Qué está pasando en el Consell de Ibiza y por qué acusan a su presidente de corrupción
El Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción de Balears contra el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí (PP), por presunta prevaricación administrativa, tráfico de influencias y coacciones, según avanzó el Periódico de Ibiza y Formentera y ha podido confirmar elDiario.es a través de fuentes judiciales.
Los hechos que se investigan tienen su origen en junio de 2020, durante la primera ola de la pandemia, cuando el Consell d’Eivissa, mediante un decreto de presidencia, declaró la tramitación de una campaña de promoción turística de la isla. Lo hizo por la vía de urgencia, es decir, sin pasar por concurso público ni negociado. La campaña, que consta de diferentes contratos, se adjudicó por 745.000 euros, entre ellos, el contrato asignado a Fuera de Escena Ibiza S.L. por 249.018 euros para la producción y el rodaje del cortometraje ‘La vida Islados’, que protagoniza la actriz Olivia Molina.
Intervención declaró anuló uno de los contratos
Dos meses más tarde, Intervención (órgano de control y fiscalización económica del Consell Insular) emitió, a través de la viceinterventora, un informe mediante el cual declaraba “nulo de pleno derecho” una factura presentada por Fuera de Escena Ibiza S.L. por un importe de 164.257,50 euros, haciendo referencia al artículo 39 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y al artículo 47 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Intervención argumentaba que el expediente se amparaba en una norma que “no es de aplicación al caso” (el Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la COVID-19) y, entre otras cuestiones, sostenía que en el expediente “no se justifica la concurrencia de los hechos objetivos que habilitan para la utilización del procedimiento de emergencia”, establecidos en el artículo 12 de la LCSP, instando a iniciar el procedimiento de la revisión de oficio.
Durante el mes de septiembre, el Consell de Eivissa, mediante un decreto de presidencia, levantó el reparo suspensivo formulado por Intervención, de acuerdo con el artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, “resolviendo la discrepancia a favor de continuar con la tramitación del citado expediente”, es decir, siguiendo con el procedimiento iniciado por el departamento de Promoción Turística. “Es un expediente administrativo (el que hace referencia a ‘La vida Islados’) que tiene más de 200 folios y que está avalado por diferentes informes jurídicos. Es cierto que Intervención puso un reparo, pero se ha levantado en virtud de informes jurídicos de la jefatura de Servicio de Presidencia”, explicó el vicepresidente primero del Consell Insular, Mariano Juan, en declaraciones a IB3.
La interventora acusa a Marí de ‘coacciones’
Durante el pleno ordinario del mismo mes, celebrado el 25 de septiembre del 2020, el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, anunció que continuaba con el procedimiento y criticó duramente a la viceinterventora de la institución que preside (sin nombrarla directamente), lo cual despertó las críticas en los partidos de la oposición al gobierno de PP y Ciudadanos. “La gran mayoría (de los funcionarios) trabaja y se esfuerza para cumplir con su obligación, pero, por desgracia, siempre hay una minoría que no tiene claro ni valora su situación, que cabría calificar, en algunos casos, de ‘privilegiada’, por el hecho de ser un servidor público. En ningún caso peligran sus retribuciones como ocurre en otros oficios y profesiones”, reprobó Marí, en referencia a la dura situación económica que pasaban muchas familias debido a la COVID-19. Se da la circunstancia de que la viceinterventora del Consell Insular en ese momento -ahora interventora- ha acusado recientemente al presidente Marí de ‘coacciones’, según avanzó Diario de Ibiza, sin que hayan trascendido los detalles de la acusación.
Marí debería haber declarado en calidad de investigado el 9 de febrero, aunque el juicio se ha aplazado, según informaron fuentes de la institución insular el 3 de febrero. Un día antes, el 2 de febrero, el gobierno del Consell d’Eivissa informaba de que había puesto en conocimiento de los juzgados y de la Fiscalía Anticorrupción presuntas irregularidades en relación a unas contrataciones que el anterior equipo de gobierno, formado por el PSOE y Guanyem-Podem, había realizado con la Asociación de Madres y Padres con Discapacidad de Balears (Amadiba), con la que la institución insular ha contraído una deuda superior a 2 millones de euros por unos trabajos realizados entre 2017 y 2019, informó el gabinete de comunicación del gobierno del Consell Insular en una nota de prensa.
Del mismo modo, el expediente ligado a la contratación queda suspendido, “hasta que alguna comparecencia judicial de los anteriores mandatarios pueda reconocer haber encomendado los servicios, cosa que podría abrir la puerta a la tramitación de las facturas”, que Amadiba reclama desde 2018, según el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos. “Podrían haber encomendado unos trabajos de manera verbal, sin ningún tipo de procedimiento (ni ordinario, ni extraordinario) y sin el aval de ningún técnico de la corporación”, explicó Juan, vicepresidente primero del Consell, en rueda de prensa.
El gobierno conservador llega a estas conclusiones después de que se haya aprobado un informe técnico elaborado por el personal jurídico de la institución. “Amadiba adjunta como prueba dos contratos que el dictamen afirma que se fabricaron fraudulentamente después de que el Consell Executiu -el órgano de contratación del Consell d’Eivissa- los denegara”, afirma en su comunicado, en el que, supuestamente, una trabajadora de la institución habría manifestado que recibió “presiones políticas” para conformar unas facturas “en las que faltaba alguna tramitación”.
“Judicializar este caso no aporta nada”, valoraba la presidenta del Govern, Francina Armengol (PSOE), en declaraciones a Radio Ibiza, al conocer que el gobierno conservador iba a denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción contrataciones de servicios que se habían adjudicado en la pasada legislatura progresista. “Es de una crueldad excesiva”, afirmaba Armengol. La presidenta del Govern se preguntó por qué el Consell d’Eivissa había tardado cuatro años en descubrir “posibles irregularidades”, después de haber asegurado a Amadiba que “arreglarían la situación, pagarían los servicios prestados para dar garantías a la entidad y a sus trabajadores, que es lo que necesitan”. Marí, por su parte, dijo que Amadiba “cobrará”, pero que antes se debían aclarar las presuntas irregularidades.
Acusaciones cruzadas entre PP y PSOE
El caso de ‘La vida Islados’ ha dado un nuevo giro esta pasada semana, después de que se hiciera público que la interventora del Consell d’Eivissa, quien había declarado nulo uno de los contratos de la campaña turística que se tramitó en plena pandemia, se ha personado en la causa, acusando al presidente del Consell Insular, Vicent Marí (PP), de “coacciones”. “Yo soy funcionario y nunca le he dicho a un funcionario cómo tiene que hacer su trabajo. Respeto la independencia de todos los funcionarios. Soy extremadamente respetuoso y lo he manifestado a todos los funcionarios que he tenido delante cuando he tenido ocasión”, se defendió Marí, en una comparecencia ante los medios de comunicación.
A solo unos meses de las elecciones locales y autonómicas, Marí ha atribuido que detrás de esta acusación podría haber una estrategia que obedece a intereses políticos para condicionar las elecciones. “No sé a qué viene todo esto, no sé a qué obedece. Me imagino que hay intereses ocultos, políticos, de alguna manera. Estamos cerca de las elecciones. No es la primera vez que estoy en un juzgado antes de unas elecciones”, manifestó. Marí quiso aclarar que la campaña de promoción turística que se cerró en el verano de 2020 se hizo en momentos difíciles, “quizás los más difíciles que ha vivido esta sociedad en años, por la situación sanitaria, social y económica que sufríamos”.
El presidente popular ha justificado que su gobierno aplicó los mecanismos legales que había en ese momento y ha considerado que se tomaron las decisiones correctas. “Lo volvería a hacer. No me arrepiento”, aseguró. En este sentido, ha calificado la situación de “surrealista total”, ya que, en sus palabras, ha insistido en que ha pedido declarar hasta en siete ocasiones, tanto a la Oficina Anticorrupción, como a la Fiscalía y al juzgado. “La verdad es que no puedo expresar más que mi sorpresa porque intentando declarar, voluntariamente, en siete ocasiones que lo he manifestado por escrito, no he podido hacerlo”, indicó.
No me arrepiento. No sé a qué viene todo esto. Me imagino que hay intereses ocultos, políticos, de alguna manera. Estamos cerca de las elecciones
“Hoy (por el jueves) debería de estar declarando en el juzgado. La defensa de la Interventora pidió un aplazamiento, por tanto, no tengo nada que decir. Ojalá mañana (por el viernes) me citen para declarar y pueda dar mi versión de los hechos”, justificó Marí. La fecha en que se tenía que celebrar la declaración de Marí ante el juez ha causado polémica porque, en un primer momento, tendría que haber ocurrido el 9 de febrero.
El Consell Insular explicó que la fecha se había aplazado y el pasado jueves Marí indicó que había sido a petición de la defensa de la viceinterventora. Según publica Diario de Ibiza, la vista se ha pospuesto al 7 de marzo, día en que la abogada de Marí tendría turno de oficio, motivo por el cual habría pedido posponer la declaración a junio. “Iré a declarar cuando me cite el juzgado. No marco las agendas judiciales, ni las agendas de los letrados. Estoy a disposición del juzgado”, señaló Marí, preguntado por esta cuestión.
El PSOE, por su parte, asegura que se trataría de una estrategia del PP para evitar que Marí declare antes de las elecciones. “Es impresentable que el presidente, después de decir que tenía muchas ganas de declarar, haya pedido hacerlo después de que pasen las elecciones, en el mes de junio. Nos parece una tomadura de pelo en toda regla”, sostuvo Pilar Costa, portavoz de los socialistas ibicencos. Esta redacción no ha podido conocer las razones del aplazamiento del juicio, ni por fuentes cercanas a la defensa, ni por fuentes cercanas al presidente.
Es impresentable que el presidente, después de decir que tenía ganas de declarar, haya pedido hacerlo después de las elecciones. La única institución insular gobernada por el PP en Balears vuelve a ser noticia por presuntos graves casos de corrupción
Pese a que ha evitado pedir dimisiones, el PSOE ha pedido explicaciones tanto a Marí, a quien ha exigido que haga público el expediente de la causa por la que se le investiga, como a Marga Prohens, candidata del PP a las próximas elecciones al Parlament. “Queremos saber qué dice la querella de la Fiscalía Anticorrupción, que está acusando a Vicent Marí de una presunta corrupción, falsedad documental, prevaricación”, afirmó Costa, en una rueda de prensa. “La única institución insular gobernada por el PP en las Illes Balears (en referencia a consells y al Govern) vuelve a ser noticia por presuntos graves casos de corrupción”, criticó Costa. “Todo esto puede tener que ver con relaciones empresariales y con el PP como partido”, remarcó.
Preguntada por el caso ‘Amadiba’, que afecta al anterior ejecutivo progresista del Consell Insular, Costa lo diferenció del caso ‘La vida Islados’ porque, según argumentó, problemas concretos con expedientes desde la vía administrativa hay regularmente en todas las administraciones. “La Fiscalía Anticorrupción ha visto que esto (el caso que afecta al PP) va mucho más allá de una irregularidad administrativa”, aseveró.
Amadiba valora acudir a los tribunales
Durante el tiempo en que ambos casos han sido noticia en la prensa local, ha habido acusaciones cruzadas entre PP y PSOE, sobre supuestas campañas y montajes de un partido hacia el otro, con el objetivo de perjudicar su imagen de cara a la opinión pública. En opinión de Costa, el PP habría filtrado interesadamente su investigación en la causa de ‘La vida Islados’, un día después de que los populares convocaran una rueda de prensa para anunciar que iban a poner en manos de la Fiscalía Anticorrupción el caso ‘Amadiba’. “Me parece indignante, por no decir repugnante, por el mal que le haces a una entidad que nada tiene que ver con todo esto”, criticó Costa, quien tildó la acción como una ‘cortina de humo’. Meses atrás, el presidente Marí se refería al caso de ‘La vida Islados’ como “un montaje del Partido Socialista”.
Amadiba, por su parte, está valorando presentar un contencioso-administrativo contra el Consell d’Eivissa por los más de 2 millones de euros que la corporación insular le debe por los servicios prestados entre 2017 y 2019, según publicó Diario de Ibiza. “Estamos desolados, teníamos la esperanza de que habría un acuerdo entre el actual gobierno insular y el del anterior mandato y que, después de tantos años, las cosas se solucionarían por la vía de la concordia”, explicó Jane King, gerente de Amadiba, en declaraciones a Diario de Ibiza. “Que lleven el tema a la Fiscalía Anticorrupción y a los juzgados de Instrucción a nosotros no nos soluciona nada, porque a corto plazo no podremos cobrar el dinero que nos deben”, aseguró. La gerente de Amadiba lamentó que la asociación fue “incauta e inocente” al firmar, el pasado mandado, dos contratos “sin expediente administrativo detrás”.
0