La supuesta “lucha contra la mafia” que Luis 'Alvise' Pérez preconiza desde hace años en Twitter y Telegram no se está desarrollando como preveía. El eurodiputado de extrema derecha, sumido en una profunda crisis interna de su partido y enfrentado a tres imputaciones en el Tribunal Supremo, acaba de encajar su cuarta derrota judicial: tendrá que indemnizar a José Luis Ábalos por difamarle ante sus miles de seguidores. La factura por lo que él vende como una pelea contra el poder que, en realidad, supone hostigar a políticos y periodistas con fotos privadas e insinuaciones, roza ya los 100.000 euros entre condenas judiciales y multas de Protección de Datos.

El pilar maestro del discurso que le ha convertido en el máximo 'influencer' de la extrema derecha, primero como agitador en Twitter y Telegram en el ecosistema valenciano en la órbita de Ciudadanos y después como eurodiputado con partido propio, ha sido afirmar que su misión es pelear contra una “mafia” inconclusa compuesta por políticos, periodistas y algunos empresarios que, a su vez, intenta de alguna manera destruir España. La mayor parte son del espectro progresista y, las menos veces, del entorno conservador. Y todo ello lo hace después de trabajar al servicio de varios partidos políticos.

Alvise rara vez ha llegado a cumplir las promesas que le han granjeado la suscripción incondicional de cientos de miles de usuarios: ni pruebas de sobornos masivos en la política o la judicatura, ni tampoco la “catarsis” que prometió si llegaba a Bruselas. Pero los registros de sus redes sociales sí muestran el rastro de su principal actividad en estos años: conseguir fotos de políticos, periodistas o empresarios en situaciones anodinas de su vida privada y publicarlas con mensajes que dan a entender que han sido cazados por sus 'ardillas' –así se refiere a sus seguidores– haciendo algo inconfesable.

Entre las imágenes distribuidas se pudo ver a un ministro de compras, un periodista cenando o cualquier personaje público en un avión. Y las fotos las acompaña de un mensaje inspirado en el 'project Mayhem' del Club de la Lucha –una de sus referencias predilectas– que da a entender que la sociedad civil invisible a ojos de los poderosos es ahora un gigantesco 'Gran Hermano' que les vigila y les fotografía cuando ejercen como “mafia”. Esa supuesta lucha contra la corrupción por ahora no ha destapado corrupción alguna, pero sí se ha traducido en varias condenas para Alvise por hostigar, exponer y difamar a sus objetivos que rozan, entre todas, los 100.000 euros.

Juzgados y tribunales de todos los estamentos de la judicatura han condenado al líder de 'Se Acabó La Fiesta' por la vía civil, explicando en sus sentencias que lo que él denomina “lucha contra la corrupción” no es otra cosa que hostigar a personas públicas publicando fotos de momentos privados sin su consentimiento y con mensajes plagados de insultos o falsedades. Cuatro condenas judiciales –una de ellas ya firme– y varias investigaciones penales en curso explican que no estaba revelando ninguna trama corrupta: estaba acosando o promoviendo el acoso.

Del respirador de Carmena a la terraza de Ábalos

Las redes sociales de Alvise ya eran muy activas antes de la pandemia, pero subió la intensidad de su presencia pública con la llegada del coronavirus y las restricciones. Desde sus cuentas difundió convocatorias de manifestaciones o campañas contra el Gobierno pagadas, afirmaba, con sus propios ahorros o las donaciones de sus seguidores, a los que bautizó como 'ardillas'. Y entre mensaje y mensaje, difundía fotos de personalidades públicas en situaciones cotidianas revestidas de actividad sospechosa.

Dos de sus grandes obsesiones históricas son José Luis Ábalos y Óscar Puente. Al primero, ahora sumido en el caso Koldo, le ha dedicado decenas de mensajes incluso con el megáfono en su acto fin de campaña de las europeas en la Plaza de Colón de Madrid. Uno de sus tuits mostraba una foto de Ábalos en una terraza de su casa en València e insinuaba que tenía problemas de salud mental: un mensaje que se ha traducido en una condena económica, todavía recurrible, de 60.000 euros que Alvise tendrá que pagar a Ábalos.

No es su única condena a indemnizar al exministro de Transportes y hoy imputado en el Tribunal Supremo. Una segunda sentencia más reciente ha añadido 20.000 euros a la cuenta por otro tuit con la misma fórmula: una foto de Ábalos, esta vez en una cafetería con un amigo, pero mintiendo sobre la identidad de su acompañante y celebrando la vigilancia que ejerce sobre él, miembro de la “mafia”.

Los argumentos de los jueces son muy parecidos: que sus enemigos sean personajes públicos no le da carta blanca para insultarles o difamarles y tampoco para difundir imágenes privadas sin su consentimiento. El argumento es similar al que le reprochó el Tribunal Supremo cuando declaró firme su condena civil a indemnizar con 7.000 euros a la periodista Ana Pastor por publicar una foto de ella y su marido, Antonio García Ferreras, cenando y dando a entender que hacían algo ilegal o sospechoso.

Su cuarta condena judicial, recientemente confirmada por la Audiencia de Madrid, es la que le obliga a pagar 5.000 euros a Manuela Carmena, exalcaldesa de la ciudad, por uno de sus grandes bulos de la pandemia: que había recibido un respirador privado en su casa cuando ese material escaseaba en los colapsados hospitales, donde cada día fallecían cientos de personas víctimas del coronavirus. Esta sentencia también desveló la estrategia de Alvise para esquivar o retrasar los procedimientos judiciales abiertos contra él: se negó a coger las notificaciones que los procuradores llevaban a su casa.

Otros 5.000 euros más no han llegado por la vía judicial. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso esta multa al agitador ultra por sus ataques a otra de sus grandes obsesiones: Óscar Puente. El hoy líder de SALF publicó una foto en Telegram del ministro con una mujer joven, insinuando que era su amante: la realidad es que era la hija menor de edad del ministro. El mensaje de Alvise tenía todos los ingredientes habituales: “Sé qué dices, a quién, dónde y cuándo, Óscar Puente. Como ahora mismo con tu 'amiga' en el MadCool”.

Causas penales abiertas en el Supremo

La estrategia de acoso de Alvise a sus hoy rivales políticos no se ha quedado en la jurisdicción civil, donde se expone a casi 100.000 euros en multas, pero no a ser condenado a prisión. El Tribunal Supremo mantiene abiertas al menos dos causas penales relacionadas con otros casos de hostigamiento que siguen el mismo modus operandi y que Alvise dirigió contra el president catalán, Salvador Illa, y la fiscal Susana Gisbert. A la espera de saber qué hacen los jueces con más acusaciones similares sobre, por ejemplo el líder del PSOE en León.

El tribunal ha pedido ya al Parlamento Europeo que levante la inmunidad de Alvise Pérez para poder interrogarle por otro de sus grandes bulos de la pandemia: que Salvador Illa había ido a un debate electoral en TV3 en las catalanas de 2021 a pesar de haber dado positivo en coronavirus poco antes. En su mensaje, además, adjuntaba un documento falso: una supuesta prueba PCR de un hospital de Barcelona.

Otra de las causas abiertas contra él por la Sala de lo Penal viene también de otra de sus luchas contra la “mafia”, en este caso contra los fiscales especializados en delitos de odio y que, por tanto, persiguen mensajes racistas como los que él ahora ha convertido en mensajes políticos. Subió fotos de la fiscal Susana Gisbert, especialista en delitos de odio en València, invitando a sus seguidores a averiguar datos sobre ella y acosarla.

Los anuncios de lucha contra la corrupción del sistema político y mediático español, eje principal de la campaña de Alvise para llegar al Parlamento Europeo, se han encontrado con una incongruencia en forma de diligencias judiciales: la investigación que abrió hace semanas el Tribunal Supremo contra él por financiarse de forma supuestamente ilegal con los 100.000 euros que le entregó en mano y en efectivo el empresario de las criptomonedas Álvaro Romillo. En este caso, como en los anteriores, Alvise ha vestido sus acciones de algún tipo de insurgencia: en este caso de insumisión fiscal. Tal y como reveló elDiario.es, en las conversaciones entre ambos Alvise prometía favorecer al empresario si accedía a algún puesto de poder.

Primera condena firme para Luis 'Alvise' Pérez por acosar a políticos y periodistas en internet. El Tribunal Supremo ha confirmado que el líder de 'Se Acabó la Fiesta', eurodiputado electo desde hace más de una semana, debe indemnizar con 7.000 euros a la periodista Ana Pastor por difundir en Twitter fotos de ella cenando con su marido, Antonio García Ferreras, afirmando que forman parte de una “mafia”. Inicialmente los tribunales madrileños le habían impuesto 10.000 euros. “El ánimo de molestar” a Ana Pastor, dicen el Supremo y la Fiscalía, “no dota de interés general alguno a la publicación de su imagen realizada sin su consentimiento”.

El agitador ultra se presentó a las últimas elecciones europeas el pasado 9 de junio, consiguiendo más de 800.000 votos y tres escaños en el Parlamento Europeo con su agrupación de electores 'Se Acabó la Fiesta'. En los cinco años previos y después de trabajar para Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Pérez desarrolló una intensa actividad tanto en Twitter como en su canal de Telegram, donde atesora más de medio millón de seguidores, difundiendo consignas racistas y machistas, en ocasiones conspiranoicas y muchas veces hostigando a políticos y periodistas del espectro progresista.

Uno de sus objetivos desde hace años es Ana Pastor. La periodista y fundadora de Newtral le ha llevado en dos ocasiones a los tribunales: una por afirmar sin pruebas que gestionaba de forma ilegal la tributación de su empresa, y otra por colgar fotos de una cena privada con su marido y Óscar Camps, líder de Open Arms, dando a entender que hacían algo ilegal. En el primer caso el Tribunal Supremo avaló que Pérez y otro 'youtuber' ultra especularan sin pruebas sobre Ana Pastor y su empresa, pero en el segundo la Audiencia de Madrid firmó una indemnización de 10.000 euros para la periodista.

El hoy eurodiputado electo difundió la imagen de Pastor, García Ferreras y Camps cenando en Balears con un mensaje: “Nunca antes la mafia se había sentido tan cercada, observada y desenmascarada como ahora. Esto tan sólo acaba de empezar”. Un juzgado dio la razón al agitador en primera instancia pero la Audiencia Provincial decidió condenarle por la vía civil. Ana Pastor, dijeron los jueces, “no ejerce cargo público alguno por más que por su profesión de periodista y presentadora de televisión tenga cierta proyección pública, sin que las fotografías tengan relación alguna con este ámbito profesional”. Unas fotos que invadían su vida privada y que fueron, además, difundidas sin su consentimiento.

Los jueces del Supremo estiman parcialmente el recurso del agitador y rebajan a 7.000 euros su condena inicial al entender que una de las tres fotografías que publicó, que salía junto a Ferreras y a Óscar Camps, sí podía estar legitimada “por el ejercicio de la libertad de información”. En cuanto al resto de fotografías, los jueces explican que el carácter público de Pastor y Ferreras no les convierte automáticamente en algo de interés general. “Supondría en la práctica la privación de sus derechos a la intimidad familiar y a la propia imagen”.

Las múltiples condenas de Alvise

Los bulos que Luis 'Alvise' Pérez lleva años publicando en su canal de Telegram se han traducido en varias causas judiciales contra él, tanto por la vía civil como por la vía penal. Su futuro sillón de eurodiputado implicará su aforamiento ante el Tribunal Supremo pero solo en lo que tiene que ver con las –al menos– dos causas penales en las que está imputado: una por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa y otra por difundir grabaciones de la 'operación Kitchen'. Pero sus causas civiles, más numerosas y con varias condenas económicas de por medio, no se ven afectadas por sus resultados electorales.

Su objetivo cuando se presentó a las elecciones europeas, dijo por activa y por pasiva el agitador ultra, era quedar aforado y proteger lo que denomina su “lucha” contra la corrupción, que a día de hoy no está muy claro cuál es y en qué consiste. Pero ese aforamiento no le protege de las causas tramitadas en la vía civil que ya le han costado varias condenas pendientes de ratificación por el Supremo: los 5.000 euros que, por ejemplo, tiene que pagar a Manuela Carmena por inventarse que recibió un respirador en su casa durante lo peor de la pandemia.

También está pendiente de que los tribunales repitan la sentencia sobre su condena más voluminosa hasta la fecha: los 60.000 euros que fue condenado a pagar al exministro José Luis Ábalos. En ese caso, también por difundir imágenes suyas en su domicilio y dando a entender que tenía algún problema de salud mental. En ese caso los tribunales han ordenado repetir la resolución por problemas en la notificación de las resoluciones del caso.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha respaldado la decisión de la exministra de Sanidad Ana Pastor de dejar la política y fichar por una aseguradora sanitaria. Confía, ha dicho, en que se desempeñará con “la misma eficacia y honradez” que en sus cargos públicos, entre los que están también el de ministra de Fomento, un puesto que ocupaba cuando descarriló en Santiago un tren Alvia en el que murieron 80 personas y 144 quedaron heridas. Después se sabría que intentó que la Comisión Europea no divulgase un informe que cuestiona la investigación que hizo el Gobierno.

Sobre su decisión de dejar el acta de diputada en el Congreso, Rueda, que ha recordado que le une a Pastor una amistad personal, ha dicho que está seguro “al cien por cien de que es una transición que puede hacer desde todos los puntos de vista”.

Ha hecho un reconocimiento a la “larga y fructífera” carrera de la exministra y ha dado su evaluación sobre su paso por responsabilidades públicas: “Lo desarrolló bien. Lógicamente, con momentos mejores o peores, como tenemos todos”. Como política, insistió, a él le parece “magnífica”.

La decisión de que pasará a trabajar para la mutua sanitaria AMA la anunció la semana pasada Pastor. Pone fin así a una dilatada trayectoria política en el PP después de haber pasado los últimos dos años, con Alberto Núñez Feijóo al frente, sin un papel claro en el partido.

A principios de la década de los 2000, Ana Pastor –entonces ministra de Sanidad– visitaba las obras del puerto exterior de A Coruña con sus compañeros del grupo municipal del PP, cuando un periodista le preguntó “en calidad de qué” acudía a comprobar el desarrollo de aquellos trabajos, aparentemente tan apartados de su área de responsabilidad. Pastor, fuera de juego, apenas pudo balbucear una respuesta. Poco después, el director del medio en el que trabajaba aquel periodista recibía una llamada y de pregunta y respuesta nunca más se supo. No fue una amenaza –ni tampoco un “anuncio”, por utilizar la terminología de MAR–, sino una petición personal. Pastor conseguía más con el guante de seda que con el puño de hierro.

Vista hoy, la carrera posterior de la recién dimitida parecía emprender una enmienda a la totalidad a aquella pregunta. Pastor, médica de formación, sólo fue ministra de Sanidad dos años, los últimos del gobierno Aznar. Sin embargo, la vuelta al poder del PP, con su amigo Mariano Rajoy en Moncloa, le devolvería una cartera: la de Fomento, sustituyendo a otro diputado por Galicia, el socialista José Blanco. Ya podía opinar sobre puertos, aeropuertos... y alta velocidad. Aunque, a veces, le costaría hacerlo. Durante su mandato se produjo el accidente de Angrois, con 80 fallecidos y 144 heridos, el segundo más grave de la historia del ferrocarril en España.

El papel de Pastor es todavía hoy muy criticado por las asociaciones de víctimas. “Ana Pastor ha sido la persona que más ha trabajado desde las instituciones públicas para tratar de ocultar las verdaderas causas de la tragedia”. Entre sus movimientos, destacan el intento de evitar que la Comisión Europea divulgase el informe en el que cuestionaba la investigación del Gobierno. A un mes de las elecciones generales de 2016, escribió una carta personal a la comisaria de Transporte en la que la “alertaba” de la gravedad que supondría hacerlo público.

Para las víctimas, lo que buscaba era evitar que se supiese que, siendo ministra, se desconectó el sistema de seguridad ERTMS para evitar retrasos sin realizar el análisis de riesgos. Ese sistema, según los expertos, habría evitado el fatal descarrilamiento. Hoy, la causa, está vista para sentencia con sólo dos acusados: el maquinista, Francisco José Garzón, y el que fuera jefe de Seguridad de Adif.

Maniobras desde la Presidencia del Congreso

Pastor vivió la segunda legislatura de Rajoy como tercera autoridad del Estado. Durante ese tiempo, desde la Presidencia del Congreso, no dudó en poner los intereses de su partido por delante de su papel institucional. En Galicia recuerdan cómo vetó una y otra vez el debate sobre la transferencia de la autopista AP-9, de la que hoy el PP hace causa. Pero no quedó ahí. Sus maniobras parlamentarias y su manejo de los tiempos buscó siempre sacar rédito para los suyos. Un cálculo que le falló tras la presentación de la segunda y definitiva moción de censura contra Mariano Rajoy. Convocó la sesión sólo para seis días después, pensando que con ese escaso margen, PSOE y Unidas Podemos no tendrían tiempo de convencer a los nacionalistas.

Pero sucedió justo lo contrario: esa prisa permitió que las fuerzas estatales recabasen el apoyo de los grupos minoritarios sin ofrecer nada a cambio. A toro pasado, los impulsores de aquellas negociaciones ven a Pastor como “la gran instigadora de la moción” y no dudan de que su exceso de diligencia fue clave para alcanzar un final exitoso.

Tras la marcha de Mariano Rajoy, Pastor, y pese a asegurar que se lo habían pedido “muchos militantes”, no presentó candidatura a presidir el PP. Se refugió en su responsabilidad como presidenta del Congreso, desde donde seguía maniobrando en beneficio de los suyos, a través de la mesa de la Cámara, contra el primer Gobierno Sánchez. Entonces evitó elegir entre Casado y Sáenz de Santamaría mientras admitía que la negativa final de Feijóo a presentarse le había provocado “un disgusto gordo”.

Ese papel neutral, casi borbónico, que le gustaba representar, se repitió en el congreso del PP de 2018, donde ejerció como presidenta de la mesa electoral. Tras la derrota de su “amiga” Soraya, heredera oficiosa del marianismo, no dudó ni tardó en alinearse con Pablo Casado. Fue su número 2 por Madrid en las elecciones generales de 2019, en un guiño al sector fiel a Rajoy, pero también una de las dirigentes de su núcleo que más claramente le enseñaron la puerta tras su denuncia sobre las comisiones que cobró durante la pandemia el hermano de Isabel Díaz Ayuso.

Su papel en la decapitación de Casado

En la eterna reunión de nueve horas en la que el comité de dirección del PP –los 12 dirigentes más próximos a él– convenció a Pablo Casado de que convocase a la junta directiva en la que acabó dimitiendo, Ana Pastor llegó a pedir al resto de sus compañeros que nadie se levantara de la silla hasta obtener lo que buscaban: el compromiso de que se haría a un lado para facilitar un cambio de liderazgo. Si Casado esperaba levantar un muro de contención, se encontró con un barranco. Y Pastor fue una de las que lo empujaron con más fuerza.

Con Feijóo al frente del partido, Pastor volvió a encabezar la lista al Congreso por Pontevedra mientras el nuevo líder fichaba como número dos a la ex de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz –también gallega, pero de Lugo– y llenaba los puestos de salida de la lista madrileña con sus afines. Aunque él se envuelva en la capa de heredero de Rajoy, hace mucho que no existe sintonía entre Feijóo y Pastor, esta sí amiga del expresidente del Gobierno. La vicesecretaria del partido regresó a la Cámara baja, pero su papel estaba más desdibujado. Y eso que se esforzaba en desarrollar un perfil más acorde con el que marca el actual PP. No dudó, por ejemplo, en utilizar las redes sociales para respaldar al portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, cuando éste defendió el acoso sufrido a bordo de un tren por el ministro Óscar Puente.

En la red X, antes twitter, Pastor se despojaba de esa aura de moderación que siempre la ha acompañado. En el año 2000, cuando presidía el Congreso, el periódico compostelano El Correo Gallego la nombraba Gallega del Año y la alababa como “la gran dama de la política”. Sin embargo, nueve años después, era una de las dirigentes que sujetaba la pancarta de Galicia Bilingüe contra la supuesta imposición lingüística del bipartito. Con Feijóo de viaje electoral en Argentina, fueron ella y Alfonso Rueda, entonces número dos del PPdeG, quienes defendieron la postura del partido. A su lado, Rosa Díez y un bisoño Albert Rivera. Los convocantes, convertidos ya en Hablamos Español, se mueven hoy en la órbita de Vox.

Sanxenxo y el Casino: la sociedad bien de Pontevedra

Aunque zamorana de nacimiento, Pastor (Cubillos, 1957) forma parte del clan de Pontevedra, el grupo de los más próximos a Mariano Rajoy y en el que también se ha hecho un perfil propio el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Son habituales en los veraneos de Sanxenxo y en esos bailes del Casino donde se sigue presentando en sociedad a las jóvenes. El marido de Pastor, José Benito Suárez, presidente de la autoridad portuaria de Marín desde hace 15 años –el segundo más longevo en toda la historia de los puertos españoles– es ese rostro anónimo que acompaña a Mariano Rajoy en sus habituales rutas de senderismo, una afición a la que se ha sumado en los últimos tiempos el jefe del ejecutivo gallego.

Fue Suárez –no Pastor– quien apareció en el vídeo electoral en el que amigos y familiares de Rueda hablaban del hombre detrás del político. Él fue el primero en desvelar el “defectillo” que marca el carácter del líder de los populares gallegos: la impuntualidad. “Tamén teño que dicir que isto fala no seu favor, é o último que se vai [tengo que decir que esto habla a su favor, es el último que se va]”, aseguraba en un fluido gallego, ese idioma contra el que se manifestó su mujer y que ni ella ni su amigo Mariano utilizan jamás en público.

Hoy, con su salto a la sanidad privada, Ana Pastor ha puesto fin a casi tres décadas de actividad política. De la guardia pretoriana de Rajoy ha sido, también, a última que se vai.

Ana Pastor, diputada por el PP y exministra de Sanidad y Fomento en los gobiernos de Aznar y Rajoy, ha anunciado que deja la política y su acta del Congreso para volver a trabajar en el ámbito sanitario. “Mi partido me ha dado todo y yo le he dado lo mejor de mí misma, tanto cuando nos tocó gestionar los intereses de los españoles al frente del Gobierno, como cuando nos correspondió trabajar desde la oposición”, afirma en un comunicado la expresidenta del Congreso, considerada del sector del PP más cercano a Mariano Rajoy.

Tal y como explica El Español, el destino de Pastor es la Agrupación Mutual Aseguradora, seguros para los profesionales del sector sanitario. Ocupará su lugar en el Congreso Juan Andrés Bayón, concejal en Galicia y dirigente de Nuevas Generaciones en la comunidad autónoma.

Pastor fue ministra de Sanidad durante la última legislatura de José María Aznar y de Fomento durante los primeros cinco años de Mariano Rajoy, así como presidenta del Congreso hasta 2019. El PP no especifica donde trabajará más allá de explicar que, médico de profesión, se reincorpora al ámbito sanitario: “Al mundo de las instituciones profesionales del ámbito sanitario, donde seguirá contribuyendo y aportando su experiencia para la mejora de las condiciones de los distintos servicios de salud”, explica la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Del sector del partido más cercano al expresidente Rajoy, Ana Pastor fue una de las caras visibles del PP durante la pandemia y en el mandato de Pablo Casado, oponiendo su perfil más sereno al de la entonces portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Fue elegida para ser portavoz del partido en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica de la cámara baja.

El Tribunal Supremo ha anulado la condena impuesta al agitador ultra Luis 'Alvise' Pérez por vulnerar el honor de la periodista Ana Pastor. Los jueces de la sala de lo civil han revocado una sanción de 1.000 que Pérez, uno de los promotores de las primeras manifestaciones frente a la calle Ferraz y el Congreso de noviembre, había sido condenado a pagar a la periodista por insinuar, sin pruebas, que cometía irregularidades fiscales en la gestión de su medio Newtral. Ana Pastor, como personaje público, “ha de soportar una mayor afectación de su derecho al honor”, dice el Supremo.

Los jueces, según la sentencia que ha podido examinar elDiario.es, entiende que sus críticas e insinuaciones estaban amparadas por la libertad de expresión, aunque no comunicaran datos veraces. “Son opiniones y juicios de valor emitidos respecto de cuestiones de interés general”, alega el Supremo. “No puede exigirse que, para que estén amparados por la libertad de expresión, las opiniones y juicios de valor sean veraces”, añade. 

Luis Pérez, conocido en internet con el sobrenombre de 'Alvise' desde hace años, dio el salto de Twitter a la comunicación política de la mano de Toni Cantó y Ciudadanos, ejerciendo de director de gabinete en su etapa en el parlamento valenciano hasta su dimisión en diciembre de 2019. A partir de ese momento centró su actividad en sus perfiles de Twitter y Telegram, donde compagina desde hace años la difusión de mensajes xenófobos y machistas con críticas y hostigamiento a políticos y medios de comunicación. En los últimos meses también se ha posicionado como uno de los líderes en las primeras manifestaciones frente a Ferraz y el Congreso de los Diputados de noviembre.

El autodenominado 'analista' ha centrado una parte de sus ataques en lo que denomina la “mafia”, sobre todo periodistas y políticos del espectro progresista, una de ellas Ana Pastor. En este caso, Pérez fue llevado a los tribunales por escribir en Twitter varios mensajes que insinuaban irregularidades en la gestión de la sociedad Newtral Audiovisual. Un usuario de YouTube se hizo eco de estas afirmaciones y llegó a subir un vídeo: “Destapando el chiringuito, las cuentas y los cuentos de Newtral”.

En un primer momento un juzgado de Madrid dio la razón a Alvise Pérez pero la Audiencia Provincial entendió que esa sucesión de insinuaciones sin pruebas merecían una condena de 1.000 euros por vulnerar el honor de la periodista. Los datos que ofreció en Twitter, dijo el tribunal madrileño, “parecen insuficientes para verter en una red de amplia difusión como es Twitter comentarios e insinuaciones sobre infracciones legales o incumplimiento de obligaciones fiscales, que necesitarían de más datos para tenerse como ciertas o razonablemente probables”.

Los beneficios de Newtral, dijo esa sentencia, “se presenta a los lectores y espectadores como sospechosa y se traslada esta idea a la opinión pública, sin contrastar la poca información disponible con otros datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales de Newtral”.

Ahora el Supremo entiende que en esos mensajes de Twitter “no se emplean términos inequívocamente ofensivos desvinculados de la opinión que se quiera expresar. Que la demandante no comparta dichos juicios de valor, que le parezcan incluso injustos, no los convierte en ilegítimos”. Cuestionar las cuentas de Newtral en base a algunos datos del Registro Mercantil, añade el Supremo, implica que las declaraciones de Alvise y el otro acusado “se apoyan en una base fáctica adecuada”.

Varias condenas contra Alvise Pérez

El agitador mantiene abiertos múltiples pleitos que varios periodistas y políticos pusieron en marcha contra él por difundir bulos sobre ellos o vulnerar su honor en Twitter y Telegram, donde acumula cientos de miles de seguidores. Los tribunales todavía tienen pendiente de resolver en firme otras sentencias y demandas sobre Ana Pastor, el exministro José Luis Ábalos o la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

En el caso de la fundadora de Newtral, el Supremo tiene pendiente una segunda condena contra Pérez, esta de 10.000 euros de indemnización, por atacar a la periodista y su entorno. Esa sentencia, que todavía no es firme, le sancionó por desarrollar una estrategia que ha desplegado con multitud de figuras públicas: difundir en Twitter y Telegram fotos de periodistas o políticos insinuando que demuestran su pertenencia a algún tipo de “mafia”.

Es lo que hizo con una foto de Ana Pastor y su marido, el también periodista Antonio García Ferreras, mientras comían en Balears con Óscar Camps, el fundador de Open Arms. En su tuit especulaba sobre el motivo de la cita y afirmaba: “Cómo se tensa la mafia cuando los observados, perseguidos y desnudos ante la opinión pública son ellos ¿verdad?”. En esas fechas, Pastor presentó en las islas un documental sobre Open Arms dirigido por ella misma.

Esas insinuaciones y esa publicación de una fotografía íntima sin consentimiento se tradujeron en una indemnización de 10.000 euros. Otra de sus condenas económicas, que todavía no es firme, también le obligó a indemnizar con 5.000 euros a Manuela Carmena por difundir una foto de procedencia desconocida y afirmar que, en lo peor de la primera ola de coronavirus, la exalcaldesa de la capital recibió en su casa un respirador mientras escaseaban en los hospitales.

Otro caso que ha vuelto recientemente a la casilla de salida ha sido el de la demanda en la que el exministro José Luis Ábalos le acusaba de difundir una foto de él en la terraza de su casa de València insinuando, además, que parece algún tipo de trastorno. En ese caso los tribuales firmaron una condena de 60.000 euros para él, pero la Justicia ordenó repetir el proceso por defectos “evidentes” en las notificaciones al acusado.

Luis 'Alvise' Pérez se presenta a sí mismo como analista político. Un cargo que ejerce en diversos medios de comunicación, aunque el grueso de su actividad pública en los últimos años tiene que ver con su canal de Telegram y su cuenta de Twitter: ahí es donde difunde información sobre políticos, periodistas y empresarios que, según afirma, contribuye a luchar contra el stablishment ante sus más de 200.000 seguidores. Fotos cenando, insinuaciones sin pruebas sobre irregularidades fiscales o, directamente, bulos y falsedades, que le acaban de costar su cuarta condena recurrible por lo civil a este joven sevillano. Lo que el agitador ultra vende a sus más de 209.000 seguidores como una lucha contra “la mafia” para los jueces es hostigar a personalidades públicas vulnerando sus derechos fundamentales.

Pérez saltó a la vida pública cuando a finales de 2018 Ciudadanos le nombró asesor de Toni Cantó en las Corts Valencianes. Para entonces este joven ya tenía una numerosa legión de seguidores en Twitter y había culpado en falso a un grupo de manteros del atropello de un niño en una calle peatonal de València. Un año después, Alvise era apartado de su puesto como jefe de gabinete de Cantó y lanzaba su carrera de agitador en las redes sociales, afirmando estar al servicio de nadie y apuntando, sobre todo, a la inmigración, el feminismo y a políticos y periodistas progresistas, aunque sin renunciar a dirigirse contra otras sensibilidades políticas.

Durante la pandemia centró sus críticas en la acción del Gobierno y las restricciones sanitarias. Por ejemplo, difundiendo una marquesina de autobús con la cara de Pedro Sánchez y la frase “confía en tu Gobierno, un buen ciudadano obedece”, o convocando una “manifestación online” contra el ejecutivo con cientos de miles de usuarios. También se ha opuesto con fuerza al uso de las mascarillas. Y en los últimos años, después de ser expulsado de Twitter, ha centrado su difusión en Telegram, donde se comunica de forma directa con más de 200.000 personas que siguen, comentan y comparten sus mensajes. En algunos difunde bulos, en otros airea información que supuestamente hace temblar los pilares del estado de derecho y, en otros tantos, vigila a la “mafia”.

Ese marcaje se suele traducir en difundir fotos de políticos o periodistas en su vida privada, cenando en un restaurante o en un festival de música, pero acompañadas de un mensaje que da a entender que están haciendo algo inconfesable. Una de sus obsesiones más claras es Óscar Puente, exalcalde de Valladolid y cabeza de lista del PSOE por la provincia para las elecciones del domingo. Recientemente, Pérez difundió una imagen del político en un festival “cazado” con una misteriosa mujer, a la que califica de “amiga”. Una “amiga” que, en realidad, es su hija menor de edad.

También fotos en la estación de Chamartín con su mascota o mensajes afirmando que va en un avión camino de Suiza. Supuestos casos de corrupción que nunca se han traducido en unas diligencias judiciales. La estrategia se repite con otros personajes públicos, sobe todo de la izquierda, en lo que el analista vende como una lucha contra la “mafia”.

Los jueces, sin embargo, consideran que esa lucha contra “la mafia” es en realidad una difusión constante de bulos y de fotos íntimas de personajes públicos que nada tienen que ver con su trabajo y que no revelan ninguna conducta sospechosa. Por ahora ha recibido cuatro condenas por la vía civil, todavía pendientes de recursos ante el Supremo y la Audiencia de Madrid, mientras que nunca ha sido juzgado o condenado por la vía penal.

Son sentencias que dan una perspectiva distinta de su hostigamiento cibernético a personalidades de la izquierda. En líneas generales, los jueces le reprochan que no comprueba lo que publica, que difunde imágenes de la esfera íntima de la gente y que, además, cuando es citado en el juzgado o no comparece o ni siquiera pide que se compruebe si lo que dice es cierto.

Acusaciones sin pruebas

Uno de los casos más sonados fue el de Manuela Carmena. El 31 de marzo de 2020, en las primeras semanas de pandemia, las autoridades sanitarias contabilizaron 9.000 nuevos contagios y 849 nuevos fallecimientos por la expansión del virus. En un contexto de máxima carencia de recursos médicos y hospitalarios, Pérez publicó una foto de una furgoneta en Twitter y afirmó que la exalcaldesa de Madrid acababa de recibir en su domicilio un respirador de una empresa privada como los que hacían tanta falta en los hospitales de todo el país.

Esa afirmación le costó una condena todavía no firme de 5.000 euros. Él lanzó una acusación que no contrastó lo más mínimo, ni en Twitter ni en el juzgado, dijo el magistrado que firmó su sentencia. Y aunque no sea periodista, añadía esta sentencia, tiene la obligación de comprobar si lo que dice es verdad dado que en ese momento tenía 145.000 seguidores en esta red social. Su capacidad de difusión, desde hace tiempo, está por encima de la de muchos medios de comunicación.

Fue condenado en términos similares por la Audiencia Provincial de Madrid tras difamar a la periodista Ana Pastor. En ese caso, tanto él como un youtuber difundieron información sobre la empresa Newtral, que dirige Pastor, para poner en duda sus cuentas y si pagaba los impuestos que debía. La respuesta de los jueces fue la misma que en el caso de Carmena: ni tenía pruebas cuando publicó los tuits ni las pidió cuando el caso llegó a manos de la Justicia para demostrar su inocencia.

Esta sentencia dibujó el 'modus operandi' de Luis Pérez cuando se trata de apuntar a supuestas ilegalidades. Sus tuits sobre Newtral y Ana Pastor estaban “trufados de insinuaciones”, presentando como “sospechosa” la evolución de la empresa pero “sin contrastar” la información y con “datos insuficientes”. El resultado, una indemnización de 1.000 euros para la periodista. Una condena similar a la recibida por otra agitadora de la órbita de la ultraderecha: Cristina Seguí, exdirigente de Vox en València, fue condenada por insultar a Ábalos en Twitter.

Las fotos que no muestran nada

Otra de sus líneas de acción es conseguir fotografías de políticos, periodistas o empresarios en su ámbito privado, o datos de qué hacen en un momento determinado, y difundirlos con un halo de misterio para hacerlo pasar por algo sospechoso. Sucede con Óscar Puente –el medio digital ultra EDAtv ha difundido una foto con su hija menor de edad insinuando que se trata de una amante– pero también con otras personalidades.

Lo hizo, por ejemplo, con el exministro José Luis Ábalos, otro de los focos de sus mensajes en Twitter y Telegram. En enero de 2021 difundió una imagen del político socialista en la terraza de su casa en València acompañado de un mensaje que destacaba que llevaba varias horas mirando unos pájaros. Insinuando, en definitiva, algún problema de salud mental.

Ese mensaje mereció la condena más alta hasta la fecha: una indemnización de 60.000 euros. La Audiencia de Madrid reprochó que esas fotos no tenían nada que ver con el trabajo de Ábalos como ministro, que pertenecían a su “ámbito más privado” y que, finalmente, habían sido obtenidas y difundidas sin su consentimiento. El mensaje, finalmente, contenía una insinuación “sumamente vejatoria”.

Por esa vía ha llegado su cuarta condena de otra sección de la misma Audiencia Provincial, esta acompañada de una indemnización de 10.000 euros. Nuevamente por un tuit sobre Ana Pastor, esta vez con una foto de ella cenando con su marido, el también periodista Antonio García Ferreras, en Balears con Óscar Camps, de la ONG Proactiva Open Arms.

Nuevamente la foto, según los jueces, no aportaba nada sobre la profesión periodística de Ana Pastor, ni tampoco alumbraba ninguna supuesta “mafia”, como afirmaba Pérez en sus mensajes que acompañaban a la imagen. “Cómo se tensa la mafia cuando los observados, perseguidos y desnudos ante la opinión pública son ellos ¿verdad?”, se preguntaba.

En realidad había poco misterio detrás de aquella foto. Unas semanas antes de su publicación, en el verano de 2020, Camps y Pastor habían comparecido juntos en Palma para presentar un documental sobre la ONG que había producido Newtral, la empresa de la periodista, rodado en Senegal. Existen fotos del momento publicadas por la agencia estatal EFE, como la que acompaña esta información.

Está por ver si la jurisdicción civil declara firmes estas condenas, las anula o las matiza en los próximos meses. Según difundió el propio Luis 'Alvise' Pérez, el Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite al menos uno de sus recursos contra una de ellas. Por la vía penal, varias acciones judiciales contra él han fracasado mientras un juzgado de Barcelona sigue investigándole por difundir, supuestamente, una falsa prueba PCR del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Esa causa, según fuentes jurídicas, está a la espera de información procedente de la empresa Twitter.

Garganta profunda en el juzgado

Según la información que él mismo difunde en su canal de Telegram, Pérez ha ido recurriendo sus condenas, en algunos casos afirma haberse enterado por la prensa de que el juicio se ha celebrado sin su presencia y, en otras ocasiones, vaticina un resultado que luego no se corresponde con la realidad.

En el caso que le enfrentó a Manuela Carmena, por ejemplo, el agitador afirmó que se había enterado gracias a “la indiscreción de un operador judicial” de que había ganado el caso porque nadie le había notificado que se había desestimado la demanda. Esta afirmación llegó hasta la jueza que dictó la sentencia, que le dedicó unas líneas en la resolución antes de condenar: “Es notorio que las anteriores informaciones emitidas a través de una red social con amplia difusión no son tampoco ciertas”, afirmó la magistrada.

En otros casos, los jueces se limitan a afirmar que si no se ha enterado de la celebración de un juicio es porque está en “rebeldía”, término judicial utilizado cuando alguien no se presenta en el juzgado o no se persona en las actuaciones. Su última condena por publicar fotos de Ana Pastor, por ejemplo, constata que está en “voluntaria rebeldía”.

El agitador ultra Luis 'Alvise' Pérez ha sido condenado por segunda vez por hostigar en las redes sociales a Ana Pastor. Según ha avanzado Newtral y ha confirmado elDiario.es, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al exasesor de Ciudadanos a pagar 10.000 euros a la periodista por difundir una foto de ella cenando con su marido refiriéndose a ellos como “la mafia”. Se trata de la segunda condena por la vía civil dictada contra Pérez a indemnizar a Pastor después de que el mismo tribunal le obligara a pagar 1.000 euros a la periodista por insinuar, sin datos, que su empresa Newtral incurría en irregularidades fiscales y contables.

Pérez publicó las fotos en su cuenta de Twitter y otros perfiles de internet en septiembre de 2020. Una foto en la que Ana Pastor y su marido, Antonio García Ferreras, comían con Óscar Camps, de Open Arms. “¿Qué hacían este verano @_AnaPastor, su marido #Ferreras y el dueño de @openarms_fund comiendo juntos en uno de los restaurantes más exclusivos de Baleares?... Cómo se tensa la mafia cuando los observados, perseguidos y desnudos ante la opinión pública son ellos ¿verdad?”, se preguntaba el agitador ultra.

El condenado publicó el mensaje y la foto en otros perfiles en distintas redes sociales, con un mensaje que repite de forma habitual sobre su marcaje y persecución a una supuesta “mafia” formada por políticos y periodistas del espectro progresista. “Nunca antes la mafia se había sentido tan cercada, observada y desenmascarada como ahora. Esto tan sólo acaba de empezar”, afirmó en otro de sus mensajes.

Pastor llevó el caso ante los tribunales con Alvise Pérez declarado en “voluntaria rebeldía” al no comparecer en el proceso, dice la sentencia, y un juzgado dio la razón en primera instancia al agitador ultra. La magistrada que estudió el caso entendió que Pastor es un personaje público, la imagen se correspondía con un espacio público y estaba comiendo, una “situación ordinaria”, de tal manera que ni su intimidad ni su imagen quedaban afectados. No merecía, por tanto, una indemnización.

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado un recurso de la periodista y, aunque mantiene que la publicación de la foto no afectó a su derecho a la intimidad, pero sí a su imagen. “No ejerce cargo público alguno por más que por su profesión de periodista y presentadora de televisión tenga cierta proyección pública, sin que las fotografías tengan relación alguna con este ámbito profesional”, reprochan los jueces.

Para este tribunal, en una sentencia todavía recurrible ante el Tribunal Supremo, la foto que difundió el agitador ultra no era una noticia y, además, Pastor no dio su consentimiento para que fuera difundida. “Las fotografías de la demandante comprenden, insistimos, aspectos estrictamente concernientes a su vida privada sin dimensión pública alguna”, establece la sentencia para firmar una indemnización de 10.000 euros para la periodista.

Tercera condena para Luis 'Alvise' Pérez

Esta sentencia de la Audiencia de Madrid de hace cinco días supone la tercera condena no firme que los jueces dictan contra este agitador ultra, en su momento asesor de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. A principios de este año, por ejemplo, fue condenado igualmente por la vía civil a indemnizar a Ana Pastor con otros 1.000 euros por otros mensajes sobre ella: en ese caso, por insinuar sin datos que su empresa Newtral cometía irregularidades contables y no pagaba suficientes impuestos.

Dijo entonces la Justicia que sus tuits estaban “trufados de insinuaciones” y que presentaban como sospechosa “la rápida evolución de sus beneficios” sin presentar ningún tipo de prueba sobre lo que decía. También fue condenado el autor de un canal de YouTube donde también se vertían acusaciones similares.

Otra condena llegó en noviembre del año pasado cuando un juzgado de la capital condenó a Pérez a indemnizar con 60.000 euros al exministro José Luis Ábalos, blanco habitual de sus mensajes y críticas en sus distintos perfiles en las redes sociales. En ese caso también por difundir una foto de la vida personal de Ábalos sin su permiso en el jardín de su casa e ilustrando las imágenes con un mensaje: “¿Qué opinarías de la salud mental de un Ministro que se pasa toda la tarde mirando fijamente un par de pájaros enjaulados?”.

Otra agitadora ultra, ligada en el pasado a Vox en la Comunidad Valenciana, también ha sido condenada por la jurisdicción civil a indemnizar a Ábalos por hechos similares. Fue Cristina Seguí, a la que un juzgado de Madrid condenó a pagar 6.000 euros al exministro por insultarle en su cuenta de Twitter.

La Justicia madrileña ha decidido condenar al agitador de ultraderecha Luis 'Alvise' Pérez a indemnizar con 1.000 euros a la periodista Ana Pastor por insinuar, sin pruebas, que el medio Newtral que dirige cometía irregularidades o no pagaba suficientes impuestos. La Audiencia de Madrid revoca la absolución que dictó en un primer momento un juzgado de la capital y establece que estos tuits de Pérez, junto con los comentarios que otro internauta hizo en un canal de YouTube, vulneraron el derecho al honor de la periodista: tendrán que borrarlos, publicar en sus redes sociales esta sentencia condenatoria e indemnizar con 1.000 euros cada uno a la afectada.

Los comentarios examinados por los jueces fueron publicados por Luis 'Alvise' Pérez, antiguo asesor político de Toni Cantó en Valencia, en su cuenta de Twitter. Comentarios que insinuaban “una serie de actuaciones delictivas” de la sociedad Newtral Audiovisual, que gestiona el medio de fact-checking de la periodista de La Sexta. Acusaciones sobre las cuentas de la empresa, el origen del dominio web o incluso la profesión de su hermana, también periodista. El otro internauta, Pedro F.B, se hizo eco de estas acusaciones en su canal de YouTube. El título del vídeo era “Destapando el chiringuito, las cuentas y los cuentos de Newtral”.

El juzgado 83 de Madrid desestimó la demanda de Pastor contra el agitador ultraderechista, pero la Audiencia Provincial de la capital ha decidido condenar a ambos por la vía civil a retirar estos comentarios e indemnizar a la periodistas con 1.000 euros cada uno. Los tuits de 'Alvise' Pérez, por ejemplo, “trufados de insinuaciones, presentando como sospechosa la rápida evolución de sus beneficios unida a la ausencia de empleados en el período que se examina” sin presentar pruebas de las irregularidades.

Esos mensajes, siguen los jueces, “no expresan la ideología de sus autores sino que exponen y comentan datos económicos de la sociedad y los vínculos de personas del entorno de la demandante con un partido político, sugiriendo que estos vínculos favorecen la obtención de beneficios que no se justifican y que no se observan los deberes tributarios”.

Los datos con los que Pérez y el otro juzgado pretendían proyectar dudas sobre la gestión de la sociedad de Newtral, sigue la Audiencia, era la hoja del Registro Mercantil de 2018 y esos datos “parecen insuficientes para verter en una red de amplia difusión como es Twitter comentarios e insinuaciones sobre infracciones legales o incumplimiento de obligaciones fiscales, que necesitarían de más datos para tenerse como ciertas o razonablemente probables”. Los beneficios de Newtral, dice la sentencia, “se presenta a los lectores y espectadores como sospechosa y se traslada esta idea a la opinión pública, sin contrastar la poca información disponible con otros datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales de NEWTRAL”.

Esta sentencia todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo y su sala primera, y no es la primera condena civil para Alvise Pérez por vulnerar el honor o la intimidad de una personalidad pública. Un juzgado de Madrid también le condenó a indemnizar con 60.000 euros al exministro José Luis Ábalos por, entre otras cosas, publicar fotos del político en su propia casa.

En las últimas horas, Pérez ha anunciado que recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo. Su cuenta de Twitter fue borrada, los mensajes por tanto ya no existen, y ahora su perfil con más seguidores se encuentra en la red social Telegram.

Este miércoles 5 de octubre arranca en la Cidade da Cultura de Santiago el juicio por el accidente ferroviario más grave de la democracia española, el del tren Alvia que hace nueve años y más de dos meses provocó 80 muertos y 145 heridos en el barrio compostelano de Angrois. Casi una década después de lo ocurrido se sentarán en el banquillo de los acusados el maquinista, Francisco Garzón, y el exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, a los que la fiscalía imputa 80 supuestos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, por imprudencia profesional grave.

Los familiares de las víctimas denuncian que el juicio llega mal y tarde. Atrás quedan más de ocho años de una instrucción judicial que se cerró en falso en 2015 con el maquinista como único imputado. La lucha de las familias y la insistencia de sus protestas dieron sus frutos cuando la Audiencia forzó al juez instructor a reorientar una investigación que se acabaría cerrando en 2018 con dos imputados, entre ellos el responsable de seguridad de Adif.

Polémicas maniobras de Pastor

En los días previos al inicio del juicio han salido a la luz los movimientos que la exministra de Fomento, Ana Pastor, realizó para frenar la publicación de un informe europeo que cuestionaba la investigación del accidente por parte del Gobierno español. Según desveló el periódico Praza.gal, la ministra del Partido Popular se dirigió por carta a Violeta Bulc, entonces comisaria de Transportes de la UE, para intentar frenar la publicación de ese informe que dejaba en mal lugar la investigación del Gobierno.

Y es que una de las claves del proceso pasa por aclarar el reparto de culpas entre los dos imputados, el maquinista y el responsable de seguridad de la línea. En un movimiento de última hora Abogacía del Estado, en representación de Adif, va a intentar que el tribunal admita como prueba un vídeo montaje en el que se ven imágenes del tramo grabadas con posterioridad desde otro tren, a las que han superpuesto el audio de la conversación telefónica que el maquinista mantuvo con el interventor del tren antes del accidente. El documento no aporta ningún elemento nuevo y solo pretende ahondar en la tesis de que el maquinista se despistó con la llamada telefónica y que solo eso explica que un tren cargado de pasajeros pueda entrar a 190 quilómetros por hora en una curva restringida a 80.

Cuatro años de cárcel

Fiscalía pide para el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif cuatro años de prisión, al igual que la plataforma que representa a la mayor parte de las víctimas del accidente. Además, el Ministerio Público demanda que el maquinista, Francisco Garzón, sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena y que el otro acusado, Andrés Cortabitarte, sea inhabilitado, durante el mismo periodo, para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.

La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a unos 57,69 millones de euros. Las personas y entidades contra las que se dirige la acción civil dentro del proceso penal son QBE (aseguradora de Renfe), Allianz Global Corporate & Speciality (aseguradora de Adif), Renfe y Adif, el maquinista del tren y el director de seguridad en la circulación de Adif en el momento de los hechos.

Por su parte, el abogado que defiende a Francisco Garzón, el conductor del tren aquella jornada, solicita la libre absolución, al entender que “la clave” para que se produjera el siniestro está en la “carencia de un análisis de riesgo y medidas de seguridad” en la línea entre Ourense y Santiago. Garzón estuvo de baja por accidente laboral desde que se produjo la tragedia, el 24 de julio de 2013, hasta 2015, cuando se reincorporó a Renfe en tareas de gestión en talleres de material rodante. Recientemente se ha prejubilado.

También rechaza responsabilidades la defensa del otro acusado, Andrés Cortabitarte, que estaba al frente de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif cuando se puso en servicio la línea (lo estuvo de 2006 a 2013). Después, Cortabitarte fue reubicado por la empresa pública, pero se mantuvo en puestos de dirección hasta mayo de 2021, cuando presentó su renuncia y pasó a tener la categoría de técnico especialista, con la que accedió a su plaza.

Las víctimas

Desde la plataforma que agrupa a las víctimas su portavoz, Jesús Domínguez, asegura que su objetivo es “que la gente conozca la verdad” de lo sucedido, “a mayores de depurar responsabilidades”.

Este lunes se concentraron ante el Congreso de los Diputados para exigir la dimisión de la exministra de Fomento, Ana Pastor, “por sus mentiras y maniobras de ocultación”, después de que trascendiese la carta con la que la actual vicepresidenta segunda de la Cámara Baja advirtió en su día a la comisaria de Transportes Violeta Bulc en relación con la “gravedad” de la publicación de un informe europeo crítico con la investigación oficial del Estado español -que solo señala al maquinista-.

Más de 500 testigos

El juzgado ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos/peritos y 126 peritos (sin perjuicio de que las partes desistan de alguna testifical antes o durante el juicio). Declararán una media de 15 testigos al día y de tres testigos/peritos por sesión.

Durante los últimos meses, algunas partes como QBE y el abogado del maquinista presentaron ampliaciones, a modo de actualización, de sus informes periciales.

Hay 446 personas perjudicadas que reclaman, las cuales están agrupadas en 154 acusaciones, asistidas por 110 letrados y representadas por 47 procuradores. Además, hay 53 perjudicados que no están representados por abogado y procurador, por lo que la acusación la ejercerá el Ministerio Fiscal.

Estos datos, según precisa el TSXG, fueron recogidos cuando las partes presentaron sus escritos de calificación, es decir, antes del auto de apertura de juicio oral, sin perjuicio de que en los últimos meses se haya producido algún desistimiento.

En mayo de 2016 la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, remitió una carta a la responsable de Transportes de la Comisión Europea, Violeta Bulc, dentro de sus maniobras para defender la versión oficial de la investigación española sobre el accidente del Alvia ocurrido tres años antes y que dejó 80 muertos y más de 140 heridos. La dirigente española quería evitar que se publicase en los términos en los que estaba redactado el informe elaborado por la Unión Europea sobre las indagaciones hechas por España. Ese texto concluye que la investigación española no fue independiente, que tenía “debilidades” y pedía abrir otro proceso que las corrigiese. En la misiva firmada por Pastor, publicada por Praza.gal, avisaba de que España se reservaba “el derecho a adoptar medidas” ante lo que consideraba una situación de “indefensión”.

La investigación española descargaba las responsabilidades fundamentalmente sobre el maquinista que dirigía el tren cuando descarriló en la curva de A Grandeira, en la parroquia compostelana de Angrois, el 24 de julio de 2013. El informe de la UE propició que la investigación judicial fuese más allá y vaya a sentar en el banquillo en el juicio que arrancará el 5 de octubre además de al maquinista, Francisco José Garzón, al exresponsable de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte.

El documento que difunde el diario gallego, obtenido tras una resolución del Consejo de Transparencia que considera que la carta debe ser pública, está fechado el 26 de mayo de 2016. Pastor le dice a la comisaria que lamenta tener que poner en su conocimiento un asunto que reviste, en su opinión, “especial gravedad”. Le adjunta una comunicación del secretario general de Infraestructuras y presidente de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria en la que este informa a la ministra de que la Comisión Europea va a hacer público el informe que cuestiona la investigación española. “He encargado a nuestro servicio jurídico un informe sobre sus repercusiones y te ruego que tomes nota de que el Reino de España se reserva el derecho de adoptar medidas ante la indefensión que esta actuación pudiera ocasionar”, escribe Ana Pastor.

El informe crítico con España se publicó finalmente a prinicpios de julio de 2016, semanas después de las maniobras de la entonces responsable de Fomento y tras las elecciones generales que se celebraron el 26 de junio de ese mismo año. El texto estaba en realidad preparado meses antes, pero su publicación se fue retrasando por las alegaciones de España. Poco antes de la cita electoral de 2016, la Comisión Europea comunicó a la Plataforma de Víctimas del accidente y al BNG -habían reclamado que se publicase el informe- que debían esperar unos días más para resolver una alegación presentada por España.

Nuevo cruce de acusaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, en esta ocasión por la histórica subida del precio de la electricidad, que este miércoles batirá su tercer récord consecutivo situándose, en el mercado mayorista, en 113,99 euros/MWh. Desde el PP se preguntan “dónde está el escudo social” del que presume el Ejecutivo para proteger a las familias más vulnerables y acusan al equipo de Pedro Sánchez de no tener “ni una sola idea que resuelva el problema de la luz”. El Gobierno, por su parte, ha responsabilizado a los ejecutivos populares de José María Aznar y Mariano Rajoy de la situación actual del mercado energético.

“Uno de los problemas más importantes que se encontró el Gobierno de Pedro Sánchez cuando llegó a Moncloa es que en materia energética no solamente no se habían hecho las tareas que correspondían para tener una viabilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico en el futuro, sino que se habían dado incluso pasos en dirección contraria respecto a lo que se había promovido por Gobiernos anteriores”, ha señalado este mismo miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Los Barrios (Cádiz), según informa la agencia Europa Press.

En opinión de la ministra, “si la apuesta que en su día hizo el Gobierno de Zapatero se hubiera continuado con el Gobierno del señor Rajoy, hoy por hoy no se estaría asistiendo a este precio desorbitado de la energía porque ya se habría tenido capacidad de generar energía renovable, almacenarla y distribuirla como está trabajando en este momento el Gobierno”. Montero ha insistido, por tanto, en que “no hubiera sido necesario que en la cadena eléctrica entraran otras fuentes de energía como el carbón, que es lo que está propiciando un incremento más alto porque ya la producción de energía alternativa hubiera sido una realidad”.

El Gobierno sostiene que “el PP mandó un mensaje disuasorio al sector inversor” y ha considerado que “no tiene ningún sentido” que el PP “pida explicaciones” al Gobierno porque “desde el primer día se están impulsando los cambios” que los ejecutivos populares “debieron acometer para que el precio de la energía, en el corto y en el medio plazo, sea sostenible para los hogares y para la industria”. También ha afirmado que “el sistema de protección de los vulnerables, el Bono Energético, está permitiendo que no se provoquen cortes de suministros a las familias vulnerables y, por tanto, que este bien básico sea sentido como tal por la gran parte de los ciudadanos de este país”.

Pastor pide al Gobierno que dé la cara

Apenas unas horas antes, en una entrevista en RNE, la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, había pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se pronunciara sobre la subida del recibo de la luz, al considerar “algo tendrá que decir” el jefe del Ejecutivo, aunque confiaba en que como sucedió con el llamado “invierno energético” esta vez “no diga que la culpa es del PP. A su juicio, ”no es de recibo que el Gobierno, que no iba a dejar a nadie atrás, esté de vacaciones y que el precio de la luz se haya triplicado en un año“. Por eso se ha preguntado ”¿dónde está el escudo social?“ del que presume el Ejecutivo, al que ha pedido que ”dé la cara“.

Pastor ha advertido de que el encarecimiento de la luz afecta a las personas más vulnerables y con menos recursos y también a las empresas, ya que su competitividad “está directamente relacionada” con el coste de la energía. En esa línea, ha recordado lo que decían los ahora miembros del Gobierno cuando estaban en la oposición y el recibo subía un 3% mientras gobernaba el PP. “Ahora se triplica y no pasa nada”, ha lamentado.

Críticas de Vox y Ciudadanos

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha sumado a las críticas de los populares y ha acusado al Gobierno de arruinar a los españoles. “El Gobierno de la mentira, que venía a traer un 'escudo social', arruina a los españoles”, ha sostenido Abascal en un mensaje publicado en su perfil de Twitter. “¡Los españoles se arruinan encendiendo la luz!”, ha insistido.

En esa línea, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco, ha criticado al Ejecutivo de Sánchez y al PSOE porque “cuando estaba en la oposición prometía que sería el Gobierno de los más desfavorecidos, que bajaría el precio de la luz y haría políticas sociales”, pero ahora “ese precio está tres veces por encima de lo que era el megavatio en España el mismo día del año pasado”.

A juicio de Martín Blanco es “incomprensible y absolutamente aberrante esa subida del precio de la luz”, por lo que Ciudadanos reclama al Gobierno que “ponga hilo y aguja” para frenar esta escalada y “acabe con la doble imposición de impuestos”. Informa Carmen Moraga.

La exministra y actual vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, publicó el sábado un tuit en el que exigía conocer los “criterios” del Ministerio de Sanidad por los que pide medidas adicionales a las restricciones aplicadas en una cuarentena de zonas básicas de la Comunidad de Madrid. La dirigente popular acompañaba esa exigencia con un listado de municipios españoles de fuera de la región madrileña con más casos por 100.000 habitantes. “El ministerio de sanidad y @salvadorilla puede explicar con qué criterios actúa? No todo vale, sólo hay q ver estos datos”, aseguraba.

En su mensaje, Pastor no incorporó los datos de los municipios madrileños. Según el ránking que facilita a diario elDiario.es, siete de los 10 municipios más afectados por la segunda ola en España (Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Madrid, Alcorcón y San Sebastián de los Reyes) corresponden a la Comunidad de Madrid, todos ellos con una incidencia por encima de los 700 casos por 100.000 habitantes.

La exministra, en cambio, solo citó a los de fuera de la región. Lo que obvió Pastor en su tuit fue que en la mayoría de esos municipios de fuera de Madrid ya existen restricciones aplicadas por las correspondientes autoridades autonómicas y locales ante la situación de la pandemia en las distintas localidades.

Lorca (Murcia), por ejemplo, citada por Pastor como el primer municipio más afectado de fuera de la Comunidad de Madrid (con una tasa de 995 casos por 100.000 habitantes), se encuentra en Fase 1 flexibilizada desde el pasado día 14 por orden del Gobierno de la Región de Murcia.

Talavera de la Reina (Toledo), mencionado por la exministra como la tercera localidad en el ránking de incidencia de la pandemia (706 casos por 100.000 habitantes) también mantiene restricciones desde el 7 de septiembre, tal y como sucede en toda la provincia de Toledo por orden del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En Eivissa (Illes Balears), citada por Pastor como el cuarto municipio de fuera de Madrid más afectado por la segunda ola (669 casos por 100.000 habitantes), desde el 18 de septiembre se restringió la movilidad durante 15 días salvo para actividades esenciales como acudir al trabajo o al médico, mientras que las reuniones familiares y sociales se restringieron a un máximo de cinco personas. Los barrios afectados son Eixample y Es Viver.

También Guadalajara, que se encuentra en la quinta posición en el ránking publicado por Pastor (646 casos por 100.000 habitantes), se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria decretado por la Junta de Castilla-La Mancha, por lo que se decidió el cierre de hogares de jubilados, se suprimieron visitas a residencias, se estableció el 50% de aforo en bares y restaurantes y se suspendieron mercadillos o eventos taurinos.

El líder del PP, Pablo Casado, llega a la Junta Directiva Nacional –máximo órgano entre congresos– de este lunes procurando un difícil equilibrio entre las dos corrientes internas del partido, el ala moderada heredada de la época de Mariano Rajoy, y la facción más radical, un grupo de elegidos que ha acumulado mucho poder a su sombra tras la victoria en las primarias. El objetivo es tratar de consolidarse como el verdadero líder de la oposición que frene la disgregación de la derecha, que no se ha frenado dos meses después de llegar al cargo.

Su misión es tratar de agrupar en el PP a todo ese electorado partido en tres –PP, Vox y Ciudadanos– y lograrlo en esta recién estrenada legislatura. Lo que su padrino político, el expresidente del Gobierno José María Aznar, llamó la “reconstrucción del centro derecha español” que le permitió gobernar durante ocho años en España, entre 1996 y 2004, los últimos cuatro con mayoría absoluta.

En las últimas semanas, Casado explota el perfil más centrista de la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, médico de profesión y exministra de Sanidad, situándola como el principal rostro visible del partido en la gestión de la crisis del coronavirus. Pero a la vez alienta la estrategia de la crispación contra el Gobierno y avala el discurso incendiario de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, pese al descontento interno que ésta genera por la escalada de exabruptos e insultos al Ejecutivo en plena pandemia.

Pastor fue la elegida por Casado para ejercer de portavoz del PP en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso que tiene como objetivo buscar pactos de Estado entre todos los partidos, y la pasada semana la actual vicepresidenta segunda de la Cámara Baja actuaba también como la representante del grupo de expertos o 'Gobierno en la sombra' creado por el líder de los populares para contrarrestar la gestión de la crisis del Ejecutivo progresista.

De ese núcleo ha quedado fuera Álvarez de Toledo, que sin embargo sigue como portavoz parlamentaria pese a encarnar el ala más dura del partido. La última semana de mayo incendió el hemiciclo y tras sus clásicos desaires al Gobierno aseguró que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, “es el hijo de un terrorista” –una idea que ha repetido esta semana en otras dos ocasiones, a pesar de que en el Pleno del 27 de mayo dijo que solo lo diría “por primera y última vez”. Mientras tanto, Casado encargaba la rueda de prensa del pasado lunes a Pastor, exministra del Gobierno de Mariano Rajoy y representante de la cara más moderada del partido.

Pastor, creadora del centro que preside Fernando Simón

Pastor está encontrando algunos problemas de encaje en el papel de portavoz de la oposición sin tregua que receta Casado. Por su propio talante y por algunos episodios de su pasado. Fue ella quien en 2004, cuando era ministra de Sanidad, creó el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que desde 2012 –también cuando gobernaba el PP, con Ana Mato al frente de Sanidad– preside Fernando Simón. Tanto el CCAES como Simón se han convertido en diana de los ataques del PP que cuestiona permanentemente el trabajo de los “supuestos expertos del Gobierno” en la gestión de la crisis.

Pastor, que en 2018, cuando presidía la Cámara Baja, insistía en que el Parlamento “es la casa de la palabra, pero no se puede utilizar para insultar”, a raíz del cruce de reproches que se dedicaron entonces ERC y PP –con acusaciones de “golpista” o “fascista”–, fue el pasado lunes la encargada de defender a Álvarez de Toledo después de que esta llamara a Iglesias “hijo de un terrorista” o acusara al Ejecutivo de “dar un golpe de Estado a la democracia”.

“Siempre que todos mis compañeros hablen de hechos constatados, estaré siempre del lado de los hechos constatados y estamos todos con esta portavoz nuestra que es Cayetana Álvarez de Toledo”, afirmaba Pastor en rueda de prensa sin mojarse mucho más y evitando ratificar semejantes acusaciones.

La hoy vicepresidenta segunda del Congreso también ha tenido que sumarse a la tesis defendida por su partido de que el Gobierno llamó a las manifestaciones del 8M –a las que también acudieron miembros del PP– a sabiendas de que durante las marchas podían multiplicarse los contagios por coronavirus.

“Sabíamos que el Gobierno había llegado tarde pero ahora sabemos que lo sabían y no pusieron medidas por motivos políticos”, señalaba Pastor el pasado lunes, haciendo alusión a unas palabras pronunciadas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado 9 de marzo, durante una conversación privada con una periodista fuera de cámara –revelada por ABC–, en la que no aseguró lo que le atribuye al PP, sino que dijo que la bajada de asistencia a las marchas del 8M de este año podía deberse al virus, algo que ya entonces habían sostenido los colectivos feministas.

El PP montó toda una campaña contra el Gobierno a raíz de esas palabras de la ministra de Igualdad, a pesar de que éstas, pronunciadas en un contexto privado, justo antes de una entrevista, defienden una tesis –la de que en el 8M hubo menos gente por el miedo al coronavirus– que también hicieron suya los colectivos feministas el mismo día de las marchas. Las reflexiones de Montero se enmarcan, además, en el término periodístico off the record con el que se suele hacer referencia a las palabras que pronuncian los políticos en un contexto público o privado, pero que en ningún caso se pueden utilizar en informaciones periodísticas.

“Si no soy portadora del virus, estaré”

Además, la propia Pastor también reconoció que existía ese temor al coronavirus el 6 de marzo, dos días antes de las marchas del 8M, cuando dijo que ella también asistiría a las movilizaciones feministas siempre que se encontrara sana: “Si no soy portadora de coronavirus, estaré”, dijo. Finalmente la expresidenta del Congreso no acudió a las manifestaciones en las que sí estuvieron algunas de sus compañeras de filas, a las que no pidió que se ausentaran de las marchas, y apenas unos días después del 8M reconoció que había dado positivo en las pruebas de la COVID-19.

Álvarez de Toledo no solo no acudió a la marcha –ella tiene un discurso frontal contra el feminismo–, sino que volvió a utilizar el 8M como munición contra el Gobierno y para recrudecer su discurso incendiario, en ocasiones más próximo a la extrema derecha de Vox. El jueves, durante la presentación del nuevo libro de Daniel Lacalle, economista ultraliberal y gurú económico de Casado, la portavoz del PP en el Congreso aseguraba que “el pecado original de la pandemia” del coronavirus “es la obsesión ideológica por el feminismo” del Ejecutivo.

“Había advertencias y se desoyeron de manera sistemática por una obsesión ideológica. Fueron sacrificados por el altar del feminismo. Esa manifestación se tenía que celebrar pasara lo que pasara”, apuntaba Álvarez de Toledo, quien insistía en que el Ejecutivo “era plenamente consciente del riesgo de esa manifestación y alentaron y animaron a cientos de miles de mujeres y hombres a acudir. Ese es el pecado capital. El pecado original de esta pandemia es la obsesión ideológica por el feminismo”, zanjaba.

Apenas una semana después de sus palabras sobre el padre de Iglesias, Álvarez de Toledo criticaba también la “fértil imaginación guerracivilista” del Ejecutivo progresista y consideraba que “Podemos una vez en el poder no va a soltar el poder”. “El estado de alarma es el líquido amniótico en el que proliferan. Les gusta el estado de alarma y la alarma de estado. Les gusta el acoso a la oposición, a los jueces, a la Guardia Civil”, recalcaba.

La “nauseabunda operación de camuflaje” del Ejecutivo

Álvarez de Toledo trataba de argumentar, además, que el Gobierno pretende vincular a la derecha con un golpe de Estado, una idea que, a su juicio, surgió cuando el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, acusó a Vox de anhelar un pronunciamiento. La portavoz popular cree que la tesis la han asumido la ministra de Igualdad, Irene Montero, el ministro de Consumo, Alberto Garzón y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien este mismo miércoles se afanó en preguntar al líder del PP, Pablo Casado, “qué anda tramando” su formación.

“Que la oposición está tramando un golpe de Estado, nada menos, es el nuevo mantra, el nuevo eslógan”, apuntaba Álvarez de Toledo. “Están a un paso de llamar golpista a Margarita Robles”, ironizaba, en referencia a la ministra de Defensa, quien el pasado fin de semana negó la existencia de un riesgo de golpe de Estado. Para la diputada del PP por Barcelona todo ello responde a una “nausabunda operación de camuflaje” para deslegitimar a la oposición y tratar de tapar la “devastadora” gestión del coronavirus.

Todas estas declaraciones se producían después de que Álvarez de Toledo se considerara respaldada por Casado para seguir manteniendo su particular estrategia de la crispación. “Me siento respaldada por la dirección de mi partido”, dijo el pasado martes.

“Desde antes de ser nombrada portavoz fui objeto de comentarios sobre mi persona o aptitudes para el cargo. No me interesaron nada entonces, no influyeron en mi nombramiento como portavoz. No me interesan ahora. No creo que influyan en mi cese como portavoz”, añadió, ante la proliferación de voces internas que, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo –que siempre fue reacio al nombramiento de Álvarez de Toledo y que pidió a su partido huir de los “espectáculos parlamentarios”–, muestran su malestar con la política de la descalificación que practica su portavoz parlamentaria.

Casado recupera a ETA y Venezuela contra el Gobierno

El propio Casado volvía a sumarse el pasado miércoles al discurso incendiario, dando así carta blanca a la estrategia que practica su portavoz en el Congreso. Durante el debate de la última prórroga del estado de alarma en la Cámara Baja –en el que el PP votó 'no' por segunda vez, igual que Vox– el presidente de los populares ignoraba las llamadas para serenar el clima político y –avalado por las encuestas que le auguran un mínimo crecimiento–, agravaba sus ataques y descalificaciones contra el Gobierno, al que responsabiliza en exclusiva de los muertos por coronavirus y acusa de “mentir y perjudicar a España”.

Durante el Pleno, Casado dedicaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una retahíla de insultos. Al jefe del Ejecutivo le acusó de “arrogancia”, “mentira”, “sectarismo” o “populismo” y le llamó “pirómano” o “pato cojo con el peor balance de gestión de la democracia”. Casado recuperaba, además, dos de los mantras de la derecha contra la izquierda: ETA y Venezuela. A Sánchez le acusaba de “malversar las instituciones del estado en beneficio propio”, de “politizar la Fiscalía General imponiendo a una comisaria política reprobada por no denunciar una trama de extorsión policial”, de “blanquear la dictadura de Maduro” o de “ceder a las exigencias de los proetarras”.

Cuando ostenta el poder el Partido Popular considera legales posiciones que juzga como completamente contrarias a la ley cuando está en la oposición. Así ha sucedido al menos en el caso de las polémicas fórmulas empleadas por los diputados independentistas catalanes para acatar la Constitución el pasado martes, en la sesión constitutiva de las Cortes Generales.

Al igual que las otras dos derechas –Ciudadanos y Vox– la formación conservadora que preside Pablo Casado anunciaba durante ese Pleno que presentaría sendos recursos de amparo ante la Mesa del Congreso y el Tribunal Constitucional por considerar “ilegales” y “anticonstitucionales” las frases utilizadas por algunos parlamentarios para adquirir la condición plena de diputados.

“Quiero recordar que el artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dice que para adquirir la condición plena como parlamentario hace falta acatar públicamente la Constitución”, dijo Casado durante el Pleno, según consta en el Diario de Sesiones de la Cámara Baja.

“Del mismo modo, se ha recordado que hay una resolución de la Cámara —también el artículo 20 del Reglamento— que dice que para el juramento o promesa no se pueden utilizar fórmulas que desvirtúen o vacíen el sentido del acatamiento de la Carta Magna. Y en esta ocasión, en esta sesión solemne, esto ha sucedido al menos en casi medio centenar de ocasiones. Por eso, señora presidenta, usted no debería haber dicho que todos los diputados han adquirido la condición plena como parlamentarios”, zanjaba el líder del PP.

La amenaza de Álvarez de Toledo

En el caso de los electos de ERC o JxCat, los ya diputados prometieron sus cargos con la siguiente fórmula: “Por la libertad de los/las presos/as políticos y hasta la constitución de la República Catalana, por imperativo legal, sí, prometo”.

Los populares, en boca de su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, llegaban a amenazar durante el Pleno del martes a la recién reelegida presidenta de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet, con que se atuviera a “las consecuencias” por permitir esa flexibilidad a la hora de validar las juras o promesas de los parlamentarios.

Sin embargo, hace apenas año y medio, cuando el PP ostentaba la Presidencia del Parlamento que se mantuvo en manos de Ana Pastor entre julio de 2016 y mayo de 2019, los conservadores dieron por válidas idénticas fórmulas de acatamiento de la Constitución que ahora consideran contrarias a la ley e incluso recurribles ante el Tribunal Constitucional.

El Diario de Sesiones del Pleno del 12 de junio de 2018, que se puede consultar íntegramente en la web del Congreso, recoge esas frases prácticamente iguales a las que el PP ahora rechaza, pronunciadas por dos diputados de ERC que prometieron su cargo ese mismo día. En riguroso catalán, Carolina Telechea y Joan Margall dijeron lo siguiente: “Per la llibertat de les preses i exiliades, per la república catalana, per imperatiu legal, sí, prometo (”Por la libertad de los presos y exiliados, por la república catalana, por imperativo legal, sí, prometo“).

“Incompatibles con la Constitución”

En ese momento, la misma Ana Pastor que ahora tilda de “bochornoso” el mismo método empleado el martes por los diputados nacionalistas, sentenció sin titubear, tal y como se puede leer en el mismo diario de sesiones: “Doña Carolina Telechea i Lozano y don Joan Margall Sastre han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena, señorías”.

Este miércoles, en una entrevista en RNE, Pastor consideraba en cambio que en la sesión constitutiva de las Cortes del martes “se vieron casos incompatibles con la Constitución” y el PP “rechazó su legitimidad y su carácter democrático”. Se refería a las fórmulas empleadas por las fuerzas independentistas que ella misma había refrendado meses antes. La ahora vicepresidenta segunda del Congreso confirmaba además la intención del PP de llevar la polémica ante el Tribunal Constitucional.

Preguntada por esa contradicción, Pastor aseguraba este miércoles en una rueda de prensa tras la primera reunión de la Mesa de la Cámara Baja que cuando ella era presidenta del Congreso no escuchó “a ningún grupo que estuviera en contra de los acatamientos”. “Cada momento es cada momento y en cada momento se actúa conforme a la legalidad. En todas mis actuaciones lo he hecho conforme a la legalidad”, zanjaba la dirigente popular.

Batet había recordado minutos antes que su predecesora en el cargo aceptó las mismas fórmulas de acatamiento de la Constitución que pronunciaron los diputados de Unidas Podemos y de las fuerzas nacionalistas este martes en la sesión constitutiva de las Cortes cuando la dirigente popular presidía la Cámara Baja. “No hubo ninguna fórmula de acatamiento que no se produjera con anterioridad y sobre las que han decidido presidencias anteriores”, recalcó la presidenta del Congreso.

En contra del listado de diputados

La división en la nueva Mesa quedaba reflejada por la negativa de los miembros de la derecha –dos del PP, entre ellos Pastor, y uno de Vox– a refrendar la publicación de la lista de diputados porque han considerado que “no se ha cumplido con el ordenamiento jurídico y la legalidad”.

Pese a su voto en contra, el listado se aprobaba por la abrumadora mayoría de la izquierda en el órgano de gobierno del Congreso, donde las fuerzas progresistas disponen de seis asientos frente a los tres de las conservadoras.

La recién elegida presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, ha recordado este miércoles que su predecesora en el cargo, la actual vicepresidenta segunda, Ana Pastor, del PP, aceptó las mismas fórmulas de acatamiento de la Constitución que pronunciaron los diputados de Unidas Podemos y de las fuerzas nacionalistas este martes en la sesión constitutiva de las Cortes cuando la dirigente popular presidía la Cámara Baja, entre 2016 y 2019. 

Las palabras de Batet llegan en plena polémica después de que las tres derechas, PP, Ciudadanos y Vox hayan anunciado la presentación de sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que las fórmulas de acatamiento de la Constitución empleadas por algunos diputados nacionalistas y de Unidas Podemos en el Pleno del martes podrían vulnerar la ley. 

“No hubo ninguna fórmula de acatamiento que no se produjera con anterioridad y sobre las que han decidido presidencias anteriores”, ha recalcado la presidenta del Congreso en rueda de prensa tras la primera reunión de la Mesa de la Cámara y después de su visita al Palacio de la Zarzuela donde esta misma mañana ha informado al rey de la constitución de las Cortes de la XIV Legislatura. 

Después, la propia Pastor, que este mismo miércoles había confirmado la presentación del recurso del PP ante el Constitucional, ha respondido a Batet que cuando ella era presidenta del Congreso no escuchó “a ningún grupo que estuviera en contra de los acatamientos”. “Cada momento es cada momento y en cada momento se actúa conforme a la legalidad. En todas mis actuaciones, lo he hecho conforme a la legalidad”, ha zanjado la dirigente popular. 

“Tengo un apoyo suficiente”

Preguntada sobre si a raíz de las iniciativas anunciadas por la derecha se ha sentido cuestionada, nada más ser reelegida, Batet ha asegurado que no. “Fui elegida presidenta con votos suficientes y tengo un apoyo suficiente para ejercer esa función. No me siento cuestionada ni con poca legitimidad”, ha zanjado. En su opinión, “es bueno respetar a las instituciones” y su mandato “a lo que aspira es que se termine la legislatura con más apoyos” que los que recibió ayer y que correspondieron exactamente a 167 diputados. “He intentado ejercer el cargo con responsabilidad, no de manera partidista”, ha concluido.

No obstante, la división en la Mesa ha quedado reflejada por la negativa de los miembros de la derecha –dos del PP, entre ellos Pastor, y uno de Vox– a refrendar la publicación de la lista de diputados porque han considerado que “no se ha cumplido con el ordenamiento jurídico y la legalidad”. Pese a su voto en contra, el listado se aprobado por la abrumadora mayoría de la izquierda en el órgano de gobierno del Congreso, donde las fuerzas progresistas disponen de seis asientos frente a los tres de las conservadoras. 

Durante su comparecencia, Batet también ha anunciado que la Mesa ha ampliado el plazo para el registro de los grupos parlamentarios hasta el miércoles 11 de diciembre y ha explicado que hasta el momento se han recibido siete peticiones correspondientes a los partidos PSOE, VOX, Ciudadanos, PP, PNV, EH Bildu y ERC. De forma unánime, la Mesa también ha aprobado “en aras a la conciliación” que el registro del Congreso “se cierre el registro a las 18.00 y se excluyan los sábados”.

En cuanto a su reunión con el rey, la presidenta de la Cámara Baja ha asegurado que ha visto al jefe del Estado “con buen ánimo” y ha asegurado que el monarca “es muy consciente de su papel constitucional” y de que “se inicia un nuevo tiempo, una nueva legislatura”. También ha recordado que Felipe VI“va a tener que recibir a más partidos que nunca, 19”, en la nueva ronda de consultas que iniciará próximamente.

“Los tiempos están ajustados”

Respecto a la formación del nuevo Gobierno, Batet ha considerado que “no es imposible, pero es complicado” que la investidura se produzca antes de fin de año. “Los tiempos están ajustados porque hay un puente, hay muchos grupos que tienen que ser recibidos en audiencia por el rey y se tienen que terminar las negociaciones para que la investidura en condiciones. Hay urgencia para que se dé esta investidura. Urge que el Gobierno empiece a trabajar lo antes posible”, ha concluido. 

La diputada del Partido Popular por Madrid, Ana Pastor, ha dicho durante una entrevista en TVE [min. 1:25:35] que “se estaban creando medio millón de puestos de trabajo cuando se hizo una moción de censura injusta, absolutamente injusta, y en este momento se está destruyendo empleo”.

FALSO.

Según los últimos datos de ocupación de la Encuesta de Población Activa (EPA), en términos absolutos, no se está destruyendo empleo. Por ejemplo, si comparamos el último dato disponible de Sánchez y correspondiente al tercer trimestre de 2019, con el último dato del gobierno de Rajoy correspondiente al segundo trimestre de 2018, ha aumentado el número de ocupados. Concretamente, en este periodo, se han creado 500.000 nuevos empleos pasando de 19,3 millones, en 2018, a 19,8 millones, en 2019.

Tampoco se “está destruyendo empleo” si se tiene en cuenta la comparación interanual. Es decir, si comparamos el tercer trimestre de 2019, 19,8 millones, con el tercer trimestre de 2018, 19,5 millones, el número de ocupados ha aumentado en 300.000 personas en base a los datos de la EPA.

En su declaración, Ana Pastor afirma que en la moción de censura de Mariano Rajoy, junio de 2018, “se estaban creando medio millón de puestos de trabajo”. Este dato resulta de la comparación interanual en valores absolutos del último dato de ocupados de la EPA del gobierno de Rajoy con el del mismo trimestre del año anterior, de junio de 2017 a junio de 2018. En este tiempo, según los datos de ocupación de la EPA, se pasó de 18,8 millones de ocupados a 19,3 millones, respectivamente. O lo que es lo mismo 500.000 puestos de trabajo más.

Además, si tenemos en cuenta la afiliación a la Seguridad Social en este mismo período, el número de afiliados tampoco ha disminuido ni con la variación interanual ni comparando el último mes de Rajoy con el último mes de Sánchez.

Concretamente, entre el último dato del gobierno de Rajoy y el último dato del gobierno de Sánchez disponible, el número de afiliados ha pasado de 18,9 millones de afiliados en junio de 2018 a 19,2 en septiembre de 2019. Es decir, 300.000 afiliados más.

En todos los meses de gobierno del PSOE, desde junio de 2018, la variación interanual (comparación del número de afiliados de un mes con el dato del mismo mes del año anterior) del número de afiliados ha sido positiva. Esto es, en todos los meses de gobierno del PSOE ha habido más afiliados a la Seguridad Social que en los mismos meses del año anterior, por lo que todos los meses ha aumentado.

Por lo tanto, es falso que “en este momento se está destruyendo empleo” como dice Ana Pastor.

Desde Maldito Dato nos hemos puesto en contacto con el Partido Popular para saber a qué se refiere Ana Pastor cuando dice que “en este momento se está destruyendo empleo”. Sin embargo, al momento de esta publicación, todavía no hemos obtenido respuesta.

Contrariamente a lo que ocurrió en el debate que este lunes protagonizaron los candidatos a la presidencia de los cinco principales partidos, el debate de candidatas fue un constante cruce de posiciones, ideas y posturas con multitud de momentos para el choque de ideas y el reproche político. Hubo propuestas y la cuestión catalana no monopolizó el encuentro como en la ocasión anterior.

Las primeras escaramuzas las protagonizaron la representante del PSOE, María Jesús Montero y Ana Pastor, enviada en representación del Partido Popular. Se debatía el bloque económico y los responsables del bipartidismo se enzarzaron en la disputa clásica de con qué Gobierno se genera más empleo y mejores datos económicos. El juego a dos no duró mucho y enseguida el diálogo se convirtió en una pelea de todas contra todas, en donde la representante de Vox, Rocío Monasterio, se encontró con el fuego cruzado del que se libró Santiago Abascal en la cita precedente. 

En el debate de candidatas Vox sí fue sometido al escrutinio del que parecía haberse librado hasta el momento. A Monasterio le recriminaron su inexperiencia. Lo hizo Ana Pastor que le echó en cara no haber gestionado nada en toda su carrera. María Jesús Montero le exigió una disculpa por haberse manifestado frente a un centro de menores no acompañados e Irene Montero la llamó “desalmada” e “inhumana” por sus posicionamientos homófobos y por discutir la violencia de género. 

La candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, insistió en varias ocasiones con su homóloga socialista pidiéndole explicaciones por el uso de fondos públicos de la Junta de Andalucía para el pago de prostitutas. María Jesús Montero aplazó tanto su respuesta que esta, al final, nunca llegó. 

También se encontró Arrimadas con Ana Pastor, en este caso por la disputa de quién ostenta el cetro del centro. La número dos de Pablo Casado zanjó la polémica en el mismo espacio ideológico respondiendo que “el centro lo deciden los españoles”. 

El debate de las candidatas ha servido para eludir los monólogos a los que nos acostumbraron los candidatos en la otra contienda que la Academia de la Televisión organizó este lunes con criterios mucho más tasados y limitaciones para el cuerpo a cuerpo. Fue un cruce de argumentos en los que quedó claro que los partidos que se presentan a las elecciones lo hacen con planteamientos muy diferentes.

Y de repente una importante dirigente del Partido Popular dio una lección sobre Sanidad y autonomías a las representantes de Ciudadanos y Vox. Fue un momento singular en la política española del último año en la que la política de bloques lo tapa todo, incluidas las ideas de cada partido y su gestión en instituciones.

“Hay personas que se nota que no han gestionado nunca nada”, dijo Ana Pastor, exministra de Sanidad y Fomento en gobiernos del PP, en el debate televisado del jueves. Era el típico detalle habitual en estos duelos, donde siempre hay alguien que dice que los demás no saben de lo que están hablando. Pero resulta que luego explicó a qué se refería. No antes de que Inés Arrimadas, que pareció sentirse aludida, le interrumpiera y dijera: “Y que no han robado nada”. Era una imputación directa que la candidata de Ciudadanos se vio obligada a retirar de inmediato (“ya sabe que a usted le tengo mucho respeto”), pero en un debate hay que esperar que Arrimadas hable primero y luego recoja velas o se envuelva en ellas.

Pastor quiso referirse a las constantes críticas que Ciudadanos y Vox hacen a las autonomías a las que presentan como un nido de despilfarro y corrupción. “El Estado de las autonomías es lo mejor que nos ha podido pasar a los españoles. Acercar la gestión mejora sustancialmente la vida de los ciudadanos”, dijo. Se refirió también a los años anteriores a las autonomías –es decir, la época del Estado centralizado– cuando la atención sanitaria fuera de las grandes ciudades era pésima o inexistente.

Fue un momento singular, porque el Partido Popular no cesa de lanzar propuestas para que el Gobierno central recupere competencias cedidas a las comunidades autónomas. Ciudadanos está en la misma línea y Vox sencillamente quiere acabar con todas y volver a la organización territorial que existía en el franquismo.

En las encuestas del CIS, se suele preguntar sobre “la organización territorial del Estado”. Los que responden a favor de la opción de “un Estado con un único Gobierno central sin autonomías” suelen estar en torno al 20%, un porcentaje significativo, pero minoritario. Los que quieren menos competencias para las autonomías están habitualmente algo por encima del 10%.

El mensaje habitual en los tres partidos de derechas y muchos medios de comunicación da a entender que la mayoría de los españoles quiere que Madrid –no sus habitantes, sino el Gobierno central– vuelva a atar en corto al resto de España. Da la impresión de que no es cierto y que Pastor lo sabe.

“Tenemos 17 mercaditos distintos. Yo defiendo el mercado único europeo”, le respondió Rocío Monasterio, de Vox. La respuesta de Pastor fue sencilla y efectiva: “Usted no defiende Europa”.

Pastor tuvo otra oportunidad de dar la razón a los que apostaron por ella para este debate, protagonizado sólo por mujeres, en vez de Cayetana Álvarez de Toledo. Le preguntaron sobre el consentimiento en las relaciones sexuales. Tampoco dudó: “Cuando no hay consentimiento, hay agresión sexual y hay violación”. La socialista Maria Jesús Montero le recordó intervenciones muy diferentes de Toledo en otros debates. Pastor dijo que la suya es la posición del PP “y de todas las personas de bien”.

No había espacio en este momento para las referencias sarcásticas al consentimiento en las relaciones sexuales que han hecho conocida a Álvarez de Toledo. Por alguna razón, el gran fichaje de Pablo Casado para las elecciones de abril cree que ese es un tema del que se pueden hacer chistes (“¿De verdad van diciendo ustedes 'sí, sí, sí' hasta el final?”). Por lo que dijo el jueves, no le hicieron mucha gracia a Ana Pastor.

Para el tema que de verdad preocupa a la gente, el debate fue tan baldío como el del lunes. Fue imposible saber si habrá un Gobierno después de estas elecciones. María Jesús Montero confirmó que el PSOE aspira a gobernar en solitario, aunque se quede a 50 escaños de la mayoría absoluta. “Cuando no hay mayoría absoluta, la solución es la coalición”, dijo Irene Montero, de Podemos. Las diferencias entre las dos Montero no parecieron tan profundas como las que se vieron entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hace unos días, pero es difícil saber si eso tendrá alguna consecuencia.

María Jesús Montero se distinguió de Sánchez en su actitud agresiva contra la extrema derecha. Desde el primer momento, interpeló directamente a Monasterio por los vetos de Vox a los medios o por presentarse ante un centro de acogida de menores inmigrantes en Sevilla para hacer campaña contra la inmigración. Montero sí tenía algo personal contra los ultras, una sensación que nunca se apreció con Sánchez en el debate anterior más allá de utilizar a Vox para criticar al PP y Cs.

Al otro lado, no hubo grandes novedades. Está ya sellado que las tres derechas pactarán si alcanzan la mayoría absoluta. Lo malo para ellas es que ninguna encuesta les concede esa posibilidad. Es probable que nos quedemos sin saber cómo se hace eso de bajar todos los impuestos en un país con una deuda cercana al 100% del PIB y mantener la inversión pública. Fue Monasterio quien elevó el nivel de magia hasta extremos difíciles de superar. Afirmó que con recortes en el “gasto político ineficaz” se podrá destinar los fondos necesarios para pagar la educación, la sanidad y las pensiones. Viniendo de una arquitecta que diseñaba lofts que eran vendidos de forma ilegal, es un plan que se entiende perfectamente.

Lo que aún no se ha entendido es por qué hay que volver a votar y por qué no es seguro que pueda haber un Gobierno en noviembre. Ningún debate ha servido para explicar ese enigma y era mucho pedir que la cita del jueves tuviera alguna utilidad. Toca seguir sufriendo.

Corrección: una edición anterior de este artículo decía que María Jesús Montero se había mostrado a favor de un impuesto a la banca, como el que reclamaba Irene Montero. No es cierto. Lo que la representante socialista defendió es un tipo mínimo del impuesto de sociedades –que grava los beneficios– a los bancos.

Cuando apenas quedan cuatro días para las elecciones, la jornada de trabajo de campaña de este miércoles ha evidenciado el doble juego que mantiene el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en su intención de pescar votos de último minuto en el electorado de Ciudadanos, en el de Vox e incluso entre “descontentos” del PSOE. Todo con la intención de lograr una mayoría que le permita llegar la Moncloa. El líder del PP conjugó en apenas cuatro horas el giro al centro que puso en marcha en septiembre con un nuevo improvisado viraje hacia las tesis más conservadoras, forzado por el alza de la extrema derecha que auguran todas las encuestas.

A las 9.00 horas, Casado ejercía de adalid de la moderación al presentar a su número dos en la lista por Madrid para el 10N, Ana Pastor, elegida precisamente para ese puesto como un guiño al sector más centrista del partido, el más cercano al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que en los últimos meses le pidió un giro al centro por los malos resultados electorales. 

Apenas cuatro horas después, pasadas las 13.00, en un mitin electoral en Barcelona, Casado escenificaba en cambio su otra cara, asumiendo las tesis contra el nacionalismo de una de las dirigentes más conservadoras de su partido, la número uno por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Para el acto el líder del PP fichaba además a la fundadora de UPyD, Rosa Díez, que tras un nuevo viraje ideológico –en los últimos meses se había acercado a los postulados de Vox– llegaba a pedir el voto para Casado: “Quiero que ganes las elecciones”, le decía.

En el desayuno protagonizado por Pastor el líder del PP se mostró fiel a la estrategia de campaña que se fijó en cuanto se conoció el adelanto electoral: poner en valor la capacidad de gestión económica del partido dejando de lado asuntos que, según la dirección popular, les “perjudicaron” en las citas con las urnas del 28A y el 26M como el aborto, la memoria histórica o incluso la dureza sobre la crisis en Catalunya, donde en las pasadas generales tan solo lograron un escaño de 45. 

Ana Pastor, ministra

Como nuevo gesto al sector 'marianista' del partido, el más centrado, el líder del PP anunciaba que si consigue llegar a la Moncloa tras los comicios del domingo, nombrará a Ana Pastor ministra de su Ejecutivo. Durante su intervención que tenía lugar en el Casino de Madrid, Casado consideraba a la exministra como “una de las personalidades políticas más respetadas de nuestro país”. 

A renglón seguido, el presidente de los populares se limitaba a considerar que en España “hacen falta equipos de contrastada gestión que ya saben enfrentarse a los problemas de los españoles”, unos grupos de trabajo como los que a su juicio tiene el PP. Para Casado es necesario que su partido se ponga al frente ahora de la situación económica que vive España. “Porque si llegamos dentro de uno, dos o cuatro años, los estragos para el país y las clases medias y trabajadoras serán demasiado abultados”, advertía.

El cambio de registro se producía nada más llegar a Barcelona acompañado por Álvarez de Toledo y Díez. Allí Casado renegó de la etiqueta de moderación para cargar con dureza contra el Gobierno y contra el nacionalismo catalán: “En una democracia la moderación no es el camino más corto contra el nacionalismo. Es el cumplimiento de la ley”, sostenía.

Con la intención de competir con Vox, que ha llegado a pedir la declaración del estado de excepción en Catalunya y que según todos los sondeos puede frenar la subida del PP el 10N, Casado ha considerado que la comunidad catalana “se ha roto en dos comunidades y mil pedazos”.

Respaldo total a Álvarez de Toledo

“Tenemos un presidente en Moncloa que debe su puesto a los independentistas. Si Sánchez ha impulsado esta política temeraria es porque ha necesitado a Torra, por eso no ha querido actuar y por eso está en sus manos, si quiere o no apretar”.

Como ya hizo la semana pasada, Casado llegó a culpar al presidente del Gobierno de cualquier disturbio que se pueda producir en las calles catalanas los próximos días: “Hago responsable a Sánchez de los altercados que se puedan producir en los colegios. No estamos para jornadas electorales o de reflexión de violencia”, zanjaba.

Casado agradecía “el coraje, la valentía y la brillantez” de Álvarez de Toledo el martes arrancando lazos amarillos en TV3 con motivo del debate que tuvo lugar en la cadena pública catalana, “que debería ser de todos los catalanes”. El líder del PP mostraba su respaldo total a su polémica portavoz que la semana pasada llegó a pedir perdón en nombre de los populares por la actitud de la formación conservadora ante el nacionalismo, no tan dura como ella hubiese querido.

Esta postura generó cierto malestar interno entre dirigentes populares que formaron parte de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, pero Casado ha decidido posicionarse del lado de Álvarez de Toledo, que llegó a reconocer que en el pasado votó a Ciudadanos pese a militar en el PP, por sus discrepancias con Rajoy.

“La democracia o el caos”

En el mitin de Barcelona Casado agradecía también el apoyo de Rosa Díez, de quien destacaba su “independencia contra el totalitarismo” a lo largo de su ecléctica trayectoria política: pasó de formar parte del Gobierno vasco como consejera socialista de un Ejecutivo con el PNV y EA –hoy integrada en EH Bildu– a hacer del antinacionalismo el eje de su discurso y fundar UPyD. Ya fuera de la formación que creó, acabaría apoyando en redes el discurso de Vox en Catalunya.

“Tengo 67 años, los 25 años primeros no era buena española porque era antifranquista. Después era mala vasca porque no era nacionalista. ¿Y ahora tengo que pedir perdón por estar en un acto del PP? Anda, por favor”, exclamaba Díez. La fundadora de UPyD equiparaba incluso la situación actual de Catalunya con la etapa más sangrienta de ETA, cuando PSOE y PP hacían actos conjuntos en el País Vasco.

“Hacíamos eso porque estábamos en una situación extraordinaria. Lo que estaba en juego era la democracia o la regresión y el caos. Ahora estamos en una situación en la que hay que mojarse, porque lo que nos jugamos en las urnas no es entre izquierda o derecha, lo que está en juego es el orden constitucional”. A su juicio, “hay que agruparse para defender la democracia”. Por eso añadía que apoya a los populares porque “han aprendido de sus errores y porque no van a volver a caer en el apaciguamiento del nacionalismo”.

Ese perfil fervientemente antinacionalista es el que trata de explotar el líder del PP ante el auge de Vox, un crecimiento que desde la dirección popular reconocen que les preocupa por lo que llaman a concentrar “el voto constitucionalista” y el que “cree en España”, en el Partido Popular. Casado también busca lidiar con la campaña puesta en marcha por la asociación ultracatólica HazteOir. “Si votas PP, votas izquierda”, es uno de los lemas que han empezado a distribuir en redes sociales y a través de vallas publicitarias. 

“Nos jugamos la continuidad de la nación”

Ante esos ataques, el líder de los populares endurecía su discurso a última hora del miércoles, en un mitin en Zaragoza. “El domingo nos jugamos la continuidad histórica de nuestra nación y que se imponga la plurinacionalidad”, afirmaba en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa, para zanjar: “A mí no me va a temblar el pulso contra los independentistas. Aplicaremos toda la ley y la Constitución”.

Los populares han anunciado que el mitin de cierre de campaña, el viernes, tendrá lugar en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, con capacidad para 23.000 personas. Aunque la elección del lugar significa la vuelta del PP a los grandes actos, desde el partido explican que tan solo se acondicionará el ruedo para el evento, por lo que capacidad real será de unos pocos miles de personas.