La aplicación de la perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos públicos no es un capricho ideológico ni una moda pasajera: es una obligación democrática que refleja el compromiso real de las administraciones con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Andalucía fue durante años un referente estatal en esta materia, gracias a un sólido entramado normativo que tenía como eje la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género, así como el desarrollo de mecanismos específicos para evaluar el impacto de género de las normas y políticas públicas.
Ese compromiso comenzó a resquebrajarse con la llegada del Partido Popular al gobierno autonómico y dio un paso decisivo hacia atrás en 2024, cuando mediante el Decreto-ley 3/2024 de medidas de simplificación y racionalización administrativa, ese partido político decidió eliminar las comisiones encargadas de analizar el impacto de género en el desarrollo normativo.
Sin embargo, esta supresión no elimina la obligación legal de incorporar dicha perspectiva: el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que no puede ser modificado por decreto, establece expresamente la necesidad de informes de impacto de género. Y los presupuestos públicos —también los locales— tienen naturaleza normativa, en concreto reglamentaria, por lo que esta exigencia sigue plenamente vigente.
Es desde este marco jurídico y político desde el que deben analizarse las enmiendas presentadas por Vox a los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla. Enmiendas que no son neutras ni técnicas, sino profundamente ideológicas, por mucho que el alcalde sevillano diga lo contrario, y que reflejan con absoluta coherencia una cosmovisión reaccionaria, excluyente y jerárquica, propia de la extrema derecha europea y en sintonía con los modelos sociopolíticos del fascismo histórico.
Vox propone un modelo de ciudad en el que no hay espacio para la justicia social, la igualdad, la diversidad ni lo colectivo, salvo cuando esto último se encuentra vinculado a determinadas festividades religiosas. En ese proyecto, las mujeres no son sujetos de derechos, sino instrumentos al servicio de un ideal familiar y demográfico: sólo interesan en tanto que son potenciales madres. Así, se promueven ayudas asistencialistas vinculadas a la procreación mientras se eliminan o vacían de contenido los recursos destinados a garantizar la igualdad real o a prevenir y combatir la violencia de género. No es casual que su primera gran enmienda suponga, de facto, la desaparición del Servicio de la Mujer.
Tampoco las niñas y los niños ocupan un lugar central como sujetos de derechos. La preocupación de VOX se limita al momento previo al nacimiento o, como mucho, a los primeros días de vida. De ahí propuestas como la creación de espacios en cementerios para fetos no nacidos o los cheques bebé, sin que exista ninguna medida orientada a garantizar que esos menores crezcan en una sociedad que proteja su libertad, su diversidad y su seguridad material.
En este modelo no hay lugar para mujeres autónomas, ni para personas LGTBI, ni para la diversidad cultural. Mejor no ser gay, lesbiana, trans o intersexual; mejor no ser una niña que aspire a desarrollarse en igualdad; y, desde luego, mejor no ser extranjero, colectivo que en estos presupuestos pasa a ser perseguido incluso mediante el ataque a su derecho al empadronamiento.
Lo más grave es que estas propuestas no encuentran resistencia en el Partido Popular de Sevilla. Al contrario: existe una evidente sintonía política. El PP acepta prácticamente todas las enmiendas de Vox, incluidas las más regresivas para los derechos de las mujeres. Incrementa el bono por nacimiento, crea líneas de financiación para entidades antiabortistas, consolida el “chiringuito” antiabortista creado en 2025 y mantiene a su directora, cobrando un “sueldazo” y sin saber muy bien cuál es su función, sin mérito alguno más que ser de Vox, ni concurrencia pública, mientras se recortan de manera drástica las políticas de igualdad.
El resultado es demoledor: una reducción de 645.000 euros en políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género, lo que supone recortar a la mitad el presupuesto previsto inicialmente para las mismas en 2025. Porque acabar con la igualdad puede hacerse de dos maneras: mediante su demolición frontal, más propia de Vox, o a través de una erosión progresiva, silenciosa y “técnicamente” justificada, estrategia habitual del PP. Esta segunda vía suele generar menos titulares, pero es igual de eficaz.
El movimiento feminista sevillano conoce bien esta dinámica. Las asociaciones de mujeres de los barrios obreros, junto a los sindicatos feministas de clase como Comisiones Obreras, han mantenido en su mayoría, una oposición constante desde el Consejo Municipal de la Mujer a esta estrategia del PP y por lo tanto este representa un espacio de resistencia que para el delegado de que dirige las áreas de Servicios Sociales, Barrios y Colectivos de Atención Preferente, Empleo, Familia e Igualdad y Asociaciones debe ser objeto de castigo ejemplar.
Por ello, los recortes a las subvenciones de libre concurrencia para estas asociaciones alcanzan el 86%, reduciendo una partida ya insuficiente a una cantidad irrisoria que pone en riesgo su supervivencia. Al mismo tiempo, se crean nuevas líneas de financiación para asociaciones antiabortistas, se detraen fondos del Servicio de la Mujer, entre estos una buena parte del dinero previsto para campañas de sensibilización contra la violencia de género y se priorizan gastos vinculados al boato, al arte sacro o a celebraciones religiosas frente a políticas sociales básicas, incluso a costa de reducir recursos destinados a personas sin hogar.
Nada de esto es accidental. La demolición de la igualdad es una condición necesaria para la implantación de modelos políticos no democráticos. Los sistemas autoritarios sólo pueden sostenerse en sociedades homogéneas, jerarquizadas y sometidas. En estas todos los hombres se someten a un líder y todas las mujeres son sometidas a todos los hombres. Sin igualdad no hay democracia posible, porque la desigualdad estructural convierte la libertad en un privilegio y los derechos en una ficción.
Los presupuestos que se acaban de presentar como ajustes presupuestarios o decisiones técnicas se incardinan, en realidad, una ofensiva ideológica perfectamente diseñada. Sevilla se está convirtiendo en un laboratorio de la nueva (vieja) política reaccionaria: una política que necesita mujeres subordinadas, asociaciones debilitadas y derechos vaciados para poder avanzar. Frente a este escenario, la resistencia feminista no es sólo legítima: es imprescindible. Porque cuando se desmantela la igualdad, no hay paz posible para las mujeres, ni democracia para nadie.
Sobre este blog
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