Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España con el objetivo de esclarecer la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la manifestación por el derecho a la vivienda celebrada en Valencia. A través de su secretaria general y diputada, Ione Belarra, la formación ha reclamado al Ministerio del Interior la identificación exacta de la autoridad política o policial responsable de dar la orden directa de cargar contra las personas concentradas.

En la iniciativa parlamentaria, la formación morada exige detalles precisos sobre el volumen de material antidisturbios empleado en el operativo. En concreto, el escrito solicita conocer el número de pelotas de goma disparadas, así como la cantidad de botes o dispositivos de gas lacrimógeno o irritante utilizados durante la intervención. El grupo parlamentario considera imprescindible determinar las causas y las responsabilidades orgánicas de un despliegue que tilda de “desproporcionado” frente a una movilización de carácter pacífico.

Las preguntas de Podemos abarcan igualmente la atención a las personas perjudicadas durante los altercados. La iniciativa reclama el balance total de ciudadanos heridos a consecuencia del impacto de las cargas y del empleo de gases, al tiempo que cuestiona si el Ministerio del Interior o la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana han establecido contacto con los afectados. Asimismo, la iniciativa consulta si la totalidad de los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) portaba el número de identificación visible en su uniforme, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

La formación exige al Ejecutivo central la apertura inmediata de una investigación interna que permita depurar responsabilidades y garantizar el libre ejercicio del derecho de reunión y manifestación de la ciudadanía. La coordinadora autonómica de Podemos, María Teresa Pérez, ha mostrado su rechazo al operativo policial desplegado en los aledaños del Palau de les Arts: “La policía del Gobierno del PSOE ha cargado desproporcionadamente contra ciudadanos pacíficos que reclamamos poder acceder a una vivienda digna, mientras que los verdaderos peligrosos son los rentistas que hoy estaban en el congreso inmobiliario organizado por Albert Rivera”.

Pérez ha concluido su valoración con un llamamiento a mantener la presión social en las calles frente al problema de la vivienda en el territorio valenciano y en el conjunto del Estado. “Esta violencia no nos va a frenar. La gente está harta de la especulación y vamos a parar el país con una huelga general para que se acabe el negocio de la vivienda”, ha aseverado la dirigente.

La manifestación en València por la vivienda ha vivido momentos de tensión este sábado al final del recorrido, con enfrentamientos con la policía que custodiaba el Palau de Les Arts, en cuyo interior se celebra un congreso de inversión inmobiliaria.

La marcha, convocada por cuatro colectivos, ha partido a las 11 de la mañana de la Porta de la Mar hasta llegar al Palau de les Arts, donde se celebra el encuentro 'Valencia Real Estate Summit 2026', con profesionales del sector inmobiliario, la inversión, el emprendimiento y el liderazgo.

Un cordón policial custodiaba el recinto operístico para intentar impedir el acceso, pero algunos manifestantes han tirado las vallas y las han lanzado contra los agentes, han conseguido romperlo y han entrado corriendo hasta la terraza de la primera planta del edificio, mientras que la Policía ha lanzado pelotas de goma y botes de humo y ha cargado contra ellos.

Tras unos minutos en el edificio, los manifestantes han sido desalojados y se ha iniciado una sentada ante los policías antidisturbios en la rotonda de acceso al Palau de Les Arts y los alrededores, donde cientos de personas permanecen sentadas mientras muestran en alto sus llaves y gritan consignas como 'que viva la lucha de la clase obrera'.

Las personas detenidas por los altercados que se han producido este sábado en València al finalizar la manifestación por el derecho a la vivienda, en los que nueve policías han resultado heridos, ya ascienden a cinco, según han informado a EFE fuentes policiales. Según explican, que han indicado que es posible que la cifra pueda subir, una de las personas detenidas es la que “lanzaba pirotecnia, adoquines y vallas” a la Unidad de Intervención Policial (UIP) en el Palau de les Arts de València.

Tres escenas, a priori separadas a kilómetros por kilómetros de distancia. El desahucio de Maricarmen. Una sesión del Congreso. Una crisis humanitaria en Ceuta. Tres momentos diferentes… unidos por un elemento común: el gas pimienta. Del uso que hicieron los antidisturbios contra los activistas de la vivienda, al recorrido que tuvo la acción de la diputada del PP Ana Vázquez, a la información de elDiario.es en exclusiva: Militares rocían con gas pimienta a menores migrantes en Ceuta mientras caminan o vuelven de comprar comida. 

Toda esa intoxicación provocada por el gas pimienta nos da un retrato de la España actual. Lo contamos con los tres periodistas de elDiario.es que estuvieron en esos tres momentos: Guillermo Hormigo, Aitor Riveiro y Gabriela Sánchez.

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El jefe del dispositivo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que empujó a una profesora en huelga y que le provocó una fractura mandibular ha alegado este jueves ante la jueza que la “desplazó” en cumplimiento del protocolo, según ha repetido varias veces. El investigado, que solo ha contestado a las preguntas de la jueza, del fiscal y de su abogada, ha usado el término “desplazar” repetidamente, según fuentes conocedoras de la declaración consultadas por elDiario.es.

Por otro lado, el antidisturbios también se ha escudado en la ausencia de efectivos de la Policía Local en la zona para controlar el tráfico mientras los profesores en huelga se manifestaban el pasado 31 de mayo en el entorno de la Conselleria de Educación.

El policía ha reconocido que es el antidisturbios que aparece en el vídeo que retrata la agresión a la mujer, que sigue de baja. Por su parte, el representante del Ministerio Fiscal ha preguntado al investigado por la proporcionalidad en el uso de la fuerza y si no eran posibles otros medios menos expeditivos. Sin embargo, el policía se ha remitido al protocolo, aunque ha esgrimido que nunca pretendió lesionar a la mujer.

“El resultado es no pretendido”, ha manifestado el uniformado de la UIP en la línea del atestado policial. También ha sido interrogado por la actuación de otro agente grabado en el vídeo que, a poca distancia, acompaña a otra mujer fuera de la calzada sin necesidad de la menor violencia. El policía ha dicho que el otro agente no aplicó el protocolo.

Además, el investigado también ha asegurado que trató de auxiliar a la víctima tras el empujón, pero ha argüido que los manifestantes se lo impidieron y que fue insultado por los huelguistas.

El antidisturbios ha accedido por la puerta principal de la Ciudad de la Justicia para declarar ante la titular de la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València. Sin embargo, a la salida del recinto ha logrado esquivar a la prensa, arropado por otro agente policial de paisano.

Roger Español, el votante del 1-O al que un agente de la Policía Nacional reventó el ojo con una bala de goma, ha asegurado que los policías no corrían “ningún riesgo” ni estaban siendo atacados, por lo que ha atribuido el disparo a “una represalia” por haber tratado de impedir la intervención policial.

Con la declaración de Roger Español ha comenzado este miércoles en la Audiencia de Barcelona el juicio contra un escopetero, un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional acusados de reventarle un ojo con una bala de goma que dispararon tras incautarse de las urnas y papeletas en el colegio Ramon Llull de la capital catalana.

Español ha admitido que lanzó a la calzada unas vallas que encontró en una obra para impedir el avance de los policías al siguiente punto de votación, sin dirigirlas a ningún agente, pero ha insistido en que cuando los antidisturbios dispararon la bala de goma que le segó el nervio óptico ningún manifestante suponía una amenaza ni había lanzamientos a la línea policial.

El contexto en el que se produjeron los disparos es uno de los elementos centrales para el tribunal, que deberá evaluar si estaban justificados o no. Tanto la Fiscalía como las defensas de los uniformados enmarcan los lanzamientos que dejaron sin ojo a Español en un uso progresivo de los medios policiales para intentar dispersar a los concentrados (primero con porras, después con salvas y, finalmente, disparos).

En cambio, las acusaciones del caso (la de Español y las populares de Irídia y Òmnium) consideran que los disparos no estaban amparados ni por la situación en la calle ni por acciones de violencia contra los agentes, y que fueron un castigo a los concentrados que se oponían a la intervención policial de urnas y papeletas.

Español ha tratado de ser lo más concreto posible para describir el ambiente en el momento del disparo, ocurrido a un centenar de metros del colegio. Según el activista, cuando recibió el impacto se hallaba junto a un grupo de periodistas porque consideró que era “más seguro”, y solo esperaba a que los agentes se subieran a los furgones para irse a casa.

Los peritos han concluido que el disparo se produjo a 14,12 metros, una distancia que las acusaciones señalan contraria a los protocolos y a la que el agente que disparó debía saber el daño que podía producir en cualquier ciudadano.

La versión de Español se ha visto ratificada por otros testigos, como el periodista David Bou, quien ha declarado que vio al agente disparar “a bocajarro, no contra el suelo”. “Yo tengo un ojo a día de hoy porque el señor Español no lo tiene”, ha apostillado.

La sesión ha revivido las escenas de las cargas policiales para impedir la votación, en el único caso que llega a juicio por la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum: los cuatro agentes, que afrontan penas de hasta trece años de cárcel, quedaron fuera de la amnistía al estar acusados de un delito de lesiones con afectación a un órgano vital. La Fiscalía, sin embargo, pide su absolución al considerar que actuaron en cumplimiento de su deber de incautarse de las urnas del referéndum.

A preguntas de su abogado, Benet Salellas, Español ha narrado los hechos del 1 de octubre y las secuelas tanto físicas como psicológicas que ha sufrido. La lesión en el ojo truncó sus estudios de música (toca el saxofón) y tanto su hijo como él tuvieron que recibir ayuda psicológica, tratamiento que, en su caso, sigue a día de hoy debido a los efectos de la mutilación y su autopercepción.

La lesión que sufrió en el ojo, que le dejó secuelas visibles, supuso un impacto en la seguridad que tenía en sí mismo y consecuencias concretas: Español ha relatado al tribunal que desde que la Policía le dejó sin ojo tuvo dificultados para dar clase de música a sus alumnos o subirse a un escenario, por lo que buscó otro trabajo como conserje en un instituto.

El juicio proseguirá este jueves con la declaración, como testigos, de otros agentes del operativo. El día 30 será el turno de los peritos y el 1 de octubre de los acusados. En la sala de vistas se sientan como observadores miembros de las entidades internacionales de derechos humanos Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura, la International Network of Civil Liberties Organizations, Redress, la International Coalition for Human Rights y Defender a quien Defiende.

Dentro de la documentación solicitada en el Parlamento Vasco en relación a la controvertida actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu el día de la llegada de activistas de la Global Summud Flotilla, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha entregado también un informe sobre la formación recibida por los agentes de la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios, “en los últimos veinte años”. El documento, que pretende poner en valor que el “autocontrol” es algo que está “integrado” de forma “transversal” en la academia de Arkaute, muestra no solamente que los ertzainas realizan ejercicios de vigilancia del orden público o para el uso adecuado de los lanzadores de 'foam', sino también, por ejemplo, aprendizaje de “costumbres musulmanas” y técnicas para “identificar” en los manifestantes “emociones conflictivas latentes” o “conductas corporales problemáticas”. Incluso se les imparten técnicas que, según el Ministerio de Sanidad y organizaciones médicas, son “pseudoterapias” sin sustento científico.

Según la memoria, el “curso de especialización básico” de la Brigada Móvil tiene una parte de “fundamentos” para el trabajo como antidisturbios, lo que incluye una enseñanza del “marco jurídico” regulador de los derechos de reunión o de manifestación y “herramientas de autocontrol de estrés y afrontamiento de situaciones críticas”. Igualmente, hay otro módulo de “procedimientos” en caso de “alteraciones” del orden público y, finalmente, otro sobre dispositivos planificados.

Además del curso básico, hay otras actividades formativas “preceptivas” y que guardan relación con las instrucciones internas 6 (derecho de reunión y manifestación), 42 (manejo de las nuevas 'bodycam' de grabación incorporadas a los uniformes), 51 (derecho de huelga), 67 (videovigilancia) y 73 (gestión de las armas y municiones). Igualmente, se apunta a entrenamientos como un simulacro en “grandes infraestructuras de transporte”, manejo de las furgonetas o 'francias' que utiliza la brigada, “embolsamientos” en grandes eventos deportivos, desalojos o uso de los escudos y de las porras.

Sin embargo, el informe entregado por Zupiria alude también a “cursos de actualización y perfeccionamiento”. Arrancaron en 2015 con actividades sobre “terrorismo internacional” o “islamismo radical”, pero en 2016 se hizo una actividad de “costumbres musulmanas”, de la que no se dan más detalles. Se repitió en 2018, aunque entonces como “costumbres policiales y actividad policial”. En 2020 hubo otro módulo de “interculturalidad y violencia de género”. En 2024 se trabajó la “prevención de la conducta suicida” y en 2026 lo último que se ha hecho es una formación en “soporte vital básico”.

La última parte del informe detalla las formaciones “específicas” para “trabajar el autocontrol” dentro del currículum general. El consejero Zupiria y también el lehendakari, Imanol Pradales, apelaron a este concepto después de las cargas de Loiu, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. Se insiste en que “de manera constante” se trabaja en conceptos como la “proporcionalidad” en la respuesta. “Los instructores inciden en la resistencia a la provocación, la protección de los ciudadanos ajenos a los incidentes y el auxilio preventivo, asegurando la eficacia en el desarrollo de las actuaciones policiales”, se apunta.

Aquí se indica que en el curso de acceso a la unidad antidisturbios se enseñan “técnicas” para “detección de microexpresiones biológicas asociadas a emociones conflictivas latentes, alegría, arrogancia, asco, desprecio, ira, sorpresa y temor”, así como para la “identificación técnica de conductas corporales problemáticas”. El entrenamiento se hace “mediante análisis de fotografías de expresiones faciales, evaluación de vídeos reales de incidentes y dinámicas reales de simulación”.

En el “programa reglado de gestión del estrés y autocontrol”, que está “implementado desde 2022”, se incluye la importancia de detectar “indicadores de riesgo” tanto en uno mismo como en el resto de compañeros de la unidad, pero se mencionan también actividades de “respiración”, incluida la “respiración cuadrada, respiración 4-7-8 y respiración Nadi shodna”, el MABP, unas siglas que responden a “mindfulness aplicado al bienestar policial”, “ejercicios de relajación progresiva de Jacobson” y dos actividades cuestionadas por su rigor científico, la denominada PNL (programación neurolingüística) y la meditación en movimiento (chi kung, bioenergía chi). También se menciona la “meditación del guerrero” o “hiperfoco”.

Igualmente, en el módulo segundo del programa de prevención de riesgos psicosociales se trabajan las “dinámicas de funcionamiento del psiquismo”, con un “análisis de los antecedentes evolutivos de la personalidad y la maduración emocional”. Se hace una “explicación teórica de las estructuras psíquicas basadas en e modelo freudiano (ello o principio del placer, yo o principio de realidad y superyó o principio de la norma y la ley) y su impacto en la rigidez conductual del adulto”. Se trabajan, asimismo, “rodeos manipulativos” y se alude a conceptos como el “banco de niebla” o el “disco rayado”.

La titular de la plaça número 16 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de València, María Teresa de Vidiella García, ja ha identificat el policia antiavalots que va agredir per l'esquena una professora que es manifestava en el marc de la vaga educativa de la Comunitat Valenciana i l'ha citat a declarar com a investigat, segons ha confirmat la Fiscalia Provincial de València a elDiario.es. El Ministeri Públic ha informat favorablement sobre la querella presentada per la professora contra l'agent i considera que podria haver comés tres delictes que, per tant, s'han d'investigar: un delicte de lesions, amb l'agreujant de prevalença de funció pública; un delicte contra la integritat moral, i un delicte contra els drets individuals.

Les diligències parteixen de la querella presentada per la dona contra l'agent que, després de diverses perquisicions practicades pel jutjat, ja ha estat identificat. CCOO ha demanat personar-se en la causa, encara que la seua querella encara està pendent d'admissió, assenyala el Ministeri Públic. Segons ha pogut saber elDiario.es, el policia serà interrogat en qualitat d'investigat el pròxim 24 de setembre al jutjat d'Instrucció.

L'agent, segons les nombroses imatges gravades aquell dia, va espentar per l'esquena la manifestant. La violència del colp va fer que la víctima caiguera de morros, cosa que li va provocar una ferida a la barbeta que va requerir dos punts de sutura. Vint dies després, la dona encara no podia menjar amb normalitat i patia altres molèsties importants a la mandíbula.

Segons va explicar en exclusiva elDiario.es, l'atestat policial de l'actuació de l'antiavalots no reconeix cap error i conclou que l'agent “va fer ús de la mínima força reglamentària”. L'informe, elaborat en la matinada de l'1 de juny, unes cinc hores després de l'agressió, i que ja consta en la causa judicial, assegura que l'actuació va ser adequada i que els dos punts de sutura que li van haver d'aplicar a la barbeta, així com les diverses contusions al tòrax i la mandíbula, es van deure a una “caiguda accidental” provocada per una “pèrdua d'equilibri” quan l'agent va tractar d'“apartar-la” de la via.

Per la seua banda, es continua sense notícies de l'expedient intern obert per la Policia Nacional a l'agent, que va ser apartat del servei aquella vesprada, però que continua en actiu. Encara que les conclusions de l'expedient disciplinari no es podran emetre fins que finalitze el procés penal, el procediment intern podria continuar endavant i ser útil per a la instrucció de la jutgessa en cas que fora requerit.

Els fets van ocórrer la vesprada del passat 31 de maig, a l'avinguda de Pius XII de València. Segons l'atestat policial, mentre se celebrava una concentració autoritzada davant la Conselleria d'Educació, un grup de persones es va dirigir “en manifestació” cap a aquesta avinguda “amb la intenció de tallar la circulació”, en una acció que, puntualitza el mateix informe, no comptava amb autorització. Segons la Policia, aquest grup de persones “hauria trencat el cordó policial”. “En un moment donat, els manifestants decideixen fer una asseguda tallant la via, la qual cosa origina un greu perill per a la vida i la integritat física tant dels agents com dels mateixos manifestants i dels conductors”, afig.

Amb aquest argument, l'agent que redacta l'informe assegura que la unitat d'antidisturbis es va traslladar al lloc “a corre-cuita” per “arribar com més prompte millor i salvaguardar la integritat dels agents” i evitar el tall del trànsit. Entre aquest grup de persones es trobava la dona agredida, de qui el policia assegura que “es trobava al mig de la calçada encoratjant activament la massa a envair l'avinguda perquè efectivament es produïra aquesta invasió i el tall del trànsit”.

La descripció de la Policia contrasta amb els nombrosos vídeos del moment, en els quals es veu la dona d'esquena a la carretera i caminant per la calçada a diversos metres de la vorera. A més, la dona agredida, una docent jubilada de 68 anys, tampoc apareix en cap dels vídeos arengant la massa ni actuant de manera violenta. En aquesta actuació policial es van obrir altres quatre expedients a manifestants que van criticar l'actuació de l'agent i que podrien acabar en una multa en aplicació de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, coneguda com a llei mordassa.

La titular de la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, María Teresa de Vidiella García, ya tiene identificado al policía antidisturbios que agredió por la espalda a una profesora que se manifestaba dentro de la huelga educativa de la Comunitat Valenciana y lo cita a declarar como imputado, según ha confirmado la Fiscalía Provincial de Valencia a elDiario.es. El Ministerio Público ha informado a favor de la querella presentada por la profesora contra el agente y considera que podría haber cometido tres delitos y, por tanto, se deben investigar: lesiones, con la agravante de prevalimiento de función pública, contra la integridad moral y contra los derechos individuales.

Las diligencias parten de la querella presentada por la mujer contra el agente que, tras varias pesquisas realizadas por el juzgado, ya ha sido identificado. CCOO ha pedido personarse en la causa, aunque su querella todavía está pendiente de admisión, señala el Ministerio Público. Según ha podido saber elDiario.es, el policía será interrogado en calidad de investigado el próximo 24 de septiembre en el juzgado de Instrucción.

El agente, según las numerosas imágenes grabadas aquel día, empujó por la espalda a la manifestante. La violencia del golpe hizo que la víctima cayera de bruces, provocándole una herida en la barbilla que requirió dos puntos de sutura. Veinte días después, la mujer todavía no podía comer con normalidad y sufre otras dolencias importantes en la mandíbula.

Según contó en exclusiva elDiario.es, el atestado policial de la actuación del antidisturbios no reconoce ningún error y concluye que el agente “hizo uso de la mínima fuerza reglamentaria”. El informe, elaborado en la madrugada del 1 de junio, unas cinco horas después de la agresión, y que ya obra en la causa judicial, asegura que la actuación fue adecuada y que los dos puntos de sutura que tuvieron que aplicar a la mujer en la barbilla, así como las distintas contusiones en el tórax y la mandíbula, se debieron a una “caída accidental” provocada por una “pérdida de equilibrio” cuando el agente trató de “apartarla” de la vía.

Por su parte, se sigue sin noticias del expediente interno abierto por la policía nacional al agente, que fue apartado del servicio esa tarde, pero que continúa en activo. Aunque las conclusiones del expediente disciplinario no se podrán realizar hasta que finalice el proceso penal, el procedimiento interno podría seguir adelante y ser útil a la instrucción de la jueza en caso de que fuera requerido.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 31 de mayo, en la avenida de Pío XII de València. Según el atestado policial, mientras se celebraba una concentración autorizada frente a la Conselleria de Educación, un grupo de personas se dirigió “en manifestación” a esa avenida “con la intención de cortar la circulación”, en una acción que, puntualiza el propio informe, no contaba con autorización. Según la Policía, este grupo de personas “habría roto el cordón policial”. “En un momento dado, los manifestantes deciden realizar una sentada cortando la vía, lo que origina un grave peligro para la vida e integridad física tanto de los actuantes como de los propios manifestantes y conductores”, añade.

Con este argumento, el agente que redacta el informe asegura que la unidad de antidisturbios se trasladó al lugar “a la carrera” para “llegar lo antes posible y salvaguardar la integridad de los actuantes” y evitar el corte de tráfico. Entre ese grupo de personas se encontraba la mujer agredida, de quien el policía asegura que “se encontraba en medio de la carretera alentando activamente a la masa a invadir la avenida para que efectivamente se produjera dicha invasión y corte de tráfico”.

La descripción de la policía contrasta con los numerosos vídeos del momento, en los que se ve a la mujer de espaldas a la carretera y caminando por la calzada a varios metros de la acera. Además, la mujer agredida, una docente jubilada de 68 años, tampoco se ve en ninguno de los vídeos arengando a la masa o de manera violenta. En esta actuación policial se abrieron otros cuatro expedientes a manifestantes que criticaron la actitud del agente y que podrían acabar en una multa aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, la conocida como ley mordaza.

L'atestat de la Policia Nacional sobre l'agressió d'un antiavalots a una professora durant una manifestació amb motiu de la vaga educativa considera que l'agent “va fer ús de la mínima força reglamentària”, segons la documentació a la qual ha tingut accés elDiario.es. L'informe, elaborat la matinada de l'1 de juny i que ja obra en la causa judicial en què s'investiguen els fets, conclou que l'actuació va ser adequada i que els dos punts de sutura que li van haver d'aplicar a la dona a la barbeta, així com les diverses contusions al tòrax i la mandíbula, es van deure a una “caiguda accidental” provocada per una “pèrdua d'equilibri” quan l'agent va tractar d'“apartar-la” de la via. Els nombrosos vídeos gravats per testimonis, que circulaven des d'aquella mateixa vesprada per les xarxes socials i els mitjans de comunicació, contradiuen esta versió oficial i seran aportats a la causa

Els fets van ocórrer la vesprada del passat 31 de maig, a l'avinguda de Pius XII de València. Segons l'atestat, mentre se celebrava una concentració autoritzada davant de la Conselleria d'Educació, un grup de persones es va dirigir “en manifestació” cap a aquesta avinguda “amb la intenció de tallar la circulació”, en una acció que, puntualitza el mateix informe, no comptava amb autorització. Segons la Policia, aquest grup de persones “hauria trencat el cordó policial”. “En un moment determinat, els manifestants decideixen fer una seguda i tallar la via, cosa que origina un greu perill per a la vida i la integritat física tant dels agents actuants com dels mateixos manifestants i conductors”, afig.

Amb aquest argument, l'agent que redacta l'informe assegura que la unitat d'antiavalots es va traslladar al lloc “corrents” per a “arribar com més prompte millor i salvaguardar la integritat dels agents actuants” i evitar el tall de trànsit. Entre aquest grup de persones es trobava la dona agredida, de qui el policia assegura que “es trobava al mig de la calçada i encoratjava activament la massa a envair l'avinguda perquè efectivament es produïra aquesta invasió i el tall de trànsit”. Aquesta descripció també contrasta amb els diferents vídeos del moment, en els quals es veu la dona d'esquena a la carretera i caminant per la calçada a uns quants metres de la vorera.

Segons l'atestat, una circumstància que tampoc no s'aprecia en els vídeos, la dona “desobeeix les indicacions dels agents actuants en reiterades ocasions, fet que provoca que el cap del dispositiu, davant de la imminent invasió de la calçada i el risc greu, es dirigisca cap a ella corrents per a aconseguir ordenar un desplegament de la unitat i impedir l'acció d'envair la via”. Segons la versió policial, l'agent antiavalots “va haver d'apartar aquesta dona cap a la vorera fent ús de la mínima força reglamentària”. Aquesta espenta per l'esquena, acreditada pels documents audiovisuals, va provocar, segons la Policia, “una caiguda accidental de la dona a terra a causa de la inèrcia de la carrera, que li va fer perdre l'equilibri”, amb un “resultat no buscat ni pretés per l'agent actuant”, sinó “accidental i alié a la finalitat perseguida per l'actuació policial”.

En aquest sentit, l'atestat insisteix que l'actuació policial es va dur a terme per a “salvaguardar la integritat de les persones” i amb la intenció de desplaçar els manifestants “cap a la vorera, sense cap intenció ni de causar lesions ni de reduir-los”.

Aquest atestat policial es va redactar a les 00.16 h de l'1 de juny, unes quatre hores després que es produïra l'agressió a la professora. De fet, a aquella hora nombrosos mitjans de comunicació ja difonien vídeos de l'espenta per l'esquena, que també corrien com la pólvora per les xarxes socials. L'actuació de l'antiavalots va provocar que nombrosos càrrecs públics retreieren la intervenció policial per desproporcionada i, fins i tot, que la delegada del Govern, Pilar Bernabé, anunciara una investigació interna per a aclarir els fets, en considerar la situació “inacceptable”. L'agent va ser apartat del dispositiu aquella mateixa vesprada.

L'actuació policial posterior a l'agressió també es va saldar amb l'alçament de quatre actes en aplicació de la Llei de seguretat ciutadana 4/2015, coneguda com a llei mordassa, que derivaran en les corresponents multes econòmiques per a les persones identificades.

La titular de la plaça número 16 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de València, María Teresa de Vidiella García, investiga l'agressió des de fa diverses setmanes després que la dona presentara una querella contra l'agent. El sindicat CCOO PV també ha presentat una querella per tres delictes: un delicte de lesions amb l'agreujant d'abús de superioritat i aprofitament del caràcter públic; delicte contra la integritat moral de la professora agredida, com a conseqüència del tracte degradant que menyscaba la seua dignitat, i delicte d'omissió del deure de socors a la víctima. A més, el sindicat ha sol·licitat com a mesura cautelar la suspensió de funcions de l'agent antiavalots mentre dure el procediment.

El atestado de la Policía Nacional sobre la agresión de un antidisturbios a una profesora durante una manifestación con motivo de la huelga educativa considera que el agente “hizo uso de la mínima fuerza reglamentaria”, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. El informe, elaborado en la madrugada del 1 de junio y que ya obra en la causa judicial en la que se investigan los hechos, concluye que la actuación fue adecuada y que los dos puntos de sutura que tuvieron que aplicar a la mujer en la barbilla, así como las distintas contusiones en el tórax y la mandíbula, se debieron a una “caída accidental” provocada por una “pérdida de equilibrio” cuando el agente trató de “apartarla” de la vía. Los numerosos vídeos grabados por testigos, que circulaban desde esa misma tarde por redes sociales y medios de comunicación, contradicen esta versión oficial y serán aportados a la causa.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 31 de mayo, en la avenida de Pío XII de València. Según el atestado, mientras se celebraba una concentración autorizada frente a la Conselleria de Educación, un grupo de personas se dirigió “en manifestación” a esa avenida “con la intención de cortar la circulación”, en una acción que, puntualiza el propio informe, no contaba con autorización. Según la Policía, este grupo de personas “habría roto el cordón policial”. “En un momento dado, los manifestantes deciden realizar una sentada cortando la vía, lo que origina un grave peligro para la vida e integridad física tanto de los actuantes como de los propios manifestantes y conductores”, añade.

Con este argumento, el agente que redacta el informe asegura que la unidad de antidisturbios se trasladó al lugar “a la carrera” para “llegar lo antes posible y salvaguardar la integridad de los actuantes” y evitar el corte de tráfico. Entre ese grupo de personas se encontraba la mujer agredida, de quien el policía asegura que “se encontraba en medio de la carretera alentando activamente a la masa a invadir la avenida para que efectivamente se produjera dicha invasión y corte de tráfico”. Esta descripción también contrasta con los distintos vídeos del momento, en los que se ve a la mujer de espaldas a la carretera y caminando por la calzada a varios metros de la acera.

Según el atestado, algo que tampoco se aprecia en los vídeos, la mujer “desobedece las indicaciones de los actuantes en reiteradas ocasiones, provocando que el jefe de la fuerza actuante, ante la inminente invasión de carretera y riesgo grave, se dirija hacia la misma a la carrera para conseguir ordenar un despliegue de la unidad e impedir la acción de invadir la vía”. Según la versión policial, el agente antidisturbios “tuvo que apartar a dicha mujer hacia la acera haciendo uso de la mínima fuerza reglamentaria”. Ese empujón por la espalda, acreditado por los documentos audiovisuales, provocó, según la Policía, “una caída accidental de la mujer al suelo debido a la inercia de la carrera, causando en esta una pérdida de equilibrio”, con un “resultado no buscado ni pretendido por el actuante”, sino “accidental y ajeno a la finalidad perseguida por la actuación policial”.

En ese sentido, el atestado insiste en que la actuación policial se realizó para “salvaguardar la integridad de las personas” y con la intención de desplazar a los manifestantes “hacia la acera, sin intención ninguna ni de causar lesiones ni de reducirlos”.

Este atestado policial se redactó a las 00.16 del 1 de junio, unas cuatro horas después de que se produjera la agresión a la profesora. De hecho, a esas horas numerosos medios de comunicación ya difundían vídeos del empujón por la espalda, que también corrían como la pólvora por las redes sociales. La actuación del antidisturbios provocó que numerosos cargos públicos afeasen la intervención policial por desproporcionada e incluso que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, anunciara una investigación interna para esclarecer lo sucedido, al considerar la situación “inaceptable”. El agente fue apartado del dispositivo esa misma tarde..

La actuación policial posterior a la agresión también se saldó con el levantamiento de cuatro actas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, conocida como ley mordaza, que derivarán en las correspondientes multas económicas para las personas identificadas.

La titular de la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, María Teresa de Vidiella García, investiga la agresión desde hace varias semanas después de que la mujer presentara una querella contra el agente. El sindicato CCOO PV también ha presentado una querella por tres delitos: delito de lesiones con el agravante de abuso de superioridad y prevalimiento del carácter público, delito contra la integridad moral de la profesora agredida, consecuencia del trato degradante que menoscaba su dignidad, y delito de falta de auxilio inmediato a la víctima. Además, el sindicato ha solicitado una medida cautelar de suspensión de funciones al agente antidisturbios mientras dure el procedimiento.

CCOO PV ha presentado una querella en defensa de la profesora agredida brutalmente por un agente de la Policía Nacional en las inmediaciones del recinto de la Conselleria de Educación durante la huelga educativa del personal docente del País Valencià. Los hechos se produjeron el pasado 31 de mayo cuando, durante la celebración de una concentración pacífica del colectivo en huelga, un policía de la unidad de antidisturbios empujó a la demandante por la espalda, provocando su caída de bruces al suelo y generándole diversas lesiones físicas. 

El sindicato decidió el 2 de junio, en su Comisión Ejecutiva, la personación en calidad de acusación popular, entendiendo que los hechos que habían trascendido a los medios de comunicación eran indiciarios de delito para presentar una querella. Se tramitó el 12 de junio en el juzgado de guardia y se está a la espera de que sea admitida. CCOO PV estima que la misión del agente es la de amparar los derechos fundamentales y, sin embargo, con su actuación afectó su libre ejercicio.

En la querella se solicita que el agente que provocó los hechos sea imputado penalmente por la comisión de siguientes delitos: delito de lesiones con el agravante de abuso de superioridad y prevalimiento del carácter público, delito contra la integridad moral de la profesora agredida, consecuencia del trato degradante que menoscaba su dignidad, y delito de falta de auxilio inmediato a la víctima. Además, el sindicato ha solicitado una medida cautelar de suspensión de funciones al agente antidisturbios mientras dure el procedimiento. El 15 de junio la jueza inició formalmente la investigación de los hechos.

La titular de la plaça número 16 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de València, María Teresa de Vidiella García, ha obert una causa per a investigar l'actuació de l'agent antiavalots que va agredir per l'esquena una professora jubilada que participava en una manifestació en el marc de la vaga educativa contra les retallades en l'ensenyament valencià. La magistrada encara no ha identificat l'uniformat autor de l'agressió, però ja ha practicat les primeres diligències i ha requerit l'atestat policial dels fets ocorreguts la vesprada del diumenge 1 de juny passat.

Les diligències parteixen de la querella presentada per la dona i per un sindicat contra l'agent, la identitat del qual haurà de determinar la jutgessa, ja que els policies disposen d'un número professional per a preservar la seua identificació personal.

L'agent, segons les nombroses imatges gravades aquell dia, va espentar per l'esquena la manifestant. La violència del colp va fer que la víctima caiguera de morros, fet que li va provocar una ferida a la barbeta que va requerir dos punts de sutura. Vint dies després, la dona encara no pot menjar amb normalitat i pateix altres dolències importants a la mandíbula.

L'atestat policial ja consta en la causa i, segons ha pogut saber elDiario.es, no assumeix cap responsabilitat pel que ha ocorregut. L'instructor policial sosté que la víctima va mantindre una actitud exaltada i encoratjava els manifestants a ocupar la calçada per a tallar el trànsit. A més, defensa l'actuació de l'agent, que considera proporcionada i ajustada a la normativa interna de la unitat antiavalots.

En tractar-se d'una querella i atesa l'abundant prova documental existent sobre l'actuació policial abans i després de l'agressió, la jutgessa haurà d'identificar l'agent i, previsiblement, citar-lo a declarar en qualitat d'investigat.

Tot just produïts els fets, i davant l'evidència de les imatges de l'agressió, que es van difondre ràpidament en mitjans de comunicació i xarxes socials, l'agent antiavalots va ser apartat de l'operatiu aquella mateixa vesprada. La Policia Nacional va anunciar l'endemà l'obertura d'un expedient, encara que, a hores d'ara, es desconeix quin recorregut ha seguit.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, va criticar immediatament el que havia passat: “La imatge que acabem de veure és inacceptable. Investigarem el que ha passat de manera exhaustiva per a depurar responsabilitats”.

Bernabé va assegurar que protegir el dret a manifestar-se amb seguretat “està per damunt de qualsevol circumstància” i va concloure: “Aquest és un fet totalment incomprensible que entela el treball de la Policia durant aquestes tres setmanes de manifestacions, en coordinació amb els sindicats convocants”.

La delegada del Govern també es va reunir amb els sindicats per a rebaixar la tensió i es va comprometre que s'adoptarien les mesures disciplinàries internes que correspongueren.

La titular de la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, María Teresa de Vidiella García, ha abierto una causa para investigar la actuación del agente antidisturbios que agredió por la espalda a una profesora jubilada que participaba en una manifestación en el marco de la huelga educativa contra los recortes en la enseñanza valenciana. La magistrada todavía no ha identificado al uniformado autor de la agresión, pero ya ha practicado las primeras diligencias y ha requerido el atestado policial de los hechos ocurridos la tarde del pasado domingo 31 de mayo.

Las diligencias parten de la querella presentada por la mujer y por un sindicato contra el agente, cuya identidad deberá determinar la jueza, ya que los policías disponen de un número profesional para preservar su identificación personal.

El agente, según las numerosas imágenes grabadas aquel día, empujó por la espalda a la manifestante. La violencia del golpe hizo que la víctima cayera de bruces, provocándole una herida en la barbilla que requirió dos puntos de sutura. Veinte días después, la mujer todavía no puede comer con normalidad y sufre otras dolencias importantes en la mandíbula.

El atestado policial ya consta en la causa y, según ha podido saber elDiario.es, no asume ninguna responsabilidad por lo ocurrido. El instructor policial sostiene que la víctima mantuvo una actitud exaltada y alentaba a los manifestantes a ocupar la calzada para cortar el tráfico. Además, defiende la actuación del agente, que considera proporcionada y ajustada a la normativa interna de la unidad antidisturbios.

Al tratarse de una querella y dada la abundante prueba documental existente sobre la actuación policial antes y después de la agresión, la jueza deberá identificar al agente y, presumiblemente, citarlo a declarar en calidad de investigado.

Nada más producirse los hechos, y ante la evidencia de las imágenes de la agresión, que se difundieron rápidamente en medios de comunicación y redes sociales, el agente antidisturbios fue apartado del operativo esa misma tarde. La Policía Nacional anunció al día siguiente la apertura de un expediente, aunque a día de hoy se desconoce qué curso ha seguido.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, criticó de inmediato lo ocurrido: “La imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades”.

Bernabé aseguró que proteger el derecho a manifestarse con seguridad “está por encima de cualquier circunstancia” y concluyó: “Este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía durante estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes”.

La delegada del Gobierno también se reunió con los sindicatos para rebajar la tensión y comprometerse a que se adoptaran las medidas disciplinarias internas que correspondan.

La Ertzaintza ha tenido que retirar 10.207 cartuchos de 'foam', su principal munición antidisturbios. Estaban “defectuosos”. Lo hizo entre los años 2022 y 2023, según datos oficiales entregados al Parlamento Vasco en respuesta a preguntas tanto del PP como de EH Bildu. 3.234 de ellos estaba asignados a la Brigada Móvil, la unidad especializada en control de orden público; 5.569 eran del tipo SIR, el menos lesivo, y 4.638 del SIR X.

El consejero Bingen Zupiria ha actualizado este miércoles, a instancias de EH Bildu, una tabla facilitada en su momento a petición del PP sobre materiales defectuosos. En la primera, no había datos de la Brigada Móvil, que es la unidad que en pura teoría más emplea este armamento adquirido hace ya más de una década para sustituir a las pelotas de goma. Atribuye Zupiria a un “error de transcripción” que no se ofrecieran todos los datos en su momento y actualiza ahora la cifra hasta 10.207 proyectiles retirados, sumados 1.202 SIR y 2.032 SIR X.

Es una cifra elevada ya que entre 2020 y 2023 la Policía vasca adquirió exactamente 22.205 unidades de SIR y 17.175 de SIR X. Se trata de una compra de 900.000 euros a Eurodis System España. Expone Zupiria que la munición de 'foam' tiene una caducidad de cinco años. “En el propio cartucho aparece el número de lote. A través de éste se conoce el año de fabricación y, por ende, el año de caducidad”, agrega. Señala que es “la persona usuaria” la que “reporta” posibles “defectos”, que “pueden ser debidos a la fabricación o a las condiciones en que ha estado almacenado”.

Un juzgado de Melilla investiga el incidente ocurrido el pasado 31 de enero en una cafetería de la ciudad autónoma cuando un grupo de agentes de la Policía Nacional, de servicio y vestidos de uniforme, profirieron insultos racistas a un padre de familia que estaba acompañado de su mujer y sus dos hijos. El incidente corrió como la pólvora por Melilla, entre otras circunstancias por la identidad de la víctima del presunto delito de odio, un guardia civil muy conocido en la ciudad y campeón nacional del arte marcial Jiu Jitsu.

El pasado 31 de enero era sábado y Nabib desayunaba con su familia en una mesa del bar Zafiro, en el barrio del Real. Eran alrededor de las 10:30 cuando se dirigió hacia la barra para pagar y un grupo de policías nacionales, de la Unidad de Intervención Policial, hicieron comentarios sobre él que escuchó la mujer de Nabib. Según la denuncia interpuesta en la Comandancia de Melilla por el propio agente, y a la que ha tenido acceso elDiario.es, los policías le llamaron “chimpancé” y “mono”. Uno de ellos habría dicho: “A ese enano lo cojo y lo parto en tres”. 

Los comentarios, proferidos en voz alta, causaron revuelo en el bar. La mujer de Nabib se levantó para informar a su marido de lo sucedido y recriminar a los policías su actitud. Nabib declaró en la Comandancia que solicitó “expresamente” a los policías nacionales que se identificaran, pero estos se negaron a ofrecerle su número de carnet profesional. “Cambiaron de tema en varias ocasiones, sin atender de manera clara ni directa a lo requerido”, recoge la denuncia, presentada esa misma tarde en dependencias del instituto armado. 

A continuación, el grupo de policías se dividió. Cuatro de ellos se retiraron al vehículo que tenían aparcado fuera y dos continuaron hablando con Nabib. “Preguntado para que diga cómo le hicieron sentir los hechos descritos”, recoge el acta, el guardia civil respondió: “Humillado y deshumanizado, especialmente por haberse producido los comentarios delante de sus hijos menores y en un establecimiento que frecuenta habitualmente la familia”. Los compañeros de la Guardia Civil, en atención a la posible comisión de un delito de odio, preguntaron a Nabib si considera que los hechos atentaron contra su “dignidad personal por razón de su origen o rasgos físicos”, a lo que la víctima contestó afirmativamente. 

Tras la toma de declaración de la víctima y diligencias, la Guardia Civil presentó un atestado de 76 folios al Juzgado número 5 de Melilla. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aseguran que su titular va a incoar una causa por un delito contra las libertades. La Guardia Civil ha localizado a cuatro testigos del incidente que serán llamados a declarar al juzgado. 

Los agentes del Servicio de Información del instituto armado también han obtenido un vídeo, grabado por un testigo con su teléfono móvil, en el que se aprecia a Nabib interactuando con dos de los policías nacionales y que serviría, al menos, para identificar a estos agentes. A ese vídeo pertenecen las capturas que ilustran esta información.

La Dirección General de la Policía asegura haber abierto una información reservada que queda detenida a la espera de una resolución judicial, según marca la normativa del Cuerpo. 

Los hechos provocaron la reacción casi inmediata de la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, quien desde su cuenta de Twitter condenó los hechos y advirtió de que se habían “activado todos los mecanismos de investigación para depurar responsabilidades”. “Ante el racismo y el insulto, tolerancia cero”, escribió la representante del Ejecutivo central en la ciudad.

La cafetería Zafiro es conocida por la calidad de sus desayunos. Es frecuentada por muchos policías, guardias civiles, locales y miembros de las Fuerzas Armadas, colectivo con una importante presencia en la ciudad autónoma. Un agente comenta que la convivencia entre cuerpos es pacífica y cordial y que no se recuerda un incidente como el que sufrió Nabib. 

A 10 minutos caminando de la cafetería Zafiro se encuentra el paso fronterizo con Marruecos y los agentes de la UIP pudieran estar disfrutando de su descanso, destacados allí para dar apoyo a sus compañeros. Está por esclarecer si se trataba de agentes llegados a Melilla para prestar servicio de forma puntual y no conocían a Nabib o si el comentario de uno de ellos “lo cojo y lo parto en tres” responde a que sabían quién era y sus habilidades deportivas.

Una jueza de Madrid ha decidido absolver a un manifestante acusado de lanzar botellas contra la Policía durante los disturbios en la calle Ferraz en noviembre de 2023. La magistrada rechaza la acusación de la Fiscalía, que pedía hasta cuatro años de cárcel para el joven, y asegura que las declaraciones de los agentes antidisturbios no han conseguido demostrar que arrojara objetos contundentes a la línea policial en una de las noches con más enfrentamientos registrados en las inmediaciones de la sede central del PSOE en Madrid. El acusado llegó a pedir sin éxito que se le aplicara la ley de amnistía.

Miles de personas se concentraron en diversas manifestaciones en las inmediaciones de la calle Ferraz en noviembre de 2023 para protestar contra la ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Concentraciones convocadas por partidos políticos como Vox o grupos de su órbita como Revuelta pero también por otros grupos de extrema derecha e influencers de corte ultra como Alvise Pérez o el líder de Desokupa.

Muchas de esas concentraciones acabaron en disturbios liderados por integrantes de grupos neonazis y la Policía Nacional, en total, detuvo a 84 personas y denunció a otras 367. Los hechos que analiza esta sentencia ocurrieron a última hora del 10 de noviembre, la octava noche de protestas en las inmediaciones de la sede central del PSOE. El acusado, que entonces tenía 24 años de edad, fue detenido poco antes de las once de la noche y acusado por los policías de haber lanzado “una botella de vidrio” a los antidisturbios durante los enfrentamientos.

El juzgado de lo penal número 24 de Julián Camarillo ha optado por absolver al acusado: “Nos encontramos ante un vacío probatorio y sólo se puede llegar a una sentencia de signo absolutorio”, explica la magistrada. Varios policías afirmaron que arrojó una botella a un compañero, pero la magistrada destaca que los vídeos del momento no muestran que fuera él quien lanzara el vidrio con el acusado, además, negando los hechos.

Uno de los policías explicó que esa tarde estaba actuando como “infiltrado entre los manifestantes” y que los hechos ocurrieron cuando la concentración ya se había disuelto, aunque otro manifestante también involucrado consiguió escapar. El acusado, por su parte, aseguró que mantuvo una actitud “pasiva de protesta e indignación”, que en ese momento trabajaba “para un despacho de abogados” y que la gente se “indignó” por “la brutalidad” de su detención por parte de agentes de paisano.

La magistrada llega incluso a expresar su “estupor” sobre el parte de lesiones de un agente que supuestamente chocó con una valla y se lesionó ambas rodillas. Según la acusación de la Fiscalía, eso sucedió por la resistencia que el acusado presentó contra su detención, pero el agente ofreció varias versiones distintas a lo largo del juicio y otro dijo que el afectado se “resbaló”. “Causa estupor que con esta información la acusación pública indique que debido a la oposición del acusado, el agente se precipitó contra una valla”, afirma la jueza.

El acusado ha sido defendido por el letrado de Guadalajara Ignacio Menéndez, habitual en los círculos de extrema derecha y que en noviembre de 2023 se ofreció a defender gratis a todos los detenidos en las protestas contra la amnistía. Menéndez, hijo del capitán golpista Camilo Menéndez, protagonizó un intento fallido de varias personas entrar al Valle de los Caídos en octubre de 2019 con un megáfono al grito de “El honor ni se divisa” y “voy a defender al comandante Franco” mientras una mujer forcejeaba con la Guardia Civil afirmando: “Queremos ir a misa”.

Las decenas de detenciones policiales durante los disturbios en Ferraz en noviembre de 2023 se tradujeron en diversas causas judiciales que, poco a poco, van llegando a juicio en distintos tribunales de la ciudad de Madrid. Otro de los procesos, en el que la Fiscalía pide más de dos años de cárcel, gira en torno a Pablo Lucini, uno de los dirigentes del grupo ultraderechista Democracia Nacional, con mucha presencia en las protestas de esos días en torno a la sede del PSOE.

En este caso, la defensa del acusado planteó que fuera exonerado a través de la aplicación de la ley de amnistía. La jueza contesta que esa interpretación es “carente de cualquier respaldo legal” y que la aplicación de esta ley es “exclusiva a los delitos cometidos en el marco de las consultas celebradas en Cataluña en 2014 y 2017”.

El Congreso ha dado luz verde a la tramitación de la reforma de la ley de seguridad ciudadana que, entre otras cosas, propone la eliminación de las pelotas de goma del material de los antidisturbios y la desaparición de las devoluciones en caliente en la frontera. La mayoría del pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad de PP y Vox y eso implica que la reforma pasará ahora seguirá su tramitación en la cámara baja.

La enmienda del PP ha sido rechazada con 169 votos a favor y 176 en contra. La de Vox, con 33 votos de su partido a favor, 176 en contra y 137 abstenciones, tampoco ha salido adelante. La norma todavía tiene que tramitarse a través de una ponencia, en la comisión de Interior y nuevamente en el pleno antes de poner rumbo al Senado.

La reforma ha sido impulsada por PSOE, Sumar, EH-Bildu, ERC y PNV y pretende modificar más de dos docenas de artículos de la ley de Seguridad Ciudadana de 2015. Una de sus principales modificaciones está al final de la norma, que con una nueva disposición adicional sobre el material antidisturbios obliga a ir sustituyendo “progresivamente” el uso de balas de goma “por otros menos lesivos”.

Otra de las nuevas disposiciones adicionales afecta a las denominadas “devoluciones en caliente” en la frontera, una medida migratoria avalada por el Tribunal Constitucional pero que ha recibido el rechazo constante de asociaciones y ONG desde su entrada en vigor. Si esta reforma termina entrando en vigor como ley, echará a correr un plazo de medio año para modificar la ley de Extranjería para que, antes de una posible expulsión, un migrante sea evaluado como posible solicitante de asilo en un lugar “habilitado al efecto en los pasos fronterizos”. Desaparecerá, por tanto, la devolución 'en caliente' en el mismo momento de la entrada.

Fotos a policías y manifestaciones

Otra de las medidas tiene que ver con uno de los puntos más controvertidos de la ley aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy y que también fue cuestionada por el Constitucional: la prohibición de fotografiar a policías en acto de servicio. El uso de imágenes o datos personales de un agente será sancionable cuando genere “un peligro cierto” al policía, algo que queda mucho más especificado: “Deberá ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o en la denuncia”. Pero no será una infracción, explica, hacer o difundir fotos de policías en lugares públicos o manifestaciones si no generan ese peligro.

Muchas de las modificaciones que contiene esta reforma afectan también al derecho de manifestación o las identificaciones por la calle. Se añade que la obligación de una persona se base en “una sospecha razonable” tras analizar “el comportamiento individual” de la persona así como a “información o circunstancias objetivas”. Si alguien se niega a identificarse o no puede ser identificado, los policías podrán llevarle a comisaría pero por un máximo de dos horas, prorrogables al actual límite de seis horas en los supuestos más excepcionales.

En una manifestación la intervención policial estará dirigida por “el respeto al libre ejercicio del derecho de reunión”, con un “enfoque de derechos humanos” y con la obligación de advertir “de manera verbal claramente audible”, indicando plazos, antes de cargar o disolver una concentración.

El sistema sancionador en torno a las manifestaciones también cambia. Los responsables o convocantes de una concentración quedarán exonerados si, aunque se hayan producido disturbios o destrozos, previamente hubieran puesto en marcha las medidas de seguridad y cumplido con los requerimientos de la autoridad gubernativa, generalmente la Delegación del Gobierno del territorio. Sale de la lista de infracciones las perturbaciones de la seguridad ciudadana por manifestaciones frente al Congreso, el Senado o los parlamentos regionales en caso de que no incurran en algún delito.

Si los policías llevan cámaras de videovigilancia durante una actuación, su uso debe quedar tasado, constar en el atestado policial y sus grabaciones “custodiadas” por si algún juzgado las necesita. El valor de la declaración de un policía también queda matizado: la palabra de un agente seguirá siendo “base suficiente” para imponer una sanción, pero se añaden matices: “Siempre que la exposición de los hechos resulten coherentes, lógicos y razonables”.

“Ustedes lo que quieren es que haya un muerto”

El pleno ha rechazado este jueves las dos enmiendas a la totalidad presentadas ante la cámara baja por PP y Vox. La enmienda a la totalidad rechazada del partido de Santiago Abascal ha sido defendida por Javier Ortega-Smith: “El objetivo es el control de las calles, mantenerse en el poder cuando lo ven amenazado, controlar la desestabilización de las calles y el caos”, ha explicado. Sobre la eliminación de las pelotas de goma en los equipos de los antidisturbios, ha preguntado: “¿Cómo pretenden que se puedan enfrentar a manifestaciones violentas de la extrema izquierda, los separatistas en Cataluña o kale borroka en el País Vasco? ¿Lanzando flores, caramelos, con buenas palabras?”.

El portavoz de la extrema derecha en esta tramitación parlamentaria también se ha referido a la futura desaparición de las devoluciones en caliente. “Abrir todavía más la puerta de nuestras fronteras y que Ceuta y Melilla se conviertan en barra libre de entrada”, ha criticado. Su propuesta era “reforzar”, precisamente, estas devoluciones en caliente.

Por parte del PP ha sido Ana Vázquez quien ha comparecido para bautizar esta nueva norma como “ley de la kale borroka, de la responsabilidad cero, de seguridad arruinada, de impunidad criminal, de manos atadas, la ley Otegi” que, según dice, “pasará los grilletes a manos de los policías”. Sobre las pelotas de goma, la diputada del PP ha afirmado que su eliminación “obligará a los agentes a enfrentarse cuerpo a cuerpo”. “Ustedes lo que quieren es que haya un muerto”, ha espetado al parlamentario de EH Bildu, Jon Iñarritu.

El parlamentario de EH Bildu ha contestado en su turno para fijar posición. “EH Bildu busca que no se vuelva a repetir lo que sucedió con Iñigo Cabacas, lo que buscamos es que no se vuelva a repetir algo así, porque las pelotas de goma son material antidisturbios propio del siglo XX, hay que buscar materiales menos lesivos y proporcionales”, ha dicho aludiendo al caso del joven muerto bajo pelotazos de goma de la Ertzaintza en 2012.

Desde la bancada de Podemos, la exministra Ione Belarra ha listado diversos casos judiciales y policiales para citar a quienes considera realmente “desprotegidos, y no la Policía”: “Los seis de la Suiza, el caso Altsasu, Tsunami Democràtic, los Jordis, operación Piñata y Pandora, Futuro Vegetal, Rodea el Congreso, la policía patriótica investigando ilegalmente a Podemos”, ha denunciado. “Mientras todo esto siga pasando en España nuestra democracia nunca va a ser plena”, ha dicho antes de citar a diversos jueces: Manuel García Castellón, Concepción Espejel, Carmen Lamela y el “sacrosanto” Manuel Marchena.

Aquel 25 de septiembre de 2012 decenas de miles de personas se congregaron en la plaza de Neptuno, en Madrid. Convocados ante el llamamiento de rodear el Congreso, la noche terminó con duras cargas policiales que se prolongaron hasta en el interior de la estación de Atocha. Detuvieron a 35 personas y 64 más resultaron heridas. De ellas, 27 fueron agentes, aunque la Delegación del Gobierno no concretó sus dolencias. El próximo 18 de noviembre comenzará la vista oral para 21 de esos detenidos en lo que los organizadores de la protesta han tildado de “macrojuicio”. Más de 12 años después, la Justicia dirimirá lo ocurrido. La Fiscalía pide condenas que en algunos casos superan los siete años de cárcel y que, en total, suman 112 años entre todos los acusados

Decenas de vídeos inundaron las redes aquel martes, 25-S. Uno de ellos dejó una imagen que todavía se recuerda. Ante una de las cargas policiales, un agente de paisano comenzó a gritar “¡Que soy compañero, coño!” para zafarse de los golpes que sus propios colegas de profesión le estaban propinando en el suelo. A su lado, también sobre el asfalto, estaba Ángel García, al que acusan de desórdenes públicos y para quien el Ministerio Público solicita una pena de 3 años y 8 meses de prisión, la más baja de todas. 

Él será uno de los hombres y mujeres que los próximos días desfilarán ante un juzgado de lo penal de Madrid: “Éramos miles de personas en Neptuno, la Policía cargó y la gente echó a correr. Yo noté un fuerte empujón por la espalda y me tiraron al suelo”, comienza su relato.

Ángel asegura que fue arrastrado por dos agentes de paisano. “No hay que olvidar que aquella movilización estuvo infestada de este tipo de policías”, apuntilla Elena García, una de las promotoras de la convocatoria. Tras caer al suelo, este jardinero que por entonces tenía 39 años terminó siendo arrastrado unos metros por policías no uniformados. “Me llevaron cerca de los furgones policiales y ahí los antidisturbios se liaron a golpes conmigo y con ellos dos. Eso sale en las imágenes, en las que uno empieza a decir que es su compañero para que le dejaran de pegar”, ilustra.

Tras la detención terminó en los calabozos de la comisaría de Moratalaz. Asegura que allí sufrió maltrato psicológico por parte de los policías: “No nos dejaban ir al servicio a hacer nuestras necesidades y nos tuvieron todos los días con la luz encendida para impedirnos poder dormir”, denuncia. No es el único que denunció abusos policiales. Unas denuncias de maltrato policial que no fueron investigadas y que se han traducido en una condena para España por parte de la Justicia Europea.

Las calles, un polvorín

En 2012, con Mariano Rajoy y el PP al frente del Gobierno, las clases más humildes todavía no se habían recuperado del fuerte golpe que supuso la crisis financiera de 2008. Las protestas multitudinarias protagonizaban los fines de semana en una capital convertida en epicentro de la movilización. Era el tiempo de las Marchas de la Dignidad, la huelga general, la marcha de los mineros y la eclosión de las mareas en defensa de los servicios públicos. Para intentar aplacar y controlar ese descontento, el 25 de septiembre de 2012 arribaron a Madrid más de 1.300 agentes procedentes de 30 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) del total de 52 que existen en España. Después aprobarían la Ley Mordaza.

Las imágenes de manifestantes ensangrentados coparon portadas al día siguiente, una jornada en la que también se celebró otro Rodea el Congreso. Por aquel entonces, el 77% de la sociedad española compartía los motivos por los que salir a la calle el 25-S. “Pedíamos un nuevo proceso constituyente. Negábamos el Régimen del 78 al completo y queríamos sentar unas nuevas bases sobre las que construir un nuevo modelo de Estado”, recuerda Elena.

Agresiones no acreditadas

Ahora, doce años después, Ángel tiene 51 años y una pena de banquillo que ha arrastrado desde entonces debido a la gran dilación del juicio. “Me acusan de haber pegado a un agente con un palo. Justo da la casualidad de que ese agente no está identificado, nadie sabe quién es”, recalca. Ertlanz Ibarrondo es su abogado e incide en que este se trata de un caso paradigmático al haber imágenes que objetivan todo lo sucedido. Además, señala que la narración de los hechos realizada por los agentes sitúa a su cliente en un lugar diferente al que en realidad se encontraba.

Por eso, durante la vista oral habrá que dilucidar si hubo enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios y quién los provocó, expresa el letrado. También considera que pasar tanto tiempo esperando un juicio es una forma de reducir la capacidad de acción política en aquellas personas con inquietudes que quieren defender sus derechos. “En mi opinión, eso es lo que buscan este tipo de procedimientos, que te pienses muy bien si participas después en otras movilizaciones”, en sus propias palabras.

Ángel confirma esta postura: “Más allá de que llevo más de una década sin saber qué va a ser de mí, todo este tiempo he tenido miedo de participar en otras movilizaciones. Si ya me detuvieron no habiendo hecho nada, podría volver a pasar”. En este sentido, Ibarrondo enfatiza la importancia de los vídeos que objetivan actuaciones policiales, convertidos en pruebas documentales esenciales en casos judiciales como este.

Desde su punto de vista, eso es lo que intentó prohibir el Gobierno de Rajoy con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y que en un primer momento censuraba la grabación de esas conductas por parte de los policías. “En el caso de Ángel y en el de los demás acusados se verá una carga documental muy elevada. Hay muchos vídeos que acreditan que los hechos no sucedieron como relatan los agentes”, determina el abogado.

El juicio se alargará durante nueve jornadas en la que los 21 procesados deben acudir a los tribunales. “Nos obligan a estar todos los días con lo que eso comporta para nuestra vida diaria. Hay gente que tendrá que dar muchas explicaciones en sus trabajos por algo que sucedió hace 12 años”, se queja Ángel. Cuando llegue su turno, ante el juez se declarará inocente, e Ibarrondo pedirá su absolución. “Quizá la Fiscalía ofrezca algún tipo de trato, pero yo me voy a negar. No voy a aceptar ninguna pena por algo que no he cometido”, zanja este acusado.

Los convocantes, exonerados por la Audiencia Nacional

Elena Martínez, por su parte, llegó a ser catalogada como una de las convocantes de aquel 25-S. Ella y otros siete activistas se enfrentaron en la Audiencia Nacional a la acusación de un delito contra altos organismos de la nación tipificado en el artículo 494 del Código Penal después de haber sido identificados en las asambleas públicas que realizaban los domingos en el Parque de El Retiro. Terminaron absueltos. “Eran tiempos de un gran malestar social y de cierto abandono por parte de las instituciones hacia las clases populares, como sucede ahora”, comenta esta activista. Y añade: “La gente se empezaba a dar cuenta que España arrastraba unas carencias democráticas muy grandes que provenían de la falta de ruptura con el franquismo, por eso pedíamos un nuevo proceso constituyente”.

Eligieron el 25 de septiembre de 2012 para rodear el Congreso y mostrar ese descontento. Las cargas comenzaron en torno a las 19.00 horas, cuando miles de personas atestaban Neptuno. Según la Delegación del Gobierno, dirigida entonces por Cristina Cifuentes, tan solo fueron 6.000 manifestantes. “Iba a ser algo pacífico y todo el mundo tiene derecho de reunión como bien fundamental sin necesidad de aprobación por ninguna institución, por eso comunicamos la movilización tan solo a nivel administrativo”, recuerda Elena.

Apenas unos días antes del 25-S, ella y otras siete personas recibieron citaciones judiciales: “Es la primera vez que se juzga un delito que todavía no ha ocurrido. Si decíamos que había carencias democráticas, esto nos lo confirma”, opina la activista. La movilización salió adelante. “Aquello fue un despliegue policial brutal. Cientos de personas ni siquiera pudieron llegar a Neptuno porque fueron interceptadas antes”, recuerda.

Elena rememora aquello como una muestra muy fuerte de poder popular, parafraseando sus términos. “Éramos miles de personas que no nos conocíamos, pero nos encontramos ahí como compañeros, codo a codo, y ese es el clima que esperamos que vuelva a haber para el juicio, que los 21 encausados no se sientan solos”, prosigue. Así enfrentan este “macrojuicio”, tal y como lo califica la propia Elena, que tendrá lugar del 18 al 28 de noviembre en Madrid y en el que la Fiscalía solicita condenas que implicarían la entrada en prisión de todos los activistas, acusados sobre todo de desórdenes públicos y atentado y resistencia a la autoridad.

La Ertzaintza ha adquirido este mes de agosto exactamente 82 porras extensibles hechas de “aluminio de alta resistencia”, un material antidisturbios que suelen portar agentes de paisano o infiltrados y que dan apoyo a los uniformados desplegados en operativos de orden público. Según la documentación oficial del Departamento de Seguridad, el material lo aportará la empresa catalana Armería Ravell y ya tendría que estar disponible a tenor del plazo asumido de siete días desde que se formalizó el contrato, a principios de mes.

Se trata de un contrato directo y sin concurso, ya que Seguridad ha comprado estos “bastones” por 14.999,99 euros más IVA, es decir, un céntimo de euro por debajo del límite para tener que realizar una licitación pública, aunque en otros momentos del expediente consta como precio 14.962,54, que es el resultado de multiplicar 82 por el precio unitario ofertado, que son 182,47 euros. Se da la circunstancia de que al mismo tiempo se ha cerrado también la adquisición de “cinturones dobles” para la Ertzaintza igualmente por 14.999,99 euros más IVA. En todo caso, consta que se cursó una invitación a otras dos proveedoras, aunque han sido desechadas.

Armería Ravell ha proporcionado a la Ertzaintza un producto denominado “defensa extensible” del tipo ASP F21 Airweight. La documentación presentada es de apenas un folio con una pequeña descripción y una imagen del producto. En esa ficha se explica que “las defensas extensibles del fabricante americano ASP han sido sin duda alguna los pioneros en el desarrollo de este tipo de productos”. Se añade que tiene 40 años de garantía en el sector y que es “uno de los principales suministradores del mundo” tanto para policías como para militares. Sobre la porra concreta comprada para la Policía vasca, se explica que “la serie Friction (F) funciona por fricción”, que el bastón “se extiende por inercia” y que “se bloquea gracias a la fricción de los tramos”.

“La serie F dispone de empuñadura de polvinilo antideslizante de alta resistencia, de aspecto 'foam' por infinitamente más robusto”, se añade. Está “fabricada en aleación de aluminio 7075 de alta residencia”. El 'foam' es el material de los nuevos proyectiles antidisturbios y ha habido quejas por lesiones producidas en quienes han recibido su impacto. La porra tiene una dimensión de 51 centímetros extendida y de 21 cuando está plegada. Pesa 252 gramos.

En una de sus primeras actuaciones en el cargo, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha escrito una carta a la familia de la mujer que denunció haber recibido el impacto de un proyectil de 'foam' en la cabeza durante las cargas de la Ertzaintza que se produjeron en el último partido de Champions League que jugó la Real Sociedad en Anoeta, el que jugó contra el PSG francés el 5 de marzo. Una magistrada de Donostia, la titular de Instrucción 4, Ana Isabel Pérez Asenjo, decretó a mediados de mayo el archivo provisional de la investigación al no haber encontrado un autor concreto del disparo del material antidisturbios, aunque sí está probado que los agentes emplearon el armamento esa noche. Lo hizo sin haber tomado declaración a la víctima y sin haber escrutado el último informe de Asuntos Internos de la propia Policía vasca, que llegó después, ya en junio. También después ha aparecido un vídeo en el que, según denuncia la familia, un agente propina una patada a la víctima después de que se hubiese incorporado desorientada tras lo que describe como una “detonación” que le impactó en el lado izquierdo de la cabeza y que la dejó sin audición por unos momentos. Ese vídeo era diferente al que les había proporcionado la Ertzaintza antes, indican.

Los abogados de la familia han presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa para intentar que se reabra la investigación. En puridad, se han cerrado todas las denuncias de particulares contra la Policía por las actuaciones en el estadio ahora llamado Reale Arena en aquella noche de marzo. Solamente sigue viva una causa de la Ertzaintza contra personas que les increparon y agredieron. La comisión de control y transparencia, un organismo externo y dirigido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, sí mantiene abierta una investigación. Se inició a las 72 horas de los hechos y en ella se apuntaba a que la víctima precisaba de una exploración “forense” para determinar si sus lesiones, perfectamente acreditadas en informes médicos, eran o no “compatibles” con el nuevo material de la Ertzaintza que sustituyó a las pelotas de goma precisamente después de que una de ellas impactara en la cabeza de un aficionado del Athletic de Bilbao, Íñigo Cabacas, que murió en el hospital por el traumatismo. Pero ese análisis tampoco se ha realizado. elDiario.es/Euskadi, con base en los informes de Asuntos Internos de la Ertzaintza, reconstruye lo ocurrido en Donostia aquella noche del 5 de marzo de 2024.

1 - El contexto

Las cargas en Anoeta se produjeron en un contexto muy concreto. Tolosa, noche del 12 al 13 de febrero: un menor resultó herido en un ojo por el impacto tras un rebote de un proyectil de 'foam' lanzado por la Ertzaintza, que intervino por unos altercados nocturnos durante el Carnaval. Donostia, 27 de febrero: se produjeron problemas en el partido entre la Real Sociedad y el Mallorca de la Copa del Rey. Bilbao, 29 de febrero: nuevos incidentes en la Copa del Rey, esta vez en el partido entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. Vitoria, 3 de marzo: los antidisturbios cargan durante la manifestación en homenaje a las víctimas del 3 de marzo de 1976 y en una grabación se ve a un agente uniformado golpeando a un colega de paisano y se denuncian lesiones por parte de algunos de los asistentes.

Ese mismo martes, a mediodía, el entonces consejero de Seguridad, el vicelehendakari Josu Erkoreka, compareció en rueda de prensa. Se informó de que, en el marco dispositivo previo a un partido de alto riesgo como era el del PSG, se había identificado a más de un centenar de ultras de uno y otro equipo y decomisado material lesivo. Erkoreka añadió, preguntado por la concatenación de actuaciones controvertidas, que la “trastienda” de la izquierda abertzale estaba causando incidentes de modo organizado para alentar el debate sobre el “modelo policial” en puertas de unas elecciones, las autonómicas del 21 de abril. Precisamente por el contexto electoral Erkoreka nunca compareció en el Parlamento para atender algunas peticiones de la oposición, principalmente de Podemos y EH Bildu, en torno a estos hechos.

2 - El relato de la víctima

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza citó a la denunciante en una comisaría de Gipuzkoa 48 horas después de que los medios de comunicación informaran del archivo de la investigación judicial. El agente C49L9 tomó declaración a la mujer “en relación con los incidentes de orden público que tuvieron lugar el día 5 de marzo de 2024 en Donostia-San Sebastián, en el marco del partido de fútbol entre la Real Sociedad y el Paris Saint Germain”, aunque ella nunca formó parte de ellos.

—¿Recuerda los hechos?

—Sí, lo recuerdo.

Así arrancó la comparecencia. La mujer explicó que a las 20.30 horas llegó en el Topo, como se conoce al servicio de Cercanías de Euskotren que une Donostia con Hendaya, a las inmediaciones del Reale Arena. Iba con su marido y con su hijo, menor de edad. Padre y niño entraron al estadio pero ella necesitaba cobertura de datos para descargar la entrada y se alejó un instante de nuevo hacia la zona de la estación. Se quedó en la mediana del paseo de Errondo. Mientras consultaba su teléfono, “repentinamente” observó que más de una decena de antidisturbios de la Ertzaintza se acercaban “a la carrera”. “Intenté alejarme de la zona, corriendo en dirección hacia el estadio. Pero, en ese mismo instante, escuché un ruido fuerte, una detonación. Noté un fuerte impacto en la zona lateral izquierda de la cabeza, en la zona del oído. A consecuencia de dicho impacto, resulté precipitada en el suelo sobre el costado derecho. Percibí un fuerte dolor en la cabeza en dicha zona y pérdida momentánea del oído”, indicó. [El testimonio original está transcrito en tercera persona y se ha adaptado]. El agente que tomó la declaración concluye que “a pesar de que no pudo ver a ningún agente disparando” ni “localizar ningún proyectil” lo “achacó” a un “pelotazo de la Ertzaintza”.

La mujer se levantó, buscó refugio en la estación del Topo, pero los vigilantes impedían el paso. “Como me encontraba mareada, me agaché en cuclillas en una pared”, contó también. Es ahí donde un agente figura en el vídeo conocido después del cierre de la causa judicial propinándole una patada. Recibió ayuda de una persona de habla francesa. También de dos chicas. Pudo llamar a su marido y le contó que había recibido “un pelotazo” de la Ertzaintza. No le dieron “trascendencia” a las lesiones y entraron en familia al campo. Pero lo abandonaron sin ver el resultado final -la eliminación europea de su equipo- y buscaron asistencia médica. Acabó ingresada en la UCI. La comparecencia duró 135 minutos y terminó con la mujer remarcando que su relato “es verdad”.

3 - La versión oficial

El agente 22120 es el autor del informe final de Asuntos Internos sobre este asunto. La conclusión es que no hay conclusión, es decir, que es indemostrable que un proyectil de 'foam' causase las heridas de la denunciante. También se apunta que la patada es más un “tropiezo” de un ertzaina. Se concede que víctima y antidisturbios tuvieron una coincidencia “espacio/temporal” en los aledaños de Anoeta, pero se recalca que lo relevante de la noche fueron los continuados disturbios y los ataques sufridos por los agentes intervinientes.

De hecho, el atestado arranca mucho antes incluso de que la familia de la mujer saliera de su casa y cogiera el Topo. El informe empieza con unos “incidentes” a las 19.30 horas. “Grupos de alborotadores” atacaron a la Ertzaintza desplegada. Textualmente, y sin que la denunciante participara en ningún momento en ellos, se indica que “por estos hechos se instruyeron diferentes atestados, entre ellos el presente”. Se detalla casos de agentes con heridas en la cara o incluso en los genitales.

“En lo referente a las lesiones denunciadas, se entendió que esta última cámara [de la Guardia Municipal de Donostia en la rotonda Aita Donosti] recogía un episodio, la caída de una persona frente al avance de una línea de ertzainas”, se indica. La Policía habla de “baja calidad” de la grabación y que encomendó a una empresa externa el “tratamiento y mejora” de la secuencia de vídeo para poder ver lo ocurrido “con mayor claridad”.

Se concreta que a las 20.42 horas el equipo de Reacción 1 de la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios del cuerpo, está ubicado en el paseo de Errondo. Estaba compuesto por tres 'francias', las 4MF41, 4MF44 y 4MF21. 'Francia' es el nombre que reciben internamente las furgonetas. Cada una tenía seis agentes, dieciocho en total. Al cargo del equipo estaba el oficial con código profesional M11N9. Vestían buzos negros con su número profesional visible, cascos, escudos y lanzadores de 'foam'. En la retaguardia estaba Reacción 2, pero no intervino en estos hechos.

Explica la Ertzaintza que en la zona de la estación del Topo había un grupo de “alborotadores”. Cuatro carriles, dos líneas de aparcamiento y una mediana los separaban de la dotación. Son unos 60 metros. En ese momento, en medio de ambos, decenas de personas cruzaban a un lado y a otro. Son aficionados totalmente ajenos a cualquier incidencia. También la víctima. Se justifica la carga como un “avance” en la posición. Allí “se observa” que una persona, en la mediana, cae “de forma súbita”. La Policía alimenta como hipótesis que un varón “encapuchado” con el que se cruzó chocara con ella, pero concede que quizás sea un “efecto óptico” de la grabación. La víctima nunca ha mencionado a esa persona y, además, un golpe en la calle no causa lesiones en la cabeza. Esa tercera persona nunca lanzó un objeto a los policías, según la investigación. Consta también que uno de los miembros de Reacción 1 se quedó atrás caído en el suelo.

El informe muestra que la víctima se levantó y se refugió, efectivamente, en la entrada de la estación. ¿Cómo explica la versión oficial la patada que denuncia? “No se puede afirmar con rotundidad, debido a la baja calidad de las imágenes, pero da la sensación de que en ese instante un ertzaina evita tropezar con ella mientras permanece en el suelo. El agente parece perder momentáneamente el equilibrio, no pudiendo afirmarse si llega a colisionar contra ella”, describen.

El informe de Asuntos Internos entrevista a dos agentes. Son los dos mandos al cargo de Reacción 1 y Reacción 2. Esa comparecencias tuvieron lugar en marzo, pocos días después del partido. M11N9, el oficial responsable de la unidad que intervino, inicia el relato de lo ocurrido a las 19.15 horas, es decir, noventa minutos antes de la aparición de la mujer herida. Habla de “piedras”, “botellas” y otros objetos contundentes contra sus hombres y mujeres. Señala que 23083, 25088 y H85E1 salieron heridos. Sobre los hechos concretos, admite que había 60 metros entre la línea policial y la estación donde estaban los “alborotadores” identificados. Se estaban “aprovisionando” de “objetos arrojadizos” y pidió permiso al “mando táctico” de la Brigada Móvil para cargar. No lo recibió y necesitó pedirlo dos veces más. Asume que había “viandantes ajenos” en medio y que, en esa “carrera”, una persona se había caído. No reconoce ningún disparo en ese momento. Solamente en el repliegue y en dirección al colegio Amara Berri. Se empleó, según esta versión, un solo cartucho del tipo más suave, el SIR.

4 - El armamento empleado

Tras la muerte de Cabacas, cambiaron todos los protocolos antidisturbios de la Ertzaintza. Para empezar, nunca se volvió a disparar una pelota de goma, aunque técnicamente la Brigada Móvil mantiene las escopetas en su dotación. Es precisa una orden del viceconsejero de Seguridad para usarlas y ni Josu Zubiaga ni Rodrigo Gartzia la han dado desde 2012. También es ya obligatorio registrar qué armas se disparan y cuántos proyectiles se emplean, además del tipo. El armamento ordinario es un lanzador de 'foam', más preciso y menos letal que las bolas de caucho pero que exige disparos por debajo de la cintura y una determinada gama de distancias igualmente. El equipo de Reacción 1 disparó diez balas de 'foam' del tipo SIR y una del tipo SIR X, que es más dura y causa más dolor en la zona de impacto. Perdió por el camino dos cartuchos de SIR X. Se realizaron también salvas o disparos en vacío, ruidosos pero inofensivos.

Pero la Ertzaintza no admite que hubiera uso de los lanzadores durante el “avance” en el cayó desplomada la denunciante. “Respecto al uso de esta munición, es importante destacar que, más allá de lo expuesto por los agentes actuantes en sus comparecencias, en el caso que nos ocupa no ha sido posible determinar el momento o lugar exactos en que fueron empleadas. Existe constancia de su uso en momentos y lugares anteriores a la aparición en escena de la mujer [...] pero no en esa zona o momento concreto”, describen. ¿Portaban lanzadores? Sí. ¿Si los usaron estaría justificado y sería proporcional? También, porque “en el mismo momento” había una “pluralidad” de personas “en claro lanzamiento de objetos” hacia Reacción 1. La Policía, al menos, concede que no fueron esos objetos los que causaron las lesiones de la víctima.