El restaurante de las tres últimas plantas del Mirador del Carmen, adjudicado por el alcalde de Estepona a la pareja de su hijo en junio de 2023, no cuenta con licencia de apertura a pesar de que fue inaugurado por todo lo alto en septiembre de 2024.

Así se detalla en un informe recién emitido por el Área Económica del Ayuntamiento, donde se lee: “A fecha del presente escrito [29 de enero de 2026], no consta otorgamiento de licencia de apertura sobre los referidos locales”. El funcionario también hace constar que, dado que no tiene licencia de apertura, no constan liquidaciones del canon que el adjudicatario debería haber pagado al municipio, y que asciende a algo más de 27.000 euros cada año. Es decir, en los casi tres años transcurridos desde la formalización del contrato la concesionaria, Inversiones Delmar, no ha abonado nada.

El informe, al que este medio ha tenido acceso, está suscrito por el jefe de Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Estepona y ha sido aportado ya al juzgado de instrucción 4 de Estepona. El área solicitó la información al departamento de Comercio, que replicó que “no consta otorgamiento de licencia de apertura” sobre los locales.

El Ayuntamiento no ha explicado a este medio cómo funciona sin licencia de apertura ni pagar el canon un local de restauración ubicado en un edificio público.

El restaurante fue abierto en septiembre de 2024 bajo el nombre comercial de Cielo Skybar, y hoy forma parte de un exitoso grupo hostelero de la ciudad. El canon de 27.427 euros (actualizados al 2% anual) debe pagarse anualmente y por anticipado en la Tesorería Municipal o cuenta bancaria municipal durante los primeros quince días después del vencimiento de cada año de la concesión. El pliego de condiciones de la concesión eximía del pago del canon hasta dos años “en compensación a los gastos derivados de las obras y demás instalaciones en el local”, pero daba puntos por la renuncia a ese plazo de carencia. Es lo que hizo la adjudicataria, que se comprometió a empezar a abonar el canon un año después de la adjudicación; es decir, a partir de junio de 2024. De esta forma, el adjudicatario debería haber abonado ya en dos ocasiones el canon.

El juez investiga al alcalde José María García Urbano (PP), la concejala Ana Velasco, el secretario, el interventor y dos técnicos municipales por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación del restaurante a Inversiones Delmar, constituida y administrada hasta mediados de 2024 por Nadia Odeh Núñez, pareja de uno de los hijos de García Urbano. La Fiscalía ha pedido recientemente que Núñez acuda también a declarar como investigada.

Una concesión a una empresa creada ad hoc

La constatación de que el restaurante no tiene licencia municipal para operar y no paga lo comprometido se une a otras aparentes irregularidades que están siendo investigadas por el juzgado de instrucción 4 de Estepona a instancias de la Fiscalía, después de que la UDEF indagase en las circunstancias de una adjudicación desvelada por este medio en el verano de 2023.

En la primavera de 2023, el Ayuntamiento adjudicó las tres últimas plantas del Mirador del Carmen a Inversiones Delmar 2022, una empresa recién creada que tenía como administradora única a la pareja del hijo de José María García Urbano que ni siquiera se dedicaba a la hostelería.

La concesión se formalizó en términos muy ventajosos para la concesionaria, que debe abonar un canon de 27.427 euros al año por 430 metros cuadrados ubicados en el edificio público más mimado de la ciudad. El canon es de 5,35 euros por metro cuadrado, un chollo en una zona que acaba de ser reurbanizada, y en la que locales sin el glamour del mirador se alquilan por cifras que triplican o cuatriplican ese precio.

El Mirador del Carmen, terminado por Construcciones Bonifacio Solís justo antes de las elecciones de 2023 (en las que García Urbano revalidó la mayoría absoluta) ha costado más de 16 millones de euros de dinero público, y está ubicada a pie de la playa de la Rada, lo que concede al restaurante y al mirador panorámico de su última planta unas fabulosas vistas al mar. La torre aloja un conservatorio de música, un auditorio, una biblioteca y una sala de exposiciones que ha expuesto obras de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, Fundación MAPFRE o la Fundación Zuloaga. En las tres últimas plantas se ubica el restaurante, que tiene acceso privado al mirador, por el que debe abonarse un euro.

La empresa recién constituida por Nadia Odeh Núñez, nuera de García Urbano, se hizo con la concesión a veinte años después de constituirse apenas seis meses antes en el despacho de Salvador Pedraza, concejal de confianza de García Urbano. Ese despacho, ubicado en Málaga capital (a 80 kilómetros de Estepona) ha sido también domicilio social de algunas sociedades patrimoniales del regidor.

Inversiones Delmar ganó el concurso para ubicar en las tres últimas plantas del Mirador un “proyecto turístico de calidad” gracias a una propuesta culinaria y de actividades que, según la UDEF, apenas era una declaración de intenciones. Sólo otra empresa presentó oferta, en el último minuto. Las dos ofertas (la de Inversiones Delmar y la de la competidora) eran idénticas: ofrecían el mismo número de plazas de aparcamiento (30), las horas adicionales de apertura del mirador (800) y hasta el número de telescopios (3).

El Consistorio nunca dio difusión a la idea de colocar un restaurante en las tres últimas plantas del Mirador del Carmen: ni cuando lo sacó a concurso, ni cuando inauguró el edificio por todo lo alto, semanas antes de adjudicarlo.

Informes de la UDEF

A mediados de 2024 las participaciones sociales de Inversiones Delmar fueron vendidas por 30.000 euros a un conocido empresario esteponero, cuyos negocios de restauración y ocio en la ciudad han florecido en los últimos años, a pesar de que el pliego prohíbe expresamente la cesión a terceros de la concesión sin autorización del Ayuntamiento.

La UDEF tiene la sospecha de que Inversiones Delmar había sido creada para enmascarar el beneficiario final de la concesión. En tres informes aportados a la causa, los investigadores del Grupo de Blanqueo desgranan el rastro del dinero de la fianza que sirvió para consumar la adjudicación. Su origen, según observan, está en el patrimonio del propio regidor. Sus dos hijos, José María y Pablo Jesús, prestaron a Nadia Odeh Núñez en las fechas en que se constituyó la sociedad, y apenas una semana antes habían recibido su padre, José María García Urbano, sendas transferencias por importe de 20.000 euros con el concepto “donación”.

Este es el tercer caso en el que García Urbano está investigado. Otro juzgado de instrucción del municipio está a punto de enviarle a juicio acusado de malversación por contratar a una “amiga íntima” que nunca fue a trabajar, y uno de Violencia sobre la Mujer de Córdoba investiga la denuncia interpuesta por esa misma amiga íntima. Desde 2011 García Urbano es alcalde de Estepona, cargo que compagina con su plaza como registrador de la propiedad en San Roque.

La Fiscalía ha pedido que el tribunal del jurado condene a cinco años y medio de prisión a José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP) desde 2011, al que acusa de un delito de prevaricación y otro de malversación, que habría cometido al contratar para el Ayuntamiento a una mujer con la que “mantenía una relación sentimental” “a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna”. Además, solicita que se le imponga una pena de ocho años de inhabilitación.

El escrito de la fiscal, al que este medio ha tenido acceso, supera la petición de pena formulada por las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Vox. El PSOE ha solicitado cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación. Vox pide seis años de prisión. Además, la fiscal pide que se condene a a tres años y medio de prisión a Cristina Pulido, la mujer contratada, como cooperadora necesaria de los delitos.

Pulido fue contratada como cargo eventual en febrero de 2023, a poco más de dos meses de las elecciones municipales. Por 48 días de trabajo percibió algo más de 5.200 euros. En teoría, sus funciones consistían en revisar el mobiliario urbano y el aspecto general del municipio para garantizar que estaba en óptimo estado, pero ella misma dijo que nunca trabajó, y ni el alcalde ni el concejal responsable Blas Ruzafa acreditaron que desempeñase tarea alguna. No tenía ordenador, no se la vio en el Ayuntamiento, no hay mensajes encargando trabajos. Ni siquiera estaba en Estepona por aquel entonces.

De las declaraciones ante el juez instructor y la documental aportada sí se concluye que ambos mantenían una relación por aquellas fechas, y que el regidor le estuvo pagando de su bolsillo el alojamiento en Estepona hasta febrero, justo cuando la contrata para el Consistorio.

El alcalde, que siempre ha insistido que las investigaciones contra él tienen un “ánimo espurio” y forman parte de una campaña para alejarle de la alcaldía, ha subido un tono las críticas a la actuación de jueces y fiscales. En un comunicado difundido por el Ayuntamiento, califica la acusación de la fiscal de “disparate jurídico”. El alcalde insiste en que se basa en una “declaración falsa” de Pulido, que debería ser tenida por nula al haber sido prestada como testigo. Además, insiste que todo cuanto ha declarado la mujer está motivado por su “animo vindicativo” contra él.

Sin embargo, además de la declaración de la mujer que dijo no haber trabajado nunca para el Ayuntamiento, en la investigación desarrollada durante más de un año hay también cuatro informes municipales que corroboran que nunca tuvo tarea, la declaración de un concejal que dijo no conocerla, transferencias bancarias del Ayuntamiento a la mujer, decreto y publicaciones del nombramiento, decreto de cese y cientos de mensajes de whatsapp que acreditan su relación. Lo que no hay, por ahora, son indicios de que hiciera algún trabajo que justificara su nombramiento.

Tres investigaciones abiertas

La causa se instruye por el juzgado de instrucción 5 de Estepona, que abrió la investigación a raíz de la declaración de la mujer en otra investigación penal por presuntos delitos de acoso y agresión sexual que fue archivada. El pasado diciembre ya dictó un auto dando por concluída la investigación y observando la existencia de “indicios suficientes de delito” en la conducta de García Urbano. La defensa del regidor ha recurrido esta resolución ante la Audiencia Provincial.

Si ese recurso se desestima, será un jurado popular quien juzgue al alcalde, que llegó a ser el más votado entre los grandes municipios españoles. García Urbano acumula otras dos investigaciones abiertas: una, ante un juzgado de violencia sobre la mujer, por una denuncia interpuesta por la propia Cristina Pulido. Y otra, ante el juzgado de instrucción 4 de Estepona, abierta tras una investigación de la UDEF y una denuncia de Fiscalía, tras las revelaciones de este periódico relativas a la adjudicación en condiciones muy ventajosas a la pareja de su hijo de un lujoso restaurante en el Mirador del Carmen, que costó 16 millones al Consistorio.

La Policía sospecha que el Ayuntamiento de Estepona adjudicó la explotación de un restaurante de tres plantas en la torre El Mirador del Carmen a una empresa creada ad hoc con el único objetivo de “enmascarar” el beneficiario final de la concesión. En este esquema resultaron claves los hijos del alcalde y el propio regidor, José María Urbano, quienes aportaron más de 20.000 euros para la fianza que debía constituir ante el Ayuntamiento la adjudicataria, Inversiones Delmar 2022. La empresa, creada meses antes en el despacho de un concejal de confianza del alcalde, tenía como administradora única a Nadia Odeh Núñez, pareja de uno de los vástagos del alcalde.

Así se recoge en los informes policiales aportados a la investigación abierta en el juzgado de instrucción número 4 de Estepona, que el pasado viernes tomó declaración a los primeros testigos. Para el próximo viernes está prevista la declaración de García Urbano, la concejala Ana Velasco, el secretario, el interventor y dos técnicos municipales, integrantes de la mesa de contratación y todos ellos ya como investigados por posibles autores de delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Cuando se conoció la apertura de una investigación judicial, el Ayuntamiento insistió a través de un portavoz oficial en que no hay “ninguna ilegalidad” ni “incompatibilidad” en el procedimiento de adjudicación del restaurante. “El alcalde no forma parte de ninguna mesa de contratación del Ayuntamiento, ni interviene en la elaboración de los pliegos ni en la selección de las empresas que resultan adjudicatarias; labor que llevan a cabo los técnicos municipales”.

Los informes, elaborados por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, parten de la investigación desarrollada por este periódico en julio de 2023: basándose en un criterio subjetivo, el Ayuntamiento de Estepona adjudicó la explotación por 20 años de un restaurante en el suelo público más goloso de la ciudad a una empresa administrada por la novia del hijo del alcalde y creada en el despacho del concejal de confianza del alcalde. Lo hizo en condiciones muy ventajosas, por un canon anual que no es ni un tercio del precio de mercado en la zona.

Los investigadores han seguido el rastro del dinero que sirvió para consumar la adjudicación y cuyo origen, según deslizan, podría estar en el patrimonio del propio regidor. Ambos hijos, José María y Pablo Jesús, contaban con fondos suficientes para prestar a Nadia Odeh Núñez los 21.000 euros que debía depositar como fianza, pero recibieron de su padre, José María García Urbano, sendas transferencias por importe de 20.000 euros con el concepto “donación” apenas una semana antes de la constitución de Inversiones Delmar.

Ofertas económicas idénticas

Desde enero, los investigadores de la UDEF han centrado sus pesquisas en la adjudicataria, Inversiones Delmar, cuya constitución coincide en el tiempo con el proceso de licitación. Fue creada dos meses antes de que este comenzara con domicilio social en el despacho del concejal Salvador Pedraza, en Málaga capital (a 80 kilómetros de Estepona). Ese despacho ha sido también domicilio habitual de sociedades patrimoniales de José María García Urbano.

La UDEF constata que Inversiones Delmar no reunía las condiciones objetivas para afrontar el proyecto en el momento de la adjudicación, y que esta se basó en un criterio subjetivo: una memoria con la oferta gastronómica, basada en un “acuerdo de intenciones” con un chef.

Inicialmente, ni siquiera tenía la restauración como objeto social. Lo cambió cuando ya había resultado elegida por el Ayuntamiento. Tampoco tenía cuenta bancaria para hacer frente a los gastos del proceso, y su administradora había vivido hasta entonces de trabajos temporales como azafata y personal de cabina.

También les llama la atención que el Consistorio nunca dio difusión a la idea de colocar un restaurante en las tres últimas plantas del Mirador del Carmen: ni cuando lo sacó a concurso, ni cuando inauguró el edificio por todo lo alto, semanas antes de adjudicarlo.

Solo otra empresa concurrió: Century Boni Group se presentó en el último minuto, con una propuesta económica idéntica a la de Inversiones Delmar. Nada se diferencia entre las dos presuntas competidoras, cuyas ofertas son calcadas en los siete apartados, todos numéricos. Coinciden el número de plazas de aparcamiento (30), las horas adicionales de apertura del mirador (800) y hasta el número de telescopios (3). El administrador de Century, Huang Gang, es uno de los testigos que ha comparecido este viernes.

Constituida para participar en el concurso

Con ese bagaje, dicen los investigadores, no se entiende que Inversiones Delmar pudiera acreditar una solvencia mínima para hacerse con la explotación de un lugar para el que el Ayuntamiento decía buscar “un proyecto turístico de calidad”. El restaurante se ubica en las tres últimas plantas, mirador incluido, del fastuoso Mirador del Carmen, una torre a pie de playa que cuenta con sala de exposiciones conveniada con el Museo Thyssen, un conservatorio y una biblioteca. El Ayuntamiento ha invertido 16 millones de euros en este edificio.

Con estos indicios, creen que Inversiones Delmar se constituyó con la única finalidad de participar en el concurso. Apenas un año después de la adjudicación, Núñez traspasó las participaciones de la sociedad a Juan José Martínez y su hija Laura. Es “más que plausible”, concluyen los investigadores, que desde el inicio la intención fuera favorecer a los nuevos socios de Inversiones Delmar 2022. Martínez es un empresario del ocio y la hostelería muy conocido en Estepona, y una de sus empresas ha sido adjudicataria de otra concesión reciente del Ayuntamiento, un restaurante de playa. También explota una caseta del Real, participa en clubes deportivos y en la hermandad de la Virgen del Parten y fue incluso Rey Baltasar en la cabalgata de 2025.

Tras las revelaciones de este periódico, hace dos años y medio, el alcalde eludió dar explicaciones al Pleno, sugiriendo que no haría algo irregular cuyos indicios serían públicos. “Cuando está en el Registro Mercantil es que no hay nada que ocultar. El expediente está en el portal del contratante”.

Este es el tercer caso en el que García Urbano está investigado. Otro juzgado de instrucción del municipio está a punto de enviarle a juicio acusado de malversación por contratar a una “amiga íntima” que nunca fue a trabajar, y uno de Violencia sobre la Mujer de Córdoba investiga la denuncia interpuesta por esa misma amiga íntima.

Un juzgado de Estepona investiga a José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), una concejala, el secretario municipal, el interventor y dos funcionarios del Ayuntamiento por la adjudicación pública del restaurante ubicado en las últimas plantas del mirador del Carmen, una torre ubicada a pie de playa en la que el Ayuntamiento gastó más de 16 millones de euros de dinero público.

En aquel momento la adjudicataria, Inversiones del Mar, S.L., acababa de ser creada y Nadia Odeh Núñez, su socia única y administradora, era la pareja de uno de los hijos del alcalde, quien proveyó de los 20.000 euros necesarios para constituir la fianza, según la investigación de la UDEF. El juez investiga presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. García Urbano está citado a declarar ante el juzgado de instrucción 4 el próximo 30 de enero.

La investigación tiene su origen en una denuncia por prevaricación y tráfico de influencias interpuesta por la Fiscalía Provincial a finales de julio. La denuncia da cuenta de un asunto desvelado por elDiario.es dos años antes, en julio de 2023. Basándose en criterios subjetivos, el Ayuntamiento adjudicó la explotación de tres plantas de la fastuosa torre, inaugurada poco antes de las elecciones de mayo de 2023, a una empresa sin experiencia en el sector (ni en ningún otro) y cuyo objeto social nada tenía que ver con la hostelería.

El canon a pagar por la empresa al Ayuntamiento era una bicoca: 27.000 euros anuales por 430 metros cuadrados, lo que arrojaba un precio mensual de 5,35 euros por metro cuadrado a pie de playa en un lugar privilegiado: las tres últimas plantas de la nueva torre en el barrio del Carmen. Cuando este medio desveló la adjudicación, los locales de la zona tenían un precio entre los 11 euros y los 20 euros por metro cuadrado, entre dos y cuatro veces más, sin estar en la lujosa torre ni tener acceso al fabuloso mirador.

Al frente de la adjudicataria del restaurante estaba Nadia Odeh Núñez, quien por entonces era pareja de José María García Romero, uno de los hijos del alcalde. Inversiones del Mar se había constituido en noviembre, apenas seis meses antes. Al concurso solo concurrió otra empresa con una oferta idéntica en lo económico, y presentada justo a la hora de cierre. La adjudicación se basó en un criterio meramente subjetivo: la oferta de restauración del futuro restaurante.

La empresa de Núñez se había creado en la notaría del propio García Urbano, y tenía como domicilio social el despacho en Málaga de Salvador Pedraza, concejal de confianza del alcalde. El domicilio coincide con otras sociedades patrimoniales del regidor.

La Fiscalía, que interpone la denuncia ante la “alarma social generada”, ha pedido que declaren como investigados el propio García Urbano y todos los miembros de la mesa de contratación: la concejala Ana Velasco (presidenta), el secretario, el interventor y dos técnicos municipales.

A través de un portavoz oficial, el Ayuntamiento insiste en que no hay “ninguna ilegalidad” ni “incompatibilidad” en el procedimiento de adjudicación del restaurante. “El alcalde no forma parte de ninguna mesa de contratación del Ayuntamiento, ni interviene en la elaboración de los pliegos ni en la selección de las empresas que resultan adjudicatarias; labor que llevan a cabo los técnicos municipales”, señala el Consistorio, que subraya que nadie impugnó.

20.000 euros puestos por el propio García Urbano

Dos años y medio después, la denuncia de Fiscalía incide en algunos de los aspectos revelados por la investigación de este medio y añade elementos que apuntalan la hipótesis de un presunto tráfico de influencias. Según su escrito, la adjudicación a una empresa “omitiendo los requisitos imprescindibles para contratar con la administración al carecer de solvencia económica y profesional” supone una “contradicción con el derecho ”inexplicable“, por lo que el fiscal concluye indiciariamente que sólo obedecía a la ”voluntad unilateral“, ”sobre todo cuando la socia única y administradora resulta ser o haber sido pareja del hijo del alcalde“.

El fiscal empezó a investigar en enero de este año, y pidió un informe al Grupo I de Blanqueo de la UDEF, que tiró del hilo del dinero necesario para la inversión, 22.000 euros de fianza. Y descubrió que el origen está en el bolsillo del propio García Urbano, quien “unos días antes de la fecha de consignación de la fianza” donó 20.000 euros a su hijo, para que este a su vez los traspasara a Núñez.

Cuando recibió la adjudicación para explotar una “actividad de restauración que responda a un proyecto turístico de calidad” (según el propio pliego), Núñez era perceptora del subsidio de desempleo, tenía apenas 1.600 euros en sus cuentas y su experiencia se limitaba a ser auxiliar de vuelos y trabajos en la recepción de algún hotel. Ni ella ni la empresa que crearon tenían experiencia alguna en el sector, hasta el punto de que sólo le cambiaron el objeto social a posteriori, cuando resultó adjudicataria. “Era evidente que la adjudicataria final carecía absolutamente de solvencia económica y profesional”, apunta el fiscal.

La otra empresa que pujó lo hizo en condiciones sorprendentes. Presentó la oferta sobre la bocina (en el último minuto), y con unas condiciones económicas idénticas a las de Inversiones del Mar.

La mesa de contratación, presidida por la concejala Ana Velasco (muy cercana al propio García Urbano) se decantó por Inversiones del Mar siguiendo criterios “meramente subjetivos”. Simplemente, le gustó más el detalle de la oferta culinaria de la empresa de la por entonces nuera del alcalde, que jamás había dirigido un restaurante. Esa oferta se basaba en una “carta de intenciones no acreditadas” donde un chef reconocido ofrecía una serie de menús.

Menos de un año después de recibir la concesión, Nadia Odeh Núñez vendió las participaciones de su empresa a un conocido empresario esteponero, cuyos negocios de restauración y ocio en la ciudad han florecido en los últimos años. Lo hizo a cambio de 30.000 euros, según constata la UDEF en un informe de finales de abril. El pliego prohíbe expresamente la cesión a terceros de la concesión sin autorización del Ayuntamiento.

La torre es la obra pública más cara nunca acometida por el Ayuntamiento: además del precio pagado por el terreno, la obra costó 16,3 millones de euros (incluyendo sobrecostes). La obra se adjudicó a Construcciones Bonifacio Solís (íntimo amigo y exsocio del alcalde). El proceso fue impugnado por el Colegio de Arquitectos de Málaga, pero se desestimó sin que se evaluara nunca el fondo del recurso.

El edificio, llamado a ser el “faro cultural” de la ciudad, acoge una biblioteca de ocho plantas, una sala de exposiciones concertada con la Colección Carmen Thyssen y un conservatorio, además del restaurante con terraza y mirador.

Tres investigaciones simultáneas

Cuando se le cuestionó en el Pleno por la adjudicación del restaurante a la pareja de su hijo, el alcalde despachó el asunto en medio minuto: “Cuando está en el Registro Mercantil es que no hay nada que ocultar. El expediente está en el portal del contratante”, dijo entonces.

Esta nueva investigación al alcalde se suma a las que ya tienen abiertas sendos juzgados de Estepona y Córdoba. El primer caso apunta ya a juicio por malversación, que sería con jurado ante la Audiencia Provincial de Málaga, después de que el juzgado haya concluido que hay “indicios suficientes” de que el alcalde creó una “mera ficción” para contratar para el Ayuntamiento y pagar unos 5.200 euros de dinero público a una mujer con la que mantenía una relación de “amistad íntima” que nunca fue a trabajar.

El segundo caso se abrió en Córdoba después de que esa misma mujer viera como se archivaba en Estepona su primera denuncia, por acoso sexual, y acudiera entonces a interponer una denuncia por “violencia de género” ante un juzgado de Córdoba, donde reside. García Urbano se negó a declarar ante el juez, y fuentes cercanas al caso dicen ahora que la investigación está pendiente de nuevas diligencias.

El alcalde sostiene que estas investigaciones obedecen a una “campaña política y mediática” para dañar su reputación.

Lo cierto es que todas tienen orígenes distintos: la de acoso sexual (archivada) y la de violencia machista la interpuso inicialmente un policía local y luego la “amiga íntima” de García Urbano. La de malversación la abrió el juez de oficio, tras escuchar a esa misma mujer decir que el Ayuntamiento la contrató y que no hacía nada. Esta investigación está tan avanzada que el fiscal y las acusaciones (Vox y PSOE) ya han pedido que se le juzgue. Y por último, la de prevaricación y tráfico de influencias que ahora se inicia tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía Provincial de Málaga, a partir de unos hechos desvelados por elDiario.es que corrieron como la pólvora por el municipio.

Hace años que algunas contrataciones municipales levantan sospechas en Estepona. Este medio también contó, hace ahora tres años, cómo el Ayuntamiento vendió a la empresa de un amigo y exsocio del alcalde varios locales a una cuarta parte de su valor real en un expediente bis, urgente, sin publicidad y desarrollado íntegramente en agosto. La presidenta de la mesa de contratación fue también Ana Velasco. El PSOE denunció ante Fiscalía, pero el fiscal decidió archivar la investigación.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP) se encamina hacia el banquillo de los acusados por haber contratado para el Ayuntamiento a una mujer con la que mantenía una “relación íntima” sin que conste que ella acudiera nunca a trabajar. En un auto notificado a las partes este viernes, el juez de instrucción 5 de Estepona rechaza archivar el caso, recopila los indicios acumulados durante un año de investigación, y da a las acusaciones (Fiscalía, PSOE y Vox) cinco días para presentar sus escritos de conclusiones provisionales. Los hechos que describe en el auto podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos como autor directo y cooperadora necesaria, según explicita el juez.

“Existen indicios suficientes de que el Sr. García Urbano, con la intención de proporcionar una ayuda económica a Cristina Pulido”, “con la que mantenía una estrecha relación de amistad”, la contrató “a los solos efectos de que recibiera la nómina correspondiente, sin que tuviera que desempeñar actividad alguna, tratándose su contratación, en consecuencia, de una mera ficción jurídica”, observa el juez tras repasar los indicios que tiene hasta ahora.

El auto acuerda continuar el procedimiento, que hasta que no pase a fase de juicio sigue siendo de instrucción. De ahí, que acuerde prorrogar la instrucción seis meses, y dé a las acusaciones cinco días para formular conclusiones provisionales interesando la apertura de juicio.

Desde el Ayuntamiento de Estepona siguen agarrándose a este nuevo plazo para mantener la idea de que aún podría no producirse ese juicio, aunque el auto no siquiera da trámite a las defensas en este momento. “La prórroga de la instrucción es necesaria para que el alcalde se pueda defender y presentar pruebas de una acusación falsa”, dicen fuentes municipales, que achacan la causa a una “campaña política y mediática” para dañar su reputación y recuerdan que el juzgado archivó una denuncia por acoso sexual de la misma mujer.

Lo cierto es que fue el propio juez quien decidió abrir de oficio una investigación separada por la presunta malversación, cuando comprobó los pagos a Cristina Pulido a raíz de investigar la denuncia de acoso y coacciones.

Por la contundencia con la que el juez relaciona los indicios de la malversación fuentes del procedimiento ya dan por descontado que el caso llegará a juicio, que sería ante un tribunal de jurado. “Es muy difícil que este juez pueda dar marcha atrás. El momento para sobreseer era en este auto, y no lo hace. Todo lo contrario, justifica muy bien los indicios que hay ya en la causa”.

Consignación de 5.200 euros

El auto llega una semana después de una vista en la que las partes pudieron mostrar su posición, pidiendo nuevas diligencias. Ya entonces, la Fiscalía solicitó seguir adelante con el procedimiento acusando tanto al regidor como a la mujer. El alcalde, por su parte, aportó prueba de que ha consignado en el Ayuntamiento algo más de 5.200 euros, cantidad en la que se estima el perjuicio que sufrieron las arcas públicas con la contratación presuntamente irregular de la mujer. Es una medida orientada a atenuar la pena de una posible condena.

La resolución señala que el alcalde mantenía una “relación íntima de amistad” con Cristina Pulido, lo que se deduce de conversaciones de Whatsapp que constan en autos, y que durante 2022 contribuyó a su sostenimiento abonándole mensualmente entre 1.000 y 4.000 euros, 21.000 en total, que ella destinaba al pago del alquiler en Estepona. Esos pagos personales terminaron en enero. Y al mes siguiente, ella fue contratada por el Ayuntamiento como funcionaria eventual, con plaza de asesora adscrita al Área de Control Externo, para labores supuestas de “asesoramiento especial y confianza”. Cesó el 31 de marzo.

A pesar de la contratación, nunca desempeñó tarea alguna, y sólo fue para firmar la toma de posesión. “No consta registro de control horario, ni expediente administrativo alguno ni de otra naturaleza en el que haya intervenido la Sra. Pulido”, tal y como corroboró el concejal responsable, recuerda el juez, quien observa las contradicciones del Ayuntamiento para explicar las supuestas tareas para las que fue contratada: en un informe, se dijo que era para “recabar información sobre el estado de la limpieza viaria, iluminación, ornato de la jardinería y mobiliario urbano”. Pero cuando se puso de manifiesto que en este tiempo ella estaba en Córdoba, García Urbano declaró que la contrató para “estar pendiente de las redes sociales”. El instructor deja claro que aún no sabe para qué se la contrató.

El alcalde Estepona, José María García Urbano (PP), investigado por malversación por contratar a una mujer con la que mantenía relación de “amistad íntima” sin que conste que ella desempeñara nunca ninguna tarea para el municipio, ha pagado de su bolsillo la cantidad que el Consistorio abonó a esa mujer, consignándola en una cuenta de la Tesorería del Ayuntamiento. Son 5.276,92 euros, el importe íntegro que percibió de Estepona Cristina Pulido, que ahora también está investigada en la causa.

El alcalde justifica este movimiento “ad cautelam” (dice) en que quiere “despejar toda duda” sobre la “inexistencia de perjuicio alguno” para el Consistorio. Implícitamente, supone también una admisión (aunque sea “ad cautelam”) de que ese dinero no debió pagarse, y encamina una posible condena, si se produjera, hacia una horquilla inferior de la pena al aplicarse la atenuante de reparación del daño.

El regidor debía comparecer este jueves en una vista ante el Juzgado de Instrucción 5 de Estepona, en la que debía darse continuidad o no a la causa pasándola ya al tribunal del jurado. Sin embargo, hace unos días presentó un escrito excusando su asistencia por su agenda municipal, al entender que bastaba con que estuviese presente su abogado, y el juez aceptó la petición.

Investigación en curso

El juez investiga desde hace aproximadamente un año la supuesta malversación cometida por el alcalde, que mantenía una relación con la mujer tras conocerla en redes sociales en 2021. Durante más de un año le realizó transferencias periódicas de su bolsillo, hasta que la contrató para el municipio. En apenas mes y medio, entre febrero y marzo de 2023, Estepona pagó a la mujer 5.276 euros.

Aunque formaba parte de la decena de cargos “fichados” para labores de relevancia pública, su función teórica eran pasar estado de revista general a la imagen del pueblo justo antes de las elecciones de mayo de 2023. Sin embargo, no existe rastro de que trabajara en nada: no hay informes, ni comunicaciones, ni encargos, ni tuvo ordenador, ni pasó por el Ayuntamiento, ni recibió cuenta o terminales corporativos… Ella misma ha declarado que nunca hizo nada, y que sólo se comunicó verbalmente con García Urbano, que nunca le asignó tarea.

En el curso de esta investigación el juez ha tomado declaración tanto al regidor como al concejal responsable del área a la que fue asignada la mujer, como a la propia Cristina Pulido, a la que decidió dar la condición de investigada cuando ya había dado por concluida la investigación.

Posible incompatibilidad en la defensa

Este jueves la Fiscalía ha solicitado seguir adelante con el procedimiento acusando tanto a García Urbano como a Pulido. La acusación popular ejercida por el PSOE se ha sumado a esta propuesta (calificando a Pulido como cooperadora necesaria), mientras que la ejercida por Vox ha limitado su acusación al regidor. El PSOE sostiene que García Urbano aprovechó su cargo para contratarla y que el puesto de trabajo creado para ella era una mera ficción.

Se da la circunstancia de que el letrado de Vox en esta causa ejerce la representación de Cristina Pulido en la causa que el mismo juzgado investigó (y archivó) el presunto acoso sexual del alcalde sobre la mujer y la pareja de este, y también en una causa por violencia de género contra la misma mujer, que abrió el pasado junio el juzgado de instrucción 2.

El procedimiento de la malversación ha estado paralizado durante meses porque el Colegio de Abogados ha tenido que estudiar la posible incompatibilidad entre ser abogado defensor de una persona en una causa y acusación en otra. Finalmente, no ha puesto objeciones.

El 18 de septiembre de 1990 The New York Times publicó un reportaje sobre una fortuna española y un pueblo andaluz. “El futuro de Estepona está a punto de transformarse, no por los gustos de los turistas ni por la codicia de los promotores actuales, sino por decisiones tomadas hace décadas que sólo se han conocido hace poco”, contaba el enviado especial Alan Riding, fascinado por un “cuento lorquiano” de resonancias atávicas irresistibles: una historia de curas y obispos, dineros y matrimonios sin descendencia en un rincón del Mediterráneo donde “el pasado sobrevive” y “todos saludan a todos”.

Aquella fortuna recién descubierta provenía de la herencia de la familia Nadal-Guerrero, personas pías hasta el fervor, y se había concentrado en un fabuloso patrimonio inmobiliario que tenía su destino sellado en escrituras y testamentos secretos: debía servir al pueblo de Estepona (Málaga), al de Ontinyent (València), a sus parroquias y a sus jóvenes para que ellos y sobre todo ellas pudieran estudiar en la Universidad, si era católica mucho mejor.

35 años después, el futuro ha transformado Estepona, que ya no es pueblo de pescadores, sino que descuella como vértice del triángulo de oro de la Costa del Sol que conforma con Marbella y Benahavís. Sin embargo, el destino de la fortuna, troceada hace tiempo, sigue siendo una meta moviente que aparece y desaparece, como un conejo de una chistera mientras el mago hace su truco.

En este tiempo, la aspiración post mortem de José Nadal, María Catalina Nadal y Antonia Guerrero no se ha concretado, pero ha servido para que metan mano en esta historia media docena de alcaldes, dos o tres curas, el Obispo de Málaga y el de Mallorca, una oscura empresa de la alta sociedad madrileña quebrada en extrañas circunstancias, Unicaja y otra decena de bancos, el empresario Juan José Hidalgo y el comisario retirado José Manuel Villarejo, entre muchos otros.

Tal y como este medio ha venido contando, el destino del legado acaba de reaparecer como señuelo. El alcalde y presidente de la Fundación Antonia Guerrero, José María García Urbano (PP), lleva tiempo prometiendo el desembarco de la universidad, y un empresario, Jorge Segovia, dueño de una institución académica rechazada en Chile y por el Ministerio en España, ha vuelto a registrar una solicitud de implantación de una universidad en Estepona ante la Junta de Andalucía. La clave de bóveda sería el dinero, 68,5 millones de euros, que Kronos se ha comprometido a pagar tras la subasta de unos valiosos terrenos de la Fundación Antonia Guerrero donde caben 1.500 viviendas. El suelo para la Universidad está reservado desde hace años junto a las parcelas, igualmente provenientes del legado, donde Juan José Hidalgo proyecta levantar un lujoso resorte turístico.

Unos tres millones de metros cuadrados de una familia sin descendientes

La operación ha devuelto a la actualidad la historia antigua del legado inmobiliario de la familia Nadal Guerrero, alrededor de tres millones de metros cuadrados, calificados inicialmente como rústicos, y por tanto pendientes de una reclasificación para poder obtener un rendimiento de ellos.

Nadie es capaz de concretar con precisión la superficie total del legado, que se pierde en una maraña de ventas, permutas y excesos de cabida. “Oscila entre los 2,5 y los 3 millones de metros cuadrados”, apunta Francisco Medina en su reciente libro Desheredados, en el que traza un exhaustivo recorrido histórico para el que ha buceado en registros, fuentes documentales y testimonios orales.

El punto de partida está en dos primos: Cristóbal Navarro y Antonia Guerrero, fallecidos sin hijos en 1921 y 1928, respectivamente. Todos sus bienes recayeron entonces sobre tres sobrinos, igualmente austeros y beatos: Carmen, José Antonio y María Catalina Nadal Guerrero, fallecidos los tres también sin descendencia.

De ese modo, María Catalina, la última en morir, concentró en sus manos todo el patrimonio inmobiliario de la familia, y volvió a dividirlo en lotes con distinto fin: para la Fundación José Nadal los bienes heredados de José Nadal; para la Fundación Antonia Guerrero los provenientes de Antonia Guerrero (parte de los cuales se acaban de subastar); y los propios, para la Iglesia los Remedios de Estepona y otras cinco entidades religiosas de la ciudad malagueña y de Ontinyent.

Durante una década, la que va desde su fallecimiento (1978) al del Padre Manuel (1988), la voluntad de María Catalina permaneció secreta y latente. El fallecimiento del párroco de Estepona, quien había preservado con celo todos los bienes, dio paso a que Teodoro Úbeda, antiguo confesor familiar y Obispo de Mallorca, asumiera el albaceazgo. Fue Úbeda quien descubrió la voluntad oculta de la mujer, y quien se dispuso a llevarla a cabo.

Llegamos así a 1990, cuando Manuel Sánchez Bracho, alcalde de CDS, declara a quien quiera escucharle, entre otros The New York Times, que el pueblo se ha encontrado un maná que lo cambiaría para siempre.

Venta de casi todo el legado a precio de saldo

Entonces empieza a hablarse de la posibilidad de atraer una universidad a Estepona, aunque tal designio, como recuerda Medina en su libro, no aparecía por escrito en ningún documento. Siguiendo la voluntad de su tía y su hermano, María Catalina sí quiso que las dos fundaciones tuvieran una finalidad benéfica y docente. En concreto la Antonia Guerrero debía cumplir la voluntad de esa mujer, quien murió en 1928 frustrada por no haber podido estudiar carrera: “Costear los estudios de mujeres pobres de dicho pueblo, dando preferencia a las carreras de Leyes y Filosofía y Letras”.

Úbeda llegó a un acuerdo con la Universidad Pontificia de Salamanca para abrir una sucursal en Estepona, pero antes debía lograr la recalificación del suelo y pactar con los colonos que explotaban las tierras. Además, tenía tutela: para ejecutar toda la operación urbanística, la Conferencia Episcopal había impuesto una promotora intermediaria, Corporación de Promotores Europeos, S.A. (COPRESA), creada para la ocasión, dirigida por José Navarro López (próximo, según algunas fuentes, al portavoz del Vaticano Joaquín Navarro Valls) y participada por notables de la alta sociedad madrileña y el vicesecretario de la Conferencia Episcopal.

“Yo pregunté al cura de Estepona qué íbamos a hacer con la Herencia Nadal, y me dijo que el poder se lo había dado al Obispo”, recuerda Mariano Cabanillas, un antiguo corredor de fincas muy cercano a esta historia, que conoce mejor que nadie. “Así que llegaron con su propaganda, diciendo que iban a construir la Universidad”.

Con el señuelo del plan de Estepona, COPRESA fue utilizada para tapar fraudulentamente agujeros de otros proyectos, según se demostró luego. Pidió unos nueve millones de euros a una docena de bancos, que Úbeda, como albacea, avaló con el legado. Y cuando el préstamo venció, en 1994, el dinero se había esfumado (se pagaron 75 millones de pesetas para recalificar Guadalobón y 200 millones a los colonos, según Cabanilas) y COPRESA apenas había devuelto tres de los 12 millones que le reclamaban. Tras años de litigios, y para saldar la deuda que ya iba por nueve millones, Unicaja llegó a un acuerdo con el resto de bancos acreedores y se quedó con la mitad de los terrenos, 1,5 millones de metros cuadrados.

De golpe y porrazo, la mitad de la Herencia Nadal había desaparecido. Úbeda, un obispo de carácter aperturista murió en 2003 tras ver cómo su plan para cumplir la voluntad de María Catalina había esquilmado el caudal del legado y acrecentado el botín de quienes se mueven bien en las aguas del poder, sin que la universidad ni siquiera se atisbara. Según transmitió, actuó desconociendo los avatares financieros de COPRESA y por indicación de una persona del ámbito eclesiástico cuya identidad nunca reveló. “Los sinsabores por el fracaso económico de aquella operación -que le diseñaron- le causaron gran dolor y mella en su estado de ánimo”, resumía el obituario de El País.

“¿Qué ha obtenido Estepona?”

Con la mitad del legado ya en manos privadas, el nuevo albacea Antonio Dorado, obispo de Málaga, vendió en agosto de 2005 el último trozo del pastel a Globalia, propiedad del empresario Juan José Hidalgo, a cambio de entre 60 y 120 millones de euros, según las fuentes. Así “se consigue allegar los fondos necesarios para atender al pago de los legados, así como (...) la realización de unos proyectos previstos en beneficio de Estepona y de sus más necesitados ciudadanos”, decía el anuncio público del Obispado.

Y en noviembre de 2005, apenas cuatro meses después de comprar la parte del Obispado, Hidalgo completó la operación quedándose a título personal la mitad de los terrenos (25% del total) que Unicaja se había adjudicado tres años antes para saldar la deuda de COPRESA. Aquí el rastro del dinero ya se pierde: el banco entregó a Hidalgo los terrenos, y en una operación paralela se hizo con el 7% del capital de Globalia por 31,5 millones de euros. Hidalgo ha dicho en alguna ocasión que pagó “religiosamente a los obispos y a Unicaja” 35.000 millones de pesetas (unos 210 millones de euros). Globalia, que veinte años después ha logrado el respaldo del Gobierno andaluz para levantar un resort de lujo en esos terrenos, ha declinado participar en este reportaje.

En todo caso, el dinero de la venta se esfumó como la bolita de un trilero, y la indignación cuajó en Estepona por el uso del dinero que el Obispado sacó con la venta. “¿Dónde fue? Yo escribí al Obispado pidiendo explicaciones y los Estatutos de la Fundación Nadal, y lo que hicieron fue disolverla. El Obispado fue cómplice número 1 de estos robos”, recuerda hoy Cabanillas.

Lo mismo se preguntaba el consejo Pastoral de la Parroquia de los Remedios en una carta dirigida al Obispado en agosto de 2011. Y se contestaba: se perdieron 1.200 millones de pesetas en la quiebra fraudulenta de COPRESA y de lo cobrado por la venta, el Obispado traspasó el 90% “de forma unilateral” a una cuenta del Fondo Diocesano de Ayuda, sin informar a los esteponeros de cómo se administra o lo invierte. Cuando el párroco de Estepona se puso del lado de su parroquia y pidió explicaciones de las cuentas, el Obispado lo trasladó a Arriate en 48 horas.

La quiebra de COPRESA, calificada fraudulenta, no se cerró hasta el 1 de febrero de 2023, mediante un auto del juzgado de primera instancia 14 de Madrid que declaró la insuficiencia de sus activos para responder a sus deudas. Nunca se impulsó la vía penal, aunque los síndicos de la quiebra se llevaron las manos a la cabeza cuándo comprobaron cómo se había gestionado la sociedad. “Netamente deplorable en todos los sentidos”, escribieron, tal y como recoge Medina en su libro.

Hace ya tiempo que el legado fue desmembrado de sus trozos más jugosos, que alimentan desde entonces las expectativas de boyantes negocios inmobiliarios. “Lo que debió convertirse en motor de desarrollo acabó enredado en entramados turbios, contratos opacos y gestiones privadas que poco o nada tenían que ver con el espíritu del testamento”, escribe Juanma Herrera, periodista esteponero, en el prólogo a Deshereados: “Uno no puede evitar pensar que la familia Nadal, al completo, debe estar revolcándose en sus tumbas”.

Estepona se dispone a asistir a la entrega a un inversor inmobiliario de más de 100.000 metros cuadrados del terreno –muy cerca de la playa– que María Catalina Nadal legó en 1926 con la finalidad de que lo aprovecharan las esteponeras para estudiar una carrera universitaria, preferentemente de Filosofía y Letras. La Fundación Antonia Guerrero ha subastado públicamente las parcelas, y las ha adjudicado por 68,5 millones de euros a la promotora Kronos, que podrá construir hasta 1.125 viviendas en una ubicación privilegiada.

En paralelo, una sociedad mercantil presidida por el empresario Jorge Segovia Bonet, titular de la Universidad Internacional SEK, tramita una “solicitud de implantación” de un centro privado en Estepona, cuya ubicación está reservada desde hace años en otros terrenos vinculados al mismo legado. Existe también un acuerdo de intenciones entre la Fundación y SEK para colaborar en la implantación de una universidad privada en Estepona, y el alcalde José María García Urbano (PP), quien a su vez preside la Fundación, prometió en la última campaña electoral que durante este mandato conseguirá que una universidad se instale en el municipio.

Hasta ahora, la universidad, un viejo anhelo anclado en el histórico legado de María Catalina Nadal y Antonia Guerrero, ha servido de trampantojo durante 35 años: un señuelo que es a la vez consecuencia y condición para una operación inmobiliaria multimillonaria. Ahora las piezas parecen más cerca que nunca de encajar.

En 2020 Segovia (el mismo empresario que acaba de solicitar autorización a la Junta) ya presentó un proyecto de universidad privada: el campus se financiaría con dinero de la venta del patrimonio de la Fundación Antonia Guerrero, y se ubicaría a medio plazo en 300.000 metros cuadrados ubicados en Guadalobón, titularidad de una entidad del empresario Juan José Hidalgo pero reservados desde hace años para un emplazamiento universitario, según un documento al que ha tenido acceso este medio.

A su vez, Hidalgo, a través de Globalia, tramita desde hace cuatro años un imponente proyecto turístico en los terrenos de Guadalobón con el apoyo decidido de la Junta de Andalucía, que le ha dado categoría de “interés estratégico”. Globalia ha declinado hacer comentarios sobre este proyecto. En noviembre de 2019 pidió al Ayuntamiento que cambiara el PGOU para encajar su resort de lujo. Sólo un mes después, en diciembre de 2019, el empresario Jorge Segovia constituyó Universidad Internacional Antonia Guerrero Díaz, S.A.

Todo indica que el desarrollo urbanístico y el desembarco de una universidad privada es un plan conjunto diseñado por el alcalde (y presidente de la Fundación) con el concurso necesario de los empresarios Hidalgo y Segovia. No obstante, está por ver cómo afecta a estos planes el endurecimiento de los criterios de reconocimiento y autorización de universidades privadas recién aprobado por el Gobierno central.

Las dos operaciones (la inmobiliaria y la educativa) están íntimamente conectadas, tal y como ha desvelado este medio. Para la oposición socialista y una plataforma recién constituida, la universidad esteponera debería ser pública, pues sólo así se ahuyentaría el temor de que toda la operación encubra, en realidad, un boyante negocio inmobiliario.

Recalificación de los terrenos en 2022 para su uso turístico

Los terrenos de Guadalobón son una superficie de más de 600.000 metros cuadrados, que están igualmente incluidos en la histórica Herencia Nadal, emparentada al legado de Antonia Guerrero. Se trata de una parte de las parcelas reagrupadas por el empresario salmantino Juan José Hidalgo (Air Europa, Halcón Viajes, Globalia), que desde el siglo pasado quiere (y no ha podido) levantar allí un fastuoso complejo residencial y turístico.

Hidalgo podría conseguirlo si entre el alcalde (que a su vez preside la Fundación Antonia Guerrero), el empresario Jorge Segovia y él mismo logran cuadrar el círculo. De hecho, en los últimos años, el plan ya ha recibido varios impulsos para sacarlo del atolladero.

En primer lugar, García Urbano recalificó los terrenos en 2022, cambiando el destino residencial de dos millones de metros cuadrados (Guadalobón y Sistema Universitario, 633.000; Arroyo Vaquero, 1.495.000) por el uso turístico que pretende Hidalgo, aumentando su edificabilidad. En ese trámite, se intercambiaron también los 300.000 metros cuadrados que el PGOU reserva allí para el equipamiento universitario con los suelos de uso turístico: la Universidad pasó al norte de la autovía y el desarrollo turístico al sur, pegado a la playa.

Simultáneamente, y desde octubre de 2021, el Gobierno de Moreno tramita en su aceleradora el proyecto “Construcción de dos complejos turísticos unificados de alta gama en el municipio de Estepona (Málaga)”, impulsado por “Globalia full resort (Guadalobón + Arroyo Vaquero”). Está declarado de “interés estratégico para Andalucía”. Esto supone, en teoría, la agilización de los trámites. En puridad, son dos proyectos, el de Arroyo Vaquero y el de Guadalobón, que ya tiene el visto bueno ambiental de la Junta de Andalucía, si bien la Dirección General de Carreteras ha informado desfavorablemente por el riesgo de encajonar ese futuro desarrollo.

Dos hoteles de cinco estrellas y un apartahotel

Globalia lo llama full live resort. Incluiría una ciudad deportiva, un campo de golf y dos complejos turísticos de “alta gama”, ambos con hotel cinco estrellas (1.400 y 600 habitaciones, respectivamente), un apartahotel de 600 habitaciones, 400 apartamentos y 115 villas de lujo. Según la presentación que Juan Marín, por entonces vicepresidente de la Junta de Andalucía, hizo hace tres años, la inversión total prevista es de 630 millones de euros. Para la oposición, es una operación que esconde un “pelotazo urbanístico” sin precedentes.

Hidalgo está muy vinculado a la ciudad (en 2006 llegó a bautizar “Estepona” al primer Airbus A330-200 de Air Europa), de la que es hijo adoptivo, pero lleva años residiendo en República Dominicana. Últimamente ha regresado de la mano del fútbol: adquirió el equipo local y compró una plaza para competir en Segunda RFEF.

De culminar el proyecto, Hidalgo podría rentabilizar al fin la compra que hizo hace casi dos décadas. El empresario siempre ha lamentado las dificultades que ha encontrado para levantar aquí su gran obra. Según ha contado en alguna ocasión, compró los terrenos en una operación que le sugirió Juan Antonio Roca, el cerebro del Caso Malaya. “Hice la mayor inversión y la mayor locura de mi vida”, declaró en julio de 2017, explicando que, tras obtener el visto bueno de Manuel Chaves (por entonces presidente de la Junta) y de Antonio Barrientos (alcalde de Estepona), pagó “religiosamente a los obispos y a Unicaja” 35.000 millones de pesetas (unos 210 millones de euros).

Más de dos décadas después, el empresario salmantino mantiene, por sí o a través de sus empresas, la mayor parte de los terrenos del legado, pero sigue sin poner un ladrillo. Para materializar su plan, Hidalgo se ha topado un obstáculo principal: la reclasificación del suelo, que los sucesivos alcaldes han condicionado a un “proyecto universitario en firme”, en palabras del exalcalde Antonio Barrientos (2003-2008).

Hidalgo y Barrientos negociaron durante meses un convenio urbanístico que resolviera esta cuestión. Además, mientras negociaba con Hidalgo la aportación de unos 60 millones a las arcas municipales, el alcalde Barrientos también pactaba el futuro desembarco de la Universidad de Málaga con un campus enfocado al deporte. Pero todo se rompió. Cuentan fuentes muy cercanas a aquello que el empresario arrojó un cenicero a la cabeza del alcalde antes de salir de su despacho.

Astapa y el interés de Villarejo

En este punto, entra en la historia un personaje disruptivo. Barrientos fue detenido en julio de 2008 en el marco de la Operación Astapa, en la que la UDEF investigaba, desde Madrid, la existencia de una presunta trama para el cobro de mordidas y la infravaloración de convenios urbanísticos en Estepona. Astapa se instruyó durante más de una década y no se juzgó hasta 2024.

Acabó en bluf: lo que empezó asomando como un émulo del Caso Malaya desembocó, 17 años después, en una mayoría de acusados absueltos y condenas ínfimas para los demás, incluido Barrientos. El caso Astapa quedó marcado para siempre por las dudas respecto a su origen y la tutela que ejerció el comisario retirado José Manuel Villarejo antes, durante y después de la investigación policial.

Barrientos, que sostiene que fue víctima de un montaje orquestado por Villarejo y otros acusados, siempre ha mostrado su sorpresa por el hecho de que, entre más de 60 convenios investigados por la UDEF, nunca se pusiera la lupa sobre el más cuantioso que negociaba Estepona en esos años. “A mí, ni me han llamado, ni me llamarán”, dijo Hidalgo a los periodistas cuando le preguntaron por su posible implicación en Malaya o en Astapa.

El interés de Villarejo en Hidalgo y la universidad está documentado en casi una decena de anotaciones de su agenda y en varios audios que refieren reuniones con él, tal y como puso de manifiesto algún acusado en el juicio de Astapa y ha podido comprobar este medio. El hecho cierto es que poco después de estallar el caso Astapa el excomisario logró colocar a Diego de Lucas, recomendado por el excomisario José Luis Olivera, como responsable del desarrollo urbanístico de Estepona.

La universidad, “la zanahoria de un convenio especulativo”

Hidalgo siempre ha defendido que la operación urbanística en Estepona ha estado más cerca de arruinarlo que de hacerlo rico.

Tras la abrupta salida de Barrientos, el nuevo equipo de gobierno de David Valadez (sucesor y denunciante de Barrientos en la alcaldía) negoció un nuevo convenio, pergeñado por De Lucas. Ese convenio se llevó a Pleno en tres ocasiones en 2010, pero los concejales investigados por Astapa, el socialista Sergio López y otra concejala del PA (los dos últimos en el gobierno municipal) votaron en contra y nunca se aprobó. Y el acuerdo con la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía para crear un “campus del Deporte y de la industria del ocio en Estepona” acabó languideciendo.

“La Universidad era la zanahoria para vender un convenio puramente especulativo”, recuerda Sergio López, el concejal socialista que votó contra la propuesta de Valadez. “No había un estudio económico o financiero que demostrase que era capaz de asumir el compromiso”. Años después, Adelaida de la Calle, exrectora de la UMA, admitió que el acuerdo tenía más de urbanístico que de docente. Durante más de una década, el proyecto universitario para Estepona se abandonó, a la par que el deseo urbanizador de Hidalgo.

Ahora, las piezas parecen de nuevo a punto de encajar. 15 años después, el proyecto inmobiliario de Hidalgo en Estepona ha logrado la modificación del PGOU esteponero y tiene el apoyo clave del Gobierno andaluz, mientras una Universidad privada aparece, nuevamente, como el destino prometido de un legado que sigue adelgazando. No es la primera vez que ocurre.

Kronos, una gran promotora y tenedora de suelo, se ha hecho con los terrenos del legado de las “mujeres pobres” de Estepona, que la Fundación Antonia Guerrero había sacado a pública subasta por un mínimo de 66 millones de euros. Kronos, a través de su sociedad vinculada Nescaleo, S.L. (de la que es única propietaria) abonará 68,5 millones de euros, según fuentes presentes en el acto de apertura de la subasta, celebrado este viernes a primera hora de la mañana en una notaría de Estepona. No ha tenido competidores en la subasta.

Tal y como estaba estipulado en las condiciones, Nescaleo ha depositado ya el 10% del precio mínimo, 6,6 millones de euros. La notaria ha anunciado que publicará el acta de adjudicación en el plazo de una semana, y la compraventa deberá ahora formalizarse en escritura pública el próximo 17 de diciembre, si no surge ningún imprevisto.

Esta venta ha generado malestar en un sector de la sociedad esteponera, que atisba en ella otro pelotazo inmobiliario paralelo a un proceso de descapitalización del legado que la familia Nadal-Guerrero dejó a los esteponeros y esteponeras, con la finalidad principal de facilitar el acceso a estudios universitarios. Son siete de las nueve parcelas que la Fundación mantenía en ese sector. La Fundación es privada, aunque está presidida por el alcalde José María García Urbano (PP) por disposición estatutaria, y su fin es el beneficio de los esteponeros. Se acaba de constituir una plataforma para dar la batalla contra esta venta, y el PSOE también ha anunciado que estudia cómo llevarla a los tribunales.

Una sociedad de Kronos

La compradora, Nescaleo, S.L., es una sociedad limitada con domicilio social en la calle Serrano de Madrid y 3.500 euros de capital suscrito. Su objeto social es la compra, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas. Su socio único es Kronos Investment Management Spain, una de las sociedades del grupo Kronos, que tiene en cartera suelo para la edificación de 18.000 viviendas. En 2024 ingresó 735 millones de euros gracias a la venta de 1.500 viviendas.

Constituida hace apenas 12 años, apostando por la compra de carteras de suelo de los bancos y la Sareb, sus dueños dicen pretender un crecimiento tranquilo y sostenible para convertirse en una empresa de tamaño “medio”: facturación anual de unos 500 millones de euros, producción de entre 1.000 y 1.500 viviendas y la adquisición de suelo por valor de entre 150 y 200 millones de euros, según contó su fundador, el empresario libranés Saïd Hejal, a El País.

Kronos Homes explota en los últimos tiempos el concepto de branded residences, viviendas con servicios y visión hotelera. No se sabe aún qué pretende hacer en Estepona, pero la pastilla de terreno que acaba de adjudicarse supone un total de 108.000 metros cuadrados edificables donde caben 1.125 viviendas, próximas a la playa y al puerto deportivo. Unas condiciones muy apetecibles para desarrollar viviendas orientadas a segundas residencia o clientes de alto poder adquisitivo.

Una venta polémica

Tal y como ha venido contando este medio, la subasta de estas parcelas supone la venta de la práctica totalidad del patrimonio inmobiliario procedente del legado de Antonia Guerrero, que María Catalina asignó a la fundación que lleva su nombre. Según los Estatutos, el patrimonio de la Fundación está afectado “de modo duradero” al fin que expresó Antonia Guerrero en su testamento: “Facilitar el acceso a estudios universitarios de todo orden, especialmente orientado a los habitantes de Estepona” mediante becas y la construcción de una “ciudad del conocimiento”.

Esta disposición da argumentos a quienes piensan que esta venta no debe producirse. En el pasado ya se malvendió la mayor parte del legado de José Nadal, emparentado con Antonia Guerrero, y acabó en manos privadas sin apenas beneficio para el pueblo. “En ninguna de las Fundaciones se dice que haya que vender; al contrario, hablan de incrementar el patrimonio”, protesta Mariano Cabanillas, buen conocedor de los intríngulis de la Herencia Nadal-Guerrero y promotor de una plataforma de oposición a la venta.

Del dinero de la venta, la Fundación debe dedicar en un plazo de tres años al menos el 70% (es decir, casi 48 millones de euros) a los fines estatutarios: becas o la construcción de una “ciudad del conocimiento”. La Fundación no ha aclarado públicamente qué planea hacer con ese dinero, pero todo apunta al intento de implantar una universidad privada del empresario hispano-chileno Jorge Segovia Bonet en los terrenos reservados por el PGOU en Guadalobón. Una sociedad de Segovia ya tramita ante la Junta una solicitud de implantación universitaria, como ha desvelado este medio.

La autorización de la venta por parte del Protectorado (el órgano con el que la Junta de Andalucía tutela las fundaciones) no menciona el necesario informe de motivación y destino del dinero entre los documentos aportados por la Fundación. Fuentes de la Junta de Andalucía aseguran que es un error y que sí se ha aportado, pero no han transmitido su contenido a este periódico. También el PSOE lo ha solicitado; por ahora, en vano.

El Patronato de la Fundación Antonia Guerrero se dispone a vender en las próximas semanas el legado inmobiliario que, hace casi un siglo, la mujer destinó a las “mujeres pobres” de Estepona para que pudieran acceder a la educación universitaria. Si todo va cómo está previsto, la Fundación obtendrá un mínimo de 66 millones de euros en la subasta abierta. Según sus Estatutos y la propia ley, en un plazo de tres años deberá destinar al menos el 70% de esa cantidad (al menos 46 millones) a los fines fundacionales: es decir, a la concesión de becas de estudio o a una “ciudad del conocimiento”.

El ritmo de concesión de becas y la mera lógica hacen imposible destinar esa cantidad millonaria a ayudas al estudio en ese plazo, así que todo indica que hay un proyecto educativo en ciernes, del que hasta ahora no han informado ni el Ayuntamiento, ni la fundación (presidida por el alcalde, José María García Urbano) ni los inversores privados. Este medio desveló hace unos días esta semana que Proyecto Educativo en Estepona, S.A. mantiene una “solicitud de implantación” abierta ante la Consejería de Universidades de la Junta de Andalucía.

Se trata de una entidad mercantil presidida por Jorge Segovia Bonet, un empresario hispano-chileno que hace un par de años impulsaba en Estepona un proyecto educativo universitario similar, rechazado de forma contundente por el Gobierno central. El informe del Ministerio de Universidades, al que este medio tuvo acceso, advertía de que no contaba con los suelos necesarios (estaban previstos los suelos de Guadalobón, adquiridos por el empresario Juan José Hidalgo hace décadas), y que el plan de Segovia era conseguir una cesión de terreno y que la fundación levantara el campus con dinero de la venta del legado. Todo indica que este plan es el que ha empezado a ejecutarse ahora.

Sin embargo, la fundación y el Ayuntamiento mantienen el secretismo. Y a tenor de los documentos colgados de la web de la fundación, esta no habría entregado al Protectorado (el organismo dependiente de la Junta de Andalucía que supervisa las fundaciones) toda la documentación necesaria para una venta de estas características. No obstante, fuentes de la Junta de Andalucía subrayan que sí han recibido toda la documentación que exige la ley.

Sin informe que justifique la venta y el destino del dinero

A través de una resolución, el Protectorado autorizó la venta el pasado 4 de abril. La resolución, firmada por el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, deja claro que la fundación ha solicitado una “autorización de enajenación” y relaciona los documentos del expediente que ha entregado, que coinciden con los que exige el artículo 19 del Reglamento de Fundaciones, a excepción de uno, que se omite: el informe que justifique la venta y detalle el destino previsto de los ingresos. Este medio lo ha solicitado a la fundación, sin respuesta.

La Consejería de Justicia, de la que depende el director general que firma la resolución, asegura que el expediente está “completo y correcto”, y que la omisión del informe en el listado de los documentos que se han entregado es un error material de la resolución que autoriza la venta. Tras la venta, según explica una portavoz, se abrirá un plazo de un mes para justificar que se ha cumplido lo anunciado en el informe.

El artículo 19 del Reglamento de Fundaciones es claro: el informe de motivación de la venta “deberá acompañarse” a la “solicitud de autorización”. La autorización previa y el estudio del destino del dinero con antelación por parte del Protectorado está justificado en la especial cautela que exige un expediente de “autorización”, pues se venden bienes que forman parte de la dotación, adscritos al fin fundacional o que superen el 20% de los activos. Y las siete parcelas que se venden por 66 millones encajarían en los tres supuestos.

La Junta insiste en que la omisión de la mención a ese informe es un error y que ya tiene el informe, aunque no ha aclarado a este medio cuál sería el destino del dinero explicitado en ese documento. Tampoco lo han hecho ni la Fundación ni el Ayuntamiento ni Proyecto Educativo en Estepona S.A., que ha solicitado a la Junta que la autorice a implantar una universidad privada en Estepona. Si el dinero de la venta del patrimonio de la Fundación se destinara a levantar el campus de una universidad privada de un tercero, la Fundación tendría que aclarar bajo qué formula y con qué condiciones entrega ese patrimonio millonario a una entidad privada.

Dudas con las cuentas

“Si estuviera claro que la rentabilidad se destina al fin fundacional sería estupendo, pero no es el caso”, advierte Emma Molina, portavoz del PSOE, que estudia acciones legales para frenar la venta de los terrenos y protesta por la falta de transparencia de la fundación a lo largo de los años.

Hasta ahora, no ha sido fácil rastrear el destino que la fundación ha dado a las cuantiosas rentas que generan el alquiler de sus activos. Desde 2008, alquila 17 viviendas con aparcamiento en la urbanización Playa del Ángel, un complejo privado en primera línea de playa, con piscina, jardines, gimnasio y zonas infantiles. Por esos arrendamientos ingresó 147.000 euros en 2023 (a 720 euros mensuales por chalet), de los que dedicó 42.124 euros a becas, según el balance de 2023, al que este medio ha tenido acceso.

Es menos de un tercio de los ingresos ordinarios. Sin embargo, en un memorándum publicado estos días para “clarificar a la opinión pública” algunas cuestiones, la fundación asegura que “el importe neto de la renta se está dedicando a la concesión de becas, de forma total o parcial, dependiendo el importe total de las mismas”.

La fundación también ingresó unos cinco millones de euros entre 2006 y 2008, fruto de la venta de dos solares en Camino de la Cala y Vereda de los Frailes. Dice haberlo gastado en indemnizar a los herederos de los colonos de las fincas propiedad de la Fundación; iluminar la necrópolis dolménica de Corominas; realizar aportaciones a asociaciones de la ciudad; amueblar la segunda fase de una residencia de ancianos; comprar una ambulancia; adquirir una “colección de dinosaurios” para el Museo Paleontológico de Estepona; amueblar un salón de actos; y financiar las becas.

La fundación dice haber entregado 800 desde su constitución, en 1997, pero sólo en las últimas semanas, la web ha empezado a recoger el listado de beneficiarios, y sólo de las becas universitarias (no las de inglés): el año pasado, 12 jóvenes (chicos y chicas) la recibieron para pagar matrícula, residencia o transporte. Fueron veinte en el curso 2021-2022. Es una cifra modesta para la población esteponera: apenas un 0,4% de los jóvenes de entre 18 y 24 años censados en Estepona aquel año. Hasta ahora, la fundación apenas hacía publicidad de estas ayudas. Una discreción en el cumplimiento de sus fines que contrasta con la contratación en medios de banners para promocionar la subasta.

Esa “falta de transparencia” se extiende a los Estatutos. En 2023, se modificó la nacionalidad y el domicilio de la fundación, sus fines, las actividades y la determinación de los beneficiarios, según refleja el BOJA de 8 de febrero de 2024. Sin embargo, el boletín no aclara en qué consisten esos cambios y en la web de la fundación sigue sin recogerse los Estatutos actualizados. “Se pusieron muy nerviosos cuando preguntamos por ello en la reunión, y no nos contestaron”, relata la portavoz socialista. Cuando pidió las cuentas, le respondieron por escrito que “se irán publicando, de forma progresiva, por razones operativas”.

La Fundación Antonia Guerrero busca comprador para más de 100.000 metros cuadrados de terreno que aquella mujer legó para que las “mujeres pobres” de Estepona pudieran acceder a estudios universitarios. Los interesados deberán acreditar músculo financiero: de salida son 66 millones de euros, que podrían elevarse en función de las pujas que la Fundación reciba por el lote de siete parcelas, listo para construir y ubicado en una zona privilegiada de uno de los municipios más atractivos de España para la inversión inmobiliaria en el segmento del lujo, las segundas residencias y los compradores extranjeros.

Una vez que se consume la subasta y el comprador pague, a mediados de diciembre, la Fundación se encontrará con una liquidez extraordinaria, el 70% de la cual deberá aplicar a sus fines fundacionales en un plazo de tres años, según sus Estatutos. De esta forma, dispondrá de un mínimo de 46,2 millones de euros para becas que faciliten los estudios universitarios a las esteponeras o para levantar una “ciudad del conocimiento”, que son los dos conceptos a los que puede dedicar sus ingresos.

¿Cómo piensa invertir todo ese dinero en tan poco tiempo? La Fundación, presidida por el alcalde José María García Urbano (PP), no sabe o no contesta. El Ayuntamiento tampoco lo aclara. Y ninguno de los dos partidos de la oposición municipal (PSOE y Vox) saben nada de ningún plan que, de existir, y por alcance económico, debería ser ya de conocimiento público. Pero todo encaja con la reiterada promesa formulada por el alcalde en cada campaña electoral: una universidad privada en Estepona.

Un proyecto universitario en ciernes

Todo invita a pensar que se está fraguando algún proyecto educativo-inmobiliario que siga la línea de los frustrados intentos de atraer una universidad a la ciudad. Hace tres décadas estuvo cerca el desembarco de la Universidad Pontificia de Salamanca, auspiciado por el Obispado, y desde que llegó a la alcaldía, en 2011, el alcalde José María García Urbano airea la idea como reclamo electoral.

Ahora, y mientras se materializa la venta de más de 100.000 metros cuadrados edificables propiedad de la Fundación Antonia Guerrero, la Dirección General de Coordinación Universitaria está tramitando la “solicitud de implantación” de la Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero. La entidad promotora es Proyecto Educativo en Estepona, S.A., según la respuesta remitida por Transparencia a este medio el pasado junio. Se trata de una mercantil presidida por Jorge Segovia Bonet, un empresario hispano-chileno, hijo del pedagogo y profesor Felipe Segovia, impulsor y primer rector de la Universidad Camilo José Cela.

No es la primera vez que Segovia lo intenta. En los últimos comicios, en mayo de 2023, el alcalde volvió a prometer que traería una universidad a Estepona, uno de sus grandes deseos. Por entonces ya sabía que el Ministerio de Universidades había rechazado el proyecto de un campus privado impulsado por la Institución Internacional SEK, una entidad domiciliada en Costa Rica (diferente a la San Estanislao de Kotska) y con universidades en Chile y Ecuador. Estaba previsto que el futuro campus, orientado a las ciencias de la Salud, se situara en los terrenos de Guadalobón, provenientes del mismo legado, y adquiridos hace décadas por el empresario Juan José Hidalgo. La construcción, según el proyecto, se financiaría con la venta de los activos de la Fundación Antonia Guerrero.

Pero el Ministerio veía todo esto como castillos en el aire y en diciembre de 2022 emitió un demoledor informe en contra. Constataba que la sede prevista estaría inicialmente en un edificio público que actualmente realiza actividades culturales y que el Ayuntamiento alquilaría a la Fundación Antonia Guerrero Díaz que a su vez lo alquilaría a los promotores de la Universidad. El proyecto contemplaba que más adelante se venderían los activos de la Fundación, presidida por el alcalde, para financiar la construcción de una nueva sede universitaria, “en un terreno del que no se dispone, que será presumiblemente arrendada a los promotores de la Universidad”, concluía ese informe, con visible escepticismo.

La vinculación del proyecto actual con SEK

Tres años después, está cerca la venta en pública subasta de los terrenos, y eso puede ser la primera piedra, ya sí material, de la futura universidad privada. Ahora, Institución Internacional SEK S.A., que era la promotora entonces, ha sido sustituida por una sociedad netamente española, Proyecto Educativo en Estepona, S.A.

Detrás está la misma persona: el empresario Jorge Segovia Bonet. Se trata de una persona discreta en España, pero de relevancia pública en Chile, donde ha protagonizado episodios controvertidos. Aunque en los últimos años ha aparecido vinculado a varios escándalos, no hay constancia de condenas y él defiende que su imagen pública ha sido pervertida por los medios, contra los que ha ejercido más de una acción judicial.

Su buque insignia es la Universidad Internacional SEK, cuya marca obtuvo tras librar una batalla legal con su padre. En 2013, la Fiscalía de Chile investigó a SEK y Segovia en un caso de presuntos sobornos cometidos por varias universidades para obtener la acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditaciones (CNA).

Los dirigentes de dos de las tres universidades investigadas fueron a prisión preventiva, pero Segovia voló a España (desde donde declaró por videoconferencia) y no regresó hasta que el caso fue archivado para él. Aunque el presidente de la CNA fue condenado, el fiscal retiró la acusación contra Segovia y SEK por falta de pruebas tras cuatro años investigándolos, según informó la prensa chilena.

La relación de SEK con los órganos de acreditación chilenos ha sido tormentosa. La acreditación que obtuvo en 2012 fue investigada, en 2014 se le retiró, volvió a obtenerla en 2021 y recientemente, en diciembre de 2024, la CNA decidió no renovarla tras imponer unos criterios más exigentes. El documento de evaluación advierte de una caída de las matriculaciones del 54,3% desde 2018 y pérdidas operacionales acumuladas de 5,4 millones de euros desde 2020. En los últimos años la Universidad ha acometido un plan de ajuste que incluye el cierre de campus, la venta de activos inmobiliarios y la reducción de plantilla. Tenía inscritos unos 3.200 alumnos.

Jorge Segovia Bonet no solo está vinculado a la educación universitaria privada. En Chile es dueño del club de fútbol Unión Española, a través de SEK, que también lo patrocina. Una red de intereses compartidos que le ha puesto bajo la lupa. El cargo le sirvió de trampolín para ostentar la vicepresidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, entidad equivalente a la Federación española. También fue Presidente, pero apenas duró unos días antes de ser inhabilitado.

Según aseguró el propio club, Segovia y la universidad vencieron a Amazon en los tribunales a propósito de la serie El Presidente (2020), a la que consideraba difamatoria para él y para SEK. La serie relataba los entresijos del FIFA Gate, un escándalo de sobornos y fraude en el organismo de fútbol internacional. Según el club, Segovia logró una indemnización “muy sustancial” y la retirada de pasajes difamatorios de la serie, que sigue siendo accesible en el catálogo de Prime Video.

Presunto apoyo del Gobierno de Moreno

El desembarco en Estepona de una universidad privada auspiciada por Segovia dependerá en última instancia del beneplácito de la Junta de Andalucía, que el alcalde ha dado por descontado en alguna ocasión.

Mientras acusaba al Gobierno central de boicotear su proyecto de Universidad por el informe del Ministerio, García Urbano aseguraba que cuenta con el compromiso del consejero de Universidades, José Carlos Villamandos, y del propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno. “Están haciendo causa personal de este proyecto”, explicó en una entrevista con Libertad Digital hace dos años. El Gobierno andaluz ha impulsado la apertura de cinco universidades privadas en esta legislatura, tres de ellas en la provincia de Málaga.

“Convencida la testadora que, por falta de estudios, no ha podido cumplir en este mundo la misión que Dios le confiara, por no tener en su tiempo la mujer derecho a cursar una carrera, lo cual ha sido el mayor dolor de su vida, quiere ahora que se ha reconocido aquel derecho que no sufra otra mujer lo mismo, para lo cual establece en Estepona una Fundación para costear los estudios de mujeres pobres de dicho pueblo, dando preferencia a las carreras de Leyes y Filosofía y Letras”.

Una placa recuerda a los vecinos y vecinas de Estepona cuál fue la voluntad post mortem de Antonia Guerrero. Está colocada en la plaza que lleva su nombre y cita un párrafo de su testamento, otorgado ante Juan Gil Quinzá, notario de Ontinyent (Valencia), el 30 de septiembre de 1926. Aunque el testamento se quemó durante la Guerra Civil, la inscripción se reproduce en los asientos registrales de varias fincas de Estepona.

Guerrero murió en 1928 y ahora, casi un siglo después, lo que queda de su legado acaba de salir a subasta pública: siete parcelas (de un total de nueve) con una superficie edificable de 108.799 metros cuadrados, en un lote único. En Saladavieja (conocida por muchos como Las Mesas) se podrán construir hasta 1.125 viviendas unifamiliares, con el atractivo para el promotor de que podrá enladrillar de inmediato, porque en los últimos años el Ayuntamiento ha allanado el camino aprobando Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y Urbanización y hasta Junta de Compensación.

Es una oportunidad de oro para hacerse con la última gran pastilla de terreno edificable en una de las zonas más golosas de Estepona, municipio estrella del mercado inmobiliario de lujo. “Próximas a la playa y al Puerto Deportivo”, se anuncia la subasta.

El precio de salida es de 66 millones de euros, y se puede pujar hasta el 16 de octubre. El objetivo es atraer a grandes inversores en ladrillo y subir el precio, que podría acabar rondando los 100 millones. Vende la Fundación Antonia Guerrero, que está publicitando la subasta a todo trapo, y está presidida por el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP). El regidor está actualmente investigado por sendos juzgados por un presunto delito de malversación al contratar a una mujer con la que mantenía una “relación íntima” que nunca fue a trabajar, y un caso de presunta violencia de género denunciado por esa misma mujer.

Aunque es una Fundación privada, detrás de la operación que ahora se activa está la mano del alcalde, que tiene un triple control: además de regidor, José María García Urbano (PP) es el Presidente del Patronato que toma las decisiones en la Fundación; las otras dos integrantes son la maestra “en activo más antigua de Estepona” y una “señora designada por la anterior”, según los Estatutos. Todo el proceso se realizará en la notaría del alcalde, que desde hace años dirige Almudena Romero por la incompatibilidad con el cargo municipal. De hecho, el regidor sigue consignando la notaría como su domicilio profesional.

La oposición pide transparencia ante un posible “pelotazo”

¿Por qué vender ahora este legado histórico? La Fundación argumenta en una nota publicada en su web que está obligada y que, además, el momento es propicio. El objetivo sería “acelerar” la financiación de becas, ayudas y convenios, y también evitar los riesgos y tiempos de una promoción inmobiliaria propia que no podría acometer por falta de liquidez. Otros propietarios del sector estarían presionando para acelerar su urbanización, y la Fundación insiste en que no tiene “infraestructura organizativa” ni dinero para asumir el coste en el porcentaje que le correspondería.

La operación es clave para el municipio. Nadie tiene un suelo así en Estepona, que desde hace años está embarcada en un fuerte crecimiento, impulsada por los nuevos desarrollos residenciales y la rehabilitación urbana: fue la ciudad con mayor crecimiento relativo de población en Andalucía en 2022 y la segunda de España, un 4,6%. Una parte sustancial de ese incremento está ligada al mercado inmobiliario de lujo y a los nuevos residentes extranjeros.

A pesar de la escasez de vivienda asequible en la Costa del Sol, y en Estepona en particular, la Fundación subraya que no puede acometer ella misma una promoción social, porque no está entre sus fines estatutarios. Por el contrario, la decisión tiene todos los visos de acabar recalentando aún más el mercado premium al que se destina gran parte de lo que se construye en la zona.

La venta despierta los recelos de la oposición. En agosto, el PSOE ya advirtió de que buscaría los resquicios legales para frenar la operación, que ven como una descapitalización sin beneficio para el pueblo. “Unos pocos están haciendo negocio con un patrimonio que fue legado con un fin claramente social y colectivo, contraviniendo la voluntad de la familia Nadal y, especialmente, de doña Antonia Guerrero, que quiso que esos terrenos sirvieran para mejorar la vida de los esteponeros y no para enriquecer a unos cuantos”, protesta Emma Molina, portavoz municipal del PSOE, que entrevé un “pelotazo”.

Manuel Aguilar (Vox) echa en falta explicaciones para evitar sospechas: “Es una Fundación privada, pero con un fin de bienestar general para los esteponeros, y debería explicar por qué decide vender en un solo lote al que muy pocos pueden optar”. En su opinión, venderlo por parcelas facilitaría un precio mayor.

Como es habitual, García Urbano (en su doble condición de alcalde y de presidente del Patronato) y el Ayuntamiento de Estepona no han respondido a las cuestiones de este medio. Tampoco la Fundación ha respondido al cuestionario remitido a primera hora del lunes por la mañana.

Un legado troceado

Los antecedentes históricos invitan a mirar con lupa. El legado original procede del patrimonio de Guerrero y del matrimonio entre su tía y José Nadal (fallecidos sin descendencia), que fue troceado cuando falleció, en 1973, la heredera común de ambas ramas, Catalina Nadal: tres millones de metros cuadrados repartidos entre la Fundación Antonia Guerrero (500.000 metros cuadrados); la Fundación Nadal (566.000); y seis legatarios parroquiales.

Este tercio acabó malvendido al empresario salmantino Juan José Hidalgo, en una oscura operación intermediada por el Obispado de Málaga y Unicaja. En la Operación Astapa se interceptaron grabaciones relativas a este legado. Desde entonces, los terrenos que Antonia Guerrero quiso destinar a las “mujeres pobres”, los únicos que quedan del legado principal, aparecen cada pocos años como objeto de deseo de inversores con algún proyecto vinculado a una universidad, pero nunca han cuajado.

Patrimonio para facilitar el “acceso a estudios universitarios”

La subasta, sobre la que se venía barruntando desde antes del verano, tiene el visto bueno de la Junta de Andalucía, que le dio el plácet el pasado abril a través de una resolución del Protectorado, la figura por encima de los patronos que vela por los fines fundacionales y la legalidad.

De consumarse, la operación regará de una liquidez extraordinaria a la Fundación, que se desprenderá de un activo histórico al que no puede dar uso directo. Se trata de una fundación privada sin fin de lucro “cuyo patrimonio está afectado de modo duradero” al fin que expresó Antonia Guerrero, según sus Estatutos: “Facilitar el acceso a estudios universitarios de todo orden, especialmente orientado a los habitantes de Estepona” mediante becas y la construcción de una “ciudad del conocimiento”, según sus Estatutos. Y ahí surgen las dudas. ¿Qué va a hacer la Fundación con tanto dinero?

Los Estatutos incluso le marcan cuánto tendría que destinar al fin fundacional cuando se consume la venta: “Al menos, el setenta por ciento de los ingresos obtenidos de las explotaciones económicas (…) y de los que se obtengan por cualquier otro concepto” en un plazo de tres años. Es decir, un mínimo de 46,2 millones de euros deberán destinarse a facilitar los estudios universitarios a los habitantes de Estepona mediante un sistema de becas o una “ciudad del conocimiento” de la que no se conoce proyecto alguno.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), ha acudido este viernes al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona para declarar como investigado por un supuesto caso de violencia de género, relacionado con una causa por acoso sexual que archivó el juez en febrero.

El origen de la citación parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba, donde ha interpuesto una denuncia C.P.B., la mujer con la que mantenía una “relación íntima de amistad”, y que figura como investigada en otro procedimiento judicial abierto contra García Urbano por un posible delito de malversación, cometido al contratarla como asesora sin que nunca fuese a trabajar.

Esa investigación por supuesta malversación la inició de oficio el juez tras oír la declaración de C.P.B. como testigo en el caso de presunto acoso sexual cometido por el alcalde contra ella misma y su pareja, un agente de la Policía Local. Este caso fue archivado en febrero por el juzgado de Estepona al entender que las relaciones entre las partes fueron consentidas.

Los denunciantes recurrieron el archivo ante la Audiencia Provincial y la mujer volvió a denunciar los hechos, esta vez en solitario, ante el juzgado de Córdoba. Los abogados de C.P.B. entienden que el caso tiene una derivada de violencia de género dada la “relación íntima” que mantenía con el regidor de Estepona. García Urbano ha comparecido este viernes ante el juez en calidad de investigado y se ha acogido a su derecho a no declarar, según han informado a este periódico fuentes del caso.

Este procedimiento judicial supone reabrir las acusaciones de naturaleza sexual que fueron archivadas en febrero contra el regidor, después de que el magistrado concluyera que los mensajes de WhatsApp intercambiados entre García Urbano, el agente y su pareja C.P.B. mostraban una relación libre y consentida a tres bandas, en contra de lo declarado por los dos denunciantes, que aseguraban haber actuado condicionados por el miedo por lo que pudiera hacerles el regidor.

A diferencia de esa pieza ya archivada, el objeto de la nueva investigación que ha instruido el juzgado de Córdoba ya no es acoso sexual –como el que denunció inicialmente la pareja de C.P.B–, sino un supuesto delito de violencia de género cometido contra C.P.B. De esta forma, el alcalde de Estepona se enfrenta ahora a otra causa tipificada como de maltrato habitual, mientras la de malversación sigue su curso.

El juzgado de Estepona que está investigando al alcalde por contratar a una mujer con la que mantenía una “relación íntima de amistad” que nunca fue a trabajar la ha citado para declarar como investigada. La mujer se une así al regidor José María García Urbano (PP) como sospechosa en la causa. C.P.B. deberá prestar declaración el próximo 18 de junio.

El cambio de la condición procesal de C.P.B. (que pasa de testigo a investigada) se produce una vez cerrada la instrucción y abierta la siguiente fase. El 29 de abril el juez decidió dar por concluida las diligencias previas (la investigación) y continuar el procedimiento para juicio ante el Jurado contra José María García Urbano. El caso está ahora en una fase intermedia previa a la presentación de los escritos de acusación y defensa y de pasar a la fase de juicio. Ese escenario es más probable que nunca porque tanto el fiscal como el juez han terminado la investigación resaltando por escrito que hay indicios sólidos de delito.

Ha sido la Fiscalía quien ha pedido investigar también a la mujer. Por su propia naturaleza, el delito de malversación (usar dinero público para fines privados) solo puede tener como autor principal a una “autoridad o funcionario público”. Sin embargo, sí puede haber inductores o cooperadores necesarios “externos” que participen en el delito sin tener el control de la caja. Y a eso apunta la fiscal, que atribuye a C.P.B. la condición de cooperadora necesaria en la presunta malversación cometida por el alcalde García Urbano, del que sería “pareja sentimental”.

Tras varios meses de instrucción en los que oyó al alcalde (como investigado), C.P.B. y el concejal Blas Ruzafa (como testigos) y recabó diversos indicios documentales (informes del área de recursos humanos, nóminas, resguardos de transferencias), el juez recogió en su auto de 29 de abril que es “verosímil” que García Urbano, “aprovechando su condición de alcalde” contrató a C.P.B. “con la finalidad de proporcionarle una mejora o ayuda económica, con la que mantenía una relación íntima de amistad”. La fichó como cargo de confianza, pagándole unos 5.300 euros por mes y medio, “sin que se haya acreditado que llegara a desempeñar actividad alguna”.

Esos indicios contra el alcalde se mantienen, pero ahora se apunta también a la mujer. El delito que el juez imputa indiciariamente al regidor es el de malversación de caudales públicos, recogido así por el artículo 432 bis del Código Penal: “La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años”.

Fuentes del caso ven extraño el momento en que C.P.B. pasa a ser investigada, pero resaltan que su citación como tal es condición necesaria para ser acusada. La propia fiscal pide que declare antes de la comparecencia a la que deben acudir todas las partes, fijada inicialmente para el 4 de junio, y que ahora ha sido suspendida.

Mes y medio en nómina sin tareas

La investigación judicial por la presunta malversación fue iniciada de oficio por el juez tras oír la declaración de C.P.B. como testigo en el caso de presunto acoso sexual cometido por el alcalde contra ella misma y su pareja, un agente de policía local. Este caso ha sido archivado por el juzgado porque el juez entendió que las relaciones entre las partes nunca fueron forzadas, y el archivo ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial.

En su declaración por el presunto acoso, la mujer desveló que durante mes y medio estuvo en nómina del Ayuntamiento, contratada directamente por García Urbano, y que nunca desempeñó ninguna tarea. Al oírla, el juez abrió una pieza separada para investigar un posible delito de naturaleza económica, la malversación.

El magistrado cree que hay indicios suficientes de que el alcalde la contrató para favorecerla económicamente. En el sumario constan abonos bancarios personales a la mujer para pagar el alquiler que cesan justo al contratarla para el Ayuntamiento, como si hubiera continuidad entre los dos métodos de pago. También hay mensajes entre ambos que dan a entender que existe esa sucesión. Cuatro días después de que ella le pregunte “¿Ya no me ayudas a pagar el alquiler?”, él le pide el “DNI por las dos caras” y le informa de la contratación. Estuvo contratada del 13 de febrero al 31 de marzo, tal y como le anunció el regidor, en los que percibió 5.276 euros.

Su teórica tarea, según declararon el concejal responsable y el propio alcalde, consistía en revisar mobiliario urbano (farolas, maceteros, papeleras) y vigilar lo que se decía en las redes sociales en un momento (febrero de 2023, a tres meses de las elecciones municipales) en el que “se había extendido una especie de mantra” en el municipio, según el alcalde: “Quizás el Ayuntamiento había descuidado la conservación, el mantenimiento, los detalles”.

Sin embargo, la mujer, que se sometió a una operación pocos días después de ser contratada de la que no consta baja en el Ayuntamiento, declaró que nunca recibió tarea a pesar de que, según ella, se puso a disposición de forma reiterada. En los mensajes aportados a la causa consta ninguno relativo a su desempeño, según ha podido comprobar este medio. Y en el sumario no hay ningún expediente, informe o registro documental de las tareas; no fue dada de alta en la aplicación informática que tienen todos los trabajadores, también los cargos de confianza; el concejal responsable de su área declaró que nunca le dio instrucciones ni se interesó por lo que hacía; y ella misma declaró que nunca trabajó ni le dijeron qué debía hacer. 

José María García Urbano, alcalde de Estepona (78.413 habitantes) desde 2011, se sentará en el banquillo de los acusados ante un jurado popular si no lo evita la Audiencia Provincial de Málaga. Cinco meses después de que el juzgado de instrucción 5 del municipio abriera la investigación, el juez cree que tiene datos de los que “se desprende de modo indiciario” que aprovechó su condición de alcalde para contratar como asesora a C.P.B., con la que mantenía una “relación íntima de amistad”, con el fin de proporcionarle una “mejora o ayuda económica”, sin que esta “llegara a desempeñar actividad alguna” en el Consistorio. El juez, la fiscal del caso y las acusaciones populares (PSOE y Vox) concluyen que los hechos encajan en el delito de malversación de caudales públicos. No así la defensa del alcalde, que sigue denunciando motivos “espurios” en C.P.B., ahora añadidos a las motivaciones políticas.

Es un mazazo notable para quien fuera uno de los alcaldes más votados de España y una de las grandes estrellas municipales del PP, a quien en los últimos años se le acumulan diversos casos de nepotismo, sospechosas adjudicaciones a socios, negocios opacos y, ahora, la perspectiva cierta de sentarse en el banquillo de los acusados por un delito penado con prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro.

Por ahora, el PP andaluz guarda silencio. Los Estatutos del partido obligan a abrir un expediente informativo tan pronto como un afiliado que ejerza un cargo público sea llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial. García Urbano pasó esa pantalla hace tiempo (fue citado a mediados de diciembre y declaró el 13 de enero), y ahora ha pasado a la fase de juicio, lo que implicaría la conversión del expediente en “disciplinario”.

La investigación se inició a principios de diciembre, cuando C.P.B. declaró en otra causa, abierta por un presunto acoso sexual, que el alcalde de Estepona, con el que dijo mantener una “relación de pareja”, la contrató para el Ayuntamiento pero nunca fue a trabajar. La causa de naturaleza sexual fue archivada (y el archivo recurrido), pero el juez ya había abierto una pieza separada para investigar la posible malversación.

El archivo de la primera investigación da pie a García Urbano para hablar de “denuncia falsa” y de “campaña política”, si bien un archivo no implica per se que se trate de una denuncia falsa, no se ha interpuesto denuncia alguna por denuncia falsa (la defensa del alcalde dice que lo hará) y la causa por malversación la abrió el juez tras oír a la mujer. Sí es cierto que PSOE y Vox están personados y la han impulsado. También, que el abogado de Vox en la malversación es el mismo que representa al denunciante del acoso sexual, pareja de C.P.B.

El caso que comenzó como un turbio asunto sexual ha derivado en una causa por el presunto uso de dinero público para fines privados. Estos son los indicios recabados en la investigación por malversación en los que se basa el juez para sentar en el banquillo al alcalde García Urbano.

El nombramiento, el cese y los pagos: un Decreto y dos nóminas

C.P.B. fue nombrada por Decreto del alcalde para “desarrollar las funciones propias de asesoramiento especial y confianza en el área de Control Externo, adscrita al grupo III” el 13 de febrero de 2023. Todo ocurrió en un día: informe del Jefe de Recursos Humanos, Decreto de nombramiento y toma de posesión. Su cese, también por Decreto, está firmado por el secretario municipal el 22 de marzo, con efectos a partir del 31 de marzo. El nombramiento fue modificado a posteriori, el 14 de mayo, según muestran sus metadatos. Ambos documentos fueron incorporados al portal de Transparencia en diciembre de 2024, casi dos años después de ser firmados.

El nombramiento de los cargos de confianza suele producirse al comienzo de mandato, pero puede ocurrir en cualquier momento siempre que se informe al Pleno y no se supere el límite. El alcalde, cuyo Decreto no motiva el nombramiento, no informó al Pleno, pero fue cuestionado por la portavoz del PSOE, Emma Molina. Respondió invocando su facultad discrecional para nombrar a quien quiera. A la causa se han incorporado mensajes en los que él le dice que la contratarán hasta el 31 de marzo.

En esos 45 días, Estepona abonó a C.P.B. 5.276,92 netos, distribuidos en dos nóminas de 1.634,64 (15 días de febrero) y 3.642,28 euros (marzo). A las diligencias se ha incorporado otra prueba documental: diversos extractos bancarios que acreditan transferencias de 2.000 euros al mes emitidas por García Urbano a C.P.B. a título personal durante el año 2022. Esas transferencias llegan hasta enero de 2023, apenas un mes antes de que la contratara como asesora, lo que sugiere un presunto uso del dinero público para dar continuidad a los pagos. Ella misma dijo al juez que el trabajo era una “ayuda” para costear el piso que García Urbano le había ayudado a alquilar.

Los nombramientos como asesores de personas afines (familiares, amigos, parejas, compañeros de partido) no son excepcionales, y no encajan sin más en la malversación. Ese tipo de cargos, de naturaleza eventual, se basan precisamente en una relación de confianza. Para el mandato 2019-2023 el alcalde de Estepona (que tenía 21 de 25 concejales) llegó a contar con los 14 cargos de confianza que le permite la ley, a los que abonó en torno a dos millones de euros. Ninguno de esos nombramientos está siendo investigado por un juez.

Las tareas: un informe y nada más

Pero el caso de C.P.B. es distinto. El auto del pasado martes recuerda que C.P.B. cobró un dinero público “sin que se haya acreditado que llegara a desempeñar actividad alguna derivada de este nombramiento”. Es decir, el presunto delito no estaría en nombrarla discrecionalmente, sino en que luego no hizo nada, con el aparente beneplácito del alcalde, lo que lleva al juez a concluir que el nombramiento fue sólo para que cobrara un dinero público.

Sus tareas están descritas en un informe elaborado a petición del juez por Blas Ruzafa, concejal del Área de Control Externo. Allí se dice que “fue contratada (…) para recabar información sobre el estado de la limpieza viaria, iluminación, ornato de la jardinería y mobiliario urbano”. Labores que serían especialmente importantes para el alcalde en aquel momento, cuando faltaban tres meses para las elecciones. Estepona tiene externalizado todos los servicios públicos que puede: limpieza, jardines, playas, iluminación... En 2023 gastó en esas contratas 44,6 millones de euros.

El problema para el alcalde es que no hay ningún documento que refleje su desempeño con esas tareas de revisión. No hay ni un informe escrito. No firma ni un expediente. No hay un solo mensaje o correo electrónico relacionado con el trabajo que supuestamente reportaba al alcalde, tan solo uno en el que él le dice que la contratarán, a pesar de que se han incorporado todos los mensajes entre García Urbano y C.P.B. en ese periodo. No tiene un registro horario. Y, a diferencia de todos los demás cargos de confianza, no tuvo acceso al programa informático con el que trabajan los empleados municipales, según constata un informe del área de recursos humanos.

Lo que dijeron el alcalde, el concejal y la beneficiaria al juez

La propia mujer insistió en repetidas ocasiones ante el juez que nunca hizo nada, que no apareció por el Consistorio salvo para firmar, que no conoció a su concejal y que nadie le encomendó tarea alguna. En su exposición, C.P.B. dejó una frase bomba. Preguntada por si había otras personas en la misma situación, aseguró que el alcalde le pidió que no se preocupara: “Que él hacía y deshacía en su cortijo”.

La defensa de García Urbano lo enmarca en una presunta estrategia de ella y su pareja (el denunciante del acoso sexual) para hundir la reputación del alcalde, pero lo cierto es que las declaraciones ante el juez del regidor y el edil no acreditaron que ella trabajara. Al contrario.

El alcalde esquivó a los periodistas con una respuesta mecánica, no contestó a las acusaciones populares (algo previsible), tampoco a la fiscal y ni siquiera quiso responder al juez, lo que es más sorprendente. En lugar de eso, declamó un discurso denunciando una “tergiversación” de los hechos. Contó que la conoció por Internet y que pensó en ella porque la vio “despierta” y conocía la ciudad. Lo cierto es que la mujer no tiene formación o experiencia en contratas de limpieza, jardines o mantenimiento y vivía en Córdoba. ¿Le informó de lo que hacía? “Sí, verbalmente. Alguna vez telefónicamente. Seguro que acudió al ayuntamiento”.

Días después, el concejal Ruzafa añadió más gasolina. Descargó la responsabilidad de la contratación en el alcalde, dijo que sólo la vio “circunstancialmente” en el despacho del regidor, que podía trabajar con su ordenador personal desde casa, que es normal que no haya constancia de lo que hace un cargo de confianza y se encogió de hombros ante la sorpresa del juez. “Allí se contratan personas con sueldos… bastante aceptables, ¿y no hay ningún tipo de control, no tienen obligación de presentar documentación alguna, rendición de cuentas, informes?”, le interrogó el magistrado. “Procuramos que sea gente responsable”, replicó Ruzafa: “No nos va mal”. 

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, “el cese inmediato” del alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, tras conocerse que un juzgado ha acordado continuar para juicio ante el Tribunal del Jurado la causa contra el regidor por un delito de malversación de caudales por la contratación en el Ayuntamiento de una mujer.

“El señor Moreno Bonilla tiene que poner fin a esta situación”, ha dicho Aguilar en un comunicado, en el que ha señalado que el hecho de que el juzgado de instrucción haya acordado llevar la causa contra el alcalde al Tribunal del Jurado por un presunto delito de malversación “es una decisión muy grave”.

Según el secretario general de los socialistas malagueños, “no se puede someter a la ciudad de Estepona al daño moral de que su alcalde esté siendo enjuiciado por un Tribunal del Jurado”. Por eso, considera que Moreno “tiene que obligar el cese del alcalde, porque si no lo hace, él terminará siendo cómplice de este caso de corrupción que se va a enjuiciar”.

El ministro Óscar Puente, con quien la Junta de Andalucía ha mantenido en las últimas semanas un tira y afloja a cuenta de unas ayudas al transporte público, también ha reaccionado a través de su perfil en X:

El juzgado de instrucción 5 de Estepona ha dictado auto cerrando la investigación y abriendo paso al juicio con contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano, por un delito de malversación presuntamente cometido al contratar durante mes y medio a C.P.B., una mujer con la que mantenía una “relación íntima de amistad” y que, tras ser fichada como cargo de confianza, no desempeñó ningún trabajo efectivo para el municipio, según la investigación del juzgado.

El auto, fechado este martes y al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, supone abrir la fase intermedia, previa al posible juicio (con jurado, por el delito cometido) contra el regidor, alcalde de Estepona desde 2011 y vencedor en los últimos comicios con una aplastante mayoría absoluta. Ese juicio es ahora más probable, porque tanto el fiscal como el juez ven indicios sólidos de delito. El auto ser recurrido en un plazo de tres días por García Urbano. El juicio se celebraría ante un jurado y el alcalde y las demás partes (Fiscalía y acusaciones populares -PSOE y Vox-) deberán presentarse ante el juzgado el próximo 4 de junio.

El juez aprecia indicios del delito tipificado en el artículo 432 bis del Código Penal: “La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años”.

La Fiscalía emitió la pasada semana un informe a petición del juzgado, en el que se mostraba favorable al procesamiento de García Urbano. En igual sentido se habían pronunciado las acusaciones populares. Un jurado popular deberá determinar ahora si el alcalde incurrió en malversación al contratar a C.P.B. como cargo de confianza y no asignarle, según la declaración de ella, ninguna tarea en el mes y medio que estuvo contratada. Desde el 13 de febrero de 2023 al 31 de marzo Estepona le abonó algo más de 5.200 euros.

El alcalde recurrirá el auto, según ha anunciado por medio de una nota remitida a este medio. “La defensa del alcalde de Estepona, José María García Urbano, está convencida de que el procedimiento contra el alcalde no va a seguir avanzando ya que carece de fundamento y, por tanto, va a presentar el correspondiente recurso solicitando la petición de archivo”.

Contratada para “proporcionarle una ayuda económica”

La apertura de juicio contra García Urbano culmina una investigación judicial de cinco meses, adelantada por este periódico el pasado 13 de diciembre. Según el auto, hay indicios de que García Urbano, “aprovechando su condición del alcalde”, contrató a C.P.B. “con la finalidad de proporcionarle una mejora o ayuda económica”. Mantenía con ella una “relación íntima de amistad”, según el juez. Percibió algo más de 5.200 euros netos “sin que se haya acreditado que llegara a desempeñar actividad alguna derivada de este nombramiento”, apunta el juez.

Las diligencias previas por la presunta malversación se abrieron a raíz de otra investigación por una denuncia formulada a finales de octubre por un policía local, pareja de C.P.B., quien decía haber sido víctima de un acoso sexual por parte del alcalde. A esa denuncia se sumó después la propia C.P.B., que compareció como testigo y contó que había estado contratada por el Ayuntamiento de Estepona sin desempeñar realmente ningún trabajo mientras mantenía una relación con el regidor en la que también estaba involucrado el policía.

El juez abrió entonces una nueva investigación por la presunta malversación. Poco después cerró la investigación por los hechos de naturaleza sexual al concluir que todas las relaciones habían sido consentidas. Ese archivo ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial de Málaga por los denunciantes. En su nota remitida a este medio, la defensa del alcalde asegura que está preparando “acciones judiciales por denuncia falsa” contra C.P.B. y el agente de policía.

Pero mientras, la investigación por malversación ha ido avanzando con las declaraciones del regidor y la mujer contratada, el concejal responsable del área a la que se adscribió, así como la aportación de diversas pruebas documentales: informes municipales, recibos bancarios y conversaciones de Whatsapp. Este auto le pone fin y coloca a García Urbano al borde del banquillo de los acusados.

El alcalde siempre ha repetido que las denuncias contra él “no tienen fundamento” y obedecen a “motivos espurios” para “dañar la imagen personal y la trayectoria política del regidor”. Ahora apunta también a las supuestas motivaciones políticas de la oposición. “La denuncia es fruto de una campaña política”, dice, aunque no hay tal denuncia de malversación. La investigación por malversación no tiene su origen en ningún escrito de la pareja, de Vox o del PSOE, sino en una pieza separada abierta por decisión del juez tras escuchar a la mujer en la causa sexual (ya archivada).

Sin constancia de su trabajo

La mujer declaró ante el juez que nunca le informaron de cuáles eran sus funciones y que no acudió jamás a su puesto de trabajo ni hizo nada para el Ayuntamiento. Por su parte, García Urbano se negó a contestar al juez, a la fiscal o a las acusaciones, y sólo respondió haciendo un alegato de su inocencia, asegurando que las funciones que supuestamente debía desempeñar la mujer eran muy importantes para él, sobre todo en periodo preelectoral.

En teoría, C.P.B. revisaba que todo estuviera bonito en Estepona. Sus tareas implicaban revisar farolas, comprobar el estado de los maceteros y estar atenta a lo que se decía en redes sobre el estado de revista de la ciudad a poco menos de tres meses de las elecciones municipales. Esto es la tarea teórica que señala un informe del área de Recursos Humanos y lo que declaró también el concejal Blas Ruzafa, responsable del Área de Control Externo.

Pero lo cierto es que el Ayuntamiento no tiene ni un solo papel escrito por ella, ni siquiera un mensaje o correo electrónico, en el que conste que reportó alguna vez sobre esas cuestiones. La mujer no tiene formación o experiencia en contratas de limpieza, jardines o mantenimiento. No participó en ningún expediente. No tiene un registro horario. Nunca tuvo correo electrónico, ni acceso a los programas internos del consistorio. No hay nadie que la viera en dependencias municipales. Y, además, ella misma ha negado una y otra vez que realizara tarea alguna.

Ella sí dijo en su declaración que el alcalde le dijo alguna vez que no se preocupara porque el Ayuntamiento era “su cortijo”, y en su día relató que le pagaba (a título personal) el alquiler de un piso en la localidad hasta poco antes de que el Ayuntamiento la contratara. 

El concejal de Estepona Blas Ruzafa admitió ante el juez que la contratación y el cese de C.P.B. como cargo de confianza del consistorio fueron ordenados por el alcalde José María García Urbano (PP), que la mujer no entregó ni un solo documento de trabajo en el mes y medio que estuvo contratada y que, a pesar de estar adscrita a su área, solo la vio “circunstancialmente” una vez en el despacho del regidor. Cuando el magistrado le cuestionó, sorprendido, por la falta de control en el ayuntamiento, Ruzafa se encogió de hombros: “No nos va mal”.

C.P.B. y su pareja denunciaron un año y medio después a García Urbano por un presunto acoso sexual cometido por este contra los dos. Esa investigación fue archivada por el mismo juzgado, al entender que no hubo amenazas o coacciones en las relaciones. Los denunciantes han recurrido el archivo.

A su vez, el juzgado de instrucción 5 mantiene abierta la investigación por la malversación cometida, presuntamente, cuando el alcalde contrató a C.P.B. como cargo de confianza. El regidor está investigado en esta causa. La mujer ha declarado que fue “pareja” de García Urbano durante unos dos años. En este tiempo, y durante mes y medio (desde mediados de febrero a final de marzo de 2023), fue cargo de confianza municipal, con la teórica función de comprobar que las farolas, las calles o las macetas del municipio estaban en perfecto estado de revista y estar atenta a lo que se decía en las redes sociales.

C.P.B. es auxiliar de enfermería y no tenía formación o experiencia para esta tarea. Ni siquiera vivía en Estepona, sino en Córdoba. Ella misma declaró que nunca fue a trabajar, ni le explicaron sus funciones ni hizo nada. En mes y medio cobró 5.276,92 euros.

El juez, al concejal: “¿No hay ningún tipo de control?”

Blas Ruzafa compareció como testigo por la presunta malversación el pasado 20 de febrero. Es el concejal que coordina el área de Control Externo, encargada de vigilar el cumplimiento de los servicios públicos municipales, casi todos externalizados en Estepona: limpieza viaria, tratamiento de residuos, limpieza y socorrismo de playas, jardinería, mantenimiento de parques, mobiliario urbano, iluminación, ayuda a domicilio... La ciudad paga más de 44 millones de euros al año por estos servicios. Para vigilar estas contratas el consistorio tiene un equipo de cuatro técnicos, tres administrativos y un inspector de playas. Ruzafa dice que se reforzó con C.P.B., una mujer sin experiencia a la que él nunca conoció.

En su declaración judicial, Ruzafa trazó dos líneas de defensa. Le dijo al juez que el hecho de que un cargo de confianza sea contratado y cesado así, que no exista ninguna constancia documental de su trabajo, que no reportara al concejal responsable (él mismo), que no tuviera acceso a ninguna clave o programa municipal o que no pisara nunca el ayuntamiento (excepto para firmar su contrato) es lo normal entre los cargos de confianza del consistorio, que son fichados y cesados por el regidor.  

“Jamás he visto un informe escrito de un cargo de confianza, no hacen expedientes porque no es su tarea, ni están en el programa Gestiona”, aseguró. El juez se mostró muy sorprendido. “Entonces, ¿cómo se controla eso? Esto es un poco cajón de sastre. Allí se contratan personas con sueldos… bastante aceptables, ¿y no hay ningún tipo de control, no tienen obligación de presentar documentación alguna, rendición de cuentas, informes? ¿Simplemente es verbal, de tú a tú, con el alcalde?”, preguntó el magistrado.

“Nos funciona bien”, justificó el edil. “Pero no existe control alguno”, observó el juez. “No existe control, como no existe con los concejales”, confirmó el edil. “Procuramos que sea gente responsable”, aclaró más tarde. “No nos va mal”, insistió durante el interrogatorio.

El Ayuntamiento de Estepona contó en aquel mandato (2019-2023) con 14 cargos de confianza, el máximo que le permite la ley, a los que abonó unos dos millones de euros en total. En julio, nombró 12 cargos para este mandato, con sueldos que oscilan entre los 41.150 y los 63.900 euros anuales.

La ley, que da un margen muy amplio a los cargos políticos para nombrar y cesar al personal de confianza, sí acota que “solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”. En julio de 2019 García Urbano proclamó ante el pleno que los cargos de confianza “son profesionales y no son puestos políticos”, y que van al ayuntamiento “a trabajar, a ayudar con los expedientes y a prestar servicios”. 

“El personal de confianza lo designa el alcalde”

La segunda línea de defensa de Ruzafa fue personal. Aunque no está investigado, es el concejal responsable del área a la que se adscribió a C.P.B., pero se descargó de toda responsabilidad en su contratación y cese. Tanto, que ni siquiera la conocía y el alcalde solo se la habría presentado un día de casualidad. “El personal de confianza lo designa el alcalde”, aclaró. “No me pide opinión, ni me dice cuándo nombra o cesa un cargo de confianza”.

Según Ruzafa, en ese momento (febrero de 2023, a tres meses de las elecciones municipales) el regidor estaba preocupado por la imagen de la ciudad y las críticas que se vertían en redes sociales. Y ello, a pesar de que había logrado una aplastante mayoría absoluta en 2019, con 21 de 25 concejales. “Hablamos de la conveniencia de incorporar una persona que se iba a encargar de analizar las redes sociales”, explicó: “Me dijo que la conocía, con sentido común, suelta, avispada, que se manejaba bien en redes sociales…”. Al concejal le pareció bien.

El concejal supone que C.P.B. trabajaría en la calle y desde su casa con un ordenador propio, porque “despacho no tenía”. Tampoco móvil, ni correo electrónico. Ni siquiera claves para acceder a las redes sociales que debía vigilar con el perfil público municipal. El edil asume que el regidor le indicaría sus tareas y que él no le hizo “ningún tipo de seguimiento”.

Al declarar como investigado, el alcalde ya dijo que las tareas encomendadas a C.P.B. eran “sencillas” pero muy importantes para él, y que no hay constancia documental de su trabajo porque recibía sus informes verbalmente. El concejal Ruzafa enumeró así esas tareas: “¿Se limpia semanalmente? ¿Los contenedores están llenos de basura? ¿Se deja el cartón o el plástico fuera? ¿Los jardines están llenos de bolsas? ¿Las flores están marchitas? ¿Las luminarias están fundidas?”. Luego, aclaró al juez la relevancia de esas cuestiones. “Él [el alcalde José María García Urbano] no se corta el pelo en llamarnos la atención por cuestiones profesionales”, y añadió: “Lo que más nos sobrecoge es un mensaje del alcalde donde no te dice ni buenos días y te dice: «Esta calle está mal, no cuidamos los detalles, así no se puede seguir»”.

El juzgado de instrucción 5 de Estepona archivó la investigación al alcalde de Estepona, José María García Urbano, por presuntos delitos de acoso sexual cometidos contra J.C.G. (agente de la Policía Local de Estepona, actualmente de baja) y C.P.B. (con la que tiene dos hijos), después de concluir que los mensajes de WhatsApp intercambiados entre los tres muestran una relación libre y consentida a tres bandas, en contra de lo declarado por los dos denunciantes, que aseguraban haber actuado condicionados por el miedo por lo que pudiera hacerles el regidor. “Lo ocurrido (…) no ha sido más que una relación de amistad íntima entre ellos, con un contenido eminentemente sexual, entre tres personas adultas que no han sido coaccionadas, intimidadas ni amenazadas de ninguna forma”, resume el juez, igual que la fiscal.

La conclusión de ambos es rotunda, y queda reflejada tanto en el auto de archivo como en el informe de Fiscalía, a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. Para el archivo, que ha sido recurrido, tanto el juez como la fiscal se basan fundamentalmente en el análisis de casi 400 folios donde constan múltiples mensajes intercambiados entre el 2 de noviembre de 2020 hasta el 10 de agosto de 2023, citados profusamente por la fiscal para pedir el archivo. Por el contrario, apenas hacen alusión a las declaraciones de los denunciantes y del alcalde, que se negó a contestar a las preguntas del juez y de la fiscal. El regidor siempre ha sostenido que se trataba de una denuncia “sin fundamento” y “por motivos espurios”.

Los mensajes son, dice el juez, la “única prueba objetiva con la que se cuenta”. Y de ellos infiere un juego sexual a tres bandas que no fue forzado, sino más bien alimentado libremente, particularmente por C.P.B., quien habría sido la primera en ofrecer un encuentro a tres, según concluye el juez. “No ha sido acreditada una situación de violencia psíquica”, dice la fiscal en su informe: “Lo cierto es que tras la lectura de las conversaciones (…) no revelan ningún tipo de actitud intimidatoria por parte del investigado, sino que parece lo contrario, que se trata de relaciones fluidas y voluntarias”. Los mensajes muestran a García Urbano y a C.P.B. planeando sus encuentros, si bien en el informe de fiscalía no se cita ninguno en los que sea J.C.G. quien haga la planificación o muestre su satisfacción.

García Urbano les pagó a ambos el alquiler de un piso, según los denunciantes para tenerlos cerca, pero el juez subraya que fue la mujer quien planteó que no podía costear su vida en Estepona. Esta vertiente económica se está investigando en una pieza separada por presunta malversación, dado que, con la firma del alcalde, el consistorio contrató a C.P.B. por mes y medio como cargo de confianza, sin que consten funciones asignadas ni que desempeñara trabajo alguno en ese tiempo, en el que cobró algo más de 5.000 euros.

Las relaciones, según los denunciantes

Los mensajes en los que se basa el juez para archivar la causa de naturaleza sexual trazan un relato muy diferente al ofrecido en la denuncia que dio origen al caso y lo que contaron al juez J.C.G. y C.P.B., según muestran las declaraciones a las que también ha tenido acceso a este medio. En la denuncia se mencionaban varios encuentros sexuales entre el regidor, J.C.G. y C.P.B., que habrían accedido a la fuerza a las pretensiones de García Urbano. Según los denunciantes, fue García Urbano quien los introdujo en esa relación a tres bandas sin ellos quererlo y luego los retuvo, aprovechando la condición de aspirante a funcionario local de J.C.G. para amenazarle.

En su declaración judicial, el agente insistió en el miedo que supuestamente le infundía el regidor, después de que entrase en prácticas tras aprobar las oposiciones tras muchos años preparando las oposiciones a policía local. Natural de Córdoba, su idea era intercambiar la plaza con una conocida de su ciudad.

Con el paso de los meses, el trato del regidor se volvió amenazante, según ese relato. J.C.G. dijo al juez que tenía miedo a que le hiciera perder el trabajo, “como había hecho con muchos funcionarios del ayuntamiento”. Según dijo llorando, García Urbano “movió los hilos para que me denegaran la permuta en Córdoba”. En recursos humanos de Estepona le dijeron “Tengo órdenes de que estos papeles de aquí no salgan”. Y en Córdoba: “Han llamado de Estepona para decirnos que no te den la permuta”, contó el hombre, quien, sin embargo, tuvo dificultad para concretar fechas, lugares, frases o situaciones, pese a la insistencia del magistrado. Alegó que le cuesta recordar por la medicación que consume por su depresión, que le ha llevado a dos intentos de suicidio.  

La mujer, C.P.B., que tiene dos hijos en común con J.C.G., también contó una deriva en la relación con el alcalde. Su vértice es el primero del triángulo en orden cronológico. Empezó por Internet, luego se convirtió en una amistad, más tarde en una relación afectiva (“estaba enamorada de él”), pero luego fue derivando en unas conductas sexuales que a ella no le gustaban, relató. Según su testimonio, todo cambió cuando acompañó al alcalde en un viaje a Alemania, en octubre de 2021, y vio “cosas que no tenía que ver”.

Fue entonces cuando el regidor le habría dicho que el trabajo de J.C.G. estaba en riesgo si contaba algo. “Supo cómo mantenerme la boca callada, porque es el padre de mis hijos”. La mujer explicó que habrían decidido “seguirle el rollo” para que no evitara firmar su condición de funcionario tras el periodo de prácticas, porque les amenazaba explícitamente con no hacerlo. En ese relato, los mensajes estarían condicionados por el objetivo de lograr la concesión definitiva de la plaza y, en última instancia, el traslado a Córdoba. Todo saltó por los aires con un nuevo episodio que disparó la ansiedad de ambos, por lo que habrían decidido zanjar el asunto en el verano de 2023. Según su testimonio, el regidor la amenazó gravemente si el asunto salía a la luz.

C.P.B. contó esto como testigo, bajo la obligación de decir la verdad. Fue advertida por el juez de que no hacerlo está castigado como delito. No hay constancia de que el magistrado haya deducido testimonio contra ella. Tras su declaración, el juez le otorgó la condición de denunciante. En su declaración como investigado, García Urbano se acogió a su derecho a no contestar al juez, a la fiscal y al abogado de los denunciantes.  

Los mensajes “no concuerdan, en absoluto, con una situación de acoso”

El denunciante también aportó un vídeo, del que el juez no infiere ningún acto contrario a la voluntad de nadie. “Se puede observar con absoluta claridad como los intervinientes actúan con normalidad, plenamente conscientes de sus actos y con respeto entre ellos”, observa el juez, quien basa la decisión de archivar en el “abundante contenido de las conversaciones”. Entre los testimonios y lo que le indican los mensajes, el juez elige estos para concluir que la relación triangular y los encuentros sexuales fueron consentidos. Así, según el juez, las comunicaciones entre los tres “no concuerdan, en absoluto, con una situación de acoso, coacción o intimidación alguna”.

“Por lo que se refiere a los encuentros íntimos entre los implicados, tanto los mantenidos con J.C.G., como con C.P.B., como los compartidos entre los tres, respondieron a un consentimiento pleno de todos los intervinientes”. El juez concluye que existía una relación de confianza que debía estar presidida por el “respeto”.

Desde mediados de 2023, cuando todo supuestamente terminó, el denunciante está de baja por motivos psicológicos. Dice tener pánico a volver a a Estepona. 

El juzgado que investigaba a José María García Urbano, alcalde de Estepona (76975 habitantes), por presunto acoso sexual y coacciones contra un agente de policía local y su mujer, ha archivado esta causa, en la que trataba de aclarar si los supuestos encuentros sexuales entre el regidor, el agente y la entonces pareja de este habían sido forzados bajo amenazas.

En cambio, el mismo juzgado de instrucción de Estepona mantiene abierta otra causa, desgajada de esta, en la que investiga la presunta malversación cometida al contratar como cargo de confianza del ayuntamiento a la mujer, quien declaró que, en realidad, nunca acudió a trabajar. Está previsto que el concejal Blas Ruzafa declare como testigo en esta investigación el próximo 20 de febrero.

El archivo de la investigación por el supuesto acoso sexual, adelantado por Sur y confirmado por el abogado del denunciante a este medio, llega después de tres meses de investigación por el juzgado de instrucción 5 de Estepona. El juez admitió a trámite la denuncia el 29 de octubre, una semana después de recibirla.

García Urbano sostuvo desde su imputación que se trataba de una “denuncia falsa” que buscaba dañar su dignidad personal y su trayectoria, con una “única y clara finalidad espuria”. El denunciante decía contar con pruebas gráficas de su denuncia.

En un comunicado difundido esta mañana, el regidor asegura que el archivo provisional pone de manifiesto “la falsedad y las contradicciones del relato de los denunciantes, así como la absoluta falta defundamento de la denuncia”.

Tres declaraciones en la investigación

El asunto sacudió a la ciudad, gobernada desde 2011 y siempre con mayoría absoluta por García Urbano, cuya popularidad se ha visto resentida. Más allá de la existencia o no de delitos, que el juez ahora descarta, la presunta participación en un escándalo de naturaleza sexual no suma votos.

La denuncia ahora archivada relata varios encuentros sexuales mantenidos entre 2022 y 2023 entre García Urbano, el agente de la policía local y la pareja de este, que supuestamente habría accedido por las amenazas del alcalde de que, si no, podía perder su puesto de trabajo. Según se decía en la denuncia, García Urbano “buscaba satisfacer sus deseos sexuales valiéndose, aprovechándose, de su condición de alcalde”. “Mucha gente le tiene miedo debido al poder que ejerce”, añadía.

A pesar de sus intentos para que fuera archivada de plano y después de cada declaración, el juez la admitió a trámite y fue practicando sucesivamente diligencias: primero oyó al denunciante (quien ratificó la denuncia), luego al alcalde (como investigado) y finalmente citó de oficio a la mujer. Tras oírla, le ofreció transformar su situación procesal de testigo (como fue citada) a presunta víctima y denunciante, cosa que ella aceptó. Sin embargo, ahora el juez da c arpetazo al asunto, tras considerar que los indicios aportados no son suficientes. 

“Respetamos pero no compartimos la decisión del instructor”, señala Antonio Granados, abogado del denunciante, quien anuncia que apelarán el auto de sobreseimiento. “Creemos que se han aportado pruebas testificales, documentales y gráficas que acreditan los hechos. La denuncia está avalada por pruebas veraces, aunque el instructor considera que no son suficientes. Hay más de 400 folios de documental”, señala.

A su juicio, la declaración del alcalde dejó “muchas lagunas por resolver que podrían haber cambiado el curso de la instrucción”. Ese día, García Urbano no respondió ni a la Fiscalía ni a la acusación.  

Concejal citado por la presunta malversación

El archivo provisional de la investigación supone un alivio para el regidor esteponero, en el disparadero político desde que se conoció su imputación. PSOE y Vox le habían pedido explicaciones y que se retirara al menos mientras duraba la investigación.

Ambos partidos están personados como acusación popular en la otra investigación, por malversación, abierta precisamente a raíz de la declaración de la mujer, C.P.B., en la investigación por el acoso sexual. Allí contó que había sido contratada por el alcalde esteponero para ejercer como cargo de confianza durante unas semanas, aunque en realidad nunca trabajó. Le pagaron unos 5.200 euros por 48 días de trabajo.

Tras oírla, el juez desgajó la causa y abrió pieza separada, precisamente para salvaguardar la intimidad del alcalde: PSOE y Vox están personados solo en la investigación por malversación, pues afecta a fondos públicos.

García Urbano acudió a declarar como investigado por malversación hace un par de semanas, eludiendo contestar al juez, al fiscal o a las acusaciones populares. También declaró ella como testigo, contando que mantuvo una “relación” con García Urbano. El 20 de febrero será Blas Ruzafa, concejal del área a la que se asignó a C.P.B., quien declare como testigo. En cambio, el juzgado ha rechazado la citación del secretario municipal, quien certificó la contratación de la mujer.

Sin informe de Recursos Humanos

Por ahora, la versión del alcalde y el concejal es contradictoria con la de la mujer, quien sostiene que fue contratada para que no se enfriara su relación con el alcalde y que nunca se le dieron tareas ni acudió a trabajar. “Me dijo que él hacía y deshacía en su cortijo”, declaró al juez.

Por el contrario, Ruzafa entregó un informe en el que escribe que sus tareas como cargo de confianza eran “recabar información sobre el estado de la limpieza viaria, iluminación, ornato de la jardinería y mobiliario urbano”. Algo parecido declaró el alcalde. “No son [tareas] especialmente complejas, pero sí eran muy importantes en ese momento”, comentó al juez, asegurando que la mujer estaba tergiversando los hechos.

A pesar de que el juzgado requirió todo su expediente de contratación, el ayuntamiento no le entregó el informe de Recursos Humanos que, supuestamente, precedió a su nombramiento, en el que tampoco existe motivación.