencias judiciales, y que todavía no había salido a la luz.

Tras más de dos años en un cajón, el pasado 13 de noviembre, por fin las partes tuvieron acceso al oficio de Asuntos Internos. Los abogados fueron obligados a leerlo en el propio Juzgado y no se le dio traslado del mismo, pese a no estar secretas las actuaciones. Una vez pudo consultar el informe, la representación del PSOE, que actúa como acusación popular, solicitó la declaración del inspector jefe que firma el oficio.

La declaración del policía se produjo finalmente el pasado 25 de noviembre. Durante la misma, el inspector jefe Gonzalo Fraga explicó cómo Asuntos Internos incorporó a su informe los tres archivos “por si pudieran tener relación y para que los valorara una autoridad judicial y fiscal”. “Esos archivos de audio se escucharon por mi equipo y se incorporaron en el anexo íntegramente. No me consta que exista una transcripción de los mismos en el procedimiento”, declaró el mando policial. 

El juez actual al policía: “¡La pieza está cerrada!”

El inspector jefe relató que eran tres audios de Cospedal con Villarejo, uno de una hora de duración y fechado en 2017, y dos del año 2013. Contó que la responsable política y el policía hablan de varios temas y entre ellos de algunos que se podían “referir a los hechos” de la pieza 7 o caso Kitchen. Antes de que pudiera extenderse más, el actual titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, le interrumpió bruscamente. “¡No, no la pieza número 7 está valorada, enviada y cerrada!”, exclamó el juez, según un escrito que ha presentado la representación del PSOE. 

Los socialistas acaban de solicitar formalmente que Cospedal, López del Hierro y el Partido Popular, como persona jurídica, sean imputados en el caso Kitchen. “Se ignoró y se ignora deliberadamente y sin motivación alguna todas las pruebas de cargo que la Policía situó encima de la mesa de sus señorías y de la Fiscalía Anticorrupción relativas a la participación de la señora Cospedal en esta trama delictiva. No es una teoría conspirativa, tampoco una opinión, es desgraciadamente un hecho”, reza el escrito del PSOE.

En septiembre de 2022, al mismo tiempo que rechazaba reabrir la investigación contra Cospedal, García Castellón ordenó la apertura de una pieza nueva del caso Villarejo, la número 34, donde irían a parar el cúmulo de grabaciones publicadas por medios de comunicación, un canal de Telegram del ultra Alvise Pérez y las aportadas al propio juzgado por el empresario Javier Pérez Dolset, todas ellas realizadas por el comisario y cuyo contenido no ha sido nunca investigado. 

La única intención del juez era comprobar si todos esos audios figuraban entre el material intervenido a Villarejo –del que solo se ha desencriptado aproximadamente el 50%– o si se trataba de grabaciones que no estaban en la causa, según explicaba el propio García Castellón en su auto. 

La maniobra de García Castellón

Pero de la pieza número 34 nunca más se volvió a saber. Ninguna de las partes personadas en la causa han tenido acceso a esas grabaciones. Ahora, el escrito del PSOE plantea que la número 34 “no fue una pieza procesal sino una caja fuerte donde depositar aquello que no debía ver la luz”. Los socialistas hablan en su escrito de “una artimaña procesal para evitar la reapertura de la pieza separada 7 Kitchen o la apertura de una nueva para investigar estos hechos con claras apariencias de relevancia penal”.

El 18 de abril de 2024, García Castellón levantó el secreto sobre la pieza 34, pero el Oficio UAI 3334/23, donde los policías adjuntan los tres audios sobre Cospedal, “se excluyó del índice de la causa” y no se subió a la plataforma digital a la que acceden las partes personadas, según denuncia el PSOE. Solo una diligencia solicitada por los socialistas para prorrogar la investigación y que no prescribiera permitió aflorar el oficio policial el pasado mes de noviembre. 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a García Castellón en su negativa a reabrir el caso Kitchen pero dejó una puerta abierta a las revelaciones que pudieran surgir en el marco de la pieza 34. Sin embargo, los audios quedaron aparcados sin que llegara a ser valorado su contenido. “Estas expectativas de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, compartidas por las acusaciones, se han visto defraudadas por la inacción y ocultación realizadas tanto por el Juzgado de Instrucción como por la propia Fiscalía Anticorrupción”, dice el PSOE en su escrito. 

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se había negado a que sus subordinados recurrieran la negativa de García Castellón a reabrir el caso, pero la Sala de lo penal se tuvo que pronunciar por la petición de la acusación popular. El actual juez del caso, Antonio Piña, fue advertido de la “inacción y ocultación” en ocho escritos presentados por la acusación que ejerce el PSOE. “No hizo nada, salvo manifestar reiteradamente en la declaración prestada [por el policía de Asuntos Internos] que la pieza separada 7 estaba cerrada, pero sin valorar los posibles hechos nuevos que parecía desconocer”, añaden los socialistas. 

Tres conversaciones entre Cospedal y Villarejo

20 de enero de 2013. El contexto más amplio de esta conversación hay que buscarlo años atrás, en julio de 2009, fecha a la que se remonta la primera reunión entre el mando policial en activo y la número dos del PP. Villarejo acude a Génova para encontrarse con Cospedal y su entonces marido, Ignacio López del Hierro. Ambos le encargan “trabajos puntuales” y le prometen una remuneración. En ese momento no saben que los problemas que les han surgido por el caso Gürtel y la “imputación provisional” de Luis Bárcenas terminarían estallando con el encarcelamiento del tesorero del partido. 

El Mundo publica el 18 de enero de 2013 que “Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP”. Circula el rumor que la caja B del partido está recogida en “una libretita”. Dos días después, en la primera grabación que la Audiencia Nacional no ha investigado, la número dos del PP llama desde un teléfono fijo al policía, que está destinado en la Dirección Operativa de la Policía, y le dice que quiere esas anotaciones y que hay que “pararlas”. No lo consiguió. Unos días después, el 31 de enero, El País publica los papeles de Bárcenas y estalla el escándalo de corrupción más grave en la historia del PP.  

26 de abril de 2013. De nuevo, Cospedal evita los móviles. No es casual. Ella misma explica a Villarejo que no ha realizado la llamada antes porque “no tenía un fijo a mano”. Durante la conversación explica que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le ha entregado a ella antes que al juez del caso de la caja B un informe de la UDEF. “Me llama ayer por a noche diciéndome que voy a tener un día hasta que lo vea el juez”, afirma Cospedal al policía.

El comisario da cuenta a Cospedal de sus movimientos para abortar los avances del caso de la caja B. El presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, no puede estar entre los salpicados por el escándalo. Villarejo asegura haber estado con el inspector jefe al cargo de las investigaciones, Manuel Morocho, y con el jefe de este, el comisario José Luis Olivera, procesado en Kitchen y autor del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. “Estuve tomando una copa y luego se quedó José Luis comiéndole el tarro porque en el informe iba el nombre del presidente… No sé si sabes”, dice Villarejo. A lo que Cospedal responde que lo desconocía. 

Efectivamente, tres días después Morocho entrega el informe 39199/13. Solo aparece Rajoy de pasada: “Mariano Rajoy 2º trimestre” y “Trajs. Mariano”. Los apuntes de Bárcenas sobre el presidente no se desarrollan en el atestado policial. Morocho ha denunciado públicamente las presiones que sufrió durante su investigación de los casos Gürtel y PP. Lo ha hecho en sede judicial y en el Congreso de los Diputados. “Buscaban doblegarnos”, dijo en la Audiencia Nacional. 

12 de septiembre de 2017. Cuatro años después de los encargos para destruir el caso de la caja B, Villarejo sigue teniendo relación con Cospedal y el marido de ésta. El contexto ahora es el desafío independentista en Cataluña, pero Villarejo también está preocupado por su situación. Ya ha saltado su implicación en varios casos. El marido de Cospedal, para quien el PSOE vuelve a pedir la imputación, lo recoge y lo lleva hasta Cospedal, que ahora además de número dos del partido también es ministra de Defensa. “Yo hablo con quien tenga que hablar”, le dice Cospedal a Villarejo para su tranquilidad. 

La pequeña localidad conquense de Villar de Cañas es conocida en todo el país porque, allá por fue el año 2011 fue designada por el Gobierno de Mariano Rajoy para albergar el basurero nuclear de España. En esa fecha se dio luz verde al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. Coincidió con la época en la que Dolores de Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha.

En diciembre de 2023 el actual Gobierno de España dio por enterrado el proyecto, en teoría de forma definitiva, tras aprobarse el VII Plan General de Residuos Radiactivos en el que se opta por varios emplazamientos descentralizados, asociados a las centrales nucleares, además de establecer un calendario de cierre de estas plantas hasta el año 2035.

Tras el apagón del pasado mes de abril, el debate sobre las fuentes energéticas se ha avivado y la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha y mano derecha de Mariano Rajoy en el PP, Dolores de Cospedal, volverá a Villar de Cañas esta semana.

Lo hará para participar en el foro 'Medio Ambiente y Energía', organizado por un ayuntamiento que gobiernan los 'populares' y que siempre ha aspirado que que el cementerio nuclear se ubicase en su término municipal, con el argumento de que creará riqueza.

Cospedal será la encargada de la clausura del evento. “Queremos ser un foro abierto de discusión para que los expertos exploren la actual situación energética desde ópticas diversas”, ha señalado el alcalde del municipio, Alejandro Pernías. Y pese a que fue descartado el ATC formará parte de una de las ponencias, bajo el lema 'Las cuentas de la Energía y el Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas'.

Queremos ser un foro abierto de discusión para que los expertos exploren la actual situación energética desde ópticas diversas

Alejandro Pernías — Alcalde de Villar de Cañas

El actual alcalde, que sustituyó al defenestrado José María Sáiz después de sus exabruptos contra la hoy eurodiputada Irene Montero, dice que “Villar de Cañas ha estado y sigue estando en el centro de un debate nacional debido al Almacén Temporal Centralizado, ATC, proyecto para el que el que fuimos designados sede por el Gobierno de España”, ha recordado.

En su opinión, “es un buen momento para liderar desde nuestro municipio una jornada que ofrezca, a través de quienes tienen conocimientos y experiencia, propuestas y conclusiones sobre la situación en la que se encuentra nuestro país”.

El PSOE ve “provocación” en la visita de Cospedal para “revivir” el proyecto

El PSOE de Cuenca ha calificado de “provocación” la anunciada visita de María Dolores de Cospedal, expresidenta de Castilla-La Mancha, al municipio conquense “para tratar de revivir, bajo el paraguas de unas jornadas sobre energía y medio ambiente, un proyecto nefasto como es el Almacén Temporal Centralizado”.

Hay que recordar que el Foro Nuclear anunciaba en febrero de 2024 la presentación de sendos recursos contencioso-administrativos contra el abandono del almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas y el nuevo Plan General de Residuos Nucleares, así que el 'entierro' definitivo del proyecto no es tal y todas las alarmas se han disparado.

Además, los socialistas conquenses critican que la 'popular' haya elegido la provincia de Cuenca “para intentar lavar su imagen política, profundamente dañada, tras la publicación de los escandalosos audios en los que afirma de forma literal que ”hay que matar al fiscal Grinda“.

“Estas palabras gravísimas y totalmente antidemocráticas, descalifican a Cospedal para ejercer cualquier tipo de liderazgo político en la provincia de Cuenca y en cualquier lugar. A esto se suma que una empresa vinculada a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal en los inicios de este proyecto, cobró 37 millones de euros de Enresa para hacer el ATC sin mover ni una sola piedra”, han comentado.

Debería darle vergüenza pisar Villar de Cañas para remover este proyecto con el que ya se lucró sobradamente su ahora exmarido

PSOE Cuenca

Se refiere a la denuncia que realizó la Plataforma contra el ATC en Cuenca allá por 2026 ante la Fiscalía Anticorrupción que, por aquel entonces aseguraba que “la gran valedora del proyecto del cementerio nuclear en Villar de Cañas, ha sido María Dolores Cospedal, que junto a su marido, controlaron el proyecto desde el principio”, en palabras de la portavoz de la plataforma, María Andrés.

“Debería darle vergüenza pisar Villar de Cañas para remover este proyecto con el que ya se lucró sobradamente su ahora exmarido”, han aseverado desde el PSOE de Cuenca.

Que la expresidenta regional irrumpa en un momento clave para la consolidación de nuevos liderazgos populares demuestra que el PP está inmerso en una lucha de poder y da la espalda a los intereses reales de la ciudadanía conquense

PSOE Cuenca

Por otro lado, a su juicio, la visita de Cospedal deja al descubierto “las profundas divisiones internas del Partido Popular en Cuenca, Cospedal viene a la provincia a mostrar su respaldo al actual presidente del PP, Benjamín Prieto, a la vez que debilita a Beatriz Jiménez, actual portavoz del PP en la provincia, a la que su propio partido parece estar desautorizando”.

“Que la expresidenta regional irrumpa en un momento clave para la consolidación de nuevos liderazgos populares demuestra que el PP está inmerso en una lucha de poder y da la espalda a los intereses reales de la ciudadanía conquense”, defienden desde el PSOE, que alegan que “no hay nadie en el PP de Cuenca capaz de desacreditar y desautorizar a Cospedal, ”ni siquiera tras quedar en evidencia su vínculo con el caso Villarejo“.

Desde el PSOE de Cuenca han reiterado también su “firme oposición a cualquier intento de reactivar el ATC en Villar de Cañas” y exigen al PP que no utilice esta provincia “para revivir fantasmas, ni para insuflar oxígeno a quienes representan lo peor de la política del pasado en esta tierra”.

El juez Manuel García Castellón ha asignado la X de Kitchen a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entre 2012 y 2016. El caso más grave de corrupción en el departamento de la seguridad del Estado desde los GAL se salda, a falta de los previsibles recursos ante la Sala de lo Penal, con el procesamiento del máximo responsable de la cartera cuando se produjo el espionaje del tesorero del PP con cargo a los fondos reservados.

Como ya ocurriera con el terrorismo de Estado en la época de Felipe González, el presidente del Gobierno, en este caso Mariano Rajoy, queda al margen de la actuación judicial por la “operación parapolicial” para recuperar documentos que pudieran comprometerle a él mismo y a otros dirigentes del PP, entre ellos María Dolores de Cospedal, a quien García Castellón ha levantado la imputación. 

El magistrado de la Audiencia Nacional decidió este jueves no prorrogar la investigación, como le habían solicitado todas las acusaciones y, muy vivamente, la Fiscalía Anticorrupción, proponiendo recientemente una batería de diligencias que García Castellón ha rechazado en su totalidad. 

García Castellón defiende en su auto de pase a procedimiento abreviado la tesis de que la operación para sabotear la causa judicial sobre corrupción más grave en la historia del PP fue un asunto cuya “planificación, dirección, desarrollo y ejecución” corresponden al Ministerio del Interior, con su titular, Fernández Díaz, uno de los ministros más próximos a Rajoy, como máximo responsable. El actual líder del PP, Pablo Casado, se apresuró a destacar que Fernández Díaz está cesado de militancia y que el auto del juez deja claro que Cospedal, cuyo apoyo en las primeras resultó vital para su elección como presidente de la formación, “es inocente”. 

Junto a Fernández Díaz, el juez García Castellón propone juzgar al que fuera el número dos del Ministerio Francisco Martínez y a todos los mandos que integraban la primera línea de la brigada política del PP, con el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo, a la cabeza. En ese descenso jerárquico, el juez salta a Ignacio Cosidó, director general de la Policía, al que varios mandos investigados han señalado como conocedor de la operación. 

Estas son las líneas de investigación en las que, a falta de que la Sala de lo Penal corrija magistrado, ya no profundizará en el caso Kitchen, así como los sospechosos cuya responsabilidad quedará sin dilucidar.

Mariano Rajoy, “El Asturiano” o “El Barbas”

El presidente del Gobierno durante la Operación Kitchen era 'El Asturiano' o 'El Barbas', según le denominan Villarejo y sus colaboradores en los audios incorporados a la causa y también escribe el comisario en su diario. Así lo corroboraron los agentes de la Unidad de Asuntos Internos en sus informes al juez. 

Para no mencionar a Rajoy en las 70 páginas del auto, García Castellón llega a mencionar la figura del “primer ministro”, inexistente en España, y en tres ocasiones habla del “presidente del Gobierno”. La Fiscalía había pedido que el PP identificara al titular de un número de móvil facilitado por Villarejo después de que este asegurara que se intercambiaba mensajes sobre el espionaje a Bárcenas con el jefe del Ejecutivo. El teléfono, en realidad, corresponde a Rajoy, pero el juez considera la petición de Anticorrupción “una diligencia impertinente, innecesaria e inútil”. El comisario también ofreció varios números que él utilizó para que se comprobara si había comunicación entre ambos, algo imposible pasado más de un año. 

Los comisarios Villarejo y García Castaño explicaron al juez en sede judicial que el primero trasladaba información al presidente del Gobierno a través del presidente de La Razón y presidente de Atresmedia, Mauricio Casals, al que el magistrado no ha preguntado por ello. Las anotaciones del policía, que son frecuentemente utilizadas por el juez para apoyar sus argumentos, señalan al abogado Javier Iglesias Redondo como el nexo de Villarejo y su banda con el presidente del Gobierno. El cierre de la instrucción ha impedido también que Iglesias, quien aparece en las maniobras más oscuras del PP en el ámbito judicial, preste declaración siquiera como testigo. 

María Dolores de Cospedal y su “derecho de reunión” con Villarejo

Las acusaciones del caso Villarejo barruntaban el archivo de la causa contra Cospedal desde el mismo momento en que leyeron el auto de imputación del juez. Anticorrupción había pedido su citación ocho meses antes, pero el magistrado resolvió que eso dependería de lo que dijera sobre ella el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Cuando este fue a declarar se negó a contestar a la Fiscalía, al resto de las acusaciones y a las defensas de otros imputados. Así las cosas, el interrogatorio estuvo protagonizado por García Castellón. Ni una sola de las preguntas que el juez le formuló durante hora y media aludieron a Cospedal. 

En su auto, el juez alude varias veces al derecho de reunión para no criminalizar los encuentros entre la secretaria general del PP y Villarejo. “El hecho de que la señora Cospedal se reuniese con el señor Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna. Ni el señor Villarejo, ni nadie que se hubiera reunido con él debe responder penalmente por ello, en la medida que supone ejercicio de un derecho fundamental de protección constitucional, el derecho de reunión”, escribe el magistrado. 

A Cospedal le asiste, según el juez, que las grabaciones en su despacho encargando “trabajos puntuales” a Villarejo, junto a su marido, “son audios de origen desconocido y por tanto de dudosa fiabilidad”. “En ningún momento –añade– se oye a quien parece ser la investigada expresar los motivos de la reunión; se trata de una reunión que registra solo un fragmento de una conversación, aparentemente, por uno de sus interlocutores, cuya duración y contexto se ignoran”.

A diferencia de otras anotaciones de Villarejo que son tenidas en cuenta, la que alude a pagos al comisario a través del jefe de gabinete de Cospedal –contra el que también se archiva la causa– no son tenidas en cuenta. El juez valora el hecho de que la entonces imputada Cospedal negara las entregas de dinero y lo hiciera “con contundencia”.

Ayuda a Cospedal, según el juez, que el comisario imputado Andrés Gómez Gordo, procesado por corrupción en el caso Ciudad de la Justicia, y que trabajaba a las órdenes directas de Cospedal cuando comenzó su participación en la operación Kitchen, afirmara en su declaración como investigado que “ni Cospedal ni López del Hierro le dijeron que hablara con Sergio Ríos (el chófer, confidente del policía)”. López del Hierro, el marido de Cospedal, quien conoce a Villarejo desde los años noventa, también queda fuera de la causa por decisión de García Castellón. 

El magistrado destaca en su auto que Cospedal le contó que los documentos que supuestamente querían robarse en la Kitchen habían estado a su disposición en la sede del PP durante meses, cuando Bárcenas salió del edificio, por lo que “resulta contradictorio pretender sostener su liderazgo ideológico”. La acusación contra ella, culmina el juez, “no deja de ser el resultado de una inferencia voluntarista”.

Ignacio Cosidó, el director general de la Policía que no sabía nada

A través del auto de García Castellón ha trascendido que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado la imputación del máximo responsable de la Policía en la época del espionaje a Bárcenas con fondos reservados. El juez ha propuesto llevar a juicio a sus inmediatos superiores y subordinados, pero no a Cosidó. Se da la circunstancia de que uno de los indicios que el juez carga a uno de los mandos policiales, José Ángel Fuentes Gago, para mantener su imputación es que era la “mano derecha” de Pino, circunstancia que no pesa en Cosidó con el cargo que ostentaba.

La Fiscalía aludía a que había sido señalado por los comisarios Villarejo y Pino y el juez dice que le “llama la atención la generalidad de los términos en los que se formula la petición, sin referencia a dato, indicio, expresión o afirmación concreta alguna que permita sostener la imputación de esta persona”.

En el caso de Cosidó, el juez valora las anotaciones de Villarejo cuando escribe: “Chisco [Francisco Martínez]. Cosi habla con todos y dice que no tienen que hacer algo que en conciencia no proceda”.

El CNI, el falso cura y el espionaje en la cárcel

El cierre de la investigación ha segado los indicios que comenzaban a aparecer en la causa y que apuntaban a la posible participación o conocimiento del Centro Nacional de Inteligencia cuando este dependía de la vicepresidenta primera del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. 

El primero en apuntar esos indicios fue el considerado por el juez “coordinador” de la operación, Francisco Martínez. Lo hizo de forma voluntaria, cuando incluyó en su registro ante notario un mensaje con Fernández Díaz en el que aludían al “contacto cecilio”, expresión policial para referirse a los agentes del Centro. Y de forma involuntaria, cuando escribió una reflexión en su teléfono, sin saber que luego sería incautado, en la que aludía a la implicación de otros “servicios del Estado”.

Luego, como ocurriría con sus amenazas a Rajoy, Fernández Díaz o Cospedal, Martínez se retractó. Del CNI dijo al juez que habló con su entonces director general, Félix Sanz Roldán, porque Interior buscaba dinero de Bárcenas en el extranjero y el servicio de Inteligencia siempre tiene mucha información. El general le respondió que no era su competencia pero que si les llegaba algún dato se lo comunicaría, aseguró Martínez en su última declaración como investigado ante el juez.

Entre los episodios sin aclarar que deja el cierre decretado por García Castellón está el de los motoristas con cámaras en los cascos que no eran policías y que seguían a Rosalía Iglesias. Sergio Rios, el chófer, asegura que Villarejo y García Castaño le hablaron con naturalidad de la implicación del CNI en el operativo. 

La investigación tampoco ha permitido aclarar si el asalto del 'falso cura' a la casa de los Bárcenas es un episodio de Kitchen. Y no porque Anticorrupción no lo haya intentado. Una de las diligencias rechazadas por el juez va en ese sentido y también desliza la posible implicación del CNI. La Fiscalía quiere que la médico forense que visitó a Enrique Olivares en prisión emita un informe sobre su estado para declarar. La facultativa ha estado de baja por una enfermedad grave y en ese lapso García Castellón ordenó trasladar a Olivares a la Audiencia Nacional y que un forense ajeno hasta ese momento dictaminara si era capaz de declarar. 

El fiscal ha escrito recientemente: “Aparecen datos que permiten profundizar en la posible participación de Enrique Olivares García en el asalto al domicilio de la familia Bárcenas bajo el directo control de los mandos policiales que desarrollaron la Operación Kitchen; o, incluso, bajo el control de otros servicios de seguridad del Estado”. Anticorrupción quería saber igualmente quiénes eran y por qué visitaron a Olivares en prisión después de que elDiario.es revelara que había sufrido un ictus.

La última línea de investigación en aparecer fue una segunda Kitchen perpetrada dentro de la cárcel. Bárcenas denunció al juez la existencia de un preso con identidad falsa que le espiaba y habló de las instrucciones que dio a otro recluso para que, cuando saliera de permiso, destruyera la grabación que guardaba en la nube y que implicaba a Rajoy. El fiscal sospecha que el preso “hacker”, Isidro Sánchez, pudo ser otro de los colaboradores captados por la brigada política, como apuntan las anotaciones de Villarejo. Anticorrupción quería que se citara a los policías que consultaron en los ficheros policiales los datos de Sánchez y su hermana, pero el juez considera que eso no aportaría “nada nuevo”.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha puesto fin a la instrucción del caso del espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados en un auto en el que archiva la causa contra la que fuera secretaria general del PP en el momento de los hechos, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, vinculado desde hace décadas al comisario Villarejo.

García Castellón adopta esta decisión en contra de la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones que le habían pedido prorrogar la investigación más allá del día de hoy, 29 de julio, en el que concluía el plazo. El juez ni siquiera ha llamado a declarar a Mariano Rajoy pese a los múltiples indicios de que conocía la operación ilegal con cargo a los fondos reservados y que la autorizó.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado considera los hechos constitutivos de los delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación.

 Además de al exministro, el juez envía a juicio a quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al exdirector adjunto Operativo Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Angel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa Tándem José Manuel Villarejo, así como al chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.

En su resolución, el juez también archiva la causa por falta de indicios contra el jefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, así como para el 'falso cura' que asaltó la casa de los Bárcenas, Enrique Olivares.

El juez relata que los investigados en la presente pieza separada, puestos de común acuerdo y con conocimiento de la ilicitud de los hechos en una fecha que no se ha podido determinar entre los años 2012 y 2013, pusieron en marcha el operativo. El juez considera que fue Jorge Fernández Díaz, y nadie por encima de él, quien “instó a Francisco Martínez, quien fuera, primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, para que pusiera en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder del referido Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez”, en relación a documentación comprometedora para los dirigentes del PP, incluido el propio Mariano Rajoy, a lo que el juez no hace referencia en su auto.

Francisco Martínez Vázquez, prosigue el juez, asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo al Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino Sánchez. Pino, a su vez, dice el magistrado, encargó esta operación a José Manuel Villarejo Pérez, quien, para su ejecución, se sirvió en un primer momento de Marcelino Martín Blas, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) del Cuerpo Nacional de Policía, y posteriormente de Enrique García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión, sirviéndose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a dicha Unidad.

La operación consistió en captar a un colaborador, cercano a la familia Bárcenas, capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se estaba buscando. La persona elegida fue Sergio Javier Ríos Esgueva (también llamado cocinero, Kitchen, o K2, de ahí el nombre de la operación), quien desde principios de febrero de 2013 era el chófer del matrimonio Bárcenas, y persona de máxima confianza del entorno familiar.

El DAO, Eugenio Pino Sánchez, habría encomendado tanto a José Manuel Villarejo Pérez como a Enrique García Castaño, el desarrollo de labores operativas para ganarse la confianza y lograr la colaboración activa de Sergio Ríos, a cambio de la entrega de 2.000 euros mensuales, más gastos, procedentes de los fondos reservados, y el posterior ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, expone el magistrado.

Este, por su parte, sigue explicando el auto, debía facilitar información que les permitiera sustraer documentación en posesión de Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias. Para acceder a esta persona, García Castaño y José Manuel Villarejo Pérez se valieron del hoy comisariao Andrés Gómez Gordo, quien participó con estos en el desarrollo de la operación. El juez tampoco alude a la proximidad de Gómez Gordo a Cospedal. El policía trabajaba a las órdenes directas de la presidenta de Castilla-La Mancha cuando comenzó a operar dentro de la Kitchen, antes de regresar a la Policía.

La resolución indica que las actuaciones practicadas han permitido constatar que, sin perjuicio de las directrices dadas por el ministro, y las motivaciones que pudiera tener este, la finalidad que guiaba tanto a Villarejo Pérez como a Enrique García Castaño, sería realmente la de incautar y mantener dicha documentación en su poder, sin entregárselo a sus superiores, para poder obtener algún tipo de beneficio personal; extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial y la impunidad en las actividades ilícitas que, presuntamente, venían desarrollando de forma paralela.

Dicha documentación se habría finalmente localizado e incautado en fecha no determinada, pero que puede situarse en el mes de octubre del año 2013, y se encontraría, al menos, en poder de Enrique García Castaño, al que Villarejo habría reclamado insistentemente una copia, con el conocimiento de su superior Eugenio Pino, continúa el juez su relato. Para obtener esta información los investigados habrían accedido, careciendo de autorización alguna, al denominado “zulo” un local comercial utilizado por Rosalía Iglesias, en cuyo interior, al parecer, se ubicaría un armario con un doble fondo del que se habría sustraído dicha documentación.

El juez explica las disfunciones e irregularidades en la gestión y en control de los fondos reservados habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales. El juez señala que desde la provisionalidad de esta fase procesal pudo ser Francisco Martínez quien presuntamente autorizó el pago de los fondos reservados a Sergio Ríos.

Una vez terminada la operación, el titular del Juzgado central de Instrucción 6 relata que en pago por los servicios prestados y con la finalidad de asegurar su silencio desde la Secretaría de Estado se maniobró para que Ríos entrase en el Cuerpo Nacional de Policía, según da por indiciariamente acreditado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

En su resolución, el magistrado archiva la causa respecto de Cospedal, López del Hierro, José Luis Ortiz y señala que, a diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio del Interior, respecto de los que existe una sólida base indiciaria en el caso de estos tres resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican su incriminación. La imputación a Cospedal y López del Hierro de una participación intelectual no deja de ser, argumenta el juez, “resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”, escribe el magistrado.

El instructor rechaza la petición de prórroga solicitada por las acusaciones y la práctica de diligencias. Respecto a las pedidas por el fiscal, el magistrado las considera inútiles y, en algunos casos, impertinentes y se permite recordar que nuestra legislación procesal no admite investigaciones prospectivas. “La actividad instructora –añade– no puede concebirse como una suerte de soltar la red en fondeo por si se encuentra el delito, sino todo lo contrario”. 

Los tiempos han cambiado aunque no es para hacerse ilusiones. El 6 de julio de 1979 se celebró la gran manifestación contra el trasvase Tajo-Segura, pero poco a poco las diferentes fuerzas fueron cediendo y este trasvase fue posible. Posible y una ruina para Toledo.

En ese día, Ignacio López del Hierro era gobernador de Toledo (estuvo en el cargo entre el 24 de septiembre de 1977 y el 24 de septiembre de 1979). Su poder como gobernador le llevó a intentar doblar el espinazo a quienes se oponían con toda contundencia y claridad al trasvase. Cuarenta y dos años después vemos sus consecuencias. Un río es una cloaca, y la cosa sigue justificándose con paños calientes. Al mismo tiempo, López del Hierro reaparece como imputado de gravísimos hechos.

Como consecuencia de una denuncia para plantar cara a las mentiras y truculencias con que se quería justificar dicho trasvase por parte del partido en el poder, la UCD, el que era entonces gobernador civil, López del Hierro, impuso dos multas de 100.000 pesetas. Para hacerse una idea de la tremenda cuantía, el salario base anual ascendía a 22.780 pesetas. Así se las gastaba 'este señor' con quien no tuviese su opinión. Así ejercía la que debería ser su labor democrática y su función como elemento mediador. Y todo ello con la Constitución ya aprobada. ¡Qué ejemplo de equidad!

En esta ocasión, la decisión tomada y su arbitrariedad fueron rechazadas por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, con imposición de las costas a la Administración del Estado. Costas que pagamos todos por tomar el señor gobernador una medida arbitraria y abusiva. Aquí mando yo y al que se aparte del guion le parto el espinazo. Fue al parecer la primera o segunda sentencia negativa para un gobernador civil. Hasta entonces no había precedentes de que un tribunal fallase contra los omnipresentes poderes de los gobernadores civiles, y eso sucedió porque los multados contaron por suerte con una excelente defensa. De lo contrario el quebranto económico hubiera tenido consecuencias catastróficas para sus vidas. Eso es lo que intentaba hacer López del Hierro como escarmiento a la disensión y la libertad de opinión. 

Otro capítulo aparte, otra gran anécdota de la Transición en Toledo también tuvo como protagonista negativo al gobernador civil de Toledo, Ignacio López del Hierro. Fue en la noche del 4 de diciembre de 1978, y se trata de una historia muy poco edificante de su labor como gobernador. Esa noche no era una más. Era viernes y ese domingo se votaba 'Sí' o 'No' a la Constitución española.

En Zocodover, militantes de muchas de las fuerzas políticas democráticas habían quedado para hacer una pegada de carteles conjunta a favor del 'Sí'. En ese ambiente, miembros del partido político de extrema derecha, Fuerza Nueva, empezaron a montar bronca porque exigían que la mitad del espacio disponible fuera para ellos, que pedían el 'No'. En este contexto la policía decidió cargar siguiendo las órdenes de un capitán que estaba fuera de servicio. Tras este suceso, y en esa misma noche, dirigentes de varias de esas organizaciones decidieron ir a hablar con el gobernador responsable que estaba en su despacho a unos pocos metros (en la actualidad está aquí la Delegación del Gobierno). Uno de los más indignados con lo que había pasado era Pablo Corrales, miembro de la UCD, como López del Hierro, y padre del actual concejal del PP que se llama también Pablo Corrales. Pero el señor gobernador, a pesar de la gravedad de los hechos, no hizo nada, ni tampoco expedientó al capitán.  

Es verdad que después de todo aquello yo gané un aliado: Pablo Corrales. Alguien que no era cualquiera porque sus conocimientos como abogado nos vendrían muy bien. Un miembro de la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores) y un militante de la UCD (Unión de Centro Democrático) que nunca dudaron en los años siguientes sobre qué era lo importante y quién está en contra de la democracia aunque ahora saquen diputados. 

Pero volvamos al principio. Las cosas del Tajo siguen igual, está podrido, el trasvase sigue su proceso, cuando además, cuatro décadas después hay medios suficientes para abastecer Murcia y Valencia sin que sea necesario arruinar nuestro río. La situación política que lo sostiene también sigue siendo la misma y se explica fácilmente: el poder de los escaños de Castilla-La Mancha, que aporta 21 al Congreso, tiene menos rentabilidad política que los de Valencia y Murcia que suman exactamente el doble, 42.                                                                                        

En Toledo nos hemos vuelto algo apáticos con este asunto, y si no, vean cómo responden y la que montan los murcianos cuando dicen que se va a disminuir una sola gota de agua del trasvase. Las cosas en general tampoco han cambiado tanto, y en algunos casos puede que a peor. La crisis ha servido para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, aumentando a la vez el número de estos últimos. Los ricos vamos ganando dice el título del libro de Antón Losada. Añadiría yo que los pobres parecemos tener poca capacidad de reacción y nos dejamos llevar resignados a perder poco a poco nuestros derechos. Aunque la partida no haya acabado.

María Dolores de Cospedal, número dos del Partido Popular durante una década, declarará este martes como investigada en el caso Villarejo. Su imputación se enmarca en la pieza que indaga en el espionaje “parapolicial” al extesorero del PP Luis Bárcenas, con el fin de sabotear la investigación judicial del caso más grave de corrupción que ha afectado a los conservadores, la financiación irregular de la formación durante al menos veinte años. 

Desde los primeros autos de esa pieza separada, abierta en 2018, el juez Manuel García-Castellón alude a una operación para beneficiar a “dirigentes del Partido Popular”, esto es, a los que se verían salpicados por la caja B, tanto como conocedores del sistema irregular de financiación como por ser perceptores de sobresueldos. 

La Fiscalía Anticorrupción concreta en la figura de María Dolores de Cospedal, que sería beneficiaria del operativo “de forma directa”, al buscar la brigada política documentos comprometedores para ella y otros dirigentes como Mariano Rajoy; y “de forma indirecta”, como secretaria general del partido en el momento en que se desarrolla la operación Kitchen.

María Dolores de Cospedal tuvo que abandonar la política por la publicación en 2018 de una conversación grabada en 2009 por el comisario Villarejo en la planta séptima de Génova, en la que ella y su marido, Ignacio López del Hierro, proponen “trabajos puntuales” al policía presuntamente corrupto en pleno estallido del caso Gürtel, la causa madre que derivó en la caja B. Estos son los indicios que hay contra Cospedal en el sumario del caso Kitchen y de los que deberá responder en su declaración como investigada de este martes.

Las grabaciones

"¿Aceptarías trabajos puntuales?”

Julio de 2009. Villarejo, una suerte de agente liberado de la Comisaría General de Policía Judicial, la misma estructura que alberga a los agentes que investigan Gürtel, accede por el garaje a la sede nacional del PP. En la séptima planta, la misma en la que tiene su despacho Mariano Rajoy, le reciben María Dolores de Cospedal, número dos del partido, y su marido, Ignacio López del Hierro, que conoce de hace tiempo a Villarejo. Es la primera vez que Cospedal ve al comisario. El encuentro se produce en el despacho de la número dos del PP. 

En la reunión, la secretaria general y López del Hierro preguntan al policía en activo si aceptaría “encargos puntuales” y él contesta afirmativamente. Toda la operación Kitchen no se explica sin esta grabación. Es en ella donde arranca la relación entre la política y el comisario presuntamente corrupto. 

Cospedal está preocupada por el caso Gürtel, que había estallado en febrero, y que nueve años después desalojaría al PP del poder con su primera sentencia. Para ese caso resulta clave el pendrive que la UDEF se había incautado en poder del contable de la Gürtel. Villarejo dice en un momento de la conversación: “Hemos hecho todo lo posible por romperlo”. También habla del jefe de la UDEF, el ahora imputado José Luis Olivera, como “un hombre nuestro”. La grabación fue publicada por moncloa.com y ya está incorporada a la causa, según un escrito de Anticorrupción.

"La Cospe, me la pasó el Polla… estaba de una mala hostia”

25 de enero de 2017. El grupo de Villarejo actúa para que uno de sus miembros, José Luis Olivera, investigado que declara este lunes, se convierta en director adjunto operativo la Policía (DAO) y así controlar cualquier investigación contra ellos. El comisario apunta que recurren al matrimonio Cospedal-López del Hierro y que éstos interceden, finalmente sin éxito. En esta grabación hablan Villarejo y los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza Jorde. Villarejo relata una reunión que ha mantenido con el marido de Cospedal sobre el enfrentamiento de ésta con Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicrpresidenta: “Estaba la Cospe cuando me la pasó el Polla [López del Hierro], porque creía… en el Villamagna también, y estaba de una mala hostia… Pero qué pinta la vicepresidenta en el nombramiento del DAO”.

"La Cospe dice que ya hablaron con el presidente”

17 de febrero de 2017. Villarejo graba la conversación que mantiene con el también comisario Enrique García Castaño. Las informaciones sobre la Kitchen y otros casos de presunta corrupción policial arrecian y el primero habla de sus contactos con el Gobierno y el PP. El comisario García Castaño había sido destituido de su puesto al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) por el equipo de Interior que sustituyó al de Jorge Fernández Díaz. Enrique García Castaño pregunta: ¿La Cospe, qué dice de todo esto? Y Villarejo responde: “No, la Cospe tal, que no se qué, que ya hablaron con el presidente…”.

Los mensajes en los teléfonos

"Me encontré con la Cospe y su marido. Me dijeron que el tema se tenía que haber arreglado ya”

15 de febrero de 2017. Dos días antes de la anterior conversación, García Castaño habla con el también investigado Francisco Martínez, exnúmero dos de Interior. García Castaño asegura sobre su cese: “Me encontré con la Cospe y su marido. Me dijeron que el tema se tenía que haber arreglado ya, que hablaría conmigo. Según el SES [el nuevo secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, próximo a Cospedal en el PP] ya dio orden de que me cambiaran y de forma clandestina volviera a montar el tema catalán. No sé si fiarme”.

"No hace falta que le cuente porque ella sabe de sobra lo que hay”

25 de septiembre de 2018. Francisco Martínez habla por WhatsApp con su esposa sobre una conversación que el primero ha tenido con Cospedal sobre los supuestos archivos de audio de Bárcenas con Rajoy. Martínez contesta: “No hace falta que le cuente porque ella sabe de sobra lo que hay”.

"La principal culpable de lo que está pasando es la señora que aupó al líder” 

22 de octubre de 2018. Francisco Martínez habla con un antiguo y estrecho colaborador del Ministerio. Este se preocupa por la situación personal de Martínez cuando ya se rumia su imputación. El excolaborador afirma: “La principal culpable de lo que está pasando es la señora que aupó al líder”

"Mi grandísimo error en el Ministerio fue ser leal a miserables como Jorge o Rajoy o Cospedal”

23 de octubre de 2019. Martínez mantiene una conversación por WhatsApp con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Martínez escribe: “Como sabes muy bien, mi grandísimo error en el Ministerio fue ser leal a miserables como Jorge o Rajoy o Cospedal. Y de eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar. Y te aseguro que es lo último que quería hacer.”

Las agendas del comisario

"Quedó en transmitirle a la parienta. Ella quedó en ver a Peláez por la tarde”

9 de noviembre de 2012. En el transcurso de la investigación a Villarejo han aparecido indicios del proyecto que redactó para un abogado, ya fallecido, Ignacio Peláez, defensor de investigados entonces en el caso Gürtel. El proyecto SMP buscaba la nulidad de la instrucción judicial del caso que más daño ha hecho al PP. El juez dice que no hay indicios de la participacion de Cospedal en ese encargo, pero elDiario.es ha encontrado una anotación en la agenda de Villarejo que alude a un contacto entre el citado abogado y la secretaria general el PP. Villarejo se ha reunido con López del Hierro y anota: “Quedó en transmitirle a la parienta. Ella vería a IGN PELAEZ por la tarde”.

"Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”

6 de diciembre de 2012. Menos de un mes después del encuentro referido en la anterior nota, Villarejo apunta: “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. La anotación, que alude a un presunto pago de la secretaria general al comisario investigado por corrupto y que adelantó El País, alude al jefe de gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz Grande, quien también declarará como investigado esta semana. 

"Han propuesto al Oli de DAO”

16 de noviembre de 2016. Villarejo resume el contenido de once conversaciones mantenidas ese día con políticos, empresarios y con el comisario Olivera, el último de los implicados que ha sido imputado. Una de las anotaciones alude a lo hablado con Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal: “Transmití mi pesar por el trato al exministro. Insiste en que han propuesto al Oli de DAO”. 

"Dice que la Cospe llamó a Zoilo y le abroncó por el tratamiento hacia mi”

24 de mayo de 2017. “ILH: 13 H. Villamagna. Dice que la Cospe llamó a Zoilo [en alusión a Juan Ignacio Zoido] y le abroncó por el tratamiento hacia mi”. Esta anotación en las agendas de Villarejo refleja una reunón del comisario con López del Hierro. Juan Ignacio Zoido era el ministro del Interior que sucedió a Fernández Díaz y en esa fecha los indicios contra Villarejo en distintos casos de corrupción policial afloraban. Seis meses después sería detenido e ingresaría en prisión acusado de liderar una organización criminal.

El círculo de Cospedal

Ignacio López del Hierro. “ILH” en las agendas; “El Polla”, en las conversaciones entre Villarejo y sus colaboradores. El marido de Cospedal es un viejo conocido del comisario, de antes de que el empresario contrajera matrimonio con María Dolores de Cospedal. Las referencias a él son constantes en las agendas del policía. A él recurre Villarejo constantemente para pedir la intermediación de la secretaria general del PP, incluso cuando ésta ya era miembro del Gobierno, en el puesto de ministra de Defensa. López del Hierro no estuvo nunca antes imputado pese a sobrevolar varios sumarios de corrupción. En los papeles de Bárcenas aparece como donante de la caja B, pero él negó en el juicio ser ese “López Hierro” o “López H”. Una acusación popular le denunció por falso testimonio.

Andrés Gómez Gordo. “Andy” o “Cospedín” en las agendas. El policía que ha hecho negocio durante años por su proximidad al Partido Popular [ver este perfil] es clave en la operación Kitchen. Comenzó a participar en ella estando en excedencia, cuando era la sombra de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Reingresó en la Policía para monitorizar al topo infiltrado en la familia Bárcenas, el chófer Sergio Ríos, al que conocía de años atrás. 

José Luis Ortiz Grande. “JL Orti” en las agendas. El jefe de gabinete de Cospedal en Castilla-La Mancha, en el Ministerio de Defensa y en la Secretaría General del PP. Su nombre ha irrumpido en este último tramo de la investigación con la incautación de nuevas agendas a Villarejo como presunto conocedor e intermediario de la Kitchen y en otro de los negocios del comisario.

El auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional se lee como un cuento. No es la narración incomprensible de la literatura judicial, se lee fácil y se agradece; es un cuento pero de terror, de terrorismo contra la democracia por lo que cuenta.

Al final, después de una narración prístina, el juez cita en calidad de investigados –los antes imputados– a María Dolores de Cospedal; a Ignacio López del Hierro –más compinche que marido–; a su director de gabinete, José Luis Ortiz; a Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior; y a José Manuel Villarejo, el superpolicía de la España más profunda y oscura. Como testigo, que no puede mentir, a un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía.

El auto es demoledor, pone de manifiesto, a la espera del juicio de los jueces, presunción mediante de inocencia, unas conductas que no pueden sino ser comparadas con los peores tiempos de la mafia italiana que involucraba a políticos, policías, jueces y, por supuesto, imprescindibles, a periodistas y medios que los amparan.

A partir de este lunes tendremos más noticias de la idea y conocimiento judicial de que el PP es un partido corrupto, corruptor, una organización para el crimen como la propia justicia ha advertido en sus sentencias

A partir de este lunes tendremos más noticias de la idea y conocimiento judicial de que el PP es un partido corrupto, corruptor, una organización para el crimen como la propia justicia ha advertido en sus sentencias tiempo atrás a pesar de la amnesia de los medios de comunicación cómplices que siguen erre que erre, sin apenas perturbarse por la grave situación para la democracia que representa el Partido Popular.

En el caso del auto referido, queda de manifiesto que el Partido Popular, a través de su ministros, secretarios y secretarias generales y ministros del ramo ha colonizado, se ha apropiado del Ministerio del Interior cada vez que ha estado en el poder, es decir, en el Gobierno. El PP ha convertido el Ministerio del Interior, en particular a la Policía, en un somatén propio, orgánico, al servicio de sus problemas partidarios, no para perseguir el crimen y la corrupción sino para taparla y encubrirla.

Es muy grave, huele a pizza, orégano y porca miseria mafiosa. Su policía patriótica ha contribuido a asentar una sensación de inseguridad jurídica mientras el Estado, en plena amenaza terrorista, estaba inseguro ante el desmedido empleo de medios y esfuerzos al servicio del PP. Nos engañaban, el PP no luchaba contra la corrupción, luchaba por mandar en Interior –como en el CGPJ, el gobierno de los jueces– para encubrir y librar a sus criminales y sus crímenes contra la democracia. Gravemente, porque corrompían a policías y dejaban a la intemperie a policías honrados, honestos y defensores de la democracia.

Pablo Casado no ha dudado en organizar ruedas de prensa –como la extrema derecha– con clac, risas y aplausos enlatados, una visión ultraderechista de la libertad de expresión y manifestación

A esto, el máximo responsable del PP, ahijado de Cospedal, Pablo Casado, no quiere dar la cara. No conoce a Cospedal ni a ninguno de sus padres o abuelos políticos.

El espectáculo en Ceuta ha sido bochornoso. Además ha pretendido y quizá conseguido corromper el derecho a la información –que es del pueblo– y el derecho del periodismo digno a informar y controlar en democracia. Casado se ha negado, y sigue, a responder sobre la situación de su mentora Cospedal. Pablo Casado no ha dudado en organizar ruedas de prensa –como la extrema derecha– con clac, risas y aplausos enlatados, una visión ultraderechista de la libertad de expresión y manifestación, extraña desde los tiempos de Mussolini en Italia o Fraga Iribarne, su abuelo, en Palomares.

Todos tienen que responder ante la justicia, muy comprometida; el Gobierno, vistas las narraciones judiciales, señor ministro Marlaska, tiene el deber de tranquilizarnos y explicarnos que la Policía y el Ministerio del Interior no siguen contaminados de mafiosos. Por favor.

Pero la mayor responsabilidad es del pueblo soberano, que tiene que decidir si defender legítimamente su ideología, de derecha o izquierda, es compatible con la corrupción de la democracia, utilizando si cabe el Ministerio del Interior y la Policía de España.

A lo largo de la comisión de investigación del caso Kitchen, el Partido Popular se ha empeñado en destacar que el comisario José Manuel Villarejo volvió a la policía con un ministro socialista –ahora ya menos, José Luis Corcuera– y prosperó en la época de Rubalcaba. No es que sea totalmente falso. Un grupo de comisarios convirtió el Ministerio de Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz en un paraíso del navajazo por la espalda y las tramas secretas, y no es que ellos aparecieran en la cúpula policial de repente llegando de ninguna parte. Pero al final la realidad ha aparecido con el mazo y ha sacudido al PP en toda la cabeza con la imputación de su ex secretaria general María Dolores de Cospedal.

Con ella ha quedado señalado también su marido, el conseguidor de la Villa y Corte de Madrid Ignacio López del Hierro. En estos tiempos en que tanto se habla de las familias no tradicionales, la pareja encarna un símbolo cuyo origen se pierde en el tiempo: la confluencia de política y negocios con evidentes beneficios para ambos lados.

La exministra de Defensa debía comparecer este miércoles en la comisión de investigación del Congreso. Durante el interrogatorio de su marido, se conoció la noticia de la imputación de ambos por cohecho, malversación y tráfico de influencias. El PSOE reaccionó rápido y propuso aplazar sine die la declaración de ella. El PP fue el único que votó en contra. Quería quitarse el muerto de encima cuanto antes, pero no tuvo tanta suerte. Ahora los trabajos de la comisión no concluirán en unas semanas, como estaba previsto, sino que lo harán dentro de varios meses. Los partidos del Gobierno no estaban por la labor de desaprovechar esta oportunidad.

Cospedal apareció a la hora indicada en el Congreso, sabiendo que había sido imputada. “Yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada”, dijo a una reportera de TVE. “Aparte de que a mí por qué me van a desconvocar. Qué tontería”, comentó después. Seguro que tontería no es la palabra que se le vino a la cabeza a Pablo Casado cuando se enteró.

La exdirigente del PP pretendía probablemente emplear la misma estrategia que su marido. Negarse a responder a todo aquello relacionado con la operación político-policial con la que se intentó robar a Bárcenas los documentos que podían perjudicar al PP.

Ignacio López del Hierro fue gobernador civil de Toledo y Sevilla con poco más de 30 años y después inició una larga etapa empresarial en los consejos de grandes corporaciones. En las últimas décadas, adquirió la fea costumbre de ser mencionado en muchos escándalos de corrupción, aunque pocas veces ha tenido que declarar ante un juez.

Su amistad con el comisario Villarejo ha supuesto el tropiezo definitivo, sobre todo desde que se conoció la grabación que le hizo el policía en 2009 en una reunión en la que los Cospedal encargaron al comisario algunos trabajitos, de esos que hay que hacer con mucha discreción. Eso provocó el fin de la carrera política de Cospedal que ya estaba agotando sus últimas etapas después de la elección de Pablo Casado al frente del partido.

A estas alturas de la película, López del Hierro se va a poner nervioso por muy pocas cosas. Respondió con silencios a las preguntas de los diputados y recostándose en la butaca según avanzaba la sesión. “Le falta un cubata”, le dijo Gabriel Rufián, siempre dispuesto a intentar sacar al invitado de sus casillas. Lo consiguió con una referencia a unos supuestos negocios con Jordi Pujol Ferrusola, que aparecieron en un informe de la Udef y que él siempre ha negado. “Es curioso que usted sólo se altere con este tema”, dijo el diputado de ERC. “Es que es falso”, respondió. “Ah, lo otro no”, fue la última respuesta de Rufián. Ahí faltó el toque de batería.

La Fiscalía Anticorrupción pidió en septiembre de 2020 la imputación de Cospedal y López del Hierro. El juez García Castellón la descartó en ese momento. Hay que tener en cuenta que ha estado muy ocupado en el último año con Pablo Iglesias sin que haya tenido mucho éxito. Ahora el magistrado ha recurrido a las últimas anotaciones conocidas en las agendas de Villarejo para tomar la decisión. Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y reclutado por la Policía para espiar al extesorero del PP, ya declaró a finales del año pasado ante el juez que fueron los comisarios Villarejo y Gómez Gordo los que le captaron para hacer de confidente. Gómez Gordo es conocido en medios policiales como 'El Cospedín' por su relación profesional con la expresidenta de Castilla La Mancha desde hace años.

El juez recurre a una de las anotaciones de Villarejo para justificar la imputación: “ILH. Aviso sobre contacto con Sergio. Él se encarga de hablar con Andrés Gordo”. En el auto, se refiere a las sospechas sobre la intervención de Cospedal y López del Hierro (ese ILH del que habla Villarejo) en “la captación de Sergio Ríos”. Ambos declararán el 29 y 30 de junio.

La noticia del miércoles amplía el caso Kitchen más allá del contexto de una operación de una mafia policial al servicio del ministro de Interior. La presunta implicación de Cospedal conecta todo el escándalo directamente con el Partido Popular. Es probable que Fernández Díaz intente relacionar su posible intervención con el hecho de que Bárcenas estaba siendo investigado por los delitos relacionados con las cuentas del PP. No es que ese argumento sea ganador. Ningún juez había ordenado robar los documentos de Bárcenas a través de un infiltrado.

Pero con Cospedal no hay coartada posible. Ella estaba metida en la historia hasta el cuello con el objetivo de salvar la maltrecha reputación de su partido.

En la conversación de 2009, Villarejo estaba encantado de ocuparse de los encargos que le hacían Cospedal y su marido. Bromeó diciendo que al menos le pagarían los gastos. “Baratito, que estamos tiesos”, le dijo López del Hierro. Ahora tendrán más problemas de dinero. Van a tener que soltar una pasta para contratar a un buen abogado penalista.

El empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, se ha negado a contestar a la inmensa mayoría de las cuestiones planteadas por los portavoces de la comisión del Congreso que investiga el caso Kitchen alegando “indicaciones jurídicas”. Cuando López del Hierro, en una intervención inicial, ha hecho esta afirmación todavía no había trascendido el auto del juez del caso citándole a declarar como imputado a él, a Cospedal y al jefe de gabinete de ésta José Luis Ortiz. 

Cuando los diputados le han preguntado si le sorprendía la imputación, López del Hierro ha contestado: “Por sorpresa, por sorpresa, no. Lleva mucho tiempo saliendo en la prensa”. El empresario no ha mencionado que hace ocho meses, los fiscales Anticorrupción solicitaron su imputación y la de Cospedal, al tiempo que la de Francisco Martínez y Jorge Fernández, pero el magistrado Manuel García-Castellón decidió esperar. Hasta hoy, cuando se ha conocido el auto que lleva fecha de ayer, día 1. Cospedal tenía previsto comparecer en el Congreso durante la tarde, pero finalmente se ha pospuesto.

En el papel que ha leído al principio, el empresario ha expresado la “absoluta imposibilidad de acceder a los medios del Ministerio del Interior, ya sean técnicos, humanos o ya sean de fondos reservados”. “Por una sencilla razón –ha añadido–, que yo no he sido, ni soy funcionario de dicho departamento o de ninguna administración pública”.

Como le ha recordado el portavoz socialista, Felipe Sicilia, el comisario Villarejo confiesa que conoce a López del Hierro desde hace treinta años, como queda acreditado en el encuentro grabado por el comisario en 2009 en el despacho de Cospedal en Génova, a la que también asistió López del Hierro y en la que el empresario dice que encargará “trabajos puntuales” al policía, por entonces en activo, en relación con el sabotaje del caso Gürtel. Tras la publicación de aquellas grabaciones en moncloa.com, Cospedal se vio obligada a dejar la política. 

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha replicado que no se cree que desconociera su imputación. Es más, Rufián ha dicho que seguro que se enteró la pasada noche. “Usted piensa que en este país su entorno influye tanto como antes, no, le puedo asegurar que no, por mucho que se ría, le puedo asegurar que no. Usted va a acabar mal”, ha expresado el portavoz de los republicanos. 

López del Hierro ha insistido una y otra vez en que no iba a hablar. En ocasiones, se quedaba callado tras las preguntas y en otras se recostaba en la silla y miraba en silencio a los portavoces. López del Hierro, como le ha recordado el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, “sobrevuela” infinidad de sumarios pero hasta hoy no había llegado a estar imputado. 

El empresario aparece como donante de la caja B en los pápeles de Bárcenas pero aseguró en el juicio que él no es el “López Hierro” que anotó el tesorero del PP. También dijo que no conoce a El Bigotes, pese a que anunció públicamente en 2018 que se querellaría contra él por decir, también en una comisión del Congreso, que el empresario era, en la financiación irregular, “el del mondongo” Esas contradicciones han sido expuestas por el portavoz de EH Bildu hoy en la comisión, Oskar Matute.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Villarejo que cite en calidad de investigados a Jorge Fernández Díaz, quien fuera ministro del Interior durante el primer mandato de Mariano Rajoy, y a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del Partido Popular, según han avanzado a eldiario.es fuentes del caso. Anticorrupción solicita estas diligencias en el marco de la pieza que investiga el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, una de las actuaciones del grupo de mandos policiales que integraban la brigada política. Los fiscales han solicitado igualmente la declaración como investigado del marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro.

La pieza 7 del caso Villarejo indaga en la Operación Kitchen, una maniobra parapolicial sufragada con fondos públicos para sabotear la investigación de la caja B del Partido Popular. En esa misma pieza ya figuran como imputados el secretario de Estado de Seguridad en el momento de los hechos, Francisco Martínez, y el comisario que el PP eligió para dirigir la Policía, Eugenio Pino, así como toda la primera línea de la brigada política que actuó contra el proceso soberanista en Catalunya, en una primera etapa, y después contra Podemos. 

El espionaje a Bárcenas constituyó una tercera misión de este grupo de funcionarios del Ministerio del Interior y sus responsables políticos destinada a obstruir la investigación de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra la financiación irregular del partido durante más de 20 años. La pieza 7 del caso Villarejo, según han dejado por escrito el juez y Anticorrupción, investiga las actividades de un grupo de policías para beneficiar a dirigentes del Partido Popular.

Uno de esos policías imputados es el comisario Andrés Gómez Gordo, quien dejó el Cuerpo durante un periodo para trabajar como con María Dolores de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. Gómez Gordo regresó a la Policía porque conocía de años atrás al chófer de Bárcenas, el topo que utilizó la brigada política para espiar a la familiar del tesorero cuando éste entró en prisión, en el verano de 2013. Otro de los comisarios investigados en la pieza 7, Enrique García Castaño, ha declarado ante el juez que Gómez Gordo es el autor del informe contra la supuesta financiación irregular de Podemos cuyo contenido despreció la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Las fuentes consultadas aseguran que los indicios recabados durante la investigación contra Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal se han visto ratificados tras la incautación del teléfono móvil del que fue su número dos, Francisco Martínez, el pasado marzo. Este se ha negado a declarar en las dos ocasiones anteriores que ha sido citado aunque en la última trasladó al juez García-Castellón que lo haría cuando se levantara el secreto de sumario, lo que está previsto para el próximo lunes.

María Dolores de Cospedal tuvo que abandonar la política cuando trascendieron a finales de 2018 los audios de las reuniones de ella y su marido, López del Hierro, con el comisario Villarejo en la que los dos primeros mostraban su intención de perjudicar la investigación sobre la caja B del PP y los sobresueldos en el partido.

“La reacción inteligente por parte del señor López del Hierro debería haber sido la de pedir, y hacerlo el primero, que se haga una auditoria sobre las inversiones en el ATC previsto para Villar de Cañas y así ver que no tiene nada que ocultar”.

Ha sido la respuesta de la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, a la información filtrada a varios medios de comunicación en la que se daba cuenta del requerimiento notarial que el marido de la que fuera presidenta regional, Dolores de Cospedal, ha remitido tanto a Fernández como al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, tras haberle acusado de cobrar dinero por su supuesta vinculación a empresas adjudicatarias de varios contratos  para la puesta en marcha del cementerio nuclear y hacerlo además en una rueda de prensa, sin dar muchos más detalles. 

“Nunca le hemos pedido explicaciones porque es un personaje privado. En todo caso el ejercicio de transparencia se lo pedimos a las instituciones públicas”, ha comentado Blanca Fernández a este periódico.

La portavoz regional no tiene constancia de que se haya recibido requerimiento notarial alguno remitido, según publicaba ABC, a la sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha. Insiste en que “el señor López del Hierro y Cospedal deberían ser los primeros interesados en que las cosas queden claras. La mejor forma es que se investigue, se sea transparente y se haga una auditoría si no hay nada que ocultar”. El Gobierno de Castilla-La Mancha y la propia portavoz así lo han pedido al Ministerio de Transición Ecológica. 

“El Gobierno de Castilla-La Mancha, con toda la información publicada y nunca denunciada por el señor López del Hierro y la señora Cospedal, lo menos que puede hacer es pedir un ejercicio de transparencia”.

Fernández reconoce que “no estamos en un proceso judicial” sino que su objetivo, insiste, es reclamar transparencia por parte de “un Gobierno que representa a Castilla-La Mancha. Entendemos que la gente quiere saber qué pasa con su dinero. Quien más interesado debería estar en aclarar las cosas es quien está siendo acusado por los medios de comunicación”. 

El empresario Ignacio López del Hierro ha remitido un requerimiento notarial al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y a la consejera portavoz de la Junta, Blanca Fernández, para que expliquen públicamente las acusaciones de que el marido de Cospedal “cobró 37 millones de euros de Enresa para hacer el ATC sin mover ni una sola piedra”.

Según recoge el diario ABC, que ha tenido acceso al citado requerimiento, el escrito del notario madrileño Javier Fernández Merino tacha de “insidias” las declaraciones, en rueda de prensa, de Blanca Fernández.

La consejera portavoz pidió el pasado miércoles al Ministerio de Transición Ecológica que lleve a cabo una auditoría y que “se investigue” para saber “por qué se destinó tanto dinero a empresas vinculadas al señor López del Hierro”, sin llegar a citar el nombre de dichas empresas.

Se trata, dijo, de una “petición política, no formal” al Gobierno de España, y a preguntas de los periodistas no detalló si el Gobierno regional se personaría o no en una causa judicial al respecto, en caso de haberla.

“Llegado el momento tomaremos la decisión oportuna”, añadía Fernández, que aseguró que en la construcción del cementerio nuclear “había mucho negocio”.

Hay que recordar que en 2016 la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ya señaló al marido de Cospedal ante la Fiscalía Anticorrupción por las adjudicaciones a la empresa Iberinco de hasta cinco contratos (de forma directa o a través de empresas participadas) valorados en unos 37 millones de euros. La Fiscalía, según la portavoz de la Plataforma, María Andrés, “no llegó a entrar en el fondo de la cuestión. Nosotros denunciábamos malversación de fondos públicos” y en declaraciones a este diario ponía “a disposición” del Gobierno regional y del PSOE castellanomanchego el trabajo realizado por el colectivo de cara a futuras acciones.

También la portavoz del PSOE castellanomanchego, Cristina Maestre, decía ese mismo día que se esperará a conocer los resultados de la auditoría del proyecto (si el Ministerio la llevase a cabo) para decidir si se tomarán medidas jurídicas al respecto.

Así pide explicaciones López del Hierro

Ignacio López del Hierro traslada en el escrito notarial que ante la “insidia” de sus declaraciones, “explique públicamente qué quiere decir con 'había mucho negocio' ; diga públicamente qué empresa de la propiedad de Ignacio López del Hierro resultó adjudicataria de algún contrato de Enresa; diga públicamente cuáles son las empresas que en su día fueron adjudicatarias de contratos de Enresa para el proyecto del ATC, en qué cuantías cada una de ellas y con qué objeto del contrato; diga públicamente a quien pertenecen o pertenecían esas empresas, en qué holding están incorporadas y cuál es o era su objeto social; explique públicamente cuál fue el procedimiento de adjudicación de los contratos realizados por la empresa Enresa para la construcción del ATC; explique públicamente que servicios se realizaron por las que resultaron empresas adjudicatarias de contratos, toda vez que en sus declaraciones dice sin mover una sola piedra”.

También le pide que diga públicamente “en qué años se hicieron las obras y los proyectos que según las declaraciones no existen; diga públicamente si conoce a las empresas adjudicatarias de contratos del ATC, bien sea a las empresas concretas o a sus matrices o holdings y si ha tenido alguna vez contacto con ellas; diga públicamente si la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha durante su presidencia o durante otras presidencias, ha adjudicado contratos o concesiones a las empresas o holdings de empresas que en su día fueron adjudicatarias de contratos de Enresa. Explique en qué cuantías y cuantos contratos, así como cuántas relaciones de mecenazgo o de otro tipo han concertado con ellas”.

En otra parte del escrito, según recoge ABC, reclama explicaciones sobre “qué quiere decir con 'una empresa vinculada a Ignacio López del Hierro'; que diga públicamente cuántos familiares y qué familiares y personas vinculadas con el PSOE y altos cargos y ex altos cargos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha trabajan en esas empresas o en sus matrices o holdings; diga públicamente qué es una petición política de auditoría”.

PSOE: “Que lo expliquen y no se pongan nerviosos”

De momento, a preguntas de eldiarioclm.es, no hay reacción desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Quien sí se ha pronunciado ha sido la diputada nacional del PSOE, Esther Padilla, que sostiene que “la relación de datos, como mínimo, merece una explicación, que lo explique y no se pongan nerviosos”, ha dicho.

Ha vuelto a reiterar que fue el Gobierno de España el que decidió que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares se instalase en Villar de Cañas (Cuenca) y que a pesar de que “no reunía los requisitos” fue un “empeño” de Dolores de Cospedal.

Fue ella, añade, “la que decide y ofrece que sea en nuestra región donde se instale el cementerio nuclear. Cuando se hace el concurso de las empresas adjudicatarias, la empresa peor valorada es la que, finalmente, resulta adjudicataria y, a los pocos meses, el marido de Cospedal entra en el Consejo de Administración”.

Padilla subraya que “a nosotros nos llama la atención y nos llama la atención también que esa empresa adjudicataria, en la que son 217 millones los adjudicados, se ejecutan 90 millones de euros por parte de Enresa en la época del Gobierno del PP y de esos 90 millones de euros que se gastan, 37 van a parar a empresas participadas por el marido de Cospedal”, ha insistido.

PP: “Si tienen pruebas de algo, que vayan al juzgado”

Desde el PP, el diputado regional Emilio Bravo ha criticado que el Ejecutivo autonómico esté “constantemente hablando de Cospedal”, quien lo único que hizo fue “pagar las deudas de los socialistas”.

“Si realmente tienen pruebas de algo, que vayan al juzgado. Es injusta la campaña que constantemente hace el PSOE contra Cospedal y su familia. Si de verdad hay algo privado denunciable ahí está el juzgado”, ha indicado.

Herbert Smith Freehills, el despacho angloaustraliano que pretende fichar al exministro de Justicia y actual diputado del PP, Rafael Catalá, tuvo como asesor hasta el pasado abril a Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP, exministra de Defensa y exdiputada María Dolores de Cospedal, según confirman a eldiario.es fuentes del bufete.

Esas fuentes explican que López del Hierro fue miembro de su consejo asesor desde octubre de 2016 hasta el pasado abril, cuando salió de ese órgano consultivo debido a la renovación “natural” que suele producirse en el mismo cada cierto tiempo.

Fuentes próximas a López del Hierro señalan que en ese órgano el empresario coincidía con, entre otros, el exministro del PP Josep Piqué, el exconsejero delegado delegado de Banco Santander Alfredo Sáenz o Ernesto Mata, que fue directivo de Unión Fenosa, entre otros cargos.

Este tipo de consejos asesores (que no figuran en ningún registro oficial) son muy habituales en el mundo de la abogacía, del que Herbert Smith se ha convertido en un pujante actor en los últimos años. La firma, que cuenta entre sus socios con Leopoldo González Echenique, presidente de RTVE de 2012 a 2014 y abogado del Estado como Cospedal, registró en 2017 una facturación de 31 millones de euros, lo que le sitúa entre las 20 mayores del país.

El bufete, que como suele ser norma del sector en España no comunica sus beneficios, canaliza sus operaciones en España a través de la firma británica Herbert Smith Freehills Spain LLP. En el ejercicio 2017 (cerrado el 30 de abril de ese año), esta sociedad multiplicó por 16 sus beneficios, hasta 2,276 millones de euros, según sus últimas cuentas publicadas en el Registro Mercantil de Reino Unido.

El despacho, al que el Gobierno de Mariano Rajoy renovó en enero pasado el contrato de asesoramiento para los pleitos que el Estado español mantiene con algunos inversores extranjeros en el sector fotovoltaico por los recortes a las energías renovables, se dedica, según destaca en su web, a ayudar a las empresas a manejar transacciones “complejas e innovadoras”. Trabaja con empresas del Ibex 35 y con importantes clientes locales y multinacionales con operaciones de alto perfil en España y el resto del mundo, proporcionándoles asesoramiento legal nacional y transfronterizo.

El consejo asesor de Herbert Smith España, que lleva sin reunirse desde primavera, es el órgano al que se prevé que se incorpore Rafael Catalá. El exministro de Justicia y Fomento, que pretende compatibilizar ese puesto con su escaño del Congreso, es también el actual secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP. No consta que la Oficina de Conflictos de Intereses haya dado todavía su preceptivo visto bueno a ese fichaje. Este órgano rara vez ha vetado un nombramiento de este tipo.

“Pena y tristeza”

Catalá, que el pasado verano apoyó públicamente a Cospedal antes de que esta perdiera las primarias con las que intentó alcanzar la presidencia del PP, es uno de los pocos cargos del partido que la semana pasada salieron en defensa de la expresidenta de Castilla-La Mancha, después de que una serie de polémicas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo liquidasen su carrera política.

El pasado viernes, Catalá consideró “muy ingrato y muy injusto” que esas grabaciones “contaminen una carrera política de treinta años” y dijo tener una “sensación de pena y tristeza” por la salida de Cospedal del Congreso de los Diputados y la Ejecutiva del PP.

López del Hierro, de 71 años, va a perder próximamente sus cargos en Iberdrola (la eléctrica va a liquidar las dos filiales de las que es consejero), aunque se mantiene de momento como vocal de la concesionaria de autopistas Itínere, donde representa los intereses de Liberbank, la entidad que absorbió a la extinta (y fallida) Caja Castilla-La Mancha, de la que también fue consejero y a la que asesora desde hace años.

Hace dos semanas, tras salir a la luz las primeras grabaciones comprometedoras para el matrimonio, El Confidencial publicó que Société Générale había decidido no renovar a López del Hierro como ‘senior advisor’ del banco francés en España. El marido de Cospedal se mantiene como administrador único de su consultora Hilo de Inversiones, en la que recientemente afloró un sueldo de más de 200.000 euros anuales. 

Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP, exministra de Defensa y ya exdiputada María Dolores de Cospedal, va a perder próximamente sus cargos en dos filiales de Iberdrola, aunque se mantiene de momento como consejero de la concesionaria de autopistas Itínere.

Tal y como avanza El Español, Iberdrola va a liquidar próximamente sus filiales Iberdrola Ingeniería y Construcción (conocida como Iberinco) e Iberdrola Inmobiliaria, de las que es consejero desde 2012 y 2013, respectivamente, López del Hierro. El septuagenario empresario, asesor financiero y exgobernador civil en Toledo y Sevilla va a quedar así desvinculado de la primera eléctrica española, que oficialmente no comenta este asunto. La eliminación de esos consejos de administración no va a ser inminente, pero sí está en los planes de la empresa.

Iberdrola fichó a López del Hierro en mayo de 2012, poco después de la llegada de Mariano Rajoy a Moncloa. El nombramiento se produjo dos meses después del fallido intento del Gobierno del PP de colocar al empresario como consejero de Red Eléctrica (tuvo que dimitir a las pocas horas de ser nombrado). El aterrizaje del financiero sevilano en Iberinco levantó muchas suspicacias cuando la filial de Iberdrola empezó a adjudicarse contratos para la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares que Rajoy decidió ubicar en Villar de Cañas (Cuenca). Entonces, Cospedal era presidenta de la Junta de Castilla- La Mancha.

La liquidación de esas dos filiales de Iberdrola ha trascendido un día después de que una serie de polémicas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo haya liquidado la carrera política de Cospedal.

El miércoles, la exministra de Defensa anunció en un comunicado que abandona su escaño en el Congreso de los Diputados “para liberar al PP de cualquier ataque” en plena precampaña de las elecciones andaluzas, tras demostrarse a través de los audios los tratos que mantuvieron tanto ella como su marido con el policía, actualmente en prisión provisional, para obtener información sobre casos de corrupción que afectaban directamente al Partido Popular.

Consejero de Itínere

El empresario sevillano se mantiene de momento como consejero de la segunda concesionaria de autopistas de España, Itínere, antigua filial de la constructora Sacyr (que conserva un 15,5%). López del Hierro es la persona física que representa los intereses de Liberbank, la entidad que absorbió a la extinta (y fallida) Caja Castilla-La Mancha, de la que también fue consejero el marido de Cospedal.

El banco fruto de la fusión de Cajastur, Caja Extremadura, Caja Castilla La Mancha y Caja Cantabria es dueño de un 5,8% de las acciones de Itínere, pero hay que tener en cuenta que la concesionaria está inmersa en un proceso de venta y en caso de desinversión de la entidad, el empresario también perdería ese sillón próximamente.

Itínere, que recientemente nombró presidente a Francisco Piedras Camacho (socio de Equipo Económico, el despacho que fundó Cristóbal Montoro), está inmersa en una guerra por el control entre sus principales accionistas, Globalvía (que acaba de hacerse con el 40% tras comprar las participaciones que tenían Abanca y Kutxabank) y el fondo Corsair, que tiene un 38%.

La semana pasada, tras salir a la luz las primeras grabaciones comprometedoras para el matrimonio, El Confidencial publicó que Société Générale había decidido no renovar a López del Hierro como ‘senior advisor’ del banco francés en España. El marido de Cospedal se mantiene como administrador único de su consultora Hilo de Inversiones, en la que recientemente afloró un sueldo de más de 200.000 euros anuales.

Mariano Rajoy perdió el Gobierno a raíz de la sentencia que acredita un sistema de financiación de su partido con dinero negro de grandes empresarios durante al menos veinte años. Seis meses después, la que era su número dos en el PP tiene que abandonar la política porque intentó boicotear esa investigación en sus inicios, recurriendo al presunto cabecilla de una organización criminal que se servía de su destino en la élite de la Policía.

María Dolores de Cospedal anunció este miércoles que deja su escaño en el Congreso, el último cargo que le quedaba, en medio de un monumental escándalo provocado por la publicación de una conversación en 2009 con el comisario José Manuel Villarejo. En los audios que ha escuchado toda España durante los últimos días, Cospedal pregunta al policía por la incipiente investigación de Gürtel que llevaba a cabo en aquel momento la estructura policial en la que estaba destinado.

En otra grabación, su marido, presente en la misma charla, encarga “trabajos puntuales” al policía a cambio de pagos que según dijo afrontaría el PP. “El jefe está de acuerdo”, traslada Ignacio López del Hierro a Villarejo. Por aquel entonces, Cospedal solo tenía un jefe: el presidente del partido, Mariano Rajoy.

La que fue secretaria general del PP durante diez años, hasta julio pasado, ha caído víctima de sus tratos con la cloaca policial para tratar de sepultar la investigación sobre unos hechos en los que según ha repetido durante los últimos años nunca tuvo nada que ver. Su vinculación con el mundo que frecuenta su marido era una preocupación en el partido pero no le impidió presentarse a las primarias para suceder a Rajoy. Su punto débil era su pareja, el empresario López del Hierro, admitían las fuentes mejor informadas en el PP. Han sido los vínculos de su pareja los que la han hecho caer cuando disfrutaba de una situación privilegiada en el partido: en el cogollo de Pablo Casado, que le debe la victoria después de que Cospedal le cediese los compromisarios para derrotar a su rival de siempre, Soraya Sáenz de Santamaría.

Antes de que aflorasen los audios de Villarejo, López del Hierro había aparecido reiteradamente en sumarios de corrupción sin haber llegado a estar imputado nunca. Uno de ellos es precisamente el de la caja B donde unas anotaciones de los papeles de Bárcenas, con las que López del Hierro niega estar relacionado, apuntan a que fue el autor de dos pagos en negro al partido.  

La Guardia Civil encontró en abril de 2017 una larga nota manuscrita en el registro del domicilio de Ignacio González durante la Operación Lezo. De su contenido se desprende que el expresidente de la Comunidad de Madrid trataba de concretar en un papel su situación ante la investigación del origen de su ático en Estepona, quiénes eran sus aliados y cuáles sus principales preocupaciones. En un determinado punto, escribe: “Villarejo me dice que es amigo del marido de Cospedal desde hace 30 años y que ayuda a María Dolores”.

Tras la publicación del documento manuscrito en febrero pasado, el matrimonio se limitó a contestar, a través de una portavoz, que no comentan afirmaciones de Ignacio González.

En la conversación del 21 de julio de 2009, conocida ahora, Villarejo confirma el nexo. “Yo he hecho maldades con él”, informa a Cospedal, en referencia a López del Hierro.

El volumen del archivo incautado a Villarejo y la encriptación de la mayoría de su contenido hacen imposible conocer hoy si en su interior se esconden las pruebas de las colaboraciones con el empresario López del Hierro o de los trabajos para el PP que ordenó Cospedal (entre ellos buscar información comprometedora de Javier Arenas, otro de sus archienemigos en el partido, o de un hermano del exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba). Los frutos de la relación entre la dirigente política y el policía corrupto se intuyen, sin embargo, con un simple repaso a la hemeroteca.

Dos semanas después de ese encuentro grabado en Génova, Cospedal concedía una entrevista a la agencia Efe en la que denunciaba “escuchas ilegales” a dirigentes del PP fuera de la causa judicial de Gürtel. Arrancaba ahí una estrategia de la dirección del PP consistente en denunciar una conjura policial, liderada por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para destruir al partido. “Algunos policías han pretendido manipular informes del caso (Gürtel)”, dijo la secretaria general del PP en abril de 2010.

Esas afirmaciones se producían después de que Villarejo trasladara a Cospedal que el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), encargada de investigar el caso Gürtel, era “un hombre nuestro” y que aludiera de forma despectiva al comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, al que atribuye un intento por reunirse con ella o su entorno en una conversación previa con López del Hierro.

María Dolores de Cospedal se ha despedido con un comunicado que recupera dos mantras desmentidos repetidamente por la documentación oficial. Uno de ellos es que el PP fue la principal víctima de un grupo de personas que formaban la trama Gürtel, el caso a través del cual se descubrió la caja B del partido, como consta en la sentencia de la Primera Época. La segunda, que Villarejo tenía “una empresa” autorizada por el Ministerio del Interior, una afirmación con origen en el propio comisario de la que no consta documento alguno que lo acredite. 

Ignacio González, primera víctima de Villarejo en el PP

Cospedal no es la primera víctima política de Villarejo en la cúpula del Partido Popular. El comisario se cobró la cabeza de Ignacio González mucho antes de que se descubriera la implicación del político en la corrupción del Canal de Isabel II. Enfrentado a Rajoy, la publicación de un extracto de una conversación en 2011 entre el entonces presidente de la Comunidad de Madrid y el comisario acerca de la investigación del ático del primero provocó que renunciara definitivamente a ser candidato del PP en las elecciones autonómicas de 2015. 

Días después, Villarejo intercedía en favor de Esperanza Aguirre. La asociación Transparencia y Justicia, una de las herramientas del comisario, se había apresurado a personarse como acusación popular en el caso de la fuga de la Policía Municipal que protagonizó la dirigente conservadora por el centro de Madrid. Cuando llegó el momento de presentar la acusación que sentaría en el banquillo a Aguirre, Transparencia y Justicia dejó pasar el plazo y se esfumó del procedimiento.

Villarejo trató de venderse en julio de 2009 ante Cospedal como un policía fiel al Partido Popular desde que comenzara a tratar con el fundador de AP Félix Pastor Ridruejo. “Sí, Félix, todo lo que me ha encargado era delicado. Mírame esto, mírame aquello y tal y cual. Siempre se lo he dicho a Félix: yo tengo la cartera en un lado y el corazón en el otro. El corazón es vuestro. Siempre que gobernáis vosotros, nunca he ganado dinero, pero siempre que está el PSOE, como son tan desastres, pues siempre me encargan cosas”, afirma en la grabación.

En el sumario que investiga al comisario Enrique García Castaño aparece una conversación de 2005, durante el Gobierno de Zapatero, en la que Villarejo dice: “Tenemos unos añitos y no tenemos más, y tenemos dos o tres años (para) que vuelvan estos chicos nuestros pues de puta madre… que no... pues macho, tenemos que dedicarnos a los negocios, para arañar un poquito”.

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que ella cumplía con su “obligación” cuando pidió al excomisario Villarejo información sobre Javier Arenas a través de su marido, Ignacio López del Hierro.

“Yo conozco a Villarejo igual que lo conoce media España. Yo no se si tendrá a todo el mundo grabado, pero sé que ha hablado con mucha gente. Yo nunca voy a negar que lo conozco, porque yo tenia la obligación de recabar información”, ha manifestado Cospedal este viernes en Herrera en Cope.

Según los últimos audios publicados por Moncloa.com, el marido de Cospedal le pide a Villarejo recopilar “todo lo que pudiera averiguar” en un trabajo que sería “pagado”. “Pasa lo que tengas que pasar. Baratito, porque estamos tiesos”, asegura el empresario sobre los gastos para “indagar” la relación entre Arenas, Bárcenas y Galeote.

“Yo considero que, como secretaria general de mi partido, o como cualquier responsable institucional, tiene la obligación de conocer todo lo que pueda afectar a su organización. Creo que conocer, saber y tener conversaciones con alguien que puede dar información no debería ser algo comprometido”, afirma. “Más bien al contrario, yo estaba cumpliendo con mi obligación”, ha añadido.

La ex secretaria general de los populares ha asegurado que “no se le llegó a pagar dinero”. Al ser preguntada sobre si considera que dicha reunión fue correcta, Cospedal se ha defendido insistiendo en que “no hubo ningún pago” ni tampoco “ninguna aportación de información posterior, ni hubo nada. ”Esta persona tenía una agencia de investigación autorizada por la policía“, ha dicho.

“Yo no es que pida información acerca del señor Arenas, es que Villarejo hace alusión a que puede haber alguna información que pueda afectarle a él y yo quiero saber si eso puede ser verdad o no. Luego ya esa información ni se dio ni se practicó ni nada de nada, porque todo eran rumores”, ha explicado.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de presentarse a las elecciones europeas ha apuntado que ahora no va a hacer “planes”. “Yo nunca he dicho nada acerca de mis planes en política. No lo voy a hacer ahora condicionada por este tema”, ha manifestado. “He pasado una etapa de mi vida dedicada y trabajando por España desde el Partido Popular y no voy a permitir que todo mi esfuerzo se ponga en tela de juicio por una persona que años después está en prisión”, ha afirmado.

No se trata de la parte más trascendental de la conversación entre Villarejo, María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro, pero en ella hay claves fundamentales para descifrar lo que ha sido y lo que es el Partido Popular. Me refiero al momento en que el comisario sugería a la secretaria general del PP la estrategia que debía seguir, mientras él se dedicaba a hacer “trabajos puntuales” y seguía intentando destruir pruebas policiales sobre el caso Gürtel: “Hay que procurar entre todos intoxicarlos con que el Bárcenas ya está totalmente contaminado y por tanto él ya está amortizado y, por lo tanto, tenerlo ahí es, digamos, un pin, pan, pum, que mientras lleguen las tortas a él, no le dan a nadie más”.

Así se hizo. Los dirigentes populares y su legión mediática intentaron convertir el caso Gürtel en el caso Bárcenas. Trataron, y en buena medida lo consiguieron, que la sociedad española pasara por alto el pequeño detalle de que ese señor era el tesorero del Partido Popular. Un tesorero que no era sino un eslabón más en una trama de corrupción en la que estaba implicado medio partido para adjudicar obra pública a cambio de comisiones con las que financiar campañas electorales y pagar sobresueldos en B. Tal y como se escucha en las partes sustanciosas de la grabación, Cospedal, Rajoy alias 'El Barbas' y el resto de la cúpula popular no creían que existiera “una trama contra el PP”, sino que temían que saliera a la luz la verdad… la “chicha” que demostraba la existencia de la trama creada por el PP.

Este jueves Pablo Casado hablaba por fin del tema para decir que la Dirección Nacional de su partido no tiene “nada que temer de ninguna revelación que se pueda hacer”. Una frase hábil, muy del estilo Cospedal en los tiempos que justificaba finiquitos en diferido. Muy hábil porque habla de futuras grabaciones en lugar de responder sobre lo que se ha conocido. Y lo que se ha conocido es que el PP, su PP, estaba encantado con que un comisario intentara destruir el pendrive que constituía la prueba policial y judicial más importante del caso Gürtel.

Lo que se ha conocido es que Cospedal coincidía con Villarejo en la necesidad de que no trascendiera a la opinión pública que el comisario les estaba facilitando información secreta de las investigaciones policiales que afectaban al partido. Lo que se ha conocido es que contaban con que el número 2 de la UDEF les suministrara datos y siguiera boicoteando “mil cosas”. Lo que se ha conocido viene a ser la confirmación grabada de que el disco duro de Bárcenas no se destruyó por el empeño de un metódico informático, ni que el juez Garzón fue apartado del caso por casualidad, ni que los fiscales y policías que investigaban la corrupción eran trasladados por necesidades del servicio.

Lo que se ha conocido es la trastienda que llevó al dócil juez Ruz a retirar al PP de la acusación particular porque estaba actuando como defensor de los acusados y obstaculizando el procedimiento judicial. Lo que se ha conocido nos obliga a recordar que los hijos del otro tesorero, Álvaro Lapuerta, denunciaron las extrañas caídas que sufrió su padre y que le dejaron en un estado físico y mental que le impidió declarar ante el juez.

Si Pablo Casado no tuviera nada que ocultar y estuviera libre de culpa, este jueves habría exigido su acta de diputada a Cospedal, habría pedido perdón a los españoles y habría puestos los archivos y los ordenadores de Génova a disposición de la Justicia. Su reacción ha sido, sin embargo, la del PP de siempre: intentar confundir, tergiversar la verdad y salir con el “y tú más”.

No podemos olvidar que Casado lleva desde 2015 trabajando codo con codo con Cospedal y repitiendo los mismos argumentos que ella para intentar exculpar a su partido de los sucesivos escándalos: “No son casos de corrupción con el nombre del PP, sino de Bárcenas”, decía en febrero de 2015 siguiendo, casualmente, el consejo de Villarejo. “Cascos, Arenas, Acebes y Cospedal no sabían lo que hacía Bárcenas porque no tenía que rendir cuentas”, añadía un mes después.

Hay 1.001 declaraciones similares pronunciadas en aquellos años por el hoy presidente del PP. Para pensar que lo hacía desde la ignorancia, sin saber la realidad que había detrás, sin que su jefa le mantuviera informado… habría que ser igual de ingenuo que para haber creído a Cospedal o a Rajoy cuando se dedicaban a negarlo todo “salvo alguna cosa”.

Este jueves Casado ha evitado expresamente mostrar su apoyo a quien le sentó en el sillón en el que ahora se encuentra. Parece claro que en el despacho del presidente del PP se ha decidido que Cospedal sea el pin, pan, pum. La persona a la que le lleguen las tortas para que así no le lleguen a nadie más. Tratarán de que pensemos que lo hizo ella sola, por iniciativa propia. Tratarán de que olvidemos que no era Cospedal, era el PP el que negociaba con Villarejo. Está claro que Cospedal ya es Bárcenas y Casado juega ahora el papel de Cospedal. La huida hacia delante de este PP corrupto continúa.

Ignacio López del Hierro, marido de la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, intentó con el comisario José Manuel Villarejo entorpecer investigaciones sobre casos de corrupción que afectaban directamente a altos cargos conservadores y conseguir información privilegiada al respecto. Así lo revelan nuevas grabaciones difundidas este lunes por Moncloa.com. La conversaciones, que se produjeron entre junio y noviembre de 2009, meses después del estallido del caso Gürtel, apuntan a que Cospedal era conocedora de unas gestiones que, en todo caso, no lograron sus objetivos, pues todas las causas a las que ambos aluden siguieron su curso en los tribunales. 

Según esos audios, el comisario, que lleva casi un año en prisión provisional acusado de liderar una organización criminal con la que se enriqueció mientras era policía en activo, habría actuado avisando a cargos conservadores de pesquisas policiales relacionadas con casos de corrupción que les pudieran afectar. En una de las grabaciones, Villarejo asegura a López del Hierro que se había “conseguido parar” un caso y que a ver si lograban detener “hasta septiembre lo de los pagos esos en B”. Entonces, aunque se acababa de archivar la causa por cohecho pasivo por los trajes del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, se estaban fraguando ya nuevas investigaciones sobre la rama valenciana del caso Gürtel que siguieron adelante. 

En otras conversaciones, el comisario asegura al marido de Cospedal que había alertado a Juan Cotino, que fue vicepresidente con Camps y presidente del Parlamento valenciano, sobre operaciones policiales que se iban a desarrollar contra el PP de la Comunitat Valenciana. Concretamente por los casos Gürtel y Brugal, que finalmente se consumaron ese mismo año. Por ejemplo, revela que le había manifestado que le dijera a su sobrino, Vicente Cotino, que limpiara “todos los papeles”. “Estamos intentando lo posible y tal… pero dile a tu sobrino que limpie, que hay un registro, que limpie todos los papeles [...]. Pero, en la medida de lo posible, que tengáis resuelto el tema de la explicación”, mantiene haberle comentado a Cotino. 

En otro de los audios, Villarejo también dice a López del Hierro que había avisado a Cotino de que había una investigación abierta contra el entonces presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, con el objetivo de que le avisara de que tenía un “marrón” con un tema de “financiación”. Este último caso acabó estallando en julio de 2010 como segunda fase de una trama de supuestos sobornos, cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación del negocio de la basura en el sur de Alicante. “Hay una investigación abierta, tiene el teléfono pinchado y está entrando mucho a Zaplana”, desvela en otro momento el comisario a López del Hierro respecto a este mismo caso. En el sumario, una vez levantado el secreto, aparecieron llamadas telefónicas en las que Ripoll hablaba de operaciones inmobiliarias con el que fuera ministro con José María Aznar y presidente de la Generalitat Valenciana. 

La conversaciones apuntan a que Cospedal era conocedora de esas gestiones. Este lunes, la que fuera secretaria general del PP hasta el pasado julio, reaccionó asegurando que esas conversaciones “no cambiaron nada” de lo que sucedió con estos asuntos. 

El empresario sevillano Ignacio López del Hierro, marido de la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha cuantificado por primera vez la retribución que tiene asignada en Hilo de Inversiones SL, la consultora de la que es propietario y administrador único: 203.571,45 euros brutos anuales.

En las últimas cuentas anuales de la empresa, depositadas recientemente en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2016 y firmadas por López del Hierro el 31 de Marzo de 2017, la consultora desglosa por primera vez esta partida al señalar que “el administrador ha percibido en el ejercicio una remuneración total de 203.571,45 euros”.

El apunte supone una novedad respecto a años anteriores, cuando Hilo de Inversiones indicaba que “no se han producido remuneraciones al administrador”.

Los pagos a los administradores están recogidos en los gastos de personal de la empresa. En 2016, esta partida creció un 14%, hasta 209.609,01 euros.

Preguntado por este asunto, López del Hierro señala que siempre ha tenido asignado “un sueldo” en la empresa, aunque reconoce que en el último año este ha sido “mayor” que en otros ejercicios. También indica que en la partida de gastos de personal no viene recogida solo su retribución: “A veces a lo mejor tengo que pagar a gente, informes, cosas…”, indica en conversación telefónica con eldiario.es.

En 2016, la empresa, dedicada a “otras actividades de consultoría de gestión empresarial”, facturó otros 547.348,96 euros, lo que eleva a 4,85 millones la cifra de negocios acumulada desde que, en 2011, Cospedal alcanzó la primera línea de la política nacional al ser investida presidenta de Castilla-La Mancha.

Esa facturación, que en 2011 llegó a multiplicarse por 14 al rozar los 1,9 millones de euros, es “independiente”, según el empresario, de la retribución que López del Hierro recibe como administrador de las filiales de Ingeniería e Inmobiliaria de la eléctrica Iberdrola, ni como consejero de la concesionaria de autopistas Itínere, donde representa a Liberbank. El antiguo gobernador civil y ex consejero ejecutivo de la inmobiliaria Metrovacesa es también desde hace años asesor del banco francés Societé Generale.

Desde 2010, el año previo al aterrizaje de Cospedal en Castilla-La Mancha, Hilo de Inversiones ha declarado unos beneficios acumulados superiores a los 2,5 millones de euros; sus inversiones financieras a largo plazo han pasado de cero euros a los 2,59 millones de 2016; y sus activos se han triplicado al pasar de 1,2 millones a los 3,6 millones de 2016, según la información disponible en el Registro Mercantil.

Por su parte, los gastos de personal se han multiplicado por 6,7, desde los 31.086,89 euros de 2010 a los citados 209.609 euros de 2016.

El 8 de julio de 1997, un tal 'López H' entregó 15 millones de pesetas al Partido Popular para que cebara su caja B. En noviembre de 1998, 'López Hierro' ingresó 4 millones de pesetas en la contabilidad secreta de la formación. Así lo reflejó Luis Bárcenas en los papeles que sirvieron para abrir el caso de la financiación irregular del PP.

Álvaro Pérez, lugarteniente del jefe de la trama Gürtel, se preguntó en el Congreso por qué el empresario Ignacio López del Hierro nunca ha estado imputado si aparece en los ‘papeles de Bárcenas’ como “atizante”, como uno de los que fue al PP a “soltar el mondongo”. Con esas expresiones tan castizas, ‘El Bigotes’ se refería a la práctica seguida por grandes constructores del país consistente en entregar dinero negro al partido político cuyos cargos decidían entre quién repartían la obra pública.

Pérez aclaró que él solo estaba aludiendo a los papeles de Bárcenas, no fuera a ser que le acusaran de “difamación”. No ha servido de mucho. Al día siguiente, el aludido anunció una querella. “Judicialmente nunca se ha demostrado que los supuestos donantes López H y López Hierro tuvieran que ver con Ignacio López del Hierro, básicamente porque es mentira”, recogía el comunicado remitido a los medios.

La Audiencia Nacional considera acreditada, de forma indiciaria, la existencia de una financiación irregular del PP durante las dos décadas, el periodo que abarcan las anotaciones del extesorero. La UDEF constató en un informe escrito a las pocas semanas de que arrancara el caso que ‘López H.’ y ‘López Hierro’ eran la misma persona, Ignacio Javier López del Hierro, marido desde 2009 de la actual secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

La afirmación de ‘El Bigotes’ es compatible con el hecho de que López del Hierro no haya llegado a estar imputado en el caso de la financiación irregular del PP. El motivo de por qué no figura su nombre entre los empresarios imputados en el caso de la caja B es la prescripción del posible delito.

Las presuntas anotaciones sobre López del Hierro se remontan a los años 97 y 98, mientras que la causa se abrió en 2013. Para entonces, los nueve delitos que la acusación popular le atribuía indiciariamente, entre ellos el cohecho, habían ‘caducado’ judicialmente, según coincidieron la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Pablo Ruz.

Cinco años de los ‘papeles de Bárcenas’

El próximo miércoles se cumplirán cinco años de la presentación de la querella de Izquierda Unida y otras asociaciones que dio origen a la pieza separada de Gürtel conocida como ‘papeles de Bárcenas’ o ‘caja B’ del PP. A esta se unió otra del Observatori Desc. Ambas se basaban en la documentación manuscrita que había publicado El País el 31 de enero anterior y que evidenciaba un sistema de cobro de supuestas mordidas y pago de sobresueldos en el corazón del Partido Popular.

Las dos querellas iban dirigidas contra dirigentes del partido, y también contra los empresarios donantes, pero en ninguna de las dos aparecía el nombre de Ignacio López del Hierro. “Simplemente, no reparamos entones en su importancia”, rememora uno de los letrados de la acusación popular. La ausencia de ese nombre, en plena vorágine por el estallido del mayor caso de corrupción asociado al partido conservador, fue remediada más tarde.

Al mes siguiente de la apertura de la pieza separada, el informe de la UDEF identificaba a López del Hierro con las anotaciones de Bárcenas y apuntaba los cargos que ocupaba en el momento de haber entregado presuntamente el dinero al PP: apoderado de Constructora Continental desde 1991; directivo de Construcciones y Gestiones de Servicios (CGS); también del Grupo ONCE en los años de las donaciones, 1997 y 1998; consejero de Renta Corporation Real State; consejero de Newco y consejero ejecutivo de Metrovacesa.

El 15 de julio de 2013, una vez encarcelado, Luis Bárcenas lanzó el mayor proyectil contra el PP de toda su historia. El extesorero reconocía la financiación irregular del Partido Popular, de la que él fue mano recaudatoria, durante al menos veinte años. Entre los nombres que identificó en su declaración se encontraba el de Ignacio López del Hierro.

Izquierda Unida planteó una ampliación de querella que fue admitida solo en parte por Ruz. En un auto fechado el 4 de diciembre de 2013, el magistrado argumentaba su negativa a imputar al empresario en el hecho de “no concurrir, de forma indiciaria, indicios alguno de responsabilidad penal, en atención a la antigüedad de las fechas en las que se les atribuyen los movimientos económicos reflejados en los documentos contables objeto de la instrucción, que habría de determinar la prescripción de los delitos invocados”.

Esta decisión permitió a López del Hierro escapar de la ronda de declaraciones como imputados de una veintena de empresarios. La causa contra los constructores fue archivada finalmente porque no era posible demostrar que el dinero aportado al PP fuera a cambio de una adjudicación concreta, requisito para establecer el cohecho.

Quien sí acabó ante el juez, pero solo como testigo, fue De Cospedal. Las acusaciones populares, auténtico motor de la causa de la caja B, intentaron preguntar a la secretaria general del PP por las menciones a su marido en los papeles de Bárcenas. “No es pertinente”, zanjó el juez Ruz cuando Mariano Benítez de Lugo, de ADADE, y Gonzalo Boye, de Observatori Desc, intentaron plantear la cuestión. La testigo dijo no tener problema en contestar. “No es él”, tuvo tiempo de responder.

El sustituto de Ruz, el juez José de la Mata, atendió en marzo de 2017 a la petición de las acusaciones populares y acordó la reapertura con el acuerdo de la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las revelaciones que el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y uno de los empresarios que pactó con el Ministerio Público, realizaron durante la vista oral del primer gran juicio de Gürtel.

Los mismos “intereses” que el clan Pujol

López del Hierro no ha dejado de aparecer desde entonces en otros escritos policiales y sumarios de distintas causas. Un atestado de la UDEF en el caso Pujol, fechado el 5 de mayo de 2017, vincula a López del Hierro con con una red de intermediación y cobro de comisiones en África. En el listado de empresas figura Ibadesa Cat SL, sociedad en la que, según el informe policial, “habrían estado representados los intereses de Jordi Pujol Ferrusola [el primogénito de la familia Pujol], Ignacio Javier Lopez de Hierro, José Joaquín Herrero Aleixandre, Jordi Puig Godés (hermano del exconsejero de empleo de la Generalitat, Felip Puig Godés)”.

La reacción de López del Hierro llegó a través de su entorno, que desmintió “tajantemente” cualquier relación con la red de corrupción. Las mismas fuentes lamentaban que, “otra vez”, la UDEF intentará implicarle sin pruebas en unos delitos y añadían que el empresario había comprado y vendido acciones de Ibadesa Cat antes de 2001, año de los hechos referidos en el informe.

Pero ahí no quedó la protesta del marido de la ministra. El empresario escribió una carta al director general de la Policía para exigirle una revisión de la investigación que el Ministerio del Interior accedió a realizar. El propio secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, anunció una auditoría interna para descubrir si el informe contenía algún “error”, algo inédito en un trabajo de los agentes que ejercen en funciones de policía judicial, esto es, a las órdenes del magistrado instructor.

Tanto Nieto como el ministro, Juan Ignacio Zoido, pertenecen al sector del PP andaluz alineado con Cospedal. La secretaria general representa un auténtico ascendente sobre el titular de la cartera, reconocen a eldiario.es fuentes del Ministerio. En el Congreso, Álvaro Pérez se preguntó si López del Hierro no ha estado imputado porque “a lo mejor tiene algún privilegio”.

A pesar de las presiones, los policías autores del informe se negaron a rectificar y en un segundo escrito insistieron en que las “atribuciones” a López del Hierro que había hecho están “debidamente contrastadas” en el Registro Mercantil, al tiempo que insistía en que los intereses del empresario “habían estado representados” en Ibadesa Cat.

López del Hierro creó Ibadesa Cat en 1996. Asegura que solo permaneció en la sociedad dos años y que después le vendió sus acciones a Jordi Puig, hermano del exconseller de Interior. Un “olvido” hizo que permaneciera como consejero de la entidad hasta 2004, según las fuentes del entorno del empresario que citaba El Mundo. A día de hoy, López del Hierro no ha sido imputado en el caso Pujol. Esas mismas fuentes hablaban de “una mano negra” detrás del informe de la UDEF con la intención “política” de desgastar a Cospedal.

“Cobra bajo cuerda de 27.000 sitios”

Las escuchas telefónicas del caso Lezo provocaron un terremoto en las esferas políticas, económicas y mediáticas. El nombre de López del Hierro afloró también en este caso, concretamente en una conversación entre el principal investigado, Ignacio González, y su hermano Pablo. “Cobra bajo cuerda de 27.000 sitios”, decía el expresidente de la Comunidad de Madrid.

A lo que Pablo González respondía con un comentario referente al riesgo que corren las supuestas aspiraciones de Cospedal por la trayectoria de su marido. “Con lo que cuenta y tal (Ignacio López del Hierro), yo no sé cómo la otra está así dispuesta, en cualquier momento la van a revolcar. Bueno, ahora que está en Defensa igual no”, dice Pablo González en el pinchazo.

Uno de los “sitios” de los que se acusó de cobrar a López del Hierro en una querella fue Liberbank, la entidad que acogió a Caja Castilla-La Mancha, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Según una querella de Comisiones Obreras, López del Hierro recibió 80.000 euros anuales de Liberbank a cambio de un asesoramiento inmobiliario que nunca existió, a través de su sociedad Hilo de Inversiones.

“¡Oye, José Luis, que no existe tal contrato, joder, que lo firmes!”, le dijo un directivo a un representante sindical en una conversación sobre las retribuciones del empresario y que fue incorporada a la querella. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó admitir la querella al considerar que no existían indicios “mínimamente acreditativos o indiciarios” de los pagos a López del Hierro.

En las grabaciones del caso Lezo, Ignacio González califica a López del Hierro como “un desagradable que te cagas”. A pesar de ello, González mantuvo durante años una buena relación con su esposa, María Dolores de Cospedal, surgida durante la temporada que coincidieron en el Ministerio del Interior que dirigía Ángel Acebes. Tiempo después ellos eran el vínculo que permitía mantener el contacto entre Génova y el PP de Madrid a pesar del choque frontal de Esperanza Aguirre con Mariano Rajoy.

La carrera de González se acabó cuando se cruzó en ella un policía que él vincula con María Dolores de Cospedal. Fue a raíz de la difusión de un extracto de la conversación que el político, siendo presidente de la Comunidad, mantuvo con el hoy encarcelado comisario José Manuel Villarejo y otro mando policial a cuenta del caso Ático. Aquella grabación precipitó la caída política de González, dos años antes de que fuera detenido por la Guardia Civil.

El encuentro con el comisario Villarejo no era el primero que tenía Ignacio González. La Unidad Central Operativa encontró en el registro de la casa del político tres cuartillas con anotaciones de su puño y letra que constituyen un análisis de situación del caso Ático, sobre sus aliados y enemigos, en la política, la policía y los medios de comunicación. “Villarejo me dice que es amigo del marido de Cospedal desde hace 30 años y que ayuda a María Dolores y que la conoce”, anota Ignacio González.

eldiario.es se ha dirigido a la ministra a través de uno de sus colaboradores para conocer si De Cospedal, López del Hierro o ambos conocen a Villarejo y si éste ha ayudado en algo a la titular de Defensa. La respuesta ha sido que “no comentan lo que escribe Ignacio González”.

Los policías del matrimonio

El comisario jubilado fue detenido el pasado noviembre y desde entonces permanece en prisión provisional por varios delitos, entre ellos pertenencia a una organización criminal. El hombre del archivo secreto que hace temblar a políticos, empresarios y miembros de la judicatura no sería el único miembro de un grupo de policías que frecuenta al matrimonio.

María Dolores de Cospedal abanderó la campaña del PP contra la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía desde la oposición. Se trataba, argumentaban, de una suerte de policía política que intentaba destruir el PP fabricando pruebas en el caso Gürtel, siempre bajo el control de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Con el cambio de Gobierno, la UDEF no es solo la unidad que menciona en un informe a López del Hierro. También es el destino del policía que ejerció de sombra de Cospedal en su etapa de presidenta de Castilla-La Mancha. Semanas antes de que el PP perdiera el Gobierno autonómico, Andrés Gómez Gordo volvió a la Policía, como jefe de vigilancias de la unidad, con un amplio control de todas las investigaciones sobre el terreno de la unidad especializada contra la corrupción, entre otros asuntos.

La Junta de Castilla-La Mancha le había tenido contratado como director de Documentación y Análisis, pero su trabajo visible era ser jefe de escolta de la presidenta. Cinco meses después de regresar a la Policía, concretamente a la UDEF, fue condecorado con una medalla pensionada. Gómez Gordo no solo trabajaba en la UDEF sino que compaginaba su trabajo con la Dirección Adjunta Operativa, la estructura en la que el comisario Eugenio Pino montó el grupo que investigó a políticos separatistas sin control judicial y que fabricó el informe sobre la supuesta financiación irregular de Podemos.

Amigo declarado de Villarejo y defensor público de su trayectoria es el comisario José Luis Olivera, jefe de la UDEF desde su formación, en tiempos de Zapatero, y que logró continuar en el puesto cuando el PP llegó al poder. “María Dolores pacta con Rubal y ahora mantienen a Olivera en UDEF para hacer otras cosas”, escribe Ignacio González en las mismas notas en las que alude a Villarejo y López del Hierro, adelantadas por Infolibre.

Olivera fue destituido en octubre de 2013, pero el policía no salió mal parado. Fue elegido director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y, a pesar de su participación en la Operación Cataluña, nombrado después para el organismo que salió de fusionar ese centro con otro de coordinación en terrorismo.