El domingo, Perú decidirá en segunda vuelta si será gobernado por la hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad, o por el candidato de la izquierda; Roberto Sánchez. En la primera ronda del 12 de abril, Keiko Fujimori fue la más votada, con un 17% de los sufragios, y Sánchez se impuso por la mínima al ultraderechista Rafael López Aliaga.

Dos semanas después, Colombia elegirá también en ballotage entre el filósofo y defensor de los derechos humanos Iván Cepeda o el excéntrico empresario de la ultraderecha Abelardo de la Espriella, que fue quien obtuvo el mejor resultado y que este martes recibía el apoyo explícito de Donald Trump.

No está fácil para la izquierda inclinar una balanza que lleva tiempo cayendo con fuerza hacia el otro lado. Desde el año pasado se han sucedido las victorias de Daniel Noboa en Ecuador –que presume de su amistad con Nayib Bukele–, Rodrigo Paz en Bolivia, Nasry Asfura en Honduras, José Antonio Kast en Chile y la ultraderechista Laura Fernández en Costa Rica, además del importante triunfo de Javier Milei en las legislativas argentinas.

Ya más cerca de finales de año llegarán las elecciones en Brasil, en las que un octogenario Lula da Silva parte como favorito para defender el gran bastión progresista del continente –junto con Claudia Sheinbaum en México y Yamandú Orsi en Uruguay– frente a una ultraderecha que no ha definido su candidato pero que pone fichas al hijo de otro expresidente preso, Flávio Bolsonaro. El factótum ultra, Donald Trump, lo ha recibido recientemente en el Despacho Oval, como una muestra más de que está dispuesto a jugar fuerte en el tablero latinoamericano. Una encuesta reciente indicaba que de producirse a una segunda vuelta electoral, el resultado entre Lula y Bolsonaro sería un empate técnico.

El efecto Trump

El presidente estadounidense tardó poco en salir a apoyar públicamente a Abelardo de la Espriella. En su red social Thruth Social lo describió como“un líder listo, fuerte y duro”, y destacó la importancia de su elección para “restablecer la ley y el orden” y luchar contra el narcotráfico. Esta mención no es casual: Trump ha acusado al presidente Gustavo Petro de complicidad con los cárteles y e incluso la Fiscalía inició una investigación. Además, ha autorizado el ataque a supuestas lanchas de traficantes de droga en el Pacífico, que han matado a decenas de personas.

De la Espriella, dueño de un conglomerado de negocios que incluyen una marca propia de ron, una de ropa y una línea de sombreros, además de haber grabado algunos discos de versiones, le ha devuelto la gentileza a Trump con una ristra de elogios y una promesa: que si gana meterá a Colombia en su alianza militar Shield of the Americas (Escudo de las Américas). Una alianza que Trump presentó rodeado de algunos de sus mejores aliados, como Javier Milei, Nayib Bukele , José Antonio Kast o Daniel Noboa, con quien Estados Unidos está ya realizando operaciones militares en suelo ecuatoriano. De la Espriella acompañó el tuit con una curiosa imagen de un tigre (el apodo con el que se lo conoce) y el águila estadounidense.

No es la primera vez que Donald Trump irrumpe en una campaña electoral latinoamericana. Ya lo hizo en Honduras cuando amenazó con que si no ganaba el ultraderechista Asri Asfura castigaría económicamente al país. Y también en Argentina, cuando antes de una elección legislativa clave, el Departamento del Tesoro ofreció al Gobierno de Milei un rescate de 20.000 millones de dólares. Asfura y Milei ganaron esos comicios.

Keiko, ¿a la cuarta va la vencida?

El candidato de Trump en Perú era el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Representante del núcleo conservador más duro de la ultraderecha, su cerrada defensa de la familia tradicional y la economía de libre mercado conviven con declaraciones llamativas sobre su práctica de la abstinencia sexual y su confeso “enamoramiento” de la virgen María. Pero no pasó a la segunda vuelta, superado por muy pocos votos por el candidato de izquierdas, Roberto Sánchez.

Aun sin el apoyo público de Washington, Keiko Fujimori se ha subido con sus declaraciones al carro MAGA. En una entrevista con la CNN, reiteró su lema de campaña de “regresar al orden” que su padre logró mientras gobernaba y aseguró que América Latina gira hacia ese orden gracias al presidente de Estados Unidos.

Esta es la cuarta vez en una segunda vuelta electoral para la hija del expresidente Alberto Fujimori, que murió en 2024 en libertad, aunque había sido condenado a 25 años de prisión por corrupción y por los delitos de homicidio calificado por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y por el secuestro de un periodista y un empresario. Las encuestas para el ballotage del 7 de junio la ponen por delante, pero muy igualada con su rival. Los analistas políticos sugieren que el rechazo que genera la reivindicación de Keiko del legado de su padre empieza a pesar menos en los votantes, y destacan que en un electorado tremendamente fragmentado como el peruano, las opciones de derecha y ultraderecha han sido de lejos las mayoritarias.

De la Espriella y sus comentarios machistas

También el empresario colombiano parte con ventaja para la segunda vuelta del 21 de junio. Sin embargo, no ha entrado con buen pie en las escasas semanas de campaña hasta volver a las urnas. Un juzgado le ha ordenado retractarse de unos comentarios en los que afirmaba que muchas mujeres lo habían votado por el tamaño de sus genitales. Lo hizo mostrándole en un programa televisivo una foto suya a una periodista y preguntándole insistentemente qué veía en ella. Las acusaciones de machismo y misoginia hacia el excéntrico abogado de 47 años han sido numerosas. Pero De la Espriella ha sabido combinar una imagen de 'outsider' con poder económico pero que empatiza con el hartazgo ciudadano mientras exhibe sus vuelos en jet privado, sus paseos en Rolls-Royce o sus casas de Miami, Bogotá y la Toscana.

Para el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, la remontada no parece fácil. El apoyo de Trump y el aglutinamiento del descontento social en un voto de castigo le juegan en contra, pero cuenta con conseguir movilizar a un electorado progresista que no acudió masivamente a las urnas, pero que puede llegar a hacerlo para evitar que la ultraderecha alcance el gobierno.

La posible batalla entre Lula y Bolsonaro

El calendario electoral latinoamericano cierra en octubre con las elecciones presidenciales en Brasil, a las que volverá a presentarse Luiz Inácio Lula da Silva. El resto de candidaturas no son oficiales aún, pero empieza a haber movimientos para colocarse en puestos de salida. Sin contrincantes definidos, las encuestas exploran diferentes combinaciones de cara a una posible segunda vuelta.

De acuerdo con el sondeo del Instituto Real Time Big Data, el actual gobernante tiene un 38% de las intenciones de voto en primera vuelta, mientras el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, preso por su intento de golpe de Estado, aparece en segundo lugar, con un 31%. Una segunda vuelta entre los dos arrojaría, según esta encuestadora, un 45% de los sufragios para Lula, cinco puntos por encima de su adversario. Las encuestas de Datafolha, que señalaban hace unas semanas un empate técnico, parecen sugerir que Flávio Bolsonaro pierde algo de fuelle tras conocerse unas conversaciones que lo vinculan con el exbanquero Daniel Vorcaro, preso por fraude.

Mientras tanto, Trump ha rebajado notablemente su enfrentamiento con Lula, y ha recibido a Bolsonaro en Washington aunque no lo ha declarado oficialmente su candidato. Varios analistas apuntan a que otros aspirantes de la derecha pueden tener mejores resultados –por generar menos rechazo– en una posible segunda vuelta. Con todo, Bolsonaro presume de foto e intenta agitar el voto antizquierda vinculando a Lula con Maduro en una carrera de largo aliento hacia las urnas del 4 de octubre.

Algo ya se venía cociendo en Colombia desde hace cuatro años. En mayo de 2022, un ingeniero septuagenario millonario y excéntrico llamado Rodolfo Hernández irrumpió en la primera vuelta presidencial con casi seis millones de votos y estuvo a tres puntos de alcanzar el poder. Lo llamaron el “Trump colombiano”. Pero quedó descartado por sus excesos verbales y sus enredos judiciales a pesar de haber enarbolado la lucha anticorrupción como bandera de campaña.

Muchos creyeron que era una simple anomalía. Cuatro años después, un abogado penalista de extrema derecha de 47 años y sin experiencia política llamado Abelardo De la Espriella ha hecho lo mismo, pero con 10 millones de apoyos y ganando la primera vuelta al favorito y candidato del oficialismo de izquierda Iván Cepeda. ¿Cómo se explica?

Más furor que ideología

Colombia no llega hasta aquí sola. La izquierda sigue en el poder en México, Brasil y Uruguay, pero al mismo tiempo emerge una nueva derecha que avanza allí donde el descontento cala más hondo: Milei en Argentina, Noboa en Ecuador y Bukele en El Salvador como una franquicia de exportación. Colombia, de momento, ha tardado en sumarse a esa tendencia. El progresismo gobernó los últimos cuatro años y sigue siendo una fuerza política importante, con algo más de nueve millones y medio de votos. Pero el domingo no ganó la primera vuelta, ni siquiera con el empuje del presidente.

El de De la Espriella no se trata de un fenómeno ideológico en sentido clásico. Es algo más visceral y más difuso. El politólogo Camilo Cruz lo resume así: la fractura entre quienes dependen del Estado y quienes aprendieron a prescindir de él. En Colombia, esa brecha tiene un rostro concreto: la mitad de la fuerza laboral trabaja en la economía informal, entre ellos miles de abogados, médicos o ingenieros que en España entrarían en la categoría de autónomos. Es decir, un segmento de profesionales independientes, ajeno a las estructuras estatales y desconfiado de su burocracia. Y, sobre todo, de sus promesas. El cuatrienio del gobierno de Petro los alejó aún más y De la Espriella supo leerlos cuando nadie más lo hacía.

El abogado ha seguido el guion utilizado por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Mientras tanto, presume de su fortuna en redes sociales, mostrado sus vuelos en jet privado, su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temoradas en sus casas de Miami, Bogotá y la campiña toscana.

El contexto regional

Hay una explicación estructural a la victoria de De la Espriella. “Colombia ha entrado en la dinámica latinoamericana”, explica la analista Nadia Pérez Guevara. “Debido a la existencia del conflicto armado interno, estuvimos un poco ajenos a las olas y a los debates regionales. Ahora no. Los temas relacionados con la violencia, la distribución de la tierra y los derechos humanos ya no son ejes prioritarios”.

Durante décadas, la guerra organizó la política colombiana. La posición frente a las guerrillas o la paz movilizaba al electorado. Cuando esa lógica empezó a disolverse, quedó libre un espacio que De la Espriella ocupó con otro lenguaje: seguridad urbana, antipolítica, informalidad y valores conservadores. El mismo idioma que Milei habla en Buenos Aires o que Trump esgrime en Washington.

Colombia entra a la dinámica latinoamericana [...] Los temas relacionados con la violencia, la distribución de la tierra y los derechos humanos ya no son ejes prioritarios

Nadia Pérez Guevara — Analista

Hundimiento del uribismo

El politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, asegura que hay cierta continuidad en la historia de hace cuatro años con la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández, condenado por corrupción en marzo de 2024 y fallecido en septiembre del mismo año. “En ambos casos [con Abelardo] se nota un vacío de liderazgo de la derecha tradicional en el contexto posturibista. [El expresidente Álvaro] Uribe sigue siendo una figura importante, pero ya no alcanza a ser el líder hegemónico que fue hace 20 años”.

De cualquier forma, Paloma Valencia se mantuvo leal a su mentor político, se plegó sin fisuras al expresidente y buscó atraer al electorado de centro con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, un tecnócrata de perfil moderado. Sin embargo, la unión no cuajó: el Centro Democrático pasó de 3,2 millones de sufragios en las primarias de marzo a 1,6 millones este domingo.

¿Y ahora qué?

De la Espriella supo leer la coyuntura política. Se lanzó con un programa de apenas tres páginas y consiguió movilizar a un electorado que llevaba años esperando un discurso de extrema derecha sin complejos. Pero Basset matiza: no todo su apoyo es ideológico. “En la última semana, la gente se dejó llevar por una especie de voto útil a la derecha que terminó de hundir a Valencia. Hay mucho voto pragmático de una derecha más tradicional que se acabó volcando hacia él”. Así, el también apodado Tigre llega a la segunda vuelta del 21 de junio con una coalición más heterogénea de lo que parece. Es una fortaleza, pero también una fragilidad.

En la última semana, la gente se dejó llevar por una especie de voto útil a la derecha que terminó de hundir a Valencia. Hay mucho voto pragmático de una derecha más tradicional que se acabó volcando hacia él

Yann Basset — Politólogo de la Universidad del Rosario

Detrás de su buen resultado hay dos apoyos que los expertos apenas empiezan a cartografiar: los jóvenes conservadores de TikTok y otras redes sociales, y las iglesias evangélicas. “Son jóvenes que, por el acceso a la información vía digital, han mirado hacia la derecha y hacia principios conservadores”, explica Pérez Guevara. Este es, quizás, un matiz importante para quienes daban por hecho que todos los manifestantes que salieron a la calle durante el paro y el estallido social de 2021 estaban con la izquierda petrista. Al parecer, una parte de esa misma generación conectó con el universo global de Trump y depositó su votó por el Tigre.

El segundo bloque es aún más silencioso. “Las iglesias cristianas nunca habían logrado consolidarse como fuerza política en Colombia. Ahora sí lo hacen de manera abierta”, analiza Pérez Guevara. De hecho, el jefe de debate de la Espriella es Jaime Andrés Beltrán, pastor cristiano e hijo de uno de los líderes evangélicos más influyentes de Santander, en el noreste del país. Y el propio De la Espriella, que en otros tiempos se declaraba ateo, llegó a esta campaña rezando en público. Las estructuras eclesiásticas hicieron el resto del trabajo territorial que su movimiento Firmes por la Patria, con apenas un año en política, no podía hacer solo.

Por todo ello, Iván Cepeda llega a la segunda vuelta con una herida y una oportunidad, tras sembrar en la jornada electoral la duda sobre los resultados y rectificar al día siguiente. “No hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, reconoció.

La cicatriz visible es que no movilizó a su propio electorado de izquierda. “Hay un hueco de al menos un millón de votos recuperables solo en Bogotá”, señaló el domingo por la noche, durante un debate en YouTube, el politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital. “También en el Caribe y en el Valle del Cauca, donde hace cuatro años la izquierda tuvo una votación muy considerable”. La oportunidad: parte del apoyo de De la Espriella es pragmático y puede moverse.

García Duarte advierte que para cambiar el rumbo Cepeda debe modificar su discurso. Cita un ejemplo: la izquierda no puede quedarse en la letanía de las negociaciones de paz. El experto sugiere que, tras los fallos de la política de Paz Total de Petro, debe garantizar seguridad y combinar la negociación con la coerción institucional.

La politóloga Nadia Pérez Guevara interpreta el triunfo de De la Espriella, por su parte, como un fenómeno multiclase que agrupa no solo a votantes afines a la ultraderecha, sino también a desafectos y ciudadanos cínicos frente a la política y la democracia. Media Colombia llevaba ya algunos años acumulando el descontento. Y el domingo en la noche, por primera vez, alguien lo tradujo en victoria.

¿Un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años? Para llegar allá, Abelardo de la Espriella, mediático abogado penalista de 47 años, ha dado un paso este domingo venciendo al izquierdista Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En un triunfo que ninguna encuesta predijo, De la Espriella ha obtenido 10,3 millones de votos (43,7%), por encima de Cepeda, con 9,6 millones de votos (40,9%). Los dos se medirán el 21 de junio en la segunda vuelta.

La candidatura de De la Espriella ha generado entusiasmo en sectores del conservadurismo local, que lo ven como el único dique efectivo contra el aspirante del oficialista Pacto Histórico, pero ha despertado inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical encarnado por Milei en Argentina, Kast en Chile y Bukele en El Salvador.

La tentación del todo o nada con un recetario de extrema derecha inquieta a muchos en Colombia. Pero la trayectoria de De la Espriella también genera dudas. El lunar más visible es, quizás, su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela hoy detenido en Nueva York: un turbio empresario colombiano condenado en Estados Unidos por blanqueo de dinero y conspiración. La Administración Biden lo indultó en 2023 en un canje de presos, pero múltiples investigaciones periodísticas lo señalan con fuerza como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

De la Espriella, que se ha presentado por el incipiente movimiento Defensores de la Patria, ha intentado desmarcarse de su viejo cliente argumentando que su firma de abogados dejó de representar a Saab en 2019, cuando Washington lo incluyó en la Lista Clinton. Dos años más tarde, sin embargo, el exministro chavista aún lo recordaba como un “gran abogado y amigo”. No menos polémica fue su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia: 200.000 víctimas —en su mayoría de renta baja— y unos 1.200 millones de dólares defraudados.

“Lo que buscamos es demostrar que DMG no es una empresa criminal”, afirmó en julio de 2012 el entonces joven apoderado, en referencia a la estafa piramidal, en una entrevista televisada. Poco después se apartó también de ese caso, pero su papel dejó una estela de preguntas que han emergido en campaña electoral.

La nueva piel del ‘Tigre’

Mucho antes de que adoptara el apodo de “Tigre”, en su círculo más cercano era conocido como “Papucho”: un sobrenombre que hoy solo reclama con derecho su madre, María Eugenia Otero. En Montería, ciudad media al norte de Colombia donde arraigan sus raíces, sus allegados resaltan el contraste: de aquel joven provinciano, inquieto y entrañable, a una figura nacional en apariencia recia que usa el saludo militar como emblema político y promete castigar a los delincuentes sin ser “políticamente correcto”.

De hecho, desde hace tiempo escenifica en sus redes sociales una vida de vuelos frecuentes en jet privado, presume de su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temporadas en sus casas de Miami, Bogotá o la campiña toscana. Un mundo alejado del de su infancia. Su padre, Abelardo, fue un discreto notario con algún cargo regional en las filas del Partido Liberal. Y su educación, primero en el Colegio De La Salle de Montería y más tarde en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se asemeja más a la de cualquier chico de familia media colombiana.

Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa

Yann Basset — analista político de la Universidad del Rosario

Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, es posterior a esa infancia austera y se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas. En un principio fueron una marca de ron, una consultora inmobiliaria y una suerte de sastrería de lujo. Pero hoy suma una treintena de sociedades con todo tipo de accionistas —algunas de ellas en números rojos—. “Primero se da a conocer en un país donde la política pasa por el mundo del derecho penal”, explica Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado nombrado Ministro de Justicia hace poco. “Sus estrategias de litigio lo acercaron a las élites. Y ahora su objetivo es alcanzar el poder político por fuera de los partidos tradicionales”.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Para moderar la imagen de provocador, presentó al exviceministro de Hacienda José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: un rector universitario que pasó los últimos cuatro años refutando punto por punto las políticas económicas de Petro a través de confrontaciones directas en la red social X.

En el caso de De la Espriella, sin embargo, resulta evidente que sus bases y su guía política son un calco del uribismo purasangre. Es decir, la del discurso militarista de mano dura y el énfasis en conceptos decimonónicos como la “patria” o la “familia” tradicional, que su amigo el expresidente Álvaro Uribe ha empuñado. Él mismo ha sintetizado su proyecto electoral como una amalgama entre la cruzada de Nayib Bukele contra la creciente inseguridad urbana y rural, con el mismo enfoque carcelario, y la motosierra burocrática del argentino Javier Milei, con la cual prevé cercenar en Colombia el número de ministerios existentes, de los 19 actuales, a una decena (y eliminar 70.000 puestos estatales).

De hecho, su cercanía con el uribismo se remonta a 2005. En aquellos días fungió como director y representante legal de la polémica Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), donde combinó funciones de promoción y divulgación del proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares, impulsado entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema ordenó más tarde a la Fiscalía investigar a de De la Espriella por su rol en dicha ONG, descrita por excombatientes como el “brazo ideológico” de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia. Las indagaciones, sin embargo, se cerraron en 2012 por falta de pruebas.

En busca de voz propia

De la Espriella oficializó su candidatura el pasado 11 de diciembre en un mitin cargado de mesianismo político y fervor casi religioso. “Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa”, señala Yann Basset, analista político de la Universidad del Rosario. Quienes admiran a De la Espriella lo hacen porque ha sabido transmitir una firmeza aún huérfana de proyecto político claro. Su idea central es “enfrentar y destripar” a la izquierda.

De acuerdo con Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, la fuerza de De la Espriella reside precisamente en su indefinición. Su discurso carece de una línea ideológica nítida, pero esa ambigüedad ha resultado funcional: le ha permitido aglutinar una coalición heterogénea de votantes en busca de un proyecto ultraconservador. “Abelardo, más allá del carisma, es un significante vacío: un contenedor de diferentes tendencias cercanas a la derecha radical”, sostiene Chala. “Detrás suyo convergen reservistas y retirados del Ejército, sectores de las iglesias neopentecostales y evangélicas, algunas élites regionales y libertarios de la escuela austríaca, al estilo Milei”.

Para Yann Basset, el reto de De la Espriella será encontrar un estilo propio: “La idea de la mano firme en seguridad, o del antiderroche en la esfera pública, no son nuevas y ya las utilizó el presidente Uribe a principios de este milenio. Además, el Estado en Colombia, a diferencia del caso argentino, si lo comparamos con Milei, no ha desempeñado tantas funciones ni ha representado un monstruo tan grande para la economía. Entonces una pregunta interesante es si será capaz de adaptar de alguna forma estas temáticas al contexto local”, asegura el académico francocolombiano.

Aliado de Vox

De la Espriella recoge el testigo de Rodolfo Hernández, el ingeniero que se presentó hace cuatro años como una suerte de Trump a la colombiana que, tras rozar la presidencia en la pugna electoral contra Gustavo Petro, terminó condenado por corrupción y murió en septiembre de 2024 a los 79 años. Jorge Iván Cuervo recuerda, sin embargo, que la diferencia es que Hernández tenía rodaje previo en la arena política. Antes había sido alcalde, con una gestión aceptable, de una ciudad media: “Su imagen era la del empresario exitoso que generaba empleo. Pero primero se ganó el reconocimiento político en su región. El ascenso de la Espriella es distinto. Su marca se construye desde el éxito individual y la exhibición del lujo”.

Casado y padre de cuatro hijos, de De la Espriella nació en Bogotá en 1978 durante un paseo de sus padres en la capital. Por ello, se ha encargado de subrayar que es un “costeño de racamandaca”: es decir, hijo de la costa Caribe hasta el tuétano. Un origen que también ha utilizado como bandera política de la inconclusa descentralización que impulsará. “Él representa una capa del electorado que ha logrado un ascenso social y no se ve reflejada en las élites bogotanas tradicionales. Es una Colombia desideologizada que ve en él a alguien que los representa, con sus trajes de marca, sus excentricidades o su faceta de cantante de boleros y tenor a la italiana con un disco propio”, afirma Cuervo.

Lejos de matizar sus posturas, en enero firmó con el líder de Vox, Santiago Abascal, la llamada Carta de Madrid, un documento que alinea su plataforma con las tesis “antizquierda”, a favor de la “libertad de empresa” y contra el “totalitarismo comunista” que la ultraderecha española ha enarbolado. “Un grande Santiago Abascal librando la batalla cultural, política y democrática para enfrentar al narcocomunismo que se impone desde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estamos juntos en esta lucha”, publicó días después ante sus 960.000 seguidores de Instagram.

El expresidente Álvaro Uribe ha anunciado su apoyo a De la Espriella para la segunda ronda. Sin embargo, existe un electorado flotante de entre tres y tres millones y medio de votos, según la estimación del politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital, que aún podría inclinar la balanza: “En la primera vuelta uno vota por el que le gusta”, recordó el experto en el debate de Razón Pública. “En la segunda, el cálculo es impedir que llegue el que más temes”.

Ninguna encuesta lo predijo. Abelardo De la Espriella, el abogado penalista de extrema derecha sin experiencia en política, ganó este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas con el 43,72% de los votos: más de diez millones, frente al 40,92% de Iván Cepeda. La diferencia de 656.033 sufragios convierte la noche del 31 de mayo en la mayor sorpresa electoral de Colombia en décadas. El candidato del oficialismo, que todos los sondeos daban primero, llegó segundo. Los dos se medirán el 21 de junio en una segunda vuelta que tendrá durante tres semanas al país partido en dos polos radicales.

Faltaban diez minutos para las once de la mañana —las seis de la tarde, hora peninsular española— cuando Iván Cepeda, de 63 años, salió de su edificio en Chapinero rumbo a su puesto de votación en Kennedy, una localidad popular del sur de la ciudad donde pasó parte de su infancia. En la casa vecina, una imagen de un tigre acompañada del eslogan y nombre del movimiento “Firmes por la Patria” señalaba la sede de campaña de su rival: Abelardo De la Espriella, de 47. Los policías que custodiaban la entrada del candidato de la ultraderecha llevaban horas allí. Al ver el abultado operativo del aspirante de la izquierda, con una caravana de vehículos blindados, escudos y todo tipo de dispositivos, no pudieron contener la ironía: “Con esos vecinos…”.

Diez horas más tarde los resultados arrojaron otras historias. Paloma Valencia, la candidata de la derecha uribista, llegó a esta campaña con 3,2 millones de votos tras la consulta interpartidista de marzo. Este domingo, sin embargo, obtuvo 1.625.563, menos de la mitad. Su 6,92% certifica el ocaso del uribismo institucional como fuerza electoral autónoma. Las encuestas le daban entre el 14% y el 22%. La realidad le dio menos del 7%. Diez millones de colombianos votaron por el candidato que representa la nueva derecha. Algunos expertos ya han generalizado la etiqueta de “posuribismo” para caracterizar el ciclo que emerge más allá del legado de Álvaro Uribe.

Colombia acudió a las urnas con una participación del 57%, algo por encima de su media histórica pero insuficiente para las aspiraciones del oficialismo. “A Cepeda lo derrotó la abstención”, sostuvo en Caracol Televisión el analista Hernando Gómez Buendía. “El Pacto Histórico no logró movilizar a la inmensa mayoría que tenía en el papel”, remató. La firma encuestadora Invamer, en su última medición antes del domingo, situaba a Cepeda en el 44,6% excluyendo a los indecisos. Las urnas le devolvieron 40,92%, casi cuatro puntos menos.

Todo indica que De la Espriella recordó algo que las encuestas no midieron. Colombia es un país muy conservador: en sus valores, en el apego a la familia, a la propiedad privada, al trabajo como virtud y a la religión como ancla de todo ello. Conectó con esa raíz cultural profunda en un lenguaje aspiracional: el del empresario exitoso y la gestión eficaz en un contexto de hastío ciudadano con sus propios gobernantes. Lo hizo, además, sin partido consolidado ni experiencia en el Estado, una carencia que sus rivales señalaron y sus votantes ignoraron. “Recoger esas voces que no se sienten representadas por los partidos, pero que son conservadoras en esencia, fue un éxito rotundo de su campaña”, afirmó la analista Paca Zuleta en Caracol. 

Y el politólogo Camilo Cruz detalló, en un análisis para el portal de opinión Razón Pública: “Detrás de De la Espriella hay una serie de gremios muy relevantes, quizás abogados y abogadas que se mueven dentro de un medio precarizado e informal, al que los partidos tradicionales no alcanzaron a llegar. La izquierda tampoco”.

Lo más probable es que el próximo presidente de Colombia sea Abelardo De la Espriella, vaticinó Gómez Buendía. “Los votos de Paloma Valencia son, fundamentalmente, votos de derecha. Este es un país de derecha”. La aritmética es nítida: si los 1,6 millones de sufragios de la candidata uribista se suman a los del ganador de la primera vuelta, la izquierda quedará sin apenas margen. Y Valencia reconoció su derrota antes del cierre de los colegios electorales y anunció que votará personalmente por el candidato radical en la segunda vuelta. 

“A pesar de los ataques y las heridas, tenemos el corazón dispuesto a servirle a Colombia”, dijo Valencia al felicitar al ganador por lo que llamó una “impresionante victoria”. El expresidente Álvaro Uribe también anunció su apoyo a De la Espriella para la segunda ronda. Sin embargo, existe un electorado flotante de entre tres y tres millones y medio de votos, según la estimación del politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital, que aún podría inclinar la balanza: “En la primera vuelta uno vota por el que le gusta”, recordó el experto en el debate de Razón Pública. “En la segunda, el cálculo es impedir que llegue el que más temes”.

Antes de conocerse el resultado oficial, el presidente Gustavo Petro tensó la noche desde su cuenta de X: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada”, escribió, cuestionando el sistema informático de transmisión rápida de resultados (que no tiene valor jurídico vinculante). El escrutinio oficial, basado en actas físicas verificadas por jueces, es el único con validez legal. No obstante, la jornada había sido supervisada por 1.330 observadores internacionales, la misión más numerosa en la historia electoral colombiana, de 80 organizaciones, entre ellas la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter. 

El politólogo Camilo Cruz sintetizó la aprehensión de medio país en pocas palabras: “No sabemos cuál es el proyecto de país de Abelardo De la Espriella”. Y la analista Nadia Jiménez añadió en el mismo espacio de debate: “No necesariamente es un votante bruto, o le están comprando el voto. Es la muestra de a lo que nos está llevando el sistema. Había un electorado suelto, no cautivo, que con esa campaña tan efectista de De la Espriella se logró cautivar”. En los telediarios, por su parte, las caras largas de la clase política tradicional lo decían todo.

Desde una tarima en el Malecón del Río de Barranquilla, ciudad portuaria del Caribe, ante una multitud que ondeaba banderas, De la Espriella recibió los resultados con tono épico. Llegó en una suerte de yate iluminado. Y dentro de una urna blindada, con la camiseta del equipo de fútbol de Colombia, recitó la oración a la bandera militar y citó al Nobel de Literatura 1982. “Como diría el gran Gabriel García Márquez, el premio que acabo de recibir es saber que mi intento no ha sido en vano”. Acto seguido llamó “golpista” a Petro y “bandido” y “narco terrorista” a Cepeda. Luego lanzó la advertencia que definirá las tres semanas que vienen: “Vamos a defender la democracia, por la razón o por la fuerza”.

A casi mil kilómetros, en Bogotá, Iván Cepeda no concedió una línea de moderación. Con sus características camisas sin cuello calificó a De la Espriella de “fascismo mafioso, de ”estafador de estafadores“, y advirtió que bajo su eventual mandato los logros sociales del gobierno Petro ”serán pulverizados“. Luego remató con la frase que definió su posición ante los resultados: ”Hoy obtuvimos diez millones de votos mal contados en Colombia“. Y reclamó, en línea con el presidente, una comisión escrutadora. Al día siguiente por la mañana, sin embargo, se enmendó. ”Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora tengo que decir que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades“, admitió.

De esta forma dos países votaron este domingo en Colombia. Ninguno de los dos está muy dispuesto a dialogar. Sin embargo Hernando Gómez Buendía ofreció el único consuelo de la noche: “Aquí hay división de poderes, la Registraduría funcionó, en el Congreso nadie tiene la mayoría y los jueces son independientes. Eso es lo que salva a Colombia”. El 21 de junio, los colombianos volverán a las urnas. Esta vez con los dos contendientes claros y un ambiente de tormenta que se podría prolongar cuatro años más.

El Gobierno de Ecuador ha hecho oficial este domingo la eliminación de los aranceles del 100% que había impuesto a las importaciones de Colombia, tal como había anunciado el viernes el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, junto al candidato de la ultraderecha colombiana y en plena votación en el país vecino.

El Servicio Nacional de Aduana (Senae) emitió una resolución en la que se elimina la tasa del 100% creada por el propio Noboa para las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia, y que entrará en vigor este mismo lunes, 1 de junio.

La guerra comercial entre ambos países fue iniciada por el presidente Noboa, quien anunció en enero la imposición de una “tasa de seguridad” a las importaciones del país vecino, al considerar “insuficientes” las acciones del Gobierno de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

En febrero entró en vigor una tasa del 30%, que subió posteriormente al 50% y desde mayo al 100%. Colombia respondió primero con un 30% para varios productos y luego impuso gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75%.

De forma paralela, Colombia cortó la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de varios productos ecuatorianos, como el arroz y el banano.

Mientras, Ecuador incrementó de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos.

La medida fue duramente criticada por empresarios y comerciantes de ambos lados de la frontera, pero los diálogos entre los dos países no prosperaron y las relaciones se tensaron aún más por acusaciones cruzadas entre Noboa y Petro que llevaron a los gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores.

Entonces la Comunidad Andina (CAN) dio a inicios de mayo diez días a Ecuador y a Colombia para retirar los aranceles, al determinar que vulneraban el Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, Quito pidió la suspensión de los efectos de las resoluciones en las que se hacían esas solicitudes por considerar que adolecían “de vicios” y no estaban de acuerdo “con el contenido de las mismas”.

Entonces, el Gobierno ecuatoriano anunció que desde el 1 de junio se reducirían los aranceles al 75%, tras una conversación de Noboa con la candidata presidencial colombiana de derecha, la uribista Paloma Valencia.

Finalmente este viernes, dos días antes de las elecciones presidenciales que celebra Colombia este domingo, Noboa aseguró que había acordado con el candidato ultraderechista Abelardo De la Espriella eliminar completamente los aranceles.

La Cancillería de Colombia calificó de “engañosa” esa declaración de Noboa y aseguró que no era una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, sino que respondía al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la CAN.

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales de Colombia este domingo en la primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, el izquierdista Gustavo Petro, en una jornada que está transcurriendo sin incidentes.

Las urnas han abierto a las 8.00 hora local y cerrarán a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando comenzará el conteo de las papeletas por parte de la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios.

El propio presidente Petro, vestido de blanco de pies a cabeza; el registrador nacional, Hernán Penagos, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, entre otros funcionarios, han encabezado el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

En las palabras de apertura, Petro ha invitado a todos los colombianos a votar porque, según dijo, en estas elecciones se trata de “determinar para dónde va Colombia”.

Tras la actividad, el presidente se trasladó al puesto de votación instalado en el Capitolio Nacional, donde llegó acompañado por su hija Antonella, varios de sus ministros y otros funcionarios para marcar su voto en la papeleta: “Mi voto, como cualquier otro voto de cualquier ciudadana o ciudadano, es una indicación, un mandato que se entrega desde la población misma a quien vaya a dirigir a Colombia, hombre o mujer, los próximos cuatro años sucediendo a mi gobierno”, expresó el mandatario después de votar.

Petro, que en 2022 se convirtió en el primer presidente de izquierda del país, ha recordado que al comienzo de su mandato sus críticos decían “que se iba a constituir una dictadura” y que se iba “a perpetuar en el poder” pero, en cambio –dijo– “hoy se puede confirmar que toda esa habladuría sobre intentos dictatoriales no eran ciertos. No se ha intentado siquiera un gesto que hubiese cambiado normas hacia una reelección”.

Petro, que no puede aspirar a un segundo mandato porque la reelección presidencial fue eliminada de la Constitución en una reforma que se hizo en 2015, ha dicho que a pesar de la fuerza de su partido, no es su interés “perpetuarse en el poder”, que “no le gusta el poder” y que “solo tiene sentido administrar algo de ese poder si es para entregárselo al pueblo colombiano”.

Petro, que ha cuestionado la transparencia de la organización electoral, ha pedido a los ciudadanos que tras el cierre de las urnas, se mantengan vigilantes en el conteo de los votos para garantizar que no haya alteraciones en lo que decidan los electores.

Las encuestas de intención de voto dan como favorito al senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, que representa la continuidad de la administración actual; en segundo lugar se sitúa el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria; y a continuación colocan a la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

Cepeda ha votado en el colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, y tras mostrar su papeleta se ha mostrado “convencido” de que “hoy en la tarde celebraremos el segundo gobierno progresista en Colombia”; Valencia, que ha acompañado a votar en Rionegro, Antioquia, al expresidente Álvaro Uribe, a quien ha agradecido por “tenerle a su lado”, ha criticado a sus adversarios políticos y ha recalcado que “Colombia está al borde de un abismo”.

Finalmente, el ultraderechista Abelardo de la Espriella ha votado en Barranquilla y ha calificado esta elección como “la más importante de la historia” del país. Minutos antes de depositar su sufragio, el candidato ha publicado en sus redes sociales un video en el que invita a sus seguidores a votar temprano y en el que alerta, sin ninguna prueba, de la posibilidad de un colapso de los puestos de votación y del sistema electoral.

Todos los sondeos indican que ninguno alcanzará la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primer vuelta, por lo cual es muy probable que las urnas confirmen la necesidad de una segunda ronda el próximo 21 de junio entre los dos más votados.

80 municipios en riesgo por presiones de grupos armados

Colombia llega a la cita electoral con 80 municipios en riesgo máximo por presiones de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, ha advertido la defensora del pueblo, Iris Marín, quien ha llamado a la ciudadanía a votar libremente y a confiar en las instituciones electorales.

“En total, con los dos primeros niveles máximos de riesgo, tenemos alrededor de 276 municipios”, ha detallado Marín tras la apertura de la jornada electoral.

La defensora ha explicado que muchas de las presiones ejercidas por grupos armados y organizaciones criminales durante la campaña “se han consumado”, aunque ha subrayado que hasta el momento la jornada transcurre sin alteraciones graves del orden público.

Aunque la defensora no aclaró cuáles son los municipios con riesgo máximo de alerta, en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo varias localidades de departamentos como Caquetá, Guaviare, Cauca, Chocó y Norte de Santander reportaron exigencias del certificado electoral bajo amenazas, restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas políticas y presencia de grupos armados cerca de puestos de votación.

Colombia elige presidente. Si la abstención se mantiene en su media histórica —por encima del 50%—, el nuevo mandatario será elegido por menos de uno de cada cuatro colombianos en edad de votar. El terreno político, además, es farragoso: un capítulo más del conflicto armado en desarrollo, la segunda tasa de desigualdad más alta de América Latina, un sistema sanitario en crisis, la mitad de la fuerza laboral sumergida en la informalidad y un déficit público histórico que inquieta a los mercados internacionales. Con ese paisaje de fondo, este domingo se celebra la primera vuelta de los comicios. Si las encuestas aciertan, el ganador definitivo se decidirá en la segunda vuelta fijada para el 21 de junio.

Tres candidatos lideran la carrera. Iván Cepeda, senador de formación gramsciana y defensor de derechos humanos, porta la antorcha del presidente saliente Gustavo Petro, que aspira a consolidar la primera sucesión consecutiva de izquierda en la historia del país. Abelardo De la Espriella, abogado sin cargo público previo, conocido por su ejercicio mediático del derecho, encarna una ultraderecha que habla el idioma de Bukele y Milei pero con su propio 'acento Caribe'. Paloma Valencia, senadora uribista y nieta de un expresidente, defiende el marco constitucional y político que ha imperado en Colombia las últimas décadas con una visión conservadora.

Hoy las encuestas sitúan a Cepeda en torno al 38-42%, a De la Espriella alrededor del 34-38% y a Valencia cerca del 18-22%. Pero las cifras, advierte el politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, han variado mucho en las últimas semanas y excluyen a los indecisos del cálculo, lo que infla de forma borrosa a los candidatos más consolidados. Por ello, los expertos han seguido el pulso de estas mediciones con bastante cautela, a pesar de que el país cuenta con una nueva y rigurosa ley que exige mayores niveles de transparencia y precisión metodológica a las firmas.

Los tres principales rostros

Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, llega a este domingo como favorito con un estilo menos carismático que el del actual presidente y algunos interrogantes programáticos. “El petrismo es mucho más grande que la izquierda electoral tradicional”, advierte el politólogo Camilo Cruz, “pero Cepeda, de 63 años, ha sido tan cuidadoso de no marcar distancia frente a Petro, que esa estrategia le ha impedido crecer más allá del voto duro”. Con el 40% consolidado no le daría para ganar en segunda vuelta, por eso necesita convencer al elector moderado. Pero buscarlo significa, al mismo tiempo, alejarse del presidente. “Está entre la espada y la pared”, resume el investigador e historiador Fernán González.

De la Espriella, entre tanto, representa algo distinto al uribismo que dominó la derecha colombiana durante dos décadas. “No es un calco de Bukele ni de Milei”, precisa Cruz. Su modelo más cercano, según el analista, es el ecuatoriano Daniel Noboa: el outsider que se hizo visible en los medios y apeló al emprendimiento y la mano dura como discurso. De 47 años, libertario en lo económico y reconvertido hace meses en conservador cristiano en lo moral, ha construido su campaña seduciendo a una Colombia que las estadísticas no terminan de capturar: la del abogado independiente, el pequeño comerciante, el médico que factura por cuenta propia, el profesional que prospera al margen de las estructuras formales. Se trata, en parte, de la Colombia del “rebusque”. Un universo informal, o sumergido. No necesariamente precario.

"Hay ciudadanos que consideran que Valencia se ha moderado demasiado”

Yann Basset — Politólogo de la Universidad de Rosario

Valencia, de 49 años, más que una candidata es un síntoma. Durante dos décadas, el uribismo fue el eje organizador de la derecha colombiana y de buena parte de la política nacional. Hoy se fractura ante los ojos de Álvaro Uribe Vélez, su poderoso fundador. “Una parte de ese voto se va a De la Espriella por convicción porque hay ciudadanos que consideran que Valencia se ha moderado demasiado”, dice Basset.

La tensión entre ambos es, quizás, equiparable a la que destruyó al PRI mexicano, que desdibujó a la Democracia Cristiana italiana o que licuó a los partidos tradicionales en media Europa: la derecha clásica devorada por un radicalismo que habla más alto y promete actuar más rápido sin una partitura muy clara. El uribismo, sin embargo, aún subsiste. Sus votos siguen ahí. Pero con De la Espriella emerge una fuerza que no necesita su nombre o sus ideas para existir.

Lo que está en juego, sin embargo, va más allá de los tres candidatos. La Constitución de 1991 —pluralista y participativa— aparece por primera vez en décadas como objeto de disputa. Cepeda ha moderado su propuesta de convocar a una asamblea constituyente, sin descartarla. De la Espriella, por su parte, ha planteado sacar a Colombia de la OEA y de la ONU, lo que alteraría en la práctica la arquitectura de la Carta.

El país después de Petro va a ser políticamente diferente del país antes de Petro

Fernán González — Investigador jesuita

“Plantear un cambio constitucional hoy no solo refleja el tradicional ‘cretinismo jurídico’ que afecta a América Latina, sino que podría abrir el camino para una Constitución a imagen y semejanza del gobernante de turno, quebrando el consenso más amplio de la historia de Colombia”, opina el historiador y politólogo Eduardo Pizarro León Gómez. Paloma Valencia defiende el marco vigente. Pero las encuestas, de momento, no le dan la razón.

Camino a la segunda vuelta

Detrás de este mapa electoral hay una generación urbana que lo explica: la que salió a las calles en el estallido social de 2021, quizá el más largo y violento en décadas, y forjó su identidad política en las fisuras sociales del país, y no en torno al miedo a la amenaza de la guerrilla. Para ello hay dos razones: la primera, muchos aún eran bebés en los años más crudos del conflicto, a finales de los 90; la segunda, el conflicto interno cambió. “La acción de los violentos ya no se encamina a la toma del poder, sino al control de la población local en las regiones”, explica el investigador jesuita Fernán González, que lleva décadas estudiando la violencia desde las zonas más afectadas. “Su dimensión política no es tan fuerte y no es nacional, sino local”.

Hay cierto consenso entre los expertos consultados: fue Gustavo Petro quien hizo visible lo que Colombia prefirió mirar de soslayo durante décadas. “El país después de Petro va a ser políticamente diferente del país antes de Petro”, afirma González. “Hizo visible la profunda desigualdad social de Colombia”. Ese es su legado real.

Este domingo, sin embargo, solo se resolverá un primer asalto. El sistema colombiano exige mayoría absoluta: según las encuestas, ningún candidato la alcanzará y habrá una segunda vuelta el 21 de junio. Ahí la aritmética cambiaría de golpe. En teoría, según las mediciones publicadas, Cepeda perdería contra cualquiera de sus dos rivales. Por eso los dos finalistas tendrán tres semanas para convencer a un país que no los vio debatir ni una sola vez durante la campaña. Colombia celebró más de 60 debates electorales en 2018. En 2026, los tres aspirantes punteros miraron hacia otro lado. “De la sobresaturación pasamos al silencio y los dos extremos enferman la democracia deliberativa por igual”, dice Camilo Cruz.

Lo que más preocupa, sin embargo, es el lunes. “Basta que el perdedor ponga en duda la transparencia del conteo de los votos para desatar una crisis de consecuencias insospechadas”, advierte Pizarro León Gómez. Recuerda que no es un temor abstracto: en 2021, los seguidores de Trump tomaron el Capitolio. En 2023, los de Bolsonaro asaltaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Colombia tiene una tradición civilista que la distingue de sus vecinos: es el país latinoamericano que menos años ha vivido bajo una dictadura. Pero la polarización tiene su propio peso en estos tiempos.

Los tres candidatos punteros prometen salvar a la nación del abismo teórico que representan sus contendientes. Los tres también le dan la espalda a la otra mitad del país. “La oposición se dedicó a torpedear sistemáticamente casi todos los proyectos de Petro, fueran buenos o regulares, sin proponer nada alternativo”, recuerda Fernán González. Quince veces consecutivas, desde 1958 —cuando Colombia salió de cinco años aislado de dictadura bajo Gustavo Rojas Pinilla—, el país ha elegido presidente sin falta. Hoy será la decimosexta. Pero la política colombiana no dará respiro hasta el 21 de junio.

“Que no haya segunda vuelta y podamos ver el Mundial tranquilos. A ver si nos cruzamos Colombia y España”. Kevin y Salvatore saben de la importancia de las elecciones que su país afronta este domingo 31 de mayo, pero eso no es impedimento para que se las tomen con cierto humor. Son tan conscientes de su trascendencia que ambos participan más activamente que con su voto. Kevin acude acreditado como prensa y Salvatore como testigo (una especie de apoderado) de uno de los partidos que se presenta a esta primera vuelta de los comicios en el país lationamericano.

Pese a los 8.000 kilómetros que separan Colombia de Madrid, la mayoría de estos migrantes mantienen unos fuertes lazos familiares y sociales con su país de origen. Tanto es así que este 2026 la participación se ha disparado entre los casi 308.000 colombianos llamados a votar en España, en torno a la mitad de ellos en la capital. A fecha del jueves 28 de mayo, el crecimiento de la participación en esta primera vuelta es de un 89% respecto a las presidenciales de 2022, según datos aportados por el consulado y recogidos por EFE.

La afluencia es patente en el punto habilitado en Madrid del 25 al 29 de mayo, la Casa de Cantabria (en el número 10 de la calle de Pío Baroja, en el distrito de Retiro). Los ciudadanos censados pueden votar hasta este domingo 31 de mayo, jornada de los comicios en territorio colombiano, aunque desde el sábado las urnas se trasladan al pabellón satélite de la Casa de Campo (en el número 9 de la avenida Principal). Varios llegan con las camisetas de la selección de fútbol cafetera, en una mezcla de dos de los acontecimientos que más van a agitar el país las próximas semanas.

El fuerte calor no impide que la asistencia sea constante cuando Somos Madrid acude a los puestos de emisión de sufragios. Una caseta en el exterior de la Casa de Cantabria sirve como punto de información, mientras que otra en la puerta comprueba los datos de los votantes y les invita a acceder a su interior indicándoles la mesa concreta en la que pueden ejercer su derecho. El proceso es rápido, pero las altas temperaturas aprietan tanto y llegan tantas personas que un vendedor de empanadas y refrescos hace su agosto en mayo. Hasta el punto de que emprende una astuta campaña promocional: dos jóvenes que trabajan o colaboran con él se pasean por la acera para comentar cerca de grupos de gente, como quien no quiere la cosa, lo rica que está la comida.

Si los datos arrojan una gran alza de la movilización, conversar con los votantes refuerza esta idea. Beatriz lleva 20 años en Madrid y admite que es la primera vez que participa en unas elecciones de su país de origen en estas dos décadas. “Esto me pone muy nerviosa, pero ha coincidido que estaba aquí mi marido y me he animado”, explica. “Esta vez me he dicho que debía votar para que mi país avance y cambie. Tenía que poner mi granito de arena”. Cuenta que toda su familia sigue en Colombia, por lo que el porvenir del país le preocupa enormemente. Sobre el proceso, dice que es “muy sencillo, parecido a las elecciones de aquí”. Tiene claro que si hay segunda vuelta, como prevén todas las encuestas, repetirá.

Gloria pasa de los cinco años en Madrid y también son las primeras elecciones desde que llegó a España en las que se ha animado. Su razón es específica: “Hay un candidato que sé que no va a llegar a la segunda vuelta, pero está impulsando la educación y creó un programa que permitió a mi hijo acceder a una beca profesional”. Prefiere no revelar la identidad de su elección, ni si ella volverá a ejercer su voto en ese caso. Añade que su hijo sigue en Colombia, que “está por graduarse”, por lo que da gran importancia a las políticas del futuro Gobierno colombiano.

Gladys, con 19 años de residencia en la ciudad, es otra de las novatas: “Anteriormente no me había preocupado”. Toda la familia que permanece en Colombia ha sido un impulso para romper esa abstención, pero también su propio futuro: “Quiero lo mejor para mi familia en Colombia y para mí cuando regrese, porque tengo pensado volver en algún momento”. A su lado, Araceli apunta que “después de lavarse las manos luego mucha gente se pasa quejándose cuatro años”. Ella, con más de dos décadas en Madrid, sí había votado en varias ocasiones.

Votar, una cuestión de fe

Como principal asunto para decidir su voto, Araceli aboga por la defensa de mayor igualdad y un mejor reparto de la riqueza: “Colombia es un país muy rico y próspero. El problema es que todos los beneficios se los quedan unas pocas entidades y no se ve en el resto de las personas”. Gladys apostilla que quien acabe investido presidente tendrá el beneplácito divino: “Lo que tenemos que hacer es confiar en el único Dios. Él es el que pone y quita reyes”.

La igualdad, la sanidad y la educación son tres de las preocupaciones más habituales en los votantes. Pero sobre todas ellas, entre las personas que dialogan con este medio, sobresale la seguridad. Así lo relata Gabriela, natural de Bogotá y en Madrid desde principios de este 2026, que a sus 20 años vota en sus primeros comicios con la mayoría de edad: “Si fuera más segura, viviría en mi ciudad”. Ha llegado a España con sus padres y uno de sus hermanos, pero el resto de su familia permanece al otro lado del Atlántico.

Gabriela incide en que el proceso es “superfácil, solo tienes que enseñar la cédula de identidad y dentro te llevan al punto exacto de votación”. Pese a ello, la burocracia a veces juega malas pasadas. Ana María vota por primera vez porque en la anterior ocasión se le olvidó “inscribir la cédula” en el portal habilitado por el consulado para registrar los datos. Completado ese paso, al venir a votar “solo te piden la cédula física y el número de identidad que aparece en ella”. Dice que en total “se tardan dos minutos”.

Para Ana María, natural de Pereira (la ciudad más poblada del eje cafetero) y en España desde 2017, es difícil quedarse con una única motivación por la que votar y decantarse por una opción u otra. “La idea es que el país mejore un poquito. La gente dice que por qué voto si estoy en el exterior. Pero yo quiero volver algún día y que el país tenga buena salud o los beneficios que nos merecemos. Creo que los jóvenes estamos teniendo cada vez más en cuenta este tipo de cosas”, concluye. Sobre la segunda vuelta, que tendrá lugar el 21 de junio si ninguna candidatura alcanza la mitad más uno de los votos válidos, es tajante: “Si toca venir, vengo”.

Los colombianos acuden este domingo a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro, primer presidente de izquierdas en la historia del país. El dirigente no puede volver a presentarse, ya que la Constitución colombiana prohíbe dos mandatos consecutivos, aunque podría hacerlo en el futuro. La línea continuista después de cuatro años de reducción de la pobreza y crecimiento económico (al tiempo que la delincuencia sigue sacudiendo Colombia) la representa Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico (PH). Los otros favoritos a pasar a la segunda vuelta son el mediático abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella por la formación Defensores de la Patria y la senadora Paloma Valencia, del partido conservador Centro Democrático (CD), impulsado por el polémico expresidente Álvaro Uribe.

La fiesta de la democracia a distancia

La incertidumbre que dibujan los sondeos conviven con la ilusión en la Casa de Cantabria. Son muchas las personas que se toman alguna fotografía con su cédula en la mano junto al cartel del punto electoral. “Fotito de derecho ejercido”, lo describe Liliana después de depositar la papeleta junto a su marido. Ambos, defensores de “un cambio”, están convencidos de que les tocará regresar el 21 de junio para la segunda vuelta. Aunque sea en pleno Mundial.

En paralelo, el domingo 7 de junio se celebran otros comicios en Madrid: la segunda vuelta de las presidenciales peruanas. En este caso son casi 100.000 los votantes convocados a elegir entre el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y la formación ultra Fuerte Popular de Keiko Fujimori (hija del expresidente Alberto Fujimori, que llegó a instaurar una dictadura cívico-militar repleta de casos de corrupción y por la que acabó condenado por violación de derechos humanos). Después de unos años muy convulsos para la política de Perú, Fujimori parte como favorita. El punto habilitado para emitir los votos para los ciudadanos peruanos de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura es Ifema.

Así, durante estas semanas los rostros en carteles que pueblan paredes o farolas de Madrid no son los de Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Yolanda Díaz, José Luis Martínez-Almeida o Rita Maestre. Son Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. Los candidatos entre quienes deben elegir las personas que llevan su país dentro por mucha distancia que les separe.

Colombia vota este domingo y se enfrenta a una decisión que puede marcar la próxima década de su historia política. La disyuntiva es clara: dar continuidad al ciclo iniciado en 2022 con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia o interrumpirlo para abrir una etapa de deslizamiento por las pendientes de la extrema derecha.

Los sectores progresistas han cerrado filas en torno a la candidatura de Iván Cepeda. Hijo de una de las víctimas más emblemáticas de la violencia política colombiana, Cepeda ha construido su trayectoria desde la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y una convicción democrática que nunca ha necesitado elevar el tono para hacerse escuchar. En una época con inflación de liderazgos hiperbólicos, ha querido hacer de la serenidad su principal activo político. Junto a él, figuras de referencia como María José Pizarro, Clara López, Camilo Romero, entre muchos otros, han sabido ceder y construir para ofrecer una propuesta común.

Enfrente aparecen dos derechas, aparentemente distintas, pero conectadas. La primera es la tradicional, liderada por Paloma Valencia y heredera directa del uribismo. La segunda es la del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, en el pasado abogado de personajes de dudosa reputación, que ha crecido de forma fulgurante al calor de las redes sociales. Ofrece una candidatura basada en la confrontación permanente, el liderazgo personalista y la sempiterna promesa de resolver todos los problemas a base de mano dura y testosterona. Su discurso combina elementos del libertarismo agresivo de Milei (se hace llamar “el tigre” como aquel se hizo llamar “el león”), la pulsión punitiva de Bukele y una marcada inclinación reverencial hacia Trump. Todo aderezado con parte de las esencias culturales y políticas del uribismo clásico, al que aspira a sustituir por absorción.

¿Hay algo en medio? Hay poco. Por el centro, Sergio Fajardo y Claudia López suman entre el 3% y el 5% de la intención de voto según las encuestas. Salvo que Iván Cepeda logre más del 50% del voto en primera vuelta, este caudal de votantes podría jugar un papel relevante en segunda vuelta. A Fajardo le precede la experiencia previa de 2018, cuando tuvo que elegir entre el uribista Iván Duque o el entonces candidato Gustavo Petro. Y desapareció para no tener que elegir, dando así su bendición al uribismo por omisión. En esta ocasión, amenaza con hacer lo mismo, pero, con un ultra como De la Espriella enfrente, es muy posible que sus bases actúen con más cordura que su líder. También el voto exterior, donde España es una de las plazas centrales, con ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao que suman más de 262.000 votantes, puede llegar a ser decisivo.

¿Cuál es el balance del Gobierno Petro? Durante los últimos cuatro años, el país ha registrado un crecimiento económico sostenido, una reducción del desempleo y avances significativos en materia laboral y social. El incremento del salario mínimo, con una subida excepcional del 23%, ha permitido recuperar capacidad adquisitiva a millones de trabajadores en un país donde una parte muy importante de la población percibe ingresos próximos a ese umbral. La reforma pensional busca corregir algunas de las desigualdades más profundas del sistema y la reforma laboral ha ampliado derechos largamente demandados.

Nada de ello significa que el balance sea perfecto. La persistencia de grupos armados, economías ilegales y dinámicas de violencia territorial demuestra hasta qué punto los problemas de Colombia son más profundos que cualquier ciclo presidencial. Queda pendiente la ansiada “paz total” que el propio Ejecutivo saliente se marcó como prioridad. Tampoco la reforma de la salud alcanzó el grado de desarrollo que sus impulsores esperaban, atascada en un legislativo que se entregó muy pronto al bloqueo al ejecutivo, sin espacios para diálogos o negociaciones que permitiesen avances.

Lo que está en juego en estas elecciones no es únicamente quién ocupará la Casa de Nariño. Se decide si se da la oportunidad de consolidar transformaciones a quienes, con mayor o menor éxito, las iniciaron hace cuatro años o si se sucumbe a una nueva ola de liderazgos iliberales que recorre parte del continente, alimentada por los nuevos ánimos injerencistas propiciados desde Washington y su doctrina Monroe 2.0. Una victoria de Cepeda en Colombia contribuiría a consolidar la foto que hace poco más de un mes se hicieron en Barcelona los líderes progresistas de la región, fortaleciendo el eje México, Colombia, Uruguay y Brasil (que tiene a Lula en la antesala de elecciones presidenciales este próximo mes de octubre).

Hace cuatro años, en este mismo espacio, anticipamos que Petro iba a ser presidente. Entonces se abrió una oportunidad histórica para la izquierda colombiana: podía gobernar el país sin provocar el apocalipsis anunciado por sus adversarios. Cuatro años después, esa hipótesis ha sido contrastada por la realidad. Ahora corresponde a los ciudadanos decidir si ese camino merece ser profundizado o si el país prefiere aventurarse por una senda cuyos precedentes recientes, en América Latina y fuera de ella, invitan más a la preocupación que a la esperanza.

Por primera vez, la izquierda tiene la posibilidad de ocupar el poder ocho años en Colombia. La continuidad de las políticas de Gustavo Petro tienen altas posibilidades de mantenerse de la mano del candidato Iván Cepeda, si los electores así lo deciden este domingo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En la vereda del frente, intentarán disputarle los votos el abogado Abelardo de la Espriella, un empresario de extrema derecha que nunca ha ocupado un cargo público; y la senadora de derecha Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.

Petro, que asumió en 2022 como el primer presidente progresista y exguerrillero de la historia moderna del país, ha aumentado sus niveles de aprobación “hasta alcanzar el punto más alto en años”, señala el estudio del Center for Economy and Policy Research (CEPR) Colombia durante el gobierno de Petro: avances sociales en un contexto de restricciones monetarias y fiscales.

La investigadora y coautora del informe, Paola Jaimes Santamaría dice a elDiario.es que “más allá de la polarización política, muchos sectores sienten que con Petro hubo mejoras materiales reales y que el Estado comenzó a llegar a lugares donde antes no llegaba”. 

Derechos sociales y económicos

El informe del CEPR destaca que entre 2022 y 2025 la pobreza multidimensional –que mide indicadores referidos a educación, salud, condiciones de vivienda, acceso a servicios y empleo– se ha reducido en aproximadamente 23%, con un descenso “notable” en las zonas rurales. 

“Petro intentó conectar política social con desigualdad territorial y rural, no solamente con transferencias monetarias”, apunta Jaimes Santamaría, quien también valora el “esfuerzo” por llevar más inversión pública a municipios históricamente marginados y el “avance” en la entrega de tierras a comunidades campesinas y étnicas, algo –dice– “muy ligado a las desigualdades históricas y al conflicto armado en Colombia”.

Para el director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data), Alfredo Serrano Mancilla, una de las claves de sus logros es que perseveró en los cambios y aún cuando no los pudo conseguir –no tenía mayoría en el poder Legislativo– “no tiraba la toalla”, entendiendo la política “como la posibilidad real de cambiar las cosas”.

En materia de derechos económicos, los expertos destacan la reforma tributaria, que incrementó los impuestos para los más ricos, y el aumento del salario mínimo cercano al 40%, considerando que en la década 2012 y 2022 el aumento real fue del 9%. La experta subraya que este avance ocurrió “sin un deterioro del mercado laboral”, pues “la economía mantuvo estabilidad macroeconómica, el desempleo cayó y la inflación bajó”.

El politólogo de la Universidad de Rosario Yann Basset destaca la aprobación –pendiente de implementarse– de la reforma de pensiones, que amplía el papel del sistema público y construye un pilar para una pensión básica. Sin embargo, opina que el balance en economía es “controvertido” porque el Gobierno “no ha atendido el tema fiscal”: termina con un déficit “casi récord desde la pandemia” –6,4% del PIB– y un aumento de la deuda pública. Aun así, añade, “no se materializaron los pronósticos más alarmantes de la oposición de una hiperinflación o crisis económica”.

Según la investigadora del centro de pensamiento Global Americans Sonia Verdú, sin embargo, “la popularidad de Petro está basada más en una postura ideológica populista que en una transformación real” porque las desigualdades sociales “no se han acortado significativamente”.

La fallida “Paz total”

La promesa estrella de Petro fue la llamada 'Paz total', que proponía reforzar el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la entonces activa guerrilla de las FARC. La propuesta incluía negociaciones con guerrillas como el ELN; reparación de las víctimas; una reforma agraria y el abordaje del consumo de drogas como un asunto de salud pública.

“Su política no ha funcionado, pues no ha logrado la desmovilización de ningún grupo armado importante”, dice Basset. Según él, las guerrillas “se han aprovechado de la negociación para reforzar su control territorial”.

Los analistas aseguran que el problema en el país, que desde el 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, registra casi 2.000 líderes sociales asesinados, “es estructural” y que es difícil avanzar cuando el Estado tiene capacidades “limitadas” en muchas regiones rurales y persisten economías ilegales asociadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Cepeda representa una izquierda con un discurso muy marcado alrededor de los derechos humanos, el antirracismo y el antipatriarcado

Paola Jaimes Santamaría — Investigadora asociada del Center for Economic and Policy Research

Petro partió el diseño de la Paz Total “con un diagnóstico correcto y un diálogo con todos los grupos al mismo tiempo”, explica a elDiario.es la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. En la práctica, sin embargo, algunos procesos “avanzaron más lento de lo esperado, hubo fragmentación entre grupos armados y en varios territorios los ceses al fuego no produjeron mejoras sostenidas de seguridad”, menciona Jaimes Santamaría. Luego, en febrero de 2025, llegó la designación de Pedro Sánchez como ministro de Defensa, el primer militar en ocupar el puesto en 30 años, para presionar a las guerrillas, una receta similar a la del expresidente derechista Iván Duque.

“Con esta decisión, la idea de negociación ha perdido mucha legitimidad política”, señala Bonilla. En su opinión, el mandatario fue “muy ambicioso” con su propuesta, que califica de “retórica, polémica, con bajo diseño institucional, poco presupuesto y mala organización”.

Venezuela y EEUU, centro de la diplomacia

Uno de los desafíos más importantes para la política exterior de Gustavo Petro ha sido el vínculo con la vecina Venezuela. Cuando llegó al poder en 2022, con las relaciones entre ambos países rotas, emprendió un deshielo –reapertura de fronteras e intercambios comerciales– con el gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro. Durante la crisis de las elecciones de julio de 2024, en las que la oposición denunció fraude y las autoridades electorales nunca mostraron las actas de la declaración oficial del triunfo de Maduro, se alineó con Brasil para no reconocer el resultado, pero sin romper lazos con Caracas. 

“En su primer año y medio de mandato transformó la política exterior colombiana y fue exitosa”, señala Verdú. Sin embargo, la llegada de Donald Trump al poder, en enero 2025, marcó el tramo final de su mandato y dio un giro al contexto regional: “Conllevó una pelea política y diplomática que culminó con una visita de cuestionable éxito a la Casa Blanca”, añade. Por el camino, hubo tensiones y amenazas, desacuerdos abiertos sobre política antidrogas y los ataques del Pentágono contra embarcaciones en el Caribe.

En su primer año y medio de mandato transformó la política exterior colombiana y fue exitosa

Sonia Verdú — Investigadora del centro de pensamiento Global Americans

“Intentó combinar una postura más autónoma con una estrategia pragmática y evitar una ruptura frontal con Estados Unidos, mientras buscaba ampliar márgenes de maniobra diplomática dentro de América Latina”, opina Jaimes Santamaría.

Segunda vuelta asegurada y en disputa

Las encuestas anticipan un triunfo de Iván Cepeda, sucesor de Petro, pero no tan holgado como para evitar una segunda vuelta, que se prevé muy disputada y polarizada contra quien sea su rival: De la Espriella o Valencia, aunque los sondeos dan ventaja a la candidata uribista.

“Cepeda representa una izquierda con un discurso muy marcado alrededor de los derechos humanos, el antirracismo y el antipatriarcado, algo que históricamente no se había visto tanto en la política presidencial colombiana”, afirma Jaimes Santamaría. A diferencia del actual mandatario, que ha sido una figura más “confrontacional”, dice, Iván Cepeda presenta un estilo político más dialogante, por lo que una continuidad de la izquierda, no necesariamente implicaría, simplemente, “más Petro”, sino “probablemente, alianzas más amplias para sacar adelante ciertas reformas”, añade.

Verdú pronostica que si gana Cepeda, habrá que esperar si continúa con el legado de Petro o llega a implementar políticas con mayor impacto social, que si bien han sido “exitosas en sistemas como el europeo –concluye–, no han sabido encontrar su lugar en América latina sin sacrificar modelos de democracia y estabilidad económica”.

Nadie en su entorno sabe explicar muy bien por qué Mateo Pérez tomó la decisión de viajar solo en su moto hacia una zona tan violenta como Briceño. Su primo Jorge Rueda lo intenta en entrevista con elDiario.es: era de esos reporteros, dice, a los que les gusta ir a las zonas más complejas, hablar con los pobladores, impulsar denuncias donde pocos lo hacen. “Era muy tranquilo, pero muy frentero [intrépido]”, subraya.

Salió de su casa por última vez el 4 de mayo, pasadas las ocho de la mañana. Se despidió de su padre. Lo tranquilizó con la esperanza vana de que había presencia militar en aquel municipio montañoso de Antioquia, al noroeste del país, donde los sanguinarios Clan del Golfo y Frente 36 de las disidencias de las FARC libran una lucha a muerte por el control de las rutas de la cocaína entre el interior y la costa del Caribe.

El impulso detrás de la decisión del joven reportero era el de siempre: traer una historia de vuelta a El Confidente, la revista digital que había fundado tres años atrás y que difundía por Facebook e Instagram, las únicas plataformas que un periodista sin respaldo puede permitirse en estos tiempos. Información local, artesanal, hecha a mano y en solitario. Su primo Jorge Rueda confiesa que Mateo ni siquiera conocía Briceño, el pueblo ignoto donde lo mataron. Y, sin embargo, cuando unas horas más tarde llegó a la zona en moto, tanto la policía como la personería municipal le advirtieron que no se alejara del casco urbano. Que no era seguro. Pero él siguió adelante.

En casa de sus padres los tres días posteriores transcurrieron en silencio. Lo esperaban en Yarumal, a unos 120 kilómetros de Medellín, sin noticias. Y con los malos presagios de un país violento que nadie se atrevía a nombrar. Hasta el viernes 8 de mayo, cuando una misión humanitaria de la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo pudo entrar al lugar y hallar su cadáver en la zona rural de Briceño. Días después, el Ejército también recuperó la moto Boxer 100 en la que había emprendido el viaje y en un camino veredal aledaño apareció su carné de periodista.

Según testimonios cruzados de integrantes de la misión humanitaria y habitantes de la zona, Mateo se habría topado, en algún recodo de la carretera veredal, con hombres armados bajo las órdenes de Chalá, nombre de guerra de Jhon Édison Chalá Torrejano, un guerrillero de apenas 22 años enviado desde el sur del país por Alexander Díaz, alias Calarcá, el máximo cabecilla del Frente 36, para endurecer el control territorial. Presuntamente, lo interrogaron, lo torturaron y lo mataron delante de algunos pobladores que miraban impotentes, según afirmó el gobernador del departamento de Antioquia.

Su cadáver permaneció varios días allí mientras las autoridades, incapaces de entrar, negociaban a distancia la devolución de sus restos con los grupos criminales.

La última llamada

A Pérez le restaba acreditar sus prácticas laborales para terminar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional sede Medellín, la capital de Antioquia. Su situación económica era precaria. Con el objetivo de financiar su revista, que suma tan solo 4.600 seguidores en Facebook, vendía zumos naturales y ensaladas en el garaje de la casa. En los últimos tiempos trabajaba en una empresa de mensajería. Su padre, Carlos Pérez, contó en la prensa local que compartía con su hijo la pasión por el ciclismo y que Mateo había recorrido parte de Colombia en bicicleta.

Daniel Chaparro, subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), conocía su situación. La FLIP ya había documentado dos alertas suyas: una en 2024 por acoso judicial y otra en 2025 por obstrucción al acceso a la información. Aun así, no tenía registros de amenazas. Por eso nadie lo monitoreaba ni sabía que había salido hacia Briceño aquella mañana del 4 de mayo, cuando se convirtió en el primer periodista asesinado en Colombia en 2026 –desde 2022 van ocho–. El año pasado, la misma ONG documentó 496 agresiones contra reporteros en el país, 192 de ellas amenazas de muerte dirigidas no solo a los informadores, sino también contra sus familias.

Para entender la tragedia hay que acercarse a Briceño, un pueblo cafetero de poco más de 8.000 habitantes en el norte de Antioquia (conocido como el “Rinconcito amable”). No obstante se trata de un enclave que ha vivido muy poco tiempo en paz. Algunos citan de memoria ese lapso en el que el miedo quedó arrinconado fugazmente: 2016 y 2017.

En aquel entonces el Frente 36 de las FARC se desmovilizó. Dejó las armas tras el acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Acto seguido el Estado impulsó los primeros intentos de programas de desminado y sustitución de cultivos de coca, uno de los pilares de la economía local. Pero la calma duró muy poco: uno de los comandantes firmantes de aquel pacto volvió a las armas y arrastró consigo a buena parte de la tropa.

Desde entonces, según relata a elDiario.es el periodista, abogado e investigador Sergio Mesa, la disputa por las rentas criminales no da tregua: por la minería ilegal, pero también el narcotráfico. Se trata de un pulso sangriento en medio de un territorio inundado en sembradíos de hoja de coca donde, incluso, los candidatos a la alcaldía han necesitado a menudo del visto bueno de los violentos. De hecho, el actual alcalde lleva refugiado semanas en Medellín por amenazas. El secretario de Gobierno, también. Y el personero, que tiene algunas funciones similares al Defensor del Pueblo en España, renunció en abril.

Pérez no tenía registros de amenazas. Por eso nadie lo monitoreaba ni sabía que había salido hacia Briceño aquella mañana del 4 de mayo, cuando se convirtió en el primer periodista asesinado en Colombia en 2026 –desde 2022 van ocho–

Ese es el pueblo donde el dinero del narco, la zozobra y el miedo se reparten el territorio. Y allí llegó Mateo el lunes 4 de mayo por la tarde. Tenía 24 años —el 8 de junio habría cumplido 25—, una moto Boxer 100 y un móvil como grabadora. Hoy se sabe que se registró en el hotel El Campesino. Al día siguiente recorrió el casco urbano y habló con funcionarios de la alcaldía, la policía y el hospital.

Sin embargo, su misión era llegar a la vecina vereda de Palmichal, donde días antes se habían librado combates entre el Ejército y las disidencias. Ya en el camino se cruzó con dos pelotones del Ejército que le recomendaron alejarse. Él siguió. Y a las tres de la tarde hizo la última llamada: pedía a la alcaldía que alguien respondiera por él, que confirmara a sus captores que era periodista. Nadie lo hizo.

Según el relato de Sergio Mesa, construido sobre el terreno a partir de testimonios de pobladores, los criminales le preguntaron quién era. No le creyeron. Revisaron su teléfono. Lo retuvieron. La personera municipal y el intendente Guillermo Zapata confirmaron que la última señal de vida fue aquella llamada de las tres de la tarde. Se cree que lo mataron antes de caer la noche. Justo antes de que entrara en vigencia el toque de queda impuesto por los violentos: de las seis de la tarde a las seis de la mañana nadie puede salir de sus casas en Briceño. Luego le ordenaron a algunos pobladores que lo enterraran. Ellos mismos dispersaron sus pertenencias por distintos caminos de esa zona montañosa. Y su carné de prensa lo colgaron de la rama de un árbol cualquiera.

En el camino se cruzó con dos pelotones del Ejército que le recomendaron alejarse. Él siguió. Y a las tres de la tarde hizo la última llamada: pedía a la alcaldía que alguien respondiera por él, que confirmara a sus captores que era periodista. Nadie lo hizo.

Jesús Abad Colorado, fotoperiodista colombiano que lleva más de tres décadas documentando el conflicto interno, fue uno de los primeros en alertar del caso de Mateo. Por eso partió hacia Briceño con Sergio Mesa para acompañar a la familia y tratar de visibilizar el drama humano. Tenía una razón personal: cuando en mayo de 1992 cubrió su primera emboscada de las FARC, tenía la misma edad que el reportero asesinado. “Era un pelado con ganas de comerse el mundo”, recuerda.

Para Abad Colorado lo ocurrido en el norte de Antioquia refleja una contradicción de fondo que corroe el intento de paz del Gobierno Petro: las limitaciones de negociar con grupos armados que siguen asesinando civiles sin exigirles garantías reales. “Hay que poner reglas claras. Hay que verificar que se cumple. Dialogar entre las partes no puede ser a costa de matar a periodistas, maestros o líderes sociales”, apostilla.

Jorge Rueda guarda un detalle que ha contado poco. Cuando los guerrilleros del Frente 36 capturaron a su primo, reunieron a una treintena de pobladores y les preguntaron: “¿Quién conoce a este hombre? ¿Qué hacemos con él?”. Al parecer nadie habló. El miedo que padecen las comunidades agobiadas por la guerra en Colombia no cabe en ningún informe de ONG. Por eso al familiar aún le cuesta procesar el dolor: “Una sola llamada hubiera salvado la vida a Mateo”. Lo único cierto es que el 10 de mayo, día de la madre en Colombia, Gloria Rueda enterró a su hijo. Lo hizo entre flores amarillas y blancas, rodeada de cientos de vecinos que despidieron a un reportero valiente de Yarumal.

Paloma Valencia (Popayán, 48 años) tiene todas las credenciales para cristalizar la gran obsesión de Álvaro Uribe: devolver a la derecha dura al poder en Colombia. Senadora incisiva y oradora solvente. Es una de las políticas más fieles al espíritu del Centro Democrático, la formación conservadora fundada en 2013 por el líder septuagenario. Hoy su ascenso en las encuestas es, quizás, el dato más sorprendente de la campaña presidencial. En noviembre pasado era casi invisible en la parrilla de salida. Ahora ronda el 20% de intención de voto y se disputa el pase a la segunda vuelta con el penalista ultra Abelardo de la Espriella. La primera vuelta de las presidenciales se celebra el 31 de mayo.

Su gran impulso electoral llegó en marzo. Valencia ganó entonces con casi 3,2 millones de votos la nominación en unas primarias celebradas por un puñado de movimientos de centro y centroderecha inquietos por el liderazgo de Iván Cepeda, el candidato del izquierdista Pacto Histórico. El camino interno, sin embargo, ha sido pedregoso. Su elección previa dentro del Centro Democrático generó polémica debido al descontento de otros aspirantes con los procedimientos de la formación conservadora. “Los estatutos del partido dejan claro que la última palabra la tiene su fundador, Álvaro Uribe. Y si uno revisa sus pasados tres candidatos presidenciales, la conclusión es evidente: todos fueron designados a dedo”, afirma el politólogo de la Universidad Nacional Shameel Thahir Silva.

Valencia se ha curtido en sus 12 años en el Congreso. Su gran cruzada ha sido rechazar el acuerdo de paz con las FARC: lo combatió en las calles durante el plebiscito de 2016 y lo ha seguido atacando desde su escaño. Contra Petro ha sido implacable: denunció sus escándalos y bloqueó sus reformas. En el Senado le lleva la contraria con una disciplina que sus rivales admiran en silencio. Y tiene una causa propia: la infancia. Ha presentado leyes contra el maltrato infantil.

Hoy se opone a la adopción por parejas del mismo sexo, aunque no siempre fue así y en 2016 afirmaba en el Congreso que no había razones para impedirla. “Paloma ha desarrollado una doble fama”, explica el politólogo Tomás Molina. “Por un lado, el de una política juiciosa que estudia los temas y apoya proyectos moderados: ha respaldado al sector agropecuario y la modernización del sistema de donación de órganos, por ejemplo. Por el otro, es inamovible en la defensa del ideario más radical del uribismo. Es leal a sus principios, de otra forma Uribe no la habría elegido”.

Los estatutos del partido dejan claro que la última palabra la tiene su fundador, Álvaro Uribe. Y si uno revisa sus pasados tres candidatos presidenciales, la conclusión es evidente: todos fueron designados a dedo

Shameel Tahir Silva — Universidad Nacional

No despierta odios enconados ni grandes pasiones. La gran incógnita de su campaña es hasta dónde llegará la sombra de Uribe, su mentor y padrino político. Su fórmula vicepresidencial ofrece pistas: Juan Daniel Oviedo, economista de 49 años, exdirector del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y el más votado en la consulta interpartidista de marzo con 1,2 millones de sufragios —el doble que en su candidatura a la alcaldía de Bogotá en 2023—. Además es gay, un dato que en el universo tradicional del Centro Democrático pesa. Valencia lo eligió para seducir votantes que el partido nunca había alcanzado.

El nuevo equipo despertó entusiasmo inicial en algunos votantes que veían una puerta para la moderación. Sin embargo, Valencia, que busca el paso a segunda ronda, se ha estancado en torno al 20% en el promedio de las cinco principales encuestadoras, mientras De la Espriella la supera en las últimas semanas por cerca de cinco puntos. Pedro Medellín, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad París III, advierte las causas: “La alianza con Oviedo nunca cuajó en estrategia compartida. Nunca hubo conversación previa ni agenda clara”. El 25 de abril quedó en evidencia: en un mitin en Medellín, Valencia propuso a Uribe como ministro de Defensa. Horas después, en Bogotá, Oviedo dijo públicamente que no estaba de acuerdo.

A los problemas de campaña se suman otros rezagos ideológicos. Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, advierte que el modelo de austeridad estatal y acento militar que llevó a Uribe al poder ya no responde a la Colombia de hoy: “El conflicto armado tiene lógicas distintas a las de principios de siglo. Los grupos violentos ya no buscan tomar el Estado, sino controlar economías y rentas criminales en territorios específicos”. Por eso los observadores que han revisado el plan de seguridad aún lo califican de crudo: reducir ingresos mafiosos, robustecer la fuerza pública, reconquistar comunidades y reinsertar delincuentes.

En opinión del experto la discusión pública se ha desplazado, además, hacia temas como la redistribución económica o las agendas identitarias. Y ahí Valencia navega incómoda. Es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia y del fundador de la reputada y costosa Universidad de los Andes, Mario Laserna. Un linaje que a veces sirve como credencial y otras como lastre. Sobre todo porque hoy aspira a atraer a un electorado joven que no vivió los años de fervor uribista y que en 2022 eligió por primera vez a un presidente de izquierda sin militancia en ningún partido tradicional.

No le favorecen tampoco algunas salidas en falso. En 2015 propuso en Twitter dividir el Cauca —su provincia natal— en dos zonas: una para indígenas y otra para mestizos. Las redes sociales ardieron. La tacharon de racista. Varios juristas la calificaron de segregacionista. El contexto no es menor. El 21,5% de la población del Cauca es indígena —una comunidad devastada por la pobreza y la violencia–. Los Valencia, a su vez, llevan siglos siendo el clan terrateniente e intelectual que ha predominado desde la política y la economía en esos territorios. 

Tomás Molina va más lejos: la ausencia de un proyecto fresco del Centro Democrático resulta inquietante en un país con serios problemas fiscales, un maltrecho sistema de salud y una nueva oleada de violencia en curso. Paloma, en su opinión, no inspira una visión de futuro. 

El contraste con de la Espriella es nítido. Pedro Medellín lo describe sin ambages: “Abelardo tiene su estrategia clarísima, un equipo centrado y nunca pierde el foco del electorado al que se dirige”. El penalista ha construido una maquinaria que moviliza. Los desencuentros públicos entre los dos candidatos de la derecha han sido notorios en la recta final. Pero la aritmética electoral rara vez respeta las promesas de campaña. Y en segunda vuelta, tarde o temprano, tendrán que sentarse a negociar para evitar el descalabro.

Shameel Thahir Silva coincide: la propuesta de la primera mujer con opciones reales de llegar a la presidencia se reduce a defender un modelo institucional que estabilizó el sector privado y los mercados, a costa de modestos y lentos avances sociales. Basta recordar que el PNUD y el Banco Mundial sitúan a Colombia como la tercera sociedad más desigual del mundo. No es casual que esa asimetría haya sido la mejor munición política de la izquierda. En especial desde el estallido social de abril de 2021. Ahora el país afronta una pregunta profunda: si el péndulo político ha encontrado un nuevo e inesperado centro de gravedad.

La niebla tapaba casi toda la cordillera y el rotor golpeaba el aire húmedo mientras varios hombres intentaban mirar por las ventanillas manchadas. Peter McAleese llevaba el cuerpo pegado al asiento, con el fusil sujeto contra el pecho y los dientes apretados cada vez que el aparato descendía unos metros entre las nubes.

El piloto buscó un paso entre las montañas y el helicóptero empezó a temblar con sacudidas bruscas que lanzaban cajas y mochilas contra el suelo de metal. Un ruido seco atravesó la cabina y después llegó el golpe contra la roca, con cuerpos aplastados unos sobre otros, combustible derramado y piezas del aparato repartidas por la ladera. McAleese quedó atrapado entre restos de metal doblado, con heridas graves y el cadáver del piloto muy cerca, mientras la misión para matar a Pablo Escobar se deshacía antes de llegar a la Hacienda Nápoles.

El cartel de Cali pagó armas y entrenamientos clandestinos

Un grupo de mercenarios británicos viajó a Colombia en 1989 para asesinar a Pablo Escobar por encargo del cartel de Cali. El plan lo encabezaba McAleese, antiguo integrante del SAS británico y veterano de varias guerras africanas.

El documental Killing Escobar, dirigido por David Whitney y recogido por BBC Scotland, reconstruyó aquella operación mediante entrevistas, vídeos grabados durante los entrenamientos y testimonios del propio McAleese. La operación terminó antes del ataque después del accidente sufrido por uno de los helicópteros que transportaban al grupo hacia el complejo de Escobar.

Los mercenarios pasaron primero por la ciudad de Cali y luego fueron trasladados a una hacienda apartada, donde recibieron armas, explosivos y dinero para preparar el asalto. Según el relato difundido por BBC Mundo, el cartel de Cali financió toda la estancia del grupo en Colombia y Jorge Salcedo coordinó la entrada de los hombres por los controles de aduana.

Dave Tomkins buscó a McAleese tras conocerlo en Angola

Cada mercenario iba a cobrar 5.000 dólares al mes, mientras Dave Tomkins recibía 1.000 dólares diarios por dirigir el reclutamiento. Los entrenamientos siguieron durante semanas en zonas rurales y después continuaron en la selva, lejos de pueblos y carreteras, para evitar que los disparos alertaran a las autoridades o a los hombres de Escobar.

Tomkins había conocido a McAleese en Angola durante la década de 1970. Allí trabajaba vendiendo armas y moviéndose entre grupos armados, algo que llamó la atención del antiguo militar escocés. Cuando apareció la posibilidad de eliminar a Escobar, Tomkins acudió primero a McAleese porque necesitaba a alguien con experiencia en operaciones violentas y capacidad para dirigir hombres armados en territorio hostil.

McAleese aceptó sin dudar y explicó en el documental que nunca vio aquella operación como un asesinato. “Lo he visto como un objetivo”, afirmó. El propio mercenario añadió que nadie recibe una oferta así si no tiene experiencia suficiente para ejecutarla.

Pasó del SAS a las guerras africanas

Peter McAleese nació en Glasgow en 1942 y creció en el barrio de Riddrie, muy cerca de la prisión de Barlinnie. David Whitney describió en el documental a McAleese como un hombre lleno de rabia y con una enorme inquietud interior. El escocés se alistó en el Ejército con 17 años y terminó dentro del regimiento 22 del SAS después de pasar por los paracaidistas.

Combatió en Borneo y participó en operaciones dentro de la selva antes de abandonar el Ejército británico en 1969, una decisión que años después definió como el peor error de su vida. Tras abandonar la vida militar pasó por empleos temporales, terminó en prisión después de agredir a una novia y acabó viajando como mercenario a Angola, Rodesia y Sudáfrica.

Los mercenarios prepararon un asalto feroz sobre la hacienda

La operación contra Escobar se apoyaba en un ataque rápido y extremadamente violento. Dos helicópteros debían dejar al grupo cerca de la Hacienda Nápoles y los mercenarios entrarían disparando contra la escolta del narcotraficante hasta alcanzar la vivienda principal. Varias versiones periodísticas citadas en el documental indicaban que los hombres tenían instrucciones para llevarse la cabeza de Escobar como trofeo después del asesinato.

McAleese sobrevoló la finca antes del ataque y comprobó que el lugar tenía pistas privadas, animales exóticos, coches antiguos y una seguridad armada muy amplia. Aun así, consideró que el golpe podía salir adelante si lograban entrar antes de que los guardaespaldas reaccionaran.

Nada ocurrió como estaba previsto. El helicóptero donde viajaban McAleese y Tomkins se estrelló mientras avanzaba a baja altura sobre los Andes y el piloto murió en el acto. Algunos hombres consiguieron salir del aparato, pero McAleese quedó malherido sobre la montaña durante tres días, rodeado de restos del fuselaje y soportando dolores intensos mientras esperaba ayuda.

El narco envió hombres tras conocer el plan británico

Pablo Escobar recibió noticias del plan y envió hombres armados a la zona para encontrar a los supervivientes. “Si Pablo me hubiera atrapado, yo habría tenido una muerte larga, prolongada y dolorosa”, recordó McAleese en el documental.

McAleese, que acabó muriendo en 2024, consiguió escapar y regresó a casa después del fracaso de la misión. Con los años empezó a hablar de sus remordimientos, aunque no estaban relacionados con las guerras ni con los trabajos como mercenario. “Tengo una horrible cantidad de remordimientos y ninguno de ellos tienen que ver con la parte de mi vida como soldado”, dijo. El escocés aseguró que lamentaba sobre todo sus errores como marido y como padre.

Pablo Escobar murió en Medellín en 1993 durante un tiroteo con las autoridades colombianas, mientras McAleese terminó sus días lejos de la guerra y recordando aquella montaña cubierta de niebla donde su misión quedó enterrada entre hierro roto y cuerpos ensangrentados.

Explosivos, drones cargados con detonadores y bloqueos viales. Disidencias guerrilleras de las FARC arreciaron, el pasado 25 y 26 de abril, contra distintas zonas del suroeste de Colombia y dejaron una veintena de muertos y medio centenar de heridos. Se trata de una de las embestidas armadas más sangrientas contra civiles en una década. Y ocurre en plena campaña electoral, a menos de un mes de las presidenciales, cuando ninguno de los tres candidatos con opciones para llegar al poder ha puesto sobre la mesa un remedio claro a la herida abierta más compleja del país: ¿cómo dejar atrás la guerra?

El Gobierno de Gustavo Petro respondió con 1.200 soldados desplegados en el sur del país. Las operaciones ya obtuvieron un primer resultado: la semana pasada fue capturado Alex Vitoncó Andela, alias Mi Pez, cabecilla de la Nueva Marquetalia —la principal disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)— y señalado como uno de los mayores responsables de los atentados. Entre ellos, la detonación de un cilindro bomba contra un bus intermunicipal que arrastró a otra veintena de vehículos y colapsó un tramo montañoso de la Vía Panamericana, la principal carretera que bordea el suroeste colombiano.

La última ofensiva guerrillera expuso todas las fallas de la política de seguridad de Petro: organizaciones criminales que negocian con el Estado mientras siembran el terror en la población. Los colombianos lo sufren: según la encuestadora Invamer, el 66,2% se siente inseguro con la ‘Paz Total’ que propugna el mandatario. Entre el electorado, además, muchos echan de menos la primera década del siglo. Es decir, los años de mano dura en el Ministerio de Defensa, cuando los secuestros disminuyeron un 90% y la estrecha colaboración con Washington aseguraba el flujo de ayuda a través del denominado Plan Patriota. El problema, no obstante, viene de lejos.

La cocaína acabó con la revolución

Armando Borrero, especialista en defensa y seguridad nacional, recuerda que aquel modelo militar desarrollado por el expresidente Álvaro Uribe —que comprometía algunas garantías civiles para restaurar el orden público— ya mostraba sus límites al final del mandato, en 2010: “Las FARC se estaban reestructurando. El reclutamiento de guerrilleros, después de haber perdido casi el 50% del que había sido el mayor ejército irregular de América Latina desde la revolución mexicana, con 18.000 hombres en armas, se recuperaba de forma acelerada”. En ese momento Juan Manuel Santos subió al poder e impulsó el proceso de paz que se firmó en 2016 con las FARC. El Estado y la insurgencia juzgaron que era el momento preciso para avanzar en una solución negociada.

Una década después, los números hablan por sí solos. Los secuestros se dispararon un 80% en 2025 respecto al año anterior. Los ataques a la Fuerza Pública subieron un 85%. Más de 119.000 personas permanecieron encerradas en sus territorios sin poder salir a comprar alimentos o acceder a servicios de salud debido a las amenazas o bloqueos. Un informe de la acreditada Fundación Ideas para la Paz concluye que la ‘Paz Total’ no solo no ha reducido la violencia, sino que ha creado una “tormenta perfecta” humanitaria en las zonas más vulnerables del país.

Aun así, la apuesta de Petro fue inédita: negociar simultáneamente con todos los grupos violentos. Disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcos, paramilitares o urbanas. Todos con el narcotráfico como único horizonte común. Nadie lo había intentado antes. Los resultados, opina Borrero, revelan un error de diagnóstico de fondo: “El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales. El Clan del Golfo, por ejemplo, está dirigido por el Cártel de Sinaloa mexicano. Y el ELN es más venezolano que colombiano, como lo evidencia un documento del Ministerio de Defensa bolivariano en el que consagra que la insurgencia forma parte de su sistema de defensa”.

En el suroeste pocos conocen la paz

En este contexto, el suroeste colombiano es la región que lleva años absorbiendo parte de la sangría que el resto del país prefiere mirar de soslayo. Durante los últimos años, el patrón criminal ha sido el mismo: asesinatos selectivos contra líderes sociales y combatientes desmovilizados. Una sangría quirúrgica. Invisible y casi rutinaria. Pero algo está cambiando.

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió de 24 en 2022 a 27 el año pasado. Y la masacre de hace unas semanas supone un campanazo de alerta: es la matanza más letal contra civiles en esa región en una década. “La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas”, explica el analista Jorge Mantilla, doctor en Criminología, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois, en Chicago. Y agrega: “Un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápidas que el Estado colombiano”.

El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales

Armando Borrero — Especialista en defensa y seguridad nacional

A menos de tres meses de acabar su cuatrienio, criticar la política de ‘Paz Total’ de Petro es fácil. Explicarla, mucho menos. Sobre todo porque procesos previos como Ralito y La Habana —que desmovilizaron paramilitares bajo Uribe y a las FARC bajo Santos— ya habían dejado suficientes enseñanzas y cabos sueltos por recoger.

Sarah Zukerman Daly, de la Universidad de Columbia, advierte que todo proceso de paz serio debe comprometer a los mandos medios: los combatientes que ejecutan las órdenes de las cúpulas en el terreno. Colombia falló ahí. Y en los intentos recientes —desde Ralito hasta la Paz Total—, recuerda el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín, esos mismos cuadros fueron los primeros en rearmarse.

Del Guaviare a Guinea-Bisáu

Cada grupo criminal tiene detrás una cadena económica que empieza en un cultivo de coca y termina en una decisión política. Colombia ya acumulaba 230.000 hectáreas sembradas cuando Petro llegó al poder en 2022 (récord heredado de Duque). Ese año, el nuevo presidente de izquierdas suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato —sin alternativas viables—, argumentando daños a las comunidades cocaleras. El resultado: 23.000 hectáreas más en un año (media Catalunya tapizada de verde), hasta 253.000 en 2023, según el monitoreo colombiano.

El mismo acuerdo de La Habana que Petro heredó, que tiene rango constitucional, comprometía al Estado a sustituir esos cultivos por desarrollo agrícola en los territorios más devastados por la guerra. No hubo, sin embargo, ni recursos ni empuje político para cumplirlo. “Lo cierto es que competir con productos como el cacao es muy difícil. Se ha vuelto un problema casi irresoluble”, admite Borrero. “Pero el país no puede seguir siendo rehén de la coca”.

La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas, un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápido que el Estado colombiano

Jorge Mantilla — Doctor en Criminología, Derecho y Justicia de Universidad de Illinois Chicago

Sin la presión de las fumigaciones, las disidencias de las FARC y otros grupos narcos fortalecieron sus lazos regionales. También afianzaron rutas para sacar la droga desde regiones como el sureño Guaviare hacia Venezuela, de Venezuela a Brasil, de Brasil a Surinam. De Surinam a Guinea-Bisáu. Y de Guinea-Bisáu, etiquetado como el primer “narco-Estado africano”, a Europa.

El mejor cliente, sin embargo, sigue siendo Estados Unidos. De poco han bastado los bombardeos de Trump contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico: una parte sustancial de la cocaína colombiana fluye hacia el gigante del norte (el mayor consumidor del mundo y el socio histórico en la lucha antinarcóticos).

Además, con Petro enfrentado políticamente a Trump desde su toma de posesión, la relación con la Casa Blanca no ha hecho sino tensarse. Uno de los resultados llegó en 2025: por primera vez en tres décadas, Washington retiró a Colombia de su lista de países aliados que combaten el narcotráfico. Con una salvedad reveladora: eximió al país de las sanciones económicas citando “intereses nacionales vitales”. Bogotá recibió el castigo, pero la superpotencia evitó romper el lazo estratégico.

Un ejército moderno no basta

La política de paz de Petro tiene, sin embargo, letra pequeña. Los medios colombianos se han centrado en el evidente debilitamiento de las capacidades militares y de inteligencia durante este cuatrienio. Sin embargo, también han mirado de refilón algunos matices: 2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico de su predecesor, el derechista Iván Duque. Un incremento sin precedentes, según las Fuerzas Militares. Armando Borrero matiza los números: “La reacción fue tardía y selectiva. El Gobierno persigue a quienes traicionaron las mesas de negociación. El Ejército va detrás de Iván Mordisco (el jefe disidente que abandonó la mesa en 2024) pero no de los hombres de Calarcá, que siguen negociando”.

Se trata de dos jefes del mismo origen guerrillero con distinto trato. Con un costo que el Gobierno prefiere no mencionar: en cuatro de los 13 bombardeos contra estructuras de Mordisco murieron 15 menores de edad. “Ninguno de los modelos en realidad ha funcionado”, zanja Gutiérrez Sanín. “Pero la escala de daño humano y deterioro del tejido social durante la Seguridad Democrática de Uribe fue inmensa. Los falsos positivos (cerca de 7.000 civiles asesinados por militares y disfrazados de guerrilleros muertos en combate) son solo un aspecto”.

2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico del predecesor de Petro, el derechista Iván Duque

Por eso el campo ha sido el epicentro de casi todos los capítulos de la violencia desde hace más de medio siglo. Cinco millones de personas han sido desplazadas de allí (solo Ucrania en guerra abierta supera esa cifra). Es una de las raíces enquistadas del problema, al que ningún Gobierno ha encontrado solución. Borrero lo explica sin rodeos: “En muy pocas regiones hay una comunidad campesina estable, integrada, y eso es un factor de violencia fuerte. Muchas zonas nunca terminaron de constituirse como comunidades”.

Y donde el Estado no ha logrado asentarse, otros han ocupado el terreno. No es una omisión menor: más de seis décadas de conflicto y 220.000 muertos. El narcotráfico, los grupos armados y el clientelismo político se repartieron ese vacío. El poder en Bogotá, entre tanto, lleva años mirando el mapa desde lejos. Con otros líos acumulados. La impunidad completa el cuadro: el 95% de las causas penales se quedan sin resolver.

Mantilla va más a fondo. En los esfuerzos de pacificación, la negociación terminó girando casi siempre en torno a los grupos armados mientras las poblaciones quedaban al margen. “Se permitió que fueran los violentos quienes asumieran la representación de las comunidades”, explica. El costo sigue siendo visible. “A Colombia, más que construir Estado, le sigue costando construir legitimidad”. La evidencia es reveladora: el Clan del Golfo mantiene control sobre más de 200 municipios con apenas 9.800 combatientes. Unos 50 hombres por municipio frente a un Ejército de 270.000 soldados activos.

Fracaso sin bandera

La conclusión para los expertos es que el problema del Estado no es militar, sino de legitimidad. Eduardo Pizarro León-Gómez, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, recuerda que el país latinoamericano fue una de las primeras naciones en alcanzar un acuerdo de desmovilización con una guerrilla, en 1990, con el M-19 (el movimiento de raíz urbana donde militó el presidente Gustavo Petro). 36 años después, el ciclo de violencia sigue abierto.

Los estudiosos de la guerra coinciden en que nunca ha habido un proyecto estatal serio para ocupar el territorio ni garantizar el monopolio oficial de las armas. Las brechas regionales no han hecho sino crecer. Según Oxfam, el 1% de los propietarios concentra más del 80% del suelo cultivable. Mientras tanto, buena parte de Occidente cerró sus guerras internas tras la caída del Muro de Berlín. Las guerrillas centroamericanas depusieron las armas, el IRA en Irlanda firmó la paz, ETA se disolvió en España. En Colombia, sin embargo, el conflicto halló otro combustible indomable: la cocaína. Pizarro concluye que el fracaso de la 'Paz Total 'no es de Petro: “Es de toda la nación colombiana”.

Pocas trayectorias criminales alcanzaron el nivel de violencia y control que ejercía Pablo Escobar, ya que su red no se limitaba a traficar drogas, sino que utilizaba asesinatos, atentados y sobornos para someter a instituciones enteras y eliminar a cualquier rival o autoridad que se interpusiera.

El narcotraficante colombiano convirtió el miedo en una herramienta diaria, con ataques que afectaban tanto a políticos como a jueces, periodistas o ciudadanos, y con una capacidad económica que le permitía financiar grupos armados y alterar decisiones del Estado. Ese dominio simultáneo de recursos, fuerza armada y control sobre el territorio explica por qué se le consideraba uno de los delincuentes más peligrosos del mundo.

En paralelo, su forma de vida incluía decisiones que rompían cualquier lógica común, como traer animales salvajes desde África para instalarlos en su finca privada, lo que dejó consecuencias que siguen activas décadas después.

Anant Ambani propone trasladar hipopótamos desde Colombia a India

Un empresario indio ha planteado una alternativa para evitar la muerte de decenas de esos animales que siguen en Colombia, ya que Anant Ambani ha ofrecido trasladar 80 hipopótamos a su centro Vantara en Gujarat, según recoge BBC News al detallar el plan de acogida permanente.

La propuesta incluye captura con supervisión veterinaria y transporte hasta unas instalaciones diseñadas para mantenerlos de forma estable. El propio Ambani explicó en un comunicado que “estos 80 hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan”.

También añadió que “si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, una posición que presenta el traslado como alternativa a la eutanasia.

El centro Vantara ofrece espacio para acoger grandes especies

La iniciativa parte de ese centro de conservación, que ya reúne miles de animales y cuenta con infraestructuras amplias para albergar especies de gran tamaño. Vantara ocupa más de 1.400 hectáreas y alberga elefantes, tigres, leones, leopardos y cocodrilos, además de otros animales rescatados.

Ambani defiende que el lugar dispone de medios suficientes para cuidar a los hipopótamos durante toda su vida, aunque el proyecto ha generado críticas por parte de especialistas que cuestionan si el clima cálido de Gujarat resulta adecuado para ciertas especies, tal como ha señalado BBC News al recordar protestas previas por el traslado de animales enfermos.

Los hipopótamos se expandieron sin control tras 1993

El origen del problema se remonta a la década de los 80, cuando Escobar introdujo varios hipopótamos en su finca Hacienda Nápoles, situada a unos 250 kilómetros de Bogotá. Tras su muerte en 1993, los animales quedaron sin control y comenzaron a desplazarse por la cuenca del río Magdalena, donde encontraron un entorno favorable para reproducirse. Con el paso del tiempo, esa pequeña población inicial creció hasta formar una de las mayores concentraciones de hipopótamos fuera de África.

El crecimiento se aceleró porque el entorno colombiano ofrecía agua abundante y vegetación suficiente, pero sobre todo porque no existen depredadores capaces de frenar su expansión. Esa ausencia permitió que los animales se multiplicaran sin obstáculos, mientras los intentos de control mediante castración no lograron reducir el ritmo de aumento.

Las previsiones apuntan a que, si no se actúa, la población podría alcanzar cifras cercanas a los 1.000 ejemplares en 2035, según cálculos del Ministerio de Ambiente. Ese aumento ya ha tenido consecuencias claras en el entorno natural y en la vida cotidiana de las comunidades cercanas al río.

El Instituto Humboldt advirtió en un informe de 2022 que estos animales alteran los ecosistemas acuáticos y ponen en riesgo especies locales como el manatí. Además, la periodista independiente Audrey Huse explicó a CBS News que “porque no tienen depredadores naturales aquí, como sí ocurre en África, la población está creciendo y está afectando al ecosistema local”. También señaló que “consumen grandes cantidades de vegetación y producen residuos que terminan contaminando los ríos”, lo que agrava el problema.

El Gobierno colombiano decidió sacrificar ejemplares ante la falta de opciones

Ante esa situación, el Gobierno colombiano decidió sacrificar a 80 ejemplares como medida de control, después de años buscando alternativas. La entonces ministra Irene Vélez defendió la decisión al señalar que ningún país había aceptado hacerse cargo de los animales hasta ese momento, lo que dejó la eutanasia como opción disponible para reducir riesgos y frenar el crecimiento de la población.

El centro propuesto como destino presenta ventajas logísticas por su tamaño y experiencia con fauna salvaje, pero también concentra críticas por el número de animales que recibe y por el tipo de instalaciones que ofrece. Expertos han advertido que la llegada continua de especies, incluidas algunas en peligro, exige controles rigurosos para evitar problemas de adaptación o bienestar, especialmente en un clima que alcanza temperaturas muy altas durante el verano.

El traslado tampoco resulta sencillo desde el punto de vista económico, ya que operaciones similares han estimado costes cercanos a 3,5 millones de dólares para mover a estos animales a otros países. Esa cifra, unida a la complejidad de capturarlos y transportarlos con seguridad, explica por qué la solución no se ha aplicado antes, pese a que el problema lleva años sobre la mesa.

El letrado Fausto Suárez ha sido trasladado este miércoles en una ambulancia, “intubado pero consciente”, hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para ser atendido de las heridas infligidas en el tórax con un arma blanca. El letrado fue agredido en su despacho, ubicado en la Avenida Colón de la capital asturiana, donde fue localizado por los agentes.

Desde la Audiencia Provincial se había instado a la Policía Nacional para que intentara localizar al abogado, al no haberse personado en la sede judicial donde estaba citado a las 10 horas de hoy, miércoles, para defender a Cristina O.P., la única acusada que está en libertad provisional de los seis procesados, y a la que se imputa su presunta pertenencia a una red de narcotráfico muy activa en el Principado, a la que se incautó 600 kilogramos de cocaína, en 2022.

Apuñalado en su despacho

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado a eldiario.es Asturias que el caso está ya “en fase de investigación” desde que a primera hora de esta mañana se tuvo conocimiento del apuñalamiento. Los agentes de la Policía Judicial están recogiendo pruebas en el mismo despacho donde ocurrieron los hechos.

Los agentes inicialmente se personaron en el domicilio del abogado ovetense y, al no encontrarlo ahí, se desplazaron en compañía de su mujer hasta el despacho. La presencia policial y el traslado del abogado en esas circunstancias causaron una gran consternación entre los vecinos de la zona.

Defensor de una acusada

A la consternación del vecindario se sumó igualmente la conmoción en medios jurídicos y judiciales, donde el letrado ovetense es muy conocido al llevar muchos años en ejercicio.

Cristina O.P. se había reunido con su abogado ayer mismo de cara al juicio de esta mañana y donde ella está acusada de pertenecer a la red que presuntamente lidera Carlos González Morales, conocido por el apodo de 'El Matador'.

El juicio no se suspendió

Tras unos primeros momentos de confusión por la ausencia del letrado finalmente el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acordó celebrar la primera de las cinco sesiones que están señaladas para la vista oral del juicio: los días 23, 24, 27, 28 y 29 de este mes. Ante la ausencia de letrado que la representara, la parte relativa a la acusación de esta procesada no se ha tenido en cuenta en la jornada de hoy.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de los seis presuntos integrantes de esta organización a la que se intervino un alijo de 600 kilogramos de cocaína en una nave ubicada en el concejo asturiano de Siero en 2022 tras una operación internacional en la que intervinieron agentes encubiertos.

Agentes encubiertos infiltrados

La operación policial que derivó en la detención de los acusados se inició el 30 de septiembre de 2022 cuando se recibió en la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional un escrito de la Fiscalía de Illinois (Chicago, EEUU) solicitando la apertura de un procedimiento judicial en el marco de una investigación conjunta con la agencia estadounidense HS (Homeland Security Investigations), la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central.

En este escrito se aportaban los datos de una organización dedicada al tráfico de drogas radicada en Colombia y sobre la que las autoridades de Estados Unidos habían iniciado una operación encubierta, logrando introducir a un agente infiltrado en la organización, que presuntamente lideraba el conocido como 'Matador', quien solicitó asistencia para el transporte de aproximadamente dos toneladas de cocaína desde Colombia a España.

Droga de Colombia a Asturias

En el marco de la operación encubierta, la organización colombiana pretendía enviar la droga desde Colombia a España empleando una embarcación que recogería la droga en aguas internacionales. Para ello, el presunto cabecilla solicitó que una vez que la organización entregara todo el cargamento, éste fuera trasladado a España, donde sería entregada a los receptores y distribuidores finales.

“Continuando con la operación encubierta, el 25 de septiembre de 2022, la organización colombiana entregó 67 bultos con 20 paquetes cada uno (un total de 1.340 paquetes) a los agentes infiltrados que se encontraban a bordo de un barco encubierto en aguas internacionales cerca del Caribe, a unas 200 millas náuticas de Barbados”, señala el escrito de calificación provisional de la Fiscalía asturiana.

Dos bandas de narcotráfico

El 28 de septiembre, la droga fue transportada hasta San Juan (Puerto Rico) y procesada, dando positivo en cocaína. Fue custodiada por agentes federales de Estados Unidos a la espera de los trámites para continuar con la operación en España. Para poder presentar como evidencia en la investigación estadounidense se retuvo uno de los bultos con 20 paquetes intervenidos, por lo que viajaron a España 1.320 paquetes.

La solicitud de cooperación se efectuó con el objetivo de identificar a los miembros de la organización, ya que se descubrió que la droga iba dirigida a dos organizaciones criminales con conexiones en España.

Cocaína en la bodega de un vuelo

Una vez autorizada la apertura del procedimiento judicial en España, la droga fue transportada en la bodega de un vuelo comercial desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, al de Madrid. Junto con el escrito de la Fiscalía estadounidense, se adjuntaba el suscrito por el oficial de enlace de la Policía Nacional de España en Colombia.

Todo ello, junto con las vigilancias realizadas por la UDYCO de los movimientos de los miembros de la organización en España durante los meses de mayo y septiembre de 2022, motivó que la Fiscalía Especial Antidroga incoara el 5 de octubre de ese mismo año diligencias de investigación, autorizando la entrega controlada de 600 kilos de cocaína intervenidos en San Juan de Puerto Rico con destino a España.

Bajo custodia policial

Paralelamente, en un segundo decreto, la Fiscalía Antidroga autorizó la actuación de ocho funcionarios como agentes encubiertos, con el objetivo de identificar a los integrantes de la organización.

La droga fue trasladada hasta Madrid el 8 de octubre de 2022 vía aérea y permaneció bajo custodia policial a la espera de que los procesados decidieran recogerla.

Los delitos

En estos hechos, que llevaron a la introducción en España y la ocupación en Siero de 600 kilos de cocaína, tuvieron participación los procesados, que actuaron de forma jerárquicamente ordenada y de manera estable en el tiempo y que, según sostiene la Fiscalía asturiana, son los mismos contra los que formula la acusación y que han sido llevados al banquillo de la Audiencia Provincial de Asturias.

La Fiscalía imputa a los acusados su presunta autoría en delitos contra la salud pública, depósito de armas y tenencia ilícita de armas, ya que además de la droga se les intervinieron armas, algunas de guerra, y una gran cantidad de munición.

El narcotraficante Pablo Escobar acumuló caprichos durante los años que estuvo al frente del Cartel de Medellín, una poderosa organización que sembró el terror desde finales de los años 70 hasta principios de los 90. Todas esas extravagancias seguramente quedaron reunidas en la Hacienda Nápoles, la residencia que el colombiano construyó con mimo. 

La Hacienda Nápoles era una pequeña gran ciudad privada: tenía pistas de aterrizaje para helicópteros, diez casas, decenas de lagos artificiales, estatuas de dinosaurios de tamaño real, una pista de motocross, una gasolinera y tres zoológicos con decenas de animales exóticos, comprados ilegalmente por el narcotraficante. 

Escobar se emperró en tener hipopótamos y trajo cuatro ejemplares desde África. Esos enormes animales se terminaron reproduciendo y la población asciende actualmente a más de doscientos individuos. Un incremento que se ha convertido en un verdadero problema para Colombia, que los considera como una especie exótica invasora desde 2022.  

En este sentido, el ejecutivo colombiano anunció este lunes un plan para manejo de hipopótamos, que incluye el traslado seguro de algunos y la eutanasia para, por lo menos, ochenta ejemplares durante el segundo semestre de este año, con el objetivo de evitar su reproducción. 

“Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población (de hipopótamos) para salvar nuestros ecosistemas”, señala la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que hace un llamamiento a tener un debate sano sobre esta cuestión y defiende que el ejecutivo ha actuado siempre con el aval de la comunidad científica. 

Vélez sostiene que es “una decisión necesaria para proteger la biodiversidad, los ecosistemas acuáticos y la seguridad de las comunidades locales” de Colombia. Con este plan, que plantea dos acciones (traslado y eutanasia de parte de los hipopótamos), se busca proteger especies como el manatí, la nutria de río (Lontra longicaudis) o la tortuga del río Magdalena (Podocnemis lewyana).

De acuerdo con el ejecutivo colombiano, se implementarán dos métodos de eutanasia, una física y otra química, que comienzan con la captura del hipopótamo, la sedación y posterior administración de medicamentos “aprobados por expertos en el manejo de estos procesos”. En total, se seleccionarán ochenta hipopótamos de la Hacienda Nápoles. 

La medida de la eutanasia ha sido tomada tras el fracaso de otros métodos de control, como el traslado de los paquidermos a países como México, Filipinas, Perú, India y Sudáfrica, después de que sus gobiernos no emitieran los permisos CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) necesarios para completar la gestión.

Traspiés a las primeras de cambio

Pero el plan del Gobierno ha arrancado con un traspié. Un juez en Antioquia ha suspendido el plan tras la presentación de un recurso que pide priorizar alternativas no letales para estos animales, como la esterilización y el traslado a espacios controlados, según recoge el medio local El Nacional.

El hipopótamo, uno de los muchos caprichos de Escobar, es el tercer animal terrestre más grande del mundo, después del elefante y el rinoceronte blanco, con un peso de entre 1.300 y 3.500 kilogramos. Pueden vivir hasta 50 años y suelen tornarse agresivos ante la presencia de humanos. 

Las crisis energética global desencadenada por la guerra de Irán refuerza la diplomacia verde y acelera la formación de una creciente coalición de países que aspira a poner fin a los combustibles fósiles. 53 delegaciones oficiales de países y 2.608 organizaciones han confirmado su participación en la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, impulsada por Colombia y Países Bajos, que se celebrará entre el 24 y el 29 de abril en la ciudad caribeña de Santa Marta.

Brasil y Colombia, cuyas delegaciones chocaron en la COP30 celebrada en noviembre en Belém tras la exclusión de los combustibles fósiles en la declaración final, se han reconciliado. Más que eso: han decidido tender puentes entre la cúpula de Santa Marta y la hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles que la presidencia brasileña de la COP30 entregará este año. 

“Hemos diseñado una metodología para que la conferencia pueda contribuir a la hoja de ruta de la COP30. Nuestra conferencia es un espacio complementario”, aseguró Irene Vélez, ministra de Medio Ambiente de Colombia, en el webinar ¿Cuál es el papel de los países y de la cooperación multilateral en la agenda global? André Corrêa Lago, presidente de la COP30, reforzó en el mismo evento que ambos procesos tienen más semejanzas que diferencias: “La sociedad civil convocada en Santa Marta va a ser uno de los impulsos más importantes para nuestro mapa del camino internacional”. 

El acercamiento de Brasil a la conferencia de Santa Marta supone un punto de inflexión. Cuando Colombia anunció la conferencia antes de que concluyera la COP30 de Belém, provocó tensión diplomática con Brasil. Para limar asperezas, Daniela Durán, la negociadora colombiana que irritó a la presidencia brasileña en la conferencia de la COP30, declaró el pasado martes que el objetivo de la conferencia de Santa Marta es “producir insumos para la elaboración del mapa del camino para el alejamiento de los combustibles fósiles”. Fuentes diplomáticas brasileñas consideran que las conclusiones de Santa Marta pueden reforzar el “mapa del camino” de los combustibles fósiles, que se presentará en octubre a las puertas de la presidencia de la COP31, conjunta entre Turquía y Australia.

 Ana Toni, directora ejecutiva de la presidencia brasileña de la COP30, reconoce en entrevista telefónica con elDiario.es que la cúpula de Santa Marta será importante para definir el mapa del camino: “Servirá para definir cuáles son las propuestas concretas de un grupo de países más alineados”.

Urgencia en tiempos de guerra

La ministra Irene Vélez destacó en el webinar que el colapso energético tras la guerra de Irán visibiliza una “economía altamente contaminante” sostenida artificialmente por subsidios a los fósiles. Por su parte, André Corrêa añadió que esta guerra “irracional está dando una dimensión adicional al debate”. Claudio Angelo, coordinador de Política Internacional del Observatorio del Clima de Brasil, considera que la sinergia con la presidencia de la COP30 debería ser usada para atraer a Santa Marta al máximo número de países posible. “Se necesita aprovechar este momento horrible de disrupción de mercados de energía para empujar la transición global de los combustibles fósiles”, asegura Claudio en entrevista con elDiario.es.  

En Santa Marta estarán 53 de los 89 países que demostraron interés en desengancharse de los combustibles fósiles. Claudio defiende que Santa Marta y el mapa del camino de Brasil harán crecer ese círculo de países hasta que “el ruido de esa agenda no deje a nadie dormir ni en Moscú, ni en Riad ni en Washington”, aludiendo a Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, tres países defensores de los combustibles fósiles. 

El nuevo eje Brasil-Colombia coloca a América Latina en una posición de liderazgo relativo en la carrera contrarreloj contra los combustibles fósiles. En Santa Marta, aparte de Colombia y Brasil, estarán México, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Uruguay. “Brasil y Colombia tienen peso y autoridad moral, porque son parte del Sur Global, la región que más sufre el cambio climático y son productores de petróleo. México, también. Si este ejercicio funciona, el resto de países de la región les seguirá”, matiza. 

Europa también tiene un peso expresivo en la conferencia de Santa Marta. Aparte del coorganizador País Bajos y la Unión Europea, estarán Reino Unido, Alemania, Italia, Noruega, Suecia, Finlandia, Francia y España, entre otros. Además, han confirmado presencia países de peso geopolítico global o poblacional como Canadá, Turquía, Nigeria, Filipinas o Australia. Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la conferencia, considera necesario combatir la narrativa de que, por causa de la guerra, el mundo necesita más petróleo: “Estas crisis pueden acelerar la inversión en energías renovables, que ofrecen mayor seguridad y menor dependencia externa”.

El peso de la sociedad civil

El documento final de Santa Marta se estructurará en torno a tres ejes: reducción de la dependencia económica de los combustibles fósiles, la transformación de la oferta y la demanda y refuerzo de la cooperación internacional y la diplomacia climática. Se abordarán cuestiones globales, como la pertinencia del Tratado de No proliferación de Combustibles fósiles (apoyado por 17 países), pero también propuestas concretas de organizaciones sociales, ONG, pueblos indígenas, sindicatos, gobiernos regionales y actores empresariales.

A diferencia de las COP de la ONU, en Santa Marta no se usará el mecanismo del “consenso”. “Necesitamos discutir cuáles son las injusticias de los combustibles fósiles y las causas estructurales que hacen que los defensores ambientales pongan su vida en la defensa del medio ambiente”, asegura a elDiario.es Nacho Lara, encargado de Democracia Ambiental de la argentina Asuntos del Sur y coordinador de Kallied, un hub de organizaciones socioambientales de 23 países del Sur Global. Por ello, la dependencia económica de algunos países, tanto de los combustibles fósiles como de los mecanismos financieros internaciones, será un asunto central.

Los países del Sur Global demandan una transición justa financiada por los países ricos. “El 81% de la financiación que llega a América Latina son préstamos. La financiación climática libre de deudas no debe ser apenas para programas nacionales de renovables y de diversificación económica, sino también ir a pequeñas iniciativas que demuestran que existen economías alternativas”, aseguró en la rueda de prensa de presentación de la cumbre Carola Mejía, coordinadora de Justicia Climática, Transiciones y Amazonia de LATINDADD. 

Fuentes diplomáticas colombianas confían en que Santa Marta consolide una coalición de países dispuestos a avanzar más rápido en el abandono de los combustibles fósiles. Por su parte, André Corrêa Lago recordó que la hoja de ruta de la presidencia de la COP30 sí se ajustará al formato de negociaciones por consenso de las conferencias de las partes, conocidas como COP. Brasil aspira a sumar al mayor número de países posibles de los 195 que firmaron el Acuerdo de París de 2015 que limita las emisiones de CO₂. De momento, el país brasileño ha adelantado que el mapa del camino tendrá siete capítulos: riesgos físicos sistémicos, riesgos económicos y financieros, riesgos institucionales y sociales, demanda por combustibles fósiles, oferta de combustibles fósiles, una economía en transición y un capítulo final de recomendaciones.

¿Un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años? Para llegar allá, Abelardo de la Espriella, mediático abogado penalista de 47 años, deberá vencer primero al izquierdista Iván Cepeda en la primera vuelta del 31 de mayo. Ambos lideran las encuestas desde hace meses. Su candidatura genera entusiasmo en sectores del conservadurismo local, que lo ven como el único dique efectivo contra el aspirante del oficialista Pacto Histórico, pero despierta inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical encarnado por Milei en Argentina, Kast en Chile y Bukele en El Salvador.

La tentación del todo o nada con un recetario de extrema derecha inquieta a muchos en Colombia. Pero la trayectoria de la Espriella también genera dudas. El lunar más visible es, quizás, su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela hoy detenido en Nueva York: un turbio empresario colombiano condenado en Estados Unidos por blanqueo de dinero y conspiración. La Administración Biden lo indultó en 2023 en un canje de presos, pero múltiples investigaciones periodísticas lo señalan con fuerza como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

De la Espriella, que se presenta por el incipiente movimiento Defensores de la Patria, ha intentado desmarcarse de su viejo cliente argumentando que su firma de abogados dejó de representar a Saab en 2019, cuando Washington lo incluyó en la Lista Clinton. Dos años más tarde, sin embargo, el exministro chavista aún lo recordaba como un “gran abogado y amigo”. No menos polémica fue su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia: 200.000 víctimas —en su mayoría de renta baja— y unos 1.200 millones de dólares defraudados.

“Lo que buscamos es demostrar que DMG no es una empresa criminal”, afirmó en julio de 2012 el entonces joven apoderado, en referencia a la estafa piramidal, en una entrevista televisada. Poco después se apartó también de ese caso, pero su papel dejó una estela de preguntas que ahora emergen en plena campaña electoral.

La nueva piel del ‘Tigre’

Mucho antes de que adoptara el apodo de “Tigre”, en su círculo más cercano era conocido como “Papucho”: un sobrenombre que hoy solo reclama con derecho su madre, María Eugenia Otero. En Montería, ciudad media al norte de Colombia donde arraigan sus raíces, sus allegados resaltan el contraste: de aquel joven provinciano, inquieto y entrañable, a una figura nacional en apariencia recia que usa el saludo militar como emblema político y promete castigar a los delincuentes sin ser “políticamente correcto”.

De hecho, desde hace tiempo escenifica en sus redes sociales una vida de vuelos frecuentes en jet privado, presume de su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temporadas en sus casas de Miami, Bogotá o la campiña toscana. Un mundo alejado del de su infancia. Su padre, Abelardo, fue un discreto notario con algún cargo regional en las filas del Partido Liberal. Y su educación, primero en el Colegio De La Salle de Montería y más tarde en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se asemeja más a la de cualquier chico de familia media colombiana.

Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa

Yann Basset — analista político de la Universidad del Rosario

Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, es posterior a esa infancia austera y se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas. En un principio fueron una marca de ron, una consultora inmobiliaria y una suerte de sastrería de lujo. Pero hoy suma una treintena de sociedades con todo tipo de accionistas —algunas de ellas en números rojos—. “Primero se da a conocer en un país donde la política pasa por el mundo del derecho penal”, explica Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado nombrado Ministro de Justicia hace poco. “Sus estrategias de litigio lo acercaron a las élites. Y ahora su objetivo es alcanzar el poder político por fuera de los partidos tradicionales”.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años ochenta: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Para moderar la imagen de provocador, presentó hace unas semanas al exviceministro de Hacienda José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: un rector universitario que pasó los últimos cuatro años refutando punto por punto las políticas económicas de Petro a través de confrontaciones directas en la red social X.

En el caso de la Espriella, sin embargo, resulta evidente que sus bases y su guía política son un calco del uribismo purasangre. Es decir, la del discurso militarista de mano dura y el énfasis en conceptos decimonónicos como la “patria” o la “familia” tradicional, que su amigo el expresidente Álvaro Uribe ha empuñado. Él mismo ha sintetizado su proyecto electoral como una amalgama entre la cruzada de Nayib Bukele contra la creciente inseguridad urbana y rural, con el mismo enfoque carcelario, y la motosierra burocrática del argentino Javier Milei, con la cual prevé cercenar en Colombia el número de ministerios existentes, de los 19 actuales, a una decena (y eliminar 70.000 puestos estatales).

De hecho, su cercanía con el uribismo se remonta a 2005. En aquellos días fungió como director y representante legal de la polémica Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), donde combinó funciones de promoción y divulgación del proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares, impulsado entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema ordenó más tarde a la Fiscalía investigar a de la Espriella por su rol en dicha ONG, descrita por excombatientes como el “brazo ideológico” de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia. Las indagaciones, sin embargo, se cerraron en 2012 por falta de pruebas.

En busca de voz propia

De la Espriella oficializó su candidatura el pasado 11 de diciembre en un mitin cargado de mesianismo político y fervor casi religioso. “Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa”, señala Yann Basset, analista político de la Universidad del Rosario.

Quienes admiran a De la Espriella lo hacen porque ha sabido transmitir una firmeza aún huérfana de proyecto político claro. Su idea central es “enfrentar y destripar” a la izquierda. La última encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica, publicada a finales de marzo, lo sitúa en el 20,2% de intención de voto, diez puntos por detrás de Cepeda y en empate técnico con la aspirante Paloma Valencia, que irrumpió con fuerza tras ganar las primarias de un grupo de formaciones de centro y centro derecha. Pero de momento ningún candidato parece capaz de alcanzar aún el 50% más uno de los votos válidos necesarios y lo más probable es que la decisión se dirima en segunda vuelta.

De acuerdo con Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, la fuerza de De la Espriella reside precisamente en su indefinición. Su discurso carece de una línea ideológica nítida, pero esa ambigüedad ha resultado funcional: le ha permitido aglutinar una coalición heterogénea de votantes en busca de un proyecto ultraconservador. “Abelardo, más allá del carisma, es un significante vacío: un contenedor de diferentes tendencias cercanas a la derecha radical”, sostiene Chala. “Detrás suyo convergen reservistas y retirados del Ejército, sectores de las iglesias neopentecostales y evangélicas, algunas élites regionales y libertarios de la escuela austríaca, al estilo Milei.”

Para Yann Basset, el reto de la Espriella será encontrar un estilo propio: “La idea de la mano firme en seguridad, o del antiderroche en la esfera pública, no son nuevas y ya las utilizó el presidente Uribe a principios de este milenio. Además, el Estado en Colombia, a diferencia del caso argentino, si lo comparamos con Milei, no ha desempeñado tantas funciones ni ha representado un monstruo tan grande para la economía. Entonces una pregunta interesante es si será capaz de adaptar de alguna forma estas temáticas al contexto local”, asegura el académico francocolombiano.

Su intención de voto alcanzó un pico a finales de febrero, pero desde entonces ha oscilado entre el 16 y el 22%, con caídas y estancamientos que revelan los límites de su expansión electoral. Para el analista político Chala, el desgaste tiene una explicación estructural: “La pérdida de popularidad está relacionada con la fricción entre una amalgama de movimientos de derecha que, ante el ocaso de Álvaro Uribe, compiten por fijar los elementos de un nuevo sentido común en torno a la familia, la identidad y la religión. Hoy existe un fenómeno nuevo y alternativo al Centro Democrático.”

Aliado de Vox

De esta forma los analistas políticos esperan ver si el “Tigre” conseguirá revertir su inexperiencia política y sus problemas de imagen en puntos de fuerza. O si su prometedor arranque de campaña seguirá el camino de Rodolfo Hernández, el ingeniero presentado hace cuatro años como una suerte de Trump a la colombiana que, tras rozar la presidencia en la pugna electoral contra Gustavo Petro, terminó condenado por corrupción y murió en septiembre de 2024 a los 79 años.

Jorge Iván Cuervo recuerda, sin embargo, que la diferencia es que Hernández tenía rodaje previo en la arena política. Antes había sido alcalde, con una gestión aceptable, de una ciudad media: “Su imagen era la del empresario exitoso que generaba empleo. Pero primero se ganó el reconocimiento político en su región. El ascenso de la Espriella es distinto. Su marca se construye desde el éxito individual y la exhibición del lujo”.

Casado y padre de cuatro hijos, de la Espriella nació en Bogotá en 1978 durante un paseo de sus padres en la capital. Por ello, se ha encargado de subrayar que es un “costeño de racamandaca”: es decir, hijo de la costa Caribe hasta el tuétano. Un origen que también ha utilizado como bandera política de la inconclusa descentralización que impulsará. “Él representa una capa del electorado que ha logrado un ascenso social y no se ve reflejada en las élites bogotanas tradicionales. Es una Colombia desideologizada que ve en él a alguien que los representa, con sus trajes de marca, sus excentricidades o su faceta de cantante de boleros y tenor a la italiana con un disco propio”, afirma Cuervo.

Lejos de matizar sus posturas, en enero firmó con el líder de Vox, Santiago Abascal, la llamada Carta de Madrid, un documento que alinea su plataforma con las tesis “antizquierda”, a favor de la “libertad de empresa” y contra el “totalitarismo comunista” que la ultraderecha española ha enarbolado. “Un grande Santiago Abascal librando la batalla cultural, política y democrática para enfrentar al narcocomunismo que se impone desde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estamos juntos en esta lucha”, publicó días después ante sus 960.000 seguidores de Instagram.

Por ahora, De la Espriella mantiene una distancia estratégica con Paloma Valencia, del Centro Democrático —la formación que custodia el legado político de Álvaro Uribe Vélez—. Pero el expresidente y voz tutelar ya ha revelado sus cartas: si su candidata no llega al balotaje, la maquinaria se volcará hacia el “Tigre”. De la Espriella, por su parte, navega en su propio carril. Observa las alianzas que se tejen a su alrededor. Aguanta. Y deja que el tiempo trabaje a su favor mientras los ataques se acumulan y el duelo por la presidencia de Colombia apunta, inevitablemente, a resolverse en una segunda vuelta fijada para el 21 de junio.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, demandará por calumnia a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de que este asegurara que durante una visita a la ciudad Manta en 2025, el mandatario colombiano se reunió con algunas personas supuestamente vinculadas con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, Fito.

“He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”, escribió Petro este domingo en la red social X al anunciar la acción judicial.

El señalamiento de Noboa, hecho en una entrevista con la revista colombiana Semana en la que no confirmó un encuentro directo de Petro con Fito, fue rechazado por el mandatario colombiano, quien negó cualquier relación y aseguró que su presencia en Ecuador en aquella ocasión obedeció únicamente a actividades oficiales.

En esa entrevista, Noboa afirmó que Petro “se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con Fito”, en referencia al movimiento político ecuatoriano vinculado al expresidente Rafael Correa, actualmente en la oposición.

Petro respondió a esas declaraciones defendiendo su visita a Manta, a donde según explicó, viajó en mayo de 2025 luego de asistir en Quito a la segunda toma de posesión de Noboa, y aseguró que durante toda su estancia contó con la protección permanente del Ejército ecuatoriano, así como con su esquema de seguridad colombiano.

“El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a donde fui el día de su posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y exvicepresidente de la república del Ecuador”, agregó Petro.

Visita secreta

La visita de Petro a Manta no estaba en su agenda de viaje a Ecuador y se supo de ella por informaciones de prensa, tras las cuales surgieron versiones no confirmadas de que el mandatario supuestamente se había reunido en esa ciudad con Fito, el narcotraficante más peligroso de ese país, que fue capturado un mes después y extraditado a Estados Unidos.

Petro subrayó hoy que tanto sus escoltas como otros testigos pueden dar fe de sus actividades en ese viaje, y rechazó que su presencia en esa ciudad pueda ser interpretada como indicio de contactos irregulares.

Este episodio se suma a otros desencuentros entre los dos presidentes, reflejo del deterioro de la relación bilateral, que en los últimos meses ha escalado también al terreno comercial, con la imposición mutua de aranceles a productos de ambos países y la llamada a consultas de ambos embajadores.