Castilla-La Mancha es de las comunidades autónomas que menos fondos aporta para cooperación internacional, unas ayudas ahora “más necesarias que nunca” en los países más pobres debido a la pandemia de COVID-19. Se trata de un dato que han denunciado en varias ocasiones las ONG de desarrollo en la región y que el año pasado se vio agravado por el “recorte” de la convocatoria de subvenciones para este objetivo. Ahora, la Red de Coordinadores Autonómicas de ONG ha realizado el Informe sobre Ayuda Oficial al Desarrollo autonómico, que ofrece una fotografía sobre el compromiso de las comunidades autónomas con la cooperación, y donde esta comunidad autónoma sigue ocupando los últimos puestos, según diferentes indicadores.

Concretamente, este estudio desvela que con una media de 0,11% destinado a cooperación en 2019, los fondos públicos castellanomanchegos se encuentran muy lejos del compromiso del 0,7%. Por ello, sitúa a la comunidad autónoma en el “vagón de cola” de la cooperación al situarse por debajo de 0,09%.

De hecho, la fotografía que ofrece el informe en todas las autonomías presenta “más sombras que luces”: la tendencia a la recuperación de estos fondos se mantiene desde 2015, aunque “con mucha timidez”. Así, subraya que en algunos casos el punto de partida es tan bajo que el cambio apenas se percibe en términos porcentuales. Con una media estatal de 0,11% destinado a cooperación en 2019 y de 0,10% el año anterior, el estudio muestra que los fondos se encuentran muy lejos del compromiso del 0,7%.

“Esa recuperación, por tanto, es claramente insuficiente sobre todo en un momento en el que la crisis provocada por la pandemia exige respuestas firmes que frenen las desigualdades y la pobreza. El apoyo que ofrecen las ONG es crucial en un momento en el que la crisis afecta directamente a poblaciones que ya sufrían situaciones extremas. No fortalecer la cooperación supondrá un impacto directo sobre las condiciones de vida de miles de personas”.

La comparativa entre comunidades autónomas resulta muy clarificadora. Así, tan solo se encuentran por encima del 0,20% Euskadi, Extremadura y Navarra; entre el 0,10% y el 0,19%, Andalucía, La Rioja, Asturias, Catalunya, Illes Balears y Comunitat Valenciana; y por debajo del 0,09%, por este orden, Cantabria, Aragón, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Murcia y Canarias.

Presupuesto por persona y peticiones

En el caso de Castilla-La Mancha, el estudio también detalla que la región ocupa el cuarto puesto por la cola en el presupuesto de cooperación por persona, que fue de 1,27 euros en 2019 y que ese mismo año, el presupuesto ejecutado de Ayuda Oficial al Desarrollo supone el 7% del importe registrado como mejor dato histórico, que fue diez años atrás (2009).

“La tendencia a la nula o tímida recuperación nos hace dar la voz de alerta”, recalcan las ONG. Consideran en el informe que existe un riesgo de que, en el contexto actual, la política de cooperación pueda ser nuevamente utilizada como moneda de cambio y que, con la excusa del “primero los de aquí” se reduzca significativamente su presupuesto. “Esto sería un gravísimo error, porque si algo ha demostrado la pandemia es que todo el mundo sale de esto o no sale nadie. Por otra parte, el análisis de los datos demuestra la necesidad de reforzar las capacidades del sistema para alcanzar mayores niveles de ejecución y eficacia”.

Por todo ello, las ONG de desarrollo demandan, entre otras medidas, la recuperación de los fondos y aprobación de un calendario de cumplimiento hacia el 0,7%, “en coherencia con el apoyo ciudadano a esta política pública”; compromisos concretos con el fortalecimiento de la educación para la ciudadanía global, “una cuestión clave en un contexto en el que aumentan los discursos de odio”; y mejorar la transparencia.

También solicitan homogeneizar criterios para contabilizar la Ayuda Oficial al Desarrollo autonómica. “No podemos analizar con detalle y con perspectiva si no contamos con los mismos datos o no se contabiliza de manera adecuada”. Y, por último demandan una flexibilización de la burocracia: “Los procedimientos y requisitos han de revisarse para facilitar el trabajo de todos los actores implicados en la cooperación”.

La incapacidad del Gobierno en funciones y de sus “socios preferentes” de Unidas Podemos de alcanzar un acuerdo para permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente tiene consecuencias económicas y medioambientales. El actual bloqueo ejecutivo y legislativo durará, al menos, hasta septiembre, cuando se celebra otro pleno de investidura. Pero si el intento vuelve a fracasar, el país quedará abocado a elecciones en noviembre. Hasta febrero de 2020 (por lo menos) no habría un Ejecutivo funcionando a pleno rendimiento.

De momento se mantiene un gobierno en funciones que está limitado al “despacho ordinario” y maneja un presupuesto diseñado por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para 2018, que ha sido prorrogado. Es decir, que es un Ejecutivo que, por ejemplo, no prevé aprobar este mes (cuando tocaría, según el calendario presupuestario) un techo de gasto que sirva de base a unos eventuales nuevos presupuestos.

Además, las comunidades autónomas, que entre otras competencias manejan las sanitarias y educativas, no podrán recibir todavía alrededor de 4.700 millones de euros en concepto de entregas a cuenta dentro del sistema de financiación autonómica, y que esperan antes de fin de año. Tampoco se podrán aprobar los nuevos impuestos a las transacciones financieras y servicios digitales ni la subida de IRPF a las rentas más altas, con un impacto estimado de más de 5.600 millones al año.

De momento, los presupuestos que elaboró el PP para 2018 encaran su segundo año en vigor y serán los más longevos de la historia en caso de que finalmente se vaya a elecciones. Montoro ha reconocido en declaraciones a Efe que ya había “una previsión de que el presupuesto podía durar y para eso se hizo así”.

Las cuentas de 2018, actualmente en uso, fueron elaboradas por el Gobierno del PP, bajo la tutela del entonces ministro de Hacienda, si bien fueron definitivamente aprobadas por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que ganó la moción de censura a Mariano Rajoy durante el trámite parlamentario de los presupuestos.

Fue precisamente el posterior rechazo a los PGE para 2019 que habían pactado el PSOE y Unidas Podemos lo que abocó a convocar los últimos comicios. ERC y PdCAT, cuyos apoyos eran fundamentales, votaron en contra en ausencia del “gesto” que esperaban del Gobierno hacia el diálogo sobre la autodeterminación o los presos independentistas.

“Sorprende ahora cómo se hacen llamadas a la responsabilidad por parte de fuerzas que no quisieron apoyar los presupuestos”, comenta el que era portavoz en la materia de Unidas Podemos cuando se debatieron, Segundo González.

El economista recalca que las actuales cuentas “perpetúan una senda de precariedad pese al crecimiento económico”. En esos presupuestos, que Montoro vendió como “los más sociales de la historia”, el gasto social crecía la mitad que el PIB. “Son unos presupuestos que no valen para abordar los grandes retos de la modernización del proceso productivo, acabar con las desigualdades y mejorar el estado del bienestar”, afirma González.

Todos critican la ausencia de reformas

La ausencia de reformas en vísperas de que llegue a España una temida desaceleración económica como la que se prevé en 2020 (el FMI espera un avance del PIB del 1,9%) es criticada a izquierda y a derecha: los sindicatos y Unidas Podemos alertan de que urge acabar con los aspectos más lesivos de la reforma laboral y aprobar políticas que promuevan un modelo productivo menos dependiente del turismo y la construcción.

La Comisión Europea recalca que en ausencia de Gobierno y de presupuestos para 2020 España seguiría sin acometer las reformas estructurales reclamadas por Bruselas para reducir el déficit, en la línea de lo prometido por el Plan de Estabilidad enviado por Nadia Calviño a finales de abril, en el que, entre otras cosas, preveía aumentar la recaudación fiscal en 20.000 millones hasta 2022.

Para ello se debería aprobar la creación de nuevas figuras impositivas que ya preveía el PP, como son el impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (1.200 millones) y el Impuesto sobre Transacciones Financieras (850 millones) o la subida del IRPF a las rentas de más de 130.000 euros. En total, un impacto de 5.654 millones de euros por ejercicio. Medidas que tampoco puede aprobar un gobierno en funciones.

“Llevamos ya algunos años, desde 2015, en esta situación con España, con varias elecciones”, explican fuentes comunitarias, “y la economía española se ha desacelerado suavemente, pero en la línea del resto de Estados miembros. Hasta el momento parece que el bloqueo no está teniendo impacto en la economía, pero puede tenerlo en el ritmo al que se lleven las reformas que están pendientes desde hace algún tiempo y no llegan”.

Según el servicio de estudios del BBVA, a nivel interno, la mayor incertidumbre sobre la política económica “parece estar teniendo un impacto limitado sobre la actividad”. Sin embargo, “se hacen necesarias reformas que ayuden a revertir la tendencia de desaceleración, a reducir el desempleo estructural y a aumentar el crecimiento potencial, claves para reducir la desigualdad”.

En este sentido, el Banco de España ha realizado numerosas comunicaciones avisando de las posibles consecuencias para la economía española de la falta de Gobierno y la repercusión negativa que supone que no se aprueben medidas fiscales o las reformas estructurales necesarias para abordar la ralentización a la que se ve abocado el crecimiento del PIB español en los próximos años.

Para el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, “seguimos con unas políticas de una etapa de época neoliberal” y que no atienden a pobrezas distintas como la del “trabajador pobre o la pobreza infantil”. Este sindicato explica que sin gobierno tampoco se desarrollarán actuaciones para acabar con la precariedad, la temporalidad o la parcialidad involuntaria, ni se regulará de forma digna la subcontratación. Tampoco se podrán dar avances en la “dignificación de salarios” ni en la “necesaria elevación del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros al mes con catorce pagas en 2020”.

Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO destaca que con el actual panorama no solo no se va a poder revertir la reforma laboral de 2012, sino que tampoco se podrá reaccionar a los importantes cambios que se están produciendo en el mundo laboral: “Además del desempleo, deben abordarse la precariedad, la temporalidad y los retos de la nueva configuración del mercado de trabajo, con el avance de la digitalización o los procesos de externalización productiva”, recalca.

Retraso en el plan climático

En materia de energía, una de las principales consecuencias del bloqueo político es el posible retraso en la aprobación del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) y de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética derivada del mismo, que Pedro Sánchez ha fijado como prioridades en sus dos investiduras fallidas. Estos proyectos normativos deben fijar la estrategia de descarbonización de la economía española para la próxima década con el fin de cumplir los compromisos en materia de lucha contra el cambio climático.

El Gobierno remitió en febrero un borrador a la Comisión Europea que ha sido muy bien recibido por su nivel de ambición. Bruselas debería tener sobre la mesa las versiones definitivas en diciembre de este año para que entren en vigor en 2021. Otro frente pendiente es la aprobación de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que sustituya al actual, que lleva caducado desde 2010 y cuyo borrador llegó a anunciarse para el pasado mes de junio, aunque la situación de interinidad del Ejecutivo lo ha impedido.

El plan debe incluir las medidas para atajar el multimillonario déficit del fondo que debe desmantelar las centrales nucleares y gestionar sus residuos, y adoptar una decisión sobre el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos cuya tramitación quedó en suspenso hace un año.

El trámite es largo: una vez en manos del Ejecutivo el borrador de Plan de Residuos, se iniciará el proceso de elaboración que establece la ley hasta que llegue a las Cortes, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y oídas las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.

Los presupuestos de Andalucía para el presente año se presentaron el viernes: 36.495 millones de euros, un 5% más que en 2018. Después de varios años, es la primera vez que una parte de los mismos se ha provincializado, como venía demandando el PP cuando estaba en la oposición frente a los sucesivos gobiernos socialistas, incluso a través de una proposición no de ley, rechazada en 2015. La Junta, ahora en manos de PP y Ciudadanos, ha detallado por provincias las inversiones sobre el papel pero solo en un 3,11% del total presupuestado: el anteproyecto de ley contempla 36.495 millones de euros, de los cuales 3.701,3 están previstos para inversiones, entre ellos 1.138,29 millones provincializados.

Los delegados de la Junta en cada una de las ocho provincias, acompañados por los delegados territoriales de las respectivas áreas, cumplieron esta semana con la tradición y se encargaron de desgranar las cuentas a nivel local, como venían haciendo cuando el PSOE gobernaba en la comunidad autónoma. En el anexo de inversiones, los presupuestos vienen anunciados con varias partidas por provincias, pero también se incluyen otras muchas partidas gestionadas desde los servicios centrales, que engloban diversos programas y sistemas informáticos o de información de la administración.

Los argumentos repetidos por el PP estos años han sido que, al no provincializarse el presupuesto, se estaba vulnerando el derecho a la información de los andaluces, que no podían conocer las inversiones que el Gobierno autonómico realizaba en cada en su provincia, y también el derecho de los propios diputados que los representaban, porque era imposible conocer las inversiones previstas, estudiar las mismas y hacer un seguimiento de su grado de cumplimiento posterior, mermando la transparencia y calidad democrática de nuestras instituciones.

El PSOE ha venido asegurando que “los derechos” no eran provincializables y que los presupuestos de la Junta ofrecía información de los distintos proyectos territorializados, facilitando el seguimiento y la evaluación de las inversiones con un catálogo de proyectos territorializados y con los datos de ejecución de la Oficina de Control Presupuestario.

La provincialización ahora de una parte de las inversiones da pie a las comparativas y posibles agravios, algo que servía el PSOE para excusar que no se ofrecieran esos datos en las cuentas andaluzas de cada curso. Ahora se puede conocer con mayor detalle qué provincia ha sido más o menos afortunada en el reparto. Cádiz, con 212 millones, liderada esta vez esa tabla. De los 3.701,3 millones para inversiones, 1.138,29 millones de euros están provincializados.

Almería: 125,23 millones

El proyecto presupuestario de la Junta de Andalucía para 2019 contempla respecto a la provincia de Almería una inversión específica de 125,23 millones de euros, destacando 55 millones para infraestructuras hidráulicas, siete millones de euros para avanzar en las obras de la Autovía del Almanzora, otros 7,1 millones para la finalización del hospital Materno-Infantil y su equipamiento, y 5,2 millones para infraestructuras educativas. La media de inversión por habitante es de 176 euros en Almería frente a los 135 euros de todo el territorio andaluz.

Cádiz: 212 millones

Las partidas reflejadas en las presupuestos para 2019 prevén para Cádiz 212 millones de euros. La Junta asegura que se dará continuidad al plan de renovación del parque móvil policial con la adquisición de nuevos vehículos y se contempla el cambio de sede en la Jefatura Provincial de Cádiz.

Igualmente, se ha hecho referencia a actuaciones precisas para propiciar la puesta en servicio del tren tranvía y a la continuidad o inicio de actuaciones para mejorar distintos enclaves portuarios (Barbate, Conil, Chipiona y Bonanza), así como a la redacción de proyectos y estudios y tramitaciones referidas a obras en varias carreteras autonómicas en la provincia, como la A-389 Paterna-Medina, Vejer-El Palmar, nuevo acceso a Alcalá del Valle --fondo terraplén--, A-383 acceso este a La Línea-El Higuerón, variante Ubrique A-373, A-384 Arcos-Antequera y A-491, en el desdoble tramo Puerto de Santa María-Rota-Chipiona.

Córdoba: 118,01 millones

La Junta va a “actualizar los proyectos heredados sin terminar o desactualizados para poder licitar”, como la Ronda Norte de la capital cordobesa o la Autovía del Olivar, según trasladó este lunes. El delegado destacó la subida en Salud, que repercutirá en la provincia con 6,77 millones de euros para el HARE de Palma del Río, 110.551 euros para la UCI pediátrica del Hospital Universitario Reina Sofía“.

También se recogen “635.277 euros para el nuevo hospital de Lucena, el nuevo edificio de Consultas Externas en el Materno del Reina Sofía tras 15 años parado con 830.134 euros o 160.000 euros para la puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Salud de Avenida de Córdoba”, entre otros proyectos.

Granada: 130,79 millones

La Junta ha previsto 130,79 millones de euros de inversión en la provincia de Granada, con una partida de cinco millones de euros para la Biblioteca de Andalucía en su nuevo emplazamiento, aún por concretar, y de casi dos millones para los trabajos para ubicar en Escúzar, en el área metropolitana granadina, el acelerador de partículas del proyecto científico Ifmif-Dones, segun algunos de los aspectos destacados por la Junta.

Huelva: 96,63 millones

La provincia onubense es la única que no llega a los cien millones de inversión provincializada pero es la segunda provincia con mayor inversión por habitante en Andalucía con 184,96 euros por habitante, 49 puntos por encima de la media andaluza que es 135,37 euros por habitante. La Junta destaca la inversión en el Hospital Materno-Infantil, la redacción del nuevo proyecto de acceso a Isla Cristina o la adecuación del Banco de España para su conversión en museo.

Jaén: 131,78 millones

La Junta de Andalucía recoge 131,78 millones de euros para Jaén en su proyecto de Ley de Presupuestos para este año, donde la provincia se sitúa como la cuarta en volumen de inversión y la primera en inversión por habitante con 206,53 euros por jiennense. Entre los proyectos destacados por la Junta, resalta la inversión tecnológica en sanidad, el nuevo hospital de Cazorla, el ramal ferroviario al Parque Empresarial de Santana, el arreglo de carreteras y la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Jaén.

Málaga: 153,16 millones

El proyecto de Ley de Presupuestos incluye 153,16 millones de euros en inversiones para la provincia malagueña. Las partidas más destacadas son para el Metro de Málaga, con 29,8 millones, cantidad referida al conjunto del año 2019 y no sólo para la segunda mitad del ejercicio; no obstante, gran cantidad de dicho dinero se ejecutará en el segundo semestre del año. Igual sucede con los 72 millones de euros de gastos de explotación del suburbano, que es anual.

Sevilla: 170 millones

El proyecto presupuestario de la Junta de Andalucía para 2019 contempla respecto a la provincia de Sevilla una inversión específica de 170 millones de euros con aspectos como 14,6 millones para centros educativos, 5,5 millones para el tranvía de Alcalá de Guadaíra, un millón para el vial metropolitano del Acceso Norte a Sevilla o 32 millones para mejorar el abastecimiento de agua en la Sierra Sur. El Metro de Sevilla cuenta con una partida de 350.000 euros para la actualización del proyecto de la línea 3.

El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado el Presupuesto Municipal para 2019, que ascenderá a casi 72,7 millones de euros. Las cuentas han contado con el voto a favor de PSOE y Ganemos y en contra de PP, Ciudadanos y del concejal no adscrito. En la sesión plenaria extraordinaria se han aceptado la enmienda del grupo Ciudadanos de ampliar en 13.200 euros la partida de Becas de Investigación del IMPEFE, que pasa a tener 26.400 euros.

También se han aprobado las enmiendas de Ganemos, a excepción de la que pedía la retirada de la subvención nominativa a la Asociación de Cofradías de la Semana Santa y la de mantenimiento de la Plaza de Toros. También se ha aprobado por unanimidad una enmienda transaccional al grupo Popular para destinar 15.000 euros más a la convocatoria de Ayudas para Asociaciones Sociales.

El concejal de Hacienda, Nicolás Clavero ha reconocido que se trata de un presupuesto “para las personas, para el empleo e inversor”. En estos Presupuestos se producen incrementos para el empleo, ya que la financiación del IMPEFE sube en 88.000 euros; en Acción Social se incrementan las ayudas individualizadas en 40.000 euros, pasando de 160.000 a 200.000 la cuantía total y con un incremento de 27.000 euros las subvenciones a asociaciones sociales, hasta alcanzar los 72.000 euros.

En Cooperación Internacional se vuelve a incrementar el presupuesto en 20.000 euros, de manera que se destinarán 182.610 euros. También se incrementan las ayudas a la natalidad y para material escolar para las familias de Ciudad Real en 15.000 euros, para destinar 65.000 euros a estas ayudas que se incrementarán hasta los 75 euros.

Las cuentas contemplan una importante mejora en las retribuciones de los empleados municipales ya que a la subida salarial de la Función Pública del 2,25% se le suma el 50% de la carrera profesional, y se incluye una Oferta Pública de Empleo de 29 funcionarios más en el Consistorio.

Este Presupuesto incluye inversiones por importe de 4,5 millones de euros. Y la mayoría de las inversiones (casi 3 millones de euros) se financiarán directamente con la liquidez del Ayuntamiento sin necesidad de pedir préstamos.

Entre las actuaciones previstas obras de reposición de vías públicas en la calle Fernando Alonso de Coca, calle Toledo (desde la Puerta de Toledo hasta la Plaza de la Constitución), calle Calatrava (desde Calle Paloma hasta la Ronda), Cardenal Monescillo, Montesa y en los barrios de Nuevo Parque, Los Rosales y Pio XII. También la adecuación del espacio de señalización/depósito de vehículos, la adquisición de una ambulancia para Protección Civil, la construcción de sepulturas y nichos en el Cementerio Municipal.

Además, dentro del Plan de Modernización Ciudad Real 2025 se incluye financiación para los accesos al Campus Universitario por la calle Calatrava (350.000 euros), la mejora de los pasos del AVE-Universidad y la adecuación de los edificios y del entorno de los Silos (350.000 euros).

A través de la EDUSI Ciudad Real 2022 Eco-Integrador, cofinanciada por el Fondo Europeo FEDER, se incluyen obras de accesibilidad y eficiencia en el transporte público, el soterramiento de las líneas de baja tensión del Barrio del Pilar, donde también se repondrán vías públicas y se rehabilitará el Centro Social. Además continuará el proyecto de rehabilitación energética del Ayuntamiento, el proyecto de “Ciudad Real sin Ruido”, la mejora de la administración electrónica con diverso material informático y un nuevo sistema de gestión de la cita previa, así como la instalación de red wifi en la Casa de la Ciudad o mejoras en los equipos de la Televisión Municipal.

En tiempos de bloques y bloqueos, el Gobierno de Iñigo Urkullu ha probado la denominada geometría variable en el Parlamento y, sorteando la minoría de la coalición de PNV y PSE-EE en la Cámara, ha sacado adelante sin mayores apuros las tres leyes presentadas para gestionar la prórroga presupuestaria en 2019. A pesar de los durísimos discursos de la oposición -se empieza a respirar el ambiente preelectoral-, el Ejecutivo ha logrado convalidar una subida salarial para los funcionarios del 2,25%, la actualización de la renta de garantía de ingresos (RGI) en un 3,5% con carácter general y del 4,5% para los pensionistas y, finalmente y a la vez, la mejora de la financiación de la escuela concertada y de la Universidad pública.

Rotos los puentes con el PP tras el apoyo del PNV a la moción de censura de Pedro Sánchez, el Gobierno de Urkullu perdió su socio más estable en Euskadi. Exploró una negociación con EH Bildu para sacar adelante las cuentas de 2019 pero esa vía fracasó y acabó con acusaciones cruzadas de falta de honestidad. Sin presupuestos para este ejercicio, el Ejecutivo presentó en enero un 'pack' unitario con todas las actualizaciones económicas necesarias para gestionar un escenario de prórroga y que suman unos 247 millones.

Ante las críticas de la oposición por mezclar cuestiones tan dispares y obligar a un 'sí' o 'no' en bloque y sin posibilidad de negociar, el Gobierno accedió a trocear en tres partes su ley presupuestaria aunque tuviera un informe jurídico que validase su tramitación en un sólo 'pack'. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha insistido este jueves en la Cámara en que se buscaba “eludir el serio riesgo” de que medidas que por separado -como se ha visto- tenían garantizada su aprobación pudiesen decaer por una cuestión de forma.

En realidad, esta duda era estéril por la postura que finalmente ha adoptado EH Bildu de no participar en las tres votaciones. Esa 'ausencia' de los 18 parlamentarios abertzales -en realidad no se han movido del escaño y se han limitado a no apretar el botón en las tres votaciones- otorga a PNV y PSE-EE una mayoría tan holgada (37 de 57) que todas las críticas, comentarios y valoraciones de los últimos días eran papel mojado. “Ese golpe de timón quizás no hubiera sido necesario”, ha admitido ante los periodistas terminado el debate el propio Azpiazu. Y ha añadido: “Siempre me quedará la duda de si para este viaje eran necesarias tantas alforjas”.

Elkarrekin Podemos, como se había conocido la pasada semana, ha optado por dar luz verde a la subida de los funcionarios y de la RGI con sendas abstenciones. Quedaba en el aire la normativa educativa, finalmente dada de paso también por el PP con otra abstención, como adelantó este periódico. Pero sin la participación de EH Bildu, poco o nada importaban estos gestos de distensión de dos formaciones que, en sus explicaciones de voto durante la sesión, han atacado con dureza al Ejecutivo.

El portavoz morado, Lander Martínez, ha destacado, por ejemplo, que la subida de la RGI es mejor que nada pero que siguen vigentes recortes en las prestaciones sociales que, según ha indicado, suponen que las cuantías sean un 28% menores de lo que tenían que ser según el sistema fijado en la ley de 2008. Y Antón Damborenea (PP) ha enfatizado que quedan todavía muchos pasos para resolver la, a su juicio, infrafinanciación de la escuela concertada, que vive un curso plagado de movilizaciones y huelgas. También ha destacado que el aumento de la recaudación deja otros 150 millones sin destino claro por la prórroga y que podrían destinarse a políticas de inversión.

Iker Casanova, por su parte, ha puesto voz a la posición política de EH Bildu en un turno reservado para quienes votan 'no' aunque la postura de la coalición, en puridad, haya allanado el terreno al Gobierno. Casanova, muy duro, ha abierto su intervención asegurando que la de este jueves es “la mañana de los recortes” porque “disfrazadas de subidas” hay medidas como la actualización de la RGI que “en el fondo siguen siendo recortes”. “¿Por qué se ensañan con los más pobres?”, ha llegado a preguntarle al lehendakari Casanova. La intervención de EH Bildu incluso ha motivado que el propio Urkullu se revolviese en el escaño e hiciera un gesto con las manos a la bancada abertzale, algo inusual en una persona que suele seguir hiératico todos los discursos.

EH Bildu ha criticado, igualmente, el gesto de Elkarrekin Podemos de abstenerse en dos de las tres leyes porque lo ha hecho “sin poner encima de la mesa compromisos sociales”, “gratis et amore”. “Podemos ha sido inflexible cuando tocaba ser flexible y flexible cuando tenía que ser firme”, ha abundado Casanova, que ha añadido que Urkullu siempre encuentra “alguien en situación de debilidad le haga un favor al Gobierno”.

Superado este trámite, queda la duda de que puede ocurrir de cara a los presupuestos de 2020, año electoral en Euskadi. “Haremos los esfuerzos. Somos conscientes de que necesitamos el apoyo de la oposición, de que estamos en minoría. Trabajaremos cuanto antes en la cocina y en lo que haga falta. Nos pondremos las mejores galas”, ha comentado a la prensa Azpiazu, aunque se ha sincerado: “No estoy preparado mentalmente para un nuevo proceso de negociación”.

El fracaso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que ha sido rechazado este miércoles en el Congreso, ha supuesto la cancelación de algunas de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez. También ha dejado en el aire un aumento global en el gasto del Estado que, en el caso de Catalunya, se traducen en 350 millones de euros menos para la Generalitat y hasta 900 en diferentes inversiones del Estado en la comunidad.

Aunque el Gobierno y la Generalitat no se ponen de acuerdo en la cifra exacta de dinero que se podría ver comprometido, tres son las partidas que Catalunya seguro que no verá. La primera es el aumento que Fomento había presupuestado para la red de Cercanías catalana (Rodalies), que había pasado de estar dotada con 331 millones en los últimos presupuestos de Rajoy a los 650 que Sánchez proveía ahora.

Pero, aunque las Rodalies eran la gran apuesta del aumento presupuestario, esa no es la cifra completa. El proyecto de Presupuestos preveía una inversión territorializada del Estado en Catalunya de 2.251 millones, de los cuales 900 eran nuevos respecto al año anterior. Un aumento que, además de los 331 millones de la red de cercanías, se destinaba también al Corredor del Mediterráneo y otras infraestructuras.

La anterior es la cuenta por lo que respecta al gasto directo que hace la administración general del Estado. Pero hay que sumar a esto el dinero que la Generalitat dejará de recibir en traspasos del Estado para su financiación ordinaria.

Según los presupuestos elaborados por la ministra de Hacienda María Jesús Montero, la Generalitat iba a recibir este año unos 1.500 millones, que la administración autonómica podría utilizar para elaborar sus propios presupuestos. Una parte importante de esa cantidad sale del sistema de financiación, por la suma de los 760 millones de anticipos a cuenta más los 228 del impuesto de hidrocarburos.

El resto sale casi íntegramente del acuerdo entre los ejecutivos central y catalán de septiembre pasado, en cumplimiento de varias sentencias, por el que el Estado se comprometió a pagar a la Generalitat 1.459 millones en los siguientes cuatro años, para sufragar la deuda en infraestructuras (759 millones) y con los Mossos d'Esquadra (700 millones). De estos, según el acuerdo alcanzado entre la ministra Montero y el vicepresident Aragonès, 350 millones llegarían este mismo año por vía de los Presupuestos Generales del Estado, 200 para que la Generalitat los gaste en infraestructuras y los otros 150 directamente para la policía catalana.

Pero, sin Presupuestos, estas inyecciones no llegarán. El naufragio de las cuentas también pone en riesgo el resto de cifras, como han alertado tanto desde el Gobierno como por parte de Podemos. Esto, sin embargo, es discutido por los independentistas, que opinan que las inyecciones pactadas aparte de los presupuestos deben realizarse vía decreto. Recuerdan que muchas de las medidas pactadas entre el PSOE y Podemos se desligaron del proyecto presupuestario, como son la subida de las pensiones y del salario mínimo.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 ha sido tumbado en el Congreso de los Diputados tras salir adelante las enmiendas a la totalidad presentadas. Esto va a implicar, probablemente, la convocatoria de elecciones anticipadas. De manera más inmediata supone que la mayoría de las medidas que se incluyen en el texto van a quedar en el limbo, a la espera de eventuales circunstancias parlamentarias más favorables para el PSOE y para sus socios presupuestarios, Unidos Podemos, con los que habían pactado la mayoría de ellas.

Sin embargo, hay otras reformas que a pesar de haber sido incluidas en los presupuestos ya se han aprobado vía decretos–leyes. Por lo tanto permanecen vigentes al haber sido convalidadas por el Congreso, como es el caso del “macrodecreto” que incluyó la subida de las pensiones en 1,6%, la mejora de la protección social de los autónomos y la prórroga del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED). Otros decretos, como el de vivienda, no tuvieron la misma suerte, y las diferencias entre los socios presupuestarios sobre su contenido provocaron su derogación.

Estas son algunas consecuencias de la votación de este miércoles en el Congreso.

Lo que cae: subsidio para mayores de 52, vivienda...

–Recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años. El PP restringió esta ayuda con varios decretos: elevó su edad de acceso a 55, redujo la cotización de la Seguridad Social para su jubilación y obligaba a jubilarse de manera anticipada si el trabajador tenía posibilidad de ello. La recuperación del subsidio afectaba a unos 114.000 desempleados, según los cálculos del Gobierno socialista.

–Subida del 2% del IPREM. Este indicador, utilizado para determinar el acceso a las ayudas a vivienda, becas, subsidios por desempleo o asistencia jurídica gratuita, iba a subir a los 548,6 euros, tras la congelación del año pasado.

–Aumento de las ayudas contra la pobreza infantil. Las ayudas por hijo a cargo para familias desfavorecidas se duplicaban hasta los 588 euros anuales para los hogares en pobreza severa.

–Permisos de paternidad de ocho semanas. Actualmente el permiso de paternidad es de cinco semanas voluntarias e intrasferibles.

–Subida del IRPF para rentas a partir de 130.000 euros; limitación de exenciones en Sociedades y tipo mínimo del 15% para las grandes empresas y del 18% para la banca y las empresas de hidrocarburos. Otras propuestas fiscales que se caen son el mayor control de las sicavs; la reducción del IVA de publicaciones digitales y productos de higiene femenina; la subida de la tributación del diésel. La tasa Google y a las transacciones financieras no puede aprobarse ni por decreto ni en presupuestos, al ser medidas de nueva creación, y continúan su trámite parlamentario.

–Aumento del 59% del presupuesto de dependencia y del 41% de vivienda. En este último capítulo se incluían las políticas para impulsar la construcción de 20.000 viviendas de alquiler asequible.

–Eliminación del copago sanitario para pensionistas con rentas bajas y colectivos más vulnerables.

–Subida del presupuesto para becas en 150 millones.

–Recuperación de la partida para Memoria Histórica, con 15 millones de euros que se iban a destinar al “derecho a la reparación de las víctimas del franquismo”.

–Otra partida que decae son los 12.181 millones de euros que el Estado había destinado en los PGE para inversiones reales en las distintas Comunidades Autónomas. Otro apartado de reparto de los presupuestos entre las autonomías es el de las transferencias, que el Estado había incrementado en 2.250 millones de euros para alcanzar la cifra de 28.234 millones de euros, un 8,7% más que lo presupuestado en 2018.

–El proyecto de Presupuestos Generales del Estado también preveía una inversión en infraestructuras de 10.030 millones de euros. La mitad de esta partida iba para Ferrocarriles, con una dotación de 5.041,3 millones de euros, sin contar inversiones de Renfe Operadora por importe de 378 millones. Para Carreteras se destinaron 2.328,48 millones; Puertos tenían 829,87 millones; y Aeropuertos, 689,45 millones.

Lo que se mantiene por decreto: pensionistas, SMI...

–Aumento de todas las pensiones un 1,6% y de las mínimas y no contributivas el 3%, así como subida de la base de cotización de las pensiones de viudedad..

–Subida salarial para los empleados públicos de al menos un 2,25%.

–Aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros en 14 pagas.

–Subida de las bases de cotización (7% las máximas, 1,25% la base mínima para los trabajadores autónomos, un 22% las bases mínimas en el Régimen General).

–Mayor protección social para los autónomos y la subida de la cotización mínima a 5,3 euros al mes para autónomos personas físicas y 6,8 euros al mes para los autónomos societarios.

–Prórroga del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED), para desempleados de larga duración que han agotado otras ayudas.

–Prórroga de un año de la cláusula de salvaguarda de las pensiones de los desempleados desde 2013 y los trabajadores que salieron de sus empresas en ERE o acuerdos suscritos antes del 1 de abril de ese año, para que puedan seguir jubilándose con las condiciones previas a la reforma de las pensiones de Zapatero.

–Retorno de la jubilación forzosa por convenio. Permite retirar sin indemnización a un trabajador cuando este alcanza la edad legal de jubilación, pero siempre y cuando tenga derecho al 100% de su pensión y así lo establezca su convenio colectivo.

El Gobierno de Pedro Sánchez presentó en enero un “cronograma orientativo” con 33 propuestas de transferencias a Euskadi de otras tantas materias pendientes desde la promulgación en 1979 del Estatuto de Gernika. En ese calendario, febrero era el momento indicado para iniciar las negociaciones de las primeras siete competencias y, mediado el mes, el Ejecutivo vasco ha confirmado ya que el Estado, conforme a lo previsto, ha enviado documentación para iniciar las conversaciones sobre dos de ellas, ferrocarriles y productos farmacéuticos.

Según ha explicado el portavoz del Gobierno de Iñigo Urkullu, que es también el consejero competente en materia de Autogobierno, Josu Erkoreka, Euskadi ha recibido este lunes y este martes “una remesa de documentos” sobre parte de los asuntos incorporados en ese primer bloque. No ha querido valorar aún esa primera propuesta de transferencia dado que no ha tenido tiempo material de analizar con detalle la documentación.

Concretamente, el Gobierno de Sánchez ha elaborado ya un primer borrador para la cesión de la competencia de ferrocarriles, que incluiría los tramos de la antigua Feve y el servicio de Cercanías, pero no las líneas de interés general (como el corredor del AVE en construcción). Se da la circunstancia de que a finales de 2017 los Ejecutivos central y vasco ya cerraron la cesión de dos pequeños tramos de Bizkaia, por lo que ya existe una metodología reciente que podría agilizar la que quizás es la materia de más relevancia del primer bloque y que debería pasar a ser de titularidad autonómica en marzo. También está ya en Vitoria una primera aproximación para la transferencia de las competencias en materia de legislación de productos farmacéuticos.

Quedarían pendientes de concreción cinco cuestiones adicionales: seguro escolar, ayudas previas a la jubilación de trabajadores afectados por un ERE, escuelas viajeras, el centro de experimentación de Obras Públicas y las funciones de los organismos estatales IMPI e IDEA. Fuentes del Gobierno vasco puntualizan que no ven con preocupación que todas las propuestas no hayan llegado de una tacada. Lo achacan a que aunque la coordinadora de las negociaciones sea la ministra Meritxell Batet luego corresponde a cada Ministerio la negociación minuciosa de las materias objeto de traspaso.

Sin embargo, no se oculta que todo el proceso negociador está condicionado por la propia continuidad del Gobierno de Sánchez, sobre todo las transferencias previstas para 2020, entre ellas la más importante de las 33, Prisiones. Erkoreka, en cambio, ha preferido no caer en “rumores o especulaciones” y ha apelado a “seguir trabajando”. “Tenemos un calendario que cumplir”, ha despejado el consejero-portavoz.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha empezado su defensa de los Presupuestos de 2019 con un discurso político, y no económico. La batalla por sacar adelante estas cuentas se juega desde hace tiempo en el terreno de los problemas territoriales y del juicio del procés. El Gobierno ha allanado el adelanto electoral en el Congreso al escenificar la distancia con los independentistas y ha acusado a PP y Ciudadanos de llevar meses elevando la “crispación”. El relato de Pedro Sánchez está hecho para las próximas elecciones: la derecha y los independentistas impidieron que se aprobaran los “Presupuestos más sociales de la historia”.

El juicio a los políticos presos independentistas ha coincidido con el inicio del debate sobre PGE y ha “polarizado” las posiciones políticas, ha lamentado la ministra, que ha dado por perdida la votación sobre el proyecto al admitir que todo apunta a que reciba más votos negativos que positivos.

La asunción por parte de Pedro Sánchez de que los Presupuestos serán rechazados en en el trámite de las enmiendas a la totalidad ha provocado una aceleración en los planes del Ejecutivo, que baraja ahora un anticipo inminente de las elecciones generales. El equipo del presidente en Moncloa baraja la fecha del 14 de abril para esos comicios, pero levanta suspicacias en parte del Gobierno y del PSOE. Otras fechas posibles son el 28 de abril y también sigue sobre la mesa el superdomingo del 26 de mayo.

Tras agradecer el trabajo a las formaciones, especialmente Unidos Podemos, con las que han podido llegar a acuerdos, Montero ha dividido su discurso en ataques a PP y Ciudadanos, por un lado, y ERC y PDeCAT, por otro. “Todo indica que el independentismo votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para Cataluña, y la derecha votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para España. ¿No viven mejor en la confrontación?”, se ha preguntado.

La distancia del Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas se marcó el pasado viernes, cuando Carmen Calvo dio por rotas las negociaciones sobre una mesa de partidos a la que el Govern condicionaba la posición de los grupos que lo sustentan a las cuentas públicas.

La ruptura, que provocó el fin de las conversaciones, se produjo justo después de que PDeCAT registrara su enmienda a la totalidad sumándose a ERC, a pesar de que hasta entonces el Gobierno sostenía que hasta el último momento las podían retirar. Pero el escenario para entonces ya había cambiado en pleno incendio por los avances en las negociaciones con la Generalitat sobre la aceptación de un “relator” para coordinar los trabajos de esa mesa de partidos.

“Este Gobierno no cede al chantaje”

Montero ha reiterado que el Gobierno no va a aceptar el derecho a la autodeterminación que le exigía el Govern. “Este Gobierno no va a ceder al chantaje por parte de nadie. No va a admitir en ninguna circunstancia que en ningún orden del día esté el derecho de autodeterminación –ha dicho Montero, que en sus primeros 30 primeros minutos no ha hecho ninguna referencia concreta las partidas presupuestarias–. Ni podemos, ni queremos”, ha apostillado.

“Los independentistas tuvieron la ensoñación de que el Gobierno aceptaría lo inaceptable”, ha reiterado la ministra: “Tal planteamiento sería nocivo para toda España, y especialmente para Cataluña”, ha añadido. También ha defendido que el Ejecutivo “siempre” ha apostado por la vía del diálogo dentro de la Constitución. “Hemos intentado de forma honesta y transparente reconstruir puentes” y es lo que seguirán tratando de hacer, ha asegurado. “La construcción de un país no depende de quien tiene la bandera más larga, sino de quien tiene la capacidad de llegar a acuerdos. De eso se trata”, ha recalcado.

Pero también ha cargado con dureza contra PP y Ciudadanos, a quienes ha acusado de traspasar “todas las líneas rojas” con la manifestación de este fin de semana (junto a Vox, partido al que no ha mencionado por su nombre) y de querer “encender la mecha de un polvorín”. “PP y Cs han traspasado todas las líneas rojas y se han convertido en una oposición dañina y destructiva para el país. Ambos quieren sacar votos de la confrontación sin preocuparles los destrozos que puedan provocar”, ha dicho.

Montero defiende el diálogo frente a la “crispación”

También ha advertido a estos partidos de que están alentando una “intolerable escalada de crispación” y ha comparado la “catarata de invectivas y descalificaciones” que ha recibido Pedro Sánchez con las que sufrió Adolfo Suarez. La referencia iba dirigida directamente a Pablo Casado y Albert Rivera, que presumen de la figura del expresidente mientras están, según ha dicho, “en las antípodas de los modos en que Suárez desempeñaba su función”.

Entre unos y otros, ha lamentado, van a echar abajo unos presupuestos que a su juicio son los que el país necesita en este momento del ciclo económico y que “objetivamente son buenos para la ciudadanía vivan donde vivan”, ya que están diseñados para cerrar “las heridas de la crisis”, ha defendido.

Es previsible que mañana miércoles, en las votaciones, salgan adelante las enmiendas a la totalidad, lo que implicará la devolución de este proyecto al Gobierno, y, probablemente, la convocatoria de elecciones anticipadas. Su destino depende de los apoyos de ERC y PdCAT, que firman dos de las seis enmiendas a la totalidad presentadas, debido al curso de las negociaciones con el Gobierno sobre la cuestión independentista.

A día de hoy hay más síes que noes en favor de las enmiendas a la totalidad ya que los votos de los grupos enmendantes suman 185 escaños, a los que se añaden 2 de UPN, por lo que serían 187. Los noes del PSOE, Unidos Podemos, PNV y Compromís a las peticiones de devolución suponen 160 votos, mientras que Nueva Canarias previsiblemente se abstendrá y EH Bildu aún no ha decidido su voto.

Órdago a la desigualdad

Ya en el terreno económico, Montero ha intentado desgranar por qué cree que estos presupuestos son necesarios para corregir la “brecha social, generacional y de género” que han dejado “años de crisis y políticas equivocadas”. “Es urgente cambiar el modelo económico” y hacer un “órdago a la desigualdad en todas las vertientes”, ha dicho.

Para ello, ha asegurado que el proyecto presupuestario de 2019 aporta una renta indirecta en forma de prestaciones o servicios públicos equivalente a 4.174 euros por ciudadano, informa EFE. Esta cifra se eleva hasta los 5.148 millones si se incluyen los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas con transferencias del Estado, ha señalado Montero.

Los servicios públicos llegan así a todos los ciudadanos, ha argumentado Montero, que ha defendido que estos presupuestos suponen una “enmienda a la totalidad ” de la política social, económica y presupuestaria de los gobiernos del PP, que a su juicio agravaron la “dureza e impacto” de la crisis en las clases medias.

También ha criticado que la administración general del Estado “incumplió de forma sistemática” los objetivos de déficit, que solo se cumplieron a nivel global gracias a los esfuerzos de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Los presupuestos avanzan en la consolidación fiscal -ha asegurado que sin cuentas el déficit público se iría al 2,2 o el 2,4% del PIB, cuando el objetivo es del 1,3%- al tiempo que afrontan “los problemas cotidianos de la gente”.

Las cuentas son “un punto de inflexión necesario”, avanzan en la cohesión social e invierten en políticas de gasto “esenciales” como la investigación, la cualificación de la mayo de obra o la lucha contra la violencia de género.

“La competitividad de un país no puede ser a costa de la dignidad de los trabajadores”, ha subrayado, sino que el empleo tiene que ser “de calidad, digno, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres”.

La ministra también se ha referido a la subida del salario mínimo, que beneficiará a 2,5 millones de trabajadores y permitirá recuperar el peso de los salarios sobre el PIB, que era del 51,91% en 2009 y se ha reducido hasta el 47,18%.

También ha defendido que las cuentas incluyen medidas para recuperar el “ascensor social” del Estado del bienestar y otras como un ingreso mínimo vital que permitirá que 82.000 niños salgan de la pobreza severa.

Asimismo, ha apuntado que las empresas y emprendedores se beneficiarán de más de 13.000 millones de euros a través de transferencias, servicios o inversión en investigación y desarrollo.

El proyecto de presupuestos elaborado por Montero se basa en un gasto no financiero de 345.358 millones de euros, un 5,3% más que en 2018, y en ingresos no financieros de 316.181 millones, un 7,8% más. El techo de gasto asciende a 125.064 millones de euros, una subida del 4,4%.

Con estas cifras, el Ejecutivo se ha marcado la meta de cumplir con un déficit en el conjunto de las administraciones del 1,3% del PIB en 2019, una tarea que ha puesto en duda la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En el lado de los gastos, las pensiones se llevan cuatro de cada diez euros (153.864 millones).

Los estrategas del Gobierno de Iñigo Urkullu pueden sonreír. La semana se inició activando el 'plan C' de los presupuestos de 2019 tras el fracaso de la negociación de diciembre y las críticas de la oposición a la propuesta en un solo lote de medidas urgentes para la gestión de la prórroga presupuestaria. Y ha terminado en el Parlamento con el Ejecutivo recibiendo en público y en privado garantías de que sacará adelante las tres leyes de contenido económico que se votarán la semana próxima y con la oposición dividida. 

Este martes se conocía que el Gobierno retiraba la propuesta inicial de gestión de la prórroga ante el “riesgo” de que no pudiera superar el trámite parlamentario con PNV y PSE-EE en minoría. A cambio, se troceaba en tres partes, una con medidas sociales (actualización de las ayudas sociales), otra con políticas educativas (mejora de los conciertos educativos y de la financiación de la Universidad pública) y una tercera con la subida salarial de los funcionarios (2,25%). Eso sí, el procedimiento parlamentario que se seguirá ahora será el mismo: un sistema de lectura única que no permite la negociación de enmiendas parciales y que obliga a los partidos a votar 'sí' o 'no' a la totalidad.

Llegado el viernes y, con él, la primera sesión de control al Gobierno tras el parón de Navidad, el Ejecutivo puede dar por asegurada la aprobación de la totalidad de medidas previstas. Y eso a pesar de que los tres partidos de la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP han mantenido debates broncos con los consejeros de Urkullu y con el propio lehendakari a lo largo de la mañana.

El gesto de Elkarrekin Podemos...

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha garantizado desde primera hora la aprobación de dos de las tres propuestas merced a la abstención de esta coalición. “Actuaremos de manera responsable y seremos útiles”, ha alegado sobre la subida a los funcionarios y la actualización de la renta de garantía de ingresos (RGI). No es un 'sí' porque la primera ley se aplicará también a los altos cargos y porque la segunda no revierte del todo los recortes aplicados en el sistema de prestaciones sociales desde 2011, ha abundado Martínez.

Este movimiento de Elkarrekin Podemos, sin embargo, dejaba aún en el aire la tercera pata del paquete económico del Gobierno, con financiación extra para la educación concertada en un contexto de huelgas y movilizaciones. Pero ahí quien no se opondrá será el PP. Fuentes 'populares' confirman también a este periódico que no ven mayores problemas con la subida funcionarial, aunque en su caso el 'no' será tajante con los cambios en la RGI (3,5% como normal general y 4,5% para los complementos de pensiones). No consideran apropiado que crezca más que las nóminas de los empleados públicos.

...que critica EH Bildu

En este contexto, EH Bildu ha criticado con dureza el anuncio de Elkarrekin Podemos por entender que es un “cheque en blanco” y un “regalo” al Gobierno de Urkullu sin negociar contrapartidas. En medios parlamentarios se apuntaba a que iba a ser precisamente la coalición abertzale la que tuviera el gesto de dejar pasar las leyes presupuestarias, pero su portavoz Iker Casanova, en rueda de prensa, no sólo lo ha negado implícitamente sino que ha sugerido que “no se puede dar pase” a las medidas del Ejecutivo por ser insuficientes. 

Casanova ha dicho que el anuncio de EH Bildu “ha impedido apurar las posibilidades” de negociación porque “se podían conseguir cosas”. El procedimiento de lectura única, sin posibilidad de cambios, no es obstáculo, según ha indicado, para buscar acuerdos en otros ámbitos. Ha citado, por ejemplo, la reforma general de la RGI que sigue viva en la Cámara y que se podía haber vinculado a la actualización de cuantías que se votará la semana que viene. Casanova, preguntado por los periodistas, no ha aclarado en todo caso el sentido del voto de su formación en cada una de las tres partes del debate de la semana que viene.

A vueltas con las transferencias

El calendario aprobado por el Gobierno central para la transferencia de 33 competencias recogidas en el Estatuto de 1979 y pendientes de cesión también ha sido objeto de debate. Por una parte, la consejera socialista María Jesús San José, ha defendido la inclusión -para la parte final de las negociaciones- del traspaso de Prisiones y ha destacado que el paso de desarrollar la 'ley de leyes' vascas ha llegado con su partido en La Moncloa. “Nunca había habido un compromiso público tan preciso y creo que tiene un inmenso valor político”, ha proclamado.

En el sentido contrario, Unai Urruzuno, ha lamentado que el cronograma excluya expresamente la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social a pesar de estar recogida en el Estatuto,  una “ley orgánica sometida a referéndum” que se estaría incumpliendo. Urruzuno ha anunciado que EH Bildu presentará una moción para que el Parlamento reclame su inclusión en el cronograma aunque ha adelantado su pesimismo con la actitud del Gobierno central.

En los próximos días, precisamente, el Ministerio de Meritxell Batet tendrá que entregar la primera propuesta de transferencias con 7 de las 33 pendientes. Se espera que el trámite resulte sencillo porque son las materias menos complejas y porque hace unos meses ya estableció una metodología para dos pequeños traspasos, el de un tramo de la autopista AP1 y el de dos ramales de ferrocarril. En este sentido, el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, ha pedido a EH Bildu no “pintar de oscuro” desde el principio una negociación que ni siquiera ha arrancado.

El Parlamento Vasco ha celebrado este jueves su primer pleno de 2019 con una agenda de marcado carácter social y con la sombra de la minoría del Gobierno del PNV y PSE-EE en pleno debate presupuestario, una debilidad que no se ha hecho sentir en las sucesivas votaciones. En el plano legislativo, de arranque, la Cámara ha dado luz verde por unanimidad a debatir una propuesta de EH Bildu para blindar por ley que los condenados por violencia de género no puedan tener la custodia compartida de los hijos y, acto seguido, los partidos del Ejecutivo y el PP han sumado sus votos para tumbar una iniciativa legislativa popular (ILP) que venía respaldada por 51.000 firmas para ampliar la cobertura de las ayudas sociales. En ambos debates todas las intervinientes han sido mujeres.

El primer asunto tras el parón de Navidad ha suscitado unanimidad: todos los partidos comparten el objetivo de que los hombres maltratadores no se puedan acercar a sus hijos menores. El matiz, sin embargo, estriba en que PNV, PSE-EE y PP coinciden en señalar que es preciso “hilar fino” con esta materia. Según Amaia Arregi (PNV), de hecho, la actual regulación ya contempla estas situaciones y “no se pueden matar moscas a cañonazos”. El informe del Gobierno que acompaña a esta propuesta de reforma legislativa es también favorable. El Ejecutivo advierte, eso sí, de que esta medida puede “exceder” a las competencias autonómicas y de que “el riesgo de impugnabilidad es alto”. Tras el plácet del pleno, ahora se abrirá el debate y se concretará el alcance de esta iniciativa.

En el segundo caso, la ILP para ampliar la cobertura de la renta de garantía de ingresos (RGI), PNV, PSE-EE y PP no han abierto la puerta al debate. Y todo a pesar de que existe también unanimidad en el deseo de reformar el sistema de protección social. No obstante, el Parlamento todavía tiene en cola otros tres debates en torno a la RGI.

En este caso concreto, la plataforma que agrupo a sindicatos y colectivos sociales llamada Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria planteaba extender el derecho a percibir una prestación a todos los mayores de 18 años (ahora el mínimo son 23) o rebajar a un año de empadronamiento la estancia en el País Vasco, el mismo requisito que se estipuló en 2008 cuando se configuró el actual sistema pero que fue endurecido hasta los tres años en 2011 durante el mandato de la consejera socialista Gemma Zabaleta.

La ciudadana Janire Landaluze, en representación de los promotores de la ILP, ha salido a la tribuna del hemiciclo a defender su propuesta porque “lo que hoy hay es insuficiente”. La RGI básica, ha dicho, es de 644 euros y quedará en 686 si, como parece, el Parlamento convalida la semana que viene la propuesta de actualización del Gobierno. Pero, de haberse respetado el marco aprobado en 2008, estaría en “924 euros”, ha añadido en relación al recorte general del 7% (también acordado en 2011) y a la desvinculación de las cuantías de las subidas del SMI de los dos últimos ejercicios.

Landaluze, sin embargo, sabía de antemano que la suya era una empresa condenada al fracaso. “Negar el debate, vetarlo, no es lo que reclama la sociedad vasca hoy”, ha llegado a decir antes de la votación. EH Bildu y Elkarrekin Podemos también han puesto la venda antes de la herida. “Deberíamos recibirlo con los brazos abiertos, que nadie vea rechazada su propuesta antes de debatirla. Queremos más [derechos sociales] porque en Euskadi podemos más”, ha argumentado Tinixara Guanche (Elkarrekin Podemos). “Difícilmente se llega a acuerdos a portazos”, ha criticado Nerea Kortajera (EH BIldu).

Las portavoces de PNV y PSE-EE han remarcado que habrá un debate general en torno a la RGI con la propuesta del Gobierno y han invitado a que las medidas de la ILP que no han prosperado sean reconvertidas en enmiendas de esta ley. “Que no se haya tomado en consideración no quiere decir que las pretensiones queden en el limbo”, ha tendido la mano la 'jeltzale' Arregi.

Por otro lado, la Cámara ha instado al Gobierno central a permitir que el buque vasco de ayuda humanitaria Aita Mari, asó como el Opem Arms, de Barcelona, zarpen de los puertos en los que están anclados hacia el Mediterráneo para participar en misiones de rescate de migrantes. Asimismo, el pleno también ha rechazado una iniciativa conjunta de Elkarrekin Podemos y EH Bildu que instaba al Ejecutivo a crear una oficina unificada de orientación y atención integral a las personas con problemas de vivienda vinculados con desahucios y sobreendeudamientos.

La situación de minoría del Gobierno de PNV y PSE-EE en el Parlamento Vasco se ha vuelto a hacer notar este martes. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha decidido rectificar y, solamente siete días después de su presentación, ha retirado el proyecto de ley para la gestión de la prórroga presupuestaria ante la evidencia de que, si hubiese sido votado como un bloque, podría no haber prosperado dados los recelos esgrimidos por EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP. Cabe recordar que este debate se abrió precisamente porque el Gobierno no logró apoyos parlamentarios en diciembre para aprobar el proyecto presupuestario original.

Como publicó este periódico, los servicios jurídicos habían concretado en un informe que el procedimiento elegido por el Ejecutivo se ajustaba al Reglamento. Es decir, era legal y legítimo políticamente plantear que todas las medidas económicas contempladas en la denominada ley de acompañamiento de las cuentas se votaran de una vez y sin posibilidad de enmiendas por parte de la oposición. No obstante, un paquete de medidas que individualmente podrían prosperar sin mayores problemas corrían el serio riesgo de naufragar al ser planteado el debate como un todo o nada.

Las tres medidas principales del proyecto eran la subida salarial del 2,25% para los funcionarios, la actualización de las cuantías de la renta de garantía de ingresos (del 3,5%, aunque los complementos de pensiones crecerían más) y la mejora en la financiación de la escuela concertada. El PP ya avisó de que no entraría a valorar una subida de las ayudas sociales mayor que el salario del personal público y Elkarrekin Podemos era crítico con la inyección a la concertada. EH Bildu, menos claro, había incidido más en la forma y, de hecho, promovió el informe jurídico para explorar una posible votación por puntos.

Según ha informado el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, justamente se reformulará la ley única en tres textos separados. El hombre de los números de Urkullu ha reconocido el “riesgo” de derrota y el Ejecutivo entiende que de esta manera podría lograr sacar adelante un paquete de medidas que, en conjunto, están valoradas en 250 millones de euros. Podría ocurrir, incluso, que se produjera una geometría variable, es decir, que el Gobierno saque con el PP las medidas educativas y con otros grupos el resto.

Nuevamente, el procedimiento para la tramitación de estas tres leyes será el de lectura única, es decir, en votación única y sin posibilidad de cambios o enmiendas. El informe jurídico de los letrados del Parlamento remarca que es “decisión política” del Gobierno el optar por este sistema, contemplado para situaciones “urgentes” y que sustituye a los decretos-ley de que disponen otras administraciones como el Gobierno central o las Diputaciones y que no está contemplado en el Estatuto de Gernika. Recuerdan los juristas que no es algo extraño en Euskadi, sobre todo en lo tocante a modificaciones presupuestarias, y citan ejemplos de años anteriores en que las medidas económicas se han adoptado de esta manera.

Reunida este martes a mediodía después de recibir la comunicación del Gobierno, la junta de portavoces ha acordado fijar para el pleno del jueves 14 de febrero la votación de las tres leyes, el mismo día en que se iba a discutir el proyecto único original.

Conocida la noticia de la decisión del Gobierno, la sala de prensa del Parlamento ha acogido un carrusel de declaraciones de los portavoces de los tres grupos de la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP. Según informe Europa Press, ninguno de ellos ha aclarado si facilitará o no la aprobación de los tres proyectos en los que el Ejecutivo ha dividido su ley inicial de medidas presupuestarias urgentes, si bien EH Bildu sí ha afirmado que se ha dado un paso “en la dirección correcta” y se ha comprometido a mantener una actitud “constructiva y responsable”.

Sí o no. El Parlamento Vasco tramitará finalmente como un solo bloque el proyecto de ley del Gobierno de PNV y PSE-EE para la gestión de la prórroga presupuestaria, un texto que incluye medidas de diferente signo como la subida salarial de los funcionarios, la mejora de los conciertos educativos y la actualización de la renta de garantía de ingresos (cobrada también por miles de pensionistas).

Los partidos de la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, habían protestado por encontrarse ante la tesitura de decidir en bloque ante medidas muy diferentes y sobre las que tienen opiniones, en algunos casos, encontradas. En esta línea, la coalición abertzale había reclamado a los servicios jurídicos del Parlamento un informe jurídico. 

Según ha podido saber este periódico de fuentes parlamentarias, los letrados de la Cámara han elaborado ya ese documento solicitado por EH Bildu, aunque aún no ha sido entregado a los grupos. Tampoco se 'colgará' en la Intranet donde habitualmente se comparte la información de relevancia antes de la reunión de la Mesa, el órgano de gobierno del Parlamento. De manera excepcional, se ha optado por entregar el informe en mano a los miembros de la Mesa durante su reunión del martes, aunque el texto ya está redactado.

Estas fuentes indican que el informe deja constancia de que el Reglamento impide desgajar los distintos apartados de una ley cuando se tramita conforme al procedimiento rápido de lectura única. Este sistema obliga a un posicionamiento de 'sí' o 'no' -o abstención- a todo el paquete de medidas frente a una tramitación ordinaria que permite no sólo debates de totalidad sino enmendar incluso hasta los signos de puntuación del texto. Tendría que adoptarse una decisión política para modificar el formato de tramitación si se deseara una votación separada de cada uno de los aspectos más importantes del proyecto del Gobierno. 

En este contexto, está previsto que el texto sea sometido a votación en el pleno que celebrará el Parlamento Vasco el próximo jueves 14 de febrero. El Gobierno de PNV y PSE-EE, con 37 escaños de 75, precisa al menos de una abstención de la oposición para sacar adelante esta iniciativa económica. La oposición, sin embargo, todavía no ha aclarado del todo su postura, salvo el PP, que ya ha anunciado un 'no' rotundo al ver incompatible la mejora en la financiación de la escuela concertada con subidas en las ayudas sociales. EH Bildu y Elkarrekin Podemos adoptaron su decisión definitiva en las próximas horas.

Mientras el Gobierno valora cómo regular las condiciones laborales de los funcionarios en un 2019 con presupuestos prorrogados, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidirá el próximo martes si han de abonarse a los alrededor de 90.000 empleados públicos vascos los complementos de pensiones a la EPSV Itzarri que o no se pagaron o se abonaron en menor medida desde el año 2012 hasta la actualidad y también los que han de aplicarse en el futuro.

Fue Erne, el sindicato mayoritario en la Ertzaintza, el que presentó una reclamación judicial en 2017 en este sentido. Posteriormente, se adhirió a ella la principal central vasca, ELA. Ambas organizaciones defienden que los funcionarios tenían derecho a percibir un equivalente al 3% de su salario de manera diferida a través de Itzarri, una herramienta creada en 2004. Subsidiariamente, se plantea que al menos se recupere el porcentaje correspondiente a contingencias no salariales, incapacidad y fallecimiento -el resto es para jubilación-.

Fue en 2012 cuando, en plena crisis, el Gobierno de Mariano Rajoy prohibió estas aportaciones dentro de su política de recortes en la Administración. 2011 fue el último año en que se ingresó ese 3% en Itzarri. Sin embargo, en 2013 el PNV anunció públicamente que había pactado con el PP en las Cortes Generales el levantamiento de ese veto. Aún así, el Gobierno vasco no hizo uso de esa posibilidad en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

En paralelo, en 2014 435 de los 474 contribuyentes de Elkarkidetza -la EPSV de las entidades locales vascas similar a Itzarri- sí estaban cumpliendo sus convenios con los trabajadores públicos, incluidas las Diputaciones de Álava (PP), Bizkaia (PNV) y Gipuzkoa (EH Bildu). Incluso el propio Tribunal Superior ha emitido sentencias en relación a Elkarkidetza. A nivel autonómico, sólo en los últimos años se ha retomado el pago de Itzarri. El 13 de noviembre de 2018 el Gobierno vasco acordó dejarla en el 1%.

Desde el sindicato Erne, su secretario general, Roberto Seijo, reclama “justicia” a los magistrados Ana Isabel Rodrigo, Ángel Ruiz y José Antonio Alberdi y que escapen de las “presiones” políticas que puede implicar fallar contra la Administración. Fueron 93 millones de euros, aproximadamente, los que supuso esta partida en el último año en que se aplicó. Sin embargo, hace solamente unos meses el pago del 1% del salario a Itzarri fue cuantificado por el Gobierno en 20,8 millones, lo que haría un total de 61,4 anuales en caso de aceptarse el 3%. Sea como fuere, si la sentencia tiene efecto retroactivo, su impacto será millonario para las arcas públicas. “Queremos que se devuelva un dinero que es salario de todos los funcionarios y que fue injustamente quitado”, insiste Seijo.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la consejera vasca de Infraestructuras, Arantxa Tapia, y las máximas autoridades locales han ido cerrando esta semana, con actos en Irún y en Vitoria y la licitación de tramos en Bizkaia, el proyecto casi definitivo -a falta de algunas soluciones para el tráfico de mercancías- para la llegada de la alta velocidad a Euskadi. Ábalos, incluso contraviniendo la letra pequeña de sus propios presupuestos y a las declaraciones del delegado del Gobierno, Jesús Loza, insiste en que es posible que las obras estén completadas en 2023. Sin embargo, está todavía en el aire la conexión de la denominada 'Y vasca' (Vitoria-Bilbao-San Sebastián conectadas en un nudo en Bergara) con Navarra y, por extensión, con Zaragoza y el Mediterráneo, otra promesa fechada en 2023.

Ábalos ha completado este jueves su visita a Euskadi iniciada el miércoles por la tarde a Irún, donde se ha presentado un ambicioso proyecto de regeneración urbana en torno al actual corredor ferroviario fronterizo entre España y Francia. Este jueves, el ministro ha acudido al Ayuntamiento de Vitoria para sellar con la ciudad, la Diputación alavesa y el Gobierno vasco el acuerdo para dar luz verde al plan de acceso del AVE a la capital vasca, que incluye un tramo de túnel falso soterrado de 3,6 kilómetros (se excava a cielo abierto y luego se tapa) para que los convoyes lleguen a Vitoria a la actual estación de Eduardo Dato, que sufrirá una transformación casi integral aunque se respetará el edificio clásico.

Vitoria, el “broche” que ya se ideó en 1997

La solución definitiva para Vitoria es el “broche”, en palabras de las instituciones, al diseño general de la 'Y vasca', ya que los accesos a Bilbao y Donostia ya estaban perfilados. Se da la circunstancia de que Ábalos sigue a una larga lista de ministros de Fomento (Francisco Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, Ana Pastor, José Blanco o hasta el pasado año Íñigo de la Serna) que han pisado Vitoria para presentar la llegada de la alta velocidad. También a otros como Rafael Catalá que descartó soterramientos y obras “faraónicas”. Muy lejos quedan aquellos planos -los primeros eran de 1997- que situaban la estación en Lakua al lado de la autobuses (que sí fue construida) y en conexión con un tranvía que mantiene el nombre de “intermodal” que se le dio a aquel fracasado proyecto.

Ábalos ha reconocido esos retrasos y esa deuda con Vitoria y ha asegurado que no ha venido a “justificar la dilación”, sino a poner encima de la mesa un compromiso concreto para que, esta vez sí, la revolución urbanística prometida sea una realidad. “No hay reto imposible cuando hay voluntad”, ha dicho para añadir que el documento firmado ahora vincula no sólo a los actuales gobernantes sino “a los futuros”.

El presupuesto total del proyecto suma 724,5 millones de euros, una inversión “mayor de la prevista pero que está plenamente justificada”. Ese dinero suma el soterramiento propiamente dicho, la conexión de Vitoria con la 'Y vasca' salvando con una gran curva los humedales de Salburua, el enlace con Burgos hacia Madrid (el tiempo de viaje en AVE serán dos horas) y todos los estudios informativos.

¿Quién pagará la factura? El reparto interinstitucional supone que el Estado asume los accesos a Vitoria como parte de una infraestructura de “interés general”. El soterramiento en sí mismo son 434,8 millones y lo que se pueda -sin que haya datos concretos aún- se financiará con las plusvalías que puedan obtenerse del uso urbanístico de los 90.000 metros cuadrados que quedarán liberados cuando se elimine la actual playa de vías entre Pedro Asúa y el 'boulevard' de Salburua. Fuentes conocedoras del proyecto explican que, a diferencia de en Bilbao, el aprovechamiento para viviendas será mínimo en esta zona, principalmente porque la técnica del falso túnel no permite soportar tanto peso.

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, sin embargo, ha destacado que la eliminación de la cicatriz del ferrocarril será una oportunidad histórica para la regeneración del centro de Vitoria. La Universidad y los barrios del sur quedarán unidos al centro y calles como San Antonio o Rioja no tendrán ya túneles. Finalmente, se aprovechará el nuevo corredor para instalar un tranvía Este-Oeste que una Salburúa y Zabalgana y que parará a la altura de la estación (esto no se incluye en los 724,5 millones). El tráfico rodado también será más sencillo porque, además de que las calles que van del centro al Sur no quedarán cortadas, se aprovechará el túnel del ferrocarril para crear un corredor de circunvalación que alivie el tráfico en la superficie. Igualmente, habrá un gran estacionamiento subterráneo.

Las dudas sobre Navarra: diferencias entre instituciones

Las infografías presentadas contemplan también que en esa gran curva a la altura de la academia de la Ertzaintza de Arkaute se conecte un ramal en dirección a Pamplona. El alcalde Vitoria y el diputado general de Álava, Ramiro González, han parecido dar por sentado en sus intervenciones que la conexión de la 'Y vasca' con Navarra será por ese punto, pero la consejera Tapia ha enfriado esas expectativas.

Ábalos ha explicado que está pendiente de reunirse “en unos pocos días” una comisión técnica conformada por Fomento y los Ejecutivos autonómicos vasco y navarro para zanjar esta polémica. Tapia ha insistido en que las infografías sólo son una previsión en caso de que se opte por la solución Vitoria-Pamplona dado que formalmente todavía no se ha descartado plenamente la conexión por Ezkio. El ministro anterior, De la Serna, pareció decantarse por la primera opción porque cuesta 1.000 millones de euros menos y tiene menor impacto ambiental (ir a Ezkio requiere un túnel de 21 kilómetros bajo Aralar). Sin embargo, obligaría a viajar a Vitoria a los trenes Pamplona-Donostia, con los consiguientes retrasos.

Fuentes de Adif han indicado a este periódico que todas las opciones están abiertas, principalmente porque se han recibido del orden de 7.000 alegaciones al trazado entre Vitoria y Pamplona, que ha generado cierta oposición en la Llanada Alavesa. Sin ir más lejos, la plataforma AHTrik ez Lautada ha asegurado que se puede soterrar el tren a su paso por Vitoria sin que ello implique la llegada de la alta velocidad.

La última palabra sobre la conexión navarra es de Fomento, aunque atenderá la sensibilidad de las partes implicadas, según prometen desde el Gobierno. Las instituciones alavesas confían en que, en esa comisión técnica pendiente, Tapia escuche los argumentos alaveses para modular una posición que, en principio, parece más proclive a las obras por Ezkio.

Los datos de Navarra

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, considera que en “breve” se podrá saber si se mantienen las fechas previstas para la llegada de la alta velocidad a Navarra. El anterior ministro de Fomento, De la Serna, fijó el año 2023, si bien el actual Gobierno socialista está revisando los proyectos, especialmente la conexión con la 'Y vasca'. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, evitó en su visita del pasado 10 de enero a Pamplona confirmar fecha alguna, y tampoco se decantó por ninguna de las dos opciones: por Ezkio o por Vitoria.

Se remitió a esa reunión a tres bandas, en la que se deberá decidir si la unión por Álava es la que cuenta con más posibilidades, como parece. Aunque la conexión por Ezkio (Gipuzkoa) es más directa, con 25 kilómetros menos, resulta mucho más compleja técnicamente por la orografía montañosa del terreno y su composición. También tendría un mayor impacto ambiental, ya que afectaría a la sierra de Aralar, una zona protegida. Además, dispararía los costes, ya que se cifra en 1.670 millones, 950 más que la conexión por Vitoria.

Esas razones llevan a Fomento a mirar con mejores ojos la conexión por Álava. El vicepresidente de Navarra, Manu Ayerdi, no se ha pronunciado al respecto, ya que aparte de las decisiones técnicas tiene en su contra la política: los socios de cuatripartito EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra no están de acuerdo con la infraestructura, que sí apoyan UPN, Geroa Bai y el PSN.

Según estimaciones, el trazado de unión del TAV navarro con la Y vasca por Ezkio tendría una longitud de 55 km frente a los 80 km de la unión con Vitoria. Pero de esos 55 km, 30 km irían por túneles, el más largo de 21 km. Además, incluiría unos 17 viaductos con una longitud total de 3.200 metros, el más largo de 685 metros. Por el contrario, la conexión del corredor navarro con el vasco a través de Vitoria supondría un gasto estimado en 720 millones de euros sin IVA. Los túneles sumarían una longitud de 5,7 km y el más largo sería de 1,9 km. El número de viaductos sería similar, unos 15, con una longitud total de 1.800 metros, el más largo de 450 metros. En contra de esta opción juega la conexión Pamplona-San Sebastián, mucho menos directa. La conexión entre Pamplona y el corredor vasco del TAV será una nueva plataforma de ancho internacional con doble vía que transportará viajeros y mercancías.

Pedro Sánchez ha dicho este miércoles en Estrasburgo que confía en tener Presupuestos en abril. Pero no ha explicado cómo va a conseguir que le salgan las cuentas en el Congreso de los Diputados. “En un pasado no muy lejano fui deportista, y cuando uno sale al terreno de juego, sale a ganar”, ha afirmado.

El presidente del Gobierno necesita conservar el pacto presupuestario con Unidos Podemos y las confluencias, y reproducir la mayoría parlamentaria con la que ganó la moción de censura a Mariano Rajoy: el voto de independentistas y nacionalistas vascos y catalanes.

Sin embargo, Sánchez no ha explicado qué ha cambiado para poder aventurar que tendrá apoyo para los presupuestos, toda vez que los independentistas catalanes han anunciado su rechazo a las cuentas mientras no haya una propuesta de desbloqueo político de la situación en Catalunya y con los presos presos.

“Confío que el conjunto de fuerzas permitan la tramitación de los presupuestos, no sólo los independentistas, sino también Ciudadanos y el PP, que nos permitan debatir y saber si tienen algo que aportar o están en el bloqueo”, ha dicho Sánchez. Pero, ¿se han sentado ya hablar con ERC y el PDeCAT sobre los presupuestos? “Vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios”, ha zanjado el presidente del Gobierno en la rueda de prensa.

En el debate previo, el presidente del Gobierno había respondido al líder de los populares en la Eurocámara, Manfred Weber: “Vamos a aprobar probablemente los presupuestos en el mes de abril, anticipándonos a lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy, que fue en abril cuando los llevó al Parlamento”.

Pero, para ello, necesita a los independentistas, que este miércoles exhibían en el debate carteles con los políticos presos para recordarle el conflicto abierto. Como también se lo recordó la portavoz de los Verdes, Ska Keller, quien le dijo al presidente del Gobierno que algunos ex compañeros suyos –Raül Romeva– estaban en la cárcel por unos delitos por los cuales no habían sido encarcelados en Bélgica ni Alemania.

“En un estado derecho, un gobierno no dicta sentencias”, ha respondido Sánchez en la rueda de prensa, “encuentra soluciones políticas. Si uno mira las sentencias de Estrasburgo y el ranking publicado recientemente por The Economist, España se encuentra entre las cinco democracias plenas en el mundo [la quinta del G-20, la 19 del mundo]. Pero en Cantalunya no hay una mayoría social a favor de la independencia, sólo el 48% vota a favor. El independentismo tiene que reconocerlo y hablar con la otra parte de lo que sí concita una mayoría, que es el reforzamiento del autogobierno”. 

“El problema es la convivencia, y en eso está el Gobierno de España”, ha dicho Sánchez, “no hay que judicializar la política, pero tampoco politizar la justicia. Para dar una oportunidad a la política, el independentismo tiene que hablar con la otra parte. El Gobierno facilitará ese diálogo”. 

El delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, no ha podido sino admitir la “complejidad” de las obras de construcción del ferrocarril de alta velocidad que unirá las tres capitales vascas y que el cumplimiento del último plazo fijado para su inauguración, 2023, “no va a ser fácil” de satisfacer. En verdad, como publicó este periódico, los propios presupuestos generales del Estado ya contemplan 2025 como “fin” de ese proyecto, la mayor infraestructura jamás acometida, y 2026 como plazo para la conexión de esa 'Y vasca' con Burgos y con Pamplona.

Loza ha subrayado que la llegada del AVE a Euskadi es una vieja aspiración y que en un inicio se manejó el plazo de 2010 para su puesta en marcha. “Las fechas las carga el diablo [...]. Ahora estamos en 2019 y es complicado mantener 2023”, ha indicado el delegado del Ejecutivo del PSOE, que propone destinar en 2019 un total de 234 millones de euros al corredor Vitoria-Bilbao-Donostia, que se sumarían al dinero adelantado por el Gobierno vasco para el ramal guipuzcoano, unas cuantías que luego asume el Estado con descuentos en el Cupo. Precisamente la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha recogido con “preocupación” estos posibles retrasos.

La reflexión de Loza contrasta con el optimismo sobre 2023 que aún mantenía su predecesor, Javier de Andrés, del PP, que todavía el año pasado insistía en esa fecha aunque la documentación oficial que acompañaba a los presupuestos indicaba ya 2024 como fecha de final de las obras. Sea como fuere, el delegado socialista ha indicado que será el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el que dé más detalles sobre estas inversiones en la visita a Euskadi que realizará esta semana. Está previsto que aclare las intervenciones necesarias en Irún o Vitoria.

Loza ha comparecido este martes en Vitoria para informar de los efectos en el País Vasco del proyecto de presupuestos aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y entregado ya a las Cortes Generales. Ha sido muy comentada la pérdida de peso inversor que atañe a Euskadi (-8,86% exactamente) pero Loza ha querido matizar los datos. En primer lugar, ha remarcado que 2018 fue un año excepcional con un crecimiento de las inversiones en Euskadi muy potente e imposible de mantener. En segundo lugar, ha indicado que la tendencia analizando los últimos años sigue siendo ascendente. “Euskadi es la tercera comunidad [en gasto estatal] en función de kilómetros cuadrados. Desde el punto de vista global [la inversión] se mantiene”, ha insistido el delegado, que ha recordado también que la mayoría absoluta del PP en el Senado impidió ampliar el margen de déficit, lo que habría supuesto 6.000 millones adicionales.

El dirigente socialista ha querido hacer hincapié, asimismo, en que también las partidas “no territorializables” benefician de manera directa a la ciudadanía vasca. Es un presupuesto “para la recuperación social”, defiende el Gobierno. Según Loza, por ejemplo, las mejoras en pensiones afectarán “al 22,9% del total de la población”. 502.982 pensionistas recibirán mejoras valoradas en 35,5 millones. Igualmente, ha indicado que 352.362 personas pagarán menos por los medicamentos debido a la “supresión progresiva del copago farmacéutico a los pensionistas”. Entre otros datos, Loza ha dicho también que 2.191 parados con edades comprendidas entre los 52 y los 55 años podrán beneficiarse de la reducción de la edad mínima para cobrar un subsidio de desempleo. Sin embargo, los fondos municipales para violencia de género apenas repercutirán en los ayuntamientos vascos: 0,6 millones.

El nacionalismo catalán tiene el suficiente tamaño como para que el sistema político español no pueda operar establemente sin su concurso. Hay legislaturas en las que uno de los dos partidos estatales que han sido partidos de gobierno llegaban a tener una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en las que parecía, en consecuencia, que se podía prescindir del concurso del nacionalismo catalán para la dirección del Estado. Pero las legislaturas con mayoría absoluta de un partido no han sido la norma en el pasado (aunque tanto PSOE como PP han dispuesto de dos mayorías de ese tipo) y, sobre todo, han dejado de serlo y de manera indefinida para el futuro respecto del que es posible hacer predicciones. En ausencia de mayoría absoluta España no puede ser gobernada democráticamente sin la participación de los nacionalismos catalán y vasco. Estos son una parte políticamente muy significativa de la Constitución material de España, sin cuyo concurso la Constitución formal o escrita de 1978 no puede operar.

Al mismo tiempo, los nacionalismos catalán y vasco no tienen tamaño y fuerza suficiente como para poder constituir a Catalunya y País Vasco en Estados independientes del Estado español. El nacionalismo vasco amagó a comienzos del siglo con el conocido como ‘Plan Ibarretxe’, que no pretendía la constitución del País Vasco como Estado independiente, pero sí definir unilateralmente su forma de integración en España como Estado Libre Asociado. Tuvo un recorrido muy breve. El nacionalismo catalán lo ha intentado con más intensidad en dos legislaturas consecutivas, 2012-2014 y 2015-2017, tras el naufragio de la reforma del Estatuto de Autonomía ante el Tribunal Constitucional con la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 31/2010, sin haber conseguido la independencia a pesar de haber convocado dos consultas o referéndums en 2014 y 2017.

Tras la resaca del Plan Ibarretxe, el nacionalismo vasco ha sido capaz de participar con cierta normalidad en el funcionamiento del sistema político español. Su concurso ha sido importante tanto con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno como ahora, con Pedro Sánchez. Ya veremos qué nos depara el futuro cuando avance el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía que se está estudiando en el Parlamento Vasco. Pero en el inmediato futuro es un elemento de estabilidad.

Mucho menos clara es la posición del nacionalismo catalán, frente al que las derechas españolas han intentado imponer un ‘cordón sanitario’ de verdad, con la finalidad de excluirlo como un partido ‘legítimo’ dentro del sistema político español. Gracias a la ruptura de dicho ‘cordón sanitario’ pudo ser aprobada la moción de censura, dejar atrás la época Rajoy y sacar al sistema político de la situación de parálisis en que se encontraba, aunque sin recuperar la normalidad anterior a 2015. Pero, por lo menos, se intenta hacer política y no dejarlo todo en manos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. El nacionalismo catalán volvió a poner de manifiesto que sin su concurso no se puede salir de círculos que se convierten en viciosos.

Ahora bien, si las izquierdas españolas, PSOE y Podemos con IU y las ‘confluencias’ han sido capaces de levantar el ‘cordón sanitario’, no parece que el nacionalismo catalán esté satisfecho con la forma en que dicho cordón se ha levantado. El nacionalismo catalán considera que solamente se ha levantado de una manera muy parcial y que todavía se tienen que dar pasos para que esté dispuesto a incorporarse plenamente al funcionamiento del sistema político español. Pienso que tiene motivos sobrados para pensar de esa manera. Pero el calendario impone que tiene que tomar una decisión ya, sin poder esperar a ver qué depara el futuro. Esas son las condiciones en que nos encontramos.

De cómo se resuelva esta incógnita en el próximo mes en el trámite de presentación y votación de enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos y en la tramitación de los mismos en los meses posteriores, dependerá la duración de la legislatura y la delimitación del terreno de juego para la campaña de las próximas elecciones generales.

A estas alturas de 2019 todos los partidos han presentado sus cartas. Únicamente el nacionalismo catalán no lo ha hecho. De ello depende que haya o no haya Presupuestos y que se pueda mantener viva o no la legislatura, con las consecuencias que una u otra alternativa podría acabar teniendo para la democracia española, catalana incluida.

El Gobierno central ha llevado este lunes a las Cortes Generales el proyecto de presupuestos de 2019. En el capítulo territorial, en la casilla de País Vasco, figuran 448 millones en inversiones. ¿Son más o menos que en 2018? La respuesta no es clara: depende de con qué cifras se compare. Lo evidente es que la promesa es de 271 millones más que la ejecución presupuestaria efectiva del ejercicio anterior. Por lo demás, el gasto global del Estado en Euskadi es de 469 millones frente a 509 millones del año anterior (-7,8%). 

Resumidamente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy prometió 488 millones en inversiones en abril de 2018, cuando realizó este mismo trámite ante el Parlamento. Posteriormente, fruto de las negociaciones con el PNV, la cuantía que recibiría Euskadi creció hasta los 501 millones. En ese caso, el PSOE estaría prometiendo menos dinero que el PP. Sin embargo, las propias tablas entregadas esta mañana reflejan que el gasto real del Estado en las tres provincias vascas el pasado año fue mucho menor, de 177 millones. La ejecución práctica de esas cuentas fue responsabilidad ya del equipo de Sánchez, ya que la moción de censura llegó poco después de que el Congreso diera luz verde a los últimos presupuestos de Rajoy.

Por territorios, Álava tiene previstos 58,9 millones en inversiones (27,8 millones fueron ejecutados en 2018), Gipuzkoa 142,6 millones (49,9 millones en 2018) y Bizkaia 246,5 millones (100 el año anterior). Igualmente, el proyecto del Gobierno socialista incorpora créditos de compromiso para el período 2020-2022 por un valor total de 2.520 millones. El peso del gasto inversor del Estado en Euskadi representa el 4,9% del total de comunidades autónomas frente al 6,9% previsto el año anterior y el 4% del gasto ejecutado realmente.

El AVE, ¿para 2025?

El AVE, nuevamente, es el proyecto que más fondos acapara en los presupuestos. En el desglose de partidas de la sociedad pública Adif, dependiente del Ministerio de Fomento, constan 234 millones para la denomina 'Y vasca'. Sin embargo, las cuentas no prevén que en 2019 se inicien los trabajos de conexión ferroviaria de alta velocidad hacia Pamplona y hacia Burgos. La promesa política es que estos trenes circulen por Euskadi en 2023, pero la realidad es que la fecha de finalización prevista en los presupuestos pasa del 2024 contemplado el pasado año a 2025 y 2026 (en el caso de las conexiones a otras comunidades autónomas). Otros proyectos significativos son las inversiones de puertos del Estado en Bilbao (59 millones) y Pasajes (142 millones) o la rehabilitación de los edificios del Banco de España de San Sebastián (5,6 millones) y de la antigua aduana de Bilbao (22 millones). 

Lógicamente, todas estas previsiones están sujetas a cambios. Es más, el PNV aspira a jugar un papel decisivo en la tramitación que se iniciará ahora en el Congreso. No obstante, PSOE y PNV necesitan más apoyos para que prosperen las cuentas de 2019, lo incluye a Unidos Podemos y a los grupos catalanes de ERC y PDECAT.

Los Presupuestos de Pedro Sánchez, pactados con Unidos Podemos, van camino del Congreso. Pero, para que salgan adelante, primero tienen que superar el examen para que sean tramitados. Y, de ello, tanto de que haya vía libre para su tramitación parlamentaria como para que sean aprobados finalmente, depende la decisión que tomen los partidos independentistas. 

De momento, públicamente, se mantienen en el no a su aprobación. Pero esa contundencia no es la misma cuando se habla de facilitar su tramitación parlamentaria. Es más, según ha publicado eldiario.es, la cúpula del PDeCAT y la mayoría de sus diputados en Madrid presionan para aprobar los Presupuestos de Sánchez.

Este viernes se han reunido durante la mañana en Waterloo el president de la Generalitat, Quim Torra, y el líder del PDeCAT, Carles Puigdemont, quien ha recordado que la tramitación de los Presupuestos “es cosa de los grupos parlamentarios, no del Govern de Catalunya y los grupos en el Parlament. Sólo podemos acompañar a los parlamentarios que han expresado su negativa a apoyarlos, y de momento son todos”.

“La tramitación”, ha abundado Puigdemont, “dependerá de la voluntad de los parlamentarios en Madrid, que deberán decidir si presentan una enmienda a la totalidad o no. Si se presenta es que no se tramitan. Y si no se presenta, es que se tramitan. Nosotros podemos tener opinión política sobre esto, pero no capacidad de decidir”.

En cuanto a la posibilidad de que la dirección del PDeCAT se esté moviendo en el sentido de facilitar la tramitación de los presupuestos, Puigdemont ha recordado: “Lo que me consta es que este lunes tenemos una reunión de la dirección del PDeCAT, y me consta que hay una decisión sobre votar no a la aprobación de los Presupuestos que no creo que vaya a cambiar”.

“No estamos en un escenario de negociación de partidas presupuestarias”, ha afirmado Puigdemont, “estamos tratando de una resolución política a un conflicto político. Va de derechos fundamentales que se están violando, como el derecho de autodeterminación, estamos hablando de eso, y ahí no hay novedad”.

En cuanto a las promesas del Gobierno de Sánchez en relación a nuevas inversiones en Catalunya, Puigdemont ha respondido: “No nos quejamos de que no haya anuncios, hay una colección. Nos quejamos de que no se cumplen, y cuando no se cumplen no tenemos ningún mecanismo para hacer que se cumplan.  No es un problema de promesas, sino de ejecución presupuestaria. Y sobre esto ahí no hay ninguna propuesta nueva”.

“El problema de los presupuestos de España no son las promesas”, se ha lamentado Puigdemont, “ni las lluvias de millones que se anuncian, el problema es de ejecución, y no hay propuestas en la mesa de que estas promesas de última generación no vayan a sufrir la misma suerte que las promesas hechas hasta ahora”.

En relación a las consecuencias en el Govern que pudiera tener que en el Congreso de los Diputados ERC y PDeCAT actuaran de manera divergente en relación a los presupuestos y su tramitación, Torra ha señalado que “el vicepresidente, Pere Aragonès, ya ha dicho que no habrá ninguna crisis porque seguro que ERC y PDeCAT actuarían al unísono”.