Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia de Colombia el 7 de agosto con una premisa clara: cualquier acercamiento a Venezuela pasaría por Washington. El nuevo mandatario ultraconservador dejó en manos de su principal aliado el rumbo de la relación con el vecino, evitando así tratar con un régimen al que fustigó en campaña. Sin embargo, Donald Trump rompió sus previsiones al reunirse, antes de lo presupuestado, con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez. Hoy, mientras la Cancillería en Bogotá trata de redefinir su posición, algunos empresarios ya se anticipan a buscar oportunidades en la apertura gradual de Caracas.

Trump recibió a Rodríguez el pasado 22 de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. Fue su primer encuentro cara a cara, más de ocho meses después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una quirúrgica operación militar y dejara a la hasta entonces vicepresidenta al frente del país bajo su supervisión.

La Casa Blanca, de hecho, ya había enviado otra señal seis días antes. En su informe anual sobre drogas, Estados Unidos excluyó a Venezuela, por primera vez desde 2005, de la lista de países que, a juicio de Washington, han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico. Colombia, en cambio, permaneció en ella, aunque con algunas salvedades, junto a países como Afganistán y Birmania.

El nuevo gobierno del radical De la Espriella apenas ha explicado cómo encajan todas estas fichas en su relación con Venezuela. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, fijó en agosto una borrosa posición oficial: “Nuestra aproximación es a través de los Estados Unidos”. Para la politóloga Pilar Gaitán, la frase coincide con una la incertidumbre diplomática. “Estamos en un momento de transición en el poder, en una informalidad total, en una diplomacia que no sabemos hacia dónde va”, explica a elDiario.es.

Delcy Rodríguez y los multimillonarios Gilinski

Mientras Bogotá trata de definir su orientación diplomática, una parte del gran capital privado ya ha avanzado en sus negociaciones con Caracas y Washington. El banquero Jaime Gilinski, el hombre más rico de Colombia, según Bloomberg, negoció con la petrolera estatal venezolana PDVSA un contrato a 25 años para explotar el campo Bare, en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

El camino hacia el contrato pasó sin falta por Washington. Su hijo, Gabriel Gilinski (de 39 años), viajó a la capital estadounidense para tramitar ante el Departamento del Tesoro la licencia que exigían las sanciones vigentes para cerrar un acuerdo petrolero. El terreno ya estaba abonado: el heredero del banquero había visitado Caracas más de diez veces desde su primer encuentro con Delcy Rodríguez, en marzo.

Las negociaciones culminaron el 4 de septiembre en un acto televisado en Venezuela y encabezado por la propia Rodríguez, que invitó a otros empresarios colombianos a seguir sus pasos.

Apenas unas horas después de la firma, y sin desembolsar un solo dólar, según el portal Bloomberg, la familia Gilinski convirtió sus derechos sobre el campo Bare en un paquete de acciones de la petrolera GeoPark valorado inicialmente en 515 millones de dólares.

El canje fue directo: el conglomerado colombiano aportó la estructura contractual que da acceso al proyecto venezolano a cambio de nuevos títulos que le otorgarán, una vez completada la operación, más del 56,3% del capital de la petrolera. GeoPark, con sede administrativa en Bogotá y domicilio legal en Bermudas, asumirá en solitario la inversión para financiar la recuperación del yacimiento.

La compañía tiene hasta diciembre para cumplir las condiciones pactadas con las autoridades venezolanas. La operación depende, por tanto, de las autorizaciones estadounidenses y de la ejecución del acuerdo con Caracas.

Por todo ello queda claro que el ímpetu del avance empresarial colombiano contrasta con la indefinición del Ejecutivo. La internacionalista Sandra Borda lo describe: “Es muy particular que los que estén incentivando la llegada comercial a Venezuela sean los gremios, el sector privado, pero que no le oigas ni una palabra al Gobierno”.

Otra de las escuetas señales oficiales llegó el 1 de octubre. Reunido en Bogotá con la ministra de Minas y Energía, el vicepresidente Restrepo anunció, de nuevo, una agenda para impulsar la inversión en Venezuela: “en el marco de ese relacionamiento Colombia-Estados Unidos-Venezuela”.

Por ahora, la agenda no incluye proyectos concretos. Solo se sabe que se celebrará una ronda de inversión que reunirá en noviembre a empresarios de los tres países en Nueva York, según la prensa colombiana.

El reinicio de las relaciones comerciales avanza, en todo caso, a dos velocidades. Mientras algunos inversores intentan desembarcar cuanto antes, otros sectores de la industria y los servicios exigen certezas jurídicas a largo plazo. Como recuerda Borda: “hacer negocios sin instituciones sólidas es hacer negocios de corto plazo”. El economista venezolano Luis Pacheco sintetiza el dilema con una imagen: “No te puedes dar el lujo de no ir a Caracas, de no tomarte una foto. Pero tampoco ganas nada con tirarte a la piscina si aún está medio vacía”. 

Quienes mejor han capitalizado la apertura, quizás, son las petroleras que nunca se marcharon: Chevron, la española Repsol, la italiana Eni o la francesa Maurel & Prom. E incluso estos gigantes han pisado con cautela: según el economista Pacheco, Chevron solo reinvierte hoy lo que gana en Venezuela sin “arriesgar capital fresco”. La desconfianza tiene raíces hondas que resume así: “Han pasado 27 años de un desastroso manejo corporativo y apenas ocho meses de un nuevo e incierto enfoque”.

Entre las 'trochas' y la apertura de Trump

Venezuela no es un mercado cualquiera para Colombia. Durante la primera década del siglo fue su segundo socio comercial, solo por detrás de Estados Unidos. En 2008, el mejor año de la relación, el intercambio superó los 7.000 millones de dólares.

Pero los roces políticos y los cierres fronterizos redujeron después el comercio. El choque entre Hugo Chávez y el derechista Álvaro Uribe, entonces presidente, terminó en una ruptura de relaciones. Más tarde llegaron el cierre de la frontera decretado por Nicolás Maduro en 2015 y una nueva ruptura diplomática en 2019, esta vez con el conservador Iván Duque en el poder.

Desde entonces, buena parte de la actividad económica saltó a las trochas, como se conoce en la región a los pasos ilegales de la frontera, muchos de ellos controlados por grupos armados. En 2020, durante la pandemia, el intercambio legal tocó fondo: apenas 222 millones de dólares.

La reapertura fronteriza en 2022, tras la llegada del izquierdista Gustavo Petro al poder, cambió la tendencia, pero no devolvió el esplendor perdido. En 2025, el intercambio sumó 1.170 millones de dólares, casi todo en una sola dirección: Colombia exportó 1.071,9 millones. Pero Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Bogotá, matiza la recuperación. Más que un crecimiento real, sostiene, hubo un proceso de formalización: “Ese comercio lo empezamos a sacar de las trochas y lo empezamos a pasar por los puentes formales”.

Entre enero y julio de este año, el intercambio creció un 12,8% respecto al mismo periodo de 2025, según la Cámara Colombo Venezolana. El repunte, sin embargo, no garantiza que las empresas colombianas conserven las ventajas que adquirieron durante el aislamiento venezolano.

Rodríguez cita el caso de las golosinas y las bebidas gaseosas colombianas, que ganaron espacio en los anaqueles venezolanos en los últimos años. A su juicio una mayor apertura a los productos estadounidenses podría desplazarlas. Por eso, subraya que las medidas de Trump ofrecen oportunidades, pero también suponen mayor competencia en un mercado que Bogotá aspira a recuperar.

Una realidad bajo la alfombra

La apertura económica tampoco despeja los problemas de seguridad. Para Pilar Gaitán, los más de 2.000 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela representan una realidad que se ha metido “debajo de la alfombra”. Los desplazamientos cotidianos de la población, el contrabando desbordado y los capitales ilícitos mantienen su propia dinámica. Según la politóloga, ninguno de los dos Gobiernos ha activado con eficacia los mecanismos binacionales de seguridad.

Organizaciones criminales y guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) encuentran refugio en territorio venezolano, según ha documentado la inteligencia colombiana. La analista Sandra Borda afirma que la ausencia de presión militar por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas ha permitido que estos grupos se fortalezcan mediante la minería ilegal y el contrabando.

Esta permisividad, sostiene Borda, no responde a un simple descuido de las fuerzas de seguridad venezolanas. Si en un principio pudo estar vinculada a afinidades ideológicas de izquierda, con el tiempo habría evolucionado hacia una alianza de conveniencia económica: una tolerancia mutua que facilita el control de las economías ilegales en la frontera.

Se trata de un equilibrio que, ennopinión de la analista, le permite a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, preservar sus vínculos con los mandos militares, algunos de ellos señalados por su presunta participación en negocios ilícitos y sancionados por Estados Unidos. A Washington, por su parte, le permite mantener el flujo de crudo sin comprometer la estabilidad regional. “El único para el que este equilibrio no es un buen negocio es Colombia”, concluye Borda.

El ELN, además, hace años ya no es un huésped de paso en Venezuela. Ronal Rodríguez explica que la organización criminal ha echado raíces al otro lado de la frontera y hay expertos que explican que se trata de una “guerrilla binacional”: “No andan con fusil al hombro en campamentos, están metidos entre la sociedad civil”. En un reciente foro coordinado por el investigador, el diagnóstico de los expertos fue que “muy pocas cosas han cambiado a través de los años en la frontera”.

Ese es uno de los mayores retos que afronta el presidente De la Espriella, quien prometió arrollar a los grupos armados ilegales y no tardó en sumar a Colombia al Escudo de las Américas, la iniciativa antinarcóticoas impulsada por Trump. 

Mientras la emergencia humanitaria en la frontera colombo-venezolana sigue abierta, el nombramiento del nuevo embajador de Bogotá en Caracas trasluce las prioridades que el Gobierno de ultraderecha mantiene fuera de la agenda oficial. El designado es Jorge Jaller, un ejecutivo sin experiencia en la carrera diplomática cuya trayectoria proviene del Grupo Éxito —la mayor cadena de supermercados de Colombia, propiedad de la francesa Casino hasta 2024—, donde llegó a ocupar la vicepresidencia de retail. 

Además, desde septiembre cuenta con un asiento en la junta directiva de la petrolera estatal Ecopetrol, la compañía más grande del país. Su perfil, netamente corporativo, traza un nuevo rumbo para una de las delegaciones más delicadas de la diplomacia colombiana.

La analista Pilar Gaitán resume la elección de De la Espriella: “El nombramiento es muy diciente. ¿Qué se busca en Venezuela? Negocios”.

El Museo Nacional de Colombia abrió sus puertas el pasado jueves con una sorpresa para sus visitantes: espacios vacíos en tres salas de exposición. El motivo: la retirada de más de treinta obras, relacionadas con los movimientos feministas y LGTBI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Una acción que responde a la “contrarrevolución cultural” que el nuevo presidente del país, Abelardo de la Espriella, anunció en su visita al Ministerio de Cultura la semana pasada, donde ordenó a la ministra Paola Holguín a eliminar de los espacios públicos las representaciones que considera “apología del terrorismo”.

Entre las piezas retiradas estaban una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y el llamado Balígrafo, una pluma elaborada a partir de una bala con la que se firmó el acuerdo de paz. El medio de comunicación colombiano La Silla Vacía ha elaborado un catálogo en el que pueden consultarse cuáles son las 47 obras y dónde se ubicaban dentro del centro.

“Instrumento de adoctrinamiento político”

Un día después, la ministra de Cultura de Colombia, Paola Holguín, defendió el retiro de obras alegando que la institución no puede servir como instrumento de “adoctrinamiento político” ni difundir versiones sesgadas de la historia.

“El Museo Nacional, como parte del Estado, tiene el propósito de conservar, restaurar, proteger y socializar nuestra cultura”, escribió Holguín en su cuenta de X en respuesta a informaciones periodísticas que daban cuenta de la retirada de 30 objetos relacionados con el feminismo, el movimiento LGTBI y los conflictos armados en el país.

En ese sentido, añadió que la vocación institucional del museo “no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental”. Ni tampoco un “espacio de apología al delito o revictimización”.

Varios jóvenes pegan copias de las obras como protesta

Una docena de jóvenes pegó este sábado frente al Museo Nacional en Bogotá copias de las obras que mandó retirar del centro el Gobierno de Colombia, para protestar contra lo que consideran un intento de borrar parte de la memoria histórica del país. Entre ellas, LATEREM, El Bloque Nos Une, del artista Sergio Mendoza.

“Si quitan 30 piezas, las vamos a pintar la mayoría de las veces que podamos en la calle”, dijo a EFE Alejandro, estudiante de Antropología que participó en la acción y también en el plantón “pacífico” y “cultural” con el que bloquearon una parte de la carrera séptima, una de las principales vías de la capital.

Este joven explicó que las piezas retiradas estaban relacionadas con los derechos de las mujeres, las comunidades LGBTI y la historia de los pueblos negros e indígenas: “A través de esta intervención artística buscamos defender la memoria, defender la historia de nuestro pueblo”.

La Policía antidisturbios intervino la protesta, cuyo despliegue fue considerado por autoridades como “innecesario y desproporcionado”, con cerca de 500 personas que se manifestaron frente al museo para rechazar la retirada de las obras.

Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por el despliegue policial y señaló que, según el reporte recibido, la manifestación había transcurrido de manera pacífica.

“Estas afectaciones, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública ni la disolución de una manifestación. Expresamos nuestra preocupación por el excesivo despliegue que (…) consideramos innecesaria y desproporcionada frente al carácter pacífico de la manifestación”, expresó en X.

Asimismo, la exsenadora María José Pizarro denunció que miembros de antidisturbios vestidos de civil grabaron a los asistentes desde el inicio del plantón, y según afirmó, entre los participantes había niños, adultos mayores, mujeres y jóvenes, y consideró injustificada y desproporcionada la violencia empleada.

Rechazo de otros museos colombianos

Por su parte, varios museos de arte moderno de Colombia expresaron en una declaración conjunta su “profunda preocupación” por la retirada de obras y objetos del Museo Nacional “por razones ideológicas” y pidieron a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, que garantice la autonomía de estas instituciones.

Los firmantes, entre ellos el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), el de Barranquilla, el de Cartagena y el de Medellín, defendieron que los museos deben permitir conocer la complejidad de la historia, incluso aquellos aspectos que resultan incómodos, y señalaron que retirar obras de la mirada pública “empobrece nuestra capacidad de comprendernos como sociedad”.

“Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”, afirmaron. Los museos también pidieron una revisión pública y fundamentada de las decisiones adoptadas, con la participación de los equipos curatoriales y de las comunidades vinculadas a las piezas retiradas.

Más de un ataque diario con drones. Esa es la frecuencia de la ofensiva aérea criminal que sacude a Colombia: 690 ataques con aparatos no tripulados registrados desde 2023, según uno de los más recientes informes de inteligencia militar. El país se ha convertido en el gran laboratorio de una guerra donde las mafias acceden a tecnologías letales por una fracción de lo que a las autoridades les cuesta combatirlas.

Se trata de un tipo de arsenal en constante evolución tecnológica que ya incluye, desde hace un tiempo, dispositivos de control mediante fibra óptica, invisibles para los radares. La ofensiva criminal de 2026 representa un incremento del 146% de los ataques con este tipo de aparatos entre enero y mayo frente al mismo periodo del año anterior, según indica la Defensoría del Pueblo apoyándose en cifras del Servicio de la ONU para Actividades relativas a las Minas (UNMAS). Esta es la historia de una escalada bélica mortal que hoy se perfecciona en las trincheras de Ucrania y cambia de raíz las dinámicas de la criminalidad en América Latina.

México, pionero

Para entender cómo ha llegado Colombia a este punto, hay que mirar primero al norte. Los registros de la ONG estadounidense Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) muestran que los cárteles mexicanos fueron, posiblemente, los pioneros en apoderarse de los instrumentos aéreos no tripulados en la región. Desde 2010, las autoridades norteamericanas han detectado pequeños aparatos teledirigidos que cruzan la frontera como arañas voladoras cargadas de droga: de fentanilo o de cocaína.

No obstante, el verdadero salto letal ocurrió en 2021. En aquel entonces, en la región centro-occidente de México, los drones mutaron en armas de asalto y comenzaron a lanzar explosivos, desatando el terror en los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

Colombia importó el modelo criminal y superó a México en escala a mediados de 2024. A partir de entonces se ha convertido en el epicentro regional. De los 670 eventos con drones armados que ACLED ha documentado en Latinoamérica entre 2025 y 2026, Colombia concentra cerca del 87%. Y de los 182 municipios latinoamericanos donde hay registro de estos ataques, 97 han ocurrido en territorio colombiano.

Hoy se sabe, además, que detrás hay una eficiente optimización de costes. Mediante técnicas de ensamblaje local, el Estado Mayor Central (EMC) —la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC— ha logrado romper su dependencia del comercio exterior y, de paso, reventar los precios del mercado negro.

Es un giro enorme que les permite ejecutar nuevas acciones contra la fuerza pública, labores de inteligencia o control territorial sin tener que enviar, como antes, a seis o siete guerrilleros; hoy mandan un dron

Gerson Arias — analista de inteligencia y seguridad

El analista de inteligencia y seguridad Gerson Arias calcula, a partir de análisis de inteligencia recuperados del EMC, que la organización criminal ha pasado de pagar unos 9.600 euros por cada aparato importado a fabricar sus propios prototipos en mitad de la selva o la montaña por apenas 1.600 euros la unidad en promedio. Se trata de una suerte de democratización del terror a bajo coste.

Frente a esa tecnología barata, la respuesta del Estado colombiano expone una enorme asimetría. Para formarse una idea: en 2023, el Gobierno estadounidense entregó a la Policía local tres helicópteros Black Hawk, modelo UH-60A, de segunda mano. Mientras que un aparato nuevo de este tipo supera los 20 millones de dólares, estas unidades cedidas por Washington están tasadas por la industria militar en unos 4,3 millones cada una.

Para Arias, este impacto es muy elevado. “Es un giro enorme que les permite ejecutar nuevas acciones contra la fuerza pública, labores de inteligencia o control territorial sin tener que enviar, como antes, a seis o siete guerrilleros; hoy mandan un dron”, afirma, y reitera que la mutación de la guerra es un hecho.

No siempre fue así. Durante medio siglo, el Estado colombiano retuvo el control general del espacio aéreo. Ni el auge de las narcopistas clandestinas en los 70 y 80, ni las flotas de pequeñas avionetas del narcotráfico pudieron arrebatarle a la fuerza pública el dominio de la inteligencia y el ataque coordinado. Hoy, sin embargo, parece que la superioridad histórica se tambalea.

Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group, resume que las organizaciones criminales han edificado un poder aéreo propio con capacidad de monitorear tropas en silencio y lanzar cargas explosivas de hasta 1,2 kilos contra bases militares o comisarías de policía en zonas a menudo mal protegidas.

El balance letal de esta nueva estrategia ya es cuantificable. Desde 2023, los ataques con drones han dejado 22 uniformados muertos y más de 340 heridos, según informes recientes de inteligencia del Ejército.

Talleres fronterizos e impresoras 3D

El fenómeno tiene como epicentro geográfico las áreas rurales de producción cocalera y, en especial, las fronterizas con Venezuela o Ecuador. Una de ellas es el departamento de Cauca, al suroeste del país y con 140 kilómetros de línea costera sobre el Pacífico. En octubre de 2024, por orden del expresidente Gustavo Petro, el Ejército inició allí la Operación Perseo en una aldea llamada El Plateado, a 240 kilómetros de Cali, la tercera ciudad por tamaño del país.

En respuesta a la ofensiva militar, el EMC, bajo el mando del sanguinario Iván Mordisco, respondió con 183 ataques con drones entre octubre de ese año y mayo de 2025. El balance de la contraofensiva dejó cinco militares muertos y 10 heridos.

De cualquier forma, la reciente avanzada del Ejército colombiano ha dejado un panorama de aparente victoria en el casco urbano de El Plateado. Detrás de las calles hoy patrulladas por uniformados se esconde, sin embargo, una realidad más compleja: la operación Perseo obligó al frente bautizado como Carlos Patiño, en honor a un comandante histórico de la vieja guerrilla marxista, a replegarse, pero estuvo lejos de extinguir su poder, según los analistas.

La presencia militar y el control territorial hoy no son necesariamente lo mismo

Javier Flórez — Director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz

Como advierte Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la operación forzó la salida de los milicianos del centro poblado, pero no desmanteló su control: lo reconfiguró. “La presencia militar y el control territorial hoy no son necesariamente lo mismo”, resume el analista.

No obstante, el caso de El Plateado (Cauca) es solo la punta de un conflicto que se ha ensañado con otros cuatro departamentos de producción ilícita de cocaína: en Nariño, Chocó y el Valle del Cauca, al suroeste, así como en Norte de Santander —en el noreste del país—, se agolpan el 71% de los ataques.

Allí, agencias humanitarias como Indepaz han documentado situaciones de confinamiento masivo: entre 2020 y 2024, más de 26.000 personas resultaron afectadas por desplazamientos y encierros forzados. Familias enteras encerradas en sus viviendas por el pánico a los drones que, a menudo, zumban como abejas sobre sus tejados. En otras ocasiones, han relatado las víctimas, escupen fuego sin apenas avisar.

Por su parte en el Catatumbo, región conflictiva, montañosa, y fronteriza con Venezuela, tres militares fueron asesinados entre marzo y mayo de 2025 con drones. En esa misma zona, los 21 policías que custodiaban la estación de Guamalito, una aldea de unos 3.000 vecinos encastrada en un nodo vital de acopio agrícola, tuvieron que evacuar el poblado tras sufrir dos bombardeos aéreos consecutivos por parte del ELN. Un contingente de 150 uniformados retomó el control del corregimiento el 15 de septiembre.

De hecho, la dinámica fronteriza es clave para entender esta historia en expansión. Tiziano Breda, investigador sénior de ACLED, confirma por correo electrónico a elDiario.es que en el Estado de Zulia (Venezuela) se localizó un centro de producción ilegal donde, mediante tecnología de impresión en 3D, se ensamblan tanto drones como material bélico.

Este panorama permite descifrar la evolución del mapa criminal en Colombia. Según algunos analistas, la adopción de drones ha seguido una línea temporal y espacial definida: el ELN, con seis décadas de trayectoria y un fuerte dominio en la frontera con Venezuela, lideró de forma pionera el uso de esta tecnología. Más adelante, el Estado Mayor Central (EMC) profundizó en esta práctica, consolidándola en sus principales corredores y enclaves de operaciones en el Cauca y la costa del Pacífico.

Y ahora, el Clan del Golfo, una organización de raíces paramilitares, enfocada en el narcotráfico y tradicionalmente rezagada en innovación táctica, empieza a sumarse a la ofensiva.

Fuego aéreo entre narcos

Buena parte de estos ataques, en realidad, no tienen como blanco a la fuerza pública, sino a facciones rivales ilegales que compiten por el control de las rutas de la droga.

Por ejemplo, en Nariño, departamento fronterizo con Ecuador, tres facciones criminales rivales —una disidencia de las FARC, otra del ELN y una organización de narcotráfico local— libran desde noviembre de 2025 una guerra de drones por el dominio de esa región de producción cocalera.

Por eso, el costo de este capítulo sangriento no cabe solo en los registros oficiales. Carolina Barrios, politóloga vinculada a la Campaña Colombiana contra las Minas, sostiene que el daño más profundo ha sido menos visible: escuelas y comercios que han tenido que suspender sus actividades sin previo aviso. Niños y adultos traumatizados.

La exposición repetida a explosiones, sobrevuelos y amenazas ha reproducido los reportes de insomnio, ansiedad y otros efectos psicológicos, especialmente entre los menores de edad.

Los ataques con drones suelen ser muy imprecisos. Hay muchos errores y golpean infraestructura cercana a viviendas donde hay civiles

Elizabeth Dickinson — analista del International Crisis Group

Elizabeth Dickinson refrenda la idea de que los drones son un armamento tan sanguinario para la población como lo han sido las minas antipersona en el conflicto armado interno colombiano. “Suelen ser muy imprecisos. Hay muchos errores y golpean infraestructura cercana a viviendas donde hay civiles”.

Se suma, además, que las estadísticas oficiales están divididas: la Aeronáutica Civil, autoridad oficial responsable del espacio aéreo, y las Fuerzas Militares mantienen bases de datos paralelas que provocan un doble conteo o que se registren muchos menos episodios de los realmente acontecidos, según afirma Barrios.

Debido a la fragmentación, muchos incidentes violentos se etiquetan simplemente como “artefactos explosivos improvisados”, sin aclarar si se usaron drones. Todo ello se traduce en un vacío que impide seguir con más precisión la cadena de suministro de las armas o crear leyes para arrinconar el acceso criminal a estos instrumentos.

Radares viejos, respuestas tardías

A la fragmentación de los datos oficiales se añade un cierto desajuste técnico de los equipos. Barrios asegura que los radares de la Fuerza Aérea Colombiana han sido diseñados para detectar enemigos convencionales: se trata de una red de vigilancia que un dron comercial como el DJI Mavic 3 puede atravesar sin ser detectado. El uso de inhibidores de señal o jammers, por su parte, tampoco ofrece una salida clara. Y su despliegue abre un dilema legal debido a la interferencia que causan en las telecomunicaciones civiles.

Para Jorge Mantilla, doctor en Criminología por la Universidad de Illinois en Chicago, el error de raíz se halla en el enfoque. “Existe una obsesión con adquirir tecnología, armas y dispositivos de punta, sin incorporar esa innovación a una estrategia de seguridad amplia”.

La desconexión, a su juicio, se agrava por el diseño institucional del sector de la defensa. Mientras el Ejército se mantiene como el componente más pesado del gremio, los servicios de inteligencia quedaron debilitados con el cambio de orientación impulsado por la Administración del izquierdista Gustavo Petro. Para Mantilla, esta suerte de “hipertrofia militar” perpetúa métodos y abordajes rígidos frente a la naturaleza cambiante del conflicto actual.

Lo anterior es evidente en el discurso oficial. En los últimos años, el Gobierno colombiano ha sustituido la etiqueta tradicional de “guerrilleros” o “subversivos” por el término “narcoterroristas” para referirse a estos grupos organizados violentos cuyo discurso político se ha ido evaporando. Sin embargo, en opinión de Mantilla, la estrategia de las Fuerzas Militares sigue midiendo el éxito en número de bajas, capturas e incautaciones. Es decir, operando bajo la premisa de que el enemigo todavía se atrinchera en grandes campamentos armados como en el siglo pasado.

Existe una obsesión con adquirir tecnología, armas y dispositivos de punta, sin incorporar esa innovación a una estrategia de seguridad amplia

Jorge Mantilla — doctor en Criminología por la Universidad de Illinois en Chicago

Frente a este escenario, las respuestas institucionales llegan a destiempo. Durante el mandato del progresista Gustavo Petro se desplegó un nuevo batallón especializado antidrones. Los expertos señalan que se trata de una unidad limitada en alcance y recursos, pese a que los contratos para su consolidación ascendieron hasta los 21 millones de euros.

En la otra acera, el actual presidente de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, ha respondido recientemente con un enfoque restrictivo, anunciando trabas aduaneras a la importación de las piezas necesarias para ensamblar los dispositivos. Y la Armada ha informado esta semana de la adquisición de nuevos sistemas antidrones por un valor de algo más de un millón y medio de dólares a la empresa australiana DroneShield.

Está claro que hoy la amenaza proviene de lo que Mantilla denomina “grupos de interés”: estructuras que ya no dependen de ejércitos numerosos escondidos en la selva o en las montañas, sino que se infiltran directamente en pueblos y veredas. El combate abierto entre tropas y guerrilla, indica el analista, ha dejado paso gradualmente a una violencia más selectiva: ataques con drones, masacres dirigidas contra líderes específicos o de intimidación constante de la población civil.

Así, un dron atacó el 16 de septiembre el radar 3D de la Aeronáutica Civil en Candelaria (Valle del Cauca), el primer sistema de este tipo instalado en el país. La estructura, inaugurada en julio de 2025, sufrió al menos cuatro explosiones. Las autoridades atribuyeron el ataque a disidencias de las FARC. No hubo heridos, pero el mensaje quedó claro: ni la infraestructura civil de vigilancia aérea está a salvo.

De la selva colombiana a Ucrania

Entre tanto, la siguiente fase de esta guerra asimétrica ya opera en la convulsa región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Informes de inteligencia militar confirman que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene allí una “academia” clandestina de aviación no tripulada. El programa, iniciado en 2025, cuenta con un nivel técnico avanzado: adiestra a combatientes para coordinar enjambres de drones automatizados mediante inteligencia artificial, capaces de ejecutar bombardeos simultáneos con granadas de mortero.

Además, la conexión llega hasta Ucrania. Una reciente investigación de The Financial Times documentó que diversas redes criminales colombianas han enviado combatientes a Europa con un objetivo explícito: absorber la doctrina militar más avanzada en el manejo de estos dispositivos. En el frente sur, exparamilitares, exguerrilleros y exsoldados combaten bajo la misma bandera contra las fuerzas rusas en la provincia de Zaporiyia.

Allí, según confirmó un piloto colombiano al diario londinense, los combatientes sudamericanos empotrados en las filas ucranianas tienen una prioridad: el ensamblaje de drones FPV —aparatos de ataque con cámara, tan rápidos y maniobrables que resultan muy difíciles de derribar— y técnicas de encriptación de comunicaciones de alta seguridad. Un conocimiento táctico que, según esta información, las mafias locales ya están en proceso de importar para replicar en Colombia.

Benjamín Netanyahu se parapetó en el atril de orador mientras la sala de la Organización de Naciones Unidas se iba quedando casi vacía. Mientras la mayoría de las delegaciones —incluida la española— dejaban el recinto, el primer ministro israelí les retó: “Si hay otros cobardes morales que todavía no se han retirado de la sala, por favor retírense ahora”. Entre la escasa audiencia a su discurso duro y amenazante destacaban Estados Unidos y Argentina, el eje norte-sur de un continente cada vez más dominado por la ultraderecha. 

Para Israel, el viraje político latinoamericano —que elección tras elección ha ido sumando gobiernos de derecha y extrema derecha alineados con las posiciones de la Administración de Donald Trump— supone una oportunidad de obtener nuevos apoyos, en un momento en el que algunos de sus aliados tradicionales se están distanciando y adoptando medidas de castigo por la ocupación de Cisjordania y la violencia de los colonos judíos contra los palestinos en ese territorio.

Aparte de los países europeos que han adoptado posiciones críticas por el genocidio en Gaza, encabezados por España, otros han anunciado sanciones contra algunos ministros radicales o colonos violentos, así como el veto a los productos procedentes de los asentamientos ilegales israelíes. Los últimos en hacerlo han sido Reino Unido, Francia y Canadá, a principios de septiembre. Israel no sólo necesita nuevos amigos, también nuevos mercados ante un futuro aislamiento comercial, aunque su economía tardará mucho en resentirse mientras las sanciones no afecten a su industria armamentística y tecnológica.

Frente a la potentísima imagen de la Asamblea General semivacía y las protestas fuera del edificio —en las que se detuvo a la actriz Susan Sarandon—, la diplomacia israelí se dedicó a buscar el apoyo de varios Gobiernos latinoamericanos. Aunque el Ejecutivo israelí aseguró que el primer ministro había tenido muchas peticiones de reuniones, justificó que finalmente se agendaran solo unas pocas por la brevedad de su visita (estuvo unas escasas seis horas en Nueva York). No es casualidad que la mayoría de esas contadas reuniones fueran con representantes de países de la región.

Una agenda muy apretada

“El viaje de Netanyahu no fue un éxito, ningún líder occidental quiso reunirse con él ni tuvo un encuentro con la comunidad judía” de EEUU, afirma a elDiario.es Ilana Shpaizman, profesora titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad israelí de Bar-Ilan. “La mayor parte de la comunidad internacional lo boicotea. Esto demuestra la posición tan baja a la que ha caído Israel y Netanyahu es responsable de esta posición”, señala la politóloga. Una tesis que comparte el periódico israelí Haaretz, que también destaca que el primer ministro no se reunió con ningún representante de la Administración Trump durante su visita relámpago a EEUU.

Por supuesto, se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, el principal aliado del Gobierno israelí en la zona. El libertario ha viajado tres veces a Israel en los últimos tres años y ha firmado con Netanyahu los llamados Acuerdos de Isaac, un marco de cooperación en seguridad y tecnología inspirado en los Acuerdos de Abraham y abierto a “naciones afines” de Latinoamérica. En su reunión del jueves en Nueva York, ambos líderes abordaron “la cooperación continua entre sus países y el giro estratégico positivo para Israel que se está produciendo en América Latina”, según la oficina del primer ministro.

Netanyahu dedicó alabanzas a su principal socio y amigo, asegurando que es “uno de los grandes líderes de nuestro tiempo”. “No te importa nada. Defiendes la verdad. Por eso apoyas a Israel, porque compartimos esa herencia común de justicia y de decir la verdad, y nadie la expresa mejor que tú”, le dijo el primer ministro al presidente argentino. Ambos se abrazaron calurosamente y Milei redobló el piropo colocándolo entre “los mayores líderes de toda la historia del mundo”.

El resto de la “apretada agenda” del primer ministro israelí incluyó un encuentro conjunto con el boliviano Rodrigo Paz, el paraguayo Santiago Peña, el panameño José Raúl Mulino y el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo. En esa reunión, Netanyahu subrayó la importancia de una cooperación más estrecha con los países latinoamericanos, a los que calificó de “socios clave” —según el periódico The Jerusalem Post— frente a Irán y a los grupos que cuentan con el respaldo de Teherán, como el chií libanés Hizbulá, cuyas redes “continúan amenazando a países de todo el continente”.

Por último, Netanyahu se reunió con representantes de Etiopía, Grecia, Papúa Nueva Guinea y Eslovenia, cuyo nuevo Gobierno levantó en junio el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada al primer ministro israelí, contra quien existe una orden de arresto de la Corte Penal Internacional desde 2024.

“Con el Gobierno de Netanyahu, el aislamiento internacional de Israel es cada vez más claro y profundo. El acercamiento a los países de América latina es una forma de mostrar de puertas para dentro que no está del todo solo”, explica a elDiario.es Daniel Filc, analista político y miembro de la dirección del movimiento de base israelí-palestino Standing Together. Filc agrega que, hasta el momento, los ciudadanos israelíes no están sintiendo en su día a día los efectos del aislamiento de los socios tradicionales de Israel (como la Unión Europea), sino que es más bien “simbólico”. Por ello, Netanyahu quiere mostrar, también de forma simbólica, que “Israel tiene amigos”.

Donald Trump está creando un bloque aliado en lo que él considera su patio trasero, y formar parte de este bloque supone unas ciertas posiciones económicas y también el apoyo a Israel

Ezequiel Kopel

El analista y activista político recuerda que los encuentros mantenidos en Nueva York tuvieron lugar a poco más de un mes de las elecciones generales en Israel, unos comicios en los que Netanyahu no se juega solo la reelección sino su futuro, ya que si perdiera la inmunidad podría acabar en la cárcel. “En este momento, lo que le importa a Netanyahu es el frente interno y no la política exterior”, dice Filc. Y desde el punto de vista de sus votantes, hay un elemento que puede resonar entre sus seguidores más convencidos: muchos Gobiernos latinoamericanos comparten con Israel “el discurso en contra de las ideas progresistas”. Filc concluye que, de cara al público israelí, Netanyahu puede presentar su aislamiento de la siguiente manera: “El problema no son las políticas de Israel, sino la cultura ‘woke’. Hay líderes latinoamericanos que sí nos apoyan”.

Cambio de ciclo (y de posición) 

“No recuerdo momento donde hubiera tantos países latinoamericanos apoyando a Israel”, reflexiona el periodista argentino Ezequiel Kopel. Autor del libro La disputa por el control de Medio Oriente, Kopel señala que en este alineamiento, Estados Unidos opera como figura central: “Donald Trump está creando un bloque aliado en lo que él considera su patio trasero, y formar parte de este bloque supone unas ciertas posiciones económicas y también el apoyo a Israel. Lo que hay que preguntarse es qué pasará si Trump desaparece o ve su posición debilitada”. 

Hace una década, Bolivia, Cuba y Venezuela no tenían relaciones diplomáticas con Israel. Y en la región prácticamente todos los países reconocen al Estado palestino. La mayoría –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, El Salvador y Guatemala– lo hicieron entre 2008 y 2011, antes que muchas naciones europeas y por supuesto que España, cuyo reconocimiento no llegó hasta 2024. La última incorporación fue Colombia, en 2018, y México estaba en vías de hacerlo. Panamá es la excepción continental. 

Por eso el vuelco ideológico de la región es tan notable en relación con Israel y Palestina. Si el expresidente colombiano Gustavo Petro fue uno de los primeros mandatarios en llamar genocidio a la matanza de palestinos en Gaza, el cambio de tercio con el nuevo Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella no puede ser más acusado. Mientras el país removía los escombros del terremoto del pasado 10 de agosto que dejó cientos de muertos, el presidente rompía el consenso internacional y reconocía la soberanía israelí sobre los Altos del Golán sirios, que Israel ocupó en la Guerra de los Seis Días de 1967 y anexionó en los años ochenta.

“Para los líderes latinoamericanos, como Milei, Kast o el nuevo presidente de Colombia —no sé qué pasará con Fujimori en Perú— es una combinación de afinidad ideológica, ya que son Gobiernos de derecha radical y el Gobierno israelí también lo es; y también una forma de alinearse con Trump. Para estos Gobiernos es una forma de crear un eje alternativo al de la Unión Europea y, quizás, una apuesta por algún vínculo económico relacionado con la alta tecnología”, reflexiona Daniel Filc. 

El caso de José Antonio Kast es doblemente paradigmático, porque Chile acoge a la mayor diáspora palestina del mundo fuera de los países árabes. Con la llegada del ultraderechista al Palacio de La Moneda, y desafiando la Resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el país ha trasladado su embajada a Jerusalén (al igual que Paraguay, Honduras y Guatemala) y ha nombrado a un representante diplomático señalado como sionista, que ha cuestionado públicamente a la comunidad palestina chilena. 

El crecimiento de las iglesias evangélicas en Latinoamérica es otro de los elementos que explican el cambio de posición en muchos países. “La mayor parte no tienen un acercamiento con Israel, sino directamente una alineación irrestricta con sus posiciones, fundadas sobre todo en ciertas visiones religiosas y apocalípticas respecto a Oriente Medio”, explica Kopel. 

Para el analista, el peso de esta operación de acercamiento entre Israel y América latina no está motivado por lo económico, porque la región supone un porcentaje pequeño del volumen de negocio israelí. Tampoco en el caso de los países latinoamericanos, aunque pueda haber intereses en la adquisición de tecnología de seguridad israelí. 

Es más bien un combo de afinidades ideológicas —y posicionamiento religioso en el caso de los grupos evangelistas— y estrategia geopolítica. “Cuando Israel ve que su apoyo en el mundo está flaqueando como nunca, trata de buscarlo por otros cauces. Y aunque su poder sea relativo, la lista de países abulta”, resume Kopel.

Hoy no hablamos de los menores no acompañados que llegan a España y que no sabemos acoger. Hablamos de las sensaciones, las historias y las vivencias de los niños y niñas que se quedan en sus países sin sus madres, cuando ellas tienen que migrar para prometerles “una vida mejor”. Lo hacemos con dos de ellas: Laura, colombiana y Elisa, hondureña. Ambas estuvieron separadas de sus madres durante años tratando de entender, como niñas y adolescentes, por qué sus madres tuvieron que elegir ir a otros países a cuidar de otros niños y ancianos que no eran de su familia. 

Reflexionamos con ellas sobre esas historias, que tienen un importante componente de género, y nos acercamos a otra perspectiva de la migración. Son historias que tienen final feliz, así lo escribía Laura: Mi madre migró a España y yo crecí viéndola a través de una pantalla: ahora nos hemos reencontrado

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El presidente ultra Abelardo de la Espriella ha convertido el ejercicio de nombrar y destituir a funcionarios de forma instantánea en parte de su guion en las primeras semanas de gobierno en Colombia. Al menos cuatro cargos técnicos, incluida la dirección del organismo encargado de trazar los planes de desarrollo del país (similar a la española Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia), fueron nombrados y destituidos en cuestión de horas o días, sin mediar explicación oficial.

El patrón retrata a un Ejecutivo que toma algunas decisiones sin un análisis previo. Luego las corrige en público, sobre la marcha, y deja a profesionales acreditados bajo el foco mediático.

El caso que desnudó la fisura del nuevo Gobierno de extrema derecha ocurrió en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que funciona como un think tank estatal en temas económicos. Carlos Eduardo Sepúlveda, exdecano de la reputada Universidad del Rosario y activo en el diseño de los planes de desarrollo de los expresidentes Santos, Duque y Petro, fue nombrado director el 12 de agosto. Estuvo en el cargo apenas 48 horas. Sin explicación oficial, De la Espriella revirtió el nombramiento y eligió a Julián Buitrago, un activista digital sin ninguna experiencia en el Estado.

La improvisación delata desacuerdos internos no resueltos antes del anuncio de cada nombramiento

Yann Basset — politólogo de la Universidad del Rosario

Todo indica que detrás de la remoción operó un veto silencioso. Según reconstruyó el portal independiente La Silla Vacía, dos factores jugaron en contra de Sepúlveda: su paso por el DNP de la Administración del progresista Gustavo Petro y su orientación sexual. La presencia de un tecnócrata casado con otro hombre activó las alarmas de sectores ultras y religiosos, que presionaron hasta tumbarlo.

Aun así, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, negó cualquier discriminación. Pero el golpe fue tan certero que sacudió las propias filas del oficialismo: el senador Andrés Forero, del derechista Centro Democrático, calificó el veto como “un gran desacierto”.

Despidos fulminantes

El episodio no fue aislado. El 11 de agosto, el Ministerio de Trabajo designó como secretaria general encargada a Soraya Pino, que tenía experiencia como directora de Pensiones en el Gobierno de Petro. Nueve días después, el exministro progresista Antonio Sanguino celebró el nombramiento en la red social X, destacando su labor en el anterior Ejecutivo de izquierdas. Horas más tarde, el Palacio de Nariño (sede del Gobierno en Bogotá) revocó el encargo mediante decreto y nombró, de forma definitiva, a Eduardo José Pineda, abogado y coterráneo del presidente De la Espriella. Pino no llegó a cumplir 24 horas en el puesto desde la publicación del mensaje en X.

Para Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, lo anómalo no es que un gobierno entrante prefiera perfiles afines. Eso, añade, “no es particularmente sorprendente” en ninguna administración. Lo insólito es la sucesión de decisiones tomadas y deshechas en público, una improvisación que delata desacuerdos internos no resueltos antes de cada anuncio. El caso del Ministerio de Trabajo ilustra esa dinámica: no fue una revisión previa de antecedentes lo que forzó la salida de la funcionaria, sino un mensaje de un político de izquierdas en redes sociales.

El politólogo Camilo Cruz explica que la supervivencia de esos funcionarios dependió, al final, del termómetro digital. Lejos de una doctrina ideológica planificada desde la presidencia, el Gobierno sometió cada nombramiento a una evaluación de afinidad política, medida en tiempo real por la reacción de sus bases en plataformas como X. De acuerdo con esa lógica, el Ejecutivo ultra obvió en primera instancia el pasado de los servidores públicos y, posteriormente, delegó el filtro en un influenciador radical o un funcionario del anterior Gobierno para forzar las destituciones.

Hay un caso, sin embargo, que rompe con ese patrón. Hanna Escobar no provenía del Gobierno de Petro. Era, en realidad, su némesis pública. La química farmacéutica construyó su prestigio en las redes oponiéndose con dureza al Ejecutivo de izquierdas y a su gestión de la salud. Quizás por todo eso, el 24 de agosto asumió la Dirección de Medicamentos del actual Gobierno, que prometió revertir el caos en la prestación de servicios del sector sanitario.

El anuncio, sin embargo, también duró pocas horas. Facciones cercanas a De la Espriella inundaron las redes sociales con un expediente que resultó ser, en su mayoría, falso. Una fotografía manipulada mostraba a Escobar con el pañuelo verde del movimiento a favor del derecho al aborto. Ella aseguró que nunca usó ese símbolo. La imagen, además, iba acompañada de un fragmento de un viejo pódcast que estaba fuera de contexto. En él, de hecho, defendía la candidatura del actual presidente.

Una estructura vulnerable

La explicación de este fenómeno va más allá de los nombres propios y responde a una realidad institucional. Laura Bonilla, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señala al sistema colombiano: a diferencia de países como España, el país jamás construyó un cuerpo de funcionarios estable ni un régimen de oposiciones blindadas. Sin ese escudo legal, cada cambio de presidente puede amenazar la continuidad de buena parte de quienes sostienen el aparato público.

Para hacerse una idea de la situación, en 2020, el 69,4% de las vinculaciones estatales correspondía a contratos de prestación de servicios: personal temporal, ajeno a la carrera administrativa y dependiente de renovaciones periódicas.

Bonilla sitúa la agudización de esta lógica de tierra arrasada durante el mandato de Iván Duque (2018-2022), el primero en este siglo en aplicar la estrategia explícita de purgar a los técnicos por su pasado político. De la Espriella no inventó el mecanismo, pero heredó una estructura vulnerable donde el empleo estatal funciona como un espacio de libre remoción y la estabilidad laboral depende del gobernante de turno.

La misma Bonilla añade una segunda capa de análisis: puertas adentro, el gabinete de De la Espriella opera como una colcha de retazos. Un ala técnica y, quizás, minoritaria convive con reservas con el sector más conservador, vinculado a grupos evangélicos, que ha ganado de momento cada disputa interna. Al no compartir objetivos comunes, el mandatario ultra de 48 años, sin experiencia en la gestión de equipos de esta magnitud, ha cedido ante el sector que ejerce mayor presión.

Por su parte, Edwin Palma, exministro de Minas y Energía con Petro, ve el resultado del pulso desde la óptica de ese sector: cita el caso de una vicepresidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con 12 años de trayectoria técnica, destituida “de un día para otro”. La ironía, añade el sindicalista, es que la misma cartera apenas ha logrado reunir en 21 días un comité de seguimiento de la crisis energética por el fenómeno climático de El Niño. Sin embargo, sí encontró tiempo en su agenda, según Palma, para recibir visitas en sus instalaciones de sacerdotes que hicieron ritos de bendición y exorcismo.

El único freno a todo este proceso de recambio llegó de forma imprevista. Fuentes en varios ministerios coinciden en que, de no haber sido por el terremoto del pasado 10 de agosto —el peor en una década en Colombia, con más de 300 muertos—, la purga habría corrido a un ritmo más vertiginoso. El sismo en el suroeste del país obligó al Gobierno de la 'Patria Milagro' a ralentizar la marcha en el remezón por pura necesidad operativa: en plena emergencia nacional, congelar los despidos de los equipos de técnicos de gestión de la crisis, en carteras como Vivienda o Hacienda, fue el peaje obligado para no comprometer la respuesta a una tragedia.

El presidente colombiano, el ultra Abelardo De la Espriella, había prometido durante su campaña electoral endurecer las políticas de seguridad contra los grupos violentos en Colombia. Pero pocos pensaron que también endurecería el formato en el que mostraría los resultados del conflicto interno. Fue el miércoles de esta semana cuando el mandatario, de 48 años, publicó en su cuenta de X un largo vídeo en el que, tras informar de la muerte de 23 presuntos delincuentes en un bombardeo del ejército sobre una zona de la selva del sur del país, se podía ver como él mismo paseaba entre las filas de bolsas blancas con los cadáveres de los supuestos criminales muertos en el departamento del Guaviare.

Se trata del tercer bombardeo letal contra grupos criminales en menos de un mes de gobierno de De la Espriella. La ofensiva forma parte de una nueva fase de la guerra para combatir organizaciones violentas y el narcotráfico, llevada a cabo por el nuevo Ejecutivo de extrema derecha. “Les prometí enfrentar el terrorismo y lo estoy haciendo”, afirmó De la Espriella en el vídeo.

La publicación ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, académicos y la oposición colombiana. Emily Dickinson, directora para América Latina del think tank International Crisis Group, expresó su rechazo públicamente, señalando que el acto glorifica la violencia.

“Exhibidos como trofeos de guerra”

El experto en seguridad Hugo Acero traza a elDiario.es la frontera del “monopolio legítimo de la fuerza”. El Estado colombiano, recuerda, tiene la obligación ineludible de proteger a la ciudadanía y esa obligación lo habilita, según la ley, a emplear una “fuerza proporcional y letal” contra quienes la infrinjan. El quiebre ético y legal, sin embargo, no ocurre en el momento del uso de la fuerza, sino en la fase posterior. Tras los protocolos de “investigación judicial y análisis forenses”, el Estado debe restituir los cuerpos a sus familiares.

Es la única manera, añade Acero, de garantizar sus derechos en materia de “procesos religiosos y culturales”. Por ello advierte de que los restos humanos no pueden ser “exhibidos como trofeos de guerra” ni instrumentalizados con fines políticos o mediáticos. Y deja claro que la acción estatal no opera bajo la lógica de la “retaliación”, sino bajo la premisa de la seguridad colectiva.

Este mismo viernes, el presidente ultra ha mostrado en X la imagen de otros cuatro cadáveres, después de una operación contra el narcotráfico, llevada a cabo por la Policía Nacional colombiana, en la que aseguró que fue abatido alias Naím o “Bendito Menor”, que De la Espriella calificó como “uno de los criminales más peligrosos del país”.

“Desde mi posesión impartí una instrucción perentoria a la cúpula militar y policial: convertir a este criminal en objetivo de alto valor y perseguirlo sin descanso”, escribió el mandatario. “Hoy, con la Operación Centinela de la Patria, demostramos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede”, agregó.

La ofensiva militar de De la Espriella, que se enmarca en el Escudo de las Américas impulsado por la Administración de Donald Trump, ha chocado esta semana con una decisión judicial contundente. Un juzgado ordenó al Estado colombiano detener los bombardeos contra grupos armados hasta que las fuerzas armadas ajusten sus protocolos para garantizar que menores de edad no sean blanco de los ataques aéreos. La medida responde a múltiples denuncias de presuntas víctimas civiles en operaciones previas.

Discurso de mano dura

El freno legal llega justo cuando De la Espriella ha querido acelerar su discurso de firmeza militar: 26 combatientes muertos durante sus primeras semanas de gobierno. Sin embargo, el contraste ha inquietado a los observadores del conflicto interno. Mientras el presidente reporta las ofensivas en sus redes sociales, detallando bajas, alias de combate e incautaciones de arsenal por parte del ejército, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha confirmado que cuatro menores fallecieron en los dos primeros bombardeos —dos adolescentes de 15 años y otros dos de 16 años—.

La reacción de la oposición ha trascendido las redes sociales. Iván Cepeda, excandidato presidencial, senador y una de las principales figuras de la izquierda colombiana, criticó con fuerza las medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno para los primeros cien días de mandato. Entre otras, calificó el resurgimiento del ESMAD (polémico cuerpo antidisturbios de la Policía) como preocupante y una amenaza para la democracia en Colombia.

Asimismo, desde la toma de posesión de De la Espriella el 7 de agosto, Cepeda pasó de la denuncia a la acción. Anunció la creación de un “gabinete en la sombra”, inspirado en el modelo británico, con voceros especializados por sectores desde la oposición de izquierdas. Su misión: vigilar de cerca cada Ministerio del Gobierno ultraderechista. Así, la colación del Pacto Histórico del expresidente Gustavo Petro busca armar una oposición técnica y constante que cuestione las decisiones presidenciales, que mantenga viva un discurso político independiente a la de la ofensiva militar y otros proyectos que De la Espriella ha puesto en marcha.

El círculo cercano de De la Espriella está formado por militares retirados que moldean la estrategia sobre el terreno y frente a las cámaras, aseguran fuentes cercanas al mundo castrense. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, fue entregado a Jorge Mora López, un general retirado con 30 años de experiencia en crimen transnacional, y la Comandancia de las Fuerzas Militares recayó en el general Erik Rodríguez, quien había sido retirado por Petro meses antes.

La revista The New Yorker identificó recientemente cómo la maquinaria digital de Nayib Bukele se expande por América Latina a través de vídeos, símbolos e influenciadores que buscan transformar la seguridad en una experiencia emocional. De la Espriella ha replicado ese modelo en Colombia. En en el vídeo, el mandatario se refiere a “Tigre o Pintado”, uno de los cabecillas de la facción liderada por Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia. Está al frente de un grupo disidente de las desaparecidas FARC que rechazó el acuerdo de paz de 2016, opera en la Amazonía traficando con droga y controlando territorios. De la Espriella afirma en el vídeo que “ese narcoterrorista fue dado de baja”.

La difusión de las imágenes oficiales marca, quizás, un quiebre en la comunicación institucional de Colombia. La puesta en escena que muestra cadáveres de supuestos disidentes abatidos vulnera la dignidad de los muertos, señala el editorial publicado el viernes en el diario colombiano El Espectador.

En la misma línea, expertos y observadores han recordado en los últimos días que existen otros métodos eficaces para comunicar el éxito operativo de las fuerzas de Colombia. Se trata de estrategias que respetan el marco ético, evitan el terreno de la venganza y se ciñen estrictamente al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe la instrumentalización de los cuerpos de las personas desarmadas o caídas en combate. Ariel Ávila, analista de seguridad y de derechos humanos opositor, resumió: “Una cosa es actuar con contundencia ante los violentos; otra, la necropolítica y la espectacularización de la muerte”.

Hay canciones del verano que sobreviven más allá de este período del año y una de ellas es ‘La bicicleta’ de Carlos Vives y Shakira, que cumple diez años desde que se convirtiera en uno de los grandes éxitos de 2016 y alcanzara el número 1 en más de 20 países, entre ellos España.

Un hecho que logró, además, en tiempo récord, no siendo el único hito, pues además ganó dos Grammy Latino como Canción y Grabación del año, además de que consiguió estar 20 semanas consecutivas en el primer puesto de ventas en Colombia, país originario de ambos artistas.

El homenaje a Colombia de Carlos Vives y Shakira

Lanzada a finales de mayo de 2016, ‘La bicicleta’ fue una canción colaboración entre Carlos Vives y Shakira, que fue incluida en el álbum ‘Vives’ del artista colombiano, y en la que ambos dieron homenaje a su Colombia natal, uniendo además el sonido de dos de sus artistas más globales y el folclore.

Este tema, que fue una de las revoluciones de ese año a nivel musical, recorre lugares icónicos de Colombia a través de su letra, aunque en especial de Santa Marta y Barranquilla, las ciudades natales de los dos cantantes.

Las dos localidades colombianas no solo son protagonistas de la letra, sino también en el videoclip, que llegó al billón de visitas, y en los que ambos se muestran recorriendo las dos ciudades mientras van en bicicleta y saluda a distintos vecinos, al mismo tiempo que bailaban y disfrutaban de sus paisajes.

Shakira fue la que puso título a la canción

Uno de los hechos más curiosos de ‘La bicicleta’ es que Carlos Vives llegó a ser nombrado Embajador de Buena Voluntad de la ONU por el Medio Ambiente debido al mensaje ecológico de la canción, que invita a moverse con este medio de transporte.

Aunque la gran curiosidad de este tema es como se llegó a poner este título, porque no fue el primero que tuvo, un hecho que desveló el propio artista y cuyo crédito se lleva la cantante colombiana: “Cuando entregué este álbum al presidente de Sony le mandó esa canción que no se llamaba ‘La Bicicleta’, se llamaba ‘Vallenato Desesperado’. Shaki tenía un tiempo sin grabar y le mandó esa conexión y Shaki empezó a comunicarse conmigo directamente y me decía, voy a hacerle unos arreglos a ‘La Bicicleta’, ahí te mando ‘La Bicicleta’. Y ya me le cambió el nombre a la canción. ‘La Bicicleta’ terminó llamándose por ella”, declaró el artista en una entrevista.

De hecho, si bien Vives ya había compuesto y dedicado varias canciones a una bicicleta, debido a su fuerte vínculo con este deporte y medio de transporte, nunca había formado parte de un título: “No es mi primera canción que hablo de una bicicleta, siempre en mis canciones hablo de la bicicleta porque estuve en los primeros ciclos de motocross de mi país”, desvelaba.

La colaboración, además, se gestó de una manera peculiar. Y es que, si bien los dos son de los cantantes más globales de Colombia, sus estilos diferentes parecían no casar, uno más abrazando el folclore y la otra más enfocada al pop anglosajón. Pero, sin embargo, decidieron tener una buena amistad desde que coincidieran en la televisión en Bogotá:

“No pensaba mucho en si iba a grabar con una diva porque lo de uno estaba en un segmento que el camino que tomé estaba en otra cosa. No pensé que pudiera acercarme a una artista que ya estaba como en lo anglo, en otra cosa”, aseguraba en una entrevista.

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia representa un giro político profundo para el país y América Latina. Más que una alternancia entre izquierda y derecha, expresa el avance de un proyecto basado en autoridad, seguridad, liberalización económica y mayor acercamiento a Estados Unidos. Colombia, después de años como referente regional de la política de paz y de los gobiernos progresistas, se convierte ahora en uno de los nuevos polos de la derecha latinoamericana.

El proyecto de De la Espriella recuerda inevitablemente al gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su política de “Seguridad Democrática”. No se trata solo de una semejanza ideológica: existen elementos comunes, como la centralidad de la ofensiva militar y la recuperación del control territorial mediante la fuerza. Las primeras semanas del nuevo Gobierno ya generan preocupación por los asesinatos de líderes sociales, indígenas y campesinos, así como por operaciones militares y bombardeos que han provocado denuncias de afectaciones a población civil.

La comparación con el uribismo debe hacerse desde la memoria histórica. La “Seguridad Democrática” estuvo acompañada de graves violaciones de Derechos Humanos, entre ellas los llamados “falsos positivos”: ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate, masacres y desapariciones. Por ello, la pregunta no es solamente si el nuevo Gobierno recuperará el control territorial, sino qué precio humano tendrá esa estrategia y qué mecanismos impedirán que la seguridad vuelva a situarse por encima de la vida y la dignidad de las personas.

Colombia necesita un Estado capaz de enfrentar a las organizaciones armadas, el narcotráfico y el crimen organizado. Pero la autoridad debe estar sometida a la Constitución, la justicia y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Seguridad no puede significar represión, ni autoridad impunidad.

El debate no debería limitarse a decidir si Colombia necesita petróleo, gas o minerales. La verdadera pregunta es: ¿quién controla esos recursos, quién obtiene los beneficios y quién asume los costes ambientales y sociales?

Este modelo se relaciona directamente con otro aspecto fundamental: la explotación de los recursos naturales. De la Espriella apuesta por recuperar el petróleo, el gas y la minería como motores del crecimiento, incluyendo el fracking y una mayor explotación de minerales estratégicos.

Colombia posee una enorme riqueza en petróleo, carbón, oro, cobre y níquel, además de una biodiversidad excepcional. Esta riqueza podría financiar empleo, derechos sociales y desarrollo, pero también profundizar un modelo histórico en el que América Latina exporta materias primas mientras las grandes economías controlan capital, tecnología y mercados.

Por eso, el debate no debería limitarse a decidir si Colombia necesita petróleo, gas o minerales. La verdadera pregunta es: ¿quién controla esos recursos, quién obtiene los beneficios y quién asume los costes ambientales y sociales?

En este contexto adquiere especial importancia el acercamiento a Estados Unidos. El riesgo no está en la inversión extranjera en sí misma, sino en que Colombia termine convertida principalmente en proveedora de materias primas y reciba a cambio productos y tecnologías de mayor valor añadido.

En el escenario internacional actual, petróleo, gas y minerales estratégicos son también instrumentos de poder geopolítico. La soberanía del siglo XXI no consiste solamente en defender las fronteras: significa tener capacidad para decidir sobre el agua, la energía, los minerales, la biodiversidad y el territorio.

Por ello será fundamental observar qué ocurre con Ecopetrol y el cambio producido en su Junta Directiva. La cuestión será determinar si continuará siendo un instrumento de soberanía energética y generación de recursos públicos o avanzará hacia un modelo cada vez más orientado a la rentabilidad y al capital privado y extranjero.

La dimensión ambiental es especialmente preocupante. El fracking plantea interrogantes sobre el consumo de agua y los ecosistemas, mientras la posible reactivación de la aspersión aérea con glifosato vuelve a enfrentar la lucha contra el narcotráfico con la protección de la salud, la biodiversidad y los derechos de las poblaciones rurales.

La decisión sobre el futuro de Colombia debe ser democrática, soberana y profundamente comprometida con los Derechos Humanos, la justicia ambiental, la defensa del territorio y las generaciones que todavía no han nacido

Muchos territorios donde se encuentran estos recursos están habitados por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Su explotación exige participación efectiva, consulta previa y garantías ambientales y sociales. La recuperación militar de un territorio no debería convertirse automáticamente en la apertura de ese territorio a la explotación económica.

Colombia necesita inversión, empleo y crecimiento, pero también proteger el agua, los páramos, la Amazonía y los bosques. Necesita seguridad, pero no militarización permanente; cooperación internacional, pero no subordinación; relaciones con Estados Unidos y otros Estados, pero también autonomía y vínculos sólidos con América Latina.

Los recursos naturales no renovables pertenecen al presente, pero comprometen el futuro. El petróleo que se extrae hoy no volverá a existir; el mineral que se exporta no podrá recuperarse; un ecosistema destruido puede tardar siglos en regenerarse.

Por eso, la pregunta que Colombia debe hacerse no es solamente cuánto crecerá su economía, sino qué país quedará cuando sus recursos hayan sido explotados.

El verdadero desafío será construir un Estado fuerte sin convertir la autoridad en autoritarismo y una economía abierta sin convertir la soberanía nacional en una mercancía.

La decisión sobre el futuro de Colombia debe ser democrática, soberana y profundamente comprometida con los Derechos Humanos, la justicia ambiental, la defensa del territorio y las generaciones que todavía no han nacido.

La misma mañana en que Colombia removía entre los escombros los cientos de muertos que dejó el terremoto en el departamento del Chocó, el 10 de agosto, el presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella rompía el consenso internacional al reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, el territorio sirio que ocupa desde la Guerra de los Seis Días de 1967 y que, pese al rechazo de la comunidad internacional, anexionó en los años ochenta.

Colombia se convertía así en el segundo país del mundo, después de Estados Unidos durante la primera Administración de Donald Trump, en reconocer la soberanía israelí sobre el territorio. Benjamín Netanyahu agradeció el gesto, mientras que una veintena de países árabes —entre ellos Egipto, Arabia Saudí, Qatar o Turquía— rechazaron la decisión del nuevo gobierno colombiano y recalcaron que viola “resoluciones de la legitimidad internacional” de la ONU.

El de Colombia ha sido el último episodio de un giro de varios países latinoamericanos que, con la llegada de la ultraderecha al poder en la región, han volteado su política exterior hacia Israel mientras buscan los favores y la simpatía de Estados Unidos.

“Este giro se explica por las nuevas narrativas de las nuevas derechas de la región —en algunos casos conservadoras, en otros casos radicales— que comparten elementos como, por ejemplo, priorizar las relaciones con Israel” para, según el experto en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile Gilberto Aranda, “lograr una buena sintonía” con Estados Unidos.

En Colombia había un consenso que duró muchos años sobre la necesidad de no hacer demasiadas declaraciones sobre la relación con Israel, pero no había compromisos tan explícitos como los que ha asumido De La Espriella

Sandra Borda — Profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de Los Andes

A diferencia de Gustavo Petro, que impulsó una diplomacia de defensa de los derechos del pueblo palestino, De la Espriella se reunió incluso antes de asumir el cargo con el ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa'ar, para “retomar” los vínculos entre ambos países.

Como nuevo presidente, restableció las relaciones diplomáticas con Israel, rotas por su predecesor en respuesta al genocidio en Gaza, nombró embajadores, eliminó los visados entre ambos países y trasladó la Embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén. En su agenda también hay nuevos acuerdos de cooperación con Israel en seguridad, tecnología, inversión y defensa y la reanudación de las exportaciones colombianas de carbón a Israel.

“En Colombia había un consenso que duró muchos años sobre la necesidad de no hacer demasiadas declaraciones sobre la relación con Israel, era una relación de cooperación militar, pero no había compromisos tan explícitos como los que ha asumido la administración de De La Espriella”, explica la profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de Los Andes Sandra Borda, quien recuerda que Petro, por su lado, también instaló una agenda de apoyo a la causa palestina.

Para ella, este giro se debe a razones tanto estratégicas, en materia de seguridad, como ideológicas. Sobre estas últimas, menciona que las nuevas ultraderechas “se gestaron al amparo del proyecto de Trump” y eso implica apoyar su política de alianzas con Israel.

Milei y “los amigos de Washington”

Colombia es, junto con Argentina, uno de los casos más evidentes del giro proisraelí en la región. Desde su llegada al poder en 2023, Milei ha convertido su alineamiento con Israel en uno de los ejes de su política exterior.

El presidente ultra expresó públicamente un apoyo prácticamente incondicional a Israel durante el genocidio en Gaza y presentó a Netanyahu como un aliado en la defensa de “la libertad” y contra el terrorismo.

“Hay países que con estos giros han tenido una atención preferente de Estados Unidos, como la Argentina de Milei, uno de los más beneficiados con la postura que ha tenido el presidente argentino”, señala Aranda.

Milei también anunció que trasladará su Embajada a Jerusalén en 2026 y, junto con el primer ministro israelí, impulsó un memorándum de cooperación contra el terrorismo y el antisemitismo, con una dimensión específica de colaboración en defensa y seguridad.

“Argentina ha tenido siempre un componente proisraelí muy importante porque hay una comunidad judía muy destacada y también es fuerte la presencia de argentinos en Israel”, apunta la investigadora del CIDOB Anna Ayuso.

El sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón recuerda que, tras proclamarse ganador, Milei viajó a Estados Unidos y mantuvo estrechos contactos con la comunidad jasídica neoyorquina. “Milei ha viajado hasta ahora tres veces a Israel y 17 veces a los Estados Unidos, mientras no ha visitado a nueve de las 23 provincias de la Argentina”.

“Para Milei, añade, los amigos de Washington son los amigos de Argentina, y sus enemigos son los enemigos de este país”.

También Chile y Ecuador, pero con otros matices

Tres meses después de llegar al poder, el presidente chileno, José Antonio Kast, designó un nuevo embajador de Chile en Israel, tras dos años sin representación diplomática en el país. Cuando en agosto, Gabriel Zaliasnik presentó sus cartas credenciales al presidente Isaac Herzog en Jerusalén, habló explícitamente de “reactivar los vínculos institucionales, académicos, empresariales y científicos” entre ambos países.

Esto supone un vuelco en el tono respecto a la administración del izquierdista Gabriel Boric, que mantuvo una relación mucho más crítica con el Gobierno de Netanyahu y condenó reiteradamente sus operaciones en Gaza.

Este agosto, el Gobierno ultraderechista chileno también ha cerrado la embajada de Irán en Santiago, pero sin suspender las relaciones diplomáticas entre ambos países, que datan de 1942.

“El giro en Chile es de corte ideológico y de alineación con EEUU, no es por una tradición (proisraelí) en el país, como en Argentina, y está más vinculado a temas de seguridad y lucha contra el terrorismo”, dice Ayuso.

Ya sea en Colombia como en el Brasil de la época del ultra Jair Bolsonaro, añade Aranda, la victoria de la ultraderecha llegó precedida por el crecimiento de la población evangélica, “en versiones cercanas al relato veterotestamentario israelí”. Tanto De la Espriella como Bolsonaro han experimentado “un proceso de conversión (religiosa) personal”, al igual que Milei, que se ha acercado al judaísmo. Sin embargo, precisa, “en Chile hablamos más bien de una versión hiperconservadora donde el presidente es parte de lo que es la tradición ultracatólica del país”.

El giro en Chile es está más vinculado a temas de seguridad y lucha contra el terrorismo”

Anna Ayuso — Investigador del CIDOB

Chile alberga la comunidad palestina más numerosa del mundo fuera de los países árabes, con cerca de 500.000 personas, y reconoció a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano” en 2011, durante el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera.

Aunque en el país sudamericano también convive una comunidad judía “muy influyente”, dice Aranda, “la premisa histórica del país ha sido siempre no importar el conflicto desde Medio Oriente a Chile y equilibrar (posiciones)”.

En Ecuador, Noboa recibió el 5 de agosto al canciller israelí, algo que no sucedía desde hace más de cuatro décadas. El caso ecuatoriano es parecido al chileno en el sentido de que la apuesta de Noboa por cooperar con Israel está muy vinculada a la seguridad, una de las principales preocupaciones en el país, y a la lucha contra el crimen organizado, en la misma línea en que se inscribe ahora la política exterior de Donald Trump.

En Honduras, el nuevo presidente, Nasri Asfura, ha firmado este mes un acuerdo de cooperación en defensa.

El peso de EEUU

Los expertos coinciden en que el giro hacia Israel de los gobiernos ultraderechistas de América Latina busca también alinearse con la diplomacia estadounidense y sumarse a su bloque de aliados, encabezado por Israel.

“De la Espriella casi sobreactúa para demostrar su interés de mantenerse como aliado de EEUU porque, para lograr más legitimidad, busca logros tempranos que deriven de estas buenas relaciones con Washington”, dice Sandra Borda.

Borón asegura que, en Argentina, Estados Unidos e Israel ejercen una influencia “decisiva” en el Gobierno de Milei, “en materia económica, financiera, geopolítica y militar”. El embajador de EEUU, añade, “se entromete a diario” en los asuntos internos del país “ante la indiferencia” del Gobierno.

Por su parte, Chile busca generar las mejores relaciones posibles con Estados Unidos a través de políticas “que sean del agrado de Washington o que sigan sus pasos”, apunta Gilberto Aranda.

“Tanto desde el mundo árabe como desde Israel –añade– se advierte que hay un conjunto de países (en América Latina) que han decidido tomar una postura distinta”, por eso las elecciones de octubre en Brasil serán seguidas “con mucho interés” tanto por el mundo árabe como por el mundo israelí.

Cuando la polarización alcanza a la política exterior, concluye Borda, las decisiones en esta área “se convierten en una plataforma política y electoral” y, cuando llega un gobierno de signo distinto, “simplemente, las echa para atrás”.

El presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, ha anunciado una campaña de represión contra los inmigrantes y ha ordenado a las autoridades que detengan y deporten a quienes se encuentren en el país de forma irregular o que hayan cometido delitos.

De la Espriella, abogado millonario que solo lleva dos semanas en el cargo, hizo el anuncio el domingo, mientras el país sigue lidiando con las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, que se cobró la vida de más de 300 personas y destruyó más de 30.000 viviendas.

De la Espriella afirmó que las primeras operaciones conjuntas entre la policía y la autoridad migratoria deberían comenzar “esta misma semana”.

“Que comiencen las operaciones coordinadas para localizar a los inmigrantes ilegales: en primer lugar, a quienes cometan delitos; en segundo lugar, a quienes no hayan regularizado su situación y que tendrán que ser deportados de inmediato”, declaró De la Espriella durante una reunión del Consejo de Ministros celebrada el domingo en Barranquilla, la ciudad caribeña que, en la práctica, se ha convertido en una capital alternativa.

El jefe del Ejecutivo se hizo eco de la retórica de “los estadounidenses primero” del presidente de EEUU, Donald Trump, al afirmar que, a partir de ahora, sería “los colombianos primero, los colombianos segundo y los colombianos tercero”.

El presidente colombiano se ha sumado a otros líderes de la región alineados con Trump que también han endurecido las normas migratorias, entre ellos el argentino Javier Milei y el chileno José Antonio Kast.

La orden de De la Espriella está recibiendo críticas de la oposición y de activistas por los derechos humanos, quienes afirman que pondrá fin a una política migratoria que se ha mantenido durante más de una década tanto bajo gobiernos de derecha como de izquierda y que benefició sobre todo a los migrantes que huían de la crisis humanitaria en la vecina Venezuela.

Aunque durante su campaña utilizó la retórica antiinmigración característica de otros candidatos de extrema derecha, el programa de De la Espriella se centró principalmente en la mano dura contra los grupos criminales.

En el mismo comunicado, también declaró que todas las bandas implicadas en el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando eran “terroristas” y que las trataría “como tales”. “Pase lo que pase, las derrotaremos, por la razón o por la fuerza”, lanzó.

El presidente no mencionó directamente a los venezolanos al hablar de inmigración, pero estos representan aproximadamente el 90% de todos los migrantes en el país. De los 2,8 millones de venezolanos que viven en Colombia, unos 848.000 se encuentran en situación irregular, entre ellos 193.000 niños y adolescentes.

La senadora de izquierdas María José Pizarro Rodríguez compartió el anuncio del presidente y le preguntó si estaba “propuso un ICE colombiano contra otros latinoamericanos”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE). Añadió que la “orden de deportar a los migrantes en situación irregular es pura xenofobia y aporofobia”.

“En lugar de perseguir a las personas que huyen de la pobreza y la violencia, regularicen su situación. Hay miles de migrantes que trabajan duro y contribuyen a las economías de los países que los acogen”, escribió.

El periódico colombiano El Tiempo informó de que fuentes del departamento de migración consideran que la agencia no cuenta con personal suficiente para llevar a cabo las operaciones que De la Espriella ha prometido.

Algunos analistas también han señalado que, según la legislación colombiana, no existe la categoría de inmigrante “ilegal”, tal y como afirmó De la Espriella, sino la de migrantes en situación “irregular”, ya que encontrarse en el país sin la documentación adecuada no constituye delito.

Humorista, periodista, abogado, pedagogo, actor, locutor de radio, activista y, desde su asesinato, inspiración para miles de personas que encontraron en él un ejemplo de diálogo y resistencia contra el odio. La muerte de Jaime Garzón en Bogotá, el 13 de agosto de 1999, todavía retumba en un país que ve cómo aquellos que intentaron frenar la investigación de lo sucedido ocupan de nuevo el poder.

Pero la calle, los muros, los estandartes no olvidan que hubo culpables aún impunes: narcoparamilitares que actuaron con la connivencia de agentes del Estado. Yo quiero no morir (Astiberri, 2026) es la voluminosa novela gráfica dibujada por su hermano Alfredo y guionizada por la dramaturga Verónica Ochoa que ahonda en el duelo colectivo de todo un país a partir de la experiencia del propio Alfredo.

Se pone al habla un 10 de agosto, casi 27 años después del día del asesinato de su hermano. Un terremoto de magnitud 7,4 ha agitado hace pocas horas el país, por lo que la comunicación se corta en varias ocasiones. “La vigencia de Jaime sigue siendo impresionante. A lo largo de sus diez años como personaje de medios, se convirtió en una voz muy incómoda para el régimen, especialmente para el estamento militar, aliado con sectores del narcotráfico”, recuerda Alfredo a sus 67 años.

A día de hoy, él se dedica a la caricatura política. Muy diferente es el trabajo que realiza en la novela gráfica, donde relata en primera persona la historia de dos hermanos a través del duelo de uno de ellos, el suyo propio. “Lo importante es que la gente sepa qué fue lo que produjo una persona como Jaime en Colombia y cuáles fueron las circunstancias políticas e históricas que terminaron en su asesinato”, apunta Alfredo. Y como Jaime, otros tantos amigos de la familia más. “El libro es un homenaje a ellos”, añade.

Convertido en uno de los grandes defensores de los derechos humanos en Colombia, logró la liberación de más de un centenar de secuestrados. A su entierro acudieron dos millones de personas. Todos los avances que se han realizado en torno a su asesinato han sido simbólicos. El caricaturista político recalca que ha sido considerado crimen de Estado y de lesa humanidad. Colombia como Estado asumió su responsabilidad durante el anterior mandato, con Gustavo Petro al frente.

La única condena que existe recae sobre el comandante paramilitar Carlos Castaño. No llegó a pisar la cárcel debido a su fallecimiento en 2004. El exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, José Miguel Narváez, fue señalado como culpable durante la investigación. “Es un asesor de las Fuerzas Armadas que continúa en su trabajo”, subraya Alfredo.

Retorna el miedo con la extrema derecha

Alfredo logra embarcar al lector en un viaje emocional en el que visita aquellos aspectos clave para entender la realidad colombiana y la violencia que la rodea. La vigencia de lo ocurrido con Jaime es tal que hasta revuelve las tripas. “Con el triunfo de la extrema derecha, aparece Jaime como alternativa”, sostiene su hermano. No es baladí esta postura. Según agrega, días antes de la toma de posesión del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, la Biblioteca Nacional de Colombia les entregó todos los ejemplares de Yo quiero no morir por miedo a que nuevas órdenes dictaran su destrucción. También la radio y televisión públicas le entregaron el archivo que guardaban sobre Jaime por temor a que el nuevo Gobierno lo intentara ocultar de alguna manera.

El hermano de Jaime Garzón afirma con pesar que el Estado colombiano ha sido totalmente permeado por el fenómeno del narcotráfico y sus sectores más reaccionarios. “Y muchos de ellos ahora vuelven al Gobierno”, se queja. Sin embargo, ahí queda la memoria de tantas miles de personas que todos los domingos a las siete de la tarde sintonizaban la televisión para ver su programa de sátira política en el que hacía una suerte de deconstrucción de las noticias a través de 22 personajes inventados.

Tenía 38 años. Primero le amenazaron. En una entrevista realizada poco antes de su asesinato pronunció las cuatro palabras que dan título al cómic: “Yo quiero no morir”. Se sabía en peligro, pues formaba parte de una comisión gubernamental para facilitar el diálogo con una de las guerrillas, el Ejército de Liberación Nacional. También había hecho labores de intermediación humanitaria en casos de secuestrados por las FARC. “Fue una muerte anunciada”, recalca Alfredo.

Jaime incluso llegó a entrevistarse en la cárcel con Carlos Castaño, jefe de las autodefensas de Colombia, ejércitos privados de narcotraficantes, según las define Alfredo, y posteriormente condenado. “Le dijo que la orden estaba dada. Fue asesinado mientras se desplazaba al estudio de radio en el que tenía un programa el 13 de agosto a las 5:45 horas por unos sicarios que habían llegado desde Medellín y que pertenecían a un grupo de delincuencia común llamado La Terraza. Actuaron con la ayuda de algunos militares”, relata el hermano.

Construcción de la conciencia política

Verónica Ochoa, guionista de la novela gráfica, descuelga el teléfono mientras todavía procesa el sismo que acaba de golpear Colombia y que ha dejado más de 280 fallecidos. Aun así, está dispuesta a hablar de Jaime: “Su muerte vuelve cíclicamente y nos hace muchas preguntas”. Ahora ella tiene 49 años, por lo que cuando Jaime aparecía en la televisión todavía era una niña. “Es algo que nos cuesta imaginar desde el presente, pero en aquella época Jaime se daba unas licencias increíbles a la hora de realizar crítica política. Muchos construimos nuestra conciencia política, de agudeza a la hora de abordar esta completa realidad, junto a él”, enfatiza.

A través de la encarnación de personajes procedentes de las clases populares, trabajadores, Jaime fue capaz de poner en tensión a los poderosos. “Cuando lo mataron sentimos que todos los límites se habían traspasado, que este país había caído en un abismo muy difícil de comprender”, rememora Ochoa. Como tantas otras, ella engrosa la lista de esas personas que todavía ven en el humorista un ejemplo a seguir: “Somos legión, varias generaciones inspiradas por Jaime, por su capacidad de transformar conciencias, pero también por ser capaz de desescalar el conflicto y la polarización”.

Desde el punto de vista de esta dramaturga, Colombia enfrentó unas atrocidades, silenciamiento y neutralización de las luchas sociales que ahora se están dando en otros contextos y latitudes. “Las luchas del pueblo colombiano tienen mucho que decirles a otros pueblos en estos momentos. Me gusta pensar que el arte, libros como este, tiene esa función de restaurar el tejido”, se explaya.

Muchos jóvenes que no habían nacido en 1999 rescatan ahora la memoria de Jaime de múltiples maneras. “Jaime tiene un aura que ha generado afectos intergeneracionales. En un pueblo tan dividido como el colombiano, él es un punto de confluencia”, sostiene la propia Ochoa. Por otro lado, la guionista de Yo quiero no morir apunta que los cómicos son de vital importancia para una sociedad sana. “Ahí tenemos a Trump, que ha arremetido precisamente contra ellos”, recalca.

Un dibujo real

La novela gráfica publicada hace dos años en Colombia y que ahora llega a España de la mano de Astiberri ocupa más de 550 páginas en las que florece un dibujo realista: “Estábamos construyendo sobre la verdad. Me interesaba que las cosas se parecieran a las cosas, que no hubiera de parte del lector ningún esfuerzo de interpretación, que pudiera llegar de manera sencilla y directa al mensaje”, dice Alfredo.

Licenciado en Bellas Artes en 1982 y autor de un dibujo semanal caricaturesco que publica en El Espectador, Alfredo incide en la importancia de los colores, algo que se aprecia en aquellos pasajes que suceden de día o de noche. “Nos llevó mucho tiempo llegar hasta estas paletas. Elegimos una algo más pastel porque queríamos conseguir una experiencia sin tropiezos, que el libro se pudiera disfrutar de forma fluida”, agrega.

Ochoa destaca que el cómic se creó de una manera experimental, casi liminal. “No quise ceñirme a un guion inicial, sino ir reaccionando a las coyunturas que Colombia nos pone en frente una y otra vez”. De esta forma, logró responder a las tres premisas con las que partió su labor de guion: “Abordar el duelo complejo, aquel que deriva de una violencia desencadenada por un Estado que en teoría está llamado a proteger a sus ciudadanos; revisar las potencias del país, de donde emergen genios como Jaime y otros tantos liderazgos; y por qué Colombia insiste en cercenar y aniquilar esas potencias, por qué insiste en asesinar lo mejor que emerge de su tierra”.

Esas premisas dejaron el espacio suficiente para que brotara la vulnerabilidad de Alfredo, autor del dibujo. El resultado es un ejemplo de recuerdo, homenaje y memoria hacia uno de los grandes defensores de los derechos humanos en Colombia.

Los últimos coletazos de esperanza en Pereira estaban en un solo punto de la ciudad: el Hotel Dibeni. Los equipos profesionales concentraban esfuerzos en sus ruinas, donde rescatistas y autoridades aseguraron detectar varias “señales de vida”. Los voluntarios que retiraban escombros en cadena humana se animaban unos a otros, aferrándose a cada sonido, a cada posible contacto, a cada mínima posibilidad de encontrar supervivientes mientras el olor a descomposición empezaba a sentirse cada vez más fuerte en los restos del temblor que azotó el eje cafetero de Colombia. “Hay vida”, se decían quienes hablaban de posibles “milagros”.

No solo eran suposiciones de los voluntarios. La directora de los Bomberos de Pereira afirmó que una mujer atrapada bajo los escombros mientras abrazaba a su hija había respondido a los contactos, pero el día acabó y no hubo vida. De las tripas del edificio solo pudieron sacar ya cuerpos de quienes pasaban la noche en uno de los hoteles más grandes de la ciudad.

Tampoco hubo milagro en el rescate de Daniela Largo, una mujer que había permanecido 36 horas entre los escombros y cuyo rescate había supuesto un momento de esperanza de las labores de búsqueda en Pereira. Finalmente falleció tras once días en cuidados intensivos. El terremoto ha dejado hasta este sábado 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cuando muchos aún hablaban de vida en las entrañas del hotel, un rescatista caminaba sobre los cascotes con una maleta negra. Era la bolsa de viaje de Juan Felipe Giraldo, de 24 años, un comerciante de Bogotá que había llegado a Pereira unas horas antes del seísmo. Su padre, Hernán Giraldo, lo buscaba desde el pasado lunes y, casi siempre presente durante las labores de búsqueda, presenciaba cada intento de contacto de los equipos de rescate con posibles supervivientes con la esperanza de recibir una nueva “señal de vida” a la que aferrarse. Este viernes, como también el jueves y el miércoles, las hubo. Los sonidistas y los escáneres habían localizado posibles signos de personas supervivientes: un sonido, calor en determinadas zonas, la identificación del lugar por parte de los perros militares... Pero la jornada de rescate del quinto día tras el terremoto ha demostrado que el protocolo utilizado para la detección de supervivientes no era concluyente y carecía de la fiabilidad suficiente. Después de días de trabajos, en los que muchos rescatistas —profesionales y voluntarios— apenas han dormido, muchos se aferraban a cualquier atisbo de supervivencia y celebraban signos de vida que acabaron por no ser.

El padre de Juan Felipe recorría los alrededores del hotel, mostraba la foto de su hijo, contaba su historia y respondía a las preguntas de quien se le acercase. No sé movía de allá y siempre esperó ese milagro que no llegó. “Hay vida, hay pequeñas señales de vida. Y si hay vida, hay esperanza”, insistió el hombre en conversación con varios medios de comunicación. “Estoy seguro de que está vivo”, decía. “Es un verraco”.

Este viernes, tras horas de trabajos en la zona, los rescatistas lograron acceder a la que era la habitación de Juan Felipe, la 105. Primero localizaron su maleta. Su padre se acercó a la zona acordonada para recoger y confirmar que eran las pertenencias de su hijo. El joven iba a casarse este domingo. Tenía un niño de dos años.

Horas después localizaron el cuerpo y el miedo contenido durante días se transformó en llanto. Hernán Giraldo, acompañado ya de otros familiares, se abrazaron en el suelo mientras los equipos de rescate ultimaban la extracción del cuerpo de su hijo. El cadáver descendió desde los escombros y fue enviado a la morgue. Tras el furgón de la Fiscalía, su padre, cabizbajo, arrastraba la maleta de su hijo.

“Ya están saliendo escombros con restos en descomposición, pónganse los tapabocas”, se advertían los voluntarios entre sí. También pedían Vicks VapoRub, el ungüento mentolado que ponían bajo su nariz para tratar de paliar el olor que procedía del piso más bajo del hotel.

Pasadas las horas, las evidencias de posibles supervivientes se debilitaron. “Cualquier movimiento de las placas del edificio puede confundirse con supuestos golpes, con respuesta de una persona atrapada”, matiza el capitán de los Bomberos de Pereira, quien entrada la tarde descartó que se encontrasen entre los escombros una madre y su hija.

El capitán saca de su bolsillo un papelillo doblado y redoblado. En él aparece un listado de nombres, la mayoría tachados: unos, la minoría, por haber sido rescatados con vida. Otros porque lograron salir antes del colapso del edificio. La mayoría, porque han sido localizados sus restos mortales. Su teléfono acumula mensajes con alguna de esas personas y sus familiares. Es la forma que tiene de averiguar las personas desaparecidas entre los restos del edificio y enfrentar la desinformación que surge en cada pequeño atisbo de vida percibido por los operarios.

De todos los nombres apuntados, solo quedan dos: Mario Zapata y Brenda Flores: “Según nuestras informaciones, solo quedan ellos por sacar”.

Mario Zapata y Brenda Flores habían viajado desde México a Colombia de vacaciones. Su familia aún no ha podido viajar a Pereira, pero un voluntario colombiano está en contacto con una de sus hijas para trasladar toda la información de la que disponga.

Las labores se centraron entonces en la zona donde tenían más evidencias de encontrar entre las placas derrumbadas del hotel una pareja de mexicanos. “No se sabe si están vivos, pero tras más de 96 horas bajo los escombros es muy complicado encontrarles con vida”, explica el capitán de los bomberos.

En lo alto de las placas del edificio era habitual encontrar a Edwin Jiménez señalando un lugar a otro de los entresijos del mamotreto derribado. Es el propietario del edificio y, horas después de la catástrofe, solicitó a la gestora del hotel los listados de huéspedes y asumió la coordinación de parte de la búsqueda de desaparecidos. En su bolsillo siempre lleva un mapa del hotel realizado por el mismo. También un listado de los colores de las sábanas que cubrían las camas de cada planta para localizar en qué piso se encontraban para tratar de alcanzar a los clientes desaparecidos con la guía de los cuartos donde descansaban en el momento del sismo. “Creemos que ya solo nos quedan dos”, reitera Jiménez, en contacto directo con los bomberos.

Del Hotel Dibeni, también salieron personas con vida segundos antes de derrumbe. Ronaldo (nombre ficticio) juega con sus hijas en uno de los albergues improvisados en un parque de Pereira, mientras su esposa dobla la ropa que lograron rescatar de los escombros del que fue su hotel. La familia procede de Curaçao y estaba de vacaciones en Colombia. Sobre los colchones extendidos bajo una carpa de emergencia, una de sus niñas canta mientras su padre explica cómo salieron a la carrera del hotel donde hacían base para explorar el turístico eje cafetero colombiano. “Estábamos desayunando, en la última planta, y empezó a temblar. Corrimos por las escaleras, todo se movía. En cuanto salimos, el edificio se cayó”, explica el hombre. Con las carreteras bloqueadas, la familia tuvo que pasar unos días en el albergue hasta lograr regresar a Bogotá para tomar su vuelo de regreso a casa.

El sexto día tras el terremoto apenas nadie habla ya de vida, aunque los rescatistas escarban entre los escombros como si fuera posible. Las máquinas han pasado a hacer la mayor parte del trabajo, al entender las bajas posibilidades de localizar supervivientes. Tras esta fase de emergencia y rescate, empieza el duelo y la reconstrucción. “Estamos muy cansados. La adrenalina nos ha mantenido ayudando, casi sin dormir y sin pensar. Ahora toca empezar de nuevo”, resume Camilo, uno de los voluntarios que salió a la calle a ayudar desde las primeras horas después de la tragedia. “Que no nos olviden. Queda mucho trabajo”.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó este jueves lo que ya era una sospecha: el contingente militar de rescate enviado por México no pudo desplegarse en Colombia. El portazo administrativo frena la ayuda en una semana donde el terremoto que sacudió al suroccidente del país ya suma 288 muertos, 202 desaparecidos y más de 45.000 familias afectadas. Deja además 4.018 personas heridas, así como 354 rescatadas de entre los escombros.

El nuevo Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella bloqueó el ingreso de la brigada alegando la falta de un aval internacional: una certificación técnica que los rescatistas en realidad sí poseían y que se constató horas después. Se trata de una criba burocrática impuesta a un país gobernado por la izquierda, en un repentino giro diplomático que contrasta con la inmediata apertura de Bogotá hacia las delegaciones de Estados Unidos, Israel o El Salvador.

El consultor en gestión del riesgo y exsubdirector de la Unidad Estatal de Emergencias, Juan Carlos Orrego, resume a elDiario.es la primera regla del oficio con un lema que hoy suena lejano: los desastres no se deben gestionar políticamente. El Gobierno de Abelardo de la Espriella hizo exactamente lo contrario en su primera semana al mando. El miércoles, el canciller Omar Bula aseguró en rueda de prensa que la selección de rescatistas internacionales obedecía a criterios rigurosos y sin ideología. Su mapa de ayuda, sin embargo, calcó de forma nítida el bloque de aliados del nuevo Ejecutivo. La decisión desafía la lógica humanitaria universal: en una catástrofe, el socorro lo dictan las necesidades del terreno y no las simpatías de la diplomacia.

Frente a las cámaras, Bula sostuvo el libreto oficial: el manejo de la emergencia carecía de cualquier consideración política. Los técnicos mostraron que la realidad era otra. El criterio, además, cambió en menos de veinticuatro horas. El martes, Javier Pava, cercano al expresidente Gustavo Petro, aún dirigía la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en interinidad bajo una lógica logística. Tenía activados 20 de los 23 grupos de rescate del país en las ciudades de Pereira, Cali y el departamento del Chocó, tres de los puntos más afectados. Su balance de esa tarde era el de un técnico que sabía sus horas contadas en el cargo: la capacidad nacional daba abasto para la búsqueda y no hacían falta grandes contingentes extranjeros sobre los escombros. Pero la foto de la tragedia cambió con el paso de las horas.

Hasta la tarde del lunes el único vacío real era de coordinación, un asunto de un software faltante para unificar las frecuencias de radio y planificar los cuadrantes de búsqueda donde encajaba con precisión un ofrecimiento de Estados Unidos que fue aceptado de inmediato. Pero a los dos días la logística cedió su lugar a la geopolítica. Con el desembarco de David Tamayo en la dirección de la Unidad por orden del nuevo Ejecutivo de extrema derecha, el abanico internacional se redujo de golpe a una lista exclusiva: Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador. Los cuatro mandatarios detrás de esos envíos (Donald Trump, Benjamín Netanyahu, Nayib Bukele y Daniel Noboa) coinciden con el bloque de aliados ideológicos que habían arropado a De la Espriella el 7 de agosto en su toma de posesión en Cali, la tercera ciudad del país y hoy uno de los epicentros de la catástrofe.

El expresidente de izquierdas Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, lo dijo en X sin rodeos: poner un filtro ideológico a la ayuda internacional es un error. Y celebró la llegada por su propia cuenta de otros grupos de rescatistas mexicanos que han ido desembarcando en Colombia.

Para justificar la criba, Tamayo se apoyó en el sello de INSARAG, el sistema de Naciones Unidas que clasifica a los equipos de rescate de élite. La coartada técnica, sin embargo, exhibió pronto sus costuras. Bajo ese mismo estándar internacional, Bogotá aceptó al contingente de El Salvador, con una única unidad internacional, pero bloqueó a México, cuya brigada acumula misiones en 98 países y un largo historial en seísmos. Y a los rescatistas mexicanos se les exigió un requisito adicional: una certificación imprevista que la propia presidenta Claudia Sheinbaum desconocía.

La internacionalista Sandra Borda expuso la contradicción oficial al difundir en X el directorio regional de INSARAG. En el registro de Naciones Unidas figuran los equipos acreditados de la región, incluido México, desmantelando el argumento de la falta de avales técnicos. Presionado por la evidencia, Tamayo cambió la narrativa y esgrimió un motivo estrictamente operativo: los contingentes extranjeros ya no llegaban a reforzar la búsqueda, sino a relevar a los rescatistas colombianos tras jornadas consecutivas de trabajo.

Orrego pone sobre la mesa un matiz: el criterio de exigir la clasificación internacional a los equipos de rescate le parece correcto. Es un estándar técnico, público y verificable, remata. El error del nuevo Gobierno, sostiene, no radicó en el rigor del sello, sino en su ceguera frente al terreno. Mientras la diplomacia se enredaba en disputas de aduana con los contingentes extranjeros, Colombia dejaba sin activar a buena parte de sus propios bomberos locales, desviando el debate hacia donde no hacía falta.

El experto distingue dos realidades operativas en esta catástrofe. El rescate en el precario y olvidado departamento del Chocó, con estructuras ligeras de madera, requiere brazos y logística básica. El escenario en Pereira, la capital departamental y mejor acomodada, en cambio, con edificios colapsados y sobrevivientes atrapados en espacios confinados, exige herramientas hidráulicas de alta tecnología para cortar piezas de concreto y varilla, además de personal altamente especializado. En su opinión, desplegar cientos de soldados extranjeros para realizar tareas que pueden ejecutar los propios ciudadanos carece de sentido logístico. Convocar unidades de élite, remata el experto, sí es necesario.

Everardo Murillo, director ejecutivo durante la reconstrucción del terremoto de Armenia, en el Eje Cafetero (1999), evoca la experiencia humanitaria con una imagen exacta: ante un incendio, un bombero arroja el agua donde el fuego está más vivo, no donde la gente votó por él o por su jefe. “Ni usted ni yo sabemos a quién está sacando un rescatista de esos escombros al costo de su propia vida”, advierte en conversación con elDiario, al recordar que bajo las placas colapsadas puede estar un familiar, un vecino o un desconocido que solo pasaba por allí. Ese impulso solidario, concluye, es el único patrimonio real de una sociedad en crisis: salvar una vida sin detenerse antes a preguntar por el color de su militancia.

El último dictamen no apunta a los despachos de Bogotá ni de Ciudad de México, sino a las poblaciones que quedaron fuera de la foto oficial. Lo advierte el exdirector nacional de Gestión del Riesgo y Premio Sasakawa de las Naciones Unidas, Omar Darío Cardona: mientras el país se desgasta discutiendo la bandera de las brigadas de rescate, hay municipios periféricos que siguen incomunicados y sin vías de acceso tras el terremoto. Él centra su crítica en una carencia estructural mucho más profunda: la falta de idoneidad institucional y la alarmante incapacidad para aprender de las lecciones de catástrofes pasadas. Recuerda, así mismo, que atender una emergencia siempre es un desafío extremo y ningún Estado está blindado. Por ello la diferencia radica en no transformar la urgencia del terreno en una tarima política.

Mucho antes de que el cambio climático y la gestión del agua se convirtieran en algunos de los grandes desafíos actuales, las comunidades prehispánicas del Caribe colombiano ya habían desarrollado una fórmula para enfrentarse tanto a las inundaciones como a las sequías. Un gigantesco sistema de campos elevados y canales permitió gestionar el agua durante siglos en La Mojana, mediante una infraestructura que llegó a extenderse por unas 500.000 hectáreas, aproximadamente unos 700.000 campos de fútbol.

Así lo recoge una investigación de la Universidad de Cambridge, desarrollada con la colaboración del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y la Universidad de Santiago de Compostela y publicada en Communications Sustainability. El estudio no solo analiza cómo funcionaba esta enorme red hidráulica, sino que cuestiona una de las principales ideas existentes hasta ahora sobre su construcción.

Los sistemas de campos elevados de La Mojana son de tal magnitud que pueden observarse desde un avión. Sus canales y terrenos elevados fueron utilizados desde los primeros siglos antes de Cristo hasta aproximadamente el siglo XI d. C. En total, abarcaron alrededor de 500.000 hectáreas, una superficie equivalente a unas tres veces el tamaño de Londres.

Las comunidades locales crearon esta infraestructura

La enorme escala de estas construcciones había llevado tradicionalmente a pensar que detrás debía existir algún tipo de poder político fuerte con gobernantes capaces de organizar a una gran cantidad de personas. Sin embargo, esta nueva investigación plantea una explicación muy diferente: fueron probablemente las propias comunidades las que se organizaron para construirla.

“Estos sistemas agrícolas son tan impresionantes que siempre se ha dado por hecho que solo pudieron construirse bajo el mando de cacicazgos jerarquizados”, explica Jasmine Vieri, del McDonald Institute for Archaeological Research de la Universidad de Cambridge. Sin embargo, los nuevos datos muestran que “las comunidades locales fueron capaces de construir estos sistemas en periodos muy cortos de tiempo y de organizarse por sí mismas, sin depender de una autoridad poderosa externa”.

El funcionamiento de esta red permitía adaptarse a dos situaciones extremas. En las épocas de lluvias intensas, los campos elevados y los canales ayudaban a gestionar enormes cantidades de agua, mientras que durante los meses secos esta podía redistribuirse progresivamente. De esta manera, las comunidades conseguían amortiguar los efectos tanto de las inundaciones como de las sequías.

La magnitud de aquella transformación del territorio también puede apreciarse gracias a las imágenes obtenidas desde el espacio. Mediante satélite, los investigadores han cartografiado 500 hectáreas en San Marcos, en el departamento de Sucre, y solo en esta superficie se han identificado 1.600 camellones y 63 plataformas habitacionales.

Una posible solución para el presente

Marcos Martinon-Torres, investigador de la Universidad de Cambridge y uno de los autores del estudio, destaca que las poblaciones indígenas prehispánicas fueron “innovadoras y cooperativas” y que “trabajaban con la naturaleza en lugar de intentar imponerle barreras”. Estas sociedades fueron contemporáneas de los mayas y de otras sociedades estatales de Mesoamérica y los Andes.

El descubrimiento tiene además implicaciones que van más allá de la arqueología. Colombia afronta actualmente problemas de gestión del agua relacionados con el cambio climático, la agricultura intensiva y el fracaso de determinadas políticas públicas, y los investigadores consideran que aquellas soluciones desarrolladas hace siglos pueden proporcionar algunas ideas para el presente.

El estudio forma parte de Reverseaction, un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación que estudia cómo sociedades sin Estado consiguieron desarrollar tecnologías complejas mediante la acción colectiva. Fernando Montejo Gaitán, del ICANH, señala que los responsables de las políticas públicas ya habían mostrado interés por estos antiguos sistemas hidráulicos, pero carecían de suficientes datos. La nueva investigación evidencia que “estas soluciones sostenibles pueden organizarse de manera local y colectiva”, sin necesidad de una intervención directa del Estado.

La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 285 y la de desaparecidos se mantiene en 379, según el último informe que divulgó este viernes la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y ha provocado además 3.975 heridos, 45.523 familias afectadas y 12.828 viviendas destruidas.

Asimismo, 2.205 centros educativos presentan daños, 121 edificios colapsaron y 240 centros de salud fueron afectados, al igual que 44 puentes y 73 acueductos.

El terremoto, el más fuerte del país en lo que va del siglo, afectó a 15 de 32 departamentos, en especial al Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío, todos en el centro, oeste y suroeste de Colombia.

La UNGRD explicó que hay 426 municipios colombianos que sufrieron algún daño por el terremoto, lo que equivale al 38 % de los 1.103 que componen el país. Cali (Valle del Cauca), Pereira (Risaralda) y Quindío (Chocó) son las ciudades que suman más fallecidos y heridos.

Las brigadas de búsqueda y rescate tanto nacionales como internacionales continúan trabajando a contrarreloj en las zonas afectadas y hasta el momento ya rescataron a 354 personas, según la UNGRD.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció el jueves los primeros pasos hacia una reconstrucción, para la que convocó al sector privado.

De la Espriella explicó que se ha reunido con las principales empresas del sector de la construcción y con distintos gremios porque este “momento histórico” requiere “del concurso de todos los colombianos” y, en especial, de la “empresa privada”, que ha dado en este “momento aciago” un “paso al frente”.

Entre la esperanza y la desesperanza

Pasadas ya las 72 horas críticas para encontrar a supervivientes entre los escombros, los equipos de rescate siguen trabajando en las principales ciudades afectadas, como en Cali, donde el personero de la ciudad, Gerardo Mendoza, ha rechazado utilizar maquinaria pesada en los edificios colapsados para priorizar las tareas de búsqueda.

Cali tiene al menos un centenar de fallecidos y decenas de edificios residenciales y comerciales que se desplomaron o sufrieron severos daños. Centenares de familias duermen en carpas por temor de volver a sus casas.

En Manizales, otra de las ciudades afectadas donde fallecieron seis personas, el sismo dejó con riesgo de derrumbe las viviendas de barrios enteros. Según la Alcaldía, hay 1.970 casas con daños parciales y 1.449 inhabitables.

Felipe Varela, un ciudadano que lo perdió todo en el terremoto, aseguró estar esperando las ayudas gubernamentales: “Todavía no nos han dicho nada, solamente nos tienen censados y estamos esperando a que nos den la ayuda”, relata.

Por otra parte, la ayuda humanitaria comenzó a llegar apenas este jueves a Quibdó, la ciudad del departamento del Chocó más afectada por su cercanía al epicentro. Unas 18 toneladas de insumos se empezaron a distribuir entre una población llena de incertidumbre.

En la ciudad, punto de referencia de una de las zonas más empobrecidas de Colombia, los afectados han sobrevivido hasta ahora en base a la solidaridad y las redes de apoyo mutuo.

Ayuda entre controversias

La llegada de ayuda internacional avanza en medio de una polémica por los criterios del Gobierno para autorizar el ingreso de equipos extranjeros especializados en búsqueda y rescate, después de que una brigada del Ejército mexicano quedara por ahora fuera de las operaciones pese a la amplia experiencia de México en este tipo de emergencias.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó este jueves que Colombia exigió una certificación adicional para permitir el despliegue del equipo militar que, según destacó, está certificado y ha participado en operaciones de rescate en 98 países.

La decisión contrasta con la autorización dada a equipos especializados de EE.UU., El Salvador, Ecuador e Israel, aunque Colombia sí ha recibido asistencia mexicana: los rescatistas de los Topos Aztecas llegaron el miércoles a Cali procedentes de Venezuela y México comenzó el envío de 58,5 toneladas de alimentos, agua, medicamentos y otros insumos solicitados por las autoridades colombianas.

Ante los cuestionamientos de que el Ejecutivo de De la Espriella estaría privilegiando la asistencia de Gobiernos políticamente afines, el canciller colombiano, Omar Bula, aseguró que la ayuda se está aceptando “sin ninguna consideración política o ideológica”.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, mientras que la cifra de nacionales sin localizar ha descendido de 75 a 12.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el ministro ha trasladado las condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del muerto español.

La cifra total de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado en el noroeste de Colombia ha aumentado a 273 muertos y cerca de 3.500 heridos. Los desaparecidos han disminuido este jueves de 496 a 377, según las autoridades.

Albares también ha detallado que el primer paquete de ayuda de emergencia de un millón de euros al “pueblo hermano” de Colombia ya está en marcha. En el mismo, se incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario.

Asimismo, ha recordado a todos los españoles en Colombia “que tanto la Embajada como el Consulado están plenamente operativos y a su disposición”. “Si hay algún español en Colombia que aún no se ha puesto en contacto con nosotros, por favor que lo haga”, ha vuelto a pedir.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha autorizado “operaciones militares conjuntas” con EEUU en Colombia para combatir el narcoterrorismo y apunta que el país sudamericano se sumará a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

“Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número diecinueve, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.

Después del triunfo en Colombia del líder ultraderechista Abelardo de la Espriella, Washington ha expresado al país latino apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

El Departamento de Estado de EEUU dijo con anterioridad que prevé destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo. El paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

“Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio”, resaltó el titular de la cartera estadounidense de Guerra durante su discurso.

Un “Escudo de las Américas” contra los carteles

Previo a ello, Hegseth felicitó a Ecuador por ser el “primer miembro” de esa coalición contra los carteles en “asociarse con Estados Unidos en una operación” contra “narcoterroristas”, de igual manera celebró que Honduras y Guatemala aceptaran “participar en operaciones combinadas” contra narcos en sus países.

Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo pasado se suscribieron al llamado “Escudo de las Américas”, impulsado por EEUU, junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú.

La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.

“Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un Hemisferio Occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos (...) una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad”, subrayó el secretario de Guerra estadounidense. Unas palabras, las de Hegseth, que pueden sonar relativamente 'bien' pero que sugieren un margen de maniobra muy amplio para Estados Unidos, un país con una larga historia –pasada y presente– de dominación y subyugación, especialmente de países del sur.

Sin embargo, la oposición colombiana ha criticado con dureza dicho anuncio, que consideran una “renuncia a la soberanía”. La izquierda apunta además que “la invitación formulada por De la Espriella” es inconstitucional al entender que “corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras en territorio” colombiano.

Una voz ordena guardar silencio a través de un megáfono. Su directriz se replica y, en efecto dominó, llega a los oídos de todo el que rodea una de las búsquedas de supervivientes esparcidos por la ciudad de Pereira. Los rescatistas sueltan las palas, la grúa apaga el motor, las motos frenan su trayecto. Claudia deja de avisar a sus vecinos de que hay bocadillos para quien quiera, María para el reparto de agua y Eduard posa en el suelo un cubo lleno de escombros. Y empiezan a alzar sus dos brazos, estirados, con los puños cerrados. La vorágine y el griterío se transforman en un absoluto silencio.

En cada una de estas escenas, un rescatista rompe el silencio y dirige su mirada a las ruinas donde llevan días trabajando:

- Les habla el equipo de rescate. Si hay alguien con vida, hagan ruido.

El silencio regresa, aún con más intensidad, y se transforma en una escucha colectiva. Los rescatistas, junto a los vecinos que solo presencian la escena, se esfuerzan en tratar de percibir una respuesta. En oir un golpe, un quejido, una palabra que les anime a mantener la esperanza de vida entre cascotes. Algunos equipos cuentan con sonómetro e introducen un pequeño micrófono después de abrir ventanas de acceso a las tripas del derrumbe. Otros solo tienen sus oídos.

En el sector de La Lorena, intentaban escuchar la voz de Tuto. En lo que queda del Hotel De Beni, la de Ángela y la de Jovani; unos 200 metros más allá, la de Juan Fernando, un comerciante que pasaba la noche por trabajo en un hotel de la ciudad que colapsó por completo.

Los operarios más próximos al lugar donde piensan que se encuentra Tuto sepultado por los escombros rompen la calma. Sus manos abandonan la tensión de sus puños y empiezan a aplaudir. “¡Hay vida!”, grita la voz del megáfono. Los vecinos se abrazan, se emocionan, aplauden. Un minuto después, regresa la actividad del rescate con aún más apremio. “¡Denle, denle! Sigamos trabajando!

La escena, repetida durante los primeros días tras el terremoto de Colombia –que ha dejado ya 273 muertos, según el recuento oficial–, se produce cada vez con menos frecuencia con el paso de las horas, pero continúan, especialmente en el centro de la ciudad. La probabilidad de respuesta, de que sigan con vida algunas de las decenas de personas que se estima que continúan bajo los edificios colapsados de Pereira, una de las más afectadas, desciende.

Hay un momento tope en el que piensa cada rescatista y voluntario: el cumplimiento de las 72 horas después del temblor. Superado el plazo, las posibilidades de mantener la vida entre los restos del terremoto son mínimas, según los equipos de rescate de Colombia.

En la noche de este miércoles, esa frontera temporal resuena en la mente de los equipos desplegados en las calles de Pereira. El tiempo se agota y la urgencia se percibe en cada uno de los puntos donde aún existe esperanza de vida bajo las ruinas. “Se acaba el tiempo. Y, cuando escuchas una voz, da mucha rabia dejar de escucharla. Duele mucho sacar un cuerpo sin vida cuando respondía bajo los escombros”, dice Andrés, mientras observa desde la distancia cómo los equipos profesionales trabajan en el mismo lugar donde él y sus compañeros voluntarios lo hicieron sin apenas manos de equipos oficiales durante las jornadas anteriores. Él había estado presente cuando pidieron silencio en su intento de escuchar al “panadero”, el hombre que regentaba uno de los negocios del Parque de la Libertad convertido ahora en polvo y cascotes. En la mañana de este miércoles localizaron su cuerpo sin vida.

En ese mismo lugar, los operarios aún buscaban en la madrugada de este jueves a varias personas que podrían encontrarse con vida bajo los restos de varios comercios de la zona y un hotel donde vivían personas de escasos recursos. A Marian le han dicho que su primo Pablo fue a comprar el pan a primera hora de la mañana. “Un amigo dice que cuando todo empezó a temblar, los dos corrieron hacia la puerta. Pero cree que él no llegó a salir”, cuenta la mujer, sentada en un cubo de plástico frente a las grúas situadas delante de los restos donde podría estar el familiar que tanto espera.

Sentado sobre dos ladrillos, Luis Fernando no quita ojo a los movimientos de los operarios en otro de los edificios en ruinas de la ciudad. Desde la acera, saluda a su hijo con la mano y este se lo devuelve moviendo el casco de obra. Ambos buscan a su familiar, Carlos Fernando, atrapado en el tercer piso de uno de los hoteles desplomados en Pereira. “Nos han dicho que hay vida y nos ha dado un poco de esperanza”, dice el señor, con una pala entre sus manos. “¿Cómo será morir atrapado?”, se pregunta mientras un batallón de voluntarios continúa retirando escombros. “No se lo desearía a nadie”, se contesta.

Unas horas cruciales

El Gobernador de Risaralda, el departamento donde se encuentra Pereira, explica a elDiario.es que estás horas son clave. Por eso, afirma, los esfuerzos oficiales están centrados en la búsqueda y rescate en esta primera fase. Superadas las 72 horas, agrega, empezarán a trabajar en los planes de reconstrucción, en el “ahora qué” en el que tanto piensan los miles de ciudadanos afectados por el sismo, que han visto destrozadas sus viviendas o esperan la comprobación del estado de su edificio para valorar si es seguro regresar a casa. Las autoridades calculan que 9.215 viviendas están destruidas, otras 45.457 dañadas y 140 edificios han colapsado.

“Estoy desempleada y, lo único que tenía era un piso en propiedad, que heredé de mi madre. Pero tengo miedo de volver. El edificio no ha colapsado, pero ha quedado muy dañado y no aparece seguro”, explica María del Rosario Arango Espitia, sentada en un pequeño taburete en el Albergue Parque Olaya Herrera, unas carpas levantadas por el Gobierno del departamento.

Sin otro lugar al que ir, pasa sus noches en los colchones dispuestos en el suelo para los afectados del sismo. “Aún no tenemos información de las ayudas. Esperemos que nos digan pronto”.

El paso del tiempo también incrementa las posibilidades de que las llamadas de los supervivientes sean respondidas con más silencio. Horas después de haber contactado con Tuto, hombre de unos 50 años muy querido en el sector de La Lorena, uno de los más golpeados de Pereira, los intentos de conocer su estado se interrumpieron. Tuto dejó de dar golpecitos entre los escombros, como había hecho en al menos tres ocasiones, pero los rescatistas no dejaron de retirar cascotes en su búsqueda. Durante la madrugada, apareció su cuerpo, ya sin vida.

En la última madrugada antes de la finalización de las 72 horas iniciales, cuesta confirmar la vida oculta bajo los cascotes; pero muchos rescatistas oficiales y, especialmente, voluntarios, no se van a dormir. “No quiero irme a casa por si me necesita. Puede ser el último rescate”, se escucha en el centro de Pereira.

Abelardo de la Espriella ha tenido un estreno frenético y accidentado en la presidencia de Colombia. Dos días después de tomar posesión, un sismo de magnitud 7,4 en el Chocó, en el suroeste del país, ha causado más de 200 muertes hasta el momento y ha obligado a declarar la emergencia nacional. El desastre también ha empezado a revelar la fragilidad logística del gabinete entrante, que en julio rompió el diálogo de transición con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro.

Sin un equipo propio en funciones en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), el nuevo mandatario afronta la mayor crisis de la década en medio de tensiones y desconfianza con el director de emergencias que ha heredado del Gobierno de Petro.

Lo cierto es que la respuesta inmediata de la UNGRD ha sido eficaz. A las pocas horas del terremoto del lunes, los equipos de rescate ya trabajaban en las labores de desescombro y los servicios de urgencias seguían los protocolos establecidos. Lo que está bajo la lupa de los expertos son los pasos siguientes: quién dirigirá la operación y qué nivel de coordinación habrá entre las dependencias del Estado.

Omar Darío Cardona, veterano ingeniero civil que dirigió la Unidad de Emergencias, recuerda la lección que le dejó el gran seísmo de 1994, que sepultó bajo el lodo el suroeste del país. Mientras buscaba noticias de las localidades cercanas al epicentro, se topó con un muro de silencio absoluto. “Me decían que nadie reportaba daños”, rememora para elDiario.es. “Y era precisamente porque no tenían cómo comunicarse: se había venido abajo la iglesia, se había derrumbado la alcaldía y el pueblo entero había quedado sepultado”. Aquel silencio no era sinónimo de calma, era la peor de las señales.

La UNGRD, encargada, por ejemplo, de decidir a qué municipio llegan primero las ayudas, afrontó el terremoto del lunes sin un jefe titular. Mientras el presidente De la Espriella se puso al frente del puesto de mando unificado, ofreció balances sobre las víctimas y viajó a las zonas afectadas, el organismo técnico continúa bajo el control interino de un funcionario del Gobierno anterior. Su relevo, anunciado por el nuevo Ejecutivo en julio, no ha tomado posesión.

La gestión de catástrofes, poco presente

Por eso algunos analistas alertan de que la gestión de catástrofes y la agenda climática ha ocupado un lugar marginal en la bitácora del nuevo Gobierno desde la campaña electoral. De hecho, en el discurso de investidura, pronunciado el 7 de agosto en Cali, apenas se mencionaron. La explicación es política e ideológica: como parte de su programa para recortar ministerios y organismos públicos, en un plan de austeridad y reducción del Estado, el mandatario había incluido la supresión de la UNGRD y su fusión con otra entidad. Tres días después, la realidad ha dinamitado la idea.

Además, los ministros recién nombrados carecen de experiencia en la gestión de desastres. Juan Carlos Orrego, ex subdirector de la UNGRD, lo confirma: “Tienen muy poco entrenamiento en el manejo de este tipo de situaciones”, dice. “Y la posibilidad de perderse en estas coyunturas es considerable”.

En una catástrofe, la emergencia exige un orden milimétrico. Las primeras horas pertenecen exclusivamente al rescate y los asuntos de sanidad; después llega el turno de restablecer las comunicaciones, el agua y los albergues; finalmente, se evalúa si los edificios que resisten el sismo aguantarán las réplicas. Cada fase tiene su propio compás.

La verdadera prueba para el nuevo Ejecutivo, coinciden Orrego y Cardona, no será estas semanas, sino en los próximos meses. Levantar un país destruido es una hoja en blanco donde Colombia ya suma un historial de errores burocráticos: tras el gran terremoto que asoló la región cafetera en 1999, el censo de daños tuvo que repetirse seis veces en dos años porque las cinco primeras estimaciones fueron inexactas. Se aprendió a base de errores.

La paradoja es que esa misma experiencia, forjada a golpe de tragedias, ha convertido al sistema colombiano en un referente respetado en el exterior. En un informe reciente, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres destaca a Colombia como modelo regional de gobernanza del riesgo, con su Unidad Nacional en el centro de una red de 178 ciudades que trabajan en resiliencia. Es una política de Estado, anota el informe, levantada a lo largo de décadas, que ha sobrevivido a Gobiernos de todos los signos. Cardona, que dirigió esa oficina, la cuenta entre sus fortalezas.

Sin embargo, la institución también arrastra una profunda herida estructural al haber sido utilizada de manera crónica como botín político por distintos gobiernos. De hecho, en el sector se asume que ninguna Administración se ha librado de un escándalo de corrupción ligado a esta oficina y, bajo el mandato de Gustavo Petro, tocó techo con un caso que hoy sigue en los tribunales.

Esa es la doble amenaza que preocupa a los expertos: la entidad vive atrapada entre el clientelismo rapaz y la politización.

Llamamiento a la unidad

Lo cierto es que hasta el mediodía de este martes en Colombia, el balance oficial era de al menos 240 muertos. Se trata de una cifra que no ha dejado de aumentar con las horas, y graves daños estructurales en cinco departamentos: Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas. Tres de ellas, las que conforman la región del Eje Cafetero, en el centro del país, ya habían padecido tragedias parecidas.

El gran terremoto de Armenia en 1999 mató a 1.185 personas y obligó al país a construir bajo estrictas normas sismorresistentes. Mucho antes, en 1983, la ciudad de Popayán se había venido abajo un Jueves Santo dejando más de 250 víctimas mortales. Ya en este siglo, las catastróficas inundaciones de 2010 anegaron la mitad del territorio.

En Cali, la tercera ciudad del país y una de las más golpeadas por el terremoto, el presidente De la Espriella ha escenificado una tregua política este martes. Mientras los equipos de rescate retiraban toneladas de tierra y hormigón, el mandatario ha apelado a la unidad nacional: “Aquí no hay divisiones ideológicas cuando se trata de defender a nuestra gente; solo hay una bandera, la de Colombia”.

El desastre ha evaporado así el sectarismo de las semanas previas, cuando el propio presidente congeló el traspaso de carteras descalificando al anterior Gobierno progresista. Hoy, la gestión operativa de la peor tragedia de la década depende de que la realidad aterrice en los despachos oficiales: frente a los escombros y la zozobra ciudadana, ya no hay margen para pulsos políticos y la maquinaria del Estado debe funcionar a una sola marcha.