La segunda y última –por el momento– representación de la ópera Benjamin a Portbou ayer en el Gran Teatre del Liceu, compuesta por Antoni Ros-Marbà con libreto de Antonhy Madigan, se saltó con tibios aplausos al final del primer acto, pero sonada y sentida aclamación al término de la obra, tras su magnífico cierre a nivel tanto escénico como musical. Tas 15 años de espera, Ros-Marbà pudo, entre el sábado y ayer, finalmente ver estrenada la única ópera que ha compuesto hasta la fecha. Y lo hizo con el privilegio de poder dirigirla en uno de los teatros más importantes en su trayectoria musical.

La representación desveló, además de la buena forma del maestro a la batuta a sus 88 años, la calidad de la composición musical de Benjamin a Portbou, con un estilo claramente expresionista y con asentamiento en la dodecafonía, pero con aromas mahlerianos y stravinskianos, en el mejor sentido, que la hacen rítmica y sugerente. Acaso del conjunto se pueda echar de menos una melodía que recordar, ese punto álgido musical que suele ser la marca de aguas de una ópera.

Por otro lado los textos cantados, en realidad recitados musicales exentos de lírica (sprechgesang), y por supuesto de arias, abordan un discurso áspero y difícil: no hablan de amor ni desamor, de abusos o épicas nacionalistas, sino de la complejidad intelectual de un pensador como Walter Benjamin, y cómo esta, y su compromiso con la democracia, le lleva a suicidarse en 1940 en Portbou, frontera entre España y Francia, en su huida del terror nazi. Esta circunstancia hace necesario tener un poco de conocimiento de fondo sobre la vida del filosofo para poder seguir la obra y disfrutar de su música sin perderse en la lectura continua de los paneles de traducción, dado que se trata de una ópera en inglés.

Gran trabajo escenográfico y de iluminación

Pero a pesar de estos detalles, en general Benjamin a Portbou resulta una obra hermosa y notable, ayudada sin duda de la excelente dirección de escena para la ocasión de Anna Ponces y del magnífico trabajo de iluminación de Playmodes Studio y Andreu Fàbregas. Tanto Ponces como la gente de Playmodes Studio se apañan a las mil maravillas con recursos minimalistas y austeros, pero cargados de simbolismo, en una ambientación de corte expresionista que recuerda todo el tiempo las películas mudas de Murnau, Lang o Dreyer. Para conseguir esta fascinante atmósfera, son imprescindibles las decenas de tubos LED pegados a la pared del fondo del escenario, que giran sobre sí mismos y cambian de color para simbolizar el paso de una escena a otra dentro de cada acto.

En el apartado interpretativo, sin duda destaca el tenor estadounidense Peter Stantsits en su papel de Walter Benjamin. Para empezar porque el parecido entre el cantante una vez arreglado y el filósofo es asombroso, reforzando la impresión de que es el propìo Benjamin quien está subido a la tarima. Pero sobre todo por el dominio que demuestra tanto del recitado lírico como de la dramatización que exige el personaje. Junto a él, cabe destacar el buen trabajo de Elena Copons (soprano) y Laura Vila (mezzo), como su amante Asja Lacis y su esposa Dora Pollak.

Serena Sáez (soprano) también está excelente como Angel Novus, un personaje que simboliza la menguante esperanza en la vida de Benjamin y que canta la mayor parte del tiempo colgada de un cable. Otros intérpretes son Joan Martín-Royo como Gerhard Scholem, Marta Valero como Hannah Arendt, David Alegret como Bertorld Brecht, Ruth González como el hijo de Benjamin, Bea Segura como Lisa Fitkko, que ayuda a escapar al protagonista, o Lluís Marqués como el jorobado que simboliza la muerte. A ellos hay que sumar el coro del Liceu, que si bien apenas tiene protagonismo lírico, si adquiere importancia interpretativa como multitud de migrantes que acompaña a Benjamin en su camino a la frontera española.

Una doble historia de esperanza y desesperanza

Benjamin a Portbou es una ópera que recoge dos historias divergentes a su alrededor: la de su creador y la de su protagonista. El primero es el veterano compositor y director de orquesta Antoni Ros-Marbà (L'Hospitalet de Llobregat, 1937), que a sus 88 años ha podido por fin no solo verla estrenada mundialmente, sino adicionalmente dirigirla en sus dos únicas funciones, en las que el maestro –que musicó un libreto del actor y profesor de canto Tony Madigan– demostró estar todavía en plenas facultades conductoras y compositivas.

Pero si bien Benjamin a Portbou estuvo terminada para 2015, Ros-Marbà tuvo que armarse de paciencia –con pandemia de por medio–para poder verla estrenada y con la esperanza de poder dirigirla, en una carrera contrarreloj contra la edad que ha terminado por ganar el músico.

En una situación similar se vio el protagonista de esta ópera, el legendario pensador Walter Benjamin, alemán, judío y marxista heterodoxo que en su huida de los nazis, que acababan de tomar París en 1940, se topó con las fronteras del régimen franquista en el pueblo ampurdanés de Portbou (Girona), donde fue detenido por no tener los papeles en regla, en concreto por tener un visado de salida de Francia expedido por el gobierno libre en Marsella.

Recluido en un hotel de la villa, Benjamin, para quién también el tiempo constituía un apremio vital –si bien más acuciante que el del maestro Ros-Marbà– cayó en la desesperanza y, al parecer, se suicidó ingiriendo dos pastillas de morfina. Días después, el gobierno franquista levantaba el veto a los visados de Marsella. Benjamin, enfermo y cansado, no había tenido paciencia y a los 48 años, el 26 de septiembre de 1940 moría en una frontera de sur de Europa, similar a las que hoy en día retienen a tantos migrantes en su camino a una vida mejor.

Hoy en día, una escultura del artista israelí Dani Karavan nos recuerda en Portbou que en esa divisoria entre España y Francia falleció el filósofo, uno de los más importantes del siglo XX, que forjó algunas de las teorías –como la del “aura de la obra de arte”– más importantes para comprender lo que es la modernidad capitalista.

Se da la circunstancia de que, a menos de 30 kilómetros al norte de Portbou, en el pueblo catalano-francés de Colliure, se encuentra la tumba de otro intelectual víctima del fascismo y las barreras: Antonio Machado. El poeta sí pudo cruzar la frontera, pero también enfermo y desesperanzado, murió a los pocos días en esta localidad costera del sur de Francia.

Muerte en la frontera de un gigante del pensamiento

Esta es la base de partida Benjamin a Portbou, la muerte en la aduana del intelectual libre en su huida desesperada hacia Estados Unidos vía Lisboa, pero a partir de este trágico hecho, tanto el libreto de Madison como la música de Ros-Marbà vuelan en flashes en forma de escenas encadenadas –y divididas en dos actos– al pasado del pensador en un intento de reconstruir su vida adulta y las circunstancias que le condujeron a un trágico final.

Nos muestra así el texto de Madison, que recogió numerosas citas de los escritos de Benjamin para dar letra a las canciones que Ros-Marbà componía, a un intelectual complejo y de enorme talento, obsesivo e insaciable en su curiosidad, pero desordenado y voluble con las pasiones de la vida. Una volubilidad intelectual que en su día muchos interpretaron como falta de compromiso –tal es el caso de los filósofos Gershom Gerhard Scholem o Hannah Arendt en la obra– pero que la perspectiva histórica muestra como independencia de pensamiento respecto a la ortodoxia de las distintas corrientes y escuelas.

En efecto, Benjamin teorizó sobre el arte sin ser historiador; se interesó por la mística judía sin llegar a considerarse religioso; simpatizó con el incipiente sionismo sin ser políticamente sionista; se entusiasmó con el marxismo sin llegar nunca a comprometerse con esta ideología; colaboró profusamente para la escuela de Frankfurt sin llegar nunca a pertenecer a ella. Y fue siempre un gran crítico del nazismo desde antes de su llegada al poder, previendo en sus escritos los desastres que acarrearía.

Esta independencia algo desorganizada, junto a una complicada vida sentimental que le lleva a la ruptura de su matrimonio al conocer a la directora de teatro letona Anja Lācis, con la que se escapa al Moscú soviético –en una experiencia que terminó por decepcionarle–, son los materiales argumentales de la ópera de Ros-Marbà. Un argumento que en estos momentos de nuevo auge del pensamiento autoritario, xenófobo y reaccionario, puede perfectamente trasladarse a la vida de muchas de las personas migrantes y refugiadas que se agolpan día a día en las fronteras de toda Europa.

Dentro de menos de diez días se cumplen tres años de la tragedia en la que al menos 23 personas –según los datos oficiales– murieron intentando alcanzar Melilla a través del paso fronterizo del Barrio Chino, en lo que se conoce como la “masacre de Melilla”. En formato de novela gráfica y cómic, Los Nadie, publicado y editado por Dolmen Editorial, reconstruye la historia de cinco de sus víctimas a través del trabajo de cinco ilustradores, en su mayoría de origen africano: Eusebio Nsue, desde Guinea Ecuatorial; Gabriel Castillo de República Dominicana; Shriroug Idris desde Sudán; Zainab Fasiki en Marruecos y, por último, el colombiano Frank Xarate.

El proyecto, que está dirigido por los autores Sergio Illescas y Mario-Paul Martínez, también reconstruye los cinco relatos personales de Mohamed, Hanin, Bishara, Myasar y Anwar desde sus países de origen y a lo largo de sus rutas migratorias, incluyendo las violaciones y abusos por parte de las fuerzas de seguridad en el norte de África y de grupos armados en Libia.

“Vemos constantemente en los medios cómo la muerte de ciertos tipos de personas se sigue con más importancia que la de otras. Esta normalización es peligrosa”, explica para este medio la artista marroquí Zainab Fasiki. “Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando se difundió la noticia de la tragedia de Melilla en junio de 2022”, añade. Fasiki, que entonces residía en Marruecos, recuerda que, a pesar de la cobertura mediática de la tragedia, tanto en su país de origen como en España, “el público en general parecía insensibilizado, estaban acostumbrados y solo esperaban a la próxima tragedia”.

Desde la ciudad de Kassala en Sudán, Shiroug Idris explica a este medio que a pesar de conocer las historias de muchos migrantes sudaneses que intentan cruzar por Libia o Marruecos para llegar a Europa, no conocía el incidente de Melilla. “No apareció en las noticias locales. Cuando me enteré a través de Sergio y vi los vídeos, sentí una gran rabia y vergüenza propia por no haberlo sabido antes”, cuenta. Como Zainab, Shiroug revela que “fue muy doloroso ver cómo se trataba a los africanos como si valieran menos y cómo la muerte de algunos fue minimizada como si fueran simples daños colaterales”.

“A menudo, cuando hablamos de genocidios o de crímenes similares, nos enfocamos solo en lo que pasó —en el pasado o en el presente— pero olvidamos preguntarnos: ¿qué podemos hacer por el futuro? ¿Qué se debe hacer para evitar que estas atrocidades se repitan? ¿Qué acciones debemos tomar para ayudar a quienes aún están en las fronteras y quienes todavía son Los Nadie?”, cuestiona la marroquí al inicio de la entrevista.

De artista a artista

Shiroug Idriss es una artista nacida y criada en Sudán. A pesar de que sigue trabajando como doctora, aprovecha sus ratos libres para dedicarse a su verdadera pasión: ilustrar. “Como ilustradora, la mayoría de los trabajos que consigo vienen de ONG. En Sudán, el mercado de la ilustración gráfica está bastante limitado y los cortes de electricidad dificultan mucho el trabajo digital”, explica. “Hubo una vez que la señal de internet era tan débil que tuve que colgar el rúter de un árbol para poder contactar a mi cliente”, añade.

En el contexto de la novela gráfica recién presentada en España, Shiroug ilustró la historia de Bishara Ibrahim Idriss. El joven de 16 años escapó de Darfur con la esperanza de cumplir, también, un sueño artístico: convertirse en fotorreportero y hacer de su afición, la fotografía, un trabajo. “Me siento identificada con Bishara. Sudán se ha convertido en un cementerio de sueños”, revela la joven.

“Irónicamente, la Unión Europea está financiando a los guardias fronterizos. Unos guardias que, en realidad, son parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (grupo paramilitar y una de las partes en la actual guerra civil en el país), que son los mismos responsables de la violencia en Darfur”, explica la joven. “A un nivel más profundo, todo se relaciona con nuestra historia colonial. Fuimos colonizados por los británicos, quienes utilizaron nuestras diferencias étnicas y culturales para dividirnos y controlarnos”, añade.

Censura

Zainab Fasiki nació en Fez y aunque se graduó como ingeniera mecánica en 2017, desde 2018 ha dedicado cuerpo y alma a la defensa de los derechos humanos a través del arte y los cómics. “Como feminista y activista, la tragedia de aquel día en la frontera de Melilla me toca de cerca. Además, es un tema tabú, y como persona y artista que suele abordar temas tabúes debo reconocer que, en Marruecos, asuntos políticos como este son más sensibles que la sexualidad o el feminismo”, explica. “Estos son los verdaderos límites y las líneas rojas que no se deben cruzar. Si lo haces, estás desenmascarando narrativas falsas, exponiendo mentiras políticas y mostrando al mundo la realidad de gobiernos que afirman defender los derechos humanos”, añade.

A los 22 años, Zainab se convirtió en una figura de referencia en Marruecos y desde entonces ha recibido varios reconocimientos como el Premio de Amnistía Internacional por los Derechos de la Mujer o el Premio al Coraje en el Festival Internacional de Cómics de Angulema. Aun así, Zainab no ha quedado libre de la censura. “He trabajado como artista en Marruecos durante unos diez años, pero recientemente tomé la decisión de mudarme al sur de España. Ahora estoy viviendo aquí por mi seguridad y mi salud mental. Durante años he recibido amenazas muy serias”, revela.

En el contexto del libro, Zainab ilustra la historia de Abdul Ramin Adbul Latif, también conocido como Hanin. Era un joven sudanés que trabajaba como mecánico en Jartum. Tras el salto del 24 de junio, su familia le perdió la pista y pidió ayuda a través de una página de Facebook que se creó exclusivamente para buscar y pedir información sobre personas desaparecidas en la tragedia. Seis personas respondieron asegurando que le habían visto morir. “Siempre he escuchado historias en el barrio o en las noticias de familias que nunca volvieron a saber nada de sus hijos o seres queridos. Lo peor es que se ha normalizado en nuestros medios y en nuestra sociedad”, apunta la joven marroquí. “No son solo números; tenían sueños y una visión de una vida mejor”, añade Shiroug desde Sudán.

Los otros protagonistas

La novela gráfica también explica la historia de otras tres víctimas más de la masacre de Melilla. Durante meses, Myasar vivió escondido junto a otros compatriotas sudaneses en un apartamento a las afueras de Rabat. Su día a día transcurría en la clandestinidad, evitando ser localizado por gendarmes y fuerzas de seguridad marroquíes. Cuando finalmente llegó al monte Gurugú, en las inmediaciones de Nador, ya estaba exhausto: pasó tres días sin comer antes de intentar saltar la frontera el 24 de junio de 2022. En el intento, fue golpeado por las fuerzas de seguridad, detenido y trasladado de nuevo a Rabat. Allí, sus amigos cuentan que Myasar ya no era el mismo. El deterioro físico causó su muerte pocos días después.

En el caso de Anwar, cuidaba de su madre, inmovilizada tras una operación de cadera, y soñaba con viajar a Europa para ganar dinero para su tratamiento y llevarla algún día a La Meca. Su cuerpo apareció en las imágenes del salto del 24 de junio, donde gendarmes marroquíes lo arrastraban, aparentemente sin vida, en territorio español. Mohamed, por su parte, murió a escasos 100 metros de la valla que separa Marruecos de España después de un viaje de 6.000 kilómetros. Su primo le vio morir.

A Djack se le repiten a menudo las imágenes del día de su llegada a España, pero cuando lo recuerda, este joven maliense preferiría volver atrás y no haberlo vivido nunca. Preferiría haber sido devuelto a Marruecos como las otras veces. Preferiría, dice, haberse quedado en Mali a pesar de la guerra. Porque nada más pisar suelo español, un guardia civil, cuenta, le golpeó tan fuerte en el rostro que le dejó ciego de un ojo para siempre. 

El joven maliense denunció hace un año el episodio, ocurrido el 2 de marzo de 2022, en un juzgado de Melilla y este lunes se iba a sentar por primera vez a declarar -por videollamada- frente a la jueza encargada del caso, apoyado jurídicamente por el Irídia-Centro por la Defensa de los Derechos Humanos. No obstante, poco antes de su celebración, la declaración prevista “ha tenido que posponerse a causa de un error de comunicación entre juzgados”, según informa Irídia.  

Era la primera diligencia ordenada por la magistrada en más de un año y medio de instrucción y se produce después de que el tribunal hubiese intentado archivar la causa sin apenas mover ficha. Tras una sentencia de la Audiencia Provincial, que exigió su reapertura ante la falta de investigación suficiente, Djack podrá contar su versión de los hechos. 

“Denunciar lo que me ha pasado es mi derecho y lo tengo que hacer. Quiero que se sepa la verdad”, dice el maliense en una entrevista por videollamada con elDiario.es. “No entiendo por qué me tuvieron que hacer esto. Podrían haberme devuelto a Marruecos y no pasaba nada”, añade el joven, ya con residencia regular en España después de que el Gobierno respondiese de forma positiva a su solicitud de asilo. Djack denunció al agente que le golpeó y a su superior jerárquico en el terreno por un posible delito de tortura y de lesiones, con los agravantes de racismo y prevalencia de carácter público. El retraso de la declaración ha sido criticado por Irídia, centro de derechos humanos que presta asistencia letrada al maliense. “La decisión no sólo afecta al proceso judicial, sino que supone una falta de consideración y sensibilidad hacia la persona que esperaba ese momento tan delicado”, lamentan desde la organización.

Los hechos

A primera hora del 2 de marzo de 2022, varios centenares de personas protagonizaron un salto a la valla de Melilla. Entre ellas estaba Djack que, junto a un amigo, consiguió saltar la alambrada. Ya en suelo español, cuando intentaban correr y alejarse de la frontera, un agente de la Guardia Civil atrapó a su compañero por la ropa “con su mano izquierda”, mientras con la mano derecha sostenía una porra, detalla la querella.

En ese momento Djack pasó corriendo por el lado derecho del agente, que intentó detenerlo, siempre según su relato: “El agente no tenía fuerza para agarrar a los dos. Y me golpeó tres veces: dos en mi ojo y otra en la espalda”, recuerda el chico. “Empecé a correr para evitar que me devolviesen a Marruecos. Mi ojo izquierdo sangraba mucho. El otro casi no lo podía abrir porque nos habían echado también gas pimienta. Casi no veía por ninguno de los dos. Y una persona me ayudó a llegar al CETI Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla]”. 

Desde allí fue trasladado al hospital, donde permaneció ingresado 15 días. “En el hospital yo siempre estaba preguntando:' ¿Este ojo va a volver a ver o no?' Y nadie me decía la verdad. Me decían: ‘tranquilo, tranquilo’ y nada más. No me daban información”, recuerda Djack. Acababa de migrar a España, no sabía el idioma y se sentía solo y asustado. “Allí sufrí mucho porque tenía mucho dolor, estaba solo, no entendía el idioma, no sabía lo que me iba a pasar…”. 

Cuando recibió el alta, el dolor no cesaba. “Siempre tenía mucho dolor. En el centro me dolía mucho la cabeza y el ojo. Siempre, siempre. Lo pasé muy mal”, describe el joven. En ese momento, como menor de edad, fue trasladado a un centro de menores durante un tiempo, hasta que la prueba de determinación de la edad concluyó que tenía más de 18 años pese a que su partida de nacimiento indicaba que tenía 17. Después, pasó a ser acogido en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla (CETI) donde entró en contacto con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que le ha ayudado en su proceso de asilo. A través de la ONG, fue finalmente trasladado a Barcelona y, allí empezó a ser tratado en un centro especializado. 

“Cuando llegué al hospital en Barcelona, me dijeron que mi ojo estaba perdido. Que no iba a ver nunca más”, dice el maliense. Entonces, se derrumbó. “Yo no quería vivir. No entendía por qué me había pasado eso. No conocía una vida así, tenía miedo de cómo iba a salir adelante. Empecé a pensar que me quería morir”, detalla el chico. “Si yo hubiese sabido que iba a pasarme esto, no me hubiese ido de Mali. Allí hay guerra y mi vida corría peligro, pero sabiendo que me iban a hacer esto no me merecería la pena”. 

Aunque se encuentra mejor y poco a poco ha recuperado las ganas de seguir adelante, sus secuelas psicológicas persisten después de haber sido diagnosticado de Trastorno por Estrés Postraumático y de Trastorno Depresivo Mayor. Además de seguir con el apoyo psicológico proporcionado por CEAR-Cataluña, recibe tratamiento psiquiátrico, con tratamiento farmacológico y sesiones de seguimiento, a través del Programa de Psiquiatría Transcultural del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, explica su abogada. 

“Durante mucho tiempo, no podía dormir. Tenía pesadillas con lo que pasó. Y, cuando veía a un policía, me venía a la cabeza todo lo que había pasado. Esos recuerdos… No podía quitármelo de la cabeza y siempre estaba cansado”, describe Djack. “Me tuvieron que dar pastillas porque todo el rato le daba vueltas y no descansaba”. 

Aquellos golpes en la valla de Melilla ha atravesado su vida. “Me ha afectado en todos los sentidos. Es como otra vida. Quería dedicarme al baloncesto. Soy muy alto y era mi pasión. Siempre he sido muy deportista. Pero ya no voy a poder hacerlo de manera profesional”, lamenta el maliense al otro lado del ordenador. “Hasta ir en el metro a veces me da vergüenza. La gente me mira el ojo. Noto cómo me miran, como si fuera un criminal. No me gusta, me da vergüenza”, se queja el veinteañero.  

Tras su llegada a España, Djack pidió asilo por el conflicto en su país de origen, Mali. El Ministerio del Interior ha aceptado su solicitud y le ha reconocido la protección subsidaria, por lo que ya cuenta con residencia en España. La decisión del Gobierno sobre su caso pone en evidencia las dificultades con las que se encuentran refugiados como Djack, jóvenes con derecho a obtener asilo por la situación de su país pero que no pueden solicitar protección de otra forma que arriesgando su vida, ya sea saltando la valla o en el mar, como también está ocurriendo actualmente con tantos malienses que atraviesan la ruta canaria.

Cuando era un niño, Djack y su familia tuvieron que huir de su pueblo debido a la situación de violencia en que se vio inmersa la localidad. Después de soportar varios ataques, se fueron a otro punto del país pero, tras haberse instalado y rehacer sus vidas, el 24 de marzo de 2019 tuvo lugar un ataque terrorista en el pueblo en el que murieron asesinadas al menos 160 personas. Entre ellas estaba la madre de Djack. El 2 de febrero de 2020, el maliense decidió huir, según detalla la denuncia. Al dejar Mali, trató de pedir asilo en Argelia, sin éxito, y finalmente pasó un tiempo en Marruecos, donde sufrió episodios de persecución y violencia policial, hasta que decidió tratar de entrar en territorio español para solicitar asilo, cuentan desde Iridia.

Ahora, el joven trabaja como cocinero en Barcelona. Puede realizar el oficio, aprendido en sus años en España, aunque se enfrenta con dificultades derivadas de su situación de discapacidad, reconocida oficialmente por la Administración. “A veces surgen complicaciones, como cuando se me acerca alguien por el lado en el que no veo, pero este trabajo logro sacarlo adelante”, dice Djack.

De cara a la declaración de este lunes, decía estar algo nervioso, pero matizaba que se encontraba preparado y con ganas porque, repite una y otra vez, “tiene que saberse la verdad”. Ahora, tendrá que esperar un poco más, con todo lo que ello supone.

“Es muy importante que se investigue lo que me ha pasado. Porque parece que los negros no tenemos derechos. La gente tiene que saber que yo tengo derecho, que no pueden hacer lo que me han hecho”, dice el joven, ayudado por su abogada que está en todo momento junto a él en la entrevista. “He denunciado también porque no quiero que lo que me ha pasado le pase a nadie más”.

El papa Francisco ha afirmado que los migrantes que trataron de acceder a Melilla el 24 de junio de 2022 saltando la valla fueron “arrinconados hacia la muerte” y ha pedido a la sociedad que no tenga “miedo a llamar masacre a estas cosas”.

El papa ha transmitido este mensaje en un vídeo grabado que ha sido emitido este lunes en Melilla en el último de los actos organizados por las asociaciones Mec de la Rue (MdLE) y Geum Dodou para conmemorar el segundo aniversario del 24-J en el paso fronterizo de Barrio Chino entre España y Marruecos en la ciudad autónoma, en el que murieron al menos 23 migrantes en su intento de sortear la frontera.

“No tengamos miedo a llamar masacre a estas cosas”

En la grabación, que dura 34 segundos, el papa Francisco reflexiona sobre el “aniversario de la masacre de Melilla” y lamenta “cuánta juventud perdida” aquel 24 de junio de 2022.

“No porque ellos fueran perdidos, (sino) porque les negaron la libertad y los arrinconaron hacia la muerte”, agrega el papa en su mensaje, donde hace un claro llamamiento: “No tengamos miedo a llamar masacre a estas cosas”. “Rezo por ustedes y los bendigo de corazón y los acompaño”, dice el papa Francisco antes de terminar el vídeo dando las gracias.

Según ha informado a EFE Javier Baeza, uno de los miembros de la asociación Coordinadora de Barrios, el vídeo fue grabado durante una visita privada en el Vaticano el pasado viernes, 21 de junio, tres días antes de este segundo aniversario del 24-J, a la que acudió junto a la abogada de la asociación, Patricia Fernández Vicens, y Helena Maleno, de Caminando Fronteras.

Baeza, párroco del centro pastoral San Carlos Borromeo, en Entrevías (Madrid), ha explicado que esta visita se produjo después de que se la solicitara él mismo durante otra recepción privada con nueve presos y sus familiares.

Por su parte, la activista Helena Maleno ha señalado en redes sociales que “el Papa Francisco muestra su compromiso con los derechos humanos de las personas migrantes” y ha dado las gracias por ser recibida “en su casa de Santa Marta”. Maleno, procesada por Marruecos por su defensa de los migrantes, agradece en sus canales a Francisco, que “sigue de cerca mi caso de criminalización porque seguimos esperando justicia y reparación”, y recalca que el Pontífice “está muy preocupado por las víctimas de las fronteras y sus familias”

Durante el encuentro abordaron el drama migratorio y lo sucedido el 24-J, sobre el que la Fiscalía de Marruecos ha dado ha conocer este lunes su archivo, al igual que ya hiciera el Ministerio Público en España a finales de 2022.

La Fiscalía marroquí ha archivado la investigación sobre la tragedia de Melilla, ocurrida el 24 de junio de 2022 , en la que murieron 23 migrantes en su intento de sortear la frontera que separa Marruecos de la ciudad autónoma. Según informaron a EFE fuentes del Ministerio Público del país magrebí, las pesquisas se han cerrado ante “la ausencia de indicios de delito” y tras constatar que hubo un “uso proporcional de la fuerza” por parte de los agentes marroquíes, una conclusión que choca con algunas de las imágenes difundidas el día de los hechos.

Es la misma conclusión a la que llegó la Fiscalía española, que también archivó la investigación tras no ver delito por parte de funcionarios españoles en dicha tragedia, que ocurrió cuando cerca de 1.700 migrantes, la mayoría sudaneses, intentaron acceder a la ciudad norteafricana española de Melilla forzando la puerta del puesto fronterizo con la ciudad marroquí de Nador.

Aquel intento costó la vida a 23 emigrantes, según las autoridades de Marruecos, y a 27 según la ONG marroquí Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), que denuncia que hay otras 70 personas desaparecidas.

“Las investigaciones han demostrado que la intervención de las fuerzas públicas fue para repeler el ataque, el peligro que existía y mantener el orden con un uso proporcional de la fuerza, pese al carácter agresivo y violento de los emigrantes, su gran número y que poseían armas blancas”, afirmaron las fuentes de la Fiscalía marroquí.

También explicaron que la investigación arroja que las lesiones que sufrieron los migrantes fueron consecuencia del “intento de atravesar a la fuerza (el puesto fronterizo) en medio de una intensa estampida y aglomeración” de personas y del “intento de escalar” dicho puesto.

“Es lo que confirmaron los testimonios de los emigrantes escuchados, y fue también corroborado por los resultados de la autopsia que se realizó a los cuerpos de los fallecidos”, subrayaron las mismas fuentes. Durante la investigación, la policía judicial y la fiscalía competente escucharon a finales de 2023 y principios de este año la versión de lo ocurrido de organizaciones de la sociedad civil de Nador, según explicaron a EFE fuentes de dichas asociaciones.

La sección de Nador de la ONG marroquí AMDH informó este fin de semana en su cuenta en Facebook sobre el entierro de algunas de las víctimas de la tragedia de Melilla a raíz de “instrucciones” de la Fiscalía. AMDH añade que esto se decidió “tras recoger muestras de ADN”, y señaló que desconoce hasta el momento el número total de los enterrados.

Tras la tragedia de Melilla, las autoridades marroquíes detuvieron a los centenares de migrantes que protagonizaron el intento de cruce. Unos fueron alejados en autobuses hacia el interior o sur del país y otros fueron procesados. La justicia marroquí condenó a 61 de ellos con penas de hasta 3 años de cárcel.

El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió este viernes que la Fiscalía General del Estado de España llevó a cabo una “amplia y exhaustiva” investigación y concluyó que no hubo “ningún tipo de responsabilidad por parte de ninguna autoridad ni ningún funcionario español”.

Por su parte, el organismo público marroquí Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó un informe sobre los hechos del 24 de junio de 2022 en el que concluyó que los muertos eran 23 y que fallecieron por “caída de la valla” y “asfixia mecánica”.

La semana pasada, la ONG Border Forensics y el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Iridia publicaron un “contrainforme” (del que se desvinculó AMDH tras ser citada como colaboradora) que señala a los dos países vecinos como responsables de la tragedia de Melilla: a Marruecos por la “trampa” tendida a los migrantes, que desencadenó su intento de entrada, y a España por la respuesta policial en la valla “hiriendo a personas migrantes y tratándolas de forma inhumana y degradante”

Piden investigación independiente

Cuando se cumplen dos años de estas muertes, miembros de la sociedad civil y de determinados partidos políticos, como Izquierda Unida y Podemos, han solicitado una investigación independiente de los hechos. “La masacre en frontera de la Unión Europea más mortífera. Dos años después, seguimos sin saber cuántas víctimas murieron en esta masacre y dos años después seguimos sin que ninguna autoridad del Reino de Marruecos ni del Reino de España se hayan responsabilizado ni hayan dado la cara por esta masacre”, ha declarado este lunes Amanda Meyer, coportavoz de la dirección federal de IU.

Por su parte, Podemos ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para solicitar la intervención de la Comisión Europea para “asegurar la investigación de los crímenes y la rendición de cuentas de sus responsables”, según la misiva difundida por la eurodiputada Irene Montero a través de la red social X. “Hace dos años de la masacre de Melilla y siguen sin depurarse las responsabilidades de una intervención policial violenta que le costó la vida a decenas de personas. Exigimos que la Comisión Europea actúe. Exigimos verdad, justicia y reparación”, ha tuiteado Montero.

A menos de una semana del segundo aniversario de la tragedia de Melilla, que acabó con la vida de al menos 23 personas que intentaban saltar la valla fronteriza, una nueva investigación apunta la responsabilidad compartida entre las autoridades españolas y marroquíes sobre los hechos. Ante la falta de una investigación independiente, las organizaciones Border Forensics, Irídia, y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) han elaborado una reconstrucción cartográfica de los hechos ocurridos el 24 de junio de 2022 con la finalidad de responder a una pregunta: “¿Cómo y quién convirtió el puesto fronterizo del Barrio Chino en una trampa mortal?”.

El análisis parte de las investigaciones realizadas previamente por el colectivo Lighthouse reports junto a varios medios y organizaciones locales con el objetivo de unir de forma sistemática todo lo ocurrido aquel día y contraponer los hechos contrastados con las últimas versiones oficiales aportadas. Los investigadores consideran que la reconstrucción “permite refutar sus versiones sobre lo ocurrido, que inicialmente las eximían de cualquier responsabilidad al respecto”.

Una “estrategia”

Entre los aspectos más destacados, los autores sostienen que la avalancha producida en el puesto fronterizo de Barrio Chino se desencadenó como consecuencia de “una estrategia de las autoridades” marroquíes. Según su análisis satelital, el despliegue de las fuerzas de seguridad marroquíes por la zona de los campamentos donde los migrantes se concentraban habitualmente, así como por los alrededores de la frontera, hizo que cientos de personas tuvieran como única salida el camino que acabaron tomando hacia la frontera. “Permitieron deliberadamente que las personas migrantes se acercaran a la frontera y, una vez allí, las dirigieron, a través de la amenaza de la represión, hacia el puesto fronterizo del Barrio Chino”.

elDiario.es habló días después de la tragedia con decenas de supervivientes de los hechos, quienes también denunciaban haber sufrido una “fuerte represión” por parte de agentes marroquíes en los días anteriores a los hechos, lo que les empujó a iniciar el intento de salto el 24 de junio de 2022. Especialmente, hicieron mención a una gran redada en el monte Gurugú el 23 de junio, la víspera de la tragedia.

Durante esos momentos, además de las redadas denunciadas por los migrantes sudaneses, los investigadores sostienen que se “produjo un refuerzo significativo de la presencia militar marroquí” a lo largo del perímetro fronterizo. “Las imágenes por satélite de los días anteriores al 24 de junio muestran un aumento del número de tropas desplegadas en varias zonas de la frontera, así como la construcción de una trinchera adicional en el lado marroquí de la valla”, indica el documento.

¿Infiltrados?

El informe incluye varios testimonios que coinciden “en señalar la existencia de informadores infiltrados en el grupo” de migrantes. “Según los distintos relatos que hemos recogido, aquel día los informantes animaron a todas las personas migrantes a dirigirse hacia la valla sin llevar ganchos consigo, y a intentar cruzar a través de un puesto fronterizo, cuando en todos los intentos anteriores se habían utilizado dichas herramientas que facilitan la escalada de las vallas fronterizas”.

“No teníamos ganchos, así que tuvimos que ir a la garita [puesto fronterizo]. Si hubiéramos tenido ganchos, no habríamos tenido que ir hasta la garita. No tuvimos más remedio que intentar entrar por la puerta. Cuando intentamos entrar por la puerta, nos rodearon y nos golpearon. La idea de entrar a través de la garita no se nos había pasado antes por la cabeza. Solíamos saltar las vallas, pero esta vez habíamos cambiado el plan, supuestamente porque la seguridad se reforzaba alrededor de las vallas, pero en realidad era en la garita donde se reforzaba la seguridad. Fue el Gawad quien influyó en nuestra decisión, y por su culpa estábamos todos ”desnudos“ sin los garfios. Yo soy uno de los inmigrantes veteranos en Marruecos, y somos los veteranos los que mandamos y los que decidimos cuándo tendrá lugar el ataque, quién se encargará de la vigilancia, etc. Este informante también era un veterano. Así que nos propuso ir a la garita y nos convenció de que todos los sudaneses pasarían”, apunta M., uno de los supervivientes de los hechos, cuyo testimonio es incluido en el informe.

La “trampa”

Una vez que estaban en el interior del puesto fronterizo, las personas migrantes intentaron cruzar la frontera hacia Melilla. En ese momento, la investigación destaca el uso de material antidisturbios por parte de las autoridades españolas y marroquíes. “Las personas migrantes fueron en primer lugar atacadas desde todos los flancos con material antidisturbios por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas. El empleo intensivo de gas en un espacio confinado, y el clima de pánico resultante, produjeron sin duda las primeras muertes durante la masacre”, concluye el documento.

“Los argumentos oficiales dicen que las muertes tienen que ver con la actuación de las propias personas migrantes. Dicen que mueren por una avalancha. Pero la actuación policial se caracterizó por un mal uso del material antidisturbios y las personas no podían escapar”, sostiene Maite Daniela Lo Coco, investigadora del Centro de Derechos Humanos Irídia.

“Se generó una trampa. No es que murieron aplastadas, sino que se construyó una trampa, por la encerrona y por el uso del material antidisturbios”, añade. Según confirmó la Guardia Civil, los agentes utilizaron “86 botes lacrimógenos, 28 botes de gas, 65 pelotas de goma, 270 salvas y 41 aerosoles lacrimógenos grandes” para responder al salto.

Las imágenes, ya publicadas anteriormente, muestran que sobre las 8:30 horas la mayoría de las personas migrantes se encontraban en el “patio grande” de la parte del puesto fronterizo bajo control operativo marroquí. Las personas migrantes intentan abrir la verja fronteriza que separa la zona bajo control operativo marroquí de la que está bajo control operativo español. “En ese momento, son gaseadas desde todos los flancos por las fuerzas marroquíes y españolas. Las fuerzas marroquíes bloquean la salida del patio grande, impidiendo cualquier vía de escape”, recalca el informe para describir la “trampa” a la que hace referencia el título de su estudio.

Posteriormente, los agentes marroquíes utilizaron una fuerte violencia contra los migrantes, “tanto a los que permanecieron dentro del puesto fronterizo como a aquéllos que trataron de abandonarlo y fueron violentamente devueltas en caliente por las fuerzas españolas y marroquíes”, añade el informe.

En diciembre de 2022, la Fiscalía archivó su investigación sobre las muertes de migrantes el pasado mes de junio en la frontera de Melilla, exonerando de cualquier responsabilidad a Interior, la Guardia Civil y los agentes que estuvieron ese día sobre el terreno. El decreto del Ministerio Público afirmó que “los hechos que determinaron la avalancha sucedieron en territorio marroquí” y que “el amontonamiento de personas se produjo entre ambos recintos fronterizos”. 

La Fiscalía entiende que la actuación de los guardias fue proporcionada, algo que los autores de esta nueva investigación rechazan en las conclusiones de su estudio.

Por esta razón, el Border Forensic, Irídia y la ASMDH solicita una nueva investigación independiente de los hechos, con el objetivo de reparar a los supervivientes y las familias de los fallecidos, cuyos cuerpos -excepto uno de ellos- aún no han sido identificados. “Los hechos que hemos reconstruido, contrastando numerosas pruebas, son incriminatorios, tanto para las autoridades marroquíes como para las españolas”, denuncian los investigadores.

“Tras examinar la información y testimonios disponibles, resulta evidente que los supervivientes y las familias de los fallecidos podrían emprender acciones legales contra España y Marruecos, tanto en relación con la violencia de la operación como con las formas de detención practicadas en el curso de la misma y la falta de una investigación efectiva de los hechos”, alerta el documento.

El cine de Benito Zambrano siempre ha estado unido a un compromiso que muchas veces se adelantaba al debate social. Cuando Solas se estrenó en 1999, todavía no se hablaba de violencia machista, ni de sororidad, ni de los cuidados. Aquellas dos mujeres eran personajes que el cine no mostraba. Los invisibilizaba. De repente, aquel director sevillano que hasta entonces no sonaba para el público, colocaba en el centro del relato a mujeres reales. Y el público no pudo más que rendirse. También los premios. Fue la revelación del año y acabó con cinco premios Goya, entre ellos el de Mejor dirección novel, Mejor guion y el galardón a sus tres intérpretes, María Galiana, Ana Fernández y Carlos Álvarez-Novoa.

Después entregó Padre coraje, una de las mejores miniseries de la televisión en un momento donde solo se hacían dramedias para todos los públicos. Viajó a Cuba en Habana Blues y se sumergió en otro tema que duele, la memoria histórica, en la adaptación cinematográfica de La voz dormida. Desde lo íntimo se atreve a abordar los temas que atraviesan a España y que siguen sangrando.

Pocos tan actuales y tan escondidos en el cine como la migración. Parece que no son suficientes los miles de muertos en el mar o en la valla de Melilla. Son temas que cuesta mirar y que, cuando se hace, molestan a muchos. A Zambrano no le ha importado, y por eso cuando le llegó el guion de El salto ―que acaba de estrenarse en salas― tuvo claro que no solo había que hacerla, sino que era importante hacerla. Y hacerla bien, con una reconstrucción de la valla de Melilla y una escena con la que descubrió que el racismo también llega al cine, ya que vio que no había especialistas negros, porque en nuestro cine nunca son los protagonistas. 

La migración no es un tema que esté mucho en el cine, no sé si ha sido difícil levantar esta película.

Como no soy productor, no te puedo decir cuál es el sufrimiento, porque el proyecto ya me llegó con guion y financiado. Fue una suerte tremenda. Pero por lo que hemos hablado, sé que fácil no ha sido. El mérito del proyecto es de la guionista Flora González, que es la que se curró el guion en 2014, ella solita, sin que nadie se lo pagara, sin que nadie se lo pidiese. Luego el guion ganó el premio Julio Alejandro de la Fundación SGAE, y fue cuando se interesaron por él. Pero te puedes imaginar, porque ese guion no tiene nada de comercial por todo lo que cuenta. Ahí estuvo la valentía del productor, y luego consiguieron una financiación importante de TVE, que para eso debe ser una televisión pública, para apoyar los proyectos de más riesgo, que sean interesante y que tengan un valor. Después apareció Movistar, Orange, Filmax, Canal Sur, y el ICAA, que es clave para el cine que se hace en este país. 

Cuando le llegó, ¿tuvo claro que quería hacerlo?

Sí, totalmente claro. Primero, quedé flipando con que hubiera habido dinero para hacer una película de un montón de personas negras saltando la valla. Y luego estoy muy agradecido, porque hace mucho tiempo que llevaba querido hablar de este tema y escribir sobre estas historias. Porque soy del sur y tengo muy cerquita África, y porque me siento, en ese sentido, muy conectado con lo que ocurre. Llevamos muchos años viendo y oyendo noticias de pateras que llegan a las costas andaluzas. Cadáveres que aparecen en naufragios. Gente muriendo en el mar. Lo tenemos muy cerca, y yo hacía tiempo que quería hablar del tema, del dolor y del sufrimiento, pero no se me ocurría cómo. 

Y no se ha tratado casi. ¿Hay miedo a hacer historias políticas, de temas comprometidos o complejos?, ¿a qué se debe esta ausencia de un cine que hable de esta temática?

¡Uf! A ver, hay varios lugares desde el que ver esto. Primero, desde el lugar de que son historias en las que los protagonistas no son españoles, y en nuestro cine hay pocas películas donde los protagonistas sean otros que no sean los españoles. Hay casos excepcionales, maravillosos, como puede ser Adú o 14 kilómetros. Pero son pocas. Se piensa que el espectador no quiere ir a ver una película cuya historia no es la suya. Eso podría ser una explicación.

La gente que llega después de todo ese largo viaje no viene a España para jodernos, ni para robarnos, ni para violarnos, ni para vendernos droga. Viene a buscar un futuro mejor

Benito Zambrano — Cineasta

A eso hay que añadir que son historias de gente africana, pobre, que habla otro idioma y que son, en su mayoría, musulmanes, y todo eso implica meterse en los tres grandes temas de la historia, que son la economía, la raza y la religión, temas que pueden generar conflictos. Y si encima son pobres, de otra raza diferente a la nuestra y de otra religión, pues son tres elementos para que a la gente diga que le importa un carajo lo que ocurra ahí. Eso influye a la hora de determinar si una historia puede ser interesante y puede ser visibilizada a través del cine. 

La película se cuenta desde el punto de vista de una persona que lleva muchos años en España, en trabajos donde le explotan, donde no le hacen papeles, y que le echan del país. No sé si cree que ese punto de vista puede hacer que el público entienda mejor, empatice más.

Justo ahora se está hablando del tema de la regularización. Ha sido una casualidad que estemos estrenando la peli justo justo esa semana, pero es que esa es la cuestión, ese es el drama. Hay muchísimos migrantes sin papeles, sin regularizar. Estamos hablando de más de 500.000 personas. La mayoría no son africanos, son de otros países. El protagonista es alguien que ya había sufrido una odisea, había hecho un viaje larguísimo, terrible, desde su país, dejando a su familia, su gente, su cultura, su lengua para llegar al norte de África, y ahí tienen o que cruzar en una balsa o saltar la valla. Pero es que cuando llegan a Europa empieza otro viaje que también es terrorífico, que es vivir sin papeles. Vivir con el estrés, con el drama de que te puedan expulsar. Como no estás de forma legal pueden abusar de ti, pueden hacer lo que les dé la gana, te pueden explotar. En el campo puede pasar cualquier cosa, porque eres un sinpapeles. Eres alguien que tiene un cartel en la frente que dice ‘Haz conmigo lo que te dé la gana, porque no me puedo defender’. 

Está ese mantra racista de que vienen a quitarnos el trabajo.

Por eso este drama había que contarlo. La gente que llega después de todo ese largo viaje no viene a España para jodernos, ni para robarnos, ni para violarnos, ni para vendernos droga. Viene a buscar un futuro mejor, a tener una tranquilidad y una paz a la cual todos tenemos derecho. Tenemos derecho a no tener que vivir en un país en guerra, ni en países empobrecidos o desérticos. Tienen derecho a incorporarse, a trabajar. Vienen a ganarse la vida y a ayudar a sus familias que están en sus países de origen, porque no se olvidan de ellos. Y es lo mismo que hacíamos nosotros cuando éramos los negros de Europa, cuando emigrábamos a Francia, Alemania, Suiza.

La película rompe ese y muchos tópicos. El trabajo que hace el protagonista es explotación, en malas condiciones… 

Es que ve a Huelva a ver el poblado de chabolas donde tienen a la gente viviendo miserablemente, siendo utilizados en los campos. El campo español está lleno de inmigrantes trabajando. El otro día salía la noticia de que han venido más de 30.000 personas de Colombia a trabajar aquí porque se necesita gente. Eso quiere decir que los 500.000 que están sin papeles están en esa situación porque teniéndoles así les puede explotar mejor

Antes justo lo mencionaba, es que además España es un país de gente que ha migrado a otros lugares durante toda la historia.

Es que a principios del siglo XX toda la inmigración era de los países pobres de Europa. Los italianos, los irlandeses, los propios ingleses, los españoles… Llegamos a principios del siglo a Norteamérica y a Sudamérica y fue una necesidad que había porque había que buscar trabajo, sino la gente no iba. Lo mismo pasa ahora. La gente viene a Europa por trabajo. También otros porque huyen. Si aquí no hubiera nada, si fuera un desierto, la gente no vendría. Nosotros no les regalamos el dinero. Aquí ven una posibilidad, y hay trabajo por hacer. El que está limpiando la escalera es migrante, el que te viene a arreglar la fibra es migrante. El que te lee el contador es migrante…

La película ofrece también una mirada a temas polémicos como los CIE o los vuelos de deportación.

El mundo de los CIES es otra historia, porque son como cárceles que están a cargo de policías, no de funcionarios de prisiones, personas que no son expertos en el trato a estas personas. Es un tema complicado y muy cerrado. Ni siquiera pudimos visitarlo para conocerlo porque es un tabú. Tú coges una persona que no ha cometido un delito aquí, solo que está en una situación irregular, un chaval como el de la película que por haber cometido una falta administrativa, por haber entrado en el país sin visado, le meten ahí creo que hasta 60 días como si fuera un delincuente. Privado de libertad, solo esperando el momento que le digan que le van a expulsar. Y eso si es que aparece el vuelo, porque puede ser que te pases ahí meses encerrado y luego te tienen que dejar en la calle si no te expulsan. ¿Qué pasa con esos 60 días que te han tenido ahí retenido? Hay un montón de cosas muy feas y muy tristes.

¿Quién está cuidando a nuestros hijos? ¿Quién viene a limpiar la casa? No lo están haciendo las españolas ni los españoles

Benito Zambrano — Cineasta

La película llega con un Gobierno progresista en el que la cuestión migratoria sigue siendo una asignatura pendiente, con las muertes en Melilla y la actuación del Ministerio muy cuestionada. También en un momento de auge de la extrema derecha demonizando a los migrantes. 

Parece que que hemos estrenado la peli a propósito y ha sido una enorme casualidad que se esté debatiendo la ILP sobre la regularización justo ahora y justo antes de tres elecciones donde el tema de migración está saliendo a relucir. A mí me parece que es indigno, que es vil e inmoral utilizar el tema de la inmigración. Culpabilizarles para ganar votos. ¿Qué altura moral tiene la gente que utiliza la inmigración para buscar votos?

Dicen que el principal problema que tiene este país es la inmigración, cuando es la que está haciendo trabajos que nadie quiere. Cuando es la que te está ayudando a crecer poblacionalmente, porque nosotros tenemos una natalidad negativa. Tenemos un problema de crecimiento demográfico. España se ha mantenido gracias a la población extranjera. Hace falta mano de obra. El votante de Vox, el votante de derechas, que tanto habla de España… por favor, ve a los barrios ricos de Madrid. Solo hay que darse un paseo y ver quién va a la compra, quién pasea a los mayores, quién está llevando a los niños a la escuela. Hay mujeres filipinas en régimen de semiesclavitud. Internas que están prácticamente seis o los siete días encerradas en esas casas, trabajando para el mismo que le está poniendo problemas a las migraciones.

¿Entonces que quieren que hagamos? Vale, cerremos las puertas a los extranjeros. Pero también a los ricos. Se las cerramos porque no queremos que nadie contamine nuestro ADN de españoles, nuestra cultura cristiana y nuestra patria. Vale, pero entonces no vayamos de safari, no nos vayamos de excursión al Machu Picchu. No vayamos a ver las pirámides de Egipto. No vayamos a países árabes. No vayamos de excursiones a Túnez. Si tú no quieres que entren tampoco tú puedes ir, porque sería entonces una contradicción. Pero además no es solo eso. Cierra Europa, que en dos años vas a tener que obligar a las mujeres a tener que tener dos o tres hijos. A los hombres a ir al campo, a la mina y a la construcción. Iremos a una distopía por culpa del racismo y la xenofobia. Por mantener un discurso ‘anti’. No hay que ser 'anti' nada, hay que ser 'pro' todo. En este país no sobra nadie, necesitamos gente. Volvemos al principio. Esto ocurre porque tocas los tres grandes temas: economía, raza y religión. Si eres pobre no tienes derecho. Si no eres de mi raza, eres mi enemigo. Si no eres cristiano, tú eres el infiel, tú eres el culpable, Tú eres el malo, el musulmán. Entonces tienes a los pobres negros musulmanes que juntan todos los elementos para que todo el mundo este contra ellos.

Es una expresión que puede sonar pretenciosa, pero ¿siente esta película como importante dentro de su filmografía?

Sí. Esta es mi película más necesaria. No sé si la más importante, pero sí la más necesaria de todas las que he hecho. El salto es una película que yo siento que es muy necesaria, que es una herramienta de denuncia, una herramienta de explicación, una herramienta de concienciación, una herramienta para amplificar y ensanchar la conciencia. No quiero pecar de chulito ni otorgarme ese poder, pero espero que abra la mirada de la gente. 

Meses después de ver morir a decenas de compañeros en la tragedia de Melilla, el joven sudanés Basir (nombre ficticio) acudió a la embajada de España en Marruecos para intentar pedir asilo de forma segura y, a su vez, poner a prueba las palabras de Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior había defendido que los migrantes podían pedir protección internacional sin necesidad de saltar una valla, en los consulados españoles de terceros países, una vía apenas utilizada debido a las restricciones y la arbitrariedad en su aplicación. Aunque el joven logró registrar su expediente acompañado de un equipo jurídico y fue citado para ser entrevistado por las autoridades españolas, la Administración no respondió a su solicitud. Más de un año después, sus abogados recurrieron a la Audiencia Nacional que, tras una negativa inicial, ha exigido al Gobierno el traslado urgente del solicitante de asilo a suelo español.

“Si valoramos la situación personal del recurrente teniendo en cuenta tanto su relato como la situación en el país de origen, creemos que debemos concederle la medida cautelar positiva instada, pues al margen de que no puede descartarse que haya sufrido persecución por causa religiosa, la posición de ACNUR sobre la situación del país de origen es clara”, concluye la Audiencia Nacional en un auto emitido el pasado 29 de febrero, al que ha accedido elDiario.es. El Tribunal ordenó entonces a la Administración la realización de “las actuaciones oportunas” para “promover el traslado a España del solicitante de asilo”.

Transcurrido más de un mes, el Ministerio de Exteriores -competente en la ejecución de la resolución- no ha contactado con Basir para iniciar los trámites relativos a su traslado a España, según confirma el equipo jurídico DEMOS (Estudio legal de derechos humanos), que se encarga de la defensa del sudanés.

“Nadie se ha puesto en contacto con Basir ni tampoco con nuestro despacho. No ha habido ningún intento de comunicación por su parte, ni para la ejecución de la medida cautelar ordenada, ni para explicar los motivos del retraso”, sostiene Adilia de las Mercedes, una de sus abogadas.

Fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores rechazan dar detalles del caso alegando razones de confidencialidad y protección de datos del denunciante. Por su parte, desde Interior sostienen que, una vez cumplido el traslado del joven, se encargará de las medidas necesarias para iniciar su procedimiento de asilo en España. Este medio no ha obtenido respuesta sobre las razones del retraso en la ejecución de la medida cautelar.

Un largo procedimiento

El 13 de diciembre de 2022, Basir solicitó ante la embajada de España en Marruecos la aplicación del artículo 38 de la Ley de asilo, que permite el traslado a territorio español de solicitantes de asilo, una fórmula poco utilizada ante la falta de desarrollo reglamentario en la que suele primar la discrecionalidad de cada embajada. Meses después, el sudanés fue convocado en dependencias consulares para someterse a una entrevista, pero el joven nunca obtuvo respuesta.

Ante la falta de noticias, el equipo jurídico DEMOS interpuso un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por la “inactividad de la Administración”. El sudanés solicitó entonces un salvoconducto para poder desplazarse a España con las medidas de seguridad necesarias para, ya en suelo europeo, pedir asilo. Basir, por tanto, trataba de seguir los pasos que, según el ministro del Interior, debe seguir cualquier migrante para pedir protección, a pesar de que el Defensor del Pueblo, ONG y el Consejo de Europa han reconocido los obstáculos existentes para llevarlo a cabo.

En una primera resolución, la Audiencia Nacional denegó el 15 de enero de 2024 la medida cautelar solicitada por los letrados de Basir. Los magistrados no consideraron probado el riesgo para la vida e integridad del sudanés porque este padecía, concluyeron, las mismas circunstancias de “los que intentan solicitar asilo en el Reino de España o en Europa”. El Tribunal no abordó los peligros del joven en su país de origen, sino que se centro en su paso por Marruecos.

Tras un nuevo recurso interpuesto por el despacho, el 29 de febrero la Audiencia Nacional cambió su criterio y decidió conceder la medida cautelar, lo que supone el traslado de Basir a España. Después de revisar la jurisprudencia y los argumentos de la defensa, el Tribunal entendió que debía analizar el riesgo para la vida del joven en Sudán, el país de origen, en vez de sus circunstancias en el país de tránsito migratorio (Marruecos). Y concluyó que, atendiendo a los criterios de Acnur, Basir corría peligro.

“El cambio de criterio supone, en primer lugar, el establecimiento de un parámetro fijo para la resolución de las medidas cautelares en procedimientos de aplicación del artículo 38 de la Ley de Asilo”, sostiene Adilia de las Mercedes. La letrada añade que la aprobación de una medida cautelar de este tipo “deberá suponer un indicio casi definitivo para la aprobación posterior de la protección internacional, puesto que se basa en los indicios de riesgo de que la persona correría en su país de origen”.

Mientras, Basir sigue escondido en Marruecos ante el constante riesgo de abusos por parte de los agentes marroquíes.  “Tuve miedo el año pasado, tengo miedo ahora y siempre tendré miedo mientras esté aquí en Marruecos, porque me preocupa acabar como muchos otros amigos que han acabado muriendo en Melilla”, dice el sudanés a través de un mensaje de audio en respuesta a las preguntas de elDiario.es. “Son muy agresivos con nosotros y pueden atacarnos en cualquier momento. A veces nadie sabe qué ha pasado con alguno de nosotros. Podemos desaparecer y ya está. Por eso siempre tengo miedo y estoy preocupado”, continúa el hombre, que asegura haber sido expulsado al desierto de Argelia en algunas de las redadas de los gendarmes alauíes.

Basir es cristiano y procede del estado de Kordofán del Sur, una de las zonas donde el conflicto de Sudán es más intenso, detalla el equipo jurídico. En 2013, su padre y hermano fueron asesinados a manos de la etnia Kawalib, el joven resultó “malherido y dado por muerto, pero sobrevivió y fue trasladado a un hospital en el que estuvo varias semanas”.

Su madre le pidió que no volviera a la casa y que se refugiase con un tío en otra región del país, pero tampoco allí estaba seguro. Según su testimonio, sus familiares musulmanes “le maltrataron y forzaron a cambiar de religión bajo la amenaza de denunciarle ante la policía”. Cuando salió de Sudán, pasó por Egipto, Libia, Argelia y Marruecos. 

“En todos esos países ha sido, según su relato, detenido, torturado y sometido a tratos inhumanos. Ante la situación de inseguridad y la imposibilidad de ejercer sus derechos como refugiado no le quedó más opción que tratar de que sea un Estado europeo quien le brinde la protección que necesita”, reclaman sus abogados. 

Los abogados de Basir temen de la falta de cumplimiento de las medida cautelar por parte de la Administración. “Que el Gobierno de España no haya respondido a la petición de Basir –formulada en diciembre de 2022– y que no haya cumplido con lo ordenado por el auto de la Audiencia Nacional, dictado hace más de cuarenta días, es un nuevo ejemplo de que la Administración española no va a dar su brazo a torcer”, añade la letrada.

¿Un precedente?

La posibilidad para pedir asilo en las embajadas españolas está recogida en la Ley de Asilo de 2009 pero su aplicación depende de un reglamento que nunca ha sido desarrollado. Como no existe un procedimiento establecido para solicitar protección en dependencias consulares, esta vía no es una opción estable ni real para quienes necesitan pedir refugio en España, menos aún para los migrantes subsaharianos en Marruecos, que carecen de libertad de circulación por el país.

Aunque no se ha llegado a crear un procedimiento para pedir asilo en las embajadas, los embajadores tienen potestad para emitir un salvoconducto que permita el acceso seguro a España de potenciales refugiados para que, una vez en suelo español, puedan formalizar su petición. La jurisprudencia del Tribunal Supremo apunta que “el embajador, en el marco de sus funciones, tiene la facultad para que, si según su criterio ”la integridad física de esa persona corre peligro“, se lleve a cabo el traslado al territorio nacional.

El Defensor del Pueblo ha recriminado al Gobierno recientemente “la imposibilidad” de que nacionales de terceros países puedan solicitar protección internacional en las representaciones diplomáticas de España en Marruecos, en base a lo establecido por la Ley de Asilo. “A través de las quejas recibidas se comprueba que el primer obstáculo, en la mayoría de las ocasiones insalvable, lo constituye la imposibilidad de acceso físico de estas personas a la embajada”, según una resolución emitida por la institución en octubre. Ángel Gabilondo se mostró entonces preocupado por “el alto número de personas, presumiblemente con necesidades de protección internacional, que se ven obligadas a poner en riesgo sus vidas para poder formular dicha solicitud, en lugar de hacer uso del procedimiento previsto en el citado” en la legislación.

La decisión de la Audiencia Nacional podría i más allá de un caso puntual y marcar la política migratoria. “Que tengamos noticia, el caso de Basir es la única solicitud de una persona africana negra que se ha presentado en la Embajada de España en Marruecos. Que Basir haya llegado tan lejos significa tirar la puerta abajo del bloqueo que la Administración española mantenía en relación con la aplicación efectiva del mecanismo del artículo 38 de la Ley de Asilo en ese país”, apunta la letrada. “Tenemos confianza en que su caso suponga un antes y un después y que realmente la vía del artículo 38 sea una posibilidad efectiva para las personas refugiadas africanas negras que buscan acceder a la protección internacional”, concluye.

Para pedir protección internacional en España, hay que llamar “a sus puertas”, dijo Fernando Grande-Marlaska tras la tragedia de Melilla. Basir llamó a una de ellas, gracias al apoyo facilitado por sus abogados. Un año y cuatro meses después, sigue a la espera de que las autoridades la abran.

Estamos, según el calendario cristiano y occidental, en 2024, y tenemos que seguir haciendo entender que el racismo no sólo mata, sino que nos quita la vida. Cuando se aborda la cuestión del racismo, ahora que se acerca el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial (21 de marzo), las instituciones organizan mesas, jornadas y actos conmemorativos. Estas acciones, en el mejor de los casos, tratan de salir de la experiencia personal e individual, sino que abordan (o se trata) de forma más profunda y estructural.

Sin embargo, debemos de entender qué es el racismo. No es casual la fecha en la que se celebra la lucha contra el racismo, puesto que ese mismo día de 1960 tuvo lugar la masacre de Sharpeville, en la que la policía sudafricana mató a 69 personas que protestaban pacíficamente contra las leyes de pases del apartheid en Sudáfrica.

Debemos dejar de abordarlo como símil de xenofobia y aporofobia, por mucho que se racialice las políticas migratorias y la pobreza, por las políticas económicas y de relación de Occidente con el resto del mundo, y el impacto en quienes habitan (o se parecen a esos quienes) ese resto del mundo. El racismo no es bidireccional, es estructural, beneficiando a las poblaciones que habitamos (con sus pasaportes de la Unión Europea, por ejemplo) este territorio y más aún cuando nuestras características físicas se aproximan a la de la raza blanca.

Y quizás has hecho una mueca al leer raza blanca, pero si no podemos hablar de raza como categoría social, nos será imposible abordar el racismo de forma social, estructural e institucional. ¿O acaso las clases sociales han desaparecido al no ser biológicas? Entendemos que ser de una clase social determinada condiciona nuestra vida hasta el punto de afectar a nuestra salud física, mental y emocional. De la misma forma entendemos que el género no es biológico, pero esta categoría afecta tanto en nuestra vida que impacta en todos los aspectos de nuestra vida hasta naturalizarse.

El racismo nos quita vida, nos quita la vida. Y nos la quita mientras que esperamos horas, días y meses a una cita de extranjería. Nos la quita mientras en la educación formal sigue suspendiendo en materia antirracista. Nos la quita cuando no podemos matricular a nuestras hijas en el sistema educativo por situación administrativa. Nos la quita en los campos en donde las condiciones de semi-esclavitud sigue alimentándonos. Nos la quita cuando por un papel, corremos el riesgo de no recibir en años la atención sanitaria adecuada.

Nos quita vida en las fronteras (concretamente 6.618 vidas en sólo en 2023) por haber ganado la lotería de haber nacido en el lugar incorrecto de este mundo. Nos la quita cuando no podemos confiar en que las instituciones nos protegerán, por no ser blancas, por no ser payas. Nos la quita cuando cualquier avance legislativo, como una ley contra el racismo, se queda en el cajón. Nos la quita cuando nuestras historias no existen sin relación con Europa.

Nos quita la vida cuando no podemos construir proyectos colectivos, proyectos de vida, por tener que resistir a cada embestida que nos da este monstruo llamado racismo, y de la que aquí en el norte parece tener constantes formas de escurrir el bulto para no tomar un papel responsable (no salvador) sobre el mismo. ¿Cuándo dejaremos de decir yo no he sido, yo no estuve allí, para demandar las políticas radicales que exigen las antirracistas y no sólo las estéticas? ¿Cómo apoyamos y fortecelemos las ya existentes?

El antirracismo no es un disfraz, o una etiqueta moral para aumentar nuestro capital social y mejorar nuestra imagen pública.  Dado el carácter y visión del antirracismo, tenemos que entender que es un compromiso político con la vida.

En 2018, Francia cerró los pasos fronterizos con Euskadi en la zona del Bidasoa. Un control migratorio que buscó su justificación en el aumento de atentados terroristas que hizo que las aguas del río vasco se convirtieran en un pequeño Mediterráneo. Solo en el año 2021, 10 personas perdieron la vida intentando cruzar esa frontera. Siete en las aguas del río, otras tres arrolladas por un tren. Ninguna de ellas abrió telediarios ni portadas de periódico. En un mundo donde los muertos en el mar se cuentan por centenas, ellos era casi una nota al pie. No eran ni un número, ni un breve de la última página de la sección de sucesos.

Para Fermín Muguruza son mucho más que eso. Son personas con nombre, apellidos, edad y sueños. Él les pone rostro y cuenta su historia en el documental Bidasoa 2018-2023, un trabajo que se ha presentado en el Festival de San Sebastián y en el que busca poner el foco en una frontera que tiene menos peso aún en las palabras de los políticos. Gracias a la animación, revive a aquellos que perdieron la vida en la frontera del Bidasoa, pero también cuenta la labor de las asociaciones Harrera Sarea (Red de acogida) y Bidasoa Etorkinekin (El Bidasoa con los migrantes).

La idea de su trabajo es que dejemos de pensar en términos de muerte cuando se mencionan palabras como Mediterráneo y Bidasoa. “Es una de las consignas que había. Que esto no sea un Mediterráneo, pero en el sentido precisamente de que identificamos Mediterráneo con fosa común, que es lo que nosotros estamos intentando desmontar. Eso ha sido una manipulación de muchos medios de comunicación. Aquí hablan del río que mata, de la trampa mortal. Vamos a intentar quitarnos eso”, cuenta y pide que mejor la gente piense en la canción de Serrat que en las muertes que pesan sobre el mar.

Un filme lleno de música, de citas a Baroja y a Saramago, que cuenta que todos somos migrantes, y que aquel lugar debería ser de unión entre pueblos, no una zona separada por una frontera creada para impedir la llegada de gente. La primera muerte no fue en las aguas del Bidasoa, sino la de un “chaval de Eritrea que es expulsado por la policía francesa más de dos veces”. “El chaval llega y decide suicidarse. Se ahorca ahí, mirando a Hendaya”, dice Muguruza que, en su película, compara la tragedia con la canción de Billie Holliday Strange Fruit, que hablaba de los esclavos negros ahorcados en EEUU. 

Para cambiar el relato hace falta cambiar el lenguaje, y para eso hace falta que haya un cambio en los medios: “Los medios de comunicación están supeditados a los grandes grupos a los que pertenecen, y cuesta mucho desmontar esos discursos que se van repitiendo. Lo del río que mata es que lo llevamos cinco años escuchando. Lo de la trampa mortal lo dicen hasta los medios de izquierda. Y no son solo los medios, son también las redes sociales. Opinadores que están comprados por diferentes partidos. Estamos hablando de todo un conglomerado en el que para mí tiene mucha importancia lo que serían los trabajadores de la cultura. Yo soy un trabajador de la cultura y por eso necesitaba hacer este documental”.

Responsabilidades políticas

La inacción de Francia y España se materializa en forma del puente de la Avenida que une Irún con Hendaya y que “sigue estando cerrado. El Puente Avenida fue por donde tuvo que huir el 80% de la población de Irún cuando llegaron los fascistas y se fueron a Hendaya. Es un puente histórico y lo tenemos cerrado a cal y canto. Los alcaldes han pedido miles de veces que se abra. Bueno, pues lo abrieron el día del Tour de Francia. Nadie se enteró. Hubo fotos de los dos alcaldes celebrando que se había abierto, y al día siguiente, a las seis de la mañana, lo estaban cerrando otra vez con vallas y está cerrado ahora mismo”.

Motivos que le hacen pensar que “es muy difícil transmitir algo positivo cuando la impotencia y la humillación a la que nos están sometiendo es algo que no se puede soportar”. “Pero es que encima la policía española también está colaborando. Se publicó en el Diario Vasco. Se descubrió que el cabeza de la Policía Nacional Española de Irún daba días libres y sobresueldo a todos los demás policías que estaban en la frontera según cuántos migrantes iban cazando. Y eso ha salido aquí, pero no ha salido por los demás sitios. Se ha callado esto y es algo que llevan haciendo desde hace años. También hay una complicidad. Hay algo que no sabemos, algo que nos tendrá que explicar Grande-Marlaska. Como tendrá que explicar lo de los 100 muertos de Melilla, nos tendrá que explicar esos nueve muertos del Bidasoa. Hasta aparecieron pintadas que decían ‘Macron asesino’. Macron tiene nueve muertos aquí en Bidasoa”, zanja.

El cine es una gran herramienta que siempre hemos tenido desde que Bertolucci dijera que él filmaba 'Novecento' como si tuviera un arma

Fermín Muguruza — Director de cine

Fermín Muguruza se define como “pesimista pero activo”, aunque sigue creyendo en que “el cine puede conseguir cosas”. “Por eso estamos aquí. El cine es una gran herramienta. De hecho, el cine activista, como es en este caso esta película de denuncia, de guerrilla, de combate, es una de las grandes herramientas que tenemos y que siempre hemos tenido desde que Bertolucci dijera que él filmaba Novecento como si tuviera un arma, hasta el cine actual. Ahora que hemos visto aquí la última película de Aki Kaurismaki, pues la anterior, Le Havre, nos enseñaba la humanidad de la inmigración, y ese es un poco el objetivo que tenemos también con esta película”, asegura.

En lo político se describe igual: “Pesimista pero activo. Por eso, yo que apoyé a Bildu, también apoyo que no salga la derecha. Sabemos lo que acaban de hacer a nivel cultural nada más entrar en Asturias, que ha sido cancelar los conciertos de los grupos que cantan en asturiano y eso es demencial, como estamos viendo también en País Valencià lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a ser pesimistas pero activos. No vamos a permitir que esos lleguen al Gobierno y vamos a ser todo lo crítico que podamos precisamente con el nuevo Gobierno que salga”. Un activismo para conseguir el lema de Pío Baroja: “Un pueblo sin moscas, sin frailes y sin carabineros”.

Decenas de personas negras tiradas en el suelo de la plaza Mayor de Ciudad Real entre zapatos, mochilas, camisetas y otros objetos simbólicos de quienes fallecieron o desaparecieron hace un año cuando pretendían llegar a territorio europeo, junto a una valla en la que se podían leer sus nombres y apellidos.

Así han denunciado activistas de Amnistía Internacional, Pacifistas Ciudad Real, la Red de Apoyo Popular y la Asociación Tilia y otros colectivos antirracistas “el absoluto desamparo” que viven las familias de decenas de personas migrantes, en su mayoría de origen sudanés, que habrían perdido la vida el pasado 24 de junio en la masacre de Melilla.

Con un megáfono, Julia y Valentín, ambos jóvenes estudiantes de Guinea Ecuatorial, leyeron el relato de las ocho horas que estas personas estuvieron sin ser atendidas en la frontera de Melilla con Marruecos. Otro joven, Juan, cantaba contra aquel suceso y finalmente se procedió a la lectura de un manifiesto conjunto.

Con motivo del primer aniversario de la llamada 'Masacre de Melilla'. las organizaciones han denunciado “la impunidad, la falta de investigación y de cualquier tipo de reparación tras una actuación de las fuerzas policiales españolas y marroquíes” en la que al menos 37 personas fallecieron y al menos 77 desaparecieron de acuerdo a cifras de Naciones Unidas.

 “Un año después, ningún funcionario, marroquí o español, ha comparecido ante la justicia por las violaciones de derechos que provocaron la muerte, la desaparición y las heridas de tantas personas. Más de 100 familias siguen sin saber qué fue de sus seres queridos, no han recibido ningún apoyo para encontrarlos ni se les ha ofrecido ningún tipo de reparación”, denunció Alfonso Sánchez, portavoz de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha.

Además, Amnistía Internacional, Pacifistas Ciudad Real, la Red de Apoyo Popular y la Asociación Tilia reclaman a los partidos políticos que en la próxima legislatura “Ceuta y Melilla dejen de ser lugares donde es prácticamente imposible pedir asilo”, y donde se aplica una legislación excepcional al margen de las obligaciones internacionales contraídas por España.

La acción tenía lugar el sábado, después de que en Toledo se celebrase otra protesta la pasada semana. Ayer domingo, también se sumaba Guadalajara con un acto frente a la Subdelegación del Gobierno de España con “un recordatorio de lo sucedido hace un año en la valla de Melilla” donde se informó tanto a asistentes como a los viandantes “de lo trágicamente acontecido y ya muy divulgado, poniéndole esta vez nombre a algunos de los asesinados representados mediante unas altas figuras de color negro, con nombre”.

Fue el 24 de junio de 2022 alrededor 2.000 personas, en su mayoría de origen sudanés, trataron de cruzar la frontera entre España y Marruecos por el puesto fronterizo de Melilla. La policía española devolvió de forma sumaria y sin garantías a Marruecos al menos 470 personas, según cifras del Defensor del Pueblo. Durante horas, cientos de personas que permanecieron en el puesto fronterizo sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria, a pesar de que las ambulancias se encontraban en la zona.

 Posteriormente, alrededor de 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas de Marruecos, “donde las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera sin atención médica. Algunas de ellas habrían sido trasladadas por la fuerza a más de 1.000 kilómetros de la frontera”, denuncia la organización humanitaria. 

Cuando piensa en el 24 de junio de 2022, Ibrahim se recuerda corriendo con la cabeza ensangrentada, pero sin ser ni consciente de la gravedad del golpe, para evitar ser atrapado por la Guardia Civil y esquivar una probable devolución. Fue uno de los primeros en saltar la valla, pero no conoció la magnitud de la tragedia hasta 15 días después, tras salir del hospital de Melilla. Se enteró entonces de que su amigo Saeid se había quedado atrás. Nadie sabía nada de él.

Ahora Ibrahim vive en Córdoba, tiene residencia en España como solicitante de asilo y aprende español con el objetivo de seguir adelante en suelo europeo, como tanto había deseado. Sus palabras, sin embargo, no transmiten felicidad. “Este era mi sueño, pero ahora se ha convertido en un sueño triste. Nunca me había imaginado que para entrar a Europa tenía que perder a tanta gente y a tantos amigos”, dice el joven chadiano, de 20 años, por teléfono desde la ciudad donde reside después de haber sido trasladado a la península tras su paso por Melilla.

Un año después de la tragedia de Melilla, supervivientes de los hechos –distribuidos ahora entre Marruecos, España y distintos países europeos– piden justicia y relatan a elDiario.es el impacto que ha tenido en sus vidas lo ocurrido en la frontera el 24 de junio de 2022. Según las cifras oficiales, 23 personas perdieron la vida en la valla melillense, pero la ONG Caminando Fronteras eleva los datos a 40 fallecidos y 70 desaparecidos. Aquel día, casi 2.000 migrantes intentaron alcanzar la ciudad autónoma sorteando la frontera por el paso fronterizo de Barrio Chino, donde se formó una avalancha humana en la que fallecieron decenas de personas, tras una respuesta violenta por parte de los gendarmes marroquíes y un dispositivo caracterizado por la falta de auxilio de las autoridades españolas y marroquíes.

A pesar de la insistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en que “ningún hecho trágico” sucedió en Melilla, la investigación periodística del consorcio Lighthouse confirmó que al menos una persona cayó muerta en el lado español de la frontera. Un año después de los hechos no hay ninguna investigación independiente abierta sobre lo sucedido, después de que el PSOE bloquease una comisión de investigación solicitada en el Congreso. La única instrucción sobre la tragedia, abierta por la Fiscalía, fue archivada. La semana pasada, cinco ONG registraron una querella en los juzgados de Melilla para solicitar una investigación rigurosa de lo ocurrido en la frontera, aunque aún no ha sido admitida a trámite.

“Ha sido un año muy duro”

“Ha sido un año muy duro. He sufrido mucho. Desde entonces, hemos estado muy pendientes de nuestros amigos desaparecidos y aquellos que creemos que están en prisión”, cuenta Ibrahim por teléfono desde Córdoba. “Lo más duro ha sido la separación de mi amigo. Él era un pilar para mí y me preocupa no saber nada de él”, repite Ibrahim. 87 migrantes que participaron en el salto aún se encuentran detenidos en Nador y en otras cárceles del país, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). “No hay información pública sobre los juicios a estas personas ni sobre el resto de personas que fueron trasladadas” a otros puntos del país, ha denunciado Amnistía Internacional.

Por mensaje, Ibrahim muestra un listado, facilitado por la AMDH de Nador, de los nombres de los sudaneses encerrados en prisión por Marruecos tras la tragedia de Melilla. Señala uno de ellos con una flecha verde. Saeed Musa Ahmed Adam. Piensa que puede ser su amigo. “Su nombre es Saeid Ahmed Musa Adam, pero aquí está registrado una mezcla”. Confía en que sea él.

Un nombre y unos apellidos desordenados son todas las noticias que tiene Ibrahim de su amigo Saeid, sudanés de 22 años, con quien realizó la mayor parte de su trayecto hasta Marruecos. “Durante muchos meses no supimos si estaba vivo o muerto”. No ha podido hablar con él, y su familia no deja de llamarle para preguntar sobre el estado de su hijo o hermano. También los de otros compañeros, de los que no tiene ninguna información. 

Durante estos 12 meses, solo una familia ha logrado identificar y enterrar uno de los cuerpos de los al menos 23 cadáveres de las víctimas de la tragedia. Se trata del de Adam Bikhit. El resto de cadáveres continúan en las morgues de Marruecos, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Nador, que no deja de recibir las llamadas desesperadas de los familiares de desaparecidos. “Marruecos no da ninguna información. No sabemos nada. No podemos responder a los familiares. Están desesperados. Un duelo en estas circunstancias es un duelo eterno”, dice Helena Maleno, fundadora de Caminando Fronteras, en contacto también con los allegados de las víctimas. “Las autoridades marroquíes han declarado que no enterrarán los cadáveres sin identificación, pero tampoco facilitan la identificación de los cuerpos”, sostiene Amnistía Internacional.

En España, Ibrahim se ha recuperado de la contusión sufrida en su cabeza hace un año. Intenta aprovechar los 18 meses en un alojamiento para solicitantes de asilo en Córdoba para aprender español. “Estoy muy triste. Tengo que asimilar que hay que salir adelante, estudiar… pero nos acompaña ese dolor, ese pensamiento”, reflexiona el chadiano, quien buscaba llegar a Francia pero ha decidido permanecer en nuestro país hasta que se resuelva su solicitud de protección internacional. “Hay una cierta culpa para los que hemos pasado a España. Estamos aguantando, nos estamos armando de paciencia, nos callamos por aguantar. No se nos escucha, no puedo hablar con mi amigo, no sé nada de él, ni de mucha gente querida desaparecida”.

“La culpa siempre nos va a acompañar a quienes ese día nos quedamos en Melilla. ¿Por qué mi hermano se queda y yo paso? ¿Quién no va a sentir culpa?”, lamenta el chadiano.

“Me siento abandonado”

Entre los que se quedaron al otro lado de la valla de Melilla, quienes pasaron horas al sol amontonados unos sobre otros en el patio del paso fronterizo de Barrio Chino, se encuentra Salah. Este joven sudanés de 20 años llegó a Marruecos un mes antes de la tragedia. Aquel 24 de junio fue su primer intento de entrada a la ciudad autónoma. Desde Dajla –Sáhara Occidental ocupado–, relata su trayecto migratorio, su paso por Libia, Níger y Argelia, pero le cuesta recordar lo vivido en la frontera española. “Lo pasé muy mal, sufrí como todos los demás”, se limita a decir. El sudanés, potencial refugiado, llegó a entrar en España tras saltar la alambrada pero fue devuelto en caliente por la Guardia Civil, como lo hicieron con 470 personas, según las cifras aportadas por el Ministerio del Interior al Defensor del Pueblo.

Tras el salto, Salah cuenta que fue encerrado en un centro de detención durante tres días y, una vez liberado, los agentes le trasladaron en la frontera con Argelia. “Me dejaron allí abandonado y conseguí volver a Marruecos”, recuerda el joven. “No sé dónde están muchos de mis amigos”.

Tras pasar por distintas ciudades de Marruecos, Salah se ha trasladado con varios amigos a Dajla, la ciudad que se ha convertido en punto clave de salida en la ruta migratoria hacia Canarias, una de las más peligrosas. “La vida es muy difícil en Marruecos, bajo a Dajla porque nos dejan tranquilos. Aquí consigo algunos días de trabajo en la construcción, me da para salir adelante y comer algo”, explica el sudanés, quien quiere volver a intentar migrar a España. “Me da igual mar o tierra. Pero el mar es caro, la valla no. No sé si tendré suficiente dinero para pagar una barca. Si no, lo volveré a intentar por Ceuta y Melilla”. Durante las semanas posteriores a la tragedia de Melilla, desde el Ministerio del Interior se destacaba el papel de las mafias en la organización del salto a la valla. Sin embargo, desde el inicio, los supervivientes defendieron que no había ninguna red detrás del intento de entrada, sino la autoorganización, ya que los migrantes no tienen que pagar dinero por intentar sortear la alambrada, como sí ocurre en el caso de las travesías en patera.

“Pido justicia. Con la situación que hemos vivido, y siendo refugiados, pido que se nos permita viajar a Europa”, dice Saleh, mientras continúa malviviendo en Marruecos a pesar de haber pisado España y no poder regresar a su país, donde el conflicto se ha recrudecido en los últimos meses. “Mi situación es muy complicada. Me siento abandonado. Estoy en un limbo, no sé qué hacer”, lamenta el joven.

Hace dos años, un joven senegalés, Abdou, cayó exhausto en la orilla de la playa del Tarajal después de nadar desde Marruecos durante 20 minutos. Una voluntaria de Cruz Roja, Luna, empezó a atenderle en suelo español mientras, agotado, tosía y expulsaba parte del agua tragada durante el trayecto. Tiempo después, ya con ropa seca, el hombre rompió a llorar y abrazó a la chica en busca de consuelo, preocupado por un hermano del que desconocía su paradero. La imagen, que despertó ataques machistas y racistas de la extrema derecha, se convirtió en símbolo de la crisis migratoria de Ceuta de 2021 y empujó, bajo el lema de “Gracias Luna”, las reacciones de solidaridad de miembros del Gobierno. Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior del mismo Ejecutivo devolvía en caliente a casi todas las personas que pisaban suelo español, incluido Abdou. 

El senegalés, apoyado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), denunció el año pasado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) su devolución en caliente a Marruecos, pero la Corte ha rechazado investigar el caso, según ha confirmado la ONG demandante a elDiario.es. Junto a la demanda, la organización había presentado las imágenes que recogen el retorno completo del joven desde la ciudad autónoma al lado marroquí de la frontera, realizado a plena luz del día y frente a la prensa nacional e internacional. Pero no fue suficiente.

Estrasburgo ha inadmitido la demanda apelando a la sentencia del caso N.T. y N.D., con la que la Gran Sala cambió de criterio en 2020 y avaló la devolución en caliente de dos jóvenes migrantes, practicada por la Guardia Civil en Melilla en 2014. Mientras el Tribunal reconoció entonces la falta de un estudio individualizado de cada caso, como exige la legislación comunitaria antes de retornar a cualquier persona, la Corte avaló las devoluciones bajo la premisa de que estas personas podrían haber pedido asilo por vías de acceso legal a España. 

Aunque en la legislación existen determinados mecanismos para pedir protección internacional desde los países de origen y tránsito, en la práctica no existen vías legales de entrada a España para quienes huyen de países africanos, por lo que estas personas se ven forzadas a migrar de forma irregular, según han constatado diversos organismos, como el Consejo de Europa o el Defensor del Pueblo. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado lamenta la decisión del tribunal europeo y recuerda que la sentencia de la Gran Sala se refiere al caso particular N.D. y N.T., por lo que solicita que siga estudiando casos de devoluciones en caliente desde Ceuta y Melilla. “Ya avisamos de que esta sentencia era muy decepcionante y suponía un retroceso en la defensa de los derechos humanos. Aquí tenemos un ejemplo”, sostiene Elena Muñoz, responsable jurídica de CEAR, en declaraciones recogidas por elDiario.es. 

Abdou, desesperado

Tras su entrada en suelo español y su posterior devolución, Abdou, de 27 años, continúa malviviendo en Casablanca, detalla CEAR. La ONG ha comunicado recientemente al joven senegalés la respuesta de Estrasburgo de rechazar el estudio de su caso. “Estaba esperando conocer la decisión para ver si había alguna posibilidad de llegar a Europa [de forma regular]. En Marruecos la situación es bastante complicada, mucha precariedad, y el hecho de que se le haya cerrado esta puerta le ha hundido”, explica Muñoz, quien ha hablado con el joven durante la última semana. “Está desolado y va a intentar otros medios menos seguros para intentar llegar a Europa. Es preocupante que le pueda suceder algo”. 

Hace casi dos años, CEAR localizó a Abdou en un hostal de Casablanca tras la intervención de la corresponsal de RTVE en Marruecos y su equipo, que lograron entrevistar al joven semanas después de la crisis migratoria de Ceuta. El senegalés estaba en una “situación de salud bastante terrible”. Según explicó la secretaria general de la ONG, Estrella Galán, Abdou “necesitaba una atención médica que no había recibido en su momento [antes de ser devuelto, a pesar de haber entrado a Ceuta]”. 

“No tuvo acceso a asistencia legal, ni médica, ni a intérprete que pudiese entender en su idioma, como marca todo el marco internacional y estatal para que se produzca ese rechazo en frontera”, explicó. Ninguna autoridad preguntó a Abdou, ni a tantos otros, por las razones que le habían empujado a cruzar el espigón fronterizo a nado, solo la voluntaria de Cruz Roja pudo ofrecerle agua, comida, ropa seca y un abrazo para, tiempo después de permanecer en la playa ceutí, ser retornado a Marruecos de manera automática, en un operativo compartido por la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. Y esa falta de procedimiento individualizado incumple la normativa europea, recuerda la ONG que apoyaba a Abdou en el proceso. 

La devolución

Según el testimonio de Abdou, recogido por CEAR y enviado a Estrasburgo, el joven salió de Casablanca el 16 de mayo de 2021 hacia Tánger “después de escuchar que iban a abrir la frontera hispano-marroquí” por parte de las autoridades alauíes. Dos días más tarde, el 18 de mayo, nadó “unos 15 o 20 minutos” para llegar a Ceuta. El joven pisó la playa ceutí “a las ocho de la mañana y hasta las cinco de la tarde estuvo tirado en la playa”, explicó la ONG. “Estuvo nueve horas en suelo español”. 

Transcurrido ese tiempo en Ceuta, el senegalés “fue devuelto sin mediar procedimiento, identificación individual, sin asistencia letrada, sin asistencia de intérprete y sin ningún tipo de información por parte de las autoridades españolas”. La organización defiendió ante Estrasburgo que esta actuación viola el protocolo 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en lo que se refiere a la prohibición de toda expulsión colectiva. También apuntaba al incumplimiento del artículo 13 del Convenio Europeo para los Derechos Humanos, que garantiza la posibilidad de que cualquier persona forzada a retornar a su país pueda recurrir la decisión de manera efectiva. 

“La devolución inmediata de los extranjeros en Ceuta el 18 de mayo de 2021”, entre ellos Abdou, “se realizó sin procedimiento de identificación, que permita el análisis individualizado de la situación de cada uno, donde las personas extranjeras puedan exponer sus argumentos y la ausencia de resolución de expulsión que pudiera garantizar el acceso a un recurso efectivo”, expone por escrito la abogada de Abdou ante el tribunal. En una entrevista en RTVE.es, Luna, la voluntaria de Cruz Roja, reconoció sentirse culpable por no haber podido evitar su devolución y, según decía, no había tenido tiempo para conocer su situación particular y las razones que le empujaron a migrar.

El Gobierno de Mariano Rajoy intentó regular las devoluciones en caliente en 2014 mediante la Ley de Seguridad Ciudadana, a través de una nueva figura llamada “rechazo en frontera”, que no da carta blanca a este tipo de retornos inmediatos pues exige garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de derechos humanos. A pesar de las promesas para acabar con las devoluciones en caliente por parte del PSOE, el actual Ministerio del Interior ha defendido y mantenido este tipo de actuaciones en las fronteras de Ceuta y Melilla. 

Interior sostiene que este tipo de devoluciones están amparadas por la sentencia de 2020 del Tribunal del Europeo de Derechos Humanos, que tras haber condenado a España en primera instancia por uno de estos casos documentados de retornos inmediatos la exculpó finalmente en la Gran Sala. Sin embargo, organismos internacionales continúan condenando la aplicación de los retornos sin procedimiento dado que, entre los migrantes retornados, puede haber personas que necesitan pedir protección.

Hace unos días, en este diario, el columnista Javier Pérez Royo concluía que la frustrada reforma de la ley mordaza era un ejemplo de cómo lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo mejor era derogar la ley; lo bueno, reformarla.

Me voy a permitir discrepar con la idea, incluso entusiasta del columnista, de que aprobarla hubiera sido un gran paso para la democracia de este país. Voy a contradecir la idea de que liberarnos de una parte de la mordaza es bueno. Y sobre todo, voy a rebatir la idea de que hecha la reforma estaríamos más cerca de eliminar dos prácticas lesivas contra migrantes, como las pelotas de goma y las devoluciones ilegales, gracias a una supuesta y providencial movilización ciudadana. Yo creo que estaríamos más lejos.

Aceptar esta tesis equivaldría a eliminar ahora mismo la impunidad policial salvo para cuando estos afecten a las personas negras que cruzan la frontera, es decir excluyéndolas de la reforma, otra vez postergándolas, por lo menos hasta que los demás decidamos movernos.

Yo les voy a contar qué ocurre cuando la ciudadanía realmente se mueve por los migrantes, como en el caso de la consecución exitosa de las 500 mil firmas para la ILP Regularización: Que todo vuelve a foja cero al llegar al Congreso. No estoy hablando de lo que vota la derecha o la ultraderecha, eso ya lo sabemos. Estoy hablando de lo que aprueban o no aprueban las izquierdas. RegularizaciónYa no salió la primera vez y estamos en peligro de que la historia se repita.

El reformismo se caracteriza precisamente en no poner alto a lo urgente para priorizar lo secundario. Por eso es que el antirracismo ha sostenido que la palabra clave no es reforma sino derogación. Pero es que también lo sostuvo Pedro Sánchez en su nada reformista y ya popular tuit-fake electoral en el que ofrecía la derogación total de la ley mordaza y el rechazo rotundo de las devoluciones ilegales. Pocos años después, sus palabras se caen de falsas. Y también todo lo demás.

En esta ya agónica legislatura los temas más urgentes para la comunidad migrante y que sufre la discriminación racial se han quedado en el tintero: la regularización, la ley antirracista promovida por el Ministerio de Igualdad, la abolición de la ley de extranjería y la justicia para las víctimas de Melilla. Lo grave es que la omisión de estos temas de la agenda política sigue legitimando la violencia contra las poblaciones racializadas. 

Esta semana, la Asamblea Antirracista de Madrid señaló las responsabilidades del Ministerio de igualdad, de Irene Montero y Unidas Podemos en la impunidad del caso Melilla, haciéndose eco de algunas de las críticas que a propósito del 8M esgrimía un comunicado anterior de la Red Afro. Ambos comunicados denuncian que el intento (de distinta utilidad) por blindar la ley de 'solo sí es sí' de un lado y el sillón de Marlaska del otro, desencadenó en un voto cruzado que cimenta un pacto PSOE-UP para acallar la masacre. Recordemos que dentro de Igualdad se encuentra la lucha contra la discriminación étnico racial. Ese pacto es, por tanto, una afrenta a los principios de su ministerio y mancha las manos de Montero, que puede tener buenas intenciones pero de esas están construidas las paredes del infierno. 

La primera reacción ante este posicionamiento político ha sido acusar a las manifestantes de hacerle el juego a la derecha o de dejarse instrumentalizar. No solo es un derecho sino un deber interpelar libre y conscientemente a quienes dieron sus votos cuando ya quedan pocos meses para las elecciones y no han cambiado las cuestiones de fondo que prometieron revocar. Decir que pones en el centro a la vida y dar un aprobado a quien mata y niega auxilio a las vidas negras, es una burla a la comunidad migrante. 

Sangran estas nuevas postergaciones. Porque el aplazamiento significa muerte y no es ético, ni de izquierda, ni antirracista, ni democrático. Nos coloca más lejos del derecho y de la protección de la vida. Ese era el cariz de esa reforma.

¿Por qué no pueden acabar con las prácticas execrables contra migrantes pobres de una vez? Ya lo dijo una diputada de ERC, María Dantas, de poder se puede y en caliente, en el lapso de una semana. Lo que pasa es que el gobierno no quiere. 

Las comunidades racializadas se han sumado siempre a apoyar la Ley trans y las políticas públicas contra la violencia de género. ¿Por qué el gobierno feminista no hace más por la ley antirracista, por las mujeres migrantes, por las migrantes trans, por las putas trans migrantes? El PSOE ya regularizó antaño migrantes, ¿por qué no vuelve a hacerlo? La ley de extranjería sigue condenando a miles, ¿por qué no es abolida? ¿Por qué no cae quien tenga que caer?

Sabemos muy bien que extranjería es la piedra de toque de las negociaciones institucionales. El lugar en el que casi no hay diferencia entre la derecha y la izquierda. ¿Qué ejemplo le damos a la sociedad española, campo fértil para la ultraderecha, si seguimos poniendo por delante las reivindicaciones de unos sobre la tragedia de los otros? ¿Cuál es la diferencia entre el fondo de este pensamiento y un eslogan de Vox? Se sigue dejando la justicia social migrante y racializada para el final. Hasta cuando un barco naufraga en los botes salvavidas primero se socorre a las personas más vulnerables. Pero en España no, porque aquí lo peor es amigo de lo bueno.

La escritora y politóloga Lea Ypi contaba en un artículo hace unas semanas que durante unas vacaciones observó una tortuga que avanzaba justo entre la frontera de Albania y Grecia. Ella y sus hijos habían hecho cola para que les sellaran el pasaporte, un proceso burocrático molesto, pero inofensivo en comparación con la experiencia de su madre, que en 1997 se subió sobre la marcha a un barco para huir a Italia en medio de la guerra civil de su país, Albania. 

Lea Ypi se graduó en universidades en Roma y Oxford, vive en Reino Unido desde hace 15 años, es profesora de teoría política en la London School of Economics y autora de Free, unas extraordinarias memorias sobre su niñez y adolescencia en Albania durante el régimen comunista y su caída que se han traducido a una veintena de idiomas. Ya le queda lejos el temor de su madre mientras limpiaba casas con la amenaza de la deportación y la esperanza de ver a la familia que había dejado en Albania. O el miedo de los albaneses que huyen ahora de bandas criminales, llegan en bote cruzando el canal de la Mancha y son el objetivo prioritario de la nueva ley de inmigración del Gobierno británico para prohibir a los refugiados pedir asilo en contradicción con las convenciones internacionales en vigor. 

“¿La tortuga es griega o albanesa?”, preguntaba el hijo de seis años de Ypi, inocente sobre la soberanía nacional, el Estado de derecho, los traficantes de drogas, animales y personas y lo que supone un pasaporte. “Las tortugas no tienen país”, contestó la escritora. Las personas, sí. Pero el concepto de frontera no es ni tan antiguo ni tan natural como asumimos en nuestra estable democracia occidental. 

La frontera física y política tal y como la entendemos hoy es una idea del siglo XIX y la clasificación de las personas que pueden o no atravesar esa frontera, durante cuánto tiempo y con qué derechos es aún más reciente. La ley de inmigración con controles fronterizos del Reino Unido es de 1905; la ley que limitaba la migración a Estados Unidos con un sistema de cuotas por país de origen es de 1924. Las cuotas no se extendieron hasta los años 30 del siglo XX, esencialmente para limitar la llegada de judíos perseguidos por los nazis a países de Europa y América. El actual sistema de visados, permisos de residencia, trabajo o estudios y distintos grados de protección internacional para quienes huyen de la guerra y la discriminación es todavía más reciente. Buena parte de las fronteras actuales tienen sólo unas décadas. Ahora hay unos 200 países en el mundo (el número exacto es objeto de cierto debate), más del doble que en 1945. 

Para qué sirve la frontera

Las fronteras ordenan el flujo de personas, animales y cosas, reafirman el poder del Estado, son parte de la organización para administrar recursos y facilitan la lucha contra el crimen en busca de terroristas y traficantes. En un segundo plano, cada vez más anticuado por la globalización, definen comunidades unidas por la lengua, la historia, la geografía y las tradiciones.

En el más benigno de los escenarios, las fronteras crean una fricción burocrática que puede ser molesta, absurda y costosa en términos de tiempo y dinero, como piensa cualquiera que coja un tren entre Reino Unido y el continente europeo y pase por el doble control de la policía británica y, a pocos pasos, la policía francesa (¿no pueden compartir la información? ¿por qué es tan ineficaz el sistema como para que el Eurostar ya no pueda vender todos los asientos?). Es una fricción que implica gastar unos cientos de dólares más en papeleo para visitar Estados Unidos y unos miles en abogados para poder aceptar una oferta de trabajo, si es que la empresa tiene paciencia para esperar y demuestra que no hay ninguna otra persona en el país capacitada para esa labor. 

Pero, en el escenario más dramático, las fronteras suponen la llegada de decenas de miles de personas en condiciones penosas en patera en el Mediterráneo, a pie en el desierto de Arizona o escondidas en un camión en Bulgaria en una ola de desesperación, detención y muerte. Entre 2014 y 2020, al menos 50.000 personas perdieron la vida intentando llegar a otro país, según la agencia de la ONU especializada en migración. Decenas de miles de personas están en paradero desconocido. Menores, especialmente vulnerables, acaban siendo explotados hasta por empresas reputadas en los países con más vigilancia. 

El control de esas fronteras supone centros de detención improvisados, sobrepasados y en condiciones insalubres en jaulas en Texas, en un campamento en Canarias o en hoteles en el sur de Inglaterra. Cuesta encontrar un gobierno capaz de gestionar de manera eficaz y respetuosa esta realidad. El control y la represión implican una inversión de decenas de miles de millones, un negocio para unas pocas grandes empresas (como las españolas que más contratos consiguen) y una operación constante de seguridad que supone estrés, dolor y castigos también para los agentes de frontera. Cuando se acumulan las muertes, lo llamamos “tragedia” mientras suele faltar la rendición de cuentas que tal vez podría evitar la siguiente.

Pese a sus normas rígidas sobre el papel, las fronteras suelen ser también líneas discontinuas con reglas incoherentes (¿por qué el tren para durante horas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá pero si uno vuelve en coche lo dejan pasar sin más? ¿por qué en la Costa Oeste apenas existe la frontera entre el estado de Washington y la Columbia Británica pero te pueden detener durante semanas si te pasas por error una línea que no está marcada?). Las reglas cambian y se adaptan a necesidades pasajeras con arbitrariedad y construcciones tan complicadas como la de Irlanda del Norte después del Brexit. 

La frontera es un símbolo para políticos que se agarran a un muro como espejismo de seguridad, a un hotel de cuarentena cuando no se puede parar una pandemia o a un pasaporte para castigar a periodistas por hacer su trabajo, un clásico de dictaduras recién puesto en práctica por Daniel Ortega en Nicaragua. En casos extremos, los inventos sobre la historia de la frontera son una excusa para la barbarie de regímenes enfurecidos, como ha mostrado la Rusia de Vladímir Putin. 

¿Cuál es la alternativa?

“El sistema no funciona” es una frase repetida a menudo cuando se habla de fronteras. Pero, ¿cuál sería la alternativa? 

Los más radicales, a menudo libertarios y anárquicos, abogan por la eliminación de cualquier línea divisoria para un cambio que raya en el final del Estado, pero es difícil imaginar un escenario de ese tipo donde se puedan aplicar reglas de convivencia y bienestar. Los críticos de esta opción insisten en la necesidad de la sociedad de crear “categorías y compartimentos” para progresar y en que “las fronteras crean orden”. 

La otra alternativa no convencional pero que no aboga por acabar con los estados-nación es la de las fronteras abiertas para que cualquiera pueda viajar, instalarse y trabajar o estudiar en cualquier lugar mientras cumpla con las obligaciones y reglas de esa sociedad, como pagar impuestos, darse de alta en un padrón o escolarizar a los niños. Esta versión también tiene un seguimiento académico limitado, en parte por la relativa juventud de la idea contemporánea de frontera y el sistema migratorio actual. Y en parte por la falta de conexión con las políticas públicas, incluso entre los defensores de reglas migratorias más flexibles y menos excluyentes. 

Los argumentos a favor de la frontera abierta más habituales son el utilitarista y el moral. 

El argumento utilitarista

El primero tiene que ver con la riqueza que pueden generar las fronteras abiertas con la libre circulación de personas y bienes en un contexto de bienestar de los países más desarrollados. El punto de partida de los economistas Paul Klein, de la Universidad de Estocolmo, y Gustavo Ventura, de la Universidad Estatal de Arizona, es que la diferencia de productividad y la escasez de mano de obra -como la que ahora estamos viviendo en países ricos- indican que los trabajadores están “mal distribuidos” por el mundo. En su estudio de 2007, estimaron que si se suprimieran las barreras para el desplazamiento libre de personas la economía mundial aumentaría su valor en unos 100 billones de dólares. Ante el contraargumento de que la libertad de movimiento supondría mucha presión para los estados del bienestar de los países más desarrollados, otros académicos han estudiado la clave: la capacidad (o no) de esos países de recaudar impuestos de los nuevos trabajadores, residentes y ciudadanos. 

El beneficio de fronteras abiertas dependería también de la dimensión de cada país. Por ejemplo, según otro estudio, si Estados Unidos abriera completamente su frontera con Canadá crecería, pero menos que su vecino del norte, y si lo hiciera con México perdería unos puntos de producto interior bruto mientras el vecino sureño se enriquecería. La diferencia está en que Estados Unidos es tan grande que estas fusiones “importarían poco”. 

Otro dato que se puede considerar es la movilidad de los migrantes cuando no consiguen sentirse parte de una sociedad o cuando las condiciones económicas se vuelven desfavorables. El número de extranjeros cayó en España después de la crisis financiera, como mostraron entonces los registros del padrón y las inscripciones en los colegios. Ha vuelto a pasar lo mismo por el efecto de la pandemia.

El argumento moral

El gran teórico de las fronteras abiertas desde el punto de vista moral es el profesor de la Universidad de Toronto Joseph Carens, que en 1987 publicó Aliens and Citizens para retar el principio del sistema migratorio que se estaba consolidando en esa década. Desde entonces, ha publicado varios libros y ha dado discursos sobre el tema con comparaciones provocadoras.

“La ciudadanía en las democracias occidentales es el equivalente moderno al privilegio feudal de clase, un estatus heredado que aumenta de manera enorme las oportunidades en la vida de uno. Haber nacido como un ciudadano de un estado rico en Europa o en América del Norte es como haber nacido en la nobleza en la Edad Media (aunque muchos de nosotros pertenezcamos a la nobleza baja). Haber nacido en un país pobre en Asia o África es como haber nacido campesino (aunque haya campesinos ricos y unos pocos consigan entrar en la nobleza)”, dijo Carens en su conferencia de Filosofía en la Universidad de Münster, en Alemania, en 2018. “Como las prácticas feudales, estas estructuras sociales contemporáneas son difíciles de justificar cuando uno las mira de cerca”. 

Carens argumenta que la limitación de entrada es una manera de proteger el privilegio del nacimiento y de atar a las personas a su lugar de origen. “En un siglo o dos, la gente mirará a nuestro mundo con perplejidad y shock. Igual que ahora nos interrogamos sobre la ceguera moral de los aristócratas feudales o los esclavistas sureños, las futuras generaciones se pueden preguntar cómo los demócratas de hoy pudieron no ver la profunda injusticia de un mundo tan pronunciadamente dividido entre quienes tienen y quienes no, y por qué fuimos tan complacientes con esta división y estuvimos tan poco dispuestos a cambiarla”. 

El experimento contemporáneo

El impacto práctico de abrir las fronteras en la vida contemporánea es difícil de medir. Las estimaciones suelen ser teóricas porque la abrumadora mayoría del mundo está ahora regulado con limitaciones físicas de entrada, estancia y actividad. 

Casi el único experimento contemporáneo es la Unión Europea, un espacio limitado y rico pero donde también hay desigualdades entre los países cuyos ciudadanos se pueden mover libremente. Los efectos de la entrada de países más pobres en el club -como Rumanía y Bulgaria, antes Polonia y, rebobinando un poco más, España y Portugal- no han traído un desplazamiento de personas a un país determinado que no se pueda gestionar ni han empobrecido a los países de destino o de origen (uno de los argumentos contra las fronteras abiertas es la “fuga de cerebros” de los países menos desarrollados). Aun así, por ejemplo, Austria y Países Bajos siguen bloqueando la entrada de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen alegando que dejar de pedir identificación a rumanos y búlgaros supondría que entren sin autorización más personas de otros países de fuera de la UE.

¿Es lo normal? 

Las voces académicas acusadas de ingenuas por defender la apertura de fronteras subrayan que las fronteras no son un producto natural e inevitable.

“Las fronteras se producen por elecciones humanas y se sostienen por el reconocimiento humano. Cuando dañan, oprimen o explotan a las personas, debemos cambiarlas o eliminarlas”, escribe Alex Sager, profesor de Filosofía de la Universidad Estatal de Portland, en el libro Against Borders, publicado en 2020. Sager insiste en el peligro de “naturalizar” lo que son “construcciones sociales”. “Son el resultado de decisiones políticas y legales que se basan en el acuerdo aceptado de que estas decisiones son legítimas o por lo menos que serán aplicadas de manera efectiva. La decisión de las autoridades de Alemania Oriental de no prohibir que la gente se marchara en 1989 llevó a la disolución rápida de la frontera”, recuerda.

Es una referencia pertinente ya que las actuales reglas fronterizas en el continente se desarrollaron en buena medida como reacción a la caída del muro de Berlín y el temor al éxodo de los vecinos orientales, como pasó en el sur de Europa con las barreras en Italia para quienes llegaban de Albania. 

Lea Ypi describe en Free cómo cambió el recibimiento de los albaneses cuando por fin, supuestamente, eran libres. “En el pasado, te arrestaban por querer marcharte. Ahora que nadie nos impedía emigrar, ya no éramos bienvenidos del otro lado”, escribe Ypi sobre lo que vivió a finales de los 90. “Nos arriesgábamos a ser arrestados no en nombre de nuestro propio gobierno sino en nombre de otros estados, esos mismos que nos solían animar a liberarnos. Occidente había pasado décadas criticando al Este por esas fronteras cerradas, financiando campañas para pedir libertad de movimiento, condenando la inmoralidad de estados entregados a restringir el derecho de salida. Nuestros exiliados solían ser recibidos como héroes. Ahora eran tratados como criminales. Tal vez la libertad de movimiento nunca importó de verdad. Era fácil defenderla cuando otro estaba haciendo el trabajo sucio del encarcelamiento. Pero ¿qué valor tiene el derecho de salir si no tienes derecho a entrar? ¿Eran las fronteras y los muros reprobables solo cuando servían para mantener a la gente dentro en lugar de mantenerla fuera?”

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“La política de devoluciones en caliente de España contribuyó a la muerte de migrantes en sus fronteras terrestres y marítimas”. Así de contundente arranca el apartado sobre España del informe anual de Human Rigths Watch (HRW), referido a 2022 y publicado este jueves, que presta atención a la tragedia del pasado 24 de junio, con decenas de migrantes muertos cuando intentaban saltar la valla de Melilla.

“En junio, al menos 23 personas murieron en la frontera entre España y Marruecos, en Melilla”, dice el informe, en su apartado sobre Marruecos: “El incidente se produjo cuando unas 2.000 personas –migrantes y solicitantes de asilo, muchos de ellos procedentes de Sudán, Sudán del Sur y Chad– intentaban entrar en España escalando las altas vallas metálicas que rodean Melilla, uno de los dos enclaves españoles en el norte de África”.

El informe recuerda que “vídeos y fotografías del incidente muestran a las fuerzas de seguridad marroquíes haciendo un uso excesivo de la fuerza, incluidas palizas, y a la Guardia Civil española lanzando gases lacrimógenos contra los hombres que se aferraban a las vallas. Los tribunales marroquíes condenaron a prisión a decenas de migrantes en relación con el incidente de junio por una serie de delitos, entre ellos tráfico de personas, entrada ilegal en Marruecos y violencia contra las fuerzas de seguridad”.

Según la entidad humanitaria, “Estados miembros de la UE, entre ellos Bulgaria, Croacia, Chipre, Grecia, Polonia y España, siguieron protagonizando devoluciones ilegales y violencia en sus fronteras”.

El informe recuerda que, según la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, “al menos 25.389 personas habían llegado de forma irregular por mar a la península y a las Islas Canarias hasta finales de octubre de este año, mientras que 1.720 lo hicieron por tierra”. Y añade: “La falta de rutas seguras y legales siguió causando daños y muertes. Caminando Fronteras, un grupo de defensa de los derechos de los migrantes, calculó que en el primer semestre del año, 978 personas habían muerto en el mar al intentar cruzar en barco desde África a España, y que aproximadamente cuatro de cada cinco de las muertes se produjeron en la ruta del Atlántico”.

En relación a la tragedia del 24 de junio, HRW insiste en que “las imágenes mostraban cómo la policía marroquí golpeaba a las personas que escalaban la valla y cómo la policía española utilizaba gases lacrimógenos y colaboraba con sus homólogos marroquíes para devolver a las personas al otro lado de la frontera. Decenas de inmigrantes y fuerzas policiales de ambos lados de la frontera resultaron heridos. Las autoridades españolas confirmaron posteriormente que habían devuelto sumariamente a las personas a Marruecos. Periodistas de investigación publicaron en noviembre que un migrante había muerto en territorio español y que su cuerpo aún no había sido devuelto a su familia”.

En este sentido, la entidad humanitaria recuerda que ACNUR expresó en mayo pasado su preocupación “por el riesgo de tortura” de un “solicitante de asilo argelino de 32 años que había sido condenado por delitos penales en Argelia”. Preocupación que España desoyó y procedió a su deportación.

También en mayo, dice el informe, “el Defensor del Pueblo recordó a las autoridades que las personas procedentes de Marruecos tenían derecho a solicitar protección internacional en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla, del que estaban siendo expulsadas”.

El informe también incluye una sentencia de octubre del Tribunal Constitucional, “en un caso presentado por un hombre marroquí que llegó en patera a las Islas Canarias en noviembre de 2020 y al que las autoridades intentaron deportar al mes siguiente, criticó a la policía por no garantizar el acceso a un abogado de oficio a su llegada. El tribunal también llamó la atención sobre el reiterado incumplimiento por parte de la policía en este caso y en otros de garantizar una adecuada supervisión judicial de la detención migratoria”.

Por otro lado, como recuerda HRW, “a finales de octubre, España había concedido protección temporal a más de 150.000 personas que huían del conflicto en Ucrania”.

Pobreza

En relación con la pobreza, HRW recuerda que, según datos oficiales publicados en junio, “el 27,8% de la población estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2021”.

Este dato supone un ligero aumento respecto al año anterior, “lo que equivale a 397.000 personas más, según una importante organización no gubernamental de lucha contra la pobreza. Más de la mitad (54 %) de los hogares monoparentales, en su mayoría encabezados por mujeres, estaban en riesgo de pobreza”.

La entidad humanitaria reconoce que “los esfuerzos gubernamentales, incluidos los pagos de subvenciones y prestaciones sociales adicionales, para mitigar el impacto económico de la pandemia de Covid-19 pueden haber contribuido a frenar este aumento, ya que el porcentaje de la población en situación de privación social y material grave disminuyó marginalmente durante este periodo. Sin embargo, los datos oficiales de 2021 mostraron que muchos hogares ya se enfrentaban a un coste de vida cada vez mayor, ya que el porcentaje de hogares con dificultades para pagar la vivienda y la energía aumentó”.

“La pobreza aumentó durante el año al subir la inflación, lo que afectó especialmente los precios de los alimentos y la energía”, prosigue la ONG: “Los desalojos de inquilinos y titulares de hipotecas continuaron, a pesar de la prórroga de una moratoria relacionada con la pandemia para las personas que pudieran demostrar su vulnerabilidad socioeconómica. Miles de personas que viven en un asentamiento informal cerca de Madrid continuaron sin electricidad por tercer año consecutivo”.

Violencia de género

En su informe, HRW analiza “la tan esperada legislación sobre violación y consentimiento sexual”. Y afirma: “La nueva 'ley de solo el sí es sí' aclara que el consentimiento no puede deducirse de la pasividad, el silencio o por defecto, e intenta cerrar una laguna en la que la violación de menores podía juzgarse como un delito menor de 'abuso sexual' cuando no se probaban la violencia y la intimidación. Los activistas expresaron su preocupación por el hecho de que cierta reclasificación de delitos, en virtud de la nueva ley, disminuya las penas mínimas para algunos delitos sexuales, lo que también puede tener efectos retroactivos”.

La organización no gubernamental recupera cifras oficiales que muestran que “las denuncias ante las autoridades por violencia de género aumentaron durante el año anterior y los primeros cuatro meses de 2022. Las cifras también mostraban que las autoridades judiciales utilizaban a partir de 2021 nuevos poderes para suspender el derecho de visita en casos de sospecha de violencia doméstica”.

Sanidad

HRW recuerda que la CEDAW de la ONU sostuvo en julio que “las autoridades sanitarias españolas habían violado en 2012 los derechos de una mujer conocida como N.A.E. al obligarla a someterse a una inducción prematura del parto y a una cesárea sin su consentimiento, sometiéndola así a violencia obstétrica. El comité recomendó que el Estado reparara a NAE, garantizara un mejor enfoque del consentimiento libre, previo e informado en el contexto de la salud reproductiva, y un mayor respeto por los derechos de los pacientes al tramitar las denuncias en el sistema judicial. En mayo, el gobierno anunció un proyecto de ley que permitiría a las trabajadoras disfrutar de tres días de baja remunerada al mes por dolores menstruales intensos y proponía eliminar el periodo de espera de tres días para acceder al aborto y el requisito de los padres para que las jóvenes de 16 y 17 años pudieran acceder a él”.

En el informe también se recoge el espionaje ilegal con software de seguimiento, como Pegasus; así como un informe de marzo, “elaborado por dos organizaciones no gubernamentales y financiado por el Ministerio de Igualdad, que documentaba una discriminación generalizada por parte de agentes inmobiliarios y arrendadores privados basada en el origen racial, étnico o nacional. El mismo informe también reveló que las personas de origen racial o étnico minoritario constituían el 90 % de los habitantes de los asentamientos informales”.

La entrada de Wikipedia la llama “tragedia”, aunque acepta masacre como equivalente. Todes sabemos que una tragedia puede no implicar responsabilidades y que una masacre siempre es trágica pero detrás de ella siempre hay responsables. 

Parece que a la Fiscalía de este país también le da igual y por eso ha exonerado de toda responsabilidad al Ministerio del Interior, a Marlaska, a los agentes que intervinieron en la acción y a la Guardia Civil. Los vimos archivando la investigación en las sombras, el 23 de diciembre, en vísperas de la Navidad, supongo que para frenar una mayor reacción popular.  En lo que es, sin duda, su carta de impunidad, el Ministerio Público asegura que los hechos –los muertos– ocurrieron en Marruecos y no aclara convenientemente si hubo muertos –léase asesinados– en territorio español, esperando a que nos conformemos con la explicación de que el “amontonamiento de cuerpos” ocurrió en ambos países.

Ahora a matar también se le llama amontonar, en este caso al menos 23 muertos contabilizados y 77 desaparecidos. Y a la actuación de los guardias, “proporcionada”, pese a que decenas de videos prueban el uso extremo de la violencia policial. Para los fiscales, puede que los guardias tiraran alguna piedra a los migrantes, meras infracciones. Antes siquiera de haberse iniciado la investigación, Marlaska ya declaraba a los medios que las fuerzas de seguridad del Estado habían actuado ese 24 de junio de 2022 con proporcionalidad y que no había ningún muerto en territorio español. Vergonzosamente, la Fiscalía no ha hecho otra cosa que avalar estas declaraciones de manera literal. Y avalar algo contrario al derecho internacional, como ha señalado el Defensor del Pueblo: las deportaciones en caliente de esas 470 personas a las que España negó asilo y protección.

La relación entre España y Marruecos, recordemos, es la de socios fronterizos. España confía la vigilancia de la valla compartida a la policía marroquí. Se puede ver en los videos que han sido objeto de varias investigaciones periodísticas, el momento en que la policía marroquí acorrala en un espacio reducido a las cientos de personas que esperan cruzar y ahí, en esa ratonera, ambos países lanzan una enorme cantidad de gases lacrimógenos y piedras, además de propinar palizas. Efectuado el cruce se produce la estampida y muchos caen sobre territorio español, donde siguen siendo gaseados y golpeados mientras se aplastan unos a otros. Allí es más que probable que se produjeran varias muertes, aunque los cadáveres fueran arrastrados hacia Marruecos como se barre la basura de otro. Amnistía Internacional ha manifestado que las muertes se debieron al uso indebido de la fuerza y de material antidisturbios como pelotas de goma y gas pimienta a corta distancia contra personas indefensas y atrapadas, y la omisión del deber de socorro. 

Ante está brutalidad, el nivel de este Congreso es el de la derecha racista y oportunista queriendo golpear al Gobierno, amonestando al ministro pero sin apoyar el pedido de investigación de esta masacre. Y el de la izquierda, nunca tan poco izquierda, institucionalizando el racismo y el negacionismo. Mientras tanto, los muertos siguen al sol. Nadie en suelo español ayudó a los heridos, ni a los agonizantes. La policía española devolvió a cientos de personas a la carnicería marroquí. Son los hechos. Dejar morir, otra manera de matar. ¿Solo Marruecos debe responder por esta evidente violación conjunta de los derechos humanos? Los políticos se llenan la boca diciendo que no quieren que se repita, pero si esto queda en la completa impunidad, si no se realiza una investigación independiente y con garantías, volverá a pasar ante vuestra indolencia.  

Julio de 2020. La sede en Ceuta de la Audiencia Provincial de Cádiz da carpetazo a la causa del Tarajal, que investigaba la muerte de 14 personas en la frontera de la ciudad autónoma en un intento de entrada a nado respondido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo lanzados hacia el agua. La intervención se hizo, según los jueces, “de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso”. Los guardias civiles implicados, que llegaron a estar imputados y procesados, “no tenían obligación de socorrer” a los migrantes, apuntó el auto, ratificado por el Supremo en junio de este año tras un largo procedimiento que nunca culminó en la apertura de juicio oral. 

Diciembre de 2022. La Fiscalía archiva la única investigación abierta sobre la tragedia de Melilla. “Los agentes mantuvieron en todo momento una conducta proporcionada a la gravedad de los hechos que se estaban produciendo, consistentes en el ataque masivo a una frontera española”, concluyó el Ministerio Público. “Los agentes que formaban parte del operativo en tierra no eran conscientes, ni podían serlo, del riesgo que se estaba generando en el interior del patio, por lo que difícilmente pudieron plantearse la posibilidad de adoptar medidas para evitar lo que dramáticamente sucedió”.

Entre las muertes del Tarajal y la tragedia de Melilla transcurrieron más de ocho años, pero -al menos por el momento- el resultado de las investigaciones abiertas en España ha sido el mismo: carpetazo sin culpables oficiales, olvido de las familias de las víctimas y escasa cooperación con Marruecos para esclarecer lo ocurrido. Aunque con menor repercusión mediática, otros casos de fallecimientos de personas migrantes en su intento de alcanzar suelo español también han tenido desenlaces semejantes. 

Seis meses después de los hechos sucedidos en la valla melillense, los allegados de la mayoría de fallecidos y desaparecidos continúan sin saber dónde se encuentran los restos de sus seres queridos, no han sido reparados por las autoridades ni han alcanzado respuestas por parte de la Fiscalía. Nueve años después de las muertes del Tarajal, los familiares de las víctimas, organizados en una asociación en Camerún, tampoco han encontrado justicia y cuatro de los cuerpos siguen sin identificar, reposando en nichos sin nombre en Ceuta. 

No son casos excepcionales, se trata del destino habitual de las investigaciones sobre tragedias migratorias. No siempre llegan a iniciarse pero, si lo hacen, estos procedimientos suelen acabar archivados sin culpables oficiales. El hecho de que las muertes ocurran entre dos países, la colaboración habitual entre autoridades de distintos Estados para frenar las entradas irregulares, la opacidad que suele reinar en las zonas de seguridad impuestas en los perímetros fronterizos y la “deshumanización” de las personas migrantes son algunas de las razones escondidas detrás de la “impunidad”, alertan las expertas consultadas por elDiario.es. 

“Los dos casos más graves, Tarajal y Melilla, han quedado sin culpables. Además del archivo de la tragedia del 24 de junio, nueve años después, las muertes de Ceuta también siguen impunes. No ha habido juicio en los dos ejemplos prácticos que tenemos, donde han fallecido un importante número de personas. A las familias no se les ha contado una verdad jurídica sobre qué ha ocurrido con sus familiares, no ha habido reparación”, sostiene Elena Muñoz, responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Fallamos a las familias, pero también falla el sistema: si quedan impunes se puede volver a repetir”, añade la letrada. 

Helena Maleno, investigadora de migraciones y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, y su equipo han estado en contacto directo con las familias de miles de personas fallecidas o desaparecidas en nuestras fronteras, a través de su sistema de monitorización y alertas de personas en riesgo en el mar. Durante más de dos décadas, su organización ha llamado la atención de cada muerte fronteriza de la que tenía confirmación. Su balance: “Nunca hemos tenido constancia de que haya habido ninguna condena por un fallecimiento en una frontera”. 

Causas

La dificultad de acceso a la justicia es otro de los muros con los que se chocan los familiares de las víctimas. “La impunidad forma parte de la idiosincrasia de la frontera. La impunidad define a la frontera. La colaboración transnacional en la frontera provoca que sea muy complicado buscar culpables desde los tribunales nacionales”, apunta Maleno. 

Las expertas mencionan, por un lado, las características propias de las migraciones clandestinas y la respuesta de las autoridades para explicar los motivos que obstaculizan la búsqueda de responsabilidades en los tribunales. “A nivel jurídico, es complejo vincular la imputación de delitos a las personas responsables. Y, en las fronteras pueden jugar distintos ordenamientos jurídicos de distintos países, lo que deriva a que estemos ante procedimientos más complejos”, añade Muñoz.

Por otro lado, ambas especialistas apuntan a la falta de voluntad ligada al racismo institucional y social: “Si esto sucede en un avión o en un ferri y fallecen decenas de personas, habría una investigación. Y, como sociedad, también se exigiría una investigación hasta que se esclarezcan los hechos y se depuren las responsabilidades”, considera la abogada de CEAR. “El control de las fronteras es un negocio y, ello, acompañado del racismo institucional provoca que haya una impunidad total y absoluta. Si eres una persona negra y migrante te pueden enterrar sin buscar tu identidad, pero si una persona blanca aparece en el mar en otras circunstancias, la reacción sería otra”, indica Maleno.

El ejemplo del Tarajal

En junio de este año, el Tribunal Supremo desestimó los recursos de casación presentados por varias organizaciones contra la decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz de archivar la causa del Tarajal. La sentencia ratificó el cierre de un largo procedimiento, caracterizado por una sucesión de archivos de los juzgados ceutíes y reaperturas ordenadas por la Audiencia Provincial de Cádiz, hasta que en 2020 los magistrados de este tribunal concluyeron que el operativo de la Guardia Civil, que disparó pelotas de goma y botes humo cerca de donde nadaban los inmigrantes, se realizó “con la utilización de medios de control de masas de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso”.

La Corte descartó acusar de homicidio imprudente a los 16 agentes imputados por una posible mala actuación de alguno de los miembros del Instituto Armado. “Sería descabellado atribuir a todos y cada uno” de los guardias civiles imputados, “la responsabilidad criminal por alguna hipotética desviación de algún miembro del grupo más descuidado o incluso malintencionado”, concluyeron los jueces. 

Sobre la denegación de auxilio a los migrantes que trataban de rodear el espigón a nado, la Audiencia Provincial descartó que los agentes imputados tuviesen el deber de auxiliarles. “Los guardias civiles que estaban en el espigón o la playa, no tenían obligación de socorrer a los nadadores”, sentenciaron los tres magistrados de la Sala. La Corte justificó que “no se ha acreditado que los mismos les hicieran algún requerimiento al respecto” ni “existe prueba alguna de que en su presencia, en la parte española, se estuviera nadie ahogando ni en peligro”.

Durante los ocho años de procedimiento, los juzgados pasaron de señalar a los inmigrantes como responsables de su muerte, a afirmar que las fronteras no son “una zona de excepción” y apuntar a los guardias civiles ante un posible delito de homicidio imprudente. De considerar que estos “no precisaban ayuda”, a concluir que “los agentes investigados podían haberles auxiliado y se abstuvieron” sin justificación. Y, finalmente, llegó el archivo definitivo. 

La acusación popular –formada por tres ONG– denunció trabas constantes a las diligencias solicitadas. Un ejemplo: pasaron cinco años y dos archivos provisionales hasta que el juzgado ceutí encargado del caso accedió, empujado por la Audiencia Provincial, a llamar a declarar a algunos de los supervivientes de la tragedia, testigos claves de los hechos. La magistrada llegó a justificar su negativa a solicitar su declaración por residir “sin papeles” en Alemania, algo que finalmente se demostró que no era impedimento para formalizar la testificación a través de una videollamada. 

Tirar de la 'doctrina Botín'

En 2019, el último archivo librado por el juzgado ceutí tiró de la misma argumentación jurídica que libró al banquero Emilio Botín de sentarse en el banquillo: la doctrina Botín. Las trabas con las que se han chocado las familias de dos de las víctimas en la identificación de los cuerpos hallados en Ceuta y la consiguiente denegación de su personación como acusación particular se convirtieron en claves del auto que desencadenó el cierre de la causa. Los familiares de los fallecidos, aunque lo intentaron, no lograron personarse, explica su letrada. Los progenitores de seis de las víctimas solicitaron sin éxito hasta en tres ocasiones su participación en el proceso. De haber encontrado una respuesta positiva por parte del juzgado, la doctrina Botín no podría haberse aplicado.

Algunos de los padres, madres y hermanos de las víctimas de la tragedia del Tarajal se encontraron con otro escollo a lo largo del procedimiento judicial, el que más dolor provoca a las familias afectadas: casi nueve años después, de los cinco cadáveres localizados en Ceuta los días posteriores a las muertes del Tarajal, solo uno ha sido identificado por las autoridades españolas. La Guardia Civil puso nombre meses después a Roger Nana, de nacionalidad camerunesa, gracias a un teléfono móvil que guardaba en sus pantalones.

Los otros cuatro cuerpos aún reposan en nichos sin nombre del cementerio ceutí de Santa Catalina, después de ser enterrados poco más de 24 horas después de su hallazgo. Mientras, los ocho cuerpos encontrados en el lado marroquí de la frontera fueron identificados en la morgue de Fndeq (Castillejos) y Mdieq (Rincón) por amigos de las víctimas y por la ONG Caminando Fronteras, a través de fotografías enviadas por sus familiares, según la organización.

Los cuerpos de tres de las víctimas, Larios Fotio, Ousmane Hassan y Samba Banjai, no han sido identificados de manera oficial. La ONG Caminando Fronteras intuye que podrían corresponder a los cadáveres hallados en Ceuta, pero las familias también se han topado con constantes obstáculos en su intento de someterse a las pruebas de ADN para lograr una confirmación.

Ni los agentes vieron la avalancha durante la tragedia de Melilla ni detectaron el riesgo que vivieron los migrantes, a pesar de que el helicóptero que sobrevolaba la zona grabó durante dos minutos a los potenciales refugiados “aplastados” unos sobre otros “entre ambos recintos fronterizos”, según las conclusiones difundidas este viernes por la Fiscalía.

El Ministerio Público entendió que la actuación de los guardias fue proporcionada y pone en conocimiento de la Guardia Civil que varios agentes lanzaron piedras a los migrantes, por si existiera algún tipo de infracción disciplinaria.

Según la fiscal, que insiste en destacar en todo momento la “violencia” ejercida por los migrantes y justifica el uso de medios antidisturbios por parte de agentes marroquíes y españoles, no hubo ninguna actuación irregular por parte de la Guardia Civil. También avala las 470 devoluciones practicadas por España, a pesar de que reconoce que las personas retornadas a Marruecos procedían de países en guerra.

Este es el relato desarrollado por la Fiscalía en el decreto que exculpa a Interior de los hechos ocurridos el 24 de junio en la frontera de Melilla, que acabó con la vida de, al menos, 23 personas, según los datos oficiales de las autoridades marroquíes.

4:00 horas. Un grupo compuesto por alrededor de 2.000 personas comienza a descender del monte Gurugú. Tras cuatro horas de marcha, los migrantes alcanzan los primeros edificios de la zona conocida como Barrio Chino, próxima al puesto fronterizo, a las 8:04. Cuando se encontraban a unos metros del perímetro, el grupo se divide en dos grupos. Uno más pequeño intenta sortear la valla por el lado marroquí, pero el mayor número de migrantes se dirige al puesto fronterizo, donde surge “un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad marroquíes” que “terminaron retrocediendo ante el elevado número de personas que conformaban el grupo”. 

6:15 horas. Después del aviso realizado por las autoridades marroquíes, alertaron al Centro Operativo Complejo (COC), un dispositivo de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, llega a la frontera. Inicialmente, el operativo “estaba compuesto inicialmente por 63 agentes” –aunque se irían añadiendo más hasta llegar a 121, de los que 24 pertenecían a la Policía Nacional–, según el relato de los hechos de la Fiscalía. Los guardias civiles, procedentes de distintas unidades, se distribuyeron en grupos en distintos puntos de la frontera. 

8:15 horas. La mayor parte de los migrantes consigue adentrarse en el paso fronterizo de del Barrio Chino, a través del llamado “patio” de la zona marroquí “tras forzar las puertas de acceso al mismo”. Se trata del área donde, después del intento de salto, las autoridades marroquíes dejarán a cientos de personas amontonadas durante horas, como reflejan las imágenes difundidas desde el mismo día de la tragedia. Otros lo logran saltando el muro situado en el lado izquierdo del perímetro, coronado con una valla metálica. 

8:20 horas. Esta alambrada se desploma cuando unas 50 personas se encuentran sobre ella, “provocando la precipitación de algunas de ellas desde una altura de aproximadamente cinco metros hacia la zona de Marruecos”. Los agentes, pertenecientes a distintas unidades, se colocan por grupos en distintos puntos de la valla. 

En el patio del lado marroquí del puesto fronterizo, se congregan “entre 700 y 800” migrantes y refugiados. Algunas de ellas empiezan a intentar forzar la puerta metálica de seguridad que separan el lado marroquí del lado español de la frontera, en concreto las de color gris descritas en el hecho segundo. Para ello utilizan mazas y una radial. “Otros grupos de migrantes intentaban impedir la acción policial mediante el lanzamiento constante de objetos contundentes a los agentes marroquíes y españoles, tanto desde el suelo, como encaramados a las vallas y tejados de las instalaciones”. Durante cerca de media hora, los agentes marroquíes lanzan “botes de humo al interior del patio, desconociéndose el tipo y número de los mismos”. Los migrantes lanzan piedras, siempre según el relato de los hechos que hace la Fiscalía.

8:30 horas. Los agentes de la Guardia Civil que se hallaban en la zona del “intervallado lateral”, situado en el área paralela al patio marroquí (grupo A) utilizan material antidisturbios, “principalmente botes de humo” para evitar la entrada de migrantes a la zona española. “No consta que el empleo de botes de humo lanzados por los agentes españoles produjera invisibilidad total ni supuestos de asfixia entre las personas allí congregadas”, sostiene la Fiscalía en su escrito. 

8:31 horas. Al menos dos de los agentes desplegados en esta zona, pertenecientes al equipo de antidisturbios de la Guardia Civil, “lanzaron varias decenas de piedras hacia los migrantes” que se encontraban encaramados a la valla. “Solo se advierte el impacto de una de las piedras en el costado de uno de ellos, sin que resulte acreditado la causación de lesiones”, indica el texto. Mientras, el grupo de guardias civiles ubicados en el “patio pequeño” de la zona española, justo al lado de la puerta donde posteriormente se producirá la avalancha, emplearon material antidisturbios, en concreto aerosoles de gas pimienta y de efecto niebla, hacia los migrantes que intentaban abrir la puerta que da acceso lado español del paso.

8:34 horas. El grupo de guardias civiles que se encuentran justo detrás de la puerta que los migrantes intentan derribar –donde se producirá la avalancha más dramática– se retira de su posición. Lo hace “ante la situación de riesgo para su integridad física por la alta agresividad de los migrantes hacia ellos que, reiteradamente, les lanzaban objetos”, explica la fiscal.

Varios agentes de la Guardia Civil sufrieron “fuertes impactos de objetos contundentes”.  Uno de ellos “quedó semiinconsciente durante unos segundos” y otro “sufrió lesiones graves” que requirieron intervención quirúrgica. 

8:41 horas. Los migrantes consiguen romper una de las puertas fronterizas de color gris. Dos minutos después, logran abrir la otra. Solo queda abierta de forma parcial. La “desesperación de los numerosos migrantes congregados en el patio marroquí por entrar en España, sumado al hecho de que las fuerzas de seguridad marroquíes estaban comenzado a entrar por la parte posterior del recinto, provocó una enorme presión en la zona de las puertas recién fracturadas”. 

El momento clave

8:42 horas. Se produce una avalancha de cientos de personas que intentaban traspasar las puertas a la vez. Un número indeterminado de migrantes y refugiados quedan “amontonados y atrapados” y fueron “aplastados y pisoteados por otros que consiguieron pasar, saltando sobre los cuerpos apilados en las puertas”. De este momento clave solo existen dos minutos de grabación del helicóptero de las fuerzas de seguridad españolas. Según las declaraciones de los pilotos, “a partir de ese instante las cámaras centraron su atención en el punto por el que estaban entrando los migrantes a España”. 

A pesar de que el helicóptero grabó las imágenes de la avalancha, la Fiscalía concluye que “ningún agente español de los que formaban el operativo en tierra pudo ver cómo se desarrollaron los hechos”. Esto va a ser clave para que el Ministerio Público exculpe de toda responsabilidad a los guardias civiles desplegados. “Debe reseñarse que de las grabaciones del dron desde las 08:30 hasta las 08:34 horas resulta que varios de los migrantes estaban intentando fracturar la puerta, pero no se aprecia que hubiera presión alguna por el resto que hiciera pensar en el resultado que finalmente se produjo”, sostiene el escrito. “En los audios grabados a partir de las 08:41 horas en ningún momento se aprecia urgencia o sensación de sorpresa, más allá de la mera información de que la puerta había sido fracturada y los migrantes estaban entrando en territorio nacional”. Por su parte, el decreto recoge que los miembros del Instituto Armado que manejaban el helicóptero “no pensaron que existiera riesgo para la integridad de los que allí se hallaban”.

El grupo de agentes que se encontraban en el “entrevallado” más próximo al lugar de la avalancha “tampoco tenía visión de la zona”, recalca. Según la fiscal, esto se debe al entramado de verjas que impide la visión, la distancia de unos 10 metros que les separaban de las puertas, la posición que ocupaban, “situados en un estadio más bajo de donde se hallaban concentrados los migrantes”; el gran número de personas acumuladas en el patio y “la circunstancia de llevar casco con visera y protegerse en todo momento con los escudos”. 

8:43 horas. Los agentes de la Guardia Civil que se encontraban entre las vallas metálicas son avisados por radio de que las puertas han sido fracturadas y los migrantes estaban ingresando en territorio español. Tras ello, abandonan su posición, uniéndose al grupo de compañeros que se encontraba en los alrededores de la alambrada para frenar la entrada. 

8:50 horas. El dispositivo de la Guardia Civil se traslada al punto de la valla por donde están intentando entrar decenas de migrantes y realiza “un cerco de contención” alrededor del puesto fronterizo, donde retienen a la mayor parte de las personas que logran saltar y pisar suelo español. Mientras un miembro de la Guardia Civil realizaba funciones de mediador, los agentes “utilizan sus defensas en diferentes momentos” y gases lacrimógenos contra los migrantes. 

Dos migrantes que logran saltar el cerco e intentan adentrarse en territorio español “son reducidos por los agentes”, utilizando las porras. Los refugiados caen al suelo. La Fiscalía destaca en todo momento la “violencia” ejercida por los migrantes, mientras que justifica el uso de material antidisturbios por parte de los agentes. 

9:11 horas. Cinco personas del grupo rodeado por la Guardia Civil en suelo español “sufren desvanecimientos”. Según describe la Fiscalía, “son recogidos por los agentes intervinientes”. Los guardias civiles se “enfrentan al resto de migrantes con sprays y protegiéndose con los escudos”. Estas personas no reciben asistencia médica de Cruz Roja ni del servicio sanitario de la ciudad. “Conforme a las declaraciones de los agentes actuantes y los informes aportados por estos, los migrantes que sufrieron aparentemente desvanecimientos o que cayeron al suelo al ser reducidos, fueron atendidos por miembros de la Guardia Civil con titulación sanitaria, al menos en primeros auxilios y soporte vital básico”, dice la Fiscalía, basándose en la información proporcionada por el Instituto Armado. “No requiriendo asistencia médica al margen de esa primera atención, por lo que fueron posteriormente entregados para su regreso en frontera”, añade la fiscal, dando por buena la versión de los guardias civiles. 

Las devoluciones

9:30 horas. Gendarmes marroquíes subieron al tejado del puesto fronterizo español. Lo hicieron, según la Fiscalía, “con el consentimiento del responsable del operativo nacional, que ordenó que se les abriera la trampilla de acceso al mismo”. Los agentes españoles empiezan a devolver en caliente a los migrantes que entraron en Melilla. 

Para acordar cómo realizar las devoluciones, el teniente coronel de la Guardia Civil, al mando del operativo, se entrevistó con la autoridad marroquí competente. Según la declaración del agente español, se pactó como lugar de entrega para el retorno de los migrantes “un punto de los pasillos techados del puesto fronterizo español, situado a unos dos metros de la entrada a Melilla”. Allí se encontraba un agente marroquí y un oficial de la Guardia Civil. 

La Fiscalía toma por buena la versión del Instituto Armado, que choca con las conclusiones del Defensor del Pueblo y Acnur en relación a los “rechazos en frontera” practicados el día de la tragedia. Según el teniente coronel, las devoluciones se realizaban “de manera individual, comprobando el citado agente español que en ninguno de los migrantes concurría causa de exclusión del rechazo”. También ·afirmó haber comprobado, caso por caso, que la persona rechazada estaba consciente, orientada, era varón y aparentemente mayor de edad“. Este medio ha hablado, sin embargo, con dos sudaneses devueltos a Marruecos aquel día que aseguraban ser menores de edad. Además, las personas retornadas provenían de países en conflicto, según reconoce la propia Fiscalía. Esta situación debería haber evitado su retorno, en base a lo establecido por la Convención de Ginebra. 

La fiscal argumenta que, en este momento, “ni el teniente coronel responsable del operativo ni el resto de los agentes actuantes conocieron en ese momento la tragedia acaecida en las puertas fronterizas, ya que los agentes marroquíes no les informaron y ellos, como se ha expuesto anteriormente, no habían sido testigos de los hechos”. Por ello, el decreto concluye que, “los agentes españoles procedieron a los rechazos sin tener constancia de lo que había sucedido, las circunstancias del incidente donde se produjeron los fallecimientos ni los hechos posteriores a los mismos”. 

13:30 horas. Según sostiene el agente al mando del operativo, el teniente coronel fue informado por las autoridades de Marruecos de que se habían producido fallecimientos. Cuando los agentes españoles accedieron al interior del puesto fronterizo, en concreto a la zona de las puertas rotas, “el lugar se hallaba completamente despejado, no encontrándose en su interior migrante alguno ni los cuerpos de los fallecidos”. Allí habían muerto, al menos, 23 personas.

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La Fiscalía ha decidido archivar la investigación sobre las muertes de migrantes el pasado mes de junio en la frontera de Melilla, exonerando de cualquier responsabilidad a Interior, la Guardia Civil y los agentes que estuvieron ese día sobre el terreno. El decreto del Ministerio Público no especifica si alguna de las muertes tuvo lugar en territorio español, afirma que “los hechos que determinaron la avalancha sucedieron en territorio marroquí” y que “el amontonamiento de personas se produjo entre ambos recintos fronterizos”. La Fiscalía entiende que la actuación de los guardias fue proporcionada y pone en conocimiento de la Guardia Civil que varios agentes lanzaron piedras a los migrantes, por si existiera algún tipo de infracción disciplinaria.

La Fiscalía entiende que no hubo ninguna actuación irregular por parte de la Guardia Civil, ni mientras usaban material antidisturbios para repeler a los migrantes ni tampoco durante las 470 devoluciones contabilizadas. Frente a una “agresividad desmedida e inusitada” de las personas que intentaban entrar en España, dice el decreto, los agentes “mantuvieron en todo momento una conducta proporcionada a la gravedad de los hechos que se estaban produciendo, consistentes en el ataque masivo a una frontera española”.

Para el Ministerio Público, “la magnitud de los hechos justifica sobradamente la actuación policial” con los agentes de la Guardia Civil empleando “los medios necesarios y la fuerza mínima imprescindible para reducir al grupo de extranjeros que de forma violenta pretendía entrar ilegalmente en territorio nacional”.

Sobre las 23 muertes, que según las ONG ascienden a 40, la Fiscalía entiende que los agentes no cometieron ni un delito de homicidio imprudente ni uno de omisión del deber de socorro. No eran conscientes, dice, del peligro que corría la vida de los migrantes ni pusieron sus vidas en riesgo. “Los agentes españoles procedieron a los rechazos sin tener constancia de lo que había sucedido, las circunstancias del incidente donde se produjeron los fallecimientos ni los hechos posteriores a los mismos”, explica. “Los agentes que formaban parte del operativo en tierra no eran conscientes, ni podían serlo, del riesgo que se estaba generando en el interior del patio, por lo que difícilmente pudieron plantearse la posibilidad de adoptar medidas para evitar lo que dramáticamente sucedió”.

Avala las 470 devoluciones

Las 470 devoluciones en caliente, explica el decreto, fueron legales. No hay pruebas, dice en primer lugar la Fiscalía, de que las personas rechazadas en la frontera fueran vulnerables o de especial fragilidad. Además, lo hicieron “en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto” en la normativa de Extranjería buscando evitar “un daño grave, inmediato e irreparable como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española”.

Sobre el lanzamiento de piedras, la Fiscalía constata a través de los vídeos e imágenes que dos agentes de la Guardia Civil arrojaron piedras contra los migrantes: “Lanzaron varias decenas de piedras hacia los migrantes que se hallaban encaramados a la valla. Solo se advierte el impacto de una de las piedras en el costado de uno de ellos, sin que resulte acreditado la causación de lesiones”, dice la Fiscalía.

Entiende que no se puede perseguir por la vía penal pero pone estas agresiones en conocimiento de la Dirección General de la Guardia Civil para que examine si alguno de estos agentes incurrió en una infracción disciplinaria, castigadas con hasta la suspensión.

Pide más seguridad para los migrantes

La fiscal de Extranjería aprovecha el decreto para recordar a todos los ministerios implicados su “obligación” de poner en marcha medidas necesarias para que los migrantes puedan pedir un visado, protección o asilo en consulados y oficinas diplomáticas y en los puestos fronterizos para evitar que tengan que jugarse la vida. “A fin de asegurar que los migrantes que intenten acceder a nuestro país mediante el salto de la valla hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido”.

Las víctimas y el resto de migrantes procedían de países en conflicto, merecen protección según recuerda la Fiscalía y llama a examinar el sistema para eliminar errores: “Debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas de un sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos al efecto”.

Hasta 40 víctimas según una ONG

La tragedia tuvo lugar el pasado 24 de junio en el puesto fronterizo melillense del Barrio Chino, cuando más de 1.700 personas llegadas desde Nador intentaron entrar en Melilla. Una avalancha en la que, según los datos oficiales, murieron 23 personas, un número que asciende hasta 40 víctimas según el último recuento de la ONG Caminando Fronteras, realizado a través del contacto con familiares y allegados de los fallecidos. El salto fue respondido con material antidisturbios desde ambos lados de la alambrada.

La fiscal coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, decidió abrir una investigación poco después de los hechos. Unas pesquisas que, en los últimos meses, se han centrado en obtener datos e imágenes recabados, sobre todo, por la Guardia Civil y los miembros del operativo. En ese contexto ha declarado ante los investigadores el jefe del operativo y varios agentes, aunque también han sido reclamadas las imágenes tomadas por el helicóptero del instituto armado y las comunicaciones entre la aeronave y los mandos que ese día eran responsables de la frontera. Hace menos de dos semanas el fiscal general, Álvaro García Ortiz, anunció que la investigación acabaría “pronto” y que las muertes merecían una “investigación a fondo”.

Desde el primer momento el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha defendido la legalidad de la actuación de la Guardia Civil y la ausencia de irregularidades ese día en la frontera. “Fue un ataque violento y de una violencia extrema y máxima por parte de aquellos que intentaban entrar en territorio español utilizando instrumentos peligrosos como radiales, hachas, palos de todo tipo”, afirmó en una ocasión el ministro. Las muertes, defiende, no tuvieron lugar en suelo español.

Un asunto que ha supuesto un enfrentamiento entre el PSOE y sus socios de Gobierno y de investidura, y en el que varios organismos han cuestionado estas conclusiones de Interior. El Defensor del Pueblo y Acnur, por ejemplo, aseguran que las imágenes visionadas de la tragedia demuestran que la Guardia Civil conocía la “situación de riesgo” de los refugiados sudaneses que, “amontonados y aplastados”, intentaban entrar en España. Amnistía Internacional también se ha pronunciado en ese sentido. Varias investigaciones periodísticas han puesto de manifiesto que, según sus conclusiones, sí que se produjo al menos una muerte en suelo español.