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El Gobierno elimina el contrato estrella del PP de "apoyo a emprendedores" y el complemento salarial para jóvenes

Con la caída de la tasa de paro por debajo del 15%, el Ejecutivo elimina la mayoría de medidas y ayudas ligadas a este dato de desempleo, entre las que destaca el contrato de apoyo a emprendedores creado por el PP

También deroga el complemento salarial de 430 euros para jóvenes contratados en formación dentro del Sistema de Garantía Juvenil, por no haber "resultado eficaz" y por haber afectado "de forma negativa" en la fijación de salarial

El 'macrodecreto' también suprime la posibilidad de firmar contratos para la formación y el aprendizaje pasados los 25 años y suprime las bonificaciones a empresas ligadas a la tasa de paro por encima del 15%

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Europa Press

Fin a dos medidas estrella del PP en materia laboral. El 'macrodecreto' del Gobierno aprobado este viernes con multitud de medidas en materia de Seguridad Social, también incluye la derogación del contrato de apoyo a emprendedores y del complemento salarial de 430 euros a jóvenes en formación que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. Son dos de las medidas laborales que elimina el real decreto-ley,  aunque no recoge la supresión de ninguno de los "elementos clave" de la reforma laboral que le exigían modificar los sindicatos, como la recuperación del subsidio para mayores de 52 años y de la ultraactividad de los convenios colectivos.

La tasa de paro se sitúo en el tercer trimestre del año en el 14,55%, por debajo del umbral del 15% por primera vez en una década. Este nivel de desempleo sirvió como referencia para varias medidas extraordinarias tomadas durante la crisis, como la ampliación de los contratos de formación y aprendizaje más allá de los 25 años, hasta los 30, o de varias ayudas a la contratación de las empresas.

A ese 15% de paro también estaba vinculada la existencia del contrato de apoyo a emprendedores, creado por el Gobierno del PP en la reforma laboral de 2012. Esta modalidad de contrato está destinada a las empresas con menos de 50 trabajadores y cuenta con bonificaciones y deducciones fiscales para los empleadores. El contrato ha sido objetivo de las críticas de los sindicatos, sobre todo por su periodo de prueba de un año, al fin del cual el empresario puede prescindir del empleado sin ningún tipo de indemnización. 

El Gobierno socialista ya había anunciado que pretendía eliminar esta modalidad contractual, al considerarla poco efectiva por el número de contratos firmados, entre otros motivos. Finalmente se ha valido de este real decreto-ley de medidas urgentes para suprimir el contrato y la mayoría de medidas ligadas a la tasa de paro superior al 15%, con el argumento de que se debe "garantizar la seguridad jurídica y evitar la incertidumbre de empresarios y trabajadores sobre la vigencia de dichas medidas" dada la caída del desempleo.

El decreto deroga por tanto el contrato de apoyo a emprendedores, la posibilidad de firmar contratos para la formación y el aprendizaje pasados los 25 años (con el desempleo por encima del 15% podían suscribirse hasta los 30) y los incentivos a la contratación para las empresas que estaban ligadas a este índice de paro.

Sobre estas bonificaciones a las empresas, el Ministerio de Trabajo recuerda en una nota "su posición crítica" a estos incentivos y su intención de sustituir estas ayudas por "por un renovado y actualizado modelo integral de incentivos a la contratación laboral y de simplificación de modalidades contractuales".

Los contratos de apoyo a emprendedores y de formación de trabajadores mayores de 25 años ya suscritos no decaen. El real decreto-ley contempla un régimen transitorio "para mantener la vigencia de aquellos contratos que se hubieran celebrado con anterioridad al amparo de la normativa vigente en el momento de su celebración".

Fin del complemento de 430 euros para jóvenes

El 'macrodecreto' también suprime el complemento salarial de 430 euros que puso en marcha el Gobierno de Rajoy al final de su mandato y que pactó con Ciudadanos. El PSOE en la oposición ya se había mostrado contrario a esta medida, financiada con fondos europeos de la Garantía Juvenil, porque consideraban que se estaba contribuyendo con fondos públicos a mantener los bajos salarios en el sector privado y optaban por emplear esta partida en otras políticas de fomento de empleo joven.

El llamado "complemento salarial" consiste en una ayuda de 430 euros mensuales para los jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil que consigan un contrato para la formación. Entró en vigor el 4 pasado agosto y, según informó El País, su alcance ha sido limitado: en estos cuatro meses de funcionamiento solo ha llegado a 1.900 jóvenes, mientras que los contratos de formación han alcanzado en ese periodo los 14.000.

El Ministerio de Trabajo justifica la supresión del complemento por "la escasa eficacia de la medida durante su periodo de aplicación". En el texto del real decreto-ley el Ejecutivo justifica la urgencia de la medida por "la garantía de la imprescindible seguridad jurídica", debido a "los conflictos suscitados con las Comunidades Autónomas" entorno a esta ayuda y a su "efecto negativo en la fijación de los salarios en el ámbito de la negociación colectiva". Según el Gobierno, los perceptores de dicha ayuda de acompañamiento llegaban a presentar mejores condiciones salariales que sus tutores asignados para su formación.

Como ocurre con los contratos de apoyo a emprendedores, se fija un periodo de transición para estos complementos. Las personas que ya perciban esta ayuda y aquellas que la hayan solicitado y cumplan las condiciones para recibirla podrán recibir el complemento "hasta la finalización del contrato al que está vinculada su concesión", recoge el decreto. También tendrán derecho al complemento de 430 euros los jóvenes que hayan firmado un contrato para la formación y el aprendizaje que dé derecho a la ayuda antes de la entrada en vigor del real decreto-ley, el 1 de enero de 2019.

Ligada a esta medida, el Gobierno también deroga las bonificaciones a las empresas para incentivar la conversión en indefinidos de los contratos para la formación y el aprendizaje de los beneficiarios de este complemento salarial.

Retorno de la jubilación forzosa por convenio

Otra de las medidas en materia laboral incluidas en el 'macrodecreto' es la recuperación de la jubilación forzosa por convenio, anulada con a reforma laboral de 2012. Demandada por la patronal para el rejuvenecimiento de las plantillas, especialmente de la industria, esta opción permite retirar sin indemnización a un trabajador cuando este alcanza la edad legal de jubilación, pero siempre y cuando tenga derecho al 100% de su pensión y así lo establezca su convenio colectivo.

"La medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo", establece el decreto, "tales como la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional o cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo".

Prórroga del subsidio extraordinario por desempleo

La vigencia del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED), para las personas paradas de larga duración que han agotado otras prestaciones, también estaba ligada a una tasa de paro por encima del 15%. En este caso, el Gobierno ha eliminado esta vinculación y su carácter temporal –ya que debía ser renovada semestralmente–, "para no dejar desamparados a los potenciales beneficiarios".

El decreto recoge además el compromiso del "de presentar un nuevo modelo de protección por desempleo asistencial en los cuatro primeros meses de 2019, que sustituya el hasta ahora vigente modelo complejo, disperso e ineficaz".

También en relación con la protección por desempleo, la norma reduce de 35 a 20 el número mínimo de jornadas requeridas para acceder al subsidio por desempleo o renta agraria en el Régimen de trabajadores temporeros, en el caso de los trabajadores que se han visto afectados por las lluvias torrenciales del pasado octubre en las provincilas Málaga, Sevilla y Cádiz.

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