Los locales que Estepona vendió a precio de saldo a un amigo del alcalde se ofrecen ahora como apartamentos turísticos

Los locales de la antigua sede municipal que el Ayuntamiento de Estepona vendió muy por debajo de su valor de mercado hace cuatro años se explotan ya como apartamentos turísticos, a un precio de entre 130 y 250 euros por noche, dependiendo de la temporada. Estos inmuebles junto al puerto deportivo fueron adjudicados en pleno agosto de 2022 por el consistorio a Omega 93, propiedad del constructor Bonifacio Solís, exsocio y amigo personal del alcalde José María García Urbano (PP), en una subasta sin publicidad en medios y mal clasificada en el portal de licitaciones, a la que sólo se presentó la adjudicataria. El precio final, rebajado al máximo legal, fue de 1.245.000, poco más de la mitad de los 2,3 millones del valor catastral de los inmuebles y una cuarta parte del precio que el Ayuntamiento obtuvo años antes por el local contiguo, vendido a la Diputación Provincial.

Hoy, la Perla del Puerto, que así se llaman los antiguos locales, es un conjunto de 21 “unidades de alojamiento” (en realidad, son diez apartamentos con una cama y un sofá cama cada uno) de entre 40 y 60 metros cuadrados con categoría “dos llaves” y un total de 40 plazas, según consta en el buscador de establecimientos turísticos de la Junta de Andalucía. Obtuvo la concesión de la marca hace apenas diez días. Los apartamentos ya terminados ocuparían parte de uno de los locales en planta baja, con una superficie que supone apenas una cuarta parte de lo que Omega 93 compró hace casi un lustro.

Por ahora, Airbnb sólo ofrece la posibilidad de arrendar uno de ellos, Brisa, “con vistas al puerto de Estepona”, “moderno y sorprendentemente espacioso”, situado en “un edificio completamente renovado en pleno puerto de Estepona”. Ideal para vivir la “auténtica esencia de la Costa del Sol” a 166 euros por noche los próximos fines de semana, mínimo cuatro noches. Booking referencia otros tres, pero no están disponibles.

El anunciante de Brisa es Hanami Group, que en su web tiene diez de apartamentos de La Perla. Es una mera gestora. El propietario sigue siendo la empresa que compró los antiguos locales municipales, pero ahora lo es a través de Turismo del Puerto S.L., una entidad constituida en septiembre de 2023, cuyo único socio es Omega 93 y está administrada por Estela Solís, hija del constructor. Su capital social es de 1.347.748 euros, casi coincidente con el precio pagado por los locales municipales.

El negocio pinta bien: la herramienta AirDNA Rentalizer estima unos ingresos anuales de 23.400 por cada uno de los diez apartamentos, 234.000 euros al año por los diez. Otra fuente especializada del sector lo eleva a entre 27 y 32.000 euros al año. Estepona es un destino de moda para el turismo de alto poder adquisitivo gracias a sus playas, sus cuidadas calles y la amplia oferta comercial y gastronómica.

A la vez, es también uno de los municipios más caros para compra o alquiler en una provincia ya de por sí muy tensionada. En los últimos años, el sector inmobiliario local se ha reorientado notoriamente hacia el sector del lujo y la compra de primeras o segundas residencias de ciudadanos extranjeros. En el último año el precio del alquiler y compra se ha incrementado el 9,5% y el 11,6% respectivamente, según Idealista.

Precio final: mitad del valor catastral y una cuarta parte de lo que pagó Diputación Provincial

Este medio desveló en diciembre de 2022 la venta de esos locales municipales, hoy apartamentos turísticos, a Omega 93, una empresa patrimonial del constructor Bonifacio Solís, el mayor adjudicatario de obra pública en el municipio. Omega 93 fue socia de una sociedad patrimonial del alcalde en otra empresa, Nuevos Aires 2002. El Ayuntamiento siempre ha defendido que la venta fue legal y que ambos ya no son socios. Sí siguen siendo amigos y es habitual verlos juntos en actos sociales. La relación entre Solís y García Urbano viene de muy atrás, probablemente de Coín, de donde ambos provienen.

Tras las revelaciones de este medio a finales de 2022, el PSOE llevó el asunto a Fiscalía, pero el fiscal Julio Martínez Carazo archivó en mayo la investigación tras recabar el expediente municipal. Cuatro meses más tarde, en septiembre de 2023, la constructora de Solís fichó al hijo mayor del alcalde, de 27 años, como “director de operaciones”. No tenía experiencia en puestos similares.

La venta de los locales a la sociedad del amigo del alcalde se articuló de manera rápida y estuvo trufada de detalles inusuales, como desveló en su día una investigación de este medio. El 2 de diciembre de 2021, García Urbano inició el proceso con un Decreto para desafectar las dependencias municipales, pues hasta entonces no se podían vender. Tras subsanar la falta de publicación en el Boletín Oficial, llevó el asunto como urgente al Pleno de febrero. Allí, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento seguiría siendo el dueño. Un mes más tarde estaba empezando a subastar los inmuebles.

En estos procesos, el Ayuntamiento está obligado por ley a tratar de obtener el mejor precio para las arcas públicas. Su precio de salida era de algo más de 1,6 millones, teóricamente obtenido a partir de un informe de la arquitecta municipal. Esa cantidad era un 41% inferior al valor catastral (2,3 millones) y estaba más alejada aún de los valores de mercado en esa zona, inmersa en un ambicioso proyecto de renovación urbana, ya culminado, que incluía el Mirador del Carmen en la cercana playa de La Rada.

El precio de los locales se rebajaría aún más. La primera subasta, que no se anunció “porque la ley no obliga” (según dijo el Ayuntamiento a este medio), quedó desierta. Entonces el Consistorio rebajó el precio lo máximo que le permite la ley, un 25%. Lo licitó por segunda vez nuevamente sin publicidad en medios, y sólo apareció en la plataforma de contratación como “subasta de bien mueble”, una rúbrica errónea que impedía que los posibles interesados pudieran enterarse. Tampoco concurrió nadie, de modo que se repitió como expediente “bis”.

A la tercera fue la vencida. El Ayuntamiento dio 15 días naturales (algo inusual) para recabar ofertas y Omega 93 presentó la suya, que fue la única, el 16 de agosto de 2021, media hora antes del límite. “De la primera nos enteramos tarde”, explicó una portavoz a este medio, sin aclarar cómo lo supieron, dado que no apareció en prensa y en el portal de licitaciones estaba mal referenciado. La presidenta de la mesa de contratación fue la concejala Ana Velasco, también vinculada en el pasado a una sociedad del adjudicatario.

El precio final de los locales, menos de un millón de euros a 474,7 euros/metro cuadrado, contrasta mucho con el precio por el que el propio Ayuntamiento vendió el local contiguo de al Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga: una oficina de 372 metros cuadrados y cuatro plazas de garaje que vendió en 2014 por 819.000 euros, a unos 2.200 euros/metro cuadrado. El Ayuntamiento vendió una oficina a la Diputación a más del cuádruple del precio de venta que le puso a los locales de al lado.

La vieja relación del alcalde con la adjudicataria

De este modo, en siete meses el Ayuntamiento desafectó, licitó y vendió su antigua sede a un precio muy inferior al de mercado a un amigo y exsocio del alcalde. Son 2.000 metros cuadrados, que inicialmente eran dos locales en planta baja, entreplanta y oficina, así como 26 plazas de aparcamiento. Durante meses, los trabajadores municipales siguieron ocupando esas dependencias, hasta que pudieron marcharse a la nueva sede municipal.

Después, se acometió una obra interior para dejar una cuarta parte de la superficie de esos inmuebles lista como apartamentos turísticos a finales del año pasado, según fuentes locales, mientras se pasaban a una nueva empresa, Turismo del Puerto, S.L. Su administradora es Estela Solís, hija de Bonifacio, y el socio único es Omega 93. Según información registral, Omega 93 aportó los inmuebles el 25 de octubre de 2023 en escrituras otorgadas ante la notaria Almudena Romero, quien lleva la notaría de la que es titular el alcalde.

Al menos hasta 2016, García Urbano fue socio de Omega 93 en la entidad Nuevos Aires 2002. Así constaba en su declaración de bienes al Congreso de ese año y lo confirmó el propio Solís a este medio, aunque en 2023 aseguró que ya había adquirido las participaciones sociales de García Urbano hacía “dos o tres años”. Ambos son amigos íntimos. El tercer socio en Nuevos Aires era Juan Hoffmann, condenado y prófugo del caso Malaya. Nuevos Aires también es propietaria del edificio ilegal que albergó durante años la sede de Urbanismo en Marbella.

Estela Solís sustituyó a Antonio Zarco (expareja de la concejala Ana Velasco) como administradora de Nuevos Aires en enero de 2024. Para entonces, el hijo mayor del alcalde llevaba varios meses supuestamente ejerciendo como “director de operaciones” de la constructora, cargo que aún ocupa y al que llegó tras renunciar en apenas dos meses al acta de concejal que obtuvo después de que renunciaran dos concejales de la lista encabezada por su padre.

Bonifacio Solís fue también la encargada de levantar el Mirador del Carmen, una fastuosa torre en plena playa que costó más de 16 millones de euros. El alcalde ha sido llamado a declarar ante el juez como investigado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación del restaurante con mirador a la pareja de su hijo, sin experiencia alguna en negocios de ese tipo. Como desveló este medio hace tres años, la sociedad adjudicataria se creó pocas semanas antes en el despacho profesional de un concejal de confianza de García Urbano.