El síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, ha advertido formalmente al alcalde de Oliva, David Gonzàlez (Compromís), que si en el plazo de 10 días no remite el informe que le ha solicitado tres veces acudirá a Fiscalía por “desobediencia”.

El requerimiento en cuestión se refiere al realizado por un vecino de Oliva que se dirigió al síndic en septiembre de 2019 afirmando que el Ayuntamiento de Oliva no le contestaba a un escrito en el que le pedía que cumpliera una sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo de 2018, que obliga al cese de estacionamiento de camiones trailers en una parcela.

En su queja el vecino señalaba que, a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha de presentación del citado escrito, no había recibido ninguna respuesta, motivo por el que solicitó la intervención del Síndic. Des este modo desde la sindicatura se señala que el pasado 17 de septiembre el Síndic solicitó al Consistorio un informe de la situación. Y se repitió la situación, ninguna respuesta, a lo que el Síndic reiteró el requerimiento el 23 de octubre y el 28 de noviembre, obteniendo la misma falta de respuesta.

Ante esta situación, el pasado 18 de febrero el Síndic envió una carta certificada con acuse de recibo dirigida al alcalde de Oliva para comunicarle que, si transcurridos 10 días hábiles no remite el informe solicitado, su falta de respuesta se declarará actitud obstaculizadora de la investigación de esta institución y se remitirá al Ministerio Fiscal.

El Alto Comisionado recuerda que ya anunció que llevaría ante el Ministerio Fiscal a las autoridades que no respondan reiterademente a sus peticiones de información, entorpeciendo así su labor de investigación en defensa de los derechos de los ciudadanos. Así el Síndic suraya que el Código Penal señala que será castigado como “reo del delito de desobediencia” la autoridad que obstaculice la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que estos soliciten.

El CD Tenerife necesita sumar cinco puntos para certificar de manera matemática la permanencia en Segunda División, después del empate del Rayo Majadahonda ante el Córdoba CF (0-0) en la tarde del sábado.

El equipo de Luis César Sampedro se garantizaría la salvación si consigue sumar cinco puntos en las tres últimas jornadas, en las que jugará en el Heliodoro Rodríguez López ante el Real Oviedo y el Real Zaragoza y como visitante ante el CD Lugo.

Al Rayo Majadahonda solamente le queda un partido por disputar, el próximo fin de semana ante el Real Oviedo como foráneo, en un duelo en el que, dependiendo de los resultados de este fin de semana, los asturianos pueden seguir con opciones de clasificarse para la promoción.

En función del resultado de este partido, al CD Tenerife le bastaría incluso con sumar dos puntos si el Rayo Majadahonda pierde.

Significar que el Rayo Majadahonda juega, es un decir, en la última jornada ante el Reus, lo que equivale a que sumará esos tres puntos.

El CD Tenerife tiene ganado el “average” con los madrileños, que han llegado a este final de liga en mala situación.

En la afición tinerfeñista existe una sensación de agradecimiento a la labor de Carlos Abad, portero cedido al Córdoba, y que este sábado tuvo un papel destacado en el empate de los suyos en el Cerro del Espino.

La misma calla satisfacción que al tanto de David González el pasado fin de semana y que significó la derrota del Rayo ante Las Palmas. Una cadena de favores de las que el cuadro de Concepción está saliendo claramente beneficiado.

El legado de David González en el Ayuntamiento de Santander durante esta legislatura no pasará a la historia por su implicación o por su desempeño en la Corporación. El edil no adscrito, que fue cabeza de lista de Ciudadanos en las elecciones de 2015, abandonó el pasado verano la formación naranja, y si su trabajo hasta ese momento había destacado básicamente por hacer de muleta del PP, la labor del concejal tránsfuga que sostiene al equipo de Gobierno ha brillado por su ausencia desde ese momento: no ha presentado ni una moción al pleno en más de un año.

Los datos indican que su actividad tampoco era frenética en los meses previos a su salida de Ciudadanos, ya que su llegada al Consistorio sirvió principalmente para ejercer de socio en la sombra de un Partido Popular que perdió la mayoría tras más de dos décadas en un poder absoluto. Íñigo de la Serna primero y Gema Igual después contaron con su apoyo para ser investidos, a pesar de que nunca se hizo público qué tipo de acuerdo habían alcanzado o cuáles eran las exigencias o contrapartidas que hacían posible el pacto.

Las iniciativas que González ha presentado en el pleno a lo largo del último año tampoco despejan las dudas. Sobre todo por la ausencia de las mismas. Desde junio de 2017, cuando el edil tránsfuga dejó Ciudadanos envuelto en polémicas judiciales, no se ha debatido ni una sola propuesta o moción impulsada por él. Además de no intervenir en muchos de los plenos, o renunciar a su turno de palabra en la negociación de asuntos vitales para la ciudad como los presupuestos o las tasas municipales, el denominado 'concejal 14' del PP ha eludido esta responsabilidad como concejal.

En todo este tiempo se han celebrado en Santander cerca de una veintena de sesiones plenarias -entre plenos ordinarios y extraordinarios-, que no han contado con ninguna moción propia de David González. Su firma aparece únicamente rubricando un total de ocho mociones conjuntas, presentadas al pleno por la práctica totalidad de los grupos y concejales que integran la Corporación.

Así, el excandidato de Ciudadanos ha firmado, por ejemplo, mociones presentadas con motivo del Día del Cooperante, el Día Internacional de la Niña, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Día de Ciudades por la Vida y contra la Pena de Muerte o para la renovación del Sello de reconocimiento de Santander como Ciudad Amiga de la Infancia.

Además, González también se ha sumado junto al grueso de los grupos municipales a una moción que reclamaba que en los próximos ejercicios presupuestarios el Estado equipare salarialmente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos y locales, así como a sendas mociones para mostrar la solidaridad con los activistas saharauis del Gdeim Izik e instar al Gobierno de España a que exija una investigación independiente y para condenar la muerte de civiles en Gaza.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), se ha librado este miércoles de ser reprobada por el Pleno municipal gracias al voto del concejal tránsfuga de Ciudadanos, David González, quien ha vuelto a desmarcarse del resto de representantes de la oposición votando junto al equipo de Gobierno en una moción que reclamaba el “suspenso” para la regidora municipal por su “pésima gestión” en torno al MetroTUS, así como el cese del concejal de Movilidad, José Ignacio Quirós. 

El debate ha sido extenso, tanto que la alcaldesa inconscientemente llamaba a la votación antes de que tuviera lugar el turno de réplica. Durante un buen rato, la máxima responsable del Consistorio santanderino ha tenido que escuchar un chorreo de críticas por “tirar a la basura más de siete millones de euros” y por la “prepotencia”, “sin razón” y “falta de empatía” a la hora de mantener durante siete meses este sistema de transporte público con transbordos en contra de los ciudadanos.  

Pedro Casares (PSOE), José María Fuentes-Pila (PRC), Miguel Saro (IU), Antonio Mantecón (Santander Sí Puede), Tatiaña Yáñez (Ganemos) y la concejal no adscrita Cora Vielva han cargado las tintas contra los populares por la “soberbia” con la que han tratado a los miles de vecinos que se han manifestado en este tiempo en contra del MetroTUS y por el “despilfarro” de dinero público que ello ha supuesto para, finalmente, anunciar que el próximo 1 de noviembre se volverá al sistema anterior.

Así, todos ellos han criticado el “desprecio” del equipo de Gobierno hacia la movilización vecinal y han coincidido en señalar la cercanía de las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo del próximo año, como la única causa por la que los populares han accedido a dar marcha atrás. “Por supervivencia política”, según lo ha definido el portavoz de IU; “miedo electoral” en palabras del líder socialista, y por la “debacle” que le dan las encuestas, según ha asegurado el representante de Santander Sí Puede, que se ha mostrado convencido de que el PP perderá la alcaldía en las próxima cita con las urnas.

Por su parte, Gema Igual no ha abierto la boca y ha dejado que sea el concejal de Movilidad quien defienda al equipo de Gobierno de las incisivas críticas de la oposición. La regidora ha optado por guardar silencio pese a que como presidenta del pleno tiene la potestad de cerrar todos los debates, incluso sin que la oposición pueda rebatirla, como sí ha hecho en otras ocasiones, como cuando se pidió su cese por falsear su currículum. 

Para Quirós, el equipo de Gobierno ha sido “valiente” y ha actuado “convencido de que el cambio de sistema era positivo”, si bien ha reconocido que no ha tenido los beneficios esperados. Según ha dicho, el MetroTUS buscaba “transformar” la movilidad en la ciudad y “adelantarse” a los problemas que “a medio plazo” se presentarán. Además, ha sostenido que la inversión no ha sido de siete millones, como dice la oposición, sino de 2,7 y ha defendido que ese desembolso ha servido para tener un servicio de autobuses “reforzado” y “modernizado”.

“Siguen defendiendo que los cambios han sido buenos, entonces para qué rectifican”, le ha preguntado Mantecón, quien ha subrayado que el “proyecto estrella” del PP, “ha acabado estrellado” y ha instado al equipo de Gobierno a dimitir “si quieren a esta ciudad” que, a su juicio, han convertido en “un desastre”.

En esta misma línea, Fuentes-Pila (PRC) ha mostrado su sorpresa porque el PP quiera “sacar pecho de una chapuza” y ha manifestado su temor a un nuevo “caos” ante la “dificultad” que ha dejado entrever el concejal de Movilidad para reorganizar el nuevo carril central con el sistema anterior al 1 de febrero -fecha en la que entró en funcionamiento el MetroTUS-.

Tras recordar que su partido ya mostró su rechazo al cambio en el año 2016, el dirigente regionalista ha reprochado a Quirós que quiera “disfrazar de participación lo que han sido quejas vecinales” y le ha increpado por mantener los transbordos “a sabiendas de que estaban perjudicando a los vecinos”.   

En las filas socialistas, su líder, Pedro Casares, ha subrayado que el MetroTUS “pasará a la historia de los despropósitos” y ha lamentado que los populares hicieran “mil y un cambios” sobre el sistema inicial “para no reconocer su fracaso”. También ha enfatizado que la vuelta a las líneas de autobuses anteriores ha sido una “victoria de la ciudadanía que no se ha resignado, ni se han dejado amedrentar ni silenciar” por el PP. 

Igualmente, Casares ha lamentado que durante el debate Gema Igual haya permanecido “impasiva como si no fuera con ella”. “¿Algo tendrá que decir?”, le ha espetado desde la bancada de la oposición el portavoz del PSOE, que ha animado a pedir “perdón” a los vecinos, al tiempo que subrayaba que Quirós no podía permanecer “ni un minuto más” como concejal de Movilidad. 

Dos mociones, resultados diferentes

Sobre el cambio en el sistema de transporte urbano de Santander se habían presentado dos iniciativas: una consensuada por todos los partidos de la oposición (PSOE, PRC e IU) más el concejal no adscrito y portavoz de Santander Sí Puede, Antonio Mantecón, y otra por la exedil de Cs y excompañera de González, Cora Vielva. Aunque el fondo de ambas mociones era muy similar -pedir que se depuren responsabilidades políticas y que en la reorganización se dé voz a los principales implicados- el resultado de la votación ha sido diferente. 

En el primero de los casos, la iniciativa ha contado con el apoyo de todos los concejales de la oposición (13), salvo de David González, que ha votado junto al PP (13+1), mientras que la iniciativa de Vielva solo ha contado con su voto favorable, ya que el resto de ediles no le han devuelto el apoyo debido a que en el punto de resolución se ha negado a incluir a la Mesa de Movilidad y la Plataforma contra el MetroTUS como interlocutores válidos a la hora de negociar el cambio de sistema.

De hecho, la oposición ha tenido sus más y sus menos porque Vielva ha recriminado a PSOE, PRC, IU y Mantecón que no hayan negociado con ella la moción consensuada, lo que ha achacado a su “machismo”, algo que el resto de portavoces han negado en rotundo y que, según han explicado, se debe a los bandazos que la exconcejal de Cs ha dado a lo largo de la legislatura, en la que los dos primeros años actuó junto a su entonces compañero, David González, como muletilla del equipo de Gobierno. 

Sorprendentemente, González, cuya aportación en los plenos es prácticamente nula, ha intervenido en esta ocasión. De forma breve, el edil ha apuntado que no apoya la reprobación de la alcaldesa ni el cese de Quirós porque la exposición de motivos de la moción es “errónea”, ya que, a su juicio, “no ha sido dinero perdido” porque los autobuses articulados pueden seguir utilizándose, los intercambiadores eran “muy necesarios”, especialmente el de Valdecilla, y el carril bus “mejora” la movilidad. 

A muchos ciudadanos de Santander es probable que les haya pasado desapercibido, pero el PP perdió la mayoría en las elecciones municipales celebradas en 2015 y gobierna desde entonces en minoría. Es probable que haya pasado desapercibido porque el equipo de Gobierno que encabeza ahora Gema Igual y que lideró anteriormente Íñigo de la Serna no ha tenido problema alguno para sacar adelante sus propuestas gracias, siempre, al apoyo incondicional de David González.

El exconcejal de Ciudadanos -formación que abandonó el año pasado junto a la también edil Cora Vielva- vota por sistema en consonancia con el equipo de Gobierno, ya sea para subir los impuestos, para descartar una marcha atrás en el Metro-TUS o para defender los diques de La Magdalena, y lo hace siempre sin argumentación alguna.

Mudo en los debates plenarios, González se limita a levantar el brazo cuando lo hacen los concejales del PP. En estos tres años solo una vez ha discrepado en un tema de calado con los populares: fue en una moción presentada por PSOE y Santander Sí Puede para retirar la subvención municipal a las corridas de toros, una iniciativa que salió adelante pero que el equipo de Gobierno se ha saltado, nunca mejor dicho, 'a la torera'.

En declaraciones a El Diario Montañés, González ha roto su silencio casi sepulcral y ha asegurado que en 2015 Ciudadanos le obligó a suscribir un pacto para toda la legislatura con el PP y que lo mantiene ahora porque “los vecinos de Santander no tienen por qué sufrir mi marcha de Ciudadanos”. Además, abre la posibilidad de concurrir en las próximas elecciones en las listas del PP, un extremo que la alcaldesa, Gema Igual, no ha negado.

El portavoz autonómico de Cs, Félix Álvarez, ha salido este lunes al paso de las manifestaciones de González y ha negado de manera “absolutamente tajante y contundente” que exista un pacto secreto entre Cs y el PP en el Ayuntamiento de Santander, recordando que lo único suscrito entre ambas formaciones “de manera pública” fue el decálogo de regeneración democrática que propició la investidura de De la Serna.

“Si hay algún tipo de contraprestación sería también totalmente particular y personal”, ha indicado el diputado nacional, quien ha emplazado a David González a que explique “qué intereses particulares esconde ese supuesto pacto”. “¿Podemos sospechar de que hay cosas oscuras? Los ciudadanos de Santander son inteligentes para sacar sus conclusiones”, ha espetado Félix Álvarez.

Esta misma posibilidad ya la han dejado entrever en numerosas ocasiones el resto de partidos de la oposición, que no obstante no pueden aportar prueba alguna más que la evidente falta de criterio propio de González.

De igual modo, ha insistido en que “la existencia de un pacto secreto es en su génesis una auténtica estupidez”, ya que “si no existen ni declaraciones públicas ni documentos” con las exigencias que se plantean para cerrar un acuerdo de estas características “no puedes reclamar nada si no se ha cumplido”.

Álvarez también ha hecho autocrítica y ha reconocido que las actuaciones de González y Vielva cuando actuaban bajo las siglas de Cs “no fueron de oposición, sino más bien de sumisión y entrega absoluta” hacia De la Serna e Igual, si bien ha esgrimido que durante esa época -los dos primeros años de legislatura- “no había asuntos de calado” y ha afirmado que desde la dirección regional “peleaban” para que eso no sucediera.

Al mismo tiempo ha asegurado que el partido concede “autonomía” e “independencia” a sus concejales y ha apuntado que desde Ciudadanos asumen el error de haber colocado como cabeza de cartel a David González, al que Álvarez ha descrito como “un loro repetitivo del PP”.

Por último, el máximo dirigente de Cs en Cantabria ha calificado de “hipócrita” que el portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, pida que se haga público ese pacto cuando los regionalistas, junto a los socialistas en el Gobierno de la comunidad autónoma, han aprobado los Presupuestos Generales de Cantabria “apoyándose en el tránsfuga Carrancio”. “Tener tránsfugas es una desgracia, pero aprovecharse de ellos es una vergüenza”, ha recalcado.

“El peor equipo”

En la oposición, el portavoz municipal del PRC, José María Fuentes-Pila, ha exigido al exalcalde de la ciudad y actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que explique “ya” qué hay de cierto en el “pacto secreto” entre el partido de gobierno y Cs. Y es que, según el regionalista, si dicho acuerdo no fue entre formaciones sino entre personas, “De la Serna es la única persona con la que David González pudo haberlo cerrado y a quien le toca ahora dar la cara ante los santanderinos”.

El portavoz del Grupo Municipal Regionalista considera que la “unión” de Cs y PP en Santander ha tenido ya para los santanderinos “dos claras consecuencias”.

La primera, dice, que ambos partidos firmaron con “mucha parafernalia” un supuesto acuerdo de regeneración democrática “ya incumplido”, puesto que su punto tercero recogía “textualmente” que se apartaría a cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o cualificación académica y “Santander tiene hoy una alcaldesa que mintió durante catorce años en su currículo”.

Y la segunda, asegura el regionalista, que David González actúa -ahora desde su condición de no adscrito y primero como edil de Cs- “como el concejal 14”, es decir, “como uno más del PP”, y su voto ha “impedido” la paralización del Metro-TUS, la retirada de los espigones de La Magdalena, que se depuren responsabilidades políticas por el derrumbe de la calle del Sol o que se estudie “de verdad” por qué se incendió el MAS, entre otras cuestiones.

Para el regionalista, “el actual es ya, sin duda, el peor equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander de las últimas décadas”, y ahora resta por saber si es, además, “un equipo de Gobierno que dirige la ciudad en virtud de un acuerdo secreto firmado a espaldas de los santanderinos”.

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Santander ha archivado las actuaciones contra el diputado Juan Ramón Carrancio, el concejal de Santander David González, así como contra el que fuera delegado territorial de Ciudadanos, Jesús Calleja, y Roberto Morales, coordinador de la campaña de este partido en 2015, en relación con la supuesta falsificación de un acta.

En el auto, fechado el 12 de septiembre y difundido a los medios de comunicación, el juez inadmite a trámite la denuncia contra David González, Jesús Calleja y Roberto Morales “por no ser los hechos constitutivos de infracción penal alguna”.

Además, deniega la personación del denunciante, el abogado Luis Miguel Pérez Espadas, como acusador particular “por no ser ofendido” por el delito y como acusador popular, por no haber presentado querella ni ofrecido fianza.

Asimismo, declara la incompetencia del Juzgado de Instrucción para admitir a trámite la denuncia contra Carrancio al ser éste diputado en el Parlamento de Cantabria, por lo que la querella debería, en su caso, haberse interpuesto ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

La denuncia contra Juan Ramón Carrancio, David González, Jesús Calleja y Roberto Morales por un delito de falsedad documental se presentó el 26 de junio y en ella se les acusaba de haber falsificado un acta de una reunión en Torrelavega en la que Ciudadanos designaba a Morales como coordinador de campaña ya que, según sostenía la denuncia, “algunos de los aparecen como intervinientes se encontraban en una convención del partido en Madrid”.

Tras interponerse la denuncia, el 30 de junio Carrancio y González anunciaron su marcha de Ciudadanos Cantabria -partido con el que consiguieron sus cargos públicos en los que aún se mantienen- y aseguraron ser víctimas de un “montaje político” en relación a una supuesta falsificación del acta.

Y es que ese acta fue presentada como prueba en otro procedimiento judicial por un delito electoral contra un policía local al que se le acusaba de coordinar la campaña electoral de Ciudadanos en Cantabria en las elecciones autonómicas y municipales celebradas en 2015 pese a su puesto de policía.

Adentrándose en el acta, en base a la cual se planteó la denuncia, el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander destaca que, a pesar de que ésta solo está firmada por David González, se denuncie a Morales cuando “no confecciona el documento ni tampoco los aporta al proceso” y, por lo tanto, “es díficil que pueda haber cometido delito”.

Asimismo, señala que en el documento se dice que en la reunión de Torrelavega había tres personas, González y otras dos que no se han propuesto como testigos en el procedimiento, pero el denunciante insiste en que todos estaban ese día en Madrid.

Frente a ello, el propio González declaró en el procedimiento que “no recuerda haber participado en un acto en Torrelavega” pero no se le preguntó por su asistencia o no a la convención de la capital el mismo día, y Carrancio, en las diligencias previas, señaló que había podido existir “un error de fechas sin importancia”.

“Se desconoce así de donde extrae el denunciante la información de que ese día estaba en la convención de Ciudadanos en Madrid y no en Torrelavega pero en cualquier caso, se celebrara la reunión cuando se celebrara, lo que nadie pone en duda es que Roberto Morales había sido designado por los órganos del partido coordinador de la campaña”, apunta el auto.

Ante ello, el Juzgado ha decidido inadmitir a trámite la denuncia y acordar el sobreseimiento de la causa porque “no se ha aportado un elemento o principio de prueba que avale la razonabilidad de la denuncia o, si se prefiere, la verosimilitud de la misma, no siendo suficiente un mero error de data para justificar la incoación de un proceso penal”.

Los servicios jurídicos del Parlamento de Cantabria no han avalado la petición del portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, para que su excompañero de partido Juan Ramón Carrancio sea expulsado del Grupo Mixto y pase a la condición de no adscrito después de haber abandonado la formación naranja a raíz de una disputa interna.

El informe realizado por los letrados de la Cámara, que se debatirá este próximo martes en la reunión de la Mesa, sostiene que el grupo parlamentario y el partido político “no constituyen la misma realidad jurídica”, de modo que la expulsión del partido político no es causa de expulsión del grupo parlamentario.

Según recuerda dicho informe, un diputado solo puede ser expulsado si lo aprueba el propio grupo, pero en este punto, los servicios jurídicos inciden en la diferente naturaleza del Grupo Mixto respecto al resto, ya que éste no precisa que sus miembros compartan una misma ideología y la pertenencia a él es “obligatoria” cuando los diputados que pertenezcan a un partido no hayan alcanzado el número de tres. “Además si hay dos miembros que lo componen, como es el caso, es imposible la expulsión de uno hacia otro”, recalcan.

“El Reglamento del Parlamento de Cantabria no recoge de una forma expresa la expulsión del partido político como causa de expulsión del Grupo Parlamentario, pues la pertenencia al partido no es requisito para la integración en el grupo parlamentario”, concluye. Y añade: “Por la especial consideración del Grupo Mixto sin una adscripción ideológica, no sería posible proceder a la expulsión de uno de sus miembros por la falta de previsión reglamentaria”.

Por ello, Gómez y Carrancio seguirán ligados hasta el final de la legislatura y deberán abordar próximamente cómo funcionará el Grupo Mixto, entre otras cosas, cómo se reparten los tiempos de intervención y los recursos económicos o cómo llevar a cabo el registro de la iniciativas, que necesitan estar firmadas por el portavoz.

Un tránsfuga con “premio”

En declaraciones a este diario, Gómez ha manifestado su “respeto” al informe elaborado por los servicios jurídicos, pero subraya que “desde el punto de vista político nos parece una vergüenza que un tránsfuga vaya a tener premio”.

El dirigente de C's se refiere a las ventajosas condiciones que le quedarán a Carrancio, que al continuar en el Grupo Mixto puede mantener su puesto en la Mesa, lo que aumenta en 14.000 euros su salario, y además podrá contratar a un asesor y tendrá derecho a parte de la subvención del Grupo, que en total recibe 14.000 euros mensuales. “Es decir, vamos a financiar todos los cántabros el partido que -Carrancio- ha creado para él”, lamenta.

En esta misma línea, Gómez denuncia el “expolio” que eso supone para los votantes de Ciudadanos, que “han elegido que este partido esté representado en el Parlamento y ahora mismo vamos a ver limitada nuestra acción política”. También pone de manifiesto el “agravio comparativo” con respecto al resto de grupos parlamentarios, que sí podrían expulsar a un diputado. “Esto sienta un mal precedente para el futuro y nos retrotrae al Parlamento de los años 90 -en alusión a la época de Hormaechea-”, apostilla.

De todas formas, subraya que el informe es “una interpretación del Reglamento”, igual que el informe que presentó su formación política, de modo que “todavía cabe la posibilidad de que la Mesa recapacite y se pronuncie en otro sentido”. Finalmente, en caso de que se confirme la continuidad de Carrancio en el Grupo Mixto, será la Mesa la que tendrá que fijar las reglas de funcionamiento, ya que “Ciudadanos no negocia con tránsfugas”. “Tendrán que ser los demás partidos los que decidan que premio recibe el tránsfuga”, asevera Gómez.

Han tenido que pasar diez días desde que David González y Cora Vielva anunciaran su abandono de Ciudadanos para que el grupo municipal que integraban ambos ediles de la formación naranja en Santander se desintegre definitivamente. Pese al retraso en este proceso, que contrasta con otras situación similares que se han dado esta misma legislatura, el Consistorio ya tiene en su poder la notificación que los convierte en concejales no adscritos.

Según ha podido confirmar eldiario.es, la Secretaría General del Ayuntamiento de la capital ya ha recibido la carta en la que ambos informan de que han dejado el partido con el que se presentaron a las elecciones municipales y solicitan pasar a la nueva condición de no adscritos, que tiene en primer lugar consecuencias económicas, dado que desaparecerá la asignación que recibían como integrantes del grupo de Ciudadanos.

Además, González percibía un sueldo como portavoz municipal y Vielva cobraba las dietas correspondientes a todas las comisiones de las que formaba parte en representación de C's, un reparto que deberá ser revisado teniendo en cuenta el nuevo escenario político que se presenta.

Entre las incógnitas que se abren tras la ruptura interna en Ciudadanos, que propició el abandono de ambos, así como del diputado y excoordinador regional Juan Ramón Carrancio y una parte importante de la militancia en la comunidad autónoma, está la estrategia política que adopte el Partido Popular a partir de ahora.

El PP perdió la mayoría absoluta en la ciudad por primera vez en más de dos décadas, aunque ese resultado ha tenido pocos efectos reales en la política municipal. Un acuerdo con Ciudadanos, del que nunca trascendieron los detalles, permitió la investidura de Íñigo de la Serna primero, y de Gema Igual después, cuando el actual ministro de Fomento abandonó su cargo para asumir nuevas responsabilidades en el Gabinete de Mariano Rajoy.

Pérdida de visibilidad en las instituciones

Tras este abandono de los dos concejales de Santander, Ciudadanos se queda sin representación en la ciudad y su presencia en las instituciones se va reducida a la mínima expresión, después de la expulsión de dos ediles en Piélagos y la salida también de uno de los dos diputados que obtuvieron su acta en el Parlamento de Cantabria.

Félix Álvarez, conocido popularmente como Felisuco, asumió hace solo unos días la portavocía del partido en Cantabria y se ha estrenado con una crisis cuya dimensión y efectos aún se desconocen. El hombre de Albert Rivera en Cantabria y diputado nacional se reunió la semana pasada con la alcaldesa, a la que reclamó que no se apoye en dos “tránsfugas” para llevar adelante el día a día en el Ayuntamiento.

Sin embargo, la respuesta de Igual fue muy tibia, y no descartó que, llegado el caso, busque los votos de los dos concejales no adscritos, con los que mantiene una relación cordial y que en su despedida de Ciudadanos dejaron claro que no tenían intención de alejarse de los postulados que han defendido durante la legislatura.

La convulsa situación interna en el seno de Ciudadanos Cantabria ha terminado por estallar este viernes, en una comparecencia pública en la que el diputado autonómico y excoordinador regional, Juan Ramón Carrancio, ha anunciado junto a los dos concejales de la formación naranja en Santander, David González y Cora Vielva, que todos ellos abandonan el partido junto a “dos tercios de la militancia”, incluidos los líderes de seis de las nueve agrupaciones locales.

Así lo ha explicado en una polémica rueda de prensa a la que ha tenido que acudir incluso la Policía Nacional, después de que el propio Carrancio, junto a su equipo, haya expulsado de la sala en la que se celebraba el acto a un simpatizante de Ciudadanos que ha ocupado diversos cargos orgánicos y que es cercano a la actual dirección que lidera el humorista Félix Álvarez. 

Después de una semana en la que dirección nacional hizo oficial el nuevo organigrama de Ciudadanos en Cantabria, y en la que se filtró una denuncia contra Carrancio y González por un posible delito de falsedad documental por presentar un acta falsa en un proceso judicial -que los acusados achacan a un “montaje político”-, la situación ha derivado en una ruptura total, que convierte a tres de los cargos institucionales del partido en tránsfugas y complica la gobernabilidad tanto al Gobierno de Cantabria como al Ayuntamiento de Santander.

“Estamos en un partido que traiciona a sus principios y a sus votantes, que traiciona a todo el mundo”, ha asegurado el excoordinador Juan Ramón Carrancio, que ha ejercido de portavoz de un “nutrido grupo de militantes” y ha acusado a Albert Rivera de nombrar a Félix Álvarez “con el dedo de dios” y de tener “las peores costumbres de la vieja política”.

“La afiliación en Cantabria no quiere a Félix Álvarez”, ha afirmado Carrancio, al que ha acusado de haber tenido una conducta “no muy recomendable” desde que entró en Ciudadanos y, de hecho, le ha acusado de “intimidar” y “amenazar” a trabajadores del partido con su puesto si no hacían lo que él quería.

Pese a su marcha, ni Carrancio abandonará su acta de diputado en el Parlamento de Cantabria ni los dos ediles de la capital dejarán la suya en el Ayuntamiento. El parlamentario ha asegurado que “Ciudadanos ya no es el mismo partido” por el que se presentó a las elecciones autonómicas y consiguió su escaño y, por tanto, no va a renunciar. “No voy a devolver el acta a un partido que no es por el que yo me presento”, ha afirmado.

Según han señalado, de los cerca de 300 militantes “al corriente de pago” que tiene la formación naranja en Cantabria, se marcharán “dos tercios” y algunas agrupaciones quedarán “vacías”.

Nuevo escenario político

Con la marcha de Carrancio de Ciudadanos, la formación naranja se quedará con un solo diputado en el Parlamento autonómico, Rubén Gómez, al que Carrancio ha definido como la “mano derecha” de Félix Álvarez, y sin representación en el Ayuntamiento de Santander, algo que puede tener consecuencias en la política de la ciudad y en la de la comunidad.

Y es que tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento, el partido naranja ha tenido en esta legislatura un papel relevante, ya que, en el Consistorio santanderino, sus dos concejales facilitaron tras las últimas elecciones municipales la investidura de Íñigo de la Serna (PP) como alcalde de Santander, posteriormente relevado por su número dos, Gema Igual, tras su nombramiento como ministro de Fomento. Además, con sus votos, este partido sustenta en numerosas ocasiones al equipo de Gobierno del PP, actualmente en minoría.

En lo que respecta al Parlamento, Ciudadanos permitió que se aprobara el Presupuesto de Cantabria de 2017 tras llegar a un acuerdo con el Gobierno bipartito PRC-PSOE que preside el regionalista Miguel Ángel Revilla.

Amenazas estériles de Ciudadanos

Horas después de explotar la crisis interna y saltar por los aires la continuidad del partido, Ciudadanos Cantabria, a través de un escueto comunicado, ha criticado la decisión Carrancio, González y Vielva de mantenerse en sus respectivos cargos públicos en el Parlamento y en el Ayuntamiento pese a abandonar el partido con lo que, a su juicio, quieren “robar los escaños de los votantes” de la formación naranja para mantener “un sueldo que le pagan todos los cántabros”.

Ciudadanos también ha aludido al caso de la supuesta falsificación documental de un acta que forma parte de un procedimiento judicial en el que están inmersos Carrancio y González, por el que, según señalan, se decidió la semana pasada apartarles de sus responsabilidades internas en el partido.

La formación naranja ha explicado que el partido ha llevado a cabo “una investigación interna” y ha señalado que “pondrá a disposición de la justicia los datos y documentación correspondiente”.

Además, la dirección regional ha defendido que, en caso de ser imputados, Carrancio y González, “deberán dejar su acta como cargos públicos”, tal y como firmaron en la carta ética del partido, obviando el hecho de que ambos han declarado que están ya fuera y que no responderán a ningún compromiso con la formación naranja.

Abandono de la socialdemocracia

Aunque el caso del acta falsa que mantiene a Carrancio y a González al borde de la imputación ha ocupado una parte importante de la rueda de prensa, los dirigentes políticos que abandonan ahora la disciplina de Ciudadanos han esgrimido excusas de todo tipo para justificar una decisión que les convierte en tránsfugas de facto y que complica su situación en las instituciones en las que desempeñan sus respectivos cargos.

Así, Carrancio ha reconocido que el enfrentamiento con el nuevo líder del partido en Cantabria es total, al tiempo que ha cuestionado tanto la forma de elegir a Félix Álvarez, sin primarias y por decisión personal de Albert Rivera, como su capacidad de representar los “valores y principios” con los que se fundó Ciudadanos. Según el todavía diputado, el “giro a la derecha” de la formación naranja y la “renuncia a la socialdemocracia” ha terminado por hacerles abandonar.

“Nos parece que eso es traicionar todos los principios de democracia, todo, todo, todo, aunque parezca un solo asunto, todo por lo que ha luchado este partido desde que nació. ¿Con qué cara me presento yo ante nadie diciendo que soy de un partido que viene a regenerar cuando damos este ejemplo. Tenemos peores prácticas internas que cualquiera de los partidos antiguos”, ha concluido Carrancio.

La dirección nacional de Ciudadanos ha trasladado al diputado autonómico y excoordinador del partido en Cantabria, Juan Ramón Carrancio, y al concejal y portavoz municipal en Santander, David González, que abandonen sus cargos públicos ante el inminente riesgo de imputación que pesa sobre ambos, acusados en los tribunales de un posible delito de falsedad documental.

La denuncia hecha pública esta semana y que exige penas de prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial de dos a seis años dada su condición de cargos públicos, se ha producido tras la presentación de una supuesta acta simulada durante el transcurso de un proceso judicial en el que están inmersos dos de los hombres fuertes de Ciudadanos desde su puesta en marcha en la comunidad autónoma.

Juan Ramón Carrancio y David González fueron apartados a principios de semana de las responsabilidades orgánicas que ostentaban en el partido, -aunque se mantienen aún en sus cargos institucionales-, en una renovación impulsada por el propio Albert Rivera, que confió en Félix Álvarez como nueva cabeza visible en Cantabria.

La denuncia interpuesta por el abogado Luis Miguel Pérez Espada ante el Juzgado de Guardia de Santander puede suponer el fin de la carrera política de Carrancio y González, que han trabajado mano a mano y han marcado la línea política de Ciudadanos a lo largo de la legislatura.

La suya ha sido una gestión muy discutida por los propios militantes de la formación de Albert Rivera, y que va desde el apoyo sin fisuras al PP en el Ayuntamiento de Santander, donde ha apuntalado su gobierno en minoría sin apenas contraprestaciones, hasta el acuerdo presupuestario hace unos meses que permitió el Ejecutivo bipartito PRC-PSOE sacar adelante sus cuentas en el Parlamento de Cantabria.

En el caso que puede provocar su caída definitiva se acusa a ambos, así como a los también dirigentes de Ciudadanos Cantabria Jesús Calleja y Roberto Morales, de falsificación en documento privado en el marco de las diligencias previas seguidas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, que investiga la presunta comisión de un delito electoral contra Fernando Dou, por ejercer como coordinador electoral del partido en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, a pesar de su condición de agente de Policía Local de Santander, condición que le impide hacer campaña a favor de ningún partido.

“En caso de acabar imputados, les pediremos el acta como queda firmado en la carta ética que ellos firmaron, y que Ciudadanos defiende en sus valores de regeneración”, han subrayado en declaraciones a eldiario.es fuentes de la dirección nacional, que reconocen que no pueden garantizar que Carrancio y González abandonen sus cargos llegado el momento.

La delicada situación interna en el seno de Ciudadanos Cantabria, que amenaza con romper el partido en dos, acaba de explotar a la luz pública después de la confirmación de la denuncia interpuesta contra dos de sus hombres fuertes, acusados de falsedad documental tras la presentación de una supuesta acta simulada durante el transcurso de un proceso judicial en el que están inmersos.

El diputado autonómico y excoordinador de la formación naranja en la comunidad autónoma, Juan Ramón Carrancio, y el concejal y portavoz municipal en Santander, David González, fueron apartados hace solo unas horas de las responsabilidades orgánicas que ostentaban en el partido, aunque mantienen aún sus cargos institucionales, en una renovación impulsada por el propio Albert Rivera, que ha confiado en Félix Álvarez como nueva cabeza visible en la región.

Estos nombramientos, que aparentemente relegan a Carrancio y González, se hicieron públicos en la noche de este pasado lunes, apenas 24 horas antes de que se haya notificado la denuncia interpuesta por el abogado Luis Miguel Pérez Espada ante el Juzgado de Guardia de Santander, en un texto que exige penas de prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial de dos a seis años dada su condición de cargos públicos.

Acusa a ambos, así como a los también dirigentes de Ciudadanos Cantabria Jesús Calleja y Roberto Morales, de falsificación en documento privado en el marco de las diligencias previas seguidas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, que investiga la presunta comisión de un delito electoral contra Fernando Dou, por ejercer como coordinador electoral del partido en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, a pesar de su condición de agente de Policía Local de Santander, condición que le impide hacer campaña a favor de ningún partido.

Según relata la denuncia, consultada por eldiario.es, Ciudadanos fue requerido el pasado mes de marzo para que remitiera el certificado de la reunión en la que fue nombrado coordinador Roberto Morales, tal y como alegaba el partido que había hecho en defensa de Fernando Dou.

Con posterioridad, Jesús Calleja -denunciado junto a Carrancio, González y Morales- presentó un escrito en dicho juzgado, según relata la denuncia interpuesta ahora, indicando que aportaba ese certificado, que se refería a una reunión del 25 de abril de 2015 celebrada entre las 11.00 y las 13.15 horas en Torrelavega, en la que se designaba a Morales como responsable de campaña electoral.

Esa reunión, a la que supuestamente habían acudido otros miembros del partido como el diputado y portavoz parlamentario Rubén Gómez, y los portavoces de Santander, David González, y de Torrelavega, Esteban Martínez, fue imposible que se produjera en esos términos, ya que todos ellos se encontraban ese día y a esas horas en la convención municipal de Ciudadanos en Madrid, como queda reflejado en las imágenes que ellos mismos compartieron en sus redes sociales.

Además, otro cargo orgánico como Pedro Vicente González ha negado reiteradamente haber asistido a la reunión reflejada en el acta, y además no ostentaba el cargo que se le atribuye en la misma, un documento firmado por el propio David González y Juan Ramón Carrancio, que ha manifestado ante los medios que “simplemente se trata de un error de fechas sin importancia”, pero no ha presentado ninguna otra que rectifique la denunciada ante el juzgado.

Declaraciones y pruebas periciales

El denunciante, que inició a su vez el procedimiento contra Fernando Dou por participar activamente en política siendo un agente de la Policía Local, reclama en este caso una declaración testifical de los denunciados, así como de otros de los miembros de Ciudadanos que habrían participado en la reunión, como Rubén Gómez, Esteban González o Pedro Vicente González, para que aporten su visión de los hechos.

Además, considera “conveniente” que se presente el acta original por parte de Ciudadanos para que se pueda realizar una prueba pericial caligráfica y se date químicamente la misma.

Desde el partido han evitado pronunciarse oficialmente sobre esta denuncia, que se une al proceso judicial abierto, y que complica el futuro político de Carrancio y González. Si finalmente se abre una investigación contra ellos, el código ético de Ciudadanos y la presión de la dirección nacional puede provocar su relevo en el Parlamento de Cantabria y en el Ayuntamiento de Santander respectivamente.

Tras conocerse este caso a través de distintas informaciones periodísticas, el partido anunció a través de un escueto comunicado que “abrirá una investigación interna para aclarar lo sucedido con el acta de la reunión de campaña en la que se organizó la agenda y las actividades de las elecciones municipales y autonómicas del año 2015 en Cantabria”. Además, la dirección nacional subrayó que “en el caso de existir irregularidades se tomarán las medidas oportunas y se exigirán responsabilidades”.

El Partido Popular mantendrá la Alcaldía de Santander sin ninguna dificultad tras la renuncia de Íñigo de la Serna, que fue nombrado ministro de Fomento por Mariano Rajoy la semana pasada después de estar casi una década al frente del Consistorio. Los populares no tendrán que hacer grandes esfuerzos negociadores ni deberán asumir condiciones leoninas para superar la nueva investidura, dado que el apoyo tácito de Ciudadanos permitirá al PP retener el bastón de mando.

De esa manera lo certifica David González, concejal y portavoz de C's en la ciudad, que en conversación con eldiario.es ha garantizado que su partido mantendrá la misma posición que tuvo en junio del año pasado, cuando una “abstención técnica”, como la definen desde el partido naranja, permitió a De la Serna conservar el poder por tercer mandato consecutivo, a pesar de que su partido perdió la mayoría absoluta por primera vez en casi tres décadas.

Desde entonces, el PP gobierna en Santander en minoría, con 13 de los 27 ediles de la Corporación, pero recurriendo a los votos favorables de los dos concejales de Ciudadanos cuando los necesita. Así fue, por ejemplo, en la aprobación de los últimos presupuestos municipales de 2016 y así será en la tramitación definitiva de las cuentas públicas del año que viene, que cuentan ya con el visto bueno de la formación que dirige Albert Rivera.

En la práctica, lo que hicieron en la pasada sesión de investidura los concejales de Ciudadanos fue votar a su propio candidato, rompiendo cualquier posibilidad de un proyecto alternativo al que encarnaba De la Serna. Ahora, tras su salida del Ayuntamiento, repetirán la misma estrategia dejando vía libre a la persona que designen desde Joaquín Costa, sede del PP de Cantabria.

En aquel momento hubo intentos por parte de Pedro Casares, cabeza de lista de los socialistas de Santander, de forzar la aritmética para desalojar al PP, que ha gobernado en la ciudad sin ningún tipo de alternancia en el poder. Esa opción se descartó muy pronto por la oposición de Ciudadanos a integrarse en un 'pentapartito' en el que tendrían que convivir junto a PSOE, PRC, Ganemos e Izquierda Unida. Ahora ni siquiera está sobre la mesa esa posibilidad.

Apoyo a cualquier candidato

“Le deseamos la mejor de las suertes a Íñigo de la Serna en su nuevo cargo, pero a nosotros no nos afecta en gran medida su marcha. Siempre hemos mantenido una relación muy fluida con todos los concejales del PP en Santander y pensamos que seguirá siendo así, con independencia de quién sea el nuevo alcalde”, reconoce González.

El edil de Ciudadanos prefiere no decantase por ninguno de los nombres que suenan insistentemente como sucesores naturales de De la Serna: el actual alcalde en funciones y concejal de Obras, César Díaz, o la responsable de Turismo y Relaciones Institucionales y número dos del PP en las pasadas elecciones, Gema Igual. “No tenemos favoritos, en serio, nos da igual”, insiste González.

El partido naranja renuncia así a reabrir cualquier tipo de negociación y no pondrá condiciones ni exigirá medidas extraordinarias al sustituto de Íñigo de la Serna. “Estamos satisfechos con lo conseguido hasta el momento. El balance de legislatura es bueno y nos deja un buen sabor de boca este 2016”, subraya su portavoz municipal de Ciudadanos.

En esta línea, y a pesar de las vías de diálogo abiertas con el PP a lo largo del último año y medio, González descarta llevar más allá la colaboración y explorar un posible pacto de legislatura que garantice la estabilidad municipal al nuevo equipo de Gobierno. “Creemos que no es necesario. En su momento, desde la dirección del partido en Barcelona se decidió no entrar en gobiernos de coalición y nosotros respetamos siempre estas directrices”, aclara el edil.

Apoyo presupuestario

Lo que sí garantizará Ciudadanos al PP es su voto favorable a las cuentas públicas de 2017, un proyecto presupuestario que incorpora tres enmiendas sociales del partido naranja consistentes en el aumento de la partida del programa del Centro de Acogida, pasando de 25.000 a 50.000 euros; el incremento de la partida de gastos menores, de tal forma que de 170.000 pasará a 200.000, y la creación de una nueva partida denominada gastos diversos mayores por un importe de 40.000 euros.

Sin embargo, sobre los presupuestos de Santander planea la sombra de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Tribunal Supremo, una certeza de la que falta conocer los detalles de una sentencia aún en redacción. González considera “una buena noticia” que los tribunales tumben el planeamiento urbanístico del PP, contra el que se posicionaron en campaña electoral pidiendo incluso su derogación, pero defiende que “no tendrá efectos sobre los ingresos del Ayuntamiento”.

“El tiempo nos ha dado la razón. Habrá que hacer un nuevo plan más realista, porque la base sobre la que se sostenía el anterior era irreal, pero probablemente no lo veamos siquiera en esta legislatura, porque es un proceso largo, complejo y costoso”, asegura el concejal de Ciudadanos.

Regeneración democrática

González acepta que el clima general en el Ayuntamiento de Santander durante los últimos meses “no ha sido muy agradable”, con enfrentamientos continuos entre los distintos grupos y con plenos municipales muy tensos. “La hostilidad como norma no debería ser un recurso”, asegura, a pesar de que el último rifirrafe lo ha tenido a él mismo como protagonista.

Por eso, desde Ciudadanos reivindican el documento de compromiso para la regeneración democrática firmado por el PP a instancias del partido naranja tras su llegada a la Corporación y que provocó que los entonces alcaldes en funciones de Astillero, Carlos Cortina, y Santa María de Cayón, Gastón Gómez, ambos imputados en diferentes causas, dimitieran de los cargos que ostentaban en los órganos de dirección del PP autonómico.

Según Ciudadanos, “el documento buscaba recuperar el prestigio de la política y luchar contra la corrupción” e incluía nueve puntos, algunos de los cuales no eran de competencia municipal pero que, para cumplirlos, bastaba con comprometerse a promover e instar a los órganos competentes para que se lleven a cabo.

“Ese decálogo se está cumpliendo, como quedó demostrado con la expulsión de la concejala Noelia Espinosa cuando se descubrió su desfalco en la empresa pública Santurban. No creo que haga falta tocar nada”, concluye David González.