El más de medio millón en subvenciones aprobado por el Gobierno de Murcia para la empresa con que el hermano del expresidente regional Pedro Antonio Sánchez gestiona un hostal propiedad del político tropezó hace un año con una piedra, que hasta ahora había pasado inadvertida y que genera dudas sobre los mecanismos de control del Ejecutivo de Fernando López Miras. Entre las cuatro subvenciones otorgadas a Top Turismo SL, la concesión de todas –menos una de 70.000 euros– estaba sometida a un estricto reglamento europeo –el que rige para las llamadas ayudas minimis– que impide asignar más de 300.000 euros a un mismo perceptor a lo largo de tres años. La adjudicación de 150.000 euros por parte de la Consejería de Agricultura a Top Turismo en marzo de 2024 hizo que el límite legal quedase automáticamente sobrepasado. 

Pero por motivos que el Gobierno regional rehúsa explicar, la empresa del hermano de Pedro Antonio Sánchez, situada en la cúspide de una lista de 43 beneficiarios de aquella convocatoria, renunció tres meses después a cobrar los 150.000 euros, recuperó con ese paso atrás la condición de mercantil legalmente subvencionable con dinero de Europa y así ha obtenido de la Consejería de Turismo otros 141.637 euros de fondos comunitarios destinados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De hecho, el total de ayudas a cuyo cobro tiene derecho reconocido Top Turismo SL asciende hoy a 299.999,53 euros. Esa cifra posee una peculiaridad: que se salva por solo 47 céntimos de alcanzar el límite máximo legal.

Del total de subvenciones adjudicadas en Murcia a Top Turismo SL y cuya vigencia se mantiene –todas menos la de 150.000 euros–, solo se han abonado hasta ahora 211.637 euros, cifra que incluye los 70.000 euros de la subvención ajena a la regulación europea: así lo aseguran fuentes autorizadas del Ejecutivo regional. Siempre según los mismos portavoces, están pendientes de “justificación” por parte de Top Turismo SL otros 155.362,53 euros aun sin entregar. Constituida en marzo de 2022 con un capital social de 3.900 euros, la empresa ya había recibido 3.000 euros del Ministerio de Transformación Digital en septiembre de 2023.

El grueso del dinero vehiculado por la Región de Murcia tiene por objeto mejorar la eficiencia energética de los dos hostales que gestiona Top Turismo SL, uno de ellos el escriturado a nombre de una sociedad –Tempori Parce SL– cuyo único accionista es Pedro Antonio Sánchez. El expresidente murciano fue condenado en 2023 a tres años cárcel en el llamado caso Auditorio por manipular un concurso. La sentencia está recurrida ante el Supremo.

La obligación de “comprobar”

La renuncia a los 150.000 euros de la Consejería de Agua y Agricultura rebajó así sustancialmente el dinero con origen en fondos comunitarios que Top Turismo SL tiene ahora mismo derecho a cobrar del Gobierno murciano. En paralelo, la renuncia deja en un segundo plano de la escena visible algo que el reglamento europeo publicado en diciembre de 2023 y aplicable a las llamadas ayudas minimis –las subvenciones de bajo coste que otorga la UE a empresas– señala de forma expresa: que “los Estados miembros” solo concederán “nuevas ayudas de minimis (…) tras haber comprobado que las mismas no darán lugar a que el importe total (…) sobrepase el límite máximo establecido”. O sea, 300.000 euros.

Hasta este jueves, la ayuda de 150.000 aparecía en la base de datos de subvenciones como si siguiera en vigor. El viernes ya se había borrado de la pantalla. La solicitud de copia del escrito oficial de renuncia, anonimizada si fuese preciso en lo que respecta a datos personales, ha resultado fallida. El Gobierno regional no la ha facilitado.

El desfase entre lo que dice la normativa comunitaria y lo sucedido con la empresa vinculada al predecesor de Fernando López Miras al frente del Gobierno regional y del PP murciano tiene una fecha exacta: el 14 de marzo de 2024. Ese día, la Consejería de Agua y Agricultura otorgó a Top Turismo SL una ayuda de 150.000 euros para “Proyectos no Programados”, financiada por la UE y adscrita a la normativa reguladora de las llamadas ayudas minimis: aquellas cuyo importe total para un mismo beneficiario no puede bajo ningún concepto superar en tres años el límite máximo de 300.000 euros.

La concesión de aquellos 150.000 euros venía a sumarse a otra ayuda de 155.362,53 adjudicada en diciembre de 2023 por la Consejería murciana de Turismo y a los 3.000 que el Ministerio de Transformación Digital ya había asignado a Top Turismo. Conclusión: la suma de 150.000, 155.362,53 y 3.000 derivaba en 308.362,53 euros. O lo que es lo mismo, colocaba a Top Turismo más de 8.000 euros por encima de lo permitido. 

Hasta ahora, y siempre atendiendo a las respuestas de portavoces autorizados de la administración murciana, a Top Turismo SL solo se le han abonado 211.637 euros que se dividen así: por un lado, 141.637 euros otorgados por el ITREM para la mejora de los dos hostales que gestiona Top Turismo SL y de los que 90.637 son para el establecimiento de Puerto Lumbreras –el del expresidente regional– y 51.000 para el de Cehegín, o sea, el de su hermano; y por el otro, 70.000 euros concedidos por la Consejería de Turismo y que figura como la única ayuda del lote global que no se nutre de fondos europeos.

“La concesión no es garantía de pago”

Ante las preguntas sobre cómo en el caso de la empresa que gestiona el hostal del expresidente regional pudo saltarse el Gobierno de Murcia la estricta normativa que regula las ayudas de la UE, sus portavoces ofrecieron la siguiente respuesta: “La Administración regional dispone de los suficientes controles en los trámites de concesión y pago de las ayudas y subvenciones para que en ningún momento pueda producirse el cobro indebido de una ayuda concedida”. 

“En el caso de la empresa Top Turismo SL –alega el Gobierno regional– las ayudas que ha recibido hasta la fecha se ajustan a lo establecido en las bases de las convocatorias públicas y han sido debidamente justificadas. Por tanto, no ha recibido un solo euro de la Administración regional de forma indebida”.

“La concesión de una ayuda –sostiene el Ejecutivo de López Miras– no es garantía de que la misma sea abonada. Como paso último, antes de la liquidación definitiva, se comprueba la validez de toda la tramitación, que no se incurra en ninguna incompatibilidad si una empresa solicita más de una ayuda y que está adecuadamente justificada. Además de estos controles internos, se realizan las auditorías y controles ex-post establecidos por la normativa aplicable”.

“En cualquier caso –se defiende el equipo de López Miras– son las empresas solicitantes las responsables de comunicar las ayudas percibidas y de controlar que no superan los límites. Así lo dispone numerosa jurisprudencia”.  

Lo que dice la norma europea

Tras la lectura de ese párrafo, se les envió a los portavoces de comunicación del Gobierno regional copia del reglamento de la UE publicado en diciembre de 2023. Es en su artículo 6.4 donde la norma atribuye a los responsables de otorgar subvenciones la obligación de vigilar que la concesión de una nueva ayuda no conducirá a sobrepasar el límite máximo establecido. Esta vez no hubo respuesta. 

¿Corresponde a las administraciones públicas evitar que las ayudas minimis adjudicadas a una misma empresa rompan el techo de la ley? Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y secretario general de Correos hasta enero de 2024, afirma rotundamente que así es: “Aunque en el nuevo reglamento no se precisara lo que dice su artículo 6.4, lo lógico es que la administración que otorga la subvención compruebe que el destinatario no ha adquirido el derecho a cobrar una ayuda cuyo importe conduce a que se exceda el límite establecido”. ¿Por qué es lo lógico? “Porque desde 2013 ya hay fijado [en el reglamento aprobado en diciembre de aquel año] para las ayudas minimis un máximo que no se puede superar en ningún caso”.

El Gobierno de Murcia ha concedido en 14 meses más de medio millón de euros (516.999) en subvenciones a la empresa que gestiona un hostal propiedad al 100% de Pedro Antonio Sánchez, antecesor directo de Fernando López Miras tanto en su condición de presidente de la comunidad como en la de líder regional del PP. 

Participada al 100% por un hermano de Sánchez y con un capital social de 3.900 euros, la mercantil Top Turismo SL acabó como la principal beneficiaria de las ayudas repartidas en dos de las cuatro convocatorias a las que acudió como solicitante. La empresa explota un hostal en Puerto Lumbreras, Pensión El Sol, propiedad de una sociedad –Tempori Parce SL– cuyo único accionista es Pedro Antonio Sánchez, que inició su carrera política como alcalde del municipio y fue condenado en 2023 a penas de cárcel e inhabilitación en el llamado caso Auditorio.  

A comienzos de abril, un digital murciano, LasNoticiasRM, publicó que se había concedido más de medio millón a la empresa del hermano de Pedro Antonio Sánchez que regenta el hostal de Puerto Lumbreras. Pero la relación del expresidente con el asunto va más lejos: porque a través de los registros mercantiles y de la propiedad se confirma que el hostal es de Tempori Parce SL y que el dueño exclusivo de la empresa es el expresidente murciano. Dividido en dos plantas, la pensión dispone de 14 habitaciones según la documentación oficial.

Top Turismo SL administra un segundo hostal en la localidad de Cehegín. En este caso, el edificio pertenece al hermano del expresidente. Es decir, al titular de Top Turismo SL. 

El Gobierno murciano ha respondido con el silencio a las insistentes preguntas sobre qué cuantía de los 516.999 euros adjudicados a Top Turismo iba destinada al negocio del expresidente regional en Puerto Lumbreras y cuál al hostal de Cehegín. Financiadas por la UE salvo en una de las cuatro convocatorias –la que reportó menos dinero a Top Turismo SL, 70.000 euros–, las subvenciones fueron otorgadas por la Consejería de Turismo y su ITREM (siglas de la entidad pública Instituto de Turismo de la Región de Murcia) así como por la Consejería de Agua y Agricultura.

De los dos establecimientos que gestiona Top Turismo SL, es el de Puerto Lumbreras el que mantiene cerradas sus puertas por obras de reforma para “mejora de la eficiencia energética” dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que financia la Unión Europea. Así lo atestigua su página web.

La subvención adjudicada por Agricultura –150.000 euros procedentes de Bruselas, el máximo importe reflejado en una lista de 43 beneficiarios– lleva fecha de 14 de marzo de 2024. Según fuentes autorizadas del Gobierno regional, Top Turismo SL renunció a esos 150.000 euros a los tres meses y, por tanto, el proceso se anuló. Ni los portavoces del Ejecutivo murciano ni el propietario de Top Turismo SL y hermano del expresidente Sánchez han accedido a explicar el porqué de aquella renuncia. La administración regional tampoco ha accedido a facilitar copia del escrito de renuncia “registrado en junio” de 2024. A día de hoy, esos 150.000 euros continúan apareciendo en la base oficial de subvenciones.

En su respuesta a las preguntas formuladas el pasado viernes, el Gobierno murciano se ha limitado a precisar que del total adjudicado en subvenciones a Top Turismo SL solo se han abonado 211.637 euros: 141.637 euros otorgados por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) para la mejora de los dos hostales que gestiona Top Turismo SL y de los que 90.637 son para el establecimiento de Puerto Lumbreras –el del expresidente regional– y 51.000 para el de Cehegín, o sea, el de su hermano. “Son ayudas –detalla el Ejecutivo– para la mejora y modernización de alojamientos turísticos de nuestra comunidad autónoma. Un programa que cuenta con un presupuesto de 7.692.308 euros. La convocatoria fue de libre concurrencia y por orden de llegada de solicitudes”.

Las preguntas sobre cuántas solicitudes se han registrado en cada convocatoria y qué factor explica la preeminencia de Top Turismo SL al encabezar el ránking de receptores en dos de las cuatro convocatorias –una de ellas la de 150.000 euros a la que ha “renunciado” voluntariamente– han quedado sin respuesta.

A los 141.637 euros ya pagados y que figuran en el párrafo anterior se suman otros 70.000 euros –la única ayuda ajena al soporte financiero de la UE–, cuyo reparto entre el negocio de Puerto Lumbreras y el de Cehegín permanece igualmente como un secreto oficial dada la negativa de la administración a desvelarlo.

La tercera subvención otorgada y aceptada por Top Turismo SL asciende a 155.362,53 euros y tiene por objeto la mejora de la eficiencia energética. “Está pendiente de justificación y, por tanto, sólo será abonada cuando esté debidamente justificada, el plazo concluye a final de mayo”, se lee en la respuesta escrita al cuestionario remitido a los portavoces del Gobierno murciano. Tampoco es posible discernir qué parte corresponde a la Pensión El Sol de Puerto Lumbreras y cuál al hostal de Cehegín.

El flujo de ayudas a la joven Top Turismo SL –se constituyó en marzo de 2022– comenzó el 28 de diciembre de 2023 y se extendió hasta el 28 de febrero de 2025. En marzo de 2023, la Audiencia de Murcia condenó a Pedro Antonio Sánchez a tres años de cárcel y 17 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público. El tribunal consideró probado que había manipulado un concurso para adjudicar a dedo las obras del auditorio de Puerto Lumbreras. Sánchez, cuya imputación en Púnica había archivado ya el juez Manuel García Castellón, se libró también del banquillo en otro caso de supuesta corrupción –Pasarela– porque el juez dejó transcurrir el plazo de seis meses sin tomarle declaración y la fiscalía pidió tarde la declaración de causa compleja.

El antiguo político, al que no ha sido posible localizar y que tiene pendiente otro juicio –el llamado caso Guardería, derivado del fraccionamiento de un contrato–, mantiene recurrida en el Supremo su condena por el caso Auditorio.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca ha rechazado el recurso que el expresidente popular de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha presentado contra su procesamiento por delitos de prevaricación en el 'caso Guardería'. Los hechos tuvieron lugar mientras fue alcalde de Puerto Lumbreras, cuando presuntamente troceó en siete y de forma fraudulenta el proyecto de construcción de un edificio que haría las veces de centro de la mujer y escuela infantil.

De acuerdo con el diario local La Verdad, el juez instructor ha desestimado los argumentos de la defensa del antiguo jefe del Ejecutivo regional, en los que sostenía que los hechos no son constitutivos de un delito. El magistrado sostiene que el auto de procedimiento abreviado “constituye solamente la expresión de un juicio de inculpación efectuado por el juez de instrucción, exteriorizador de un juicio de probabilidad de una posible responsabilidad penal”. Defiende que su intención “no es suplantar la función acusatoria del Ministerio Fiscal (...) sino únicamente conferir el oportuno traslado procesal”.

Los recursos de los otros investigados en los que argumentan, por ejemplo, la prescripción del delito, también han sido descartados: “Es prematuro un pronunciamiento sobre la prescripción en esta fase procesal, al no reunirse los términos de claridad que exige el Tribunal Supremo”.

Ya ha pasado un año desde que Sánchez fue condenado por la Audiencia Provincial por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad por encargar a un arquitecto “verbalmente y sin previo expediente” las obras del auditorio municipal siendo también alcalde de Puerto Lumbreras. En aquella ocasión la pena fue de 3 años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público.

El fiscal Juan Pablo Lozano ha solicitado penas de prisión e inhabilitación para otros diez acusados, entre quienes se encuentran funcionarios y técnicos municipales de Puerto Lumbreras, así como varios responsables de la empresa Urdecon, en el momento en el que ocurrieron los hechos entre 2007 y 2010.

La petición de la Fiscalía de 13 años de cárcel al expresidente regional Pedro Antonio Sánchez por el caso Guardería ha vuelto a poner en el candelero la corrupción en el Partido Popular, tan solo 4 meses después de que PAS fuera condenado a 3 años de prisión por el caso Auditorio. Desde Podemos, el diputado autonómico Víctor Egío ha exigido a la cúpula del PP que “salga de su escondite y dé la cara” ante este nuevo escándalo. “El señor López Miras debe desmarcarse de su padrino. Ya que no lo hizo en marzo, hoy tiene una nueva oportunidad”, ha reclamado Egío.

Egío ha anunciado también que su partido impulsará en la Asamblea en cuanto la legislatura eche a andar una Ley de Financiación Local, “para evitar que estos casos de corrupción se vuelvan a repetir”. “Los 12 millones de euros que Pedro Antonio Sánchez despilfarró durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras provenían de subvenciones directas de otro gobierno del PP, el gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel”, ha asegurado Egío, que denuncia que en ese periodo “otros ayuntamientos mejor gestionados nunca recibieron esa financiación”.

Por ello, consideran desde Podemos, que una Ley de Financiación Local es imprescindible “para que todos los ayuntamientos, sean del mismo partido que el gobierno regional o no, reciban proporcionalmente los mismos recursos y para impedir que el PP siga usando el dinero de todos como si fuera suyo y sin ningún control”.

Tras dejar la Región de Murcia el expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, adquirió una vivienda por valor de 540.000 dólares en un complejo residencial en Miami, según ha adelantado el diario local La Opinión. Tan solo medio año antes, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) le concedió una ayuda por valor de 26.412,28 euros. Una subvención del programa de ayudas directas a autónomos y empresas por la crisis de la COVID-19, a fondo perdido.

El expresidente de la Comunidad ha sido condenado a tres años de prisión y 17 de inhabilitación por los delitos de prevaricación continuada y falsedad en el marco del 'caso Auditorio'. En la fecha en la que recibió este dinero por parte del Gobierno Regional ya estaba siendo investigado para esta trama de corrupción.

De acuerdo con La Opinión, Pedro Antonio Sánchez hipotecó sus dos residencias ubicadas en la Región para hacer frente a los pagos de la compra de la vivienda en Miami. Pero las propiedades, una ubicado en el municipio de Murcia y una finca en Puerto Lumbreras, solo suman un valor de 160.000 euros. Una cifra que dista mucho del medio millón de euros que necesitaría para comprar su última adquisición en Estados Unidos.

En la declaración de bienes que hizo mientras se mantuvo en el cargo, en el año anterior al fin de la pasada legislatura, el expresidente declaró 115.000 euros en créditos y préstamos y menos de 30.000 euros en sus cuentas corrientes. Por otro lado, sus planes de ahorro o de pensiones no superaban los 25.000 euros.

La empresa por la que recibió la ayuda, Tempori Parce S. L., fue creada en 2017 como una asesoría siete meses después de la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como jefe del Ejecutivo Regional tras ser imputado en varios casos de corrupción. No fue la única empresa que creo ese año, también fundó Nosce Te Ipsum 2017 S.L., que extinguió más tarde. La sede social de ambas se ubica en Puerto Lumbreras, donde fue alcalde y orquestó los casos de corrupción que le han condenado en 'Auditorio'. Se trata de un local de taller de bicis que actualmente está cerrado, con un cartel que anuncia su puesta en alquiler. No existe ningún indicio de que en la sede se esté desarrollando algún tipo de actividad profesional.

Cuando el expresidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se vio obligado a dimitir tras su implicación en numerosos casos de corrupción, decidió rehacer su vida en una antigua tienda de bicis en Puerto Lumbreras. No es que se reinventara en la venta y reparación de vehículos de dos ruedas: allí constituyó una de las dos asesorías que fundó un mes después de su exilio político, Tempori Parce S. L.

El local donde se encuentra la asesoría está cerrado, con un cartel que anuncia su puesta en alquiler. No existe ningún indicio de que en el taller de bicis de esté desarrollando algún tipo de actividad profesional.

Pese a esto, Pedro Antonio Sánchez solicitó y recibió en 2021 una ayuda por valor de 26.412,28 euros concedida a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) en 2021.

El expresidente murciano recibió esta subvención a través del marco del programa ayudas directas a autónomos y empresas por la crisis de la Covid-19. Se trataba de un fondo creado por el Gobierno de España para paliar los efectos de la pandemia en empresas, autónomos y cooperativas, cuya gestión correspondió a la Comunidad. El Instituto de Fomento, donde se tramitó esta subvención, estaba dirigido en esa época por Joaquín Gómez Gómez.

La empresa ofrece desde la consultoría y asesoramiento de empresas hasta la limpieza de bienes inmuebles, pasando por actividades de importación y exportación o la fabricación, compraventa, comercio al por menor y mayor, así como la distribución e intermediación de todo tipo de artículos sanitarios. El año en el que recibió la ayuda por la Covid-19, la sociedad limitada declaró una facturación de 177.939,41 euros y unos beneficios de 90.291,35 euros. Un año antes, Tempori Parce S.L. declaró una facturación de 66.710,64 euros y un beneficio de apenas 1.428,98 euros, según las cuentas de la sociedad que constan en el Registro Mercantil.

La empresa declara además un patrimonio neto de 114.180,59 euros, con una deuda con las entidades de crédito de 185.000 euros. Tempori Parce S.L. aumentó su deuda el año que recibió la ayuda del INFO, cuando pasó de 120.000 euros de 2020 a 170.000 euros en 2021.

El “exalcalde de Puerto Lumbreras”

El actual presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, apenas ha mencionado la condena por prevaricación y falsedad documental del que ha sido su mentor político. Las veces que lo ha hecho ha evitado mencionar que Pedro Antonio Sánchez fue el máximo responsable del Ejecutivo murciano antes que él y tan solo se ha referido a su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras. Preguntado sobre si mantenía la confianza en Pedro Antonio Sánchez tras la sentencia, Miras espetó que el caso se trataba de “una cuestión municipal de hace 18 años”.

Un lenguaje similar ha adoptado la cadena pública de televisión de la comunidad, La 7. El día en el que se comunicó la sentencia de Pedro Antonio Sánchez abrieron el informativo de la noche anunciando que la Audiencia Provincial había condenado al “exalcalde de Puerto Lumbreras”. Desde las noticias de la cadena aclaraban que la sentencia no era firme y que era condenado por “unos hechos de hace 18 años”.

En la noticia publicada en su página web inciden en que “Pedro Antonio Sánchez no se lucró de dinero público y que ‘la aprobación del proyecto modificado no tenía por objeto defraudar al Ayuntamiento’”. En noticias anteriores, como la del inicio del juicio, la cadena autonómica sí que nombran a Sánchez como expresidente de la Región de Murcia.

Pedro Antonio Sánchez y La 7 comparten pasado. En su primer año de legislatura el expresidente privatizó la televisión autonómica, convirtiendo a la Región de Murcia en la primera comunidad que externalizaba por completo este servicio. Con esta nueva situación el actual grupo de comunicación Secuoya obtuvo su primer contrato de cesión por valor de más de 72 millones de euros por seis años de actividad. Actualmente continúan encargándose de la gestión indirecta de la televisión autonómica.

Recurrirá la sentencia

Poco después de abandonar la política, Pedro Antonio Sánchez decidió trasladar su residencia a Miami en compañía de su mujer y sus hijas. Según el diario El Español allí está actuando como intermediador con empresas y inversores. “La mujer de Pedro Antonio Sánchez es profesora y da clases en Miami, la familia vive allí. Pero las fotos que sube Sánchez a Instagram muestran un nivel de vida que se parece más al de Julio Iglesias”, señala una fuente cercana. “A veces en política se dice: este tema hay que hablarlo en Miami”, añade.

La noticia de que ha sido condenado por el 'caso Auditorio' le ha llegado en suelo estadounidense, donde ya ha tomado la decisión de presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo en contra de la sentencia. Este diario trató de contactar con el expresidente murciano sin obtener respuesta.

Su protegido, fuera de la política

Diez días después del anuncio de la sentencia de Pedro Antonio Sánchez, el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado que deja la política: “Voy a servir a España desde el mundo privado”, ha dicho en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

El ya exdiputado del PP ha agradecido a su grupo sus “13, 14 años” en el Congreso. “Mantengo excelentes amigos, grandes compañeros allí”, ha indicado. Las amistades que el exsecretario mantenía en el círculo del PP en la Región también eran copiosas. García Egea fue elegido por Pedro Antonio Sánchez como número nueve para la lista de diputados para el Congreso en las elecciones de 2011. En enero de 2012 García Egea accedió al Congreso en sustitución de Jaime García-Legaz y fue reelegido en 2015 y 2016.

Para el viajero británico Richard Ford, la España del siglo XIX era un país “que oscila entre la civilización y la barbarie” y en su crónica Manual para viajeros por los Reinos de Valencia y Murcia (1845) no dudó en asignarnos a los murcianos la segunda categoría: “Incluso dicen de sí mismos y de su provincia que tanto la tierra como el clima son buenos, pero que mucho de lo que hay entre ambos es malo”. La condena de Pedro Antonio Sánchez, octavo presidente de Murcia (2015-2017), a tres años de prisión por prevaricación y falsedad, lo reafirmaría en su diagnóstico. Y una somera ojeada a los avatares de la presidencia de la comunidad, se lo confirmaría sin dudas.

Por algo, quien fuera fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, 'reivindicaba' que su fiscalía era de las que había denunciado más casos de corrupción en toda España. Lo hizo tras ser removido abruptamente de su puesto por Rafael Català, ministro de Justicia de Rajoy, en plena vorágine de casos de corrupción contra dirigentes y cargos del PP de Murcia. Con estilo italiano meridional: la vivienda del fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano fue asaltada cuando instruía los casos Umbra –una serie de pelotazos urbanísticos en la capital por más de mil millones de euros que comprometía a la alcaldía del PP– y Novo Carthago –una recalificación de áreas especialmente protegidas del Campo de Cartagena–. Los cacos no buscaban joyas, dinero ni objetos de valor sino, en ambas ocasiones, documentos oficiales y ordenadores personales...

El largo mandato de Ramón Luis Valcárcel, 1995-2014, que provenía de la Alianza Popular de los Siete Magníficos, y la feliz coincidencia de su ejercicio con la burbuja inmobiliaria y la cultura del pelotazo multiplicó los casos de corrupción del PP murciano, algunos tan cercanos –su hija, su yerno y su cuñado del presidente fueron investigados en el caso Novo Carthago–, que, después de éxitos electorales sin precedentes –cuatro mayorías absolutas –, en 2014 dimitió para cambiar su aforamiento por el de eurodiputado con la sinecura añadida de la vicepresidencia de la Eurocámara.

Antes de Valcárcel también hubo antecedentes desgraciados en el PSOE. El primer presidente socialista, Andrés Hernández Ros, fue un sujeto emprendedor y apasionado, que, a base de kilómetros y de puerta en puerta, quintuplicó la militancia, reinventó el casi inexistente PSOE de Murcia y obtuvo la mayoría absoluta en las primeras autonómicas, 1983. También se inventó la estructura de una comunidad que nunca había tenido autonomía e impulsó con demasiadas empresas públicas, de escasa fortuna, la modernización de su economía, desde un nuevo tipo de pimentón a la cría del apreciado langostino del Mar Menor o a la producción de ostra plana en el mismo, que llegó a contar con una población de 135 millones de ejemplares, arrasada tanto por la sobreexplotación como por la brutal degradación de la laguna (Otro día les contaré la apasionada historia de amor entre la Ostrea edulis y el Mar Menor; ya verán que interesante).

Hernández Ros era un soñador con un punto de ingenuidad irreal. Esa manera de ser, que lo animó a cursar invitación oficial a Reagan y a Chernenko, líderes de los EEUU y de la URSS, respectivamente, para reunirse en Murcia y limar sus diferencias, fracturó la ejecutiva socialista de manera irreconciliable. Nunca se demostró que, en vísperas del congreso regional del partido, avalara el soborno del secretario de Finanzas del PSRM-PSOE, Francisco Serrano Lucas, al cronista político del diario La Verdad, de Editorial Católica pero el periodista tuvo la exclusiva de su vida, el secretario fue expulsado y Alfonso Guerra obligó a Hernández Ros a dimitir.

El candidato impuesto con mano férrea por Guerra, fue un acierto: Carlos Collado, secretario general del PSOE murciano, un humanista profesor de filosofía, gobernó durante 9 años, hasta 1993, con dos mayorías absolutas y sin escándalos de corrupción.

Pero en la España triunfalista de 1992, el de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, Cartagena arrastraba una durísima crisis industrial que amenazaba el empleo de la comarca –las protestas culminaron en el incendio de la Asamblea Regional el 3 de febrero– y para paliarla, Collado compró a la fuguista Ferrovial de Del Pino unos terrenos en la comarca para que se estableciera General Electric, que comprometía una inversión de 10.000 millones de pesetas (60 millones, en euros). La Izquierda Unida de Anguita vio, en el llamado “caso Casa Grande”, la oportunidad de asaltar el cielo socialista murciano y la ejecutiva guerrista del PSRM-PSOE, enfrentada a Collado, la de que dimitiera.

En 2017, Collado contó que, convocado por Guerra a una reunión de barones autonómicos, se pronunció contra los planes de descabalgar a Felipe González y se convirtió en un obstáculo para quien lo había apadrinado. El partido fue peor enemigo que los denunciantes y dimitió en abril de 1993, nueve meses antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia archivara el caso, no sin alabar las ventajas económicas y jurídicas de la actuación de Collado, criticar las actuaciones judiciales inferiores y acusar a los partidos políticos de usar el proceso penal, “desnaturalizarlo e instrumentalizarlo (...) para satisfacer intereses extraprocesales”.

Pero el mal ya estaba hecho. En una comunidad que, salvo en las elecciones de 1933 que ganó Lerroux y el interregno preautonómico, presidido por el democratacristiano de UCD Antonio Pérez Crespo, era un feudo histórico de la izquierda, los electores no volvieron a votarla hasta que la sucesión interminable de casos de corrupción del PP en la era Valcárcel (en la nómina de sobresueldos del PP), prolongada por la imputación de Pedro Antonio Sánchez, les devolvió la confianza en el PSRM-PSOE en las elecciones de 2019. El PP lo solventó, primero, con el apoyo de Vox y, en la moción de censura de 2021, con el fichaje de tres diputados de Ciudadanos por el presidente Fernando López Miras...

Por cierto, el PP tuvo su propio Collado: el fugaz presidente Alberto Garre, abril de 2014 a junio de 2015, elegido sucesor de Valcárcel. Denunció a la fiscalía los contratos de su antecesor con la ACS de Florentino Pérez para construir la desaladora de Escombreras y, apartado de la presidencia de la comunidad, dejó el PP con una carta abierta a M. Rajoy en la que lo acusaba de “inacción ante la corrupción”.

Lo retratado al minuto por Richard Ford, aunque hoy quizá escribiera “entre la corrupción y la barbarie”...

La irrupción del caso Mediador (una investigación judicial que implica a un diputado del PSOE ya dimitido, algunos ex altos cargos de instituciones públicas canarias e incluso a la Guardia Civil) la ha aprovechado el PP para atacar a su principal rival electoral en uno de los temas que más daño ha hecho a los populares en los últimos años: la corrupción. La dirección de Alberto Núñez Feijóo se ha lanzado a intentar exprimir este escándalo e intentar convertirlo en un caso estatal que afecta al Gobierno y a Pedro Sánchez, pese a que ese salto todavía no lo ha dado la jueza que instruye la causa.

El PP trata de quitarse la etiqueta que lo relaciona con la corrupción. La acumulación de casos, y una sentencia condenatoria, llevó al Congreso a aprobar en 2018 por primera vez una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Contra ese estigma intentó actuar Pablo Casado, quien procuró dar una imagen de “limpieza” que le llevó a señalar por corrupción a Isabel Díaz Ayuso, lo que provocó su defenestración política. 

Ahora, con Feijóo sentado en la planta noble de la sede nacional, el PP confía en situar a su rival en un marco comunicativo relacionado con la corrupción. Pero bajo las alfombras del edificio situado en el 13 de la calle de Génova de Madrid se esconde todavía mucha mugre que se barrió deprisa y corriendo. Y algunos de esos casos siguen vivos y todavía pueden deparar alguna sorpresa a los actuales dirigentes.

70 policías para salvar al PP

La investigación sobre la Operación Kitchen ha dado un paso clave en su viaje al juicio oral: la Fiscalía Anticorrupción ha presentado sus conclusiones provisionales y ha pedido penas de hasta 15 años de cárcel para la cúpula de Interior y de la Policía Nacional durante el mandato del PP. Entre otros, el exministro Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y varios mandos policiales. 

La petición más alta es para el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Anticorrupción considera probado que hace exactamente una década las máximas autoridades de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy pusieron en marcha un operativo ilegal para acceder a los archivos del extesorero Luis Bárcenas y retirar de la circulación pruebas que pudieran comprometer al PP. 

La causa ataca así el núcleo duro del Gobierno de Mariano Rajoy, uno de los padres políticos de Feijóo y un referente para el candidato del PP, según él mismo ha asegurado. Y eso que la investigación del juzgado de la Audiencia Nacional de Manuel García Castellón ha dejado fuera a la entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del Hierro. 

Rajoy telefoneó a Fernández Díaz cuando se conoció el escrito de acusación, tal y como informó El Periódico de Catalunya. Apenas un mes antes, compartía escenario con Feijóo en Valencia para apoyarlo en su carrera a la Moncloa.

Según la Fiscalía, el operativo parapolicial supuestamente impulsado por el PP empleó “recursos, técnicos y humanos” del Ministerio del Interior en beneficio del PP: ocho inspectores jefes de grupo, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 agentes de Policía Nacional especializados en seguimientos. Un total de 70 efectivos de Policía dedicados a evitar que la corrupción salpicara al partido. 

Además, se ha conocido una nueva ramificación de esta Operación Kitchen: las presiones ejercidas sobre Luis Bárcenas y su entonces abogado para no publicar informaciones perjudiciales para el PP. Según investiga la Audiencia Nacional, hubo “un encargo realizado por terceras personas vinculadas al PP a fin de conseguir que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el partido vinculadas con dicho sumario”. 

Los contratos ilegales de Alberto Casero

La petición de Anticorrupción para Jorge Fernández casi ha coincidido en el tiempo con la decisión del Tribunal Supremo de juzgar a Alberto Casero por prevaricación y malversación de caudales públicos, quien dejó la militancia en el PP y su escaño en el Congreso en dos veces tras conocerse la decisión del juez.

Casero se hizo famoso por equivocarse en la votación de la reforma laboral y permitir con su error la aprobación de la medida del Gobierno. El exalcalde de Trujillo (Cáceres) fue el número cuatro interno en el organigrama de Pablo Casado, cuando fue designado secretario de Organización del PP. A las órdenes de Teodoro García Egea y Ana Beltrán, Casero era el enviado de la dirección nacional a los territorios. Allí donde había un problema, llegaba él a intentar solucionarlo. 

El juez ha concluido que Casero adjudicó cinco contratos por un valor de 94.000 euros de manera ilegal cuando era regidor de la localidad. Contratos para organizar la Feria del Queso, para contratar un psicólogo o para poner en marcha un evento gastronómico de comida peruana. Él mismo reconoció en el Supremo que los procesos podían estar trufados de errores e irregularidades, pero que en ningún caso cometió un delito.

La renuncia a su escaño puede devolver el caso a los tribunales de Extremadura para ser juzgado allí, al haber perdido el aforamiento. 

Tres años de cárcel para el expresidente de Murcia

Tercera coincidencia temporal con el PP intentando sacarse de encima el estigma de la corrupción: el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido condenado a tres años de cárcel.

Cuando el PP reformó la ley para limitar el tiempo que la Justicia podía dedicar a una investigación penal, uno de los principales beneficiados fue precisamente Sánchez. Presidente de la Región de Murcia entre 2015 y 2017, se vio envuelto en varios casos de corrupción. Uno de ellos, que analizaba la contratación supuestamente ilegal para acondicionar la Rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras, quedó archivado porque muchas diligencias se pidieron fuera de plazo. 

Pero otro de esos casos, que también procede de su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras, ha pasado ese filtro y le ha costado una condena que, en caso de ser declarada firme, implicará su entrada en prisión: tres años de cárcel por prevaricación y falsedad documental en el conocido como caso Auditorio.

En este caso, sin expediente de contratación de por medio y de forma verbal, Sánchez encargó a un arquitecto un proyecto para las obras del auditorio municipal, evitando que otros arquitectos pudieran ganar ese concurso. Todo para justificar una subvención regional y evitar tener que devolver el dinero.

Sánchez dimitió en 2017, con Rajoy todavía en la Moncloa y Feijóo en la Xunta de Galicia. Pero quien ocupa hoy la Presidencia de Murcia, y uno de los principales barones del PP, salió entonces a defender a su jefe de filas. “Yo confío en Pedro Antonio”, dijo Fernando López Miras en un vídeo que sus rivales han recuperado ahora.

Pero no hay que irse tan lejos. En julio de 2022, López Miras fue reelegido presidente del PP de Murcia. En una intervención ante el pleno del congreso dijo en referencia expresa a Pedro Antonio Sánchez que él había “aprendido de los mejores”. En primera fila, destacados barones del PP y dirigentes autonómicos, así como la secretaria general, Cuca Gamarra. La ovación duró varios segundos. Ese mismo día, para la intervención final, apareció también el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo y un imputado de Ibiza comparten mantel

Otra ovación se llevó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, el pasado fin de semana. En un acto de precampaña del PP balear, Marí compartió mesa y mantel con el presidente del partido en la isla, José Vicente Marí Bosó, la líder autonómica, Marga Prohens, y el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

El problema es que Vicent Marí está imputado, también por corrupción. En su discurso, Prohens dijo: “Los ibicencos te reconocen, te estiman y quieren que seas su presidente. Por eso yo y este partido necesitamos que sigas siendo el alcalde de alcaldes. Pero sobre todo que sigas siendo Vicent Marí”. El aplauso fue cerrado.

Ayuso: de Arroyomolinos a la comisión de su hermano

Muy actual es también la corrupción del PP de Madrid, que está inserta en la dirección autonómica del partido que lidera Isabel Díaz Ayuso. La lideresa cuenta en su organigrama con la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, también imputada por corrupción junto a un empresario que se habría beneficiado de unas contratos durante su anterior etapa como concejala en el Consistorio. 

Millán ocupa un puesto clave: la vicesecretaría de Organización Territorial. Pese a la imputación judicial, en mayo será de nuevo candidata del PP en Arroyomolinos. La alcaldesa reconoció el pasado 22 de abril ante un juez de Navalcarnero los pagos, aunque dijo que los ingresos que le realizó el empresario que recibía adjudicaciones de la concejalía que encabezó entre 2012 y 2016 porque correspondían al alquiler de un ático de su propiedad, con derecho a compra. En cuatro años, Millán recibió más de 44.000 euros de la empresa Neverland, propiedad del empresario Vicente Roselló, cuyas empresas recibieron contratos por valor de más de 660.000 euros.  

El otro gran caso que ha afectado a Ayuso tiene que ver con los negocios de su familia, su Gobierno y fue arma central en la mayor guerra civil vivida en la derecha española en las últimas décadas. “¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros?”, dijo un viernes el por entonces presidente del PP, Pablo Casado, en una entrevista en la cadena COPE. Cinco días después estaba muerto políticamente.

Se refería al hermano de Ayuso, que había cobrado al menos una sustanciosa comisión de una empresa que vendió material sanitario al Gobierno de Madrid durante la pandemia. Un pago que ha sido reconocido por la propia presidenta regional, pero que se llevó por delante a quien lo denunció. Casado fue defenestrado de su puesto. Los barones pusieron en su lugar a Feijóo.

Marbella: la alcaldesa que no conocía los negocios de su marido

De plena actualidad es también el proceso judicial que afecta a la familia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien ha visto como su marido (recientemente fallecido) y su hijastro eran procesados por la Audiencia Nacional por delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

Un cálculo de elDiario.es cifra en más de 12 millones de euros el patrimonio de la alcaldesa acumulado en tres décadas en política durante los cuales solo ha cobrado dietas del Consistorio Marbellí y su sueldo de parlamentaria nacional en dos legislaturas. 

Ante el Senado, Muñoz ha ocultado incrementos patrimoniales y ha reducido las numerosas propiedades que posee a las acciones que figuran a su nombre de las sociedades que ha utilizado para adquirirlas, lo que rebaja considerablemente el valor real de ese patrimonio declarado. 

Los jueces Alejandro Abascal y Manuel García Castellón han dejado fuera de la investigación las relaciones de la trama con el propio Ayuntamiento de Marbella, pese a los informes policiales que apuntaban indiciariamente en sentido contrario. Muñoz intenta acallar a elDiario.es en los tribunales por revelar toda esta información.

Pese a todo, el PP ha respaldado públicamente a Muñoz, quien volverá a ser la candidata en la ciudad malagueña el próximo 28 de mayo.

Salamanca y la “financiación ilegal” del PP de Mañueco

En el PP también hay sombras de corrupción interna. Uno de los barones de Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco, está en el centro de un proceso judicial por supuesta “financiación ilegal” del PP en su provincia, Salamanca, durante el proceso de primarias que le permitió liderar el partido, primero, y ser candidato a a Junta de Castilla y León, después.

La Operación 'Mañueco presidente' está pendiente de juicio. Y el congreso provincial acumula meses y meses de retraso sin que los órganos de garantías del PP hayan intervenido. Tampoco la dirección nacional, que ha dejado hacer a su líder autonómico pese a las dudas sobre el proceso que lo eligió.

La situación está tan enquistada que se ha producido otro conflicto judicial por el retraso de ese congreso, mientras sí se han celebrado las primarias para seleccionar a los candidatos el 28 de mayo. Un proceso interno otra vez salpicado de dudas por la aparición de cientos de afiliados nuevos en pocos días.

Los problemas judiciales del PP de Salamanca han llevado al partido a los tribunales, y la dirección nacional estaba llamada a comparecer. En concreto, la jueza citó a Feijóo. Pero el presidente no acudió y mandó a un representante, lo que provocó el enfado de la magistrada: “La persona que estaba citada, era el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho: no sé absolutamente nada, no puedo informarle de nada, no puedo ayudarle en nada. Era él el que estaba citado, no estaba citado el señor que está ahora enfrente de mí”.

No es el único caso judicializado en Castilla y León. El eexvicepresidente de la Diputación de Valladolid y alcalde del municipio de Olmedo, Alfonso Centeno, ha sido procesado en el llamado caso Meseta Ski, que investiga la construcción de una pista de esquí seco que proyectó el organismo público con un presupuesto inicial de cuatro millones de euros, que se disparó hasta los 12 y que hoy está desmantelada por orden judicial, al haberse construido en un monte quemado. Centeno se fue de viaje de placer con los promotores de la obra.

Pese al auto de procesamiento, el PP incumple sus propios Estatutos y no ha abierto un expediente sancionador contra el alcalde, que quiere repetir el 28M.

La corrupción del PP en València

Las administraciones valencianas fueron, durante años, uno de los grandes caladeros de negocio de la trama Gürtel y su relación simbiótica con el PP, que lideró el Ejecutivo regional desde 1995 hasta 2015. Algunos casos de supuesta corrupción están siendo juzgados en los tribunales valencianos. Uno de ellos es el caso Taula, donde el fiscal ha afirmado estos días durante el juicio que “asusta pensar lo que han podido hacer con ese dinero”. 

Se refiere el fiscal a los 40 millones de euros anuales que manejaba Marcos Benavent al frente de la empresa pública Imelsa, de la Diputación de Valencia que también presidía el PP con Alfonso Rus. La Fiscalía, que pide 12 años de cárcel para él, declara probado que en el seno de esta empresa pública existieron trabajadores zombies que cobraban sin trabajar o mientras trabajaban fuera de la empresa que les pagaba con dinero público. 

Otro caso, que también afecta a los socialistas valencianos, es el bautizado como Azud, donde una jueza investiga una trama de corrupción con epicentro en el Ayuntamiento de València en la época de Rita Barberá pero con ramificaciones que llegan a más de medio centenar de imputados y que afecta también a cargos del PSPV y a varias campañas de los socialistas, todo entre 1999 y 2013. En esta causa el foco está puesto en el empresario Jaime Febrer y los sobornos y comisiones que la trama pagaba, supuestamente, a cambio de acceder a obra pública. 

El horizonte judicial del PP

El PP de Alberto Núñez Feijóo tiene todavía por delante un campo de minas de causas de corrupción que afectan a su partido. En las próximas semanas, por ejemplo, el Tribunal Supremo hará pública su sentencia firme sobre una de las ramificaciones principales de la trama Gürtel: la corrupción que rodeó la organización de la visita del Papa a València en 2006. 

Varias piezas de la trama Gürtel, Púnica o Lezo también están pendientes de juicio o sentencia en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Una de ellas es la pieza separada que analizó y condenó la actividad de la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, causa en la que el Partido Popular fue condenado como responsable a título lucrativo por los 204.198,64 euros que la trama corrupta usó para pagar sus campañas municipales entre 2003 y 2007 en una ciudad en la que gobierna ininterrumpidamente desde 1983. 

Otro de los casos pendientes de sentencia en este organismo central es la pieza sobre adjudicaciones irregulares a las empresas de Gürtel que atañe precisamente a Francisco Camps, entre otras cosas, para el expositor de esta administración en la edición de Fitur en 2009. Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para él en un juicio en el que colaboradores de la trama como Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ han señalado sin dudar al expresidente valenciano. 

Sobre él dijo Feijóo el pasado mes de febrero en una entrevista: “Vamos a ver qué dicen los compañeros de Valencia, porque al final Paco Camps es un personaje de la política valenciana. Pero desde luego yo le mantengo el respeto (...). Está claro que las cosas que se le imputan, al menos el 90% de las mismas, han quedado resueltas satisfactoriamente.

–––––––––

El valor del periodismo de investigación

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) concedió hace dos años una ayuda por valor de 26.412,28 euros a la empresa del expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez. El antiguo jefe del Ejecutivo regional, socio único de la empresa que recibió la subvención, Tempori Parce S. L., ha sido condenado esta semana a tres años de prisión y 17 de inhabilitación por los delitos de prevaricación continuada y falsedad en el marco del 'caso Auditorio'. En la fecha en la que recibió este dinero por parte del Gobierno Regional ya estaba siendo investigado para esta trama de corrupción.

El expresidente murciano recibió esta subvención a través de marco del programa ayudas directas a autónomos y empresas por la crisis de la Covid-19. Se trataba de un fondo creado por el Gobierno de España para paliar los efectos de la pandemia en empresas, autónomos y cooperativas cuya gestión correspondió a la Comunidad. El Instituto de Fomento, donde se tramitó esta subvención, estaba dirigido en 2021 por Joaquín Gómez Gómez.

Tempori Parce S. L. fue creada en 2017 como una asesoría siete meses después de la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como jefe del Ejecutivo Regional tras ser imputado en varios casos de corrupción. No fue la única empresa que creo ese año, también fundó Nosce Te Ipsum 2017 S.L., que extinguió más tarde. La sede social de ambas se ubica en Puerto Lumbreras, donde fue alcalde y orquestó los casos de corrupción que le han condenado en 'Auditorio'.

Según la Comunidad, se trata de ayudas con fondos procedentes del Estado y “los requisitos para su concesión fueron establecidos por el Gobierno de España”. También añaden que el Instituto de Fomento “fue tramitador de los expedientes que cumplían los requisitos para recibir las ayudas” y que la Agencia Tributaria Española es la que validaba la información aportada por cada empresa“. Un total de 2.589 empresas de la Región recibieron esta ayuda del Estado.

El líder socialista en la Región, José Vélez, ha pedido a López Miras una comparecencia pública para que explique “el alcance de sus vínculos” con Pedro Antonio Sánchez y “aclare los términos de esa subvención”. “Ya sabemos lo que significa para López Miras dejarse el alma y la piel por reparar una injusticia: premiar a su padre político”, señaló Vélez en referencia a las palabras pronunciadas por el jefe del Ejecutivo murciano cuando tomó posesión del cargo en mayo de 2017 tras la dimisión de Sánchez.

Por su parte, la portavoz regional de Podemos, María Marín, ha señalado en un comunicado que “si se confirma que -Sánchez- también ha recibido dinero público del gobierno del PP sería una muestra más de que sigue manejando los hilos”. La diputada murciana ha asegurado que “el YoConPedroAntonio no se acabó en 2017 con su dimisión”.

“Se sabe que se reunió con López Miras en Puerto Lumbreras en junio de 2019 a pocas horas de que se constituyera la Asamblea Regional”, ha asegurado la parlamentaria murciana. Para Marín, “la corrupción en Miami -donde reside Pedro Antonio Sánchez desde que se vio obligado a dimitir- y corrupción en San Esteban son dos caras de la misma moneda”, por lo que ha exigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que disuelva la dirección del PP murciano y ponga una gestora.

La diputada de Podemos ha reproducido en el pleno de la Asamblea Regional un vídeo de 2017 en el que López Miras mostraba su apoyo al entonces presidente Sánchez.

200.000 euros para una inmobiliaria sin empleados

El Info de la Región de Murcia también le entregó en 2021 una “línea de ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19” de 200.000 euros a Las Lomas de Pozuelo S.A, una inmobiliaria sin empleados y con problemas económicos desde 2011.

En ese año entró en concurso de acreedores por serios problemas de insolvencia y dos años más tarde las partes acordaron un convenio. Ya en 2015, presentaba un riesgo máximo de impago, superior al 60%, y desde ese año había recibido hasta cinco diligencias de embargo por parte de la administración local de Madrid, las últimas en 2021 y 2018.

El PP de la Región de Murcia se ha mostrado muy escueto ante la condena al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez a tres años de cárcel, 17 de inhabilitación especial para cargo o empleo público y una multa de 3.600 euros por prevaricación y falsedad en el 'caso Auditorio': “No es afiliado del Partido Popular” y “cabe recurso ante el Supremo”, manifestaron en un comunicado.

Cuando el entonces fiscal superior Manuel López Bernal presentó la querella en febrero de 2015 por las presuntas irregularidades en la construcción del teatro-auditorio en el municipio murciano de Puerto Lumbreras siendo Sánchez alcalde de la localidad a pocos meses de las elecciones autonómicas en las que aspiraba a la presidencia del Ejecutivo murciano, el dirigente popular lo despachó con un “no es serio que esto llegue en un momento decisivo para la escena política regional”, mientras las redes sociales se llenaban de mensajes de ánimo de sus compañeros de partido. López Bernal denunció entonces “presiones” y calificó de “vergonzoso fraude” el proceso de adjudicación del complejo cultural.

Ginés Ruiz Maciá, uno de los abogados de la acusación popular, considera que se ha tratado de “trabajo bastante arduo y complejo” por el que “se recibieron en su día muchas críticas, con todo un movimiento político de apoyo al entonces presidente y de señalamiento a quienes ejercíamos la acusación”.

La obra del auditorio del municipio murciano de Puerto Lumbreras quedó “inacabada” con un 38% de las obras por concluir. Fue recepcionada en 2011 –cinco años después de que se impulsara el proyecto-, faltaba uno de los tres edificios proyectados y parte de la pérgola destinada a unirlos. El centro cultural recibió una subvención del Gobierno regional, entonces liderado por Ramón Luis Valcárcel, por valor de seis millones de euros tras pedirle el ex dirigente popular al arquitecto Martín Lejarraga “verbalmente y sin previo expediente alguno de contratación” la realización del proyecto.

El delfín de Valcárcel

“En su pueblo no lo quieren nada porque lo ha llevado a la ruina”, apunta una fuente cercana a elDiario.es. El auditorio fue uno de los cinco edificios que dejó Sánchez inacabados en su etapa como alcalde lumbrerense. “Los auditorios estaban entonces de moda y era una manera de proyectarse a la presidencia de la Región”, añade.

“El dinero para esas obras salía de los remanentes que le quedaban a Hacienda en los años buenos y Pedro Antonio tenía preferencia” puesto que era el delfín de Valcárcel, quien había presidido la Región durante 20 años con cinco mayorías absolutas, a pesar de que Alberto Garre le relevó en la presidencia de la comunidad en abril de 2014 cuando se marchó al Parlamento Europeo al estar en esos momentos Pedro Antonio Sánchez imputado por una presunta irregularidad en la compra de su vivienda.

El propio Garre se daría de baja del PP en 2017 tras más de 30 años de militancia al considerar que Mariano Rajoy “enterraba la corrupción” y había permitido que Sánchez fuera reelegido presidente del PP regional mientras era investigado por el 'caso Auditorio'.

El expresidente murciano pudo hacer campaña en mayo de 2015 sin el escollo de este caso de corrupción, puesto que la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia decidió, en contra del criterio de la Fiscalía, que la querella se tramitara en el juzgado de instrucción de Lorca y al ser aforado, el antiguo dirigente popular no resultó imputado. Ganó las elecciones con 22 escaños, a falta de uno para la mayoría absoluta, por lo que pactó con Ciudadanos con el compromiso de “separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”.

“Aclarar” como “investigado”

Sin embargo, cuando un año y medio después la jueza de Lorca elevó el 'caso Auditorio' al TSJ al encontrar “indicios de responsabilidad penal” y el ex presidente murciano fue llamado a declarar en marzo de 2017 los populares de la Región afirmaron al unísono que se trataba de “declarar para aclarar” y que estaba siendo “investigado” y no “imputado”, lo cual se trataba de un mero cambio en la nomenclatura judicial. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo incondicional al dirigente con el hashtag #YoConPedroAntonio, entre ellos el del actual presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras,

La tensión política iba en aumento al abrir la Audiencia Nacional una pieza contra el expresidente murciano por el 'caso Púnica' por presuntos de delitos de fraude administrativo, prevaricación y falsedad en una campaña de lavado de imagen cuando estaba al frente de la Consejería murciana de Educación -de la que sería finalmente exculpado por falta de pruebas-, pero Sánchez seguía parapetado en la presidencia de la Comunidad.

Por otro lado, el 24 de marzo el PSOE de la Región presentó una moción de censura que tenía pocos visos de salir adelante ya que no contaba con el apoyo de Ciudadanos, pero la presión doblegó al líder popular, quien finalmente convocó el 4 de abril una rueda de prensa en el Palacio de San Esteban anunciando su dimisión para evitar un “tripartito” en Murcia.

Le sucedería al frente del Gobierno regional Fernando López Miras, su mano derecha, quien afirmó que “este va a seguir siendo el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez”. El jefe del Ejecutivo murciano también reconoció haber llorado al conocer la decisión de su mentor de renunciar a la Presidencia autonómica, y proclamó que “esas lágrimas se convertirán en fortaleza”. López Miras afirmó que se dejaría la piel para llevar a cabo su cometido: “Reparar una injusticia y reponer la voluntad de todos los murcianos”

Otra causa pendiente: el caso Guardería

El antiguo jefe del Ejecutivo murciano también tiene otra causa abierta en los juzgados de Lorca durante la tramitación de la construcción de una guardería en el municipio lumbrerense. En este caso se le investiga por una presunta malversación de medio millón de euros.

Sánchez también resultó absuelto del denominado 'caso Pasarelas' al agotarse el plazo de investigación antes de determinarse la complejidad de la causa. De esta forma, se convirtió en el primer dirigente popular beneficiado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) del PP, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. En este procedimiento el Ministerio Fiscal había solicitado tres años y medio de prisión por delitos de falsedad documental y de prevaricación continuada.

Ser el primer caso sobreseído en España por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Rajoy no va a librar al expresidente de la Región de Murcia (PP) de la cárcel. Aunque en 2018 Pedro Antonio Sánchez logró zafarse del 'caso Pasarelas' debido a que pasó el periodo de tiempo de instrucción, la justicia le condena cinco años después por el 'caso Auditorio'. Se enfrenta a 3 años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, como autor de dos delitos de prevaricación, el primero continuado en concurso con uno de falsedad. Los hechos delictivos giran entorno a proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras, desarrollado cuando el exdirigente popular era alcalde de la localidad.

La Audiencia Provincial de Murcia considera probado que Pedro Antonio Sánchez, al saber de la existencia de subvenciones a corporaciones locales para el desarrollo de determinadas edificaciones culturales, encargó al arquitecto Martín L., “verbalmente y sin previo expediente alguno de contratación” un proyecto para solicitar esas ayudas. Y, posteriormente, conseguida la ayuda, convocar el concurso de proyectos, “totalmente condicionado a que el ganador fuera el arquitecto”. En diciembre de 2006, al entonces alcalde le notifican que la Comunidad Autónoma aprobará la concesión. El edil les informa de que el ayuntamiento dispone de una parcela para el Auditorio y que está tramitando un convenio de cesión de terrenos. “Sin embargo, no consta ningún convenio aprobado, ni inscripción en el Registro de convenios urbanísticos sobre la citada parcela, ni expediente alguno tramitado al efecto”, subraya la sentencia. 

En 10 de enero de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el Decreto del Consejo de Gobierno por el que se regulaba “la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la financiación de la totalidad de las obras de Construcción de Teatro Auditorio en Puerto Lumbreras según el anteproyecto redactado por el arquitecto D. Martín L., con un presupuesto de 6.000.000 euros”. Pero, en ese momento, no existía expediente alguno que acreditara que el acusado hubiera sido contratado por el Ayuntamiento.

La Consejería de Cultura entregó al Ayuntamiento los primeros 3 millones de euros de la subvención el día 29 de diciembre de 2006. Si querían recibir la otra mitad de la concesión, debían justificar los gastos de la primera parte antes 31 de octubre de 2007. En esas fechas Pedro Antonio Sánchez seguía sin parcela para el auditorio, tampoco había lanzado un concurso para concertar la obra ni un proyecto de ejecución. En julio de 2007 el alcalde se dirigió al director general de Cultura solicitando la ampliación del plazo de ejecución y justificación de la cuantía resultante de ambas partes de la subvención. Lo hizo con un informe denominado “informe de la Dirección Facultativa de la Obra” emitido por el arquitecto acusado en el que se afirmaba que se requería un plazo añadido de 18 meses para la completa y correcta definición del Proyecto Básico y de Ejecución. La ampliación del plazo que fue autorizada por el Consejo de Gobierno el 6 de noviembre de 2007, a propuesta de la Consejería de Cultura. El 14 de diciembre de 2007, continúa la sentencia, el acusado solicitó del director general de Promoción Cultural el abono de la segunda anualidad de la subvención “conforme al ritmo de ejecución de las obras previsto”, “pese a -subraya el relato de hechos probados- ser conocedor que no existía ni proyecto alguno sobre la parcela URSR-11, ni se había iniciado concurso de proyectos, ni expediente de contratación de obra, ni mucho menos, ejecución de obra alguna”. 

“Inviabilidad técnica”

La sentencia recoge que, tras la adjudicación del contrato, entre enero y febrero de 2008 el arquitecto presentó un Proyecto de Ejecución que respetaba el importe económico de 6 millones, pero que contenía más edificios, destacando que “tenía tal cantidad de defectos que era inviable finalizarlo con el presupuesto del que se disponía”. Entre ellos, subraya que la superficie por construir era muy superior a la prevista (alcanza los 9.322 metros cuadrados, frente a los 4.500 del anteproyecto). Había un desfase económico entre el presupuesto de ejecución material (PEM) y el de ejecución de contrata (PEC) del proyecto: “Desde el primer momento se fue certificando más obra que la realmente realizada; o sea, se entregaba a la contrata más dinero del que se iba ejecutando en obra”. Lo que se concretaría en un incremento del gasto justificado del 38 por ciento.

Martín L. “sabía que existía inviabilidad técnica y económica en la ejecución del proyecto”, concluyen los magistrados. Y tras comunicarlo a Pedro Antonio Sánchez, ambos, junto a la tercera acusada, “convinieron la confección de un proyecto modificado que permitiera justificar ante la Comunidad Autónoma la inversión de la subvención e impedir el reintegro, aunque ello supusiera dejar la obra inacabada”. Pese a los “flagrantes defectos”, se emitió informe favorable del técnico municipal el 11 de febrero de 2008, “concluyendo que no existían anomalías”, aunque el Proyecto de Ejecución nunca fue visado por el Colegio de Arquitectos “al detectarse los defectos reseñados anteriormente, entre otros”.

Este proyecto no contenía capítulo de Seguridad y Salud, ni Estudio Geotécnico y adolecía de un error en la determinación del lugar del edificio del teatro, pues ocupaba parte de un vial de nueva construcción previsto en el Plan Parcial, se explica en la resolución.

“Infracción clara y grosera de la normativa”

Pronto la existencia del proyecto del Auditorio llegó a oídas del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU) de que existía un proyecto sin que hubiera habido concurso. Ante las quejas de la institución, “el alcalde procedió a tramitar un concurso de proyectos para dar ropaje de aparente legalidad a los actos anteriormente ejecutados y dirigidos a subsanar la contratación verbal y directa del arquitecto”, subraya la resolución. Así el 17 de diciembre Pedro Antonio Sánchez acordó y firmó el Pliego de Bases Generales del Concurso de Proyectos para el Auditorio Municipal: “Obviamente, de forma tardía; tanto, que el propio acusado Martín L. manifiesta que le sorprendió que se convocara el concurso”, evoca la sentencia.

El 26 de diciembre, tras el informe favorable de la secretaria municipal accidental, se publicó el concurso en el BORM para la adjudicación “del contrato de asistencia técnica para la redacción de proyecto básico y de ejecución del Auditorio Municipal, y la dirección técnica de las obras” con un plazo de presentación de 15 días. El COAMU presentó un recurso contencioso administrativo por el concurso que acabó en saco roto, pues el Juzgado de lo Contencioso de Murcia de mayo consideró válido el proceso. El tribunal sí que reconoció que resultaba “llamativo” que se presente un proyecto antes de que se adjudique el concurso, aunque concluyó que “de existir irregularidades en el comportamiento de la Administración son previos al concurso que ahora se impugna e independientes al mismo”.

Desde la Audiencia Provincial de Murcia, aunque aprecian que “formalmente, el procedimiento del concurso de proyectos se ajustó a la legalidad vigente”, determinan que tras él “se enmascara una infracción clara y grosera de la normativa”. La Sala llega a la conclusión de que “la resolución del concurso de proyectos sí estaba previamente decidida” y considera probado que entre el alcalde y el arquitecto “existió un acuerdo para que el segundo fuera realizando los proyectos necesarios para solicitar la subvención”. 

En consecuencia, los magistrados consideran al alcalde autor del delito continuado de prevaricación, “dada su condición de autoridad” y detallan cada uno de los actos administrativos o resoluciones que “responden al mismo plan preconcebido de contratación irregular”. Igual responsabilidad penal, en este caso como cooperador necesario, atribuyen al arquitecto en cuanto a su contratación verbal, la redacción de proyectos sin entrada al Ayuntamiento “a sabiendas de que su remuneración sería posterior” o la participación en el concurso “a sabiendas de que él iba a ser el ganador”. Finalmente, a la acusada Caridad G. Vidal, secretaria municipal accidental “en todos los actos descritos”, se le exige responsabilidad penal, también como cooperadora necesaria, “por no haber puesto reparo alguno” y “emitir múltiples informes y obviando su condición de garante de la legalidad”.

El secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Pepe Vélez, ha afirmado que la condena a Pedro Antonio Sánchez no es un hecho aislado, sino la constatación judicial de unas prácticas y de unas políticas corruptas del PP de López Miras que duran ya demasiado tiempo, 28 años, “unas prácticas corruptas que el PP ha institucionalizado y que están desangrando la Región de Murcia”. El secretario general del PSOE asegura que la Comunidad necesita un cambio y una regeneración urgente, y exige la comparecencia inmediata del actual presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.

Vélez ha recordado las palabras de López Miras cuando Pedro Antonio Sánchez “lo eligió a dedo para sucederle”: “Me voy a dejar el alma y la piel por reponer una injusticia y reponer la voluntad de los murcianos. Nadie nos va a decir quién es el referente político del Partido Popular y de esta Región”. María José Ros, coordinadora autonómica de Ciudadanos, ha recordado que expresidente murciano fue “mentor” de López Miras: “[Miras] fue puesto a dedo por él para guardarle el sillón”. La diputada por Ciudadanos en la Asamblea Regional, Ana Martínez Vidal, ha añadido que “el PP ha demostrado que es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder”.

Para la portavoz regional de Podemos, María Marín, la sentencia judicial contra Pedro Antonio Sánchez “no es suficiente si no lleva aparejadas consecuencias políticas”. Para Marín, el Presidente regional “no puede seguir ni un minuto más al frente del Gobierno”, por lo que ha exigido su “dimisión inmediata, antes de hacer más daño a las instituciones y a la imagen de la Región”.

Por último, la diputada autonómica ha denunciado que 27 años de gobiernos del PP han dejado la Región de Murcia “podrida de corrupción” y ha llamado a la ciudadanía a votar en las próximas elecciones del 28 de mayo para mandar al Partido Popular a la oposición. “Si Podemos forma parte del próximo Gobierno regional vamos a hacer la mayor auditoría de la historia para que ningún caso de corrupción quede impune”, ha concluido Marín.

La Audiencia Provincial de Murcia condena a Pedro Antonio Sánchez, ex presidente de la Región de Murcia, a 3 años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público. Se le considera autor de dos delitos de prevaricación, el primero continuado en concurso con uno de falsedad, en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad. Igualmente, condena como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación a la que fuera secretaria accidental del ayuntamiento, Caridad G., y al arquitecto, Martín L., a la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 15 años y 6 meses, la primera, y 16 años y 6 meses, el segundo. 

El tribunal considera probado que Pedro Antonio Sánchez, cuando era alcalde encargó al arquitecto Martín L., “verbalmente y sin previo expediente alguno de contratación” un proyecto para solicitar tal ayuda. Y, posteriormente, conseguida la ayuda, convocar el concurso de proyectos, “totalmente condicionado a que el ganador fuera el arquitecto”.

En relación con el segundo delito de prevaricación, la Sala constata que una vez concedida la subvención, cuando el arquitecto detecta “que existía inviabilidad técnica y económica en la ejecución del proyecto” lo comunica al alcalde y juntos, con la funcionaria municipal, “convinieron la confección de un proyecto modificado que permitiera justificar ante la Comunidad Autónoma la inversión de la subvención e impedir el reintegro, aunque ello supusiera dejar la obra inacabada”.  

Por último, la sentencia absuelve al ex regidor del delito de fraude a la Administración Pública del que también venía acusado. “Los hechos relatados anteriormente no encajan en esta tipicidad, ya que la aprobación del proyecto modificado no tenía por objeto defraudar al Ayuntamiento. (…) La única voluntad que se tenía cuando se aprobó el modificado era salvar los errores creados desde la redacción del proyecto y ello en aras a justificar la inversión de la subvención y evitar la exigencia del reintegro”, explica la resolución.

Según recoge la sentencia a lo largo de sus más de 150 folios, el encargo verbal se completó con la redacción por el arquitecto acusado del “Anteproyecto de Teatro Auditorio” en junio de 2006 y el posterior “Proyecto Básico de Teatro Auditorio” de noviembre del mismo año, a construir en una parcela de la Ribera Sureste de la Rambla de Nogalte, con un presupuesto de ejecución de 6 millones. Proceso en el que ningún otro pudo participar y proyectos que, según los hechos probados, no tuvieron “entrada de registro en el Ayuntamiento y tampoco estaban visados por el Colegio de arquitectos”.

La Sala declara la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 17 de septiembre de 2010 aprobando el Proyecto Modificado de la obra, pero los magistrados no se pronuncian sobre los posibles efectos de esta declaración al entender que deben ser estudiados en otra jurisdicción y no la penal. 

Y, respecto a la acción del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras contra ECISA por el importe para terminar las obras, hasta un máximo de 2,2 millones, como pedía la Fiscalía, el tribunal recuerda que la defensa de la corporación municipal retiro tanto la exigencia de responsabilidad penal como civil. Y subraya que Tribunal Superior de Justicia determinó que “el acta de recepción no es falsa en sí misma, pues se recepcionó lo que efectivamente se construyó”. Por tanto, la sentencia no hace ningún pronunciamiento sobre la responsabilidad civil de la mercantil constructora y, finalmente, absuelve al representante de ECIJA.

La resolución impone a los tres condenados el pago de una parte de las costas causadas, sin incluir las de la acusación popular, teniendo en cuenta el número de delitos objeto de enjuiciamiento. En concreto, 3/13 partes al declarado autor de tres delitos y 2/13 partes a los coautores dos delitos de prevaricación. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo y no ante el Tribunal Superior de Justicia, por ser el procedimiento anterior a la Ley 41/2015, aclara la resolución.

Primer beneficiado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El 'caso Auditorio' no era la única causa judicial a la que ha tenido que enfrentarse Pedro Antonio Sánchez. El antiguo jefe del Ejecutivo murciano también tiene otra causa abierta en los juzgados de Lorca durante la tramitación de la construcción de una guardería en el municipio lumbrerense. En este caso se le investiga por una presunta malversación de medio millón de euros.

De otro proceso, el 'caso Pasarelas', fue absuelto porque el juez dejó pasar el plazo de seis meses de instrucción en procesos penales interpuesto por el gobierno del Partido Popular en 2015, en contra del criterio de jueces y fiscales. Fue el primer beneficiado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por su propio partido. 'Pasarelas' era una división del caso 'Auditorio', donde se investigaba si se fraccionaron contratos para adjudicarlos a dedo y sin concurso público al arquitecto M.L., que también fue absuelto. El Ministerio Fiscal y dos acusaciones entendían que tanto Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, y M. L., habían cometido los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la contratación en relación a esa causa. 

Por otro lado, en julio de 2020 la Audiencia Nacional confirmó el sobreseimiento para Sánchez del caso Púnica. El expresidente murciano fue investigado en la pieza separada Murcia de esta causa por presuntos de delitos de fraude administrativo, prevaricación y falsedad en una campaña de lavado de imagen cuando estaba al frente de la Consejería murciana de Educación.

El expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez se sienta en el banquillo de los acusados a las 10:00 de la mañana del lunes en la Audiencia Provincial de Murcia por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude en subvenciones y fraude y prevaricación durante la tramitación de la construcción del auditorio de de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de esta localidad. Se trata de uno de los casos de supuesta corrupción más importantes enjuiciados en los tribunales de la Región y una de las causas judiciales que condujeron a la dimisión del popular en abril de 2017.

El Ministerio Fiscal pide para el antiguo jefe del Ejecutivo murciano una pena de cuatro años y seis meses de prisión, además de inhabilitación especial para empleo y cargo público durante 19 años y una multa de seis millones de euros. Para el arquitecto, la secretaria municipal y el empresario, el fiscal pide dos años y tres meses de prisión por distintos delitos.

El esqueleto del auditorio se encuentra al final de la avenida Presidente Adolfo Suárez de esta localidad murciana: lo que iba a ser un complejo cultural –teatro, auditorio, palacio de congresos y escuela de música y danza– de 10.000 metros cuadrados en un pueblo de 14.000 personas fue recepcionado en 2011 –cinco años después de que se impulsara el proyecto– con un 38% de las obras por concluir. Faltaba uno de los tres edificios proyectados y parte de la pérgola destinada a unirlos.

El centro cultural recibió una subvención del Gobierno regional, entonces liderado por Ramón Luis Valcárcel, por valor de seis millones de euros. Un informe de la Guardia Civil certificó que el Ayuntamiento pagó más de dos millones de euros por materiales que no se encuentran en el edificio, ahora en ruinas. Según la Fiscalía Anticorrupción, además, el Ayuntamiento recibió primero la subvención para cubrir su coste y luego saldó la deuda echando mano del Plan de Pago a Proveedores de 2012, de modo que pagó dos veces por lo mismo.

Primer beneficiado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Los medios de comunicación regionales informaron de que el arquitecto Martín Lejárraga iba a ser el autor del diseño del auditorio antes de que saliera a concurso. El proyecto que presentó costaba exactamente lo mismo que la subvención que pagó la comunidad. Lejárraga también diseñó en el pasado la pasarela que discurre por la rambla Nogalte en el centro de Puerto Lumbreras y que, como el auditorio, fue objeto de una investigación judicial por diversas irregularidades en su construcción.

Sánchez resultó finalmente absuelto del denominado más tarde caso Pasarelas al agotarse el plazo de investigación antes de determinarse la complejidad de la causa. De esta forma, se convirtió en el primer dirigente popular beneficiado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) del PP, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. En este procedimiento el Ministerio Fiscal había solicitado tres años y medio de prisión por delitos de falsedad documental y de prevaricación continuada.

Otra causa pendiente: el caso Guardería

El antiguo jefe del Ejecutivo murciano también tiene otra causa abierta en los juzgados de Lorca durante la tramitación de la construcción de una guardería en el municipio lumbrerense. En este caso se le investiga por una presunta malversación de medio millón de euros.

Por otro lado, en julio de 2020 la Audiencia Nacional confirmó el sobreseimiento para Sánchez del caso Púnica. El expresidente murciano fue investigado en la pieza separada Murcia de esta causa por presuntos de delitos de fraude administrativo, prevaricación y falsedad en una campaña de lavado de imagen cuando estaba al frente de la Consejería murciana de Educación.

Pablo Casado cumplirá el próximo año 41, a los 26 años ya fue elegido Diputado en la Asamblea de Madrid, es decir, su vida profesional se circunscribe prácticamente a la vida pública. Al año siguiente de nacer el actual líder popular, accedía al Congreso de los Diputados el actual Defensor del Pueblo en funciones, el socialista Fernández Marugán, que el próximo año cumplirá los 75. Este extremeño fue diputado desde la segunda legislatura, hasta la decimoprimera. Es decir, está a punto de cumplir cuarenta años como político.

En la Región de Murcia, los casos más significativos vienen de la mano de aquellas Nuevas Generaciones que han colmado la inmensa mayoría de los puestos políticos en la actualidad.

Pedro Antonio Sánchez, que, si no hubiera sido por el Caso Auditorio, principalmente, hoy en día nadie duda de que seguiría siendo el Presidente de la Comunidad Autónoma, batió todos los récords, pues a la friolera de 23 años, ya tenía sueldo público al ser nombrado Director General de Juventud, a los pocos años, ya era elegido regidor de Puerto Lumbreras, para posteriormente ser nombrado Consejero. El resto de su vida pública ya la conocen.

El actual Presidente Regional, el ‘lorquino’ Fernando López Miras, va camino también de batir todos los registros de su antecesor. A los 26 años, ya ostentaba un cargo público: Director de Gestión del Hospital Rafael Méndez. Con tan solo 28 años, ya formaba parte de las listas electorales de su partido, siendo elegido diputado regional, cinco años más tarde, se convertía en el Presidente de la Comunidad Autónoma más joven de la historia, tenía entonces 33 años. De momento tiene garantizado llegar a los cuarenta con prácticamente su único bagaje profesional, ser político. Que vuelva a ser candidato de los populares en 2023, es solo cuestión de tiempo.

La actual Consejera y Portavoz del Gobierno, y futura Vicepresidenta, Ana María Martínez Vidal, a sus cuarenta y dos años, lleva también un largo recorrido político a sus espaldas, y todo apunta, a que las oposiciones que estaba preparando, quedarán de momento aparcadas ‘sine die’. En 2011 ya formaba parte de la larga lista de jóvenes del Partido popular que su nómina venía gracias a la política. Ahora como lideresa de Ciudadanos, tiene también garantizado casi otra década más su salario como política.

Podríamos poner muchos más ejemplos de alcaldes, diputados y ex cargos públicos que han y siguen teniendo en la política su forma de vida, pero el problema no es dedicar uno su vida a estar en política, sino cuando no existe alternativa, es entonces, cuando la política se prostituye, se convierte en un permanente ‘conmigo o contra mí’.

Sería bueno, que todas las personas que han decidido volcar su vida en la política, como servidores públicos, tuvieran fuera de la misma, alternativas laborales, sería un síntoma muy positivo para la propia democracia.

Una buena parte de la actual clase política, no tiene puesto de trabajo garantizado fuera de la vida pública, ejemplos como Mariano Rajoy, que volvió a su puesto de registrador de la propiedad, Gerardo Iglesias, aquel líder del Partido Comunista que volvió a la mina, o el que fuera líder indiscutible de Izquierda Unida, Julio Anguita, que volvió a sus clases y a su salario, son ejemplos que hoy apenas se dan.

Aunque siempre hay gente que supera todos estos registros que hemos señalado, es lo que tiene ser un Borbón, que hagas lo que hagas, y seas lo chorizo que seas, siempre habrá un hueco en este país para ellos y ellas. Perro no muerde perro, dice una máxima periodística.

Ana Isabel Navarro Prieta, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, ha incoado diligencias penales contra Ramón Luis Valcárcel, quien fuera presidente de la Comunidad de Murcia durante 19 años (desde 1995 hasta 2014), según ha adelantado La Verdad. La investigación abierta investiga su posible implicación por hasta cuatro delitos relacionados con la presunta malversación de 600 millones de euros por la construcción y adquisición, por parte del Gobierno regional, de una desaladora en Escombreras (Cartagena).

Navarro Prieto considera que existen las suficientes apariencias de la comisión de posibles delitos como para abrir diligencias previas contra el expresidente popular. La magistrada ha planteado, además, una cuestión de competencia objetiva frente al juzgado de instrucción número 5 de Murcia y ha remitido testimonio de la causa a la Audiencia Provincial, que será quien medie en este asunto y establezca a qué juzgado debe corresponder finalmente esa investigación.

Las investigaciones se encuentran dentro del polémico caso 'La Sal' que fue archivado en junio del presente año basándose la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Partido Popular que reduce a seis meses el plazo para la investigación judicial. Pese a que se le diera carpetazo a la causa, la Fiscalía Superior sostiene que nada impide que se pueda perseguir en unas nuevas diligencias a personas que hayan sido objeto de una investigación formal en esa causa.

Ramón Luis Valcárcel, miembro del Partido Popular, dejó la presidencia de la Región de Murcia en abril de 2014 para presentarse a las elecciones europeas con el PP. Durante su periodo como eurodiputado su condición de fuero especial solo permitía que el político fuera encausado por el Tribunal Supremo. Al perder su escaño en el europarlamento en julio de 2019, cualquier Juzgado puede citarlo a declarar en calidad de investigado.

El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado en Púnica

La justicia tiene en el punto de mira a otro exjefe del Ejecutivo murciano y sustituto de Valcárcel. Pedro Antonio Sánchez volvió a ser imputado en el caso Púnica a través de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que anuló el auto del archivo como respuesta a los recursos presentados por la acusación popular de de los Abogados Demócratas por Europa (Adade) y por la Fiscalía Anticorrupción.

El auto, del que es ponente la jueza Carmen-Paloma González Pastor, justifica la decisión en la existencia de “incoherencias” en el auto redactado por el magistrado Manuel García Castellón, que fue quien archivó la causa contra Pedro Antonio Sánchez. El juez omitió de forma “incomprensible” los hechos investigados, que apuntan al expresidente murciano como presunto autor de la comisión de un delito de fraude.

Al expresidente de Murcia se le acusaba de un presunto delito de fraude por acordar una campaña de lavado de imagen con el informático de Púnica usando fondos públicos. Su objetivo era mejorar su imagen para ser elegido candidato a la presidencia de la Región dentro de su partido.

El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha vuelto a ser imputado en el caso Púnica. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha anulado el auto del archivo como respuesta a los recursos presentados por la acusación popular de de los Abogados Demócratas por Europa (Adade) y por la Fiscalía Anticorrupción, según adelantó hace unos días La Verdad y publica este miércoles la Cadena SER.

El auto, del que es ponente la jueza Carmen-Paloma González Pastor, justifica la decisión en la existencia de “incoherencias” en el auto redactado por el magistrado Manuel García Castellón, que fue quien archivó la causa contra Pedro Antonio Sánchez. El juez omitió de forma “incomprensible” los hechos investigados, que apuntan al expresidente murciano como presunto autor de la comisión de un delito de fraude.

Por lo tanto, la Sala Cuarta ha ordenado a García Castellón que dicte una nueva resolución que incluya los hechos que siguen siendo objeto de imputación de Pedro Antonio Sánchez, además de las personas sobre las que recaen dichos actos.

Al expresidente de Murcia se le acusaba de un presunto delito de fraude por acordar una campaña de lavado de imagen con el informático de Púnica usando fondos públicos. Su objetivo era mejorar su imagen para ser elegido candidato a la presidencia de la Región dentro de su partido.

Absuelto de 'Pasarelas' por la finalización de plazos

Pedro Antonio Sánchez fue absuelto del caso 'Pasarelas' al agotarse el plazo para investigar antes de que se hubiera estipulado la complejidad de la causa. De esta forma, se convirtió en el primer popular beneficiario de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) del PP, promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015.

Hace un mes, la totalidad de los grupos parlamentarios, con excepción del PP, defendió en el Pleno del Congreso la necesidad de derogar el artículo 324 la Lecrim, encargado de regular los plazos para la instrucción de los procesos a 6 meses con carácter general o a 18 si se trata de investigaciones expresamente declaradas complejas. Estimaron que los límites han servido para dar alas a la impunidad en las causas de corrupción.

La Audiencia Nacional ha archivado la investigación contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. El juez Manuel García Castellón sigue la postura que fijó el Tribunal Supremo en este caso y señala que no hay indicios suficientes para continuar la causa que investigaba si Sánchez había usado dinero público para pagar una campaña de imagen a cargo de Alejandro de Pedro, el informático de la trama Púnica.

En el auto, adelantado por La Verdad de Murcia al que ha tenido acceso eldiario.es, se pone fin a la causa que se inició en febrero de 2017 contra Sánchez y que le llevó a dejar sus cargos institucionales y en el partido. El juez Eloy Velasco envió la causa al Tribunal Supremo, pero volvió a la Audiencia Nacional cuando el principal investigado perdió el aforamiento.

Cuando Velasco elevó la causa al Alto Tribunal, detalló que Sánchez concertó con Alejandro de Pedro la realización de trabajos en redes sociales para “limpiar” su imagen de cara a las elecciones autonómicas, después de verse salpicado por el 'caso Auditorio'. Quería “limpiar la inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad” para ganar las elecciones, como así ocurrió, señalaba el magistrado.

El juez sostenía que Sánchez intentó contratar con la Púnica “lastimando los intereses de la Administración Pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares”, porque intentó cargar los gastos de esa campaña a la Consejería de Educación, que dirigía por entonces. “No lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su Gabinete de Prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente”, señalaba Velasco.

El escrito recogía los detalles del contrato que acordaron Sánchez y De Pedro, y añade que se llegó a concertar el inició de la actividad en redes sociales, la contratación de un periodista y hasta la cantidad mensual a pagar por esos trabajos, que ascendería a 4.600 euros al mes.

Entre ese escrito y el de este lunes se produjo una decisión del Tribunal Supremo sobre este caso. Archivó la causa contra la senadora del PP Pilar Barreiro por los mismos hechos y alegando que el contrato no se había llegado a firmar, con lo que no quedaba acreditado el uso del dinero público para intereses personales.

En esa línea, el juez García Castellón señala que “los indicios son precarios, el material carece de aptitud para generar un mínimo de certeza que justifique la prosecución de esta instrucción, y ello tras analizar tanto las conversaciones telefónicas que sirven para mantener la imputación de Pedro Antonio Sánchez y David Conesa, como los correos electrónicos que como señala la Sala carece de virtualidad por cuanto se trata de comunicaciones internas entre empleados del entramado”.

El auto indica que las conversaciones grabadas y que obran en la causa son muy ambiguas -“nada esclarecen y son susceptibles de diversas interpretaciones”- y cita el caso de Barreiro y la decisión del Supremo: “si no queda acreditado fraude respecto de Pilar Barreiro tampoco respecto de Pedro Antonio Sánchez al ser el mismo material probatorio, el material obrante en las actuaciones goza de la misma fuerza que respecto de la aforada”.

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha impulsado una querella que apunta, una vez más, al expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez. La denuncia del Ministerio Público, de la que se ha hecho eco La Verdad está suscrita por su máximo responsable en la Región, José Luis Díaz Manzanera.

La denuncia señala a Sánchez como presunto protagonista en una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación y construcción de un centro de Atención a la Infancia y de la Mujer de Puerto Lumbreras, realizados entre el año 2006 y 2009, años en los que Sánchez ejercía como primer edil de dicha localidad.

Las diligencias del nuevo 'caso Guardería' están siendo impulsadas desde hace unos días por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo.

La querella apunta a que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras solicitó dos subvenciones diferentes, entre los años 2005 y 2006, para la construcción de sendos inmuebles en la calle San Javier de la localidad. De un lado, el Ministerio de Trabajo y la Comunidad Autónoma aportaron una subvención de 192.000 euros para levantar lo que se denominó 'Centro de Atención a la Infancia (0 a 3 años) para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar'; de otro, la Dirección General de Familia aprobó una cuantía de 473.000 euros para otro proyecto diferente, llamado, 'Centro de Atención a la Infancia (0 a 3 años)'.

Según narra La Verdad, las obras de ambas dependencias, situadas en el mismo solar, se iniciaron formalmente el mismo día, el 17 de abril de 2007. La Fiscalía sostiene, no obstante, que “trataba de ocultarse” que se trataba “de la misma obra”. El motivo sería que el dinero de las subvenciones aportadas para el primero de los inmuebles se habría destinado a fines diferentes y desconocidos.

Cuatro años y medio por el 'caso Auditorio'

Hace unos días, se hacía público que el Ministerio Fiscal pedía pedido cuatro años y medio de prisión para Pedro Antonio Sánchez, por el 'caso Auditorio'. El fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, reclamaba también una inhabilitacion especial para empleo y cargo público por un período de diecinueve años y una multa que asciende a seis millones de euros.

Además del expresidente del ejecutivo regional, serán juzgados el arquitecto de la construcción, Martín Lejarraga, la secretaria del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García Vidal, y el representante legal de la empresa de construcción adjudicataria Ecisa, Vicente Gimeno Merino.

El Ministerio Fiscal ha pedido cuatro años y medio de prisión para Pedro Antonio Sánchez, expresidente del Gobierno de la Región de Murcia, por el 'caso Auditorio', según ha adelantado La Verdad.

En este sentido, el fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, ha reclamado también una inhabilitacion especial para empleo y cargo público por un período de diecinueve años y una multa que asciende a seis millones de euros.

Además del expresidente del ejecutivo regional, serán juzgados el arquitecto de la construcción, Martín Lejarraga, la secretaria del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García Vidal, y el representante legal de la empresa de construcción adjudicataria Ecisa, Vicente Gimeno Merino.

El fiscal ha considerado al exalcade de Puerto Lumbreras autor de los delitos de fraude, prevaricación continuada y fraude de subvenciones por el proceso de adjudicación y construcción del teatro-auditorio de Puerto Lumbreras, donde se invirtieron seis millones de euros y solo se llegó a ejecutar en un 61% del proyecto. Según habían apuntado informes periciales, la obra habría necesitado de otros 2,3 millones de euros para llevarse a cabo.

Anticorrupción ha acusado al arquitecto del proyecto de los tres mismos delitos que a Pedro Antonio Sánchez, y ha pedido dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación por espacio de 17 años y medio. Por otro lado, para Caridad García se han reclamado dos años y tres meses de prisión y 16 años y medio de inhabilitación por fraude y prevaricación continuada y para el constructor Gimeno se han solicitado dos años y tres meses de prisión y ocho años de inhabilitación por fraude.

El caso 'Auditorio'

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, un pueblo de Murcia lindante con Almería, decidió en 2006 que quería su propio complejo cultural con un teatro auditorio, un palacio de congresos y unas escuelas de música y danza. En plena burbuja inmobiliaria, impulsó un proyecto de 100.000 metros cuadrados para el disfrute de los 13.000 habitantes que tenía en el año 2005

“Con la construcción de este Teatro Auditorio, Puerto Lumbreras da respuesta a la carencia de un gran foro de encuentro ciudadano”, decía Pedro Antonio Sánchez en agosto de 2009. El proyecto había comenzado tres años antes con un encargo al estudio de arquitectura de Martín Lejárraga, que lo definió como una infraestructura necesaria para la localidad. “Un enclave dotacional en un amplio territorio interprovincial”, citaba la memoria del proyecto.

“Los fondos provenientes de la subvención de las obras del Auditorio, cambiaron de destino o aplicación, sin que conste en este sentido una resolución por la autoridad competente, desconociéndose cuales fueron esos usos”, escribió la jueza en el auto para separar las actuaciones.

El PSOE de Puerto Lumbreras advirtió entonces de las irregularidades, las reunió en una denuncia y las llevó a la Fiscalía. De la misma manera, el Juzgado de Lorca continuó investigando hasta que a finales de 2016 la jueza pidió al TSJMU que imputase a Sánchez y al resto de acusados. Su investigación le había llevado a concluir que existen “indicios de responsabilidad penal en los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público u oficia”.