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El PP no descarta gobernar en Santander apoyándose en dos concejales tránsfugas

"Me parece imprudente hablar sobre algo sobre lo que todavía no tenemos constancia oficial", remarca la alcaldesa sobre la crisis en Ciudadanos

Gema Igual se reunirá con Félix Álvarez, después de que el líder de C's le reclamara que no se apoye en los ediles que han abandonado el partido

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César Díaz y Gema Igual en el pleno del Ayuntamiento de Santander. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Gema Igual preside el pleno del Ayuntamiento de Santander. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

El PP de Santander no descarta, por el momento, gobernar apoyándose en dos tránsfugas. La alcaldesa, Gema Igual, ha asegurado que es "prematuro e imprudente" hablar ahora del futuro del Ayuntamiento puesto que los dos concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos, David González y Cora Vielva, que el pasado viernes anunciaron que abandonaban el partido sin renunciar a sus actas, "no han registrado todavía el escrito" en el Consistorio a través del que comunicarán oficialmente su decisión.

"Disolver el Grupo Municipal de Ciudadanos no corresponde al equipo de Gobierno, sino que es algo que tienen que iniciar los propios concejales", ha subrayado. "Me parece imprudente hablar sobre algo sobre lo que todavía no tenemos la constancia oficial", ha incidido la regidora a preguntas de eldiario.es, a pesar de que ambos concejales anunciaron reiteradamente en rueda de prensa que dejaban el partido sin renunciar al acta, pasando a ser ediles no adscritos.

Asimismo, Igual ha manifestado que tiene una reunión prevista para esta semana, aún sin fecha, a petición del líder de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, quien este pasado lunes reclamó tanto al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), como a la propia alcaldesa de Santander que "no se apoyasen en tránsfugas" para gobernar

La regidora ha querido poner en valor la hasta ahora legislatura "estable y tranquila" para el PP, formación al frente del Ayuntamiento de la capital cántabra con 13 concejales, pero sin mayoría absoluta. Esta situación ha traído consigo dos años en los que se han visto en la necesidad de apoyarse en los dos concejales de la formación naranja para garantizar la gobernabilidad, un apoyo explícito y constante que se garantizó el ahora ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a través de un pacto que nunca se hizo público.

El papel relevante de Ciudadanos como sustento del ejecutivo ha sido la tónica general desde que facilitaron tras las últimas elecciones municipales la investidura de Íñigo de la Serna como alcalde de Santander, posteriormente relevado por su número dos, Gema Igual, tras su nombramiento en el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, desde el pasado viernes, esa estabilidad queda en entredicho, puesto que los populares tendrán que decidir si se apoyan en dos ediles tránsfugas o si, por el contrario, buscan nuevos apoyos en la Corporación municipal para sacar adelante el día a día en el Ayuntamiento de Santander. 

Ante este panorama, la alcaldesa no da pistas de cuáles serán las futuras maniobras del equipo de Gobierno. "Declararé en el momento en el que sepa con toda la valentía y toda claridad como va a ser el nuevo escenario del Ayuntamiento", ha sentenciado a preguntas de este medio.  

Los concejales David González y Cora Vielva votando durante un pleno en Santander. | CIUDADANOS

Los concejales David González y Cora Vielva votando durante un pleno en Santander. | CIUDADANOS

Inminente imputación

David González, uno de los dos concejales que abandonan Ciudadanos, está pendiente de una posible imputación tras haber sido denunciado recientemente acusado de falsedad documental tras la presentación de una supuesta acta simulada durante el transcurso de un proceso judicial en el que está inmerso, junto al diputado autonómico y excoordinador de la formación naranja en la comunidad autónoma, Juan Ramón Carrancio, quien también deja la formación naranja.

La denuncia interpuesta por el abogado Luis Miguel Pérez Espada ante el Juzgado de Guardia de Santander  exige penas de prisión para ambos de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial de dos a seis años dada su condición de cargos públicos.

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