El preu de l'habitatge a Balears continua desbocat. Al març, el cost mitjà -tant d'obra nova com de segona mà- es va disparar un 20,3% interanual, molt per sobre de la mitjana estatal (+14,7%), segons les últimes dades publicades per Tinsa.

L'arxipèlag es consolida així com un dels territoris on més s'encareix l'accés a l'habitatge en un context de forta pressió del mercat i escassetat d'oferta. En termes mensuals, els preus també continuen a l'alça: al març van pujar un 1% respecte al febrer, en línia amb Canàries, dos mercats tradicionalment influïts per la demanda estrangera.

A nivell estatal, l'increment va ser fins i tot lleugerament superior, amb una pujada de l'1,1% mensual, accelerant-se respecte al 0,8% registrat el mes anterior. Aquest repunt es produeix en un escenari marcat per l'augment de la inflació, vinculat en part a la inestabilitat internacional i la guerra a Orient Mitjà.

En el conjunt d'Espanya, el preu de l'habitatge acumula un increment del 14,7% en l'últim any, situant-se 11,1 punts per sobre de la inflació, cosa que evidencia una creixent desconnexió entre el mercat immobiliari i l'evolució dels salaris i el cost de la vida.

A Balears, la combinació de la pressió turística, l'expansió del lloguer de temporada, l'escassetat d'habitatge públic i el pes de la inversió estrangera continua reduint l'oferta disponible per a residents, cosa que està expulsant progressivament la població local del mercat, dificultant tant l'accés a la compra com al lloguer i agreujant la bretxa entre els qui poden assumir els preus i els qui queden fora.

El precio de la vivienda en Balears continúa desbocado. En marzo, el coste medio -tanto de obra nueva como de segunda mano- se disparó un 20,3% interanual, muy por encima de la media estatal (+14,7%), según los últimos datos publicados por Tinsa.

El archipiélago se consolida así como uno de los territorios donde más se encarece el acceso a la vivienda en un contexto de fuerte presión del mercado y escasez de oferta. En términos mensuales, los precios también continúan al alza: en marzo subieron un 1% respecto a febrero, en línea con Canarias, dos mercados tradicionalmente influidos por la demanda extranjera.

A nivel estatal, el incremento fue incluso ligeramente superior, con una subida del 1,1% mensual, acelerándose respecto al 0,8% registrado el mes anterior. Este repunte se produce en un escenario marcado por el aumento de la inflación, vinculado en parte a la inestabilidad internacional y la guerra en Oriente Medio.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda acumula un incremento del 14,7% en el último año, situándose 11,1 puntos por encima de la inflación, lo que evidencia una creciente desconexión entre el mercado inmobiliario y la evolución de los salarios y el coste de la vida.

En Balears, la combinación de la presión turística, la expansión del alquiler vacacional, la escasez de vivienda pública y el peso de la inversión extranjera continúa reduciendo la oferta disponible para residentes, lo que está expulsando progresivamente a población local del mercado, dificultando tanto el acceso a la compra como al alquiler y agravando la brecha entre quienes pueden asumir los precios y quienes quedan fuera.

“Me he 'tirado' tres meses, los sábados por la mañana, en una mesa recogiendo firmas”. Antònia Maria Oliver atraviesa la plaza Teixidores, en el municipio mallorquín de Sóller, mientras relata el conflicto que en los últimos meses mantiene a los vecinos en vilo: la pretensión del Ayuntamiento de ceder la zona -destinada en la actualidad a aparcamiento, recinto ferial y punto de encuentro vecinal- para la construcción de un bloque de viviendas sociales que, aseveran, transformarían de forma irreversible uno de los últimos espacios abiertos de este pueblo enclavado en plena Serra de Tramuntana. Mientras camina, Antònia Maria matiza: “Nos parece muy bien que se construyan viviendas porque es algo necesario, pero no a costa de un espacio como este”.

El debate trasciende lo meramente local y plantea una cuestión de fondo: cómo -y dónde- construir vivienda pública, especialmente en una localidad donde acceder a una casa se ha vuelto casi imposible. En estos momentos, el precio medio de una vivienda de menos de 100 metros cuadrados se sitúa en los 578.125 euros -un 159,23% respecto a hace un año-, de acuerdo a los datos de Fotocasa. Respecto al alquiler, la situación no es menos significativa: según el mismo portal inmobiliario, un estudio o un piso con una sola habitación cuesta de media 1.578 euros. La escalada sostenida en los últimos años revela hasta qué punto Sóller, en línea con la tendencia general de Balears, se ha convertido en un mercado fuertemente tensionado marcado por una elevada presión de la demanda -especialmente vinculada al negocio turístico y a los compradores internacionales-: el resultado es un encarecimiento que no solo eleva el coste de vida, sino que consolida un acceso cada vez más restrictivo a la vivienda para la población local.

En plena emergencia habitacional, el Consistorio, gobernado por el PP, anunció la cesión de la céntrica plaza Teixidores -clasificada como zona libre pública en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller- para que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) -dependiente del Govern balear- pudiera construir dos edificios con 24 viviendas de protección oficial, lo que recibió una fuerte contestación de los vecinos al considerar que el proyecto arrasaba con uno de los escasos espacios diáfanos que quedan en Sóller. El Ayuntamiento redefinió la propuesta, planteando la edificación de un solo bloque en forma de 'L' y la construcción de un parking subterráneo exclusivo para residentes, aseverando que el proyecto no supone una pérdida del espacio público, sino una mejora sustancial del mismo al hacerlo “más grande, más atractivo y más funcional”.

El espacio público, reducido “a menos de la mitad”

Vecinos y arquitectos critican, sin embargo, que las recreaciones presentadas por el Consistorio no se corresponden con la realidad física del lugar y generan una expectativa difícil de sostener: “Si se construye, necesariamente tendrá que hacerse disminuyendo el espacio libre”, asevera a elDiario.es el arquitecto Joan Soler, quien estima incluso que éste quedaría reducido “a menos de la mitad”. No solo eso. La solución, a juicio de afectados y urbanistas, traslada además el conflicto bajo tierra: el aparcamiento subterráneo ya había sido explícitamente descartado en la propuesta original debido al riesgo de inundación asociado a la proximidad del Torrent de Fornalutx, que discurre soterrado bajo la zona.

Bajo ese conflicto local late, además, un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, la amnistía urbanística aprobada por PP y Vox que permitirá legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico so pretexto de facilitar el acceso a la vivienda. El detonante radica en la Disposición Final Novena, que permite que promociones de vivienda pública declaradas de “interés autonómico” se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal. Es decir, convierte la emergencia habitacional en una herramienta jurídica para acelerar proyectos incluso en suelos controvertidos. Al respecto, especialistas técnicos alertan de que el nuevo proyecto podría sentar un peligroso precedente que abriría las puertas a transformar plazas y espacios protegidos en parcelas edificables.

Bajo el conflicto late un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, cuya Disposición Final Novena permite que promociones de vivienda pública declaradas de "interés autonómico" se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal

La protesta vecinal, por su parte, se ha materializado en una petición planteada a través de Internet y en una recogida de firmas impulsada, por un lado, por Antònia Maria, y, por otro, por el arquitecto y residente de la zona Rafel Cortès, quienes suman hasta el momento más de 500 apoyos. Su discurso no niega el problema habitacional -al contrario, lo reconoce como urgente-, pero sí cuestiona la ubicación elegida. “Si lo único que tenemos lo quieren quitar…”, lamenta Antònia Maria.

Esta vecina recuerda que la plaza no es solo el lugar donde se instalan las ferias, las tradicionales atracciones de Sant Bartomeu o las actividades comunitarias, sino que también sirve para que los vecinos puedan estacionar sus vehículos, teniendo en cuenta los atascos y problemas de aparcamiento que Sóller arrastra desde hace años y que también han llevado a sus residentes a la movilización. Hasta los años noventa, llegar a esta localidad de 14.000 habitantes implicaba atravesar las 70 curvas de la sinuosa carretera que cruza la Serra d'Alfàbia. Sin embargo, la construcción del túnel de Sóller supuso un antes y un después para esta localidad resguardada entre montañas: la infraestructura, de tres kilómetros de longitud, mejoró con creces las conexiones con este municipio e, irremisiblemente, el lugar se abrió en canal al incremento del tráfico, la presión turística y los problemas de congestión que hoy marcan su día a día.

Rosa, amiga de Oliver, insiste en la dimensión social del lugar: en su opinión, como en la de otros vecinos, el proyecto no solo supondría una transformación urbanística, sino también una pérdida de usos sociales consolidados en el tiempo: “Lo que tienen que hacer es buscar una solución para que esto sea una plaza de verdad, una zona de encuentro para mayores y niños”. Y añade: “Parece que con este proyecto lo que buscan es poder decir que han construido viviendas antes de las elecciones”. Entre otros puntos, los vecinos proponen el despliegue de la Unitat d’Execució prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que permitiría desarrollar suelo de forma ordenada sin necesidad de eliminar espacios ya consolidados como esta plaza, o la construcción de vivienda pública en otros lugares como el solar municipal de Cetre, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

De uno de los edificios de la plaza sale Pedro Suau, de 84 años, quien observa el espacio con la perspectiva de quien ha visto transformarse Sóller duranate décadas. Para él, el debate no es solo urbanístico, sino profundamente ligado a la memoria del lugar y a su función en la vida cotidiana del municipio, y muestra su preocupación ante la posibilidad de perder definitivamente este punto de encuentro abierto, vinculado a la actividad social y a las dinámicas del pueblo. Desde la experiencia acumulada, advierte de que decisiones como esta no solo afectan al presente, sino también al futuro de Sóller, al condicionar el uso de un espacio que considera esencial para la identidad colectiva del municipio.

Asimismo, advierte de los problemas técnicos que podría acarrear el proyecto. “Si no la tocan no se inundará. Si se quieren bajar tres metros para hacer un parking…”, apunta, dejando en el aire la incógnita sobre qué sucedería al construir en el subsuelo. La plaza de les Teixidores se asienta sobre un espacio históricamente vinculado al sistema hidráulico del valle de Sóller, atravesado por el curso del torrente de Fornalutx, lo que complica cualquier intervención profunda. Los riesgos de inundación -los episodios de lluvias intensas han provocado históricamente desbordamientos puntuales- y las limitaciones constructivas llevaron precisamente al Ibavi a descartar en sus pliegos iniciales la construcción de aparcamientos subterráneos y viviendas en planta baja en esta parcela.

Entre el derecho a la vivienda y a la ciudad

Joan Soler, una de las voces técnicas que se han posicionado en contra del proyecto, sitúa el debate en la naturaleza misma de la zona. “Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público”, sostiene, advirtiendo de que la construcción de viviendas -aunque sean protegidas- supondría, en la práctica, “privatizarlo” y limitar de forma irreversible su potencial futuro. No en vano, Soler no cuestiona la necesidad de que se promueva vivienda social, pero sí su ubicación: intervenir en la plaza de les Teixidores implica “hipotecar” uno de los pocos espacios abiertos del centro de Sóller y, a su juicio, la actuación responde más a una lógica de urgencia que compromete la planificación a largo plazo: “Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso”.

Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público. Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso

Joan Soler — Arquitecto

Desde una perspectiva urbanística, el arquitecto defiende que el futuro de la plaza debería abordarse mediante un concurso de ideas que permita definir su función como espacio público. Aunque en el día a día el lugar funciona como aparcamiento, insiste en que su valor radica precisamente en su potencial para acoger zonas verdes, equipamientos y usos sociales vinculados al centro urbano y a la futura rehabilitación de la Fàbrica Nova. “Es un espacio muy grande, muy céntrico, con muchas posibilidades”, recalca. Soler también pone en cuestión el relato institucional que acompaña al proyecto. Critica que las recreaciones difundidas por el Ayuntamiento resultan “engañosas” y no se corresponden con la realidad del espacio. “El papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es otra”, señala. En su opinión, la idea de que no se perderá superficie pública es insostenible: “Si construyes, ese espacio no queda en el aire”.

En relación con el aparcamiento, advierte de un cambio sustancial en su naturaleza: aunque se mantengan plazas, éstas dejarían de ser públicas. “Las que estén debajo de los edificios se alquilarán o venderán”, explica, lo que, en la práctica, supone sustituir un uso colectivo por uno restringido. El proyecto actual prevé mantener además parte del aparcamiento -unas 70 plazas- en ambos lados de la plaza, junto a los edificios, lo que, a juicio de los residentes, no resuelve el problema de movilidad y añade presión urbanística al entorno.

En esta línea, un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès, ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación. Los firmantes advierten además de que la intervención afectaría al entorno inmediato de la Fàbrica Nova, uno de los principales símbolos del pasado industrial del municipio y elemento patrimonial de primer orden -fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018-. El Ayuntamiento plantea integrar urbanísticamente el entorno de la fábrica dentro de su proyecto urbanístico, defendiendo que la nueva ordenación permitirá conectar ambos espacios y reactivar la zona.

Un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación

Sin embargo, esta idea también ha despertado las críticas entre vecinos y oposición, que ven en ello una contradicción: mientras se apuesta por preservar y dignificar un conjunto histórico protegido -el Consell de Mallorca, propietario del edificio, está impulsando su rehabilitación para convertirla en un museo textil de referencia, se aboga al mismo tiempo por la construcción de viviendas en su entorno inmediato. A su juicio, levantar un bloque residencial junto a la Fàbrica Nova supone alterar su espacio de protección y su perímetro de visibilidad desde la plaza, desvirtuando el valor patrimonial que se pretende recuperar y evidenciando una falta de coherencia en la planificación urbana del municipio.

Construida en 1921 por la sociedad Rullan y Mayol, sobre el solar de una antigua central eléctrica, la Fàbrica Nova comenzó a funcionar en 1922 como fábrica textil y permaneció activa hasta 1970. Durante décadas fue el corazón económico y social del valle: un complejo industrial donde trabajaban decenas de obreros -en su mayoría mujeres- y que concentraba todo el proceso productivo del tejido.

Los arquitectos sostienen que la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública no puede servir de argumento para ocupar espacios públicos consolidados, al tiempo que critican la falta de transparencia en la tramitación del proyecto y reclaman una reflexión más amplia sobre el modelo urbano del municipio. En este sentido, defienden la búsqueda de alternativas en suelos ya previstos para edificar, evitando así sentar un precedente que, a su juicio, podría abrir la puerta a futuras intervenciones similares en otros espacios libres de Sóller y de otros municipios.

“Hay motivos para rechazar la propuesta”

Desde el ámbito político, la regidora y portavoz de Més per Sóller, Laura Celià, enmarca el rechazo al proyecto dentro de una crítica más amplia a la estrategia de vivienda impulsada por las administraciones. La formación, asegura, no se opone a la construcción de vivienda pública, pero sí a hacerlo “a cualquier precio” y sin atender a las consecuencias urbanísticas y sociales. “No es una postura infantil de decir no por no: hay motivos jurídicos, urbanísticos y políticos detrás”, subraya en declaraciones a este periódico.

La regidora ecosoberanista advierte, además, de que la operación en la plaza de les Teixidores no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia de cesión de espacios públicos al Ibavi. En este sentido, señala que el Ayuntamiento ya ha transferido otros inmuebles municipales para este fin y prevé nuevas cesiones, lo que, a su juicio, compromete el futuro del municipio al reducir la disponibilidad de equipamientos públicos. “Si en el futuro necesitamos un centro de día, una escoleta o un casal cívico, no tendremos espacios”, alerta.

La portavoz también cuestiona el enfoque de las políticas de vivienda, al considerar que responden más a una lógica de cifras que a una solución estructural del problema. “Se busca poder decir que se han activado cientos o miles de viviendas, pero sin importar dónde ni cómo”, sostiene, criticando una estrategia que, en su opinión, prioriza el impacto político sobre la planificación a largo plazo.

Frente a ello, Més plantea un diagnóstico basado en los datos del propio municipio: en Sóller existen más de 1.100 viviendas vacías, a las que se suman alrededor de 500 segundas residencias y unas 600 destinadas al alquiler vacacional, cifras que, a juicio de Més, evidencian que el problema no es únicamente la falta de suelo. “La solución no pasa por construir más, sino por movilizar las viviendas que ya existen”, afirma, defendiendo medidas para sacar al mercado el parque vacío y regular los usos turísticos.

Por su parte, el portavoz de la formación local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, señala que su formación se ha opuesto al proyecto “desde el minuto uno”, aunque recalca su apoyo a la búsqueda de soluciones que ayuden a solventar la crisis de la vivienda. “Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio”, subraya. Aguiló defiende que la plaza de les Teixidores, pese a su uso actual como aparcamiento, cumple una función mucho más amplia como espacio público. “Es el único balón de oxígeno que nos queda en el centro de Sóller”, afirma en declaraciones a elDiario.es.

Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio

Sebastià Aguiló — Portavoz de la formación local Seny i Sentit

El dirigente político critica lo que considera una falta de alternativas por parte de las administraciones. “No entendemos esta necesidad de construir sí o sí sin plantear otros sistemas”, sostiene, al tiempo que reclama explorar otras vías, como la recalificación de suelos que ya están integrados en el centro del municipio o la habilitación de nuevos espacios para vivienda social fuera del núcleo más tensionado. En este sentido, contrapone la facilidad con la que, según denuncia, se han promovido cambios normativos para habilitar aparcamientos en suelo rústico frente a la falta de iniciativa para generar suelo destinado a vivienda.

El regidor también pone en duda la transparencia del proceso, al asegurar que no existe todavía un proyecto definitivo. “Lo que hay son fotomontajes que no se ajustan a la realidad”, recrimina, cuestionando la fiabilidad de las imágenes difundidas y el relato institucional que acompaña al proyecto. A su juicio, la propuesta “hipoteca para el futuro de Sóller” y responde más a una necesidad política que a una planificación urbanística sólida.

Por último, introduce un elemento simbólico que, en su opinión, evidencia las contradicciones del discurso institucional: a finales de 2022, el pleno aprobó por unanimidad el cambio de nombre de la plaza -de Teixidors a Teixidores- para reconocer el papel de las mujeres en la historia industrial del municipio y todos los grupos políticos acudieron a descubrir la placa con el nuevo nombre. “Entonces todos reconocían que era una plaza y ahora resulta que ya no lo es”, critica en alusión al hecho de que el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, señalase que la zona “no es más que un aparcamiento. Aguiló insiste en que, aunque hoy la plaza se utilice en parte como aparcamiento, el espacio debe preservarse como ámbito público con potencial para usos sociales en el futuro.

La plaza que conmemora a las tejedoras

La plaza de Teixidores, de hecho, no es un vacío casual, es el resultado de un pasado industrial desaparecido: su nombre remite a un pasado en el que las mujeres fueron el verdadero motor de la economía local. Como señala el historiador Plàcid Pérez en su trabajo Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la mayor parte de la mano de obra en los telares mecánicos era femenina: trabajadoras sometidas a ritmos intensivos, salarios más bajos y escaso reconocimiento, pero fundamentales para sostener la producción. Aquellas fábricas no solo transformaron el paisaje urbano, sino también la vida de generaciones de mujeres que encontraron en el textil una de las pocas vías de acceso al trabajo asalariado. Hoy, ese espacio vacío es también memoria: la de un trabajo invisibilizado que da nombre a la plaza y que vuelve a estar en disputa.

El portavoz del PSIB-PSOE en Sóller, Jaume Mateu, mientras tanto, expresa el rechazo de los socialistas a la propuesta del equipo de gobierno al considerar que no corrige las deficiencias detectadas en el primer proyecto ni responde a las necesidades reales del municipio. A su juicio, se trata de un emplazamiento inadecuado para albergar un bloque de 24 viviendas, entre otras razones, porque el propio planeamiento urbanístico no prevé edificación en ese espacio, calificado como zona libre pública. “Si el problema es que ahora no es una plaza atractiva, es responsabilidad del Ayuntamiento hacer un buen proyecto para mejorarla”, señala, insistiendo en que esta circunstancia no puede utilizarse como justificación para construir en un espacio que debería preservarse como uso público.

Mateu también critica la insistencia del equipo de gobierno en sacar adelante una iniciativa que, según afirma, carece de consenso social y político. En este sentido, insta al alcalde a “abandonar su obsesión” por este proyecto y a trabajar en un frente común que permita dar soluciones efectivas al problema de la vivienda, tanto a corto como a medio y largo plazo. Entre las alternativas, los socialistas plantean medidas como la declaración de Sóller como zona de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler, así como la búsqueda de solares más adecuados para ampliar el parque de vivienda pública. Además, reprochan las formas empleadas en la tramitación del proyecto, denunciando la falta de información a la oposición y alertando de que la propuesta ignora elementos sensibles del entorno, como el área de protección de la Fàbrica Nova, declarada Bien de Interés Cultural.

El Ayuntamiento defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que incorpora aportaciones externas. En este sentido, aseguran haber tenido en cuenta tanto las opiniones de arquitectos locales como las sugerencias recogidas entre la ciudadanía, lo que, a su juicio, ha permitido mejorar y ajustar el proyecto inicial.

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que ha incorporado aportaciones externas, tanto de arquitectos locales como de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar y ajustar el proyecto inicial

En relación con una de las principales preocupaciones vecinales, el aparcamiento, el equipo de gobierno asegura que el diseño del proyecto garantiza que no se perderá “ni una sola plaza”. Para ello, plantea la construcción del aparcamiento subterráneo destinado a residentes -un sistema ZAR-: frente a las críticas, asegura que permitiría mantener la capacidad actual y, al mismo tiempo, reorganizar el espacio en superficie.

En esta línea, apelan a la viabilidad técnica de la intervención pese a las dificultades derivadas de las características del terreno. Según sostienen, se han desarrollado soluciones específicas para garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos, incluidos los vinculados a la gestión de recursos hídricos, aunque reconocen que ello implica un mayor coste y complejidad constructiva. Finalmente, recalcan que la actuación no supondrá un coste directo para los vecinos de Sóller, ya que estará íntegramente financiada por el Ibavi.

Las promociones que tramita el Govern en Sóller

Consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señalan que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público. De esta manera, aseguran, “atiende puntualmente las necesidades que exprese un ayuntamiento o cualquier colectivo a través del ayuntamiento de cada municipio”. En Sóller, según especifican, el Ibavi tramita tres promociones que suman 29 viviendas en total: las que se encuentran en fase más avanzada son las del cine Fantasio (once viviendas) y del antiguo Hospici (diez viviendas), mientras que se está desarrollando una tercera en la antigua escuela del carrer Marjades (ocho viviendas).

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señala que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público

El posible proyecto de Teixidores, como señalan las mismas fuentes -dado que “no se ha concretado una cesión de parcela al Ibavi”-, sumaría otras 24 viviendas, lo que situaría el total en 53 nuevas viviendas de protección pública en Sóller. Se trata de un municipio, subrayan desde la Conselleria, con una demanda de vivienda pública que se ha duplicado en dos años en las listas del Ibavi, hasta alcanzar las 74 familias o unidades de convivencia en las listas de espera, que han registrado un aumento del 40% en el último año frente a las 53 de 2024 y las 34 de 2023.

El caso de la plaza Teixidores refleja un dilema cada vez más frecuente en las Islas: cómo equilibrar la creación de vivienda pública con la preservación de espacios urbanos y la identidad local. Mientras las administraciones defienden la necesidad urgente de ampliar el parque de vivienda protegida, los vecinos reclaman participar en las decisiones y explorar alternativas. “Tomando estas decisiones sin tener en cuenta al pueblo, lo único que se consigue es que la gente se tenga que ir”, lamenta Rosa. La recogida de firmas, mientras tanto, sigue creciendo. Y con ella, una pregunta de fondo que el conflicto ha puesto sobre la mesa: no solo cuántas viviendas hacen falta en Sóller, sino dónde y cómo deben construirse.

“He estat tres mesos, els dissabtes al matí, en una taula recollint signatures”. Antònia Maria Oliver travessa la plaça Teixidores, al municipi mallorquí de Sóller, mentre relata el conflicte que en els últims mesos manté els veïns en suspens: la pretensió de l’Ajuntament de cedir la zona —destinada actualment a aparcament, recinte firal i punt de trobada veïnal— per a la construcció d’un bloc d’habitatges socials que, asseguren, transformarien de manera irreversible un dels darrers espais oberts d’aquest poble enclavat en plena Serra de Tramuntana. Mentre camina, Antònia Maria matisa: “Ens sembla molt bé que es construeixin habitatges perquè és una cosa necessària, però no a costa d’un espai com aquest”.

El debat transcendeix el merament local i planteja una qüestió de fons: com —i on— construir habitatge públic, especialment en una localitat on accedir a una casa s’ha tornat gairebé impossible. En aquests moments, el preu mitjà d’un habitatge de menys de 100 metres quadrats se situa en 578.125 euros —un 159,23% més que fa un any—, d’acord amb les dades de Fotocasa. Pel que fa al lloguer, la situació no és menys significativa: segons el mateix portal immobiliari, un estudi o un pis amb una sola habitació costa de mitjana 1.578 euros. L’escalada sostinguda en els darrers anys revela fins a quin punt Sóller, en línia amb la tendència general de les Balears, s’ha convertit en un mercat fortament tensionat marcat per una elevada pressió de la demanda —especialment vinculada al negoci turístic i als compradors internacionals—: el resultat és un encariment que no només eleva el cost de vida, sinó que consolida un accés cada vegada més restrictiu a l’habitatge per a la població local.

En plena emergència habitacional, el consistori, governat pel PP, va anunciar la cessió de la cèntrica plaça Teixidores --classificada com a zona lliure pública en el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Sóller- perquè l’Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) —dependent del Govern balear— pogués construir dos edificis amb 24 habitatges de protecció oficial, fet que va rebre una forta contestació dels veïns en considerar que el projecte arrasava amb un dels escassos espais diàfans que queden a Sóller. L’Ajuntament va redefinir la proposta, plantejant l’edificació d’un sol bloc en forma de “L” i la construcció d’un pàrquing subterrani exclusiu per a residents, assegurant que el projecte no suposa una pèrdua de l’espai públic, sinó una millora substancial del mateix en fer-lo “més gran, més atractiu i més funcional”.

L'espai públic, reduït “a menys de la meitat”

Veïns i arquitectes critiquen, però, que les recreacions presentades pel consistori no es corresponen amb la realitat física del lloc i generen una expectativa difícil de sostenir: “Si es construeix, necessàriament s’haurà de fer disminuint l’espai lliure”, assegura a elDiario.es l’arquitecte Joan Soler, qui estima fins i tot que aquest quedaria reduït “a menys de la meitat”. I no només això. La solució, a parer dels afectats i dels urbanistes, trasllada a més el conflicte sota terra: l’aparcament subterrani ja havia estat explícitament descartat en la proposta original a causa del risc d’inundació associat a la proximitat del torrent de Fornalutx, que discorre soterrat per sota de la zona.

Sota aquesta controvèrsia batega, a més, un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, l'amnistia urbanística aprovada per PP i Vox que permetrà legalitzar habitatges construïts de manera il·legal en sòl rústic sota pretext de facilitar l'accés a l'habitatge. El detonant radica en la Disposició Final Novena, que permet que promocions d'habitatge públic declarades d'“interès autonòmic” es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal. És a dir, converteix l'emergència residencial en una eina jurídica per a accelerar projectes fins i tot en sòls controvertits. Al respecte, especialistes tècnics alerten que el nou projecte podria establir un perillós precedent que obriria les portes a transformar places i espais protegits en parcel·les edificables.

Sota el conflicte batega un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, la Disposició Final Novena de la qual permet que promocionis d'habitatge públic declarades de "interès autonòmic" es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal

La protesta veïnal, per la seva banda, s’ha materialitzat en una petició plantejada a través d’Internet i en una recollida de signatures impulsada, d’una banda, per Antònia Maria i, de l’altra, per l’arquitecte i resident de la zona Rafel Cortès, que sumen fins ara més de 500 suports. El seu discurs no nega el problema habitacional —al contrari, el reconeix com a urgent—, però sí que qüestiona la ubicació escollida. “Si l’únic que tenim ho volen treure…”, lamenta Antònia Maria.

Aquesta veïna recorda que la plaça no és només el lloc on s’instal·len les fires, les tradicionals atraccions de Sant Bartomeu o les activitats comunitàries, sinó que també serveix perquè els veïns puguin estacionar els seus vehicles, tenint en compte els embossos i problemes d’aparcament que Sóller arrossega des de fa anys i que també han portat els seus residents a mobilitzar-se. Fins als anys noranta, arribar a aquesta localitat de 14.000 habitants implicava travessar les 70 corbes de la sinuosa carretera que creua la Serra d’Alfàbia. Tanmateix, la construcció del túnel de Sóller va suposar un abans i un després per a aquesta localitat resguardada entre muntanyes: la infraestructura, de tres quilòmetres de longitud, va millorar amb escreix les connexions amb aquest municipi i, irremeiablement, la zona es va obrir de bat a bat a l’increment del trànsit, la pressió turística i els problemes de congestió que avui marquen el seu dia a dia.

Rosa, amiga d’Oliver, insisteix en la dimensió social de la zona: en la seva opinió, com en la d’altres veïns, el projecte no només suposaria una transformació urbanística, sinó també una pèrdua d’usos socials consolidats amb el temps: “El que han de fer és buscar una solució perquè això sigui una plaça de veritat, una zona de trobada per a gent gran i infants”. I afegeix: “Sembla que amb aquest projecte el que busquen és poder dir que han construït habitatges abans de les eleccions”. Entre altres punts, els veïns proposen el desplegament de l'Unitat d’Execució prevista en el PGOU, la qual cosa permetria desenvolupar sòl de forma ordenada sense necessitat d'eliminar espais ja consolidats com aquesta plaça, o la construcció d'habitatge públic en altres llocs com el solar municipal de Cetre, l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

D'un dels edificis de la plaça surt Pere Suau, de 84 anys, que observa l’espai amb la perspectiva de qui ha vist transformar Sóller durant dècades. Per a ell, el debat no és només urbanístic, sinó profundament lligat a la memòria del lloc i a la seva funció en la vida quotidiana del municipi, i mostra la seva preocupació davant la possibilitat de perdre definitivament aquest punt de trobada obert, vinculat a l’activitat social i a les dinàmiques del poble. Des de l’experiència acumulada, adverteix que decisions com aquesta no només afecten el present, sinó també el futur de Sóller, en condicionar l’ús d’un espai que considera essencial per a la identitat col·lectiva del municipi.

Així mateix, adverteix dels problemes tècnics que podria comportar el projecte. “Si no la toquen no s’inundarà. Si es volen baixar tres metres per fer un pàrquing…”, apunta, deixant en l’aire la incògnita sobre què passaria a l'hora de construir al subsòl. La plaça de les Teixidores s’assenta sobre un espai històricament vinculat al sistema hidràulic de la vall de Sóller, travessat pel curs del torrent de Fornalutx, cosa que complica qualsevol intervenció profunda. Els riscos d’inundació —els episodis de pluges intenses han provocat històricament desbordaments puntuals— i les limitacions constructives van portar precisament l’Ibavi a descartar en els seus plecs inicials la construcció d’aparcaments subterranis i habitatges en planta baixa en aquesta parcel·la.

Entre el dret a l'habitatge i a la ciutat

Joan Soler, una de les veus tècniques que s’han posicionat en contra del projecte, situa el debat en la naturalesa mateixa de la zona. “És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic”, sosté, i adverteix que la construcció d’habitatges —encara que siguin protegits— suposaria, en la pràctica, “privatitzar-lo” i limitar de manera irreversible el seu potencial futur. No debades, Soler no qüestiona la necessitat que es promogui habitatge social, però sí la seva ubicació: intervenir a la plaça de les Teixidores implicaria “hipotecar” un dels pocs espais oberts del centre de Sóller i, al seu parer, l’actuació respon més a una lògica d’urgència que compromet la planificació a llarg termini: “S’està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d’ús”.

És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic. S'està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d'ús

Joan Soler — Arquitecte

Des d’una perspectiva urbanística, l’arquitecte defensa que el futur de la plaça s’hauria d’abordar mitjançant un concurs d’idees que permeti definir la seva funció com a espai públic. Encara que en el dia a dia el lloc funciona com a aparcament, insisteix que el seu valor rau precisament en el seu potencial per acollir zones verdes, equipaments i usos socials vinculats al centre urbà i a la futura rehabilitació de la Fàbrica Nova, un dels principals símbols del passat industrial del municipi i element patrimonial de primer ordre -va ser declarada Bé d'Interès Cultural (BIC) en 2018-. L'Ajuntament planteja integrar urbanísticament l'entorn de la fàbrica dins del seu projecte urbanístic, defensant que la nova ordenació permetrà connectar tots dos espais i reactivar la zona.

“És un espai molt gran, molt cèntric, amb moltes possibilitats”, recalca. Soler també posa en qüestió el relat institucional que acompanya el projecte. Critica que les recreacions difoses per l’Ajuntament resulten “enganyoses” i no es corresponen amb la realitat de l’espai. “El paper ho aguanta tot, però després la realitat és una altra”, assenyala. En la seva opinió, la idea que no es perdrà superfície pública és insostenible: “Si construeixes, aquest espai no queda a l’aire”.

Pel que fa a l’aparcament, adverteix d’un canvi substancial en la seva naturalesa: encara que es mantinguin places, aquestes deixarien de ser públiques. “Les que estiguin sota els edificis s’arrendaran o es vendran”, explica, cosa que, a la pràctica, suposa substituir un ús col·lectiu per un de restringit. El projecte actual preveu mantenir a més part de l’aparcament —unes 70 places— a banda i banda de la plaça, al costat dels edificis, fet que, segons els residents, no resol el problema de mobilitat i afegeix pressió urbanística a l’entorn.

En aquesta línia, un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès, ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa, al seu judici, ho fa incompatible amb qualsevol edificació. Els signants adverteixen a més de que la intervenció afectaria l'entorn immediat de la Fàbrica Nova.

Un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa ho fa incompatible amb qualsevol edificació

Tanmateix, aquesta idea també ha despertat crítiques entre veïns i oposició, que hi veuen una contradicció: mentre s’aposta per preservar i dignificar un conjunt històric protegit —el Consell de Mallorca, propietari de l’edifici, està impulsant la seva rehabilitació per convertir-la en un museu tèxtil de referència—, s’aboga al mateix temps per la construcció d’habitatges al seu entorn immediat. Segons ells, aixecar un bloc residencial al costat de la Fàbrica Nova suposa alterar el seu espai de protecció i el seu perímetre visual des de la plaça, desvirtuant el valor patrimonial que es pretén recuperar i evidenciant una manca de coherència en la planificació urbana del municipi.

Construïda el 1921 per la societat Rullan i Mayol, sobre el solar d’una antiga central elèctrica, la Fàbrica Nova va començar a funcionar el 1922 com a fàbrica tèxtil i va romandre activa fins al 1970. Durant dècades va ser el cor econòmic i social de la vall: un complex industrial on treballaven desenes d’obrers —en la seva majoria dones— i que concentrava tot el procés productiu del teixit.

Els arquitectes sostenen que la necessitat d'ampliar el parc d'habitatge públic no pot servir d'argument per a ocupar espais públics consolidats, al mateix temps que critiquen la falta de transparència en la tramitació del projecte i reclamen una reflexió més àmplia sobre el model urbà del municipi. En aquest sentit, defensen la cerca d'alternatives en sòls ja previstos per a edificar, evitant així establir un precedent que, al seu judici, podria obrir la porta a futures intervencions similars en altres espais lliures de Sóller i d'altres municipis.

“Hi ha motius per rebutjar la proposta”

Des de l’àmbit polític, la regidora i portaveu de Més per Sóller, Laura Celià, emmarca el rebuig al projecte dins d’una crítica més àmplia a l’estratègia d’habitatge impulsada per les administracions. La formació, assegura, no s’oposa a la construcció d’habitatge públic, però sí a fer-ho “a qualsevol preu” i sense atendre les conseqüències urbanístiques i socials. “No és una postura infantil de dir no per dir no: hi ha motius jurídics, urbanístics i polítics al darrere”, subratlla en declaracions a aquest diari.

La regidora ecosobiranista adverteix, a més, que l’operació a la plaça de les Teixidores no és un fet aïllat, sinó part d’una dinàmica més àmplia de cessió d’espais públics a l’Ibavi. En aquest sentit, assenyala que l’Ajuntament ja ha transferit altres immobles municipals amb aquesta finalitat i preveu noves cessions, fet que, segons ella, compromet el futur del municipi en reduir la disponibilitat d’equipaments públics. “Si en el futur necessitam un centre de dia, una escoleta o un casal cívic, no tendrem espais”, alerta.

La portaveu també qüestiona l’enfocament de les polítiques d’habitatge, en considerar que responen més a una lògica de xifres que a una solució estructural del problema. “Es busca poder dir que s’han activat centenars o milers d’habitatges, però sense importar on ni com”, sosté, i critica una estratègia que, segons la seva opinió, prioritza l’impacte polític per damunt de la planificació a llarg termini.

Davant d’això, Més planteja un diagnòstic basat en les dades del mateix municipi: a Sóller hi ha més de 1.100 habitatges buits, als quals se sumen uns 500 segones residències i uns 600 destinats al lloguer vacacional, xifres que, segons Més, evidencien que el problema no és únicament la manca de sòl. “La solució no passa per construir més, sinó per mobilitzar els habitatges que ja existeixen”, afirma, i defensa mesures per treure al mercat el parc buit i regular els usos turístics.

Per la seva banda, el portaveu de la formació local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, assenyala que la seva formació s’ha oposat al projecte “des del minut u”, tot i que recalca el seu suport a la recerca de solucions que ajudin a resoldre la crisi de l’habitatge. “Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu”, subratlla. Aguiló defensa que la plaça de les Teixidores, malgrat el seu ús actual com a aparcament, compleix una funció molt més àmplia com a espai públic. “És l’únic pulmó que ens queda al centre de Sóller”, afirma en declaracions a elDiario.es.

Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu

Sebastià Aguiló — Portaveu de la formació local Seny i Sentit

El dirigent polític critica el que considera una manca d'alternatives per part de les administracions. “No entenem aquesta necessitat de construir sí o sí sense plantejar altres sistemes”, sosté, alhora que reclama explorar altres vies, com la requalificació de sòls que ja estàn integrats al centre del municipi o l'habilitació de nous espais per a habitatge social fora del nuclí més tensionat. En aquest sentit, contraposa la facilitat amb la qual, segons denuncia, s'han promogut canvis normatius per habilitar aparcaments en sòl rústic enfront de la manca d'iniciativa per generar sòl destinat a habitatge.

El regidor també posa en dubte la transparència del procés, en assegurar que encara no hi ha un projecte definitiu. “El que hi ha són fotomuntatges que no s’ajusten a la realitat”, recrimina, i qüestiona la fiabilitat de les imatges difoses i el relat institucional que acompanya el projecte. Al seu parer, la proposta “hipoteca el futur de Sóller” i respon més a una necessitat política que no pas a una planificació urbanística sòlida.

Per últim, introdueix un element simbòlic que, segons ell, evidencia les contradiccions del discurs institucional: a finals de 2022, el ple va aprovar per unanimitat el canvi de nom de la plaça —de Teixidors a Teixidores— per reconèixer el paper de les dones en la història industrial del municipi, i tots els grups polítics van assistir a descobrir la placa amb el nou nom. “Aleshores tots reconeixien que era una plaça i ara resulta que ja no ho és”, critica en al·lusió al fet que l’alcalde de Sóller, Miquel Nadal, assenyalés que la zona “no és més que un aparcament”. Aguiló insisteix que, tot i que avui la plaça s’utilitzi en part com a aparcament, l’espai s’ha de preservar com a àmbit públic amb potencial per a usos socials en el futur.

La plaça que commemora les teixidores

La plaça de Teixidores, de fet, no és un buit casual, sinó el resultat d’un passat industrial desaparegut: el seu nom remet a un passat en què les dones van ser el veritable motor de l’economia local. Com assenyala l’historiador Plàcid Pérez en el seu treball Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la major part de la mà d’obra en els telers mecànics era femenina: treballadores sotmeses a ritmes intensius, salaris més baixos i escàs reconeixement, però fonamentals per sostenir la producció. Aquelles fàbriques no només van transformar el paisatge urbà, sinó també la vida de generacions de dones que van trobar en el tèxtil una de les poques vies d’accés al treball assalariat. Avui, aquest espai buit és també memòria: la d’un treball invisibilitzat que dona nom a la plaça i que torna a estar en disputa.

El portaveu del PSIB-PSOE a Sóller, Jaume Mateu, alhora, expressa el rebuig dels socialistes a la proposta de l’equip de govern en considerar que no corregeix les deficiències detectades en el primer projecte ni respon a les necessitats reals del municipi. Al seu parer, es tracta d’una ubicació inadequada per acollir un bloc de 24 habitatges, entre altres raons, perquè el mateix planejament urbanístic no preveu edificació en aquest espai, qualificat com a zona lliure pública. “Si el problema és que ara no és una plaça atractiva, és responsabilitat de l’Ajuntament fer un bon projecte per millorar-la”, assenyala, i insisteix que aquesta circumstància no pot utilitzar-se com a justificació per construir en un espai que s’hauria de preservar com a ús públic.

Mateu també critica la insistència de l’equip de govern a tirar endavant una iniciativa que, segons afirma, manca de consens social i polític. En aquest sentit, insta l’alcalde a “abandonar la seva obsessió” per aquest projecte i a treballar en un front comú que permeti donar solucions efectives al problema de l’habitatge, tant a curt com a mitjà i llarg termini. Entre les alternatives, els socialistes plantegen mesures com la declaració de Sóller com a zona de mercat residencial tensionat per limitar els preus del lloguer, així com la cerca de solars més adequats per ampliar el parc d’habitatge públic. A més, retreuen les formes emprades en la tramitació del projecte, denunciant la manca d’informació a l’oposició i alertant que la proposta ignora elements sensibles de l’entorn, com l’àrea de protecció de la Fàbrica Nova, declarada Bé d’Interès Cultural.

L'Ajuntament defensa el projecte

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que incorpora aportacions externes. En aquest sentit, asseguren haver tingut en compte tant les opinions d'arquitectes locals com els suggeriments recollits entre la ciutadania, cosa que, segons el seu parer, ha permès millorar i ajustar el projecte inicial.

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que ha incorporat aportacions externes, tant d'arquitectes locals com de la ciutadania, amb l'objectiu de millorar i ajustar el projecte inicial

En relació amb una de les principals preocupacions veïnals, l’aparcament, l’equip de govern assegura que el disseny del projecte garanteix que no es perdrà “ni una sola plaça”. Per això, planteja la construcció de l’aparcament subterrani destinat a residents —un sistema ZAR—: davant les crítiques, assegura que permetria mantenir la capacitat actual i, alhora, reorganitzar l’espai en superfície.

En aquesta línia, apel·len a la viabilitat tècnica de la intervenció malgrat les dificultats derivades de les característiques del terreny. Segons sostenen, s’han desenvolupat solucions específiques per garantir que el projecte compleixi tots els requisits, inclosos els vinculats a la gestió de recursos hídrics, tot i que reconeixen que això implica un cost i una complexitat constructiva més elevats. Finalment, recalquen que l’actuació no suposarà un cost directe per als veïns de Sóller, ja que estarà íntegrament finançada per l’Ibavi.

Les promocions que tramita el Govern a Sóller

Consultades per aquest diari, fonts de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat assenyalen que l’Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d’habitatge social, destinats a ciutadans residents a les illes, un cop un ajuntament cedeix una parcel·la a l’ens públic. D’aquesta manera, asseguren, “atén puntualment les necessitats que expressi un ajuntament o qualsevol col·lectiu a través de l’ajuntament de cada municipi”. A Sóller, segons especifiquen, l’Ibavi tramita tres promocions que sumen 29 habitatges en total: les que es troben en fase més avançada són les del cinema Fantasio (onze habitatges) i de l’antic Hospici (deu habitatges), mentre que se n’està desenvolupant una tercera a l’antiga escola del carrer Marjades (vuit habitatges).

La Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat assenyala que l'Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d'habitatge social, destinades a ciutadans residents a les illes, una vegada que un ajuntament cedeix una parcel·la a l'ens públic

El possible projecte de Teixidores, com assenyalen les mateixes fonts —atès que “no s’ha concretat una cessió de parcel·la a l’Ibavi”—, sumaria altres 24 habitatges, cosa que situaria el total en 53 nous habitatges de protecció pública a Sóller. Es tracta d’un municipi, subratllen des de la Conselleria, amb una demanda d’habitatge públic que s’ha duplicat en dos anys a les llistes de l’Ibavi, fins a arribar a les 74 famílies o unitats de convivència a les llistes d’espera, que han registrat un augment del 40% en l’últim any respecte de les 53 del 2024 i les 34 del 2023.

El cas de la plaça Teixidores reflecteix un dilema cada vegada més freqüent a les Illes: com equilibrar la creació d’habitatge públic amb la preservació d’espais urbans i la identitat local. Mentre les administracions defensen la necessitat urgent d’ampliar el parc d’habitatge protegit, els veïns reclamen participar en les decisions i explorar alternatives. “Prenent aquestes decisions sense tenir en compte el poble, l’únic que s’aconsegueix és que la gent se n’hagi d’anar”, lamenta Rosa. La recollida de signatures, mentrestant, continua creixent. I amb ella, una pregunta de fons que el conflicte ha posat sobre la taula: no només quants habitatges fan falta a Sóller, sinó on i com s’han de construir.

Entre cajas de mudanza, Pedro, que prefiere no dar su nombre real, explica por qué ha preferido dejar su piso a enviar un burofax para pedir la prórroga a su casero. “No quería convivir dos años con una situación desagradable y una mala relación con mi casero”, explica, “y además, tenía alternativa”, remata. A unos 2,8 millones de inquilinos en un millón de hogares en España les vence el contrato de alquiler antes del 31 de diciembre y pueden acogerse al real decreto extraordinario por la guerra en Oriente Medio que prorrogará dos años los contratos vencidos. La medida inquieta o enfada a algunos caseros y los inquilinos se debaten entre el miedo al burofax por el conflicto que abre y la apuesta a la mejor carta ganadora para alargar un contrato sin que te suban el alquiler.

El burofax es el servicio de envío de documentos que proporciona validez legal ante tercero y ante la justicia para acreditar de forma fehaciente el remitente, el contenido de un mensaje y su fecha de recepción y es la forma de comunicación recomendada por abogados para solicitar esta prórroga. El problema es que el real decreto aprobado en Consejo de Ministros no cuenta con apoyos en el Congreso, el PSOE ha desistido siquiera de negociarlo y Sumar se encuentra solo defendiendo el texto, por lo que lo más probable es que decaiga antes del próximo 29 de abril, fecha límite para aprobarlo después de que saliera en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de marzo.

Confianza en la medida

El abogado de la cooperativa CAES, Víctor Palomo, que trabaja con el Sindicato de Inquilinos de Madrid, reconoce que existe un “miedo a levantar la liebre o a confrontar al casero” con el burofax. En una asamblea celebrada en Puerta del Ángel, un inquilino preguntaba si no había otra forma menos agresiva: “Es muy drástico”. Pero desde el sindicato, los asesores le advertían: “Esta es la forma legal más segura. Por muy buen inquilino que seas y por muy buena relación, el propietario siempre está tentado a ganar más dinero”. Así se manifiesta también Palomo: “Los propietarios tienen un alto incentivo a rescindir el contrato, los entornos familiares y amistades le van a decir que pueden obtener una ganancia mayor”.

Para Palomo está claro, por la jurisprudencia y sentencias del Supremo, que la prórroga será válida si el burofax se envía antes de que decaiga el decreto. “El derecho se activa cuando la norma está en vigor y se despliega después. El Supremo dice que tú tienes que activar el derecho cuando la norma está en vigor”, asegura, a diferencia de lo que opina parte de los abogados de la patronal y propietarios.

La prórroga limita la subida de la renta al 2% y afecta a todos los contratos que finalicen entre el 22 de marzo, cuando se aprobó el real decreto, y el 31 de diciembre de 2027, con excepción de los casos en que el arrendador ya haya comunicado su necesidad de ocupar la vivienda o que las partes hayan llegado a otro acuerdo. El decreto tampoco ampara a los contratos de habitaciones, que se firman por el Código Civil y no por la LAU, pero Palomo recomienda que también envíen burofax porque hay sentencias que reconocen que estas habitaciones pueden llegar a estar amparadas por la ley al ser consideradas vivienda habitual.

La visión de la patronal

En el otro lado de la trinchera, Eduard Soler, abogado y secretario de Som Habitatge, patronal de propietarios de reciente creación, asegura que las prórrogas que serán válidas son “las que tengan el fin de contrato con el decreto en vigor, independientemente del burofax”. Además, Soler advierte que en lugares tensionados que aplican las regulaciones como Catalunya o Navarra “no está claro que esta prórroga beneficie a los inquilinos”, ya que la tácita, que se aprueba cuatro meses antes del fin de contrato en caso de que no haya comunicación, es de tres años. Esta renovación tácita también puede darse en zonas no reguladas, pero como el precio no está topado lo habitual es que vayan acompañadas de una subida de precio en el nuevo contrato.

Soler recomienda a los propietarios “prudencia”, pero prevé una alta judicialización de casos. “Los propietarios que no estén seguros de aceptar esta prórroga, tendrán armas jurídicas para llevarlo a juicio”, asegura. Más allá del debate jurídico, la representante de los Agentes Inmobiliarios de Catalunya, Montserrat Junyent, critica que el decreto se ha aprobado “sin suficiente debate y añade más incertidumbre” al mercado.

Entre los inquilinos, reina la duda por dos motivos: el miedo al conflicto y a “abrir el melón” que, a la postre, lleve al propietario a reaccionar y evitar la otra prórroga, la tácita de los contratos cuya finalización no haya sido avisada cuatro meses antes del término. En el caso de Paco, el joven del primer párrafo, relata que su casero ya le había dicho que quería vender la vivienda, aunque fue cambiando de versión. Entonces, le expresó su intención de enviar el burofax por un contrato que vencía ya en abril. “El tono de la conversación cambió por completo y se enfadó. Me dijo: ”Si vas a fastidiar la relación, vamos a ir a los tribunales“. Así que decidí no seguir adelante con el burofax y abandonar la vivienda”, relata.

Éxitos, fracasos y dudas del burofax

Existen ya casos de éxito, también, con el envío del burofax. Es el caso de Mariel, joven de Barcelona que paga 870 euros por un apartamento en Glòries y que ha comunicado a la inmobiliaria, con quien tiene buena relación. “Tenía dudas porque enviar el burofax me parecía agresivo. Me daba miedo también que no quisiera renovar. Avisé por correo y me dijo que sí, que podía enviar el burofax o arreglar la prórroga por otra vía. Así que estamos en ello y ha salido bien”, cuenta.

También hay casos, ya, en que el burofax no ha surtido efecto. Como para Laura Martínez, de Camarena, en Toledo. Su contrato vencía el 1 de abril y envió el burofax el 26 de marzo, pero la propiedad, un fondo gran tenedor, le ha devuelto el último ingreso por el alquiler. “Propuse una subida del alquiler, una opción de compra, pero no me respondieron. Es difícil encontrar un interlocutor y se pasan la pelota unos a otros. Me llegaron a mandar un burofax diciéndome que si me iba dentro de dos meses me condonaban la deuda de esos dos meses. Pero yo les he dicho que me he acogido a la prórroga del real decreto. Y, si no, es posible que ya esté en tácita reconducción”, explica, sin saber muy bien cómo va a avanzar su caso.

Entre los casos de éxito y los que no han ido también, existe todavía una gran cantidad de inquilinos que no acaban de decidirse sobre si enviar o no el correo, entre el miedo al conflicto y la apuesta por la carta más segura para quedarse en casa.

El centro comercial más grande de la ciudad de Toledo sale a la venta. Los dueños de Luz del Tajo, el fondo estadounidense CBRE Investment Management y la gestora portuguesa Sonae Sierra, han puesto este activo inmobiliario a la venta con una valoración que podría alcanzar los 155 millones de euros.

La información, publicada por Cinco Días, añade que la búsqueda del comprador correrá a cargo de la consultora Cushman & Wakefield. CBRE IM entró en la propiedad de este centro comercial, controlando una participación mayoritaria, en 2016 tras un acuerdo con Sonae por el que el fondo estadounidense también invirtió en dos complejos de tiendas en Portugal.

elDiario.es Castilla-La Mancha se ha puesto en contacto con Sonae Sierra, pero por el momento la empresa no ha confirmado o desmentido la noticia.

El centro comercial Luz del Tajo es, con sus más de 42.000 metros cuadrados de superficie y una capacidad de más de 2.000 plazas de aparcamiento, el centro comercial más grande de la ciudad de Toledo. Fue inaugurado en 2004 y renovado en 2021, en una reforma que duró dos años y costó más de 10 millones de euros. Actualmente, entre su oferta comercial destacan el supermercado Lidl y tiendas como Zara, Primark o Bershka. También cuenta con 10 salas de cine y bolera, entre otros locales de ocio.

Aunque el color naranja de los carteles de Alquiler Seguro es muy reconocible en las calles de ciudades como Madrid y Barcelona, nunca se había hablado tanto de esta inmobiliaria como en los últimos meses, después de una multa de 3,6 millones por contratos abusivos a inquilinos ratificada este miércoles por el Ministerio de Consumo. El pasado 15 de enero, se dio a conocer que el entrenador del Manchester City y ex del Barça, Pep Guardiola, compró un 14,21% de la socimi cotizada de la misma marca a través del fondo 08022003 Limited, idéntica cantidad que adquirió el ex jugador del Barça Sergio Busquets, este a través de Buga Seler, S.L, inversiones con un valor aproximado de 1 millón de euros cada una, teniendo en cuenta que tiene hoy una capitalización bursátil de 6,9 millones. Ninguno de los dos ha explicado públicamente la motivación de esta inversión o si la multa a la empresa les hace replanteársela.

Con la compra de estas acciones, los fondos de Guardiola y Busquets pasaron a ser, empatados, los terceros máximos accionistas de la socimi. El principal accionista es la propia empresa, Alquiler Seguro, con un 52,63%, a su vez controlada en un 23,68% por el presidente y fundador, Antonio Carroza Pacheco, y por Aurica Growth Fund, que posee un 26% a través de dos participaciones. La entrada de los ex azulgrana en la socimi tuvo lugar en mayo de 2025 mediante una ampliación de capital, pero se dio a conocer en enero.

Antes, en marzo de 2025, el Ministerio había abierto el expediente sancionador a la empresa basándose a su vez en una investigación que se remontaba a 2023. Partió de las denuncias de Sindicato de Inquilinos, OCU y Facua. Entre otras cosas, la empresa era sancionada por obligar a los inquilinos a pagar un servicio por la gestión del contrato que está prohibida expresamente por la Ley de Vivienda de 2023. Todo ello en medio de una profunda crisis del alquiler con las familias asfixiadas por los gastos de la vivienda.

Socimi y empresa

Desde la empresa insisten en desvincular a la socimi, Alquiler Seguro Asset Market, que compra inmuebles en propiedad para dedicar a alquiler, de la empresa, que funciona como una inmobiliaria que se encarga de las viviendas de terceros para ponerlas en el mercado de alquiler. Es esta última la que ha sido sancionada por el Ministerio y no la socimi, si bien el máximo accionista es la propia empresa y el presidente de la misma.

Licenciado en Economía y fundador de la empresa junto a Gustavo Rossi en el año 2007, poco antes de que estallara la burbuja que desató una gran crisis económica mundial, Carroza ha sido siempre la principal cara visible de la compañía y compaginó presidencia y puesto de CEO hasta que en diciembre de 2024 ocupó este cargo David Caraballo, actual consejero delegado después de haber sido director comercial, gerente general y director general.

Su modelo de negocio, que cobró más sentido ante la reducción de compra de viviendas con la crisis económica y el consecuente crecimiento de la población inquilina, siempre se basó en las garantías para el propietario. “Garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes” o “Tasa de morosidad al 0% durante los últimos 16 años” son algunos de sus eslóganes efectivos, que le sirvieron para crear la socimi que llegó al Mercado Alternativo Bursátil en 2017 con una valoración de 9 millones de euros.

Una multa superior a los beneficios

En el año 2024, último publicado, la inmobiliaria (no la socimi) facturó 28 millones de euros, un 26% más que el año anterior y obtuvo un beneficio de 2,59 millones, según datos de Insight View a partir del Registro Mercantil. Para alcanzar este éxito, no obstante, el Ministerio denuncia que la empresa se vale de modelos de contratos abusivos. El recurso de alzada presentado por la empresa ante esta sanción fue desestimado, por lo que la multa es firme desde este miércoles. A Alquiler Seguro solo le quedaba recurrir a la justicia y así ha anunciado que lo hará para frenar una sanción que consideran “desproporcionada” y “abusiva”. La sanción impuesta por Consumo es mayor que las ganancias de la empresa y equivalen al 9,25% de su facturación

La sanción se dio a conocer poco después de que el Sindicato de Inquilinas de Madrid anunciara una huelga de alquileres, aun sin fecha, para dejar de pagar a la inmobiliaria, que gestiona unos 22.000 en toda España y tiene 65 oficinas en 12 Comunidades Autónomas. Según el ministerio, la empresa obliga al inquilino a cobrar gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato que están prohibidos expresamente por la Ley de Vivienda de 2023. Además, le imponía un contrato de seguro de hogar en beneficio del propietario, unos cargos de reclamación de pagos aunque no fueran imputables al inquilino, así como los costes de las reclamaciones judiciales incluso cuando no hubiera condena en costas y una cláusula que permitía a la inmobiliaria a poner al inquilino en ficheros de morosos en casos de impagos independientemente de la causa del impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles. El contrato prohibía además el derecho del inquilino a desistir del servicio de atención al inquilino.

La multa de Consumo no impide a Alquiler seguro, en cambio, concurrir a la licitación de 1.600 viviendas públicas de la nueva empresa estatal Casa 47 por valor de 6,5 millones de euros, a la que se presentó y fue admitida. Los sindicatos de vivienda se han mostrado críticos con el hecho de que empresas como esta puedan concurrir a estos concursos, pero desde Casa 47 han querido dejar claro que las normas y los precios los pone la empresa estatal, que no puede impedir presentarse a quienes cumplan requisitos y que no tiene organigrama para hacerse cargo de ello con funcionarios públicos.

Imagine que una casa que compró hace 50 años, y de la que aún posee las escrituras, se revendió a otra empresa sin que nadie se percatara. Y que este nuevo dueño, a su vez, decidió traspasarla a un tercero que ahora la reclama. Suponga que, después de medio siglo figurando en los pagos a la comunidad, facturas del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) e incluso acometiendo reformas en el piso, las dudas sobre su propiedad terminan llevándole a los tribunales en un caso tan surrealista como burocrático en su origen: el antiguo propietario, la misma empresa que se lo había vendido en los setenta, aún aparecía en el Registro de la Propiedad. Hace siete años entró en proceso de liquidación y se deshizo de todos los inmuebles a su nombre. Entre ellos, algunos ya comprados.

El 27 de septiembre de 1972, los suegros de Mario —nombre ficticio— compraron su casa en el barrio del Pilar por 288.200 pesetas a la sociedad limitada Jose Banús. Por esa década, José Banús Masdeu era un conocido promotor inmobiliario catalán y uno de los nombres detrás de varios desarrollos urbanísticos durante el franquismo: creó las famosas colmenas en La Concepción e incluso el Valle de los Caídos. Se le asignó la construcción de numerosas viviendas sociales para absorber la gran demanda entre las clases populares, en pleno éxodo rural a Madrid. Pero la empresa, constituida en los años 50 del siglo pasado, comenzó a disolverse y en 2019 inició una liquidación masiva de activos donde también entraron varias propiedades que ellos mismos habían vendido hacía décadas, pero que en ciertas áreas aún seguían a su nombre.

“Nadie nos avisó de esto. Hasta que el último comprador no vino a casa y habló con nosotros no supimos qué ocurría”, relata Mario, marido y yerno de las dos mujeres que figuran en el catastro como propietarias de la casa. Su suegra ronda los 80 años y aún vive en el piso, donde creció su hija y en el que compartió una vida junto a su marido, que era electricista. Cuando este murió, hace unos años, desde la gestoría advirtieron de alguna rareza en el testamento por la inscripción de esta vivienda, pero lo dejaron estar. Con el tiempo, una visita inesperada lo cambió todo.

“La persona que había comprado la casa llamó a la puerta y lo recibió mi suegra. Ella le dio mi teléfono y entonces nos llamó: había comprado unas casas en la zona y no sabía exactamente cuáles eran, así que fue a echar un vistazo. Pero efectivamente, era ese domicilio”, indica Mario, siempre según su relato de los hechos. Entonces, compartieron con este tercer individuo las escrituras de la casa y fotos de sus nombres en la referencia catastral. Solo faltaba una cosa, a la que se aferraron los compradores: el inmueble nunca se inscribió a su nombre.

Un paquete de 68 inmuebles por 551.000 euros

En total, Jose Banús SL cedió ante notario en Estepona (Málaga) un paquete de 68 inmuebles, que fueron transferidas a otra empresa de promoción inmobiliaria llamada Beocho Arkitecture S.L. En la escritura de aquella venta, firmada el 3 de octubre de 2019 y a la que ha tenido acceso este periódico, el propio notario explica que Banús no aportó una copia autorizada de los títulos de adquisición de las fincas durante el proceso de venta ni tampoco las referencias catastrales, pero acabó vendiendo todos estos inmuebles (la mitad de ellos en el barrio del Pilar) por apenas 551.000 euros en total, tal y como consta en el escrito notarial.

La inscripción de un bien inmueble en el Registro de la Propiedad no es obligatoria en España, aunque sí permite tener más garantías frente a terceros. Así que Mario y su familia, que lograron acceder al listado de propiedades vendidas en el lote, comenzaron a visitar puerta por puerta los domicilios enumerados para ver si había otros en su situación. Solo en El Pilar localizaron a otras cuatro personas con casos idénticos al de su suegra, casas que habían comprado hace medio siglo, no inscribieron y ahora pasan a terceros, y empezaron conjuntamente a examinar sus opciones.

Primero presentaron una denuncia civil y, luego, pasaron a la vía penal a través de una querella. El caso de Mario llegará a juicio en septiembre, pero sus abogados confían en que la jurisprudencia permita zanjar el asunto antes de personarse en los tribunales. Otros afectados ya han recibido solicitudes de lanzamiento (es decir, de desahucio) para desalojar sus casas y abrir paso a nuevos dueños, pero la defensa apunta a que esta segunda venta no se hizo de buena fe y era obligación de la SL “cerciorarse de que la vivienda seguía siendo de su propiedad antes de liquidarla”.

Una empresa debe cerciorarse de que el inmueble aún es de su propiedad si va a venderlo, aunque el nuevo dueño no la haya registrado

Pablo Godot — Abogado defensor especializado en Derecho Civil y Mercantil

Es lo que sentencia Pablo Godot, abogado especializado en Derecho Civil y Mercantil y director del despacho que lleva el caso de esta vecina. Godot afirma que existen vínculos entre ambas compañías implicadas en la transacción, Jose Banús SL y Beocho Arkitecture SL, aunque atribuye solo a la primera de ellas la responsabilidad de lo ocurrido en base a la información disponible hasta el momento. El pasado 25 de noviembre, cuando presentaron ante el juzgado la primera demanda por lo civil, lograron unas cautelares para frenar nuevos intercambios de propiedades hasta que se resolviera el conflicto, pero su cliente recibió después una demanda de desahucio en precario.

Esta figura legal permite intervenir ágilmente sobre un inmueble para que el dueño pueda recuperar su propiedad si en su interior vive alguien sin contrato o que no paga la renta. Suele utilizarse en casos de okupación o usurpación del hogar. “No se va a un [procedimiento por lo] precario si hay no solo una, sino dos personas acreditadas como propietarias”, estima Godot, refiriéndose a la esposa del titular fallecido y su hija, que pasó a registrar su nombre al morir el padre.

Supuestas “coacciones” a inquilinos para abandonar el piso

En algunos casos, los afectados de otras viviendas revendidas por Jose Banús SL se han hecho eco de supuestas “coacciones” a los inquilinos con quienes mantienen un contrato de alquiler. Es lo que relata José Carlos, otro titular extrarregistral que recibió una de las casas que tenían sus padres cuando se divorciaron. Desde hace cinco años tiene un contrato de arrendamiento con una chica que conoció a través de su anterior inquilina, y a la que asegura que también fueron a visitar personalmente tras la compra para “ofrecerle dinero a cambio de abandonar el piso”.

Esta es una fórmula habitual de negociación en casos en los que un propietario busca finalizar a destiempo un contrato de alquiler, pero al existir este conflicto sobre la propiedad –en su caso, el segundo comprador es la empresa EON Capital–, José Carlos no dudó en presentar una denuncia ordinaria ante la Policía Nacional, que ha podido consultar Somos Madrid. Al igual que Mario, ha contratado a una abogada que examine el caso y asegura haber recopilado escrituras, testimonios de vecinos en el bloque que conocían a su padre o recibos de antiguos pagos asociados al inmueble.

Desde la Asamblea de Vivienda de El Pilar, un colectivo de la zona centrado en los derechos sobre la vivienda, hablan directamente de “estafa” y aúnan fuerzas con los vecinos para llegar al fondo del asunto. “Que una empresa venda dos veces el mismo inmueble es ilegal a todas luces, y no vamos a parar hasta demostrarlo”, zanjan fuentes de la organización ciudadana, que desde que recibió los primeros casos vinculados a José Banús SL se coordina con otro colectivo, la Asociación Vecinal La Flor, para buscar otros afectados y asesorar durante el proceso.

Además de los residentes ya mencionados, este periódico se ha puesto en contacto con otros dos particulares afectados por una segunda venta de esta compañía extinta, que por el momento han preferido no identificar su caso. Tanto las familias consultadas como en el colectivo de vivienda del barrio temen que la operación se haya extendido a más perjudicados, y tratan de identificar a estos posibles damnificados para presionar con actuaciones conjuntas. Una nueva operación inmobiliaria en el convulso mercado madrileño, donde los precios suben cada trimestre mientras los inquilinos e incluso antiguos propietarios ven peligrar sus hogares.

“Aquesta barriada s’ha tornat infernal”. Antoni, de 79 anys, ho diu sense embuts, recolzat a la vorera d’un carrer on ja gairebé no reconeix ningú. Ha viscut tota la vida a Santa Catalina, antic barri pesquer que ara descriu com a irreconeixible: “Mallorquins en queden pocs ja”. Als voltants, façanes acabades de rehabilitar i aparadors en anglès, alemany... i en suec. En aquesta barriada de Palma, es multipliquen els negocis i les immobiliàries escandinaves que anuncien habitatges amb preus que arriben a les set xifres mentre, a pocs metres, els darrers veïns de tota la vida observen com el barri canvia de mans. L’idioma varia segons la taula. El preu, sempre a l’alça. “Aquí no s’hi pot viure, aquí no s’hi pot dormir”, lamenta Antoni, que assenyala el renou constant, els conflictes nocturns i una sensació d’abandonament que, diu, ningú no ha sabut frenar.

La transformació no és només perceptiva. El preu de l’habitatge a Santa Catalina se situa ja entorn dels 6.200 euros per metre quadrat —fa una dècada, rondava els 2.500—, amb pujades de més del 14 % només en el darrer any, segons Idealista. Pel que fa al lloguer, el més barat que s’ofereix en aquest portal immobiliari ascendeix a 1.100 euros: un pis de 50 metres sense moblar. El gestiona MallorcaByrån Real Estate, una de les nombroses immobiliàries sueques implantades a la zona. I és que aquestes agències actuen com a intermediàries clau en aquest circuit, connectant compradors del nord d’Europa amb un mercat local cada vegada més inaccessible. El resultat, visible al carrer, és un desplaçament progressiu: contractes que no es renoven, lloguers que es disparen i veïns que se’n van. Antoni és un d’ells: “Estic esperant anar-me’n d’aquí ben aviat, a una altra zona més tranquil·la”.

A pocs metres apareix Tomeu, que ha sentit fragments de la conversa i s’hi afegeix. “És que és un tema que em bull la sang”, justifica. Per a ell, la transformació no és una dada, sinó una pèrdua personal. “Allà els meus padrins tenien una botiga, Casa Paco”, explica, assenyalant una cantonada. En aquell mateix lloc es varen conèixer els seus pares. Avui, però, el local ha canviat de mans i de funció: “Ara és el típic bar de torrades d’alvocat”. El contrast li fa mal. El seu relat dibuixa amb precisió el canvi de model: del comerç de proximitat al consum global. En un local pròxim, recorda, hi havia una papereria on la seva padrina li comprava “cotxets”. Ara és un establiment de vins “de deu euros la copa on no hi entra cap mallorquí”. Al seu voltant, el que queda del barri original és ja residual: “Només queden alguns negocis de sempre, i poca cosa més”.

Només queden alguns comerços dels de sempre. Aquí hi havia una papereria en la qual la meva àvia em comprava cotxets. Ara és un lloc de vins de deu euros la copa on no entra cap mallorquí

Tomeu — Veí de Santa Catalina

'Lilla sverige' (o la 'petita Suècia')

Aquest “poca cosa més” és el rastre d’un barri que durant dècades va funcionar com una comunitat: un entramat d’habitatges assequibles, famílies treballadores i una identitat profundament arrelada a la mar i al port. En el seu lloc ha emergit un altre espai, cada vegada més globalitzat, on l’habitatge s’ha convertit en un producte d’inversió. La transformació ha estat tan intensa que alguns mitjans i immobiliàries el descriuen directament com 'lilla sverige' -'la petita Suècia'-. No és una exageració ni una etiqueta casual. És la conseqüència visible de més d’una dècada d’inversió estrangera —principalment escandinava— que ha alterat no només el preu de l’habitatge, sinó també la composició social i cultural del barri.

Durant dècades, Santa Catalina era un entramat d'habitatges assequibles, famílies treballadores i una identitat profundament arrelada a la mar i al port. En el seu lloc ha emergit un altre espai, cada vegada més globalitzat, on l'habitatge s'ha convertit en un producte d'inversió. La transformació ha estat tan intensa que alguns mitjans i immobiliàries ho descriuen com 'la petita Suècia'

El punt d’inflexió se situa després de la crisi de 2008. A partir de 2013, amb la recuperació del mercat, la inversió sueca va trobar a Santa Catalina un enclavament ideal: cèntric, proper a la mar i amb un parc immobiliari antic susceptible de revalorització. El que per a molts era la seva llar, per a altres es va convertir en una oportunitat. Edificis sencers començaren a canviar de mans. El patró es repeteix: compra a preus relativament baixos, rehabilitació integral i posterior venda com a producte de luxe dirigit a compradors internacionals. En paral·lel, els antics residents van desapareixent: contractes que no es renoven, lloguers que es disparen, obres que s’allarguen durant anys. El desplaçament no sempre és abrupte, però sí constant.

El negoci immobiliari

En aquest procés, les agències immobiliàries exerceixen un paper clau. No només intermedien en la compravenda d’habitatges, sinó que actuen com a pont entre el capital estranger i el mercat local, identificant propietats amb potencial, assessorant inversions i gestionant actius. Un dels pilars d’aquest fenomen ha estat precisament la implantació d’agències escandinaves especialitzades en compradors del nord d’Europa.

Una d’elles és BO Mallorca, fundada per l’empresària Vivian Grunblatt, que reivindica el seu arrelament al barri davant la percepció d’una immobiliària vinculada exclusivament a capital estranger. “He nascut i crescut aquí i he viscut aquí la major part de la meva vida”, subratlla en declaracions a elDiario.es. La seva relació amb Santa Catalina es remunta a més de quatre dècades: “Els meus pares sempre han tengut despatx i després casa a Santa Catalina, així que fa més de 40 anys que estic en aquest barri”. Des de fa dues dècades dirigeix la seva pròpia immobiliària a la zona, cosa que, assegura, li ha permès observar de primera mà la seva transformació.

Pel que fa a l’escalada de preus, Grunblatt rebutja que es pugui explicar únicament per l’arribada de compradors internacionals: “En termes generals, el principal factor darrere la manca d’habitatge a preus assequibles a Palma és l’escassetat d’oferta, especialment d’obra nova. Durant els darrers deu anys, la creació de nous habitatges ha estat limitada, fet que ha generat una pressió constant sobre els preus”. En el cas de Santa Catalina, afegeix, l’encariment respon també a la seva evolució com a barri: “Avui dia compta amb una oferta gastronòmica, cultural i esportiva molt atractiva, fet que ha incrementat notablement la seva demanda”. Aquest atractiu, sosté, no només ha captat compradors estrangers —principalment suecs i alemanys—, sinó també residents locals amb alt poder adquisitiu. “L’augment de preus no es pot atribuir únicament a la demanda estrangera, sinó a una combinació de factors”, insisteix, en un context en què, a més, els habitatges amb terrassa o vistes a la mar són els que assoleixen els valors més elevats.

En termes generals, el principal factor darrere de la falta d'habitatge a preus assequibles a Palma és l'escassetat d'oferta, especialment d'obra nova. Durant els últims deu anys, la creació de nous habitatges ha estat limitada, la qual cosa ha generat una pressió constant sobre els preus

Vivian Grunblatt — Propietària de l'agència inmobiliària BO Mallorca Real Estate

Una altra de les empreses que s’han establert a la ‘petita Suècia de Palma’ és Fastighetsbyrån, presentada com la major xarxa immobiliària de Suècia. Des de la seva oficina al carrer Protectora de Palma comercialitza habitatges que arriben a preus de fins a 17,5 milions d’euros. Al capdavant d’aquesta estructura hi ha Mattias Rosenlund, un dels perfils clau en la implantació del negoci immobiliari escandinau a Palma. La seva activitat no es limita a la intermediació: forma part d’una xarxa que acompanya tot el procés d’inversió, des de la recerca de propietats fins a la gestió posterior de l’actiu. La seva figura exemplifica com el capital estranger accedeix de manera directa al mercat residencial local.

A aquesta xarxa s’hi afegeixen altres firmes com Svensk Fastighetsförmedling Real Estate: “Hem portat el model immobiliari suec a Espanya i l’acompanyarem durant tot el procés fins que gaudeixi del sol, la calor i la seva llar espanyola”, es pot llegir al seu web, on apareixen suggerents recomanacions com “desperti’s amb vistes a la serra i a la mar”. També SkandiaMäklarna, que va obrir oficina a Palma per captar clients escandinaus interessats en zones cèntriques amb alt potencial de revalorització.

Altres mirades: entre la crítica i la resignació

Davant el malestar generalitzat, un altre veí, Raúl, introdueix una mirada diferent sobre el que està passant a Santa Catalina. Nascut al barri i amb tota la seva família vinculada als seus carrers, recorda un passat molt diferent de l’actual: “Fa 25 o 30 anys això era un autèntic desastre. Ningú volia viure aquí. Era un suburbi”. Segons el seu relat, aquesta degradació va ser precisament el que va devaluar el barri i va permetre que, anys després, es convertís en un objectiu atractiu per a la inversió. A diferència d’altres veïns, Raúl no assenyala només els compradors estrangers. “El problema no és del que compra, el problema és del que ven”, afirma. I ho explica amb cruesa: “Et ve un suec i et paga quatre vegades més del que val... i què fas?”. En la seva opinió, la pujada de preus i la transformació del barri responen també a la decisió de qui va vendre les seves propietats quan el mercat es va començar a disparar. “De tots els meus amics de quan érem petits no en queda cap”, reconeix.

El problema no és del que compra, el problema és del que ven. Si et ve un suec i et paga quatre vegades més del que val... què fas?”

Raúl — Veí de Santa Catalina

La seva pròpia història reflecteix aquesta contradicció. Raúl vivia en un pis amb lloguer antic —“pagava 117 euros”— quan la propietària va decidir vendre l’edifici per més de mig milió d’euros. No obstant això, en el seu cas va aconseguir una sortida excepcional: un acord de lloguer amb opció de compra que li va permetre adquirir l’habitatge i, posteriorment, tota la finca. “Ara tot és molt car, està enfocat als estrangers, sí”, admet. Però insisteix en el seu diagnòstic: el canvi del barri no s’explica només per qui arriba, sinó també per qui decideix marxar.

A prop d’un dels bars de sempre, el Isleño, dos argentins, Francisco i Gustavo, observen la transformació de Santa Catalina amb una barreja de resignació i anàlisi. Francisco ho resumeix de manera directa: “Cada vegada hi ha menys residents perquè els pisos estan buits o comprats per a ús vacacional”. Després de tres dècades a Mallorca, assegura que el canvi ha estat progressiu, però evident: “Palma ja està una mica envaïda. Ja no és la Palma que m’agradava”. I en el cas concret del barri, ho descriu amb ironia: “Santa Catalina és l’ambaixada sueca”. La conversa deriva ràpidament cap als preus. “Ja ni la compra pots fer, i els cafès costen tres, quatre, cinc euros”, comenta Gustavo. Fins i tot sortir a dinar s’ha convertit en una excepció: “L’altre dia vàrem anar tres a menjar menú i ens vàrem gastar 90 euros”. Per a ells, el problema no és només la presència estrangera, sinó un canvi de model més ampli: “Això ja és tot luxe”.

Francisco, que treballa en el sector turístic, amplia la mirada i situa el fenomen en un context més ampli. “S’està portant tot cap al luxe, menys gent però de més qualitat”, explica, en referència a una estratègia que, segons ell, s’està replicant a tot Balears. No obstant això, adverteix de les seves contradiccions: manca de treballadors, precarietat en el servei i dificultats per sostenir aquest model. Tot i així, ambdós coincideixen en el diagnòstic final: “Aquí ja no hi ha marxa enrere”.

Residents suecs: “És la millor zona”

A més de les agències immobiliàries, a Santa Catalina també s’hi han implantat altres negocis com una fleca sueca, Palma Brand, que reflecteix el canvi del barri i l’arribada de residents estrangers. A l’interior gairebé no s’hi parla espanyol. Molt menys català. Dues clientes, Christin i Ebba, conversen en suec mentre esperen una comanda. Viuen a la zona i no dubten a explicar per què aquest barri s’ha convertit en un dels més atractius per als seus compatriotes. “És la millor zona”, assegura Christin. Destaca la seva ubicació —“és a prop del centre, però sense ser al centre”— i el seu estil de vida: “Els restaurants, l’ambient… és preciós”. També menciona la connexió amb la resta de l’illa i la mar: “Tens tot el que necessites aquí”.

Tanmateix, el seu relat introdueix un matís revelador. “Molts suecs se’n van de Santa Catalina”, diu. El motiu és el mateix que els va atreure: “Hi ha massa suecs”. Segons explica Ebba, la concentració ha arribat a un punt incòmode: “No pots sortir a sopar sense vigilar el que dius, perquè tothom t’entén”. Sobre els preus, apunten a una idea clara: “Els espanyols venen perquè reben molts de doblers”. I conclouen: “Al final, tot depèn dels doblers”.

Sobre la pujada de preus, la seva explicació barreja factors. D'una banda, Christin relativitza el pes dels suecs enfront d'altres compradors: “Els alemanys o els britànics són molts més”. Però també apunta a la dinàmica del mercat: “Els espanyols venen perquè reben molts diners”. En la seva opinió, si els propietaris locals romanguessin en els seus habitatges, el barri seria més divers. “Podria haver-hi una comunitat amb espanyols, suecs, alemanys…”, assenyala. Però conclou amb una idea clara: “Al final, tot depèn dels diners”. En el mateix carrer, un rètol és l'única cosa que queda de Swedish Stuff, un altre forn que va florir a Santa Catalina, però va acabar tancant les seves portes.

A Thomas Bakeshop, Michelle atén els seus clients entre pans i pastissos, però també entre llibres en diversos idiomes. Fa una dècada que viu al barri i defensa el caràcter internacional del lloc. “És el meu somni viure en una ciutat on hi hagi gent de tot el món”, explica. Per a ella, aquesta barreja és precisament l’atractiu: “Aquí ve gent d’Espanya, de Mallorca, d’Amèrica Llatina, d’Alemanya, d’Àsia… tothom és benvingut”. Davant les crítiques veïnals, Michelle, que juntament amb el seu marit regenta Thomas Bakeshop, relativitza el focus sobre el barri i assenyala: “El problema de l’habitatge no és només d’aquí, és de tota Mallorca”. En el seu cas, assegura no haver tengut dificultats, però reconeix la complexitat del context: “És molt complicat”. El seu discurs reflecteix una altra de les mirades presents a Santa Catalina: la d’aquells que entenen la transformació com a part d’una dinàmica global i no exclusivament com un conflicte local.

El problema de l'habitatge no és només de Santa Catalina, sinó de tota Mallorca

Michelle — Copropietària del forn Thomas Bakeshop

La pèrdua de negocis històrics

Durant dècades, els negocis van pertànyer a famílies locals o van allotjar lloguers assequibles, transformats ara en promocions d'alt standing, reduint el nombre d'habitatges i multiplicant el seu valor. El Bar Progreso, obert en 1920 a la Plaça Progrés, va ser durant gairebé un segle un dels símbols del Santa Catalina popular. Regentat durant dècades per la mateixa família, va tancar en 2016 després de la jubilació dels seus propietaris, posant fi a 96 anys d'història. En el seu lloc s'han succeït nous negocis de restauració internacional, reflex del canvi comercial del barri, on els antics bars de tota la vida han estat substituïts per locals orientats a un públic global.

L'impacte de la xarxa immobiliària en Santa Catalina ha adoptat formes que van des del subtil fins al conflictiu. En 2024, veïns van denunciar noves estratègies de captació: immobiliàries que deixaven publicitat en les bústies oferint taxacions gratuïtes acompanyades de brioixos de canyella, una imatge que il·lustra com el desembarcament de capital estranger es filtra fins i tot en els gestos més quotidians. Les actuacions poden aconseguir formes més agressives, com l'assetjament o assetjament psicològic immobiliari: actuacions destinades a forçar la sortida d'un resident mitjançant pressió, fustigació o deterioració de les seves condicions de vida. El Codi Penal, en el seu article 172, les reconeix com a delicte quan es dirigeixen a “impedir a un altre amb violència o intimidació fer el que la llei no prohibeix o compel·lir-li a realitzar el que no vol”, mentre que la Llei estatal d'Habitatge l'identifica com una vulneració del dret a l'habitatge.

Diversos estudis acadèmics coincideixen a assenyalar Santa Catalina com un dels casos més clars de gentrificació a Palma. Recerques de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el col·lectiu Palma XXI documenten com l'arribada d'inversió estrangera i els processos de rehabilitació urbana han anat acompanyats d'un augment sostingut del preu de l'habitatge i del desplaçament de la població resident. En el seu Informe sobre la gentrificació al barri de Santa Catalina, des de l’Observatori de Gentrificació de Palma XXI descriuen amb claredat el procés que ha viscut la zona en la darrera dècada, marcada per una intensa pressió immobiliària i una transformació social accelerada.

El document parla d’una “revalorització del barri associada a l’arribada de nous residents amb major poder adquisitiu”, una dinàmica que ha convertit un dels antics barris populars de Palma en un espai cada vegada més inaccessible per als seus propis veïns. El canvi no és només una qüestió de preus, sinó de qui es pot quedar. L’informe adverteix d’un procés de substitució progressiva: “La població resident tradicional és substituïda per nous perfils amb major capacitat adquisitiva”. Un fenomen que ja no és puntual, sinó estructural. Comprar és cada vegada més difícil, però quedar-se de lloguer tampoc és una opció realista per a molts. El resultat és un desplaçament silenciós: veïns que se’n van sense titulars, sense desnonaments visibles, però empesos per un mercat que ja no poden assumir.

Per part seva, un estudi de l'investigador Ismael Yrigoy Cadena, inclòs en el llibre El món vist de les ciutats, analitza la transformació de Santa Catalina com a resultat de la interacció entre conversió en zona de vianants i inversió estrangera, vinculant-la amb processos de desplaçament poblacional.

“Esta barriada se ha vuelto infernal”. Antoni, de 79 años, lo dice sin rodeos, apoyado en la acera de una calle donde ya no reconoce a casi nadie. Lleva toda la vida en Santa Catalina, antiguo barrio pesquero que ahora describe como irreconocible: “Mallorquines quedan pocos ya”. En los alrededores, fachadas recién rehabilitadas y escaparates en inglés, alemán... y en sueco. En esta zona de Palma se multiplican los negocios y las inmobiliarias escandinavas que anuncian viviendas cuyo precio alcanza las siete cifras mientras, a pocos pasos, los últimos vecinos de toda la vida observan cómo la barriada cambia de manos. El idioma varía según la mesa de cada bar. El precio, siempre al alza. “Aquí no se puede vivir, aquí no se puede dormir”, lamenta Antoni, quien, en su caso, apunta al ruido constante, los conflictos nocturnos y a una sensación de abandono que, dice, nadie ha sabido frenar.

La transformación no es solo perceptiva. El precio de la vivienda en Santa Catalina se sitúa ya en torno a los 6.200 euros por metro cuadrado -hace una década rondaba los 2.500-, con subidas de más del 14% solo en el último año, según Idealista. En cuanto al alquiler, el más barato que se oferta en este portal inmobiliario asciende a 1.100 euros: un piso de 50 metros sin amueblar. Lo administra Mallorcabyrån Real Estate, una de las numerosas inmobiliarias suecas implantadas en la zona. Y es que estas agencias actúan como intermediarias clave en ese circuito, conectando compradores del norte de Europa con un mercado local cada vez más inaccesible. El resultado, visible en la calle, es un desplazamiento progresivo: contratos que no se renuevan, alquileres que se disparan y vecinos que se marchan. Antoni es uno de ellos: “Estoy esperando irme de aquí enseguida, a otra zona más tranquila”.

A pocos metros aparece Tomeu, quien ha escuchado ecos de la conversación y se suma a la misma. “Es que es un tema que me hierve la sangre”, justifica. Para él, la transformación no es un dato, sino una pérdida personal. “Ahí mis abuelos tenían un colmado, Casa Paco”, explica, señalando una esquina. En ese mismo lugar se conocieron sus padres. Hoy, sin embargo, el local ha cambiado de manos y de función: “Ahora es el típico bar de tostadas de aguacate”. El contraste le duele. Su relato dibuja con precisión el cambio de modelo: de comercio de proximidad a consumo global. En un establecimiento próximo, recuerda, había una papelería donde su abuela le compraba “cochecitos”. Ahora es una vinoteca “de diez euros la copa donde no entra ningún mallorquín”. A su alrededor, lo que queda del barrio original es ya residual: “Solo quedan algunos negocios de siempre, y poco más”.

Solo quedan algunos comercios de los de siempre. Ahí había una papelería en la que mi abuela me compraba cochecitos. Ahora es un sitio de vinos de diez euros la copa donde no entra ningún mallorquín

Tomeu — Vecino de Santa Catalina

'Lilla sverige' (o la 'pequeña Suecia')

Ese “poco más” es el rastro de un barrio que durante décadas funcionó como comunidad: un entramado de viviendas asequibles, familias trabajadoras y una identidad profundamente arraigada al mar y al puerto. En su lugar ha emergido otro espacio, cada vez más globalizado, donde la vivienda se ha convertido en un producto de inversión. La transformación ha sido tan intensa que algunos medios e inmobiliarias lo describen directamente como “la pequeña Suecia”. No es una exageración ni una etiqueta casual. Es la consecuencia visible de más de una década de inversión extranjera –principalmente escandinava– que ha alterado no solo el precio de la vivienda, sino también la composición social y cultural del barrio.

Durante décadas, Santa Catalina era un entramado de viviendas asequibles, familias trabajadoras y una identidad profundamente arraigada al mar y al puerto. En su lugar ha emergido otro espacio, cada vez más globalizado, donde la vivienda se ha convertido en un producto de inversión. La transformación ha sido tan intensa que algunos medios e inmobiliarias lo describen como "la pequeña Suecia"

El punto de inflexión se sitúa tras la crisis de 2008. A partir de 2013, con la recuperación del mercado, la inversión sueca encontró en Santa Catalina un enclave ideal: céntrico, cercano al mar y con un parque inmobiliario antiguo susceptible de revalorización. Lo que para muchos era su hogar, para otros se convirtió en una oportunidad. Edificios enteros comenzaron a cambiar de manos. El patrón se repite: compra a precios relativamente bajos, rehabilitación integral y posterior venta como producto de lujo dirigido a compradores internacionales. En paralelo, los antiguos residentes van desapareciendo: contratos que no se renuevan, alquileres que se disparan, obras que se prolongan durante años. El desplazamiento no siempre es abrupto, pero sí constante.

El negocio inmobiliario

En este proceso, las agencias inmobiliarias desempeñan un papel clave. No solo intermedian en la compra y venta de viviendas, sino que actúan como puente entre el capital extranjero y el mercado local, identificando propiedades con potencial, asesorando inversiones y gestionando activos. Uno de los pilares de este fenómeno ha sido precisamente la implantación de agencias escandinavas especializadas en compradores del norte de Europa.

Una de ellas es BO Mallorca, fundada por la empresaria Vivian Grunblatt, quien reivindica su arraigo en el barrio frente a la percepción de una inmobiliaria vinculada exclusivamente a capital extranjero. “He nacido y crecido aquí y he vivido aquí la mayor parte de mi vida”, subraya en declaraciones a elDiario.es. Su relación con Santa Catalina se remonta a más de cuatro décadas: “Mis padres siempre han tenido despacho y luego casa en Santa Catalina, así que hace más de 40 años que estoy en este barrio”. Desde hace dos décadas dirige su propia inmobiliaria en la zona, lo que, asegura, le ha permitido observar de primera mano su transformación.

Sobre la escalada de precios, Grunblatt rechaza que pueda explicarse únicamente por la llegada de compradores internacionales: “En términos generales, el principal factor detrás de la falta de vivienda a precios asequibles en Palma es la escasez de oferta, especialmente de obra nueva. Durante los últimos diez años, la creación de nuevas viviendas ha sido limitada, lo que ha generado una presión constante sobre los precios”. En el caso de Santa Catalina, añade, el encarecimiento responde también a su evolución como barrio: “Hoy en día cuenta con una oferta gastronómica, cultural y deportiva muy atractiva, lo que ha incrementado notablemente su demanda”. Ese atractivo, sostiene, no solo ha captado a compradores extranjeros –principalmente suecos y alemanes–, sino también a residentes locales con alto poder adquisitivo. “El aumento de precios no puede atribuirse únicamente a la demanda extranjera, sino a una combinación de factores”, insiste, en un contexto en el que, además, las viviendas con terraza o vistas al mar son las que alcanzan los valores más elevados.

En términos generales, el principal factor detrás de la falta de vivienda a precios asequibles en Palma es la escasez de oferta, especialmente de obra nueva. Durante los últimos diez años, la creación de nuevas viviendas ha sido limitada, lo que ha generado una presión constante sobre los precios

Vivian Grunblatt — Propietaria de la agencia inmobiliaria BO Mallorca Real Estate

Otra de las empresas que se han asentado en la 'pequeña Suecia de Palma' es Fastighetsbyrån, presentada como la mayor red inmobiliaria de Suecia. Desde su oficina en la calle Protectora de Palma comercializa viviendas que alcanzan precios de hasta 17,5 millones de euros. Al frente de esta estructura se sitúa Mattias Rosenlund, uno de los perfiles clave en la implantación del negocio inmobiliario escandinavo en Palma. Su actividad no se limita a la intermediación: forma parte de una red que acompaña todo el proceso de inversión, desde la búsqueda de propiedades hasta la gestión posterior del activo. Su figura ejemplifica cómo el capital extranjero accede de forma directa al mercado residencial local.

A esta red se suman otras firmas como Svensk Fastighetsförmedling Real Estate: “Hemos traído el modelo inmobiliario sueco a España y le acompañaremos durante todo el proceso hasta que disfrute del sol, el calor y su hogar español”, se lee en su web, en la que asoman sugerentes recomendaciones como “despiértese con vistas a la sierra y al mar”. También SkandiaMäklarna, que abrió oficina en Palma para captar clientes escandinavos interesados en zonas céntricas con alto potencial de revalorización.

Otras miradas: entre la crítica y la resignación

Frente al malestar generalizado, otro vecino, Raúl, introduce una mirada distinta sobre lo que está ocurriendo en Santa Catalina. Nacido en el barrio y con toda su familia vinculada a sus calles, recuerda un pasado muy diferente al actual: “Hace 25 o 30 años esto era un auténtico desastre. Nadie quería vivir aquí. Era un suburbio”. Según su relato, esa degradación fue precisamente lo que devaluó el barrio y permitió que, años después, se convirtiera en un objetivo atractivo para la inversión. A diferencia de otros vecinos, Raúl no señala solo a los compradores extranjeros. “El problema no es del que compra, el problema es del que vende”, afirma. Y lo explica con crudeza: “Te viene un sueco y te paga cuatro veces más de lo que vale... ¿y qué haces?”. En su opinión, la subida de precios y la transformación del barrio responden también a la decisión de quienes vendieron sus propiedades cuando el mercado empezó a dispararse. “De todos mis amigos de cuando éramos pequeños no queda ninguno”, reconoce.

El problema no es del que compra, el problema es del que vende. Si te viene un sueco y te paga cuatro veces más de lo que vale... ¿qué haces?

Raúl — Vecino de Santa Catalina

Su propia historia refleja esa contradicción. Raúl vivía en un piso con alquiler antiguo –“pagaba 117 euros”– cuando la propietaria decidió vender el edificio por más de medio millón de euros. Sin embargo, en su caso, logró una salida excepcional: un acuerdo de alquiler con opción a compra que le permitió adquirir la vivienda y, posteriormente, toda la finca. “Ahora es todo muy caro, está enfocado a los extranjeros, sí”, admite. Pero insiste en su diagnóstico: el cambio del barrio no se explica solo por quienes llegan, sino también por quienes decidieron marcharse.

Junto a uno de los bares de siempre, el Isleño, dos argentinos, Francisco y Gustavo, observan la transformación de Santa Catalina con una mezcla de resignación y análisis. Francisco lo resume de forma directa: “Cada vez hay menos residentes porque los pisos están vacíos o comprados para uso vacacional”. Tras tres décadas en Mallorca, asegura que el cambio ha sido progresivo, pero evidente: “Palma ya está un poco invadida. Ya no es la Palma que me gustaba”. Y en el caso concreto del barrio, lo describe con ironía: “Santa Catalina es la embajada sueca”. La conversación deriva rápidamente hacia los precios. “Ya ni la compra puedes hacer, y los cafés cuestan tres, cuatro, cinco euros”, comenta Gustavo, comparando el coste de la vida actual con el de hace años. Incluso salir a comer se ha convertido en algo excepcional: “El otro día fuimos tres a comer menú y nos gastamos 90 euros”. Para ellos, el problema no es solo la presencia extranjera, sino un cambio de modelo más amplio: “Esto ya es todo lujo”, señala uno, describiendo una evolución que ha llevado a sustituir la cantidad por la exclusividad.

Francisco, quien trabaja en el sector turístico, amplía la mirada y sitúa el fenómeno en un contexto más amplio. “Se está llevando todo hacia el lujo, menos gente, pero de más calidad”, explica, en referencia a una estrategia que, según él, se está replicando en toda Balears. Sin embargo, advierte de sus contradicciones: falta de trabajadores, precariedad en el servicio y dificultades para sostener ese modelo. Aun así, ambos coinciden en el diagnóstico final: “Aquí ya no hay vuelta atrás”, una frase que resume la sensación compartida de que la transformación del barrio es ya irreversible.

Residentes suecos: “Es la mejor zona”

Además de agencias inmobiliarias, en Santa Catalina también se han implantado otros negocios como una panadería sueca, Palma Brand, que refleja el cambio del barrio y la llegada de residentes extranjeros. Apenas se habla español en su interior. Mucho menos catalán. Dos clientas, Christin y Ebba, conversan en sueco mientras esperan un pedido. Viven en la zona y no dudan en explicar por qué este barrio se ha convertido en uno de los más atractivos para sus compatriotas. “Es la mejor zona”, asegura Christin. Destaca su ubicación –“está cerca del centro, pero sin estar en el centro”– y su estilo de vida: “Los restaurantes, el ambiente… es precioso”. También menciona la conexión con el resto de la isla y el mar: “Tienes todo lo que necesitas aquí, buenas comunicaciones y estás cerca de la ciudad y del mar”.

Sin embargo, su relato introduce un matiz revelador. Según percibe, “muchos suecos se están yendo de Santa Catalina”. El motivo, paradójicamente, es el mismo que atrajo a tantos: “Hay demasiados suecos”. Según describe Ebba, la concentración ha llegado a un punto incómodo incluso para ellos: “No puedes salir a cenar sin tener cuidado con lo que dices, porque todo el mundo te entiende”. A su juicio, el barrio ha alcanzado un nivel de saturación que está empujando a parte de esta comunidad a buscar otras zonas.

Sobre la subida de precios, su explicación mezcla factores. Por un lado, Christin relativiza el peso de los suecos frente a otros compradores: “Los alemanes o los británicos son muchos más”. Pero también apunta a la dinámica del mercado: “Los españoles venden porque reciben mucho dinero”. En su opinión, si los propietarios locales permanecieran en sus viviendas, el barrio sería más diverso. “Podría haber una comunidad con españoles, suecos, alemanes…”, señala. Pero concluye con una idea clara: “Al final, todo depende del dinero”. En la misma calle, un letrero es lo único que queda de Swedish Stuff, otra panadería que floreció en Santa Catalina, pero acabó echando el cierre.

En Thomas Bakeshop, Michelle atiende a sus clientes entre panes y pasteles, pero también entre libros en varios idiomas. Lleva una década viviendo en el barrio y defiende el carácter internacional del lugar. “Es mi sueño vivir en una ciudad donde hay gente de todo el mundo”, explica. Para ella, esa mezcla es precisamente el atractivo: “Aquí viene gente de España, de Mallorca, de América Latina, de Alemania, de Asia… todo el mundo es bienvenido”. Frente a las críticas vecinales, Michelle, quien junto a su marido regenta Thomas Bakeshop, relativiza el foco sobre el barrio y señala: “El problema de la vivienda no es solo de aquí, es de toda Mallorca”. En su caso, asegura no haber tenido dificultades, pero reconoce la complejidad del contexto: “Es muy complicado”. Su discurso refleja otra de las visiones presentes en Santa Catalina: la de quienes entienden la transformación como parte de una dinámica global y no exclusivamente como un conflicto local.

El problema de la vivienda no es solo de Santa Catalina, sino de toda Mallorca

Michelle — Propietaria de la panadería Thomas Bakeshop

La pérdida de históricos negocios

Durante décadas, los negocios pertenecieron a familias locales o alojaron alquileres asequibles, transformados ahora en promociones de alto standing, reduciendo el número de viviendas y multiplicando su valor. El Bar Progreso, abierto en 1920 en la Plaça Progreso, fue durante casi un siglo uno de los símbolos del Santa Catalina popular. Regentado durante décadas por la misma familia, cerró en 2016 tras la jubilación de sus propietarios, poniendo fin a 96 años de historia. En su lugar se han sucedido nuevos negocios de restauración internacional, reflejo del cambio comercial del barrio, donde los antiguos bares de toda la vida han sido sustituidos por locales orientados a un público global.

El impacto de la red inmobiliaria en Santa Catalina ha adoptado formas que van desde lo sutil hasta lo conflictivo. En 2024, vecinos denunciaron nuevas estrategias de captación: inmobiliarias que dejaban publicidad en los buzones ofreciendo tasaciones gratuitas acompañadas de bollos de canela, una imagen que ilustra cómo el desembarco de capital extranjero se filtra incluso en los gestos más cotidianos. Las actuaciones pueden alcanzar formas más agresivas, como el acoso o mobbing inmobiliario: actuaciones destinadas a forzar la salida de un residente mediante presión, hostigamiento o deterioro de sus condiciones de vida. El Código Penal, en su artículo 172, las reconoce como delito cuando se dirigen a “impedir a otro con violencia o intimidación hacer lo que la ley no prohíbe o compelerle a realizar lo que no quiere”, mientras que la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda lo identifica como una vulneración del derecho a la vivienda.

Diversos estudios académicos coinciden en señalar Santa Catalina como uno de los casos más claros de gentrificación en Palma. Investigaciones de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el colectivo Palma XXI documentan cómo la llegada de inversión extranjera y los procesos de rehabilitación urbana han ido acompañados de un aumento sostenido del precio de la vivienda y del desplazamiento de la población residente. En su 'Informe sobre la gentrificació al barri de Santa Catalina', desde el Observatori de Gentrificació de Palma XXI describen con claridad el proceso que ha vivido la zona en la última década, marcada por una intensa presión inmobiliaria y una transformación social acelerada.

El documento habla de una “revalorización del barrio asociada a la llegada de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo, una dinámica que ha convertido uno de los antiguos barrios populares de Palma en un espacio cada vez más inaccesible para sus propios vecinos. El cambio no es solo una cuestión de precios, sino de quién puede quedarse. El informe advierte de un proceso de sustitución progresiva: ”La población residente tradicional es sustituida por nuevos perfiles con mayor capacidad adquisitiva“. Un fenómeno que ya no es puntual, sino estructural. Comprar es cada vez más difícil, pero quedarse de alquiler tampoco es una opción realista para muchos. El resultado es un desplazamiento silencioso: vecinos que se marchan sin titulares, sin desahucios visibles, pero empujados por un mercado que ya no pueden asumir.

Por su parte, un estudio del investigador Ismael Yrigoy Cadena, incluido en el libro El mundo visto de las ciudades, analiza la transformación de Santa Catalina como resultado de la interacción entre peatonalización e inversión extranjera, vinculándola con procesos de desplazamiento poblacional.

El Gobierno de Almeida ya sabe cómo quiere reformar AZCA. Lo hará a través de un proyecto que ha puesto de acuerdo a todos los empresarios que comparten espacio con sus edificios en el corazón financiero de Madrid. A falta de conocer los detalles técnicos, en el proyecto destaca la presencia del verde -“un vergel” lo definió el alcalde- en la parte central y muchas nuevas vías para distribuir a las personas.

Los elementos más destacados son la zona verde con un millar de árboles de cuarenta especies distintas, un anillo con cinco pasarelas, 19 zonas estanciales y una ría escalonada que atraviesa el eje central. También habrá un auditorio al aire libre con la construcción de 150 metros lineales de asientos en forma de graderío en la ladera del parque central. Según la nota de prensa distribuida por el Ayuntamiento, “permitirá contemplar el propio parque o celebrar pequeñas actividades culturales”.

El coste de la obra será de 89,3 millones de euros, de los que 55,6 serán abonados por el Ayuntamiento de Madrid y 33,7 millones por las empresas presentes en el ámbito. El alcalde ha indicado que el reparto se ha calculado en función del espacio público y privado de la actuación, que abarcará 132.895 m2 del distrito de Tetuán.

La gestión posterior de este espacio para su mantenimiento está todavía por acordar, pero el modelo que se buscará será el que se ha seguido en las Cinco Torres, donde un consorcio supervisado por el Ayuntamiento se encarga de cuidar los entornos alrededor de las oficinas.

El proyecto prevé instalar dos nuevos ascensores y la renovación de las aceras de las calles perimetrales (avenida del General Perón, paseo de la Castellana y calles Joaquín Costa y Orense). A ello se añade la revisión, análisis, reparación e impermeabilización de las estructuras existentes bajo rasante y la renovación completa del saneamiento del ámbito a través de un nuevo sistema de drenaje integral y la reparación de los colectores profundos existentes, así como de los pozos de acometida.

Otro de los puntos clave de la intervención será la renovación de los 33 pasajes interiores del ámbito, situados en dos niveles distintos. Para ello, se les dotará de nueva iluminación, señalética y acabados, lo que permitirá mejorar la seguridad, la accesibilidad y la estética y facilitará su posterior conservación. Además, se abrirán huecos en los forjados para que entren luz natural y aire en los niveles inferiores. Además, habrá más cáramas de seguriddad al pasar de las 55 existentes a 91. El alumbrado también será sustituido por otro de tecnología led de alta eficiencia energética.

La financiación pública parte del área de Obras mientras que la privada correrá a cargo de Pontegadea, El Corte Inglés, MERLIN Properties, GMP, Hermes, Mapfre, Mutua Madrileña, Leading Hospitality, Alba Patrimonio Inmobiliario, Monthisa, Cajamar y Renazca. Asimismo, participará en la iniciativa la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. A ello hay que sumar a los vecinos y comercios del ámbito, fundamentalmente integrados en COMUNAZCA y PROAZCA que, si bien no financiarán el proyecto, han jugado un papel muy destacado durante todo el proceso. En la zona residen unos 2.000 habitantes pero trabajan unas 50.000 personas.

“Bien está lo que bien acaba”, ha dicho Emilio Colominas, director de Mutua Madrileña, para resumir el largo periodo de negociaciones entre los propietarios y el Ayuntamiento. “Han pintado bastos en muchas ocasiones”, ha reconocido Fernando Ferrero, director de Merlin Properties, sobre un acuerdo que tardó mucho en llegar. Luego destacaba: “No solo transforma un espacio urbano, sino que propone una nueva manera de mirar la ciudad”.

El Ayuntamiento destaca que todos los propietarios del ámbito han dejado a un lado sus diferencias para alumbrar un proyecto conjunto y superar así los problemas que registra el lugar, relacionados con “seguridad, aislamiento, obsolescencia y mantenimiento”, explican en el área de Obras.

El alcalde ha subrayado durante la presentación la dimensión estratégica de la intervención, recordando que se trata de “un hito histórico” para garantizar “la transformación y regeneración de un espacio privilegiado en el corazón mismo de la ciudad de Madrid”. En este sentido, ha enmarcado la actuación en la evolución de la capital, señalando que “tenemos que seguir reinventándonos” para mantener “la posición de privilegio” de Madrid y continuar “compitiendo con las grandes ciudades mediante la atracción del talento”.

Un intento de privatización y luego 9 meses de retraso

El acuerdo empresarial llega después de casi cuatro años después del intento de privatización de todo este entorno bajo el proyecto Renazca, una ambiciosa reforma integral presentado por una parte de los propietarios, que implicaba la enajenación del corazón financiero de Madrid durante 40 años para su explotación por los privados. El plan, desvelado en su día por este perióico y que estuvo impulsado inicialmente por Merlin y GMP, reunió a varios de los actores de la zona pero se encontró con la oposición de Pontegadea, la inmobiliaria de Amancio Ortega.

Ante el previsible choque de trenes al que derivaba el proyecto, el Ayuntamiento de Madrid descartó la idea en octubre de 2023 para intentar retomar el acuerdo desde otra perspectiva. La idea era consensuar un documento que sirviera para las nuevas negociaciones. En marzo de 2024 todas las partes implicadas se pusieron de acuerdo en que querían ponerse de acuerdo. Y en noviembre los 12 propietarios se hicieron la foto junto al alcalde, fijando en julio de 2025 la fecha de entrega del proyecto. Llegó la fecha y pidieron tres meses más. Ese plazo se cumplió y seguían las negoaciaciones, hasta que el pasado 26 de febrero el Ayuntamiento recibió el anhelado y consensuado proyecto básico.

Una vez presentadas las intenciones de los propietarios, firmadas con el consistorio el pasado 6 de marzo a través de una adenda, los siguientes pasos será la entrega del proyecto de ejecución en los próximos cinco meses, que tendrá que revisar el Ayuntamiento para después aprobarlo en otros tres meses. Luego será licitada la obra y, una vez adjudicada, comenzará la reforma. No será antes del año 2027.

Laura acaba de mudarse con su novia a Barcelona. Su plan inicial era estar un tiempo de alquiler, mientras se asentaban y decidían si se animaban a comprar. Pero un mercado del alquiler imposible, con precios altos y unos topes que, dice, no siempre se respetan, hicieron que su suegra adelantase un plan que tenía previsto para complementar su pensión en el futuro: partir en dos su vivienda de toda la vida. “Antes la gente se podía comprar casas que ahora son palacios, pero en su día eran cosas normales”, explica la mujer.

En España, más de la mitad de la población habita en viviendas infraocupadas. Son, según la definición de Eurostat, aquellas en las que hay habitaciones de más, en función de un número dado de personas, niños, adolescentes o parejas. Por ejemplo, dos adultos y dos hijos en una casa con cinco habitaciones o una persona que vive sola en una casa con tres o cuatro habitaciones. Para algunas familias, es una suerte de salvavidas: el lugar donde acoger a parientes de visita, alojar a los hijos en un mal momento o que alquilar para obtener un ingreso extra. Para otras, suponen un sobre esfuerzo energético para mantenerla caliente en invierno y fresca en verano o, en el plano teórico, un recurso desaprovechado en una situación de crisis residencial.

La estadística de Eurostat, sin embargo, tiene en cuenta el número de espacios de los que dispone la vivienda, pero no su tamaño, distribución o ubicación. La última vez que la oficina europea ofreció una media del tamaño de las casas en España, en 2012, esta se situó en los 99 metros cuadrados, apenas media docena de metros por encima de la media. Según esta misma fuente, el 55% de la población está en casas infraocupadas, frente al 33% de la media de los 27.

Entonces, ¿vivimos en casas demasiado grandes? “Cuando hablamos de este dato de infraocupación, no estamos trabajando con un indicador con la granularidad suficiente”, indica la doctora en Sociología y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Irene Lebrusán, que prefiere fijarse en superficie y no en habitaciones, pero también en la ubicación de esas casas.

El siguiente mapa, elaborado a partir de los datos del censo de población y viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra el tamaño medio de las viviendas, municipio a municipio. Los círculos rosas representan los municipios con las medias más bajas, mientras las zonas verdes son las que suman las casas más grandes. Como puede apreciarse, estas últimas están repartidas, en general, en zonas rurales y no en las principales áreas metropolitanas, como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Coruña.

“Las viviendas unifamiliares son más grandes que los pisos en bloques de viviendas y en los municipios pequeños la densidad [de población] es menor y la gente vive en casas mayores”, explica la vicepresidenta segunda del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Susana Moreno. Hay otros factores, como el precio del suelo, que eleva el coste del metro cuadrado allí donde este es más escaso, generalmente en grandes núcleos urbanos, ya construidos.

El mapa muestra el porcentaje de viviendas de cada tamaño, en función de la población del municipio. La proporción es inversamente proporcional: cuánto más pequeño es el pueblo, mayores son sus casas. Por ejemplo, mientras en las zonas con menos de 10.000 habitantes más del 33% de los inmuebles superan los 105 metros cuadrados, en las grandes ciudades de más de un millón de habitantes, son solo el 9% y casi la mitad de la población vive en 60 metros o menos.

“En algunos barrios de grandes ciudades tenemos pisos de los años 60, de 60 metros cuadrados y que, sin embargo, tienen tres habitaciones y un salón, con distribuciones extrañas y realmente incómodas”, explica Lebrusán. Por eso, la estadística del INE puede ayudar a entender mejor la realidad del parque residencial español mejor que Eurostat.

En 2011, el Instituto Nacional de Estadística elaboró su censo de población y vivienda, que arrojó un resultado algo inferior al publicado por Eurostat al año siguiente: 84 metros cuadrados. Una década después, en 2021, y con algo más de información, el INE rebajó la media hasta los 65 metros. En ese momento, la construcción estaba en horas bajas y durante ese periodo de tiempo se levantaron menos de 700.000 viviendas, sobre un parque total de 27 millones, escasas para justificar un descenso medio del 20% en superficie.

Aunque no hay datos oficiales, en las últimas décadas, se ha venido produciendo un fenómeno de división de inmuebles, principalmente en grandes ciudades. “En el centro de Madrid, a partir de la crisis de 2008, se produjeron muchísimas segregaciones, en muchos casos ilegales o que el Ayuntamiento no se encargó de revisar en su momento”, indica Lebrusán, que admite desconocer el alcance porcentual de estas reformas. Eran grandes fincas, que acabaron siendo casas más pequeñas, desde la que en muchos casos se accede a través de una suerte de recibidor tras atravesar la puerta original.

Para la arquitecta Moreno, la densificación de las ciudades no es algo necesariamente malo. Al menos, en algunas. “El éxito está relacionado con tener una densidad adecuada. Tal vez Madrid, Barcelona o Valencia hayan alcanzado una densidad óptima y no convenga seguir aumentándola o esta tenga que venir asociada a un incremento de los espacios públicos, pero hay muchas otras ciudades y capitales de provincia que sí requerirían una mayor densidad de población para ser más eficientes”, señala.

Eurostat establece también una diferencia de infraocupación por edad. Los mayores de 65 son quienes viven en casas con más habitaciones de las que se utilizan, más del 75%, mientras la tasa general se encuentra en torno al 54%. En un momento de crisis de acceso a una vivienda y dificultades de emancipación de los más jóvenes, la respuesta rápida podría ser la del trasvase pero, al margen del factor superficie, hay otros elementos a tener en cuenta.

El principal es el cultural. “La mayor inversión que hacen las familias en toda su vida es en la vivienda que se compra para criar a los hijos. Cuando estos se van, te quedas en ella”, razona Moreno. ¿Podría tener cierto sentido vender la casa que se ha quedado grande en la vejez para acceder a otra más pequeña, accesible o eficiente energéticamente? En la teoría sí, aunque en la práctica también hay 'peros'.

“Necesitamos que el mercado residencial sea mucho más flexible y que tengamos entornos amigables con el avance de la edad, que una persona pueda seguir viviendo en su entorno, tal vez en una casa más pequeña y que se adecúe a sus necesidades, pero que pueda pagar. Actualmente, con el mercado descontrolado, lo que suele suceder es que con lo que consiguen por la venta de su vivienda tampoco pueden comprarse otra en el entorno conocido”, apunta Lebrusán.

En este contexto, la rehabilitación de viviendas juega un papel fundamental para adaptar el parque español. Actualmente, hay unos seis millones de familias en casas con deficiencias graves y, según los datos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, en este momento están construidas entre el 80 y el 90% de las casas en las que la población vivirá en 2050. “Ya están construidas, pero son viviendas de otros años, con otros criterios y otros valores. Es un parque inmobiliario enorme, que se tiene que adaptar y renovar”, explica Moreno, que defiende la implantación de oficinas de rehabilitación para guiar a aquellas personas que se pierdan en la burocracia. “Una persona mayor que ni quiera ni deba desarraigarse de su casa puede tener poca capacidad de gestión, pero necesitar hacer una rehabilitación en casa”, pone como ejemplo.

Moreno apunta también a la posibilidad de esta palanca para sacar vivienda al mercado, de venta o alquiler. Porque al otro lado de la balanza están esas personas que tienen problemas para acceder a una vivienda o que viven hacinados. Según los datos de la agencia estadística europea, uno de cada 10 hogares está superpoblado, con picos del 15% entre las personas menores de 29 años. La población entre 18 y 64 está levemente por encima de la media, como se aprecia en el siguiente gráfico, mientras entre los mayores de 65 el porcentaje cae al 3%.

Estas curvas muestran como el proceso de sobreocupación de viviendas viene agravándose, principalmente, desde el año 2018. No ocurrió, ni siquiera, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, ni con la oleada de desahucios que se produjo en los años siguientes. “Una de las diferencias de aquella crisis con la actual es qué alternativas están disponibles para los hogares y cómo se han normalizado determinadas estrategias que en 2009, 2010 o 2011 eran de subsistencia, como compartir casa o el alquiler de habitaciones. Por supuesto, antes ya se hacía, pero eran sobre todo estudiantes o gente muy joven, como algo temporal”, explica la socióloga, “pero ahora lo vemos con gente de edad más avanzada, insertas desde hace mucho tiempo en el mercado laboral, pero que se encuentran con que no pueden pagar una vivienda”.

En paralelo a esta sobreocupación, el número de hogares unipersonales ha pasado de los 2,9 millones en 2022, a los 5,6 este año. Del 20 al 28% sobre el parque total y casi un 50% más. El dato en bruto no permite hacer un análisis exhaustivo, pero algunas tendencias sociales ayudan a explicar el fenómeno: emancipaciones, divorcios, mayor esperanza de vida y diversidad de hogares.

En este buscador puedes ver cuál es la superficie media de una vivienda en tu municipio:

Han pasado dos semanas desde que Estados Unidos e Israel atacaron unilateralmente Irán. El conflicto, que ha ido escalando desde entonces, ha sumado más incertidumbre a un escenario geopolítico incierto, sobre todo desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Al margen de los cientos de muertos y heridos y de algunos de los efectos de esta guerra que han comenzado a notarse ya en el bolsillo de los ciudadanos, como el incremento del precio de los carburantes, la crisis apunta a ser un potencial factor que agrave, aún más, la crisis de vivienda.

Durante unas jornadas celebradas este lunes, desde la Confederación Nacional de la Construcción ya alertaba que “la previsible escalada del precio de algunas materias primas y materiales de construcción —como el petróleo, el gas, el acero, el aluminio, la madera o el asfalto— como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo, podría incrementar los costes de producción” y agravar “la incertidumbre del sector, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados y la dificultad para planificar y ejecutar proyectos con estabilidad de costes”.

Unos días más tarde, el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Cortázar, celebraba que la economía española “está muy bien y goza de mucha fortaleza”, pero advertía que “todo hace pensar” que la guerra en Irán “llevará a las hipotecas a niveles mayores”. Como vienen repitiendo todos los expertos, el impacto del conflicto en los mercados dependerá de lo que se alargue la crisis, pero el Euríbor ya sufrió el martes un “incremento histórico en la cotización diaria”, del 2,367 al 2,552, señalan desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que han estimado que la revisión de los casos a corto plazo de la cuota hipotecaria podría suponer un incremento anual de hasta 177 euros, en el peor de los casos.

El experto económico de Asufin, Antonio Gallardo, confía en que las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, previstas para noviembre, amortigüen el golpe. “El precio de la gasolina afecta enormemente a la popularidad, así que si se dispara habrá una distensión”, indica. Con todo, la previsión de un primer semestre estable e, incluso, una pequeña bajada del euríbor en la segunda mitad del año se aleja. “A final de año se moverá en torno al 2,5 o 2,75. No es una cosa exagerada, pero no creo que haya incentivos a la baja”, apunta.

Pese a estos posibles incrementos y el pellizco en las revisiones de cuotas en hipotecas variables o las nuevas que vayan a firmarse, desde Asufin no ven todavía “una señal de alarma excesiva” en cuanto a la concesión de crédito, pero apuesta por “mantenerse vigilantes y cautelosos”. En este sentido, el problema sigue siendo una “disfunción estructural interna”, aclaran, en la que el principal obstáculo al acceso está muy vinculado al poder adquisitivo y la capacidad de ahorro de los hogares, que deben aportar en torno al 30% del precio de la vivienda. “Y los precios son los que son”, señalan estas mismas fuentes. En 2025, se dispararon un 12,7%, el mayor incremento desde la anterior burbuja inmobiliaria.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, ha puesto en alerta a los mercados. Esta semana, el barril de brent, de referencia en Europa, ha superado en varias ocasiones la barrera psicológica de los 100 dólares y ha llegado incluso a alcanzar los 120. “Para una economía importadora neta de energía, como la española, este tipo de shock tiene tres canales macroeconómicos principales, bastante bien documentados por el Banco de España, el Banco Central Europeo o la OCDE: un aumento de los costes de producción, presiones inflacionistas y deterioro de la renta real de los hogares”, explica el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Pinto.

“La escalada de algunas materias primas y materiales de construcción por la guerra puede incrementar los costes de producción para las empresas”, apuntan fuentes de la CNC, que añade que ese “encarecimiento agrava la incertidumbre que ya atraviesa el sector, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados y la dificultad para proyectar costes, que ya se han disparado más de un 45% desde 2021”.

Como muestra el gráfico anterior, el índice de costes del sector de la construcción, donde el coste energético supone en torno al 30% del total, se disparó entre 2021 y 2022, coincidiendo con un incremento del precio del petróleo. “Este episodio mostró hasta qué punto un shock energético puede trasladarse rápidamente a los costes del sector inmobiliario” y, “en un mercado como el español, donde la oferta de vivienda es relativamente rígida por factores regulatorios y urbanísticos, los aumentos de costes tienden a trasladarse a los precios de la vivienda nueva con bastante facilidad”, apunta Pinto. De hecho, a partir de 2022, el precio de la vivienda nueva ha registrado los mayores incrementos interanuales desde 2007.

En un análisis publicado la semana pasada, la consultora Oxford Economics, indicaba que las “presiones de costes derivadas del aumento de los precios energéticos se concentran en industrias intensivas en energía”, como las químicas o las relacionadas con los metales, sectores que producen insumos claves para la construcción.

“En el caso concreto de la vivienda, los datos muestran que el coste de construcción de la obra nueva sigue al alza y acumula una subida superior al 32% entre 2020 y 2025, hasta los 1.105 euros por metro cuadrado de media en vivienda plurifamiliar”, señalaban desde la CNC. Y las voces consultadas advierten no solo de un incremento en el precio para quien compre una casa, sino en un posible freno promotor, en un momento de baja producción, con un déficit de 700.000 viviendas, según los datos del Banco de España. “Los costes aumentan, pero los precios finales no se ajustan al mismo ritmo, los márgenes de promoción se reducen y algunos proyectos se posponen o directamente se cancelan”, indica Pinto, que advierte que “el shock energético puede actuar indirectamente, restringiendo aún más la oferta futura”.

Desde la patronal de la construcción han vuelto a insistir estos días en la necesidad de revisar la Ley de Contratos Públicos, para introducir un mecanismo que permita incorporar cláusulas de actualización de estos contratos, ante shocks energéticos, subidas de inflación o, incluso, salarios. Es una antigua demanda, en la que los empresarios no están solos porque cuenta con el apoyo de los sindicatos y, en el caso de repercutir los aumentos salariales, incluso del Ministerio de Trabajo, que choca con Hacienda, quien guarda la llave de la caja.

Al margen de la actualización de los contratos públicos, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, señaló el jueves que el Ejecutivo está analizando tanto el alza de los precios de los materiales como el Euríbor e insistió en la idea de que el Gobierno “trabaja en una respuesta a la crisis”, en términos generales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya avanzó ese mismo día algunas de las claves del nuevo escudo económico, con ayudas al transporte, al campo y la logística, aunque descarta, por el momento, subvenciones directas al combustible, como ocurrió tras el estallido de la guerra en Ucrania.

El Gobierno también contempla rescatar algunas de las medidas del escudo social, que tumbaron PP, Vox y Junts, como la prohibición del corte de los suministros para los hogares vulnerables. Desde Sumar han insistido en la necesidad de recuperar también el blindaje ante desahucios de familias vulnerables, que también decayó en febrero y que, actualmente, tiene difícil su aprobación parlamentaria, y la prórroga automática de los contratos de alquiler firmados durante la pandemia, que finalizan este ejercicio. Unos 600.000, según sus cuentas. Fuentes ministeriales indican que aún no hay nada cerrado, pero el ministro Cuerpo evitó el jueves pronunciarse sobre medidas concretas contra los desahucios. El ala socialista del Ejecutivo se ha mostrado en el pasado en contra de esa prórroga automática de los contratos que reclama su socio.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha pedido este viernes que tanto la prohibición de desahucios a hogares vulnerables como la prórroga se incluyan en el nuevo decreto “para hacer frente a la inflación por la guerra en Irán”. “Sería incomprensible que medidas como limitar el precio de los alquileres o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, que sí se tomaron durante la guerra de Ucrania, no se activen de la misma manera en este conflicto”, indican en un comunicado. El ministro Cuerpo, por su parte, admitía el jueves estar haciendo un “análisis muy pormenorizado de las medidas” que se pusieron en marcha entonces, aunque señalaba que la situación es todavía “muy lejano” al de 2022. Por el momento, el IPC cerró en febrero en el 2,3%, pero el dato recoge el periodo previo a la guerra, que comenzó el día 28 de ese mes.

La Agencia Tributaria intensificará para 2026 el control sobre sectores considerados “especialmente expuestos al fraude fiscal”, entre ellos el inmobiliario, la construcción, el comercio electrónico y el negocio de los hidrocarburos. El refuerzo de la vigilancia forma parte de las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según el documento, el Ministerio de Hacienda quiere “aprovechar el aumento de información financiera disponible” —procedente de bancos, plataformas digitales y sistemas de pago— para detectar rentas y patrimonios ocultos, así como para combatir la economía sumergida y el fraude fiscal en actividades empresariales.

La Agencia Tributaria también intensificará las actuaciones sobre multinacionales, grandes empresas y personas con patrimonios relevantes, además de vigilar el uso de estructuras societarias diseñadas para reducir artificialmente la factura fiscal.

Para detectar el fraude

Una de las principales novedades del plan es el uso intensivo de nueva información financiera. A los datos que ya recibe la Agencia Tributaria sobre pagos transfronterizos y sobre ventas realizadas en plataformas digitales —en el marco de la directiva europea DAC7— se sumarán nuevas declaraciones informativas del ámbito financiero.

Entre otros aspectos, Hacienda contará con información mensual sobre los cobros realizados con tarjeta por empresarios y profesionales, así como datos actualizados sobre la titularidad de cuentas bancarias. Con ello pretende detectar posibles ocultaciones de actividad económica, el uso de sociedades pantalla o tramas de fraude de IVA.

La Agencia Tributaria también reforzará el control sobre el uso de cuentas en entidades financieras digitales, los llamados neobancos, que pueden emplearse para ocultar rentas o patrimonios en el extranjero.

Foco en el mercado inmobiliario

Uno de los ámbitos prioritarios será el sector inmobiliario, en un contexto de reactivación del mercado tras años de menor actividad. Hacienda prevé reforzar las actuaciones de control y prevención del fraude en todas las fases del negocio: desde la promoción y la construcción hasta la comercialización, intermediación y alquiler de inmuebles.

La inspección prestará especial atención a riesgos habituales del sector, como la deducción improcedente de gastos financieros o la utilización abusiva de subcontratas. También se vigilará la correcta valoración de los inmuebles en las transmisiones, especialmente cuando intervengan entidades vinculadas o estructuras societarias complejas.

En el ámbito del alquiler, la Agencia Tributaria intensificará las comprobaciones sobre los rendimientos declarados, con especial atención a los arrendamientos gestionados a través de plataformas digitales y al mercado del alquiler turístico. El objetivo es detectar alquileres no declarados o fórmulas utilizadas para encubrir pisos turísticos como arrendamientos de temporada o de vivienda habitual.

Asimismo, Hacienda seguirá controlando el régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) y las ganancias patrimoniales obtenidas por no residentes con operaciones inmobiliarias en España.

Vigilancia reforzada en el sector de hidrocarburos

El plan también prevé intensificar las comprobaciones en el sector de los hidrocarburos, donde en los últimos años se han detectado importantes fraudes de IVA. Tras las medidas adoptadas recientemente, que según Hacienda han reducido significativamente estas prácticas, la Agencia Tributaria pretende evitar que el fraude se desplace a otras figuras del sistema fiscal.

Para ello se extremará la vigilancia sobre la operativa de los depósitos fiscales y se endurecerán las condiciones para ser titular de estas instalaciones, además de comprobar que los operadores inscritos en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales siguen cumpliendo los requisitos para permanecer en él.

Creadores de contenido: control del negocio digital

El comercio electrónico seguirá siendo otro de los objetivos prioritarios del plan. La Agencia Tributaria analizará posibles esquemas utilizados por empresas que aparentan estar establecidas en la Unión Europea para modificar su tributación en el IVA de las ventas realizadas a través de plataformas digitales.

También se intensificará la verificación de la tributación de los creadores de contenido en redes sociales, incluyendo el análisis de su residencia fiscal.

En paralelo, se reforzará el control sobre contribuyentes que hayan operado con criptomonedas y no hayan declarado las rentas o ganancias derivadas de su tenencia o transmisión. Para ello se utilizarán herramientas de análisis y trazabilidad basadas en tecnología blockchain.

Economía sumergida y facturación irregular

El plan contempla además nuevas actuaciones para combatir la economía sumergida. La Agencia Tributaria seguirá realizando visitas a negocios para comprobar su situación censal y fiscal, con especial atención a los establecimientos que no admiten pagos con tarjeta.

Asimismo, se intensificará la detección de entramados de facturación irregular mediante herramientas informáticas capaces de identificar toda la cadena de defraudación. Estas redes suelen basarse en sociedades sin actividad real que emiten facturas falsas para permitir deducciones indebidas de IVA o inflar gastos ficticios.

Más asistencia al contribuyente

Junto al refuerzo del control, el plan incluye mejoras en la asistencia al contribuyente. Hacienda ampliará el uso de herramientas digitales como “Censos Web”, que permiten gestionar trámites relacionados con el inicio o modificación de actividades económicas.

Además, se reforzará la atención presencial y telefónica mediante la incorporación de personal específico y la implantación de un sistema de cita en el mismo día, siempre que haya disponibilidad.

En materia de pagos, los contribuyentes podrán abonar deudas tributarias con tarjeta también en las oficinas de la Agencia Tributaria y por teléfono, sumándose a opciones ya disponibles como el cargo en cuenta o el pago mediante Bizum a través de la sede electrónica o la aplicación móvil.

El precio de la vivienda aumentó un 13,5% de media en 2025 en Extremadura, por encima del 12,7% de incremento nacional, según los datos que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este encarecimiento regional fue del 13,2% en el caso de la vivienda nueva y del 13,5% en la de segunda mano.

De media en España el precio de la vivienda se encareció un 12,7% en el año 2025, la tasa más alta que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

Con esta subida de dos dígitos, el precio de la vivienda acentuó en 2025 el incremento que registró en 2024 -del 8,4%- y encadenó 12 años al alza.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 12,9% de media anual en 2025, mientras que la nueva lo hizo un 11,3%. En ambos casos, se trata de los mayores aumentos en 18 años, cuando arranca la serie de esta estadística.

Durante 2025, el precio de la vivienda ha ido mostrando ligeros incrementos conforme avanzaba el ejercicio, aunque el índice se ha ido estabilizando con una subida del entorno del 12%.

Así, en el primer trimestre de 2025 el precio de la vivienda se encareció un 12,2% interanual, en el segundo un 12,7%, en el tercero un 12,8% y en el cuarto un 12,9%.

Todo ello en un contexto marcado por la falta de vivienda disponible en España para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

Además del alza que recoge el INE, los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana reflejan que el precio de la vivienda cerró 2025 con un incremento interanual del 13,1%, hasta los 2.230 euros/m2, el mayor importe de toda la serie histórica de su estadística de valor tasado, que arrancó en 1995.

Con estos datos del Ministerio, se superaron los valores durante el “boom” inmobiliario, situando la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad como la más cara, con más de 2.600 euros/m2.

Sube cerca del 13% en el último trimestre del año

En el cuarto trimestre de 2025 el precio de la vivienda aumentó un 12,9% respecto al mismo trimestre del año anterior, su mayor aumento en casi 19 años (desde el primer trimestre de 2007).

De esta forma, acumula 43 trimestres al alza, según la estadística del INE, que tiene en cuenta alrededor del 95% de las compraventas de viviendas realizadas en el trimestre y extrae los datos de los registros administrativos.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano fue la que más subió entre octubre y diciembre, un 13,1% -lleva cinco meses creciendo a doble dígito-, mientras que la nueva lo hizo un 11,2%.

Aumentos a doble dígito en todas las comunidades

En el cuarto trimestre de 2025, los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas, en su totalidad con crecimientos de dos dígitos.

Las mayores alzas de precios se registraron en Castilla y León (15,3%), Aragón, Murcia y La Rioja (las tres con un 14,4%); Madrid (14,2%) y Galicia (14,1%).

Por su parte, los menores aumentos, superiores al 10% en todo caso, se dieron en Cataluña (10,9%), Canarias (11%) y Navarra (11,4%).

Si se compara con el trimestre anterior, el tercero, el precio de la vivienda subió un 1,8%, la menor tasa intertrimestral del conjunto de 2025.

Los precios de la vivienda nueva aumentaron un 2,2% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al tercero, mientras que los de la vivienda de segunda mano subieron un 1,8%. 

La pista forestal que parte de las inmediaciones de la localidad de Perarrúa, en Huesca, se adentra en la ladera sin apenas señales. Ocho kilómetros después, el asfalto es un recuerdo y el paisaje se impone. Allí, en una posición dominante sobre el valle, resiste lo que queda de Arués: muros abiertos, vanos sin carpintería, la silueta de la ermita en la parte alta. Nada sugiere movimiento. Y, sin embargo, el despoblado vuelve a estar en venta, envuelto en un lenguaje que promete naturaleza, teletrabajo y turismo rural con encanto.

El anuncio se encuentra en el portal Aldeas Abandonadas (Aldeasabadonadas.com), especializado en la venta de despoblados, y no cita el nombre del núcleo por “confidencialidad”. Pero las imágenes y la descripción, con 400 hectáreas de terreno rústico, suelo urbano en torno a 5.500 metros cuadrados, varias casas a medio reformar, ermita y antiguas escuelas de titularidad municipal, apuntan con claridad a Arués. El precio, cercano a 1,2 millones de euros tras una rebaja sustancial, condensa una historia larga de expectativas frustradas.

Arués fue un pueblo pequeño incluso en su mejor momento. A comienzos del siglo XX llegó a censar algo más de ochenta habitantes y una decena larga de casas abiertas. Compartía parroquia con el también hoy despoblado de El Mon y conservaba, en la parte superior del caserío, la ermita de San Valero, un templo de factura popular del siglo XVI. Como tantos otros enclaves del Pirineo y el Prepirineo, fue perdiendo población a partir de los años 40 y 50 en un proceso marcado por la emigración, la dureza de los accesos y la transformación del modelo agrario. Hacia los años setenta ya estaba vacío.

Durante décadas apenas fue un nombre en los inventarios de despoblados. La vegetación ganó terreno, las cubiertas se hundieron y el núcleo quedó reducido a ruina pintoresca. El giro llegó en 2002, cuando un empresario inmobiliario madrileño adquirió progresivamente la práctica totalidad de las propiedades privadas. Primero compró la mitad del caserío a un único dueño; después fue sumando el resto. La operación se planteó desde el inicio como una rehabilitación integral con vocación residencial y turística.

En 2007 trascendió públicamente la idea: convertir Arués en una “ciudad del descanso”. El concepto combinaba viviendas, apartamentos susceptibles de destinarse a alojamiento, equipamientos en los antiguos edificios públicos y un perfil ligado al bienestar —llegó a mencionarse la posibilidad de una escuela de yoga—. La inversión prevista rondaba los dos millones de euros y el proyecto se articuló a través de la sociedad Arués 2008 S. L.

El Ayuntamiento de Perarrúa redactó un plan especial para ordenar la reconstrucción del núcleo. El documento, que salió a información pública, contemplaba la edificación de 48 viviendas para una población estimada de 150 habitantes, manteniendo la volumetría y el emplazamiento originales de las construcciones. La idea era que casas, apartamentos y habitaciones hoteleras respetaran la morfología tradicional, recuperando el caserío como conjunto coherente.

La operación avanzó en paralelo en el frente de las infraestructuras. Se firmaron convenios para llevar la electricidad hasta el núcleo, en colaboración con el Gobierno de Aragón, y para garantizar el abastecimiento de agua desde depósitos cercanos. También se abordaron los trámites ambientales, con la intervención del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Sobre el papel, el proyecto parecía encarrilado.

Pero el contexto cambió bruscamente con la irrupción de la Operación Púnica, la investigación judicial que destapó una trama de corrupción en la Comunidad de Madrid y que tuvo como principales rostros al exdirigente del PP madrileño Francisco Granados y al empresario David Marjaliza. Algunas de las sociedades vinculadas al promotor de Arués fueron investigadas en el marco de ese entramado. Aunque el propietario defendió públicamente que el proyecto pirenaico no tenía relación con las irregularidades investigadas y que él no estaba imputado, la sombra del caso añadió incertidumbre.

Mientras los expedientes seguían su curso administrativo, el tiempo jugó en contra del pueblo. Las edificaciones que en 2002 aún conservaban cubiertas terminaron por ceder. La falta de intervención efectiva aceleró el deterioro. Donde se proyectaban viviendas rehabilitadas, hoy apenas quedan paredes perimetrales. El presupuesto de dos millones de euros se volvió insuficiente ante el avance de la ruina. Y el plan especial, pese a su aprobación, no se tradujo en obra material.

Una década después de que el proyecto urbanístico estuviera sobre la mesa, Arués ha regresado al punto de partida: el mercado inmobiliario. El anuncio actual destaca la existencia de proyecto aprobado y urbanización lista para comenzar la rehabilitación. Subraya la disponibilidad de luz, agua de manantiales legalizados y cobertura móvil. Presenta el enclave como idóneo para hostelería, turismo rural o uso empresarial vinculado al teletrabajo. La narrativa es la de una oportunidad lista para activarse.

El contraste con la realidad física es evidente para quien asciende por la pista forestal. Arués carece hoy de servicios básicos operativos. El acceso sigue siendo una vía sin asfaltar. No hay red de saneamiento ni equipamientos en funcionamiento. La ermita resiste, pero el conjunto urbano es un esqueleto. La pregunta que sobrevuela el valle es si el nuevo intento de venta será el preludio de una segunda oportunidad real o un capítulo más en la cadena de expectativas incumplidas.

Un planteamiento todavía más ambicioso es el de otra aldea pirenaica que ha salido recientemente al mercado por 3,5 millones de euros. Se trata de una pequeña finca situada a unos 15 kilómetros de Jaca que, según el anuncio publicado por la web inmobiliaria Aldeas Abandonadas, abarca 1.150 hectáreas y cuenta con dos viviendas para rehabilitar con permiso municipal. La oferta subraya su ubicación estratégica, a un cuarto de hora de Jaca y junto a la autovía Mudéjar, y presenta el enclave como una “atalaya” con vistas privilegiadas del Pirineo.

Más que un proyecto residencial al uso, la propuesta pivota sobre el aprovechamiento extensivo del territorio: 554 hectáreas de pinar silvestre, 244 de pastos permanentes y abundante fauna cinegética, desde jabalí y corzo hasta perdiz y liebre. El propio anuncio apunta a la posibilidad de constituir un gran coto de caza mayor y menor o destinar la finca a ganadería vacuna en libertad, e incluso ampliar la superficie adquiriendo parcelas colindantes.

El caso de Arués no se entiende sin situarlo en un fenómeno más amplio: la reutilización de despoblados aragoneses en clave turística o recreativa desde comienzos del siglo XXI. Frente a la despoblación estructural, algunas iniciativas han apostado por reconvertir núcleos abandonados en complejos vacacionales o destinos culturales.

Uno de los ejemplos más consolidados es Morillo de Tou, en la comarca aragonesa de Sobrarbe. También desalojado por la construcción de un embalse, el pueblo fue rehabilitado de forma integral y hoy funciona como centro vacacional con apartamentos, camping y servicios hosteleros, gestionado por Comisiones Obreras. Allí la recuperación fue completa y la actividad económica estable en el tiempo.

Casos con final feliz

En el valle de Tena, Lanuza siguió un itinerario diferente. Expropiado por la construcción de su embalse, quedó vacío durante años hasta que antiguos vecinos comenzaron a reconstruir viviendas. La celebración anual del festival Pirineos Sur reforzó su proyección turística. La recuperación fue progresiva y vinculada al arraigo de quienes habían sido desalojados, no a una operación inmobiliaria de nueva planta.

Más orientado al turismo cultural está Ruesta, junto al embalse de Yesa. El núcleo, también deshabitado tras la construcción de la presa, fue parcialmente rehabilitado para ofrecer albergue y servicios a los peregrinos del Camino de Santiago aragonés. No recuperó una población estable significativa, pero sí una función económica concreta.

En el extremo opuesto se sitúa Belchite. El pueblo viejo, arrasado en la Guerra Civil, nunca se reconstruyó. Desde los años 2000 se consolidó como espacio de memoria y destino de visitas guiadas. Allí la actividad turística no implicó reedificar viviendas ni atraer residentes, sino preservar las ruinas como testimonio histórico.

Comparado con estos casos, Arués representa el modelo que no termina de arrancar: el de la gran operación inmobiliaria proyectada sobre un núcleo vacío, dependiente de una fuerte inversión inicial y de la tramitación administrativa completa antes de colocar la primera piedra. Mientras Morillo de Tou o Lanuza se apoyaron en una gestión continuada o en la iniciativa vecinal, Arués quedó supeditado a un único promotor y a un calendario que nunca se cumplió.

Los inquilinos del portal número 18 de la calle Mercaderes en Pamplona barajan denunciar a la empresa dueña del bloque, propiedad de Fernando Vidaurre, por acoso inmobiliario tras casi 11 meses de presiones. El periplo comenzó a finales de abril de 2025, cuando les anunciaron la venta de los pisos y la necesidad de que los desalojasen, a pesar de que todos ellos tenían contratos en vigor. Desde entonces, los vecinos alegan haber vivido obras innecesarias, desactivación del ascensor, amenazas y en ocasiones no se les han garantizado las condiciones mínimas de habitabilidad. Además, según ha podido conocer elDiario.es/Navarra, no es el primer caso en el que el dueño de Vidaurre Group, constructora de numerosas obras a grandes instituciones (como el Centro Bioma de la UNAV, que cuenta con un presupuesto de 45 millones de euros; o el proyecto Iberia Loreto 1, encargado por el Ayuntamiento de Madrid por 12 millones) genera descontentos entre los vecinos del Casco Viejo de Pamplona.

Los vecinos que aún resisten en el bloque del número 18 de la calle Mercaderes, una de las más icónicas de Pamplona por ser escenario de los encierros, recuerdan bien el día que comenzó todo: 28 de abril de 2025, día del apagón nacional. El empleado y portavoz de Fernando Vidaurre, propietario de la empresa VDR (Vidaurre Group), dueña del edificio, les convocó a una reunión en su sede, ubicada en la calle San Agustín, para decirles que “iban a vender el edificio y tenían que marcharse”, según han relatado los inquilinos. “Intentaron engañarnos para que firmásemos nuestra salida, pero no firmamos y avisamos a todos los vecinos que no lo hicieran”, recuerdan algunos de ellos.

Según han explicado los propios moradores, algunos de los inquilinos llevan viviendo desde 2021 y “la última persona entró en abril de 2025”, el mismo mes de la notificación. Además, algunos tienen “contratos de siete años” de vigencia por “ser la propietaria una persona jurídica”, explican.

Dos meses antes, en febrero del pasado año, se hacía pública la noticia en un periódico local de que el edificio había conseguido, a través de un recurso presentado al Ayuntamiento de Pamplona, once licencias turísticas (correspondientes a las once viviendas que componen el inmueble). Según el Sindicato Socialista de la Vivienda, vinculado a GKS, antes de la compra del edificio por parte del Grupo Vidaurre en 2019, las viviendas fueron apartamentos turísticos gestionados por el Hotel Avenida desde 2012. Con el cambio de dueño, el edificio se siguió explotando turísticamente hasta la pandemia, momento en el que se reconvirtió para el alojamiento de viviendas convencionales.

“Los vecinos [del edificio] conocíamos el sindicato porque lleva tiempo activo en Iruñea”, señalan los inquilinos, que se pusieron en contacto con la organización para resolver las dudas sobre sus situaciones. “Ha supuesto una seguridad a la hora de conocer nuestros derechos como inquilinos” y así poder seguir adelante, afirman. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, el propietario no puede echar a los inquilinos únicamente porque quiera vender la vivienda, ya que la venta no extingue bajo ningún concepto el contrato de alquiler, sino que el comprador quedaría sujeto al contrato vigente y sus plazos establecidos. Además, si el propietario desea alcanzar un acuerdo para que los inquilinos abandonen la vivienda antes, este solo es posible si los inquilinos aceptan voluntariamente, ya que no existe obligación legal de que lo hagan. Por tanto, si quieren permanecer en la vivienda hasta la finalización del contrato, tienen derecho a hacerlo. En el caso de que el propietario quiera vender el inmueble vacío, deberá esperar a que finalice el contrato o negociar una salida anticipada con los inquilinos, sin poder imponerla unilateralmente conforme a lo previsto en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos.

Las nuevas reuniones que mantuvieron los vecinos y el propietario en mayo para negociar una posible salida, no fueron fructíferas. El dinero que les ofrecieron “no era justo”, explica uno de los vecinos. “Durante ese tiempo, estuvimos buscando viviendas, pero no encontramos ningún otro lugar con unas condiciones parecidas. O eran muy caras, o están lejos, o no son de larga estancia”, dicen. Ante la negativa de abandonar las viviendas —que en ese momento eran cinco puertas de las once que tiene el edificio—, porque “estaban bien” en sus casas y no querían mudarse con “peores condiciones simplemente porque al dueño le viniese bien”, el empleado de Vidaurre Group les advirtió: “Estáis bien hasta que no lo estéis, porque en el edificio las cosas empiezan a fallar. No es presionar, es lo que va a pasar”. En otra ocasión, los vecinos recuerdan que Fernando Vidaurre les advirtió que “tenía sus armas” si no pactaban con él.

Según los afectados, Vidaurre y su representante se negaron a que el sindicato mediase en las “negociaciones”, además de vetar la entrada de la organización a las reuniones mantenidas durante el año pasado. Respecto a las instituciones oficiales, algunas de las vecinas explican que acudieron a la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona y se sintieron “totalmente infantilizadas y humilladas”. “También hemos llamado por teléfono [a otros organismos] y no nos han aclarado nada”.

Durante el verano, a una de las casas se le averió el agua caliente. Sin embargo, los propietarios se negaron a arreglarla durante meses, corriendo finalmente la reparación a cargo de los vecinos, que todavía no han recibido reembolso de los gastos. Según relatan los inquilinos, “hay un gran cambio de actitud y atención” desde que los propietarios comenzaron la campaña y ahora. Antes, “la comunicación era fluida” y las respuestas ágiles. Pero, desde el comienzo de la situación, la propiedad “usa el desgaste” e ignora a los vecinos, a pesar de que está obligada a mantener la habitabilidad de la vivienda. Lo mismo pasó en otro piso con la calefacción, averiada a finales de verano. “Nos trajeron radiadores enchufables, pero seguía haciendo frío”, declaran las inquilinas, que durante la ola de frío de diciembre (cuando las temperaturas rozaron los 3 grados bajo cero) el domicilio no superaba los 15 grados, según declaran. También tenían miedo de pedir la reparación por si no la finalizaban. “Es calefacción radiante y hay que levantar todo el suelo. Como quieren que nos vayamos, lo mismo nos dejan sin suelo y no lo reparan”.

En septiembre de 2025, los vecinos conocieron a Fernando Vidaurre en una reunión para intentar llegar a un acuerdo y exponerle sus condiciones. Sin embargo, el propietario no aceptó y, además, les avisó de que se realizarían obras de reparación de unas humedades ubicadas en el portal. Poco después, ya en el mes de octubre, bajaron los plomos del ascensor y comenzaron a picar el techo y las paredes del portal. Según cuentan los vecinos, en seis meses los obreros han aparecido en el lugar menos de media docena de veces. Ante las preguntas de los vecinos sobre la duración de las obras y, sobre todo, la gestión de los residuos —como los cascotes y fragmentos de pared, que quedaban esparcidos por el suelo e imposibilitaban deambular por el portal—, la respuesta por parte de Vidaurre Group fue nula. Les dijeron que “la empresa estaba buscando la humedad” y que no dependía de ellos, pues “los obreros no pertenecían a la empresa”. Sin embargo, los vehículos que manejaba el personal de la “reparación” pertenecían a la compañía de Fernando Vidaurre.

En la memoria de obras, presentada por el propietario al Ayuntamiento y a la que ha tenido acceso elDiario.es/Navarra, se describe que “en las zonas comunes del edificio se han detectado humedades que con el tiempo han ido a más”, provenientes de “los locales contiguos (medianeros)” del edificio. Sin embargo, en la página siguiente de este mismo informe, donde se detalla la obra, se describe que la intervención es un “tratamiento de humedades por capilaridad”. De la misma manera, en los bloques colindantes —correspondientes al número 4 de la calle Calderería y a Mercaderes 16— no se han realizado obras relacionadas con humedades, según el registro de licencias del Consistorio. Tampoco han tenido este tipo de problemas en el local de hostelería que ocupa el bajo de Mercaderes 18, según ha explicado el encargado, que corrobora la versión de los vecinos de que “el portal se encontraba en perfecto estado”. También, respecto a esta intervención, hay registrada en el Ayuntamiento una incidencia relacionada con una mala gestión de los residuos por hallarse esparcidos por todo el habitáculo que compone el portal y la salida.

Ante la duda de que las obras encargadas por Fernando Vidaurre tuvieran como único fin amedrentarles, los vecinos encargaron a un perito un análisis técnico. Las conclusiones, tras varias páginas que explican el arduo análisis que se hizo in situ y de los restos, fueron muy rotundas, concluyendo que “nada” indicaba “la necesidad de acometerlas”. Además, en las conclusiones del informe también se refieren a la desactivación del ascensor, reflejando que “se desconoce la causa por la que no está en funcionamiento, ya que no se han observado afecciones en su entorno”; y añaden que las obras “se están realizando de forma intermitente”, pudiendo “dar lugar a incidentes” por “el tránsito de personas permanente [al ser un portal de acceso a viviendas]”.

Junto con el Sindicato Socialista de la Vivienda, los inquilinos convocaron el 3 de noviembre de 2025 una rueda de prensa frente al portal para “denunciar la situación” que vivían particularmente de “acoso inmobiliario”, pero “más allá de su situación particular”, exponer la problemática del “negocio turístico” en el Casco Viejo de Pamplona. Ese mismo día, según los inquilinos, Fernando Vidaurre supo de la convocatoria antes de celebrarse, pues poco antes de la llegada de los medios limpiaron los escombros y cascotes para meterlos en bolsas, que agolparon en el portal. Una vez terminada, Vidaurre llamó a una de las vecinas, que había actuado como portavoz, “gritando y de muy mala manera” para decirle que “lo que decía era mentira”, relata la joven. Además, la vecina declara que el arrendatario le avisó de que iba a llamar al director de un periódico local (que había cubierto la convocatoria) para que borrase la noticia y, por lo visto, así ocurrió. Poco después del inicio de la campaña, Fernando Vidaurre también se personó delante de la farmacia donde trabaja uno de los inquilinos —que había secundado la protesta— y, según cuenta él mismo, “lo amenazó”, diciendo que le iba a empapelar el escaparate del negocio y que “estaba investigando” a él y a su familia. Otra vecina también alega que Vidaurre llamó a su trabajo preguntando por ella. “Lo hacen para que sepas que te han fichado”, hipotetiza.

Una de las vecinas recuerda que “tuvo mucha ansiedad durante esos días” porque “se ha vendido una historia que no es del todo cierta”. “Hemos sentido muchas veces frustración”. Sin embargo, alega que, a pesar de la incomodidad de la situación, seguían sin encontrar una alternativa viable y se quedaron “simplemente por dignidad y convicción”. “No puede ser que porque quieran hacer negocio nos tengamos que ir de nuestras casas”.

Menos de dos semanas después, el 14 de noviembre, se celebró una asamblea en el Casco Viejo pamplonés “para hablar del tema”, tanto de la situación que vivían los vecinos, como otros casos similares en el barrio. “Acudió mucha gente y hablaron de su situación”, muchas de ellas similares, relatan los asistentes. “Sentimos mucho cariño”, declaran. Un mes después, se convocó una movilización en el Casco Viejo, junto con los vecinos del bloque número 18 de la calle Mercaderes, para denunciar “el negocio inmobiliario” y sus “consecuencias negativas”.

No fue hasta principios de febrero, cuando los obreros comenzaron a recoger el equipo de obra (como los puntales o plásticos) y a reconstruir la pared y el techo del portal. Cabe decir que la fecha coincidía con el vencimiento de la licencia de obra por “humedades”. También “empezaron a hacer obras en los pisos vacíos [en total 6] y activaban el ascensor [que llevaba apagado desde el inicio de las obras por las supuestas humedades] mientras trabajaban”, aunque después lo volvían a apagar, declara una vecina. Por esas fechas, el 11 de febrero de este año, aparecía una pancarta en el segundo piso del inmueble donde anunciaban la venta de los pisos. Un anuncio que el Sindicato Socialista de la Vivienda interpretaba como una victoria. En una rueda de prensa, la organización afirmaba que, “gracias a la presión y la lucha de los vecinos y del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria”, Vidaurre renunciaba a “construir pisos turísticos”. Sin embargo, en las diversas veces que se ha llamado al número que se expone en el cartel —también desde distintos números de teléfono y tramos horarios— siempre ha saltado un contestador automático.

Por su parte, Fernando Vidaurre, preguntado por este periódico, ha alegado que todo forma parte de una “extorsión personal”. Según declara, la versión expuesta por los vecinos es “mentira” y ya “han conseguido lo que ellos querían”, pues ha renunciado a las licencias turísticas. Ha defendido la existencia de humedades en todo el edificio y ha anunciado que irá a por los vecinos “judicialmente” si dicen “una injuria más”. “Lo tengo todo preparado”, sostiene. Según cuenta, dispone de “toda la documentación” que avala sus declaraciones, pero ha rechazado facilitarla para contrastar la información, como fotos del “portal con humedades”, “el hueco del ascensor inundado” o “correos de la comunidad del edificio contiguo” quejándose por la humedad que causa el número 18 de Mercaderes. “Yo solo quiero irme de ahí. Desaparecer y que sean felices. No soy un especulador”, declara el empresario a este medio. “Voy a vender los pisos uno a uno a inversores. Los voy a vender como empresario, porque tengo derecho”.

Incidente con un trastero

En este mismo edificio, hubo en 2022 otro percance grave relacionado con el empresario. Vidaurre Group vació dos trasteros que no eran de su propiedad. “Rompieron nuestra cerradura y pusieron otra” sin dejar rastro de “todas nuestras cosas”, recuerda la propietaria. El empleado y representante del empresario, el mismo con el que los inquilinos han mantenido el contacto, explicó a la propietaria que “pensaban que los objetos eran de turistas”. Según cuenta ella, Fernando Vidaurre “nunca se puso en contacto” con la afectada “ni para pedir perdón, ni para hacer ninguna propuesta”.

La dueña de los pequeños inmuebles, vecina también de la calle Mercaderes, aunque no del portal 18, compró estos trasteros en 2013. En agosto de 2022 tras “meses sin ir por la pandemia y enfermedades”, tal y como relata la vecina, su hija “fue a coger la bici y no le entraba la cerradura”, aunque pensó que “la llave estaría mal”. Una vez comprobaron que se había cambiado bombín, preguntaron a Vidaurre Group qué había ocurrido muy extrañadas. “Tenían medios para saber que esos trasteros eran de mi propiedad” y no “hicieron nada por comunicarnos” cualquier cambio “en ningún momento”, reclama la propietaria

Después de un buen rato y avisar a la empresa de que iban a llamar a la Policía Municipal, la vecina recuerda que el representante de Vidaurre les dijo por llamada que habían vaciado el trastero “por un error”. “Nos dijeron que habían reformado el portal para justificarlo, pero no lo habían hecho”, apostilla la vecina. Según la Oficina de Rehabilitación Urbana del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona, en 2021 solo se realizó una “reforma de pintura en la fachada” desde los balcones, no habiendo constancia de que se hubiera reformado el portal por aquellas fechas.

Además, la empresa de Vidaurre tardó casi dos semanas en darle las llaves. Mientras, la propietaria interpuso una denuncia en la Policía Nacional detallando todo lo que había en los dos trasteros. “Había cosas de todo tipo, muchas de ellas buenas, como la bici, muebles antiguos, mesas de marquetería, equipos de música, material de camping, de playa, maletas...”, todo con un incalculable “valor personal y sentimental”, incluido todos “los recuerdos de infancia de sus hijos”.

Al recibir las llaves, Vidaurre Group solo les dio dos copias, alegando que la otra estaba en paradero desconocido y “la tenían que localizar”, según cuenta la vecina. En el trastero “había un extintor, una mesa del bar de al lado y una fregona con su cubo”, recuerda. Abrir el trastero y que no quedase rastro de sus cosas fue un “shock total”, recuerda la afectada. Avisó a la empresa para informar sobre los objetos y, al volver al día siguiente, “no había nada”. “Habían vuelto a entrar sin permiso y la llave esa que estaba perdida, no lo estaba tanto”, explica la mujer, que procedió a cambiar las cerraduras para que “no hubiera copias por el mundo”.

Según ella, el “encargado de Vidaurre” le admitió en una reunión que “habían tirado todo” al contenedor de escombros “porque estaban de obras” y “pensaban que eran cosas de los turistas”. Aunque “un trabajador del bar de abajo dijo que había cosas que tiraron y otras que se las llevaron en furgonetas”, matiza la vecina. En la reunión que tuvo con el empleado de la empresa de Vidaurre, este le hizo una oferta de compra por los trasteros, aunque, según la dueña, la cifra fue “una desfachatez”. “Nos ofrecieron por los dos trasteros el precio que pagamos por solo uno [casi 10] años antes”.

Cuando la propietaria le avisó que acudiría a la vía penal —por recomendación de la Policía Nacional que la había atendido y su abogado— el empleado de Vidaurre Group le avisó de “con quién se estaba metiendo”. “Ha hecho el [estadio de Osasuna] Sadar”, le advirtió supuestamente este. Durante el juicio, Vidaurre argumentó que las vecinas “tenían que haber ido con más frecuencia”, explica la demandante, a lo que ella misma se pregunta: “¿pero qué obligación tenemos nosotros de ir al trastero cuando tú nos lo digas?”. Además, el empresario declaró que había sido él quien había cambiado la cerradura final de las puertas, a pesar de que la propietaria conservaba las facturas del cambio de bombín. Finalmente, la demanda no dio sus frutos por la vía penal y acudieron a la civil, donde se “conformaron con 6.000 euros”, aunque la dueña había tasado sus enseres por un valor muy superior. “Aceptamos el acuerdo por el temor a quedarnos con los 800 euros que ofrecían ellos, no se hizo justicia para nada”, lamenta. El asunto acabó en febrero de 2025, tres años después del incidente.

Los vecinos del edificio de Mercaderes 18 conocieron la historia de la propietaria del trastero y su hija porque ellas siguen utilizando el pequeño inmueble para guardar otras cosas. “Fui un día a por la bici, vi que estaba todo el portal sucio y pregunté a las vecinas, que me contaron lo que pasaba”, relata la hija de la propietaria. “Entonces les conté nuestra historia y establecimos contacto”. Además, en la asamblea el 14 de noviembre, también “hubo una vecina, que vivió en este edificio, que tuvo una experiencia horrorosa” con Vidaurre, relatan.

En esa reunión, la propietaria del trastero y su hija se sintieron reconfortadas. “A la mujer [que anteriormente vivió en el edificio] se le removía el estómago al saber que [supuestamente, Vidaurre] seguía haciendo lo mismo”. Ahora, afirman que “siguen dando su apoyo” a los vecinos de Mercaderes 18 por “la pesadilla” que vivieron ellas. “[Con nosotras, la empresa de Vidaurre] tuvo la misma actitud que ha tenido con estos chicos”, describe la vecina con pena.

Los inquilinos del edificio consideran que organizarse “ha sido un acierto” y ha ayudado mucho. “A la hora de tomar decisiones nos ha dado una posición de poder diferente”, apostilla una de las vecinas del bloque, que también ha dado valor al soporte moral que ha supuesto. “Cuando nos hemos sentido más vulnerables siempre nos ha reconfortado hablar y darnos fuerzas entre nosotros”, aunque antes no se conocieran “más allá de vernos en el ascensor”. Según aseguran los vecinos, la ayuda del Sindicato Socialista de la Vivienda les ha permitido matizar “todas las verdades a medias (o directamente mentiras) que nos han ido tratando de colar los propietarios”. Además, “está claro que solos no hubiéramos tenido medios para convocar una rueda de prensa y darle tanta visibilidad a la situación del Casco Viejo”, afirman. Aunque también es cierto que, conforme la situación seguía avanzando, ha habido ciertas discrepancias entre la organización y algunos vecinos. A pesar de ello, los inquilinos tienen una cosa clara: “[Vidaurre] nos ha hecho sentir que no podíamos hacer nada, pero luego hemos visto que, realmente, se podía hacer mucho”.

Esporles vuelve a ir a contracorriente. Este pueblo mallorquín enclavado en plena Serra de Tramuntana, varios de cuyos vecinos batallan desde hace más de dos años por la desclasificación de los sondeos que habría encargado Adolfo Suárez para conocer si la opinión pública prefería un Estado monárquico o republicano, ha decidido desafiar las políticas del Govern de Marga Prohens (PP) en materia de vivienda. El pleno municipal aprobó a última hora de este miércoles la autodeclaración simbólica de la localidad como zona tensionada, una figura prevista en la ley estatal de vivienda que el Ejecutivo autonómico, con el apoyo de Vox, se niega a aplicar a pesar de la creciente presión inmobiliaria y del imparable encarecimiento de los alquileres. Esporles es, de hecho, uno de los municipios que de forma más acusada ha visto transformado su equilibrio social como consecuencia de la escalada de precios, la irrupción de inversores extranjeros de alto poder adquisitivo y el desplazamiento gradual de sus vecinos.

“El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo”, subraya el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, representante de la coalición ecosoberanista PAS-Més. En declaraciones a elDiario.es, señala que la autodeclaración como municipio tensionado es “un acto de autodefensa como pueblo” y de protección “de los derechos de aquellas personas que no llegan a final de mes para poder pagar un alquiler”.

Aunque las competencias en cuanto a la regulación de la vivienda corresponden al Govern, el gesto permite convertir un problema estructural en un conflicto político visible. No en vano, el acuerdo aprobado por el pleno no se limita a la autodeclaración como mercado tensionado, sino que traza una hoja de ruta institucional y jurídica: el Ayuntamiento trasladará formalmente al Ejecutivo la solicitud para que inicie el procedimiento oficial de declaración de zona tensionada y le instará a emitir una resolución motivada basada en datos objetivos. Asimismo, impulsará la elaboración de una memoria municipal específica sobre la situación del mercado residencial y, además, se reservará el derecho de estudiar acciones jurídicas contra la negativa del gabinete de Prohens a desplegar en Balears la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda -más conocida como ley de vivienda-.

El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo

Josep Ferrà — Alcalde de Esporles

Mediante la iniciativa sacada adelante con los votos de la mayoría de izquierdas, el consistorio también se compromete a continuar desplegando políticas locales de acceso a la vivienda y a reforzar el arraigo de la población residente. La propuesta precisa que la declaración de zona tensionada “no es únicamente un mecanismo de limitación de precios”, sino “un instrumento integral de política pública”, y desliza que la “negativa genérica” del Govern a aplicar la ley estatal “puede suponer una vulneración del principio de buena administración”. Asimismo, aclara que la declaración es compatible con las políticas de aumento de la oferta de vivienda. El Ayuntamiento prevé trasladar sus acuerdos al Ejecutivo balear, al Consell de Mallorca, a los grupos parlamentarios y a las entidades municipalistas.

Fincas de lujo, vecinos desplazados

Esporles, como otros pueblos de la Serra -el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO-, ha pasado en menos de una década de ser un refugio discreto a convertirse en objetivo del capital internacional y los compradores extranjeros de alto poder adquisitivo. Algunos adquieren fincas para transformarlas en una más de sus múltiples y lujosas residencias; otros, para maximizar su rentabilidad mediante su reconversión en hoteles boutique u otros negocios vinculados al turismo de alto nivel. Un proceso que no solo ha disparado los precios de la vivienda con la consiguiente expulsión de su población residente, sino que también ha acelerado la privatización progresiva del entorno debido al cierre de caminos y las restricciones de acceso a espacios que durante generaciones fueron de uso común, agravando con ello el proceso de segregación social del municipio.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un “exclusivo piso” que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su “diseño”, “tranquilidad” y sus “vistas a la montaña”. El precio: 1.500 euros.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un "exclusivo piso" que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su "diseño", "tranquilidad" y sus "vistas a la montaña". El precio: 1.500 euros

Tal como subraya la moción de PAS-Més, la situación de emergencia habitacional se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y expulsión residencial tanto en Esporles como en el resto de Balears. “Nuestro municipio ha experimentado en los últimos años un incremento sostenido y desproporcionado de los precios del alquiler y de la compra. Este aumento, junto con la presión especulativa, la escasez de oferta residencial y la conversión de viviendas en usos turísticos, ha provocado que muchas familias se encuentren en una situación límite”, prosigue el texto. El resultado, según el propio documento, es un proceso de expulsión residencial que afecta especialmente a jóvenes y familias trabajadoras, obligadas a destinar “una parte inasumible de sus ingresos al alquiler”, o bien a abandonar el municipio “en el que han crecido, trabajan o mantienen sus vínculos sociales y familiares”.

El Ayuntamiento solicitó formalmente al Govern la declaración oficial de zona tensionada, pero la respuesta fue negativa. La Dirección General de Vivienda argumentó que la medida es una potestad, no una obligación, y sostuvo que la limitación de precios podría reducir la oferta de alquiler en el mercado balear.

El Consistorio, sin embargo, rechaza ese razonamiento. La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial. El Ayuntamiento considera que Esporles cumple estos indicadores y que la declaración es necesaria para proteger a la población residente y garantizar el derecho a la vivienda. La autodeclaración simbólica es, en ese sentido, un acto de presión institucional: una forma de forzar al Govern a motivar su negativa con datos concretos o a asumir el coste político de ignorar la situación.

La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial

Esporles, símbolo de resistencia municipal

No es la primera vez que Esporles adopta decisiones institucionales que lo sitúan en el centro del debate político, en abierta contradicción, además, con el rumbo político del Govern de Prohens. En julio del año pasado, el Ayuntamiento aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista: de acuerdo a las investigaciones memorialistas, entre el alzamiento fascista y 1939, los sublevados se llevaron por delante, de forma directa o indirecta, la vida de al menos 21 personas: diez de ellas fueron ejecutadas, nueve fueron víctimas de desaparición forzada -tres de las cuales han sido localizadas y exhumadas-, y dos más se suicidaron.

El año pasado, el Ayuntamiento de Esporles aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista

El Grupo de Memoria Democrática de Esporles -constituida como delegación local de la asociación Memòria de Mallorca, eleva a cerca de 300 las mujeres y hombres que fueron represaliados “por tener unas ideas diferentes de quienes se sublevaron contra la Segunda República”. Entre otras medidas, la ordenanza contempla el reconocimiento institucional de las víctimas, la instalación de placas y elementos conmemorativos en espacios públicos, la revisión del callejero y de los honores municipales para eliminar referencias contrarias a los valores democráticos, y la creación de un registro local de quienes fueron perseguidos o sufrieron la confiscación de sus bienes.

También en Esporles, un grupo de 74 personas emprendió hace más de dos años una insólita batalla: que el Gobierno haga públicas las encuestas que el expresidente Adolfo Suárez habría encargado en 1976 para preguntar a la opinión pública si prefería un Estado monárquico o republicano, como el propio mandatario de UCD confesaría décadas después: “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, señaló. La iniciativa convirtió al municipio en un actor inesperado en el debate histórico y político de la Transición.

Esporles torna a anar a contracorrent. Aquest poble mallorquí emplaçat en plena Serra de Tramuntana, alguns veïns del qual lluiten des de fa més de dos anys per la desclassificació dels sondejos que el 1976 hauria encarregat Adolfo Suárez per conèixer si l'opinió pública preferia un Estat monàrquic o republicà, ha decidit desafiar les polítiques del Govern de Marga Prohens (PP) en matèria d'habitatge. El ple municipal ha aprovat aquest dijous a darrera hora l'autodeclaració simbòlica de la localitat com a zona tensionada, una figura prevista en la llei estatal d'habitatge que l'Executiu autonòmic, amb el suport de Vox, es nega a aplicar malgrat la creixent pressió immobiliària i de l'imparable encariment dels lloguers. Esporles és, de fet, un dels municipis que de forma més acusada ha vist transformat el seu equilibri social com a conseqüència de l'escalada de preus, la irrupció d'inversors estrangers d'alt poder adquisitiu i el desplaçament gradual dels seus veïns.

“L'Ajuntament està obligat moralment a fer tot el que sigui possible per defensar el dret a l'accés a l'habitatge dels veïns del nostre poble”, subratlla el batle d'Esporles, Josep Ferrà, representant de la coalició ecosobiranista PAS-Més. En declaracions a elDiario.es, assenyala que l'autodeclaració com a municipi tensionat és “un acte d'autodefensa com a poble” i de protecció “dels drets d'aquelles persones que no arriben a final de mes per poder pagar un lloguer”.

Encara que les competències quant a la regulació de l'habitatge corresponen al Govern, el gest permet convertir un problema estructural en un conflicte polític visible. No en va, l'acord aprovat pel ple no es limita a l'autodeclaració com a mercat tensionat, sinó que traça un full de ruta institucional i jurídica: l'Ajuntament traslladarà formalment a l'Executiu la sol·licitud perquè inicii el procediment oficial de declaració de zona tensionada i l'instarà a emetre una resolució motivada basada en dades objectives. Així mateix, impulsarà l'elaboració d'una memòria municipal específica sobre la situació del mercat residencial i, a més, es reservarà el dret d'estudiar accions jurídiques contra la negativa del Govern a desenvolupar a Balears la Llei estatal 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge -més coneguda com a llei d'habitatge.

El Consistori també es compromet a continuar desplegant polítiques locals d'accés a l'habitatge i a reforçar l'arrelament de la població resident, i traslladarà els seus acords al Govern, al Consell de Mallorca, als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes. La proposta precisa que la declaració de zona tensionada “no és únicament un mecanisme de limitació de preus”, sinó “un instrument integral de política pública”, i llisca que la “negativa genèrica” del Govern a aplicar la llei estatal “pot suposar una vulneració del principi de bona administració”. Així mateix, aclareix que la declaració és compatible amb les polítiques d'augment de l'oferta d'habitatge. L'Ajuntament preveu traslladar els seus acords a l'Executiu balear, al Consell de Mallorca, als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes.

Finques de luxe, veïns desplaçats

Esporles, com altres pobles de la Serra --el pulmó verd de Mallorca declarat en 2011 Patrimoni Mundial per la UNESCO-, ha passat en menys d'una dècada de ser un refugi discret a convertir-se en objectiu del capital internacional i els compradors estrangers d'alt poder adquisitiu. Alguns adquireixen finques per transformar-les en una més de les seves múltiples i luxoses residències; altres, per maximitzar-ne la rendibilitat mitjançant la seva reconversió en hotels boutique o altres negocis vinculats al turisme d'alt nivell. Un procés que no només ha disparat els preus de l'habitatge amb la consegüent expulsió de la seva població resident, sinó que també ha accelerat la privatització progressiva de l'entorn degut al tancament de camins i les restriccions d'accés a espais que durant generacions van ser d'us comú, agreujant amb això el procés de segregació social del municipi.

En aquests moments, el lloguer més barat és el d'un “exclusiu pis” que, segons l'anunci que el publicita a Idealista, destaca pel seu “disseny”, “tranquil·litat” i les seves “vistes a la muntanya”. El preu: 1.500 euros.

Tal com subratlla la moció de PAS-Més, la situació d'emergència habitacional s'ha convertit en un dels principals factors de desigualtat i expulsió residencial tant a Esporles com a la resta de Balears. “El nostre municipi ha experimentat en els últims anys un increment sostingut i desproporcionat dels preus del lloguer i de la compra. Aquest augment, juntament amb la pressió especulativa, l'escassetat d'oferta residencial i la conversió d'habitatges en usos turístics, ha provocat que moltes famílies es trobin en una situació límit”, prossegueix el text. El resultat, segons el propi document, és un procés d'expulsió residencial que afecta especialment joves i famílies treballadores, obligades a destinar “una part inassumible dels seus ingressos al lloguer”, o bé a abandonar el municipi “en el qual han crescut, treballen o mantenen els seus vincles socials i familiars”.

L'Ajuntament va sol·licitar formalment al Govern la declaració oficial de zona tensionada, però la resposta va ser negativa. La Direcció General d'Habitatge va argumentar que la mesura és una potestat, no una obligació, i va sostenir que la limitació de preus podria reduir l'oferta de lloguer al mercat balear.

El Consistori rebutja aquest raonament. La moció s'empara en la llei estatal d'habitatge, que estableix que un municipi pot ser declarat zona tensionada quan el cost mitjà del lloguer o la hipoteca supera el 30% de la renda mitjana de les llars, els preus hagin crescut de forma sostinguda per sobre de l'IPC, i hi hagi un risc acreditat d'exclusió residencial. L'Ajuntament considera que Esporles compleix aquests indicadors i que la declaració és necessària per protegir la població resident i garantir el dret a l'habitatge. L'autodeclaració simbòlica és, en aquest sentit, un acte de pressió institucional: una forma de forçar el Govern a motivar la seva negativa amb dades concretes o a assumir el cost polític d'ignorar la situació.

Esporles, símbol de resistència municipal

No és el primer cop que Esporles adopta decisions institucionals que el situen en el centre del debat polític, en oberta contradicció, a més, amb el rumb polític del Govern de Prohens. Al juliol de l'any passat, l'Ajuntament va aprovar la primera ordenança municipal de memòria democràtica de l'Estat, en resposta a la derogació de la llei autonòmica que preveuen materialitzar populars i Vox. La norma local estableix un marc normatiu propi per reconèixer, reparar i preservar la memòria de les víctimes del cop d'Estat de 1936 i la dictadura franquista: d'acord amb les investigacions memorialistes, entre l'aixecament feixista i 1939, els sublevats es van endur, de forma directa o indirecta, la vida d'almenys 21 persones: deu d'elles van ser executades, nou van ser víctimes de desaparició forçada -tres de les quals han estat localitzades i exhumades-, i dues més es van suïcidar.

El Grup de Memòria Democràtica d'Esporles -constituït com a delegació local de l'associació Memòria de Mallorca- eleva a prop de 300 les dones i homes que van ser represaliats “per tenir unes idees diferents de qui es van sublevar contra la Segona República”. Entre altres mesures, l'ordenança preveu el reconeixement institucional de les víctimes, la instal·lació de plaques i elements commemoratius en espais públics, la revisió dels carrers i dels honors municipals per eliminar referències contràries als valors democràtics, i la creació d'un registre local dels qui van ser perseguits o van patir la confiscació dels seus béns.

També a Esporles, un grup de 74 persones va emprendre fa més de dos anys una insòlita batalla: que el Govern faci públiques les enquestes que l'expresident Adolfo Suárez hauria encarregat el 1976 per preguntar a l'opinió pública si preferia un Estat monàrquic o republicà, com el propi mandatari d'UCD confessaria dècades després: “Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem enquestes i perdíem”, va assenyalar. La iniciativa va convertir el municipi en un actor inesperat en el debat històric i polític de la Transició.

Cantabria lideró en 2025 el incremento en el precio de la vivienda, que se elevó un 14,4 por ciento, hasta los 1.736 euros por metro cuadrado, según datos del Consejo General del Notariado. La subida del precio experimentada en Cantabria solo ha sido igualada por Murcia y se sitúa casi siete puntos por encima de la experimentada en el conjunto del país (7,5%). Todas las comunidades autónomas registraron incrementos.

Según los notarios, en Cantabria se efectuaron el año pasado 10.240 compraventas de vivienda, un volumen que no supone apenas variación respecto al año pasado. De ese global de compraventas, 7.794 fueron de pisos, lo que supone un 3,4% menos que en 2024, y 2.446 correspondieron a viviendas unifamiliares, que crecieron un 12,4%.

En los pisos, el precio del metro cuadrado se situó en los 2.093 euros, un 21% más que en 2024, una subida que cuadruplica a la experimentada en las viviendas unifamiliares, donde aumentó un 5,2%, hasta los 1.233 euros/metro cuadrado.

Por su parte, los préstamos para adquisición de vivienda repuntaron en Cantabria un 12,8% en 2025, hasta los 5.106, frente a un 13,7% de media nacional. La cuantía media fue de 145.441 euros, un 13,8% más, el segundo mayor incremento por comunidades.

En otro orden de cosas, la estadística de los notarios indica que en Cantabria se constituyeron en 2025 un total de 978 sociedades, un 1,8% más que el año anterior, con un capital medio de unos 17.600 euros, un 19,1% más. Sin embargo, de ese total de nuevas sociedades, 709 se constituyeron con un capital de entre 3.000 y 4.000 euros.

Suben un 10% los pisos a nivel nacional

En el conjunto de España, la compraventa de viviendas aumentó un 4,4% en 2025 en comparación al año anterior, hasta alcanzar las 752.661 operaciones, el segundo mayor valor de la serie histórica, tras las 853.568 operaciones del año 2007, mientras que los préstamos para adquisición de vivienda aumentaron un 13,7%, hasta los 389.090 operaciones.

Por su lado, el precio medio del metro cuadrado avanzó un 7,5% respecto al año 2024, hasta situarse en 1.902 euros, por encima del máximo histórico de 2007 (1.832 euros), y con los mayores ascensos en Región de Murcia (14,4%), Cantabria (14,4%), Comunidad de Madrid (13,3%), Islas Canarias (12%) y Castilla-La Mancha (9,6%).

Respecto a los precios de los pisos, avanzaron un 10,1% con respecto a 2024, hasta alcanzar los 2.186 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.424 euros (+3,8%).