Fernando Suárez, exrector de la universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid, dejó el cargo y convocó elecciones en 2017 por el escándalo de sus numerosos plagios. Desde entonces, y tras un periodo fuera de la universidad y luego sin actividad docente en un despacho de la biblioteca del campus de Fuenlabrada, se incorporó como profesor de Historia del Derecho y las Instituciones. Este año, además de su salario docente, recibirá un plus de 2.000 euros en atención a sus “méritos” en la investigación. Es uno de los varios centenares de profesores de la universidad pública que va a recibir un incentivo por su labor “científica”. Concretamente, Fernando Suárez tiene publicados en su perfil académico dos proyectos que abarcan desde el 2016 al 2019 para investigar sobre los Reales Sitios (propiedades de la Corona administrados por Patrimonio Nacional) y sobre “Madrid, de corte a capital”, en el que figura como investigador principal, según refleja su página de la URJC. Financian los proyectos la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Economía.

La vuelta a la producción de Suárez se produce después de que tuviera que abandonar el puesto de rector debido a la publicación en eldiario.es de al menos once plagios literales a otros autores. El autor presentó como propias ideas y obras de otros. Por ejemplo, copió y pegó parte de la tesis de una alumna de la Complutense, plagió obras de su propio padre (investigador cercano a la Fundación Franco), también copió a un profesor de Harvard, a un historiador y rabino de la Universidad Hebrea de Jerusalén o a un exdirector de la Real Academia de la Historia. Por todo ello, Suárez tuvo además que dimitir como vocal de la Conferencia de Rectores, como académico de la Real Academia de la Historia y como director de un prestigioso anuario que publica el Ministerio de Justicia tras conocerse su historial de plagios. Dos de ellos han acabado en la justicia: el catedrático jubilado de la Universidad de Barcelona Miguel Ángel Aparicio lo demandó por plagiar “literal y totalmente” 111 páginas de una obra de 180 y otro profesor interpuso una segunda demanda. La URJC anunció en 2016 que abría una investigación por el caso de Suárez de la que no se ha sabido nada ni ha habido como resultado ningún expediente o amonestación al exrector.

La ayuda pública concedida este año, a la que se presentó Suárez y que le ha sido concedida, tiene como objetivo “incentivar la investigación mediante la valoración a posteriori de la producción científica e individual durante el año 2018 y la consiguiente asignación de una cuantía económica individual en función del mérito”.

En este caso, ha recibido el mínimo, 2.000 euros, que se da a los candidatos que están “en posesión de un sexenio vivo en 2018”, es decir, que hace menos de seis años que el profesor recibió el plus estatal de investigación. La ayuda prevé otros mil euros como máximo en función de la “calidad científica” que en este caso no ha sido concedida. En el año 2017, el mismo en el que tuvo que convocar elecciones por el escándalo de los plagios, también se presentó a estos incentivos y consiguió un plus por el mismo motivo, pero en este caso algo mayor, de 2.400 euros.

El Vicerrectorado de Investigación de la URJC es el que otorga estas ayudas a sus profesores, para las que tiene un presupuesto total de 1,4 millones de euros. Los trabajos deben pasar por una comisión evaluadora, según la normativa. La URJC ha sido contactada pero se encuentra sin actividad institucional ni académica hasta el 8 de enero. El profesor Fernando Suárez no ha respondido a la petición de información de eldiario.es.

El antiguo rector de la Universidad Rey Juan Carlos Fernando Suárez, conocido por abandonar el cargo tras el escándalo de los plagios, se defiende de su imputación en el caso Máster de Pablo Casado asegurando que su firma aparece en las convalidaciones del actual presidente del PP, como lo hace en cualquier otro “acuerdo de todos los másters de la URJC”.

En un escrito dirigido a la jueza Carmen Rodríguez-Medel, Suárez recuerda que en el momento en que el actual persidente del PP cursó el máster, en el curso 2008/09, él era vicerrector de Ordenación Académica y profesorado, Coordinación y Campus. Su rúbrica en las convalidaciones de Casado es, añade, es “un mero trámite administrativo de ratificación de las propuestas que realizaban las subcomisiones de convalidaciones para estudios de postgrado de cada máster, que eran las encargadas de resolver las convalidaciones”, según aparece el escrito al que ha tenido acceso eldiario.es.

Suárez está citado el próximo 2 de agosto para declarar como imputado en la pieza que investiga el máster de Pablo Casado. Ese mismo día también comparecerán, igualmente como investigados, los dos profesores que pusieron sobresaliente al actual presidente del PP en las únicas cuatro asignaturas que tuvo que cursar de las 22 que incluía el máster. Las otras 18 le fueron convalidadas automáticamente. 

El fin último del escrito de la defensa de Suárez es que la jueza compruebe lo que él afirma requiriendo a la Universidad “copia de todos los acuerdos y comunicaciones remitidas a los alumnos de cualquier máster impartido en la URJC” en los cursos que van de 2006 a 2011, por los que la Comisión de Adaptaciones y Convalidaciones les convalidara asignaturas. 

Está pendiente de que la Universidad informe a la jueza de quiénes conformaban la Comisión de Convalidaciones y que encuentre y le entregue el acta, de existir, de la citada comisión de fecha 3 de febrero de 2009, por la que se convalidó a Casado. 

“Con el Carande empezó todo”. La fuente se sienta, saca una pila de papeles y realiza su primera afirmación categórica. Otras personas lo corroborarán después. El Centro de Estudios Superiores, Sociales y Jurídicos Ramón Carande, que perteneció primero a la Universidad Complutense de Madrid y luego se integró en la Universidad Rey Juan Carlos, fue el embrión de (casi) todos los males de la URJC.

En este centro entraron a trabajar y se conocieron en los 90 —en algunos casos se conocían ya y por eso entraron— prácticamente todos los que hoy se están viendo envueltos en el escándalo del máster de Cifuentes y antes en los plagios del exrector Fernando Suárez. Allí coincidieron el propio Suárez, el también exrector Rogelio Pérez Bustamante, Teresa Feito, la mujer que intermedió por Cristina Cifuentes ante la URJC cuando saltó el escándalo, el profesor del curso Pablo Chico de la Cámara, que trabajó para el PP, la profesora Laura Nuño (subdirectora del insituto de Álvarez Conde), y toda una serie de personajes vinculados al Partido Popular, como Fernando García Rubio, Chuky, imputado en la Púnica, o Jesús Calvo Soria, ídem en la Gürtel. Entre otros.

También sale del Carande algún otro del que no se habla, pero que varias fuentes confirman como uno de los principales forjadores —en un segundo nivel, por debajo del poder— de la red de apoyos de la URJC: Jorge Urosa, el más importante de “los Urosa”, cuatro hermanos muy relacionados con el PP, con Gustavo Villapalos, el consejero que puso en marcha la URJC, con Ana Mato y con conexiones por toda la universidad.

De Pérez Bustamante a Suárez

El Ramón Carande fue creado en 1990 con sede en Vicálvaro. Empezó como un centro universitario vinculado a la Universidad Complutense de Madrid hasta que el 1 de octubre de 1998 pasó a integrarse en la Universidad Rey Juan Carlos. Y con él, todos sus trabajadores. Pero para ese año el trabajo ya estaba hecho.

En 1996, Gustavo Villapalos, consejero de Educación del Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en aquel momento y padre de la URJC, puso de director del centro a Rogelio Pérez Bustamente, catedrático de Historia del Derecho, futuro rector de la URJC. La buena relación entre ambos duraría cuatro años.

El secretario general de Pérez Bustamente en el Carande en esa época era Fernando Suárez Bilbao, el conocido como “rector plagio” en la Universidad. Suárez había entrado en el centro entre 1991 y 1992. La relación entre director y secretario general, calificada de “amistad” por algunas fuentes, iba a ser beneficiosa sobre todo para Suárez: Pérez Bustamente presidió el tribunal que aprobó su tesis, este le copió varios párrafos de una de sus obras para su tesis (“algunas personas han querido ver cosas, pero nunca se ha podido demostrar nada”, explica Pérez Bustamante a eldiario.es, que se desmarca de los plagios) y aquel le promocionó por la universidad, aunque el primer intento de darle una plaza de profesor acabó en manos de Jorge Urosa. Suárez se desquitaría con el promotor de todo años más tarde, cuando en 2014 la URJC invistió doctor honoris causa a Gustavo Villapalos siendo Suárez rector.

“Me negué y les estorbaba”

Ya desde antes de la llegada de Pérez Bustamente al centro se sucedían las prácticas irregulares, según las misma fuentes. “Empezaron a meter a gente afín”, explica un extrabajador. De aquella época hay rastro en las hemerotecas por la contratación de 25 personas (algunas informaciones hablan de 24) en un proceso cuanto menos oscuro que llevó a la Asamblea de Madrid a pedir la comparecencia de Pérez Bustamante, quien plantó al menos dos veces a los diputados. Uno de los que entró en estos procesos supuestamente irregulares fue Rubén Urosa, hermano de Jorge, que ya por entonces era director de Extensión Universitaria en el Carande, según contaba la prensa del momento.

Pérez Bustamente niega, en conversación con este diario, que formara parte de aquellos tejemanejes. “Cuando se estaba construyendo el Carande había muchos intereses”, admite. “Pero yo soy una persona de universidad, solo tengo vocación intelectual, una carrera académica, y soy ajenos a los intereses políticos. Me negué a participar en algo que no fuera estrictamente universitario y, por lo visto, les estorbaba y me hicieron una moción de censura”, argumenta.

Aquel episodio, el de la moción de censura, fue extraño. Pérez Bustamante llevaba dos meses en el cargo cuando la presentó uno de sus vicerrectores, Enrique Otero, quien le había apoyado para ser rector y que le sucedería en el cargo. “No se puede censurar cuando no se ha hecho gestión”, se indigna Pérez Bustamente. Y señala: “Fue una moción política, no universitaria”. No lo nombra, pero se refiere a Villapalos. El mismo que le había colocado al frente del Carande. En los cuatro años que pasaron de 1996 al 2000, Pérez Bustamante pasó de tener el apoyo del consejero de Educación a verse apartado, según su versión, por la misma persona. “Algo pasaría entre medias”, se observa. Opta por callar y se remite a su negativa a participar de los intereses políticos respecto a la universidad.

Pero eso sería más tarde. Antes, en 1998, el Ramón Carande se integró en la URJC, que se había creado dos años antes. La integración supuso la asimilación por parte de la universidad de todos sus trabajadores. Entonces, además de los citados Urosa o los dos futuros rectores Suárez y Pérez Bustamante, ya estaban en el centro Teresa Sánchez Magdaleno (quién tuvo puestos de confianza con los tres rectores polémicos: fue exgerenta general de la URJC con Suárez, exgerenta del campus de Vicálvaro con Trevijano y exjefa del Gabinete de Dirección del Carande con Pérez Bustamante), Chico de la Cámara o personas relacionadas con la política y el PP como Juan Andrés Díaz Guerra o el mencionado Chuky. Muchos de ellos pasaron de ser personal laboral a funcionarios entre los años 2000 y 2001 como consecuencia de la integración del Carande en la URJC.

“En aquellos años, la universidad no tenía Estatutos”, recuerda un trabajador. Dato importante, porque permitía mucha libertad de acción a los directivos del centro. El “rector-comisario” —el primero del centro— era Guillermo Calleja, un catedrático de Ingeniería Química que provenía de la Universidad Complutense. Como no había Estatutos, Calleja fue nombrado a dedo por Villapalos, con quien tenía relación de su época común en la UCM.

Los Urosa

“En esos años hacían y deshacían lo que querían”, recuerda una persona que vivió aquellos procesos, y mandaba “Jorge Urosa”, dice. El hermano mayor de la saga. El primero en entrar en el Carande de la mano de Villapalos.

La relación de los Urosa con Villapalos comenzó en la Universidad Complutense. Jorge fue director de un colegio mayor en la UCM. Según algunas fuentes, los hermanos apoyaron al futuro consejero de Educación para convertirse en rector de la UCM. Luego, Villapalos los apoyó a ellos. A casi todos, por varias vías. Por la vía UCM también se explica la relación de Jorge Urosa con Cristina Cifuentes. Cuando él dirigía el Colegio Mayor Antonio de Nebrija ella hacía lo propio en el femenino Miguel Antonio Caro. Ambos están pegados.

Despúes, Jorge Urosa entró en el Ramón Carande —centro público financiado por la Comunidad de Madrid del consejero Villapalos— el 1 de octubre de 1995. Años más tarde, el propio Villapalos dirigiría su tesis, que leyó en la Universidad de Burgos. En ese mismo tribunal estaba como vocal Rogelio Pérez Bustamante.

Detrás de Jorge se metieron en el Carande sus hermanos David y Rubén. Este último accedió a una de las 25 plazas polémicas del Carande que “solo salió anunciada en el tablón de anuncios del centro”, según admitió el propio Jorge a El País en 1999. Esta práctica sigue realizándose hoy en día en al URJC, o al menos lo hacía hace un par de cursos, contraviniendo toda la normativa sobre la publicidad debida que deben tener las convocatorias de plazas públicas. El profesor del centro Antonio Cuerda explica el funcionamiento de estas prácticas en esta carta abierta. Jorge Urosa no ha contestado a las preguntas de eldiario.es para confirmar su papel en el centro.

Solo tres meses después del desembarco de Rubén Urosa en el Carande, Villapalos le nombró director general de Juventud en la Comunidad de Madrid. Él es la conexión directa, aunque no la única, de los Urosa con el PP. En 2012, ya de la mano de una Ana Mato con la que haría carrera, Rubén fue nombrado director General del Instituto de la Juventud, un centro adscrito al Ministerio de Sanidad que dirigía Mato.

Allí, este Urosa se hizo célebre porque envió una circular a sus empleados públicos por la que les prohibía criticar al Gobierno en público: “La formulación de críticas u opiniones sobre las medidas que el Gobierno de la nación proyecta adoptar en el ejercicio de sus funciones (…) no resulta compatible con los deberes que incumben a los empleados públicos”, les advertía.

El último de los hermanos Urosa es José Luis, que está en la Universidad Complutense. Como admitió Jorge a El País en 1999, en medio del escándalo de las plazas irregulares del Carande que afectó a su hermano y comparándose con los Fernández Ochoa, “a nosotros nos gusta el mundo de la Universidad por tradición familiar”.

Varias fuentes confirman que Jorge Urosa “copaba todo”. “Urosa lo movía todo. Quién iba a la URJC, quién no. Los catedráticos decían: 'Aquí, lo que diga Urosa, que es lo que dice Villapalos'”, cuenta un antiguo empleado. 

Su último destino ha sido el Instituto Integral de Formación Permanente de la Universidad Rey Juan Carlos, un centro desde el que “hacen y deshacen a voluntad”, con absoluta falta de transparencia, según algunos empleados de la URJC. También es el delegado del rector para centros adscritos y títulos propios externos de la universidad. Desde ese puesto está relacionado, entre otros, con el Instituto de Derecho Público del máster de Cifuentes y con otros centros como el Emile Noel, de Rogelio Pérez Bustamante, su exjefe en el Carande.

Un exempleado zanja: “Así empezó todo el follón que tenemos ahora. Con Villapalos y esta familia, fundamentalmente”. Otras tres personas lo confirman sin pestañear. Ni siquiera era la época de Pedro González-Trevijano y Fernando Suárez, cuando se acabó de instaurar en la URJC el “modelo Bankia” —como lo definen trabajadores del centro— de favores a cambio de lealtad.

Uno de los hombres fuertes del franquismo justificando las decenas de miles de asesinatos cometidos por la dictadura. Un medio de comunicación nacional dándole el altavoz para humillar a las víctimas y lanzar una sarta de datos falsos sin hacerle una miserable repregunta. Una importante dirigente del partido democrático que gobierna España aplaudiendo públicamente a este apologeta del genocidio ideológico y del fascismo…

Es cierto que ya nada nos sorprende en una España en la que el mismísimo presidente del Gobierno se niega a calificar de dictadura… a la dictadura de Franco. Sin embargo, la entrevista que este sábado publicaba El Mundo con el exvicepresidente franquista Fernando Suárez supone un nuevo salto cualitativo en el blanqueamiento del franquismo y de sus crímenes al que estamos asistiendo durante estos últimos años.

La primera pregunta que deberíamos hacernos es si en un país normal podría ocurrir esto. La respuesta es “no”. En Alemania a ningún medio, salvo que sus periodistas lucieran esvásticas en sus chalecos, se le ocurriría ceder sus páginas para que un antiguo dirigente del Reich se dedicara a defender al “tío Adolf” y a justificar su afición por reunir a disidentes y diferentes en el interior de salas precintadas y perfumadas con Zyklon B. Realmente en Alemania o en Italia ni siquiera habría sido posible plantearse tal opción porque ese exdirigente habría purgado sus penas en una prisión y concitaría el rechazo unánime de la sociedad hasta el fin de sus días.

Aquí somos tan diferentes que tuvo que ser una jueza argentina, María Servini, la que dictó en 2014 una orden de detención internacional contra Fernando Suárez (léase El Entrevistado) por su responsabilidad directa en los últimos fusilamientos perpetrados durante la dictadura. Aquí somos tan diferentes que no solo enterramos en una papelera esa orden, sino que no permitimos a la magistrada interrogar ni a este ni a otros angelitos de la dictadura como el célebre Billy el Niño.

En un país normal no sería necesario contestar a las falsedades lanzadas este sábado por Suárez; bastaría recordar que su carrera profesional y política la desarrolló en el seno del “Movimiento Nacional” y que la culminó como ministro de Trabajo y Vicepresidente del último Gobierno de Franco. Estaría todo dicho. Aquí, sin embargo no tenemos otro remedio que contestar con datos a este nuevo intento de limpiar la sangre que inundó España durante la dictadura.

1.- Es falso que la represión franquista se produjera “cuando el ejército de Franco llegó a pueblos en los que habían matado al párroco y a 10 o 12 familias conocidas”; y es un insulto a las víctimas que añada “¿qué iban a hacer? ¿Felicitar a los asesinos?”. La represión y el genocidio ideológico no fue una respuesta, sino una estrategia decidida antes de iniciarse la sublevación. Lo dijeron los propios golpistas en numerosas ocasiones. Baste como ejemplo recordar lo dicho por el cabecilla de la sublevación, Emilio Mola, a finales de julio de 1936: “Hay que sembrar el terror… hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías. Si vacilamos un momento y no procedemos con la máxima energía, no ganamos la partida”. Tanto fue así que en las zonas que cayeron inmediatamente en manos de los sublevados y en las que, por tanto, no había nada de qué vengarse, hubo la misma represión o más que en el resto. En Canarias los franquistas asesinaron a un mínimo de 2.600 personas, en Galicia a más de 4.000 y en Navarra a 3.280… En ninguna de las tres regiones se había producido ninguna víctima entre el clero o las derechas. Necesitaría 150.000 artículos como este para aportar todos los datos y, sobre todo, para hablar de cada uno de los 150.000 hombres y mujeres: militares, políticos, sindicalistas, maestros, intelectuales, obreros, campesinos… que fueron asesinados exclusivamente por sus ideas y por defender la legalidad constitucional.

2.- Comparar a Franco con Hitler no es negar ninguna evidencia. El franquismo y el nazismo fueron dos expresiones del fascismo europeo hasta que Hitler perdió la guerra. Es cierto que en los momentos previos a la derrota del Reich, temiendo que el Führer le arrastrara con él en su ya segura caída, Franco intentó desvincularse de la cruz gamada para ganarse el favor de los Aliados. Sin embargo entre 1936 y 1944 ambos regímenes fueron aliados en las dos guerras y cómplices en sus crímenes. Franco y Hitler combatieron juntos y mataron juntos. No es un invento de la izquierda el papel decisivo de la ayuda militar alemana e italiana en la derrota de la República. No es un invento el suministro de materias primas españolas al Reich durante la II Guerra Mundial y de las decenas de miles de “voluntarios” de la División Azul. No es un invento los acuerdos suscritos entre la Gestapo y la policía franquista para intercambiar información y prisioneros. No es un invento la extradición a España por parte de Alemania de republicanos refugiados en Francia. No es un invento la deportación y el exterminio en campos de concentración nazis de casi 10.000 españoles y españolas por un acuerdo entre Madrid y Berlín. No son un invento las esvásticas que decoraron las calles de las ciudades españolas entre 1936 y 1944. No es un invento.

3- Es falso que se haya demostrado documentalmente que el Frente Popular ganara fraudulentamente las elecciones de 1936. La obra a la que alude Suárez está realizada por dos investigadores revisionistas, imitadores del tristemente célebre Pío Moa, y ya ha sido rebatida, entre otros, por historiadores de la talla de Ángel Viñas, Francisco Espinosa o José Luis Martín Ramos. Suárez, tal y como hicieron los autores a los que cita, se limitan a mantener tal cual la tesis que se inventó el franquismo en 1939 para intentar justificar su sublevación contra el Gobierno legítimo elegido en las urnas. Podríamos añadir, además, que los golpistas llevaban desde el 14 de abril de 1931 conspirando contra la República y ya realizaron intentonas como la de 1932 sin que se hubiera producido ningún “fraude electoral”. La falsa excusa recuerda a otra que suele manejar el franquismo: el asesinato de Calvo Sotelo; un argumento al que cada vez acuden con menos frecuencia porque ya quedó sobradamente demostrado que la sublevación se organizó mucho antes de la muerte del político conservador.

4.- Suárez acusa a la izquierda de “sectaria” y de “reescribir la Historia” cuando es precisamente, todo lo contrario. Lo que intentan los movimientos memorialistas y los historiadores a secas (es decir, los no revisionistas) es escribir la Historia tal y como sucedió, no como nos lo contó el franquismo.

Reitero: nada de esto y mucho menos este artículo debería ser necesario en una nación normal. Sin embargo estamos en un país en el que la reacción del Gobierno ha sido aplaudir públicamente, a través de su delegada en Madrid, la apología del asesinato, la dictadura y la mentira realizada por este dirigente franquista. El hecho de que Mariano Rajoy no haya cesado a Concepción Dancausa, un minuto después de publicar su vergonzoso tuit, demuestra que nuestro presidente desearía poder reflexionar de cuando en cuando en la cripta del Valle de los Caídos.

Solo me queda esperar y desear, muy sinceramente, que Felipe VI no haya asentido al leer cómo Fernando Suárez le aconsejaba consolidar su reinado no permitiendo que se deslegitime el franquismo. “Franco fue el propulsor de la Monarquía —esta quizás es una de las pocas verdades que dice el dirigente ultraderechista en la entrevista—. Si se convierte a Franco en una figura comparable a la de esos grandes dictadores sanguinarios de la humanidad, se le da una connotación a la Corona que la pone en riesgo”. Majestad, por favor, dígame que no comparte la tesis de Suárez.

Ganó el delfín, se impuso el continuismo, aunque perdió en votos. En una noche electoral mucho más apretada de lo previsto, se confirmaron las quinielas y Javier Ramos, el candidato oficialista, derrotó a la alternativa Rosa Berganza en las elecciones a rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) gracias al voto ponderado: 58,31% frente al 41,69%. Sin embargo perdió en votos: 2.812 frente a los 4.416 de su rival.

La comunidad docente de la URJC avala de esta manera las políticas del anterior dirigente, Fernando Suárez, envuelto en una polémica de plagios que le llevó a adelantar las elecciones y no presentarse, aunque por un margen ajustado. Su antecesor y protector, Fernando Suárez, ganó en 2013 por un porcentaje muy superior, del 67%.

Ramos ha obtenido la mitad de votos totales que Berganza (2.812 votos ha sumado el ganador frente a 4.416 de la aspirante). La victoria de Ramos se ha asentado en el respaldo recibido por catedráticos y profesores (el PDI), frente al rechazo de los alumnos masivo de los alumnos y una cierta división entre el personal de administración y servicios (PAS), según fuentes de la URJC.

El apoyo de los docentes es básico. En las votaciones en las universidades el voto no es igual para todos, está ponderado: el del PDI permanente otorga un 53% del resultado final, el temporal el 15%, el de los alumnos el 21% y el PAS aporta el restante 11%, por lo que los docentes suman un 68% de los votos totales ponderados.

Un toque de atención

Casi nadie en la universidad daba opciones de victoria a Berganza, como acabó ocurriendo. Javier Ramos era el favorito de Suárez y el actual rector controla la universidad. Con un 20% de profesores visitantes —una figura laboral por la que se contrata y despide a voluntad del rectorado— y otros muchos profesionales trabajando también con contratos inestables, la situación no se presta a muchos riesgos, según analizan algunos trabajadores de la universidad, que dan validez a la acusación de Berganza a Suárez de haber creado “una red clientelar”.

Pero, pese a la victoria, en el resultado de las elecciones también hay un importante toque de atención a Ramos, según estas fuentes. Tanto por los votos que han cosechado cada uno de los candidatos —cálculos oficiosos daban a Berganza un 20% de los votos totales una vez ponderados— como por la situación que se está generando en la universidad. Que Berganza haya duplicado en votos a Ramos excede probablemente las previsiones más optimistas.

La presión social y mediática que ha caído sobre la URJC a raíz de los plagios de Suárez y su reticencia a dar un paso atrás o admitir los errores ha provocado el clásico efecto que sufre una comunidad que se siente atacada: muchos, la mayoría de afectos al poder imperante, se han atrincherado en sus posiciones, ovaciones a Suárez incluidas en algún consejo de Gobierno. Pero otros “están hartos de estar en boca de la prensa y ser señalados como el hazmerreír continuamente”, explican trabajadores del centro que conocen la situación. Esta polaridad ha devenido en una situación de cisma en el centro con la que tendrá que lidiar Ramos.

El prestigio del centro se ha visto seriamente afectado a nivel académico por los plagios de Suárez, el manejo que el todavía rector ha hecho de la situación negándose a dimitir y la no reacción desde dentro de la universidad.

En cualquier caso, Ramos hereda una universidad en un alto clima de tensión, como atestiguan la agresión de un catedrático a otro por el asunto de los plagios que relató El Mundo o el hecho de que el actual equipo dirigente llamara a la policía para impedir a unos estudiantes repartir folletos informativos. Eso si finalmente acaba rigiendo, porque una de las mesas electorales abrió casi tres horas tardes, motivo por sí solo para la repetición de las elecciones dos días después, según el artículo 80.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

También heredará una universidad que ocupa la 38ª posición (de 61) en el U-Ranking, la herramienta de la Fundación BBVA y el IVIE que mide el rendimiento de los centros superiores en España. El nuevo rector tendrá bajo su mando a casi 40.000 estudiantes, 1.400 docentes y 600 miembros del PAS. La URJC maneja un presupuesto anual de unos 122 millones de euros, provenientes en su inmensa mayoría de las arcas de la Comunidad de Madrid.

El futuro rector ya ha anunciado que no realizará acción alguna a cuenta de los plagios de Suárez y que su intención es que la Aneca (la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, de la que no se han tenido noticias durante todo el proceso) o los tribunales ordinarios (que pueden tardar años y solo actuarán en el caso de que alguien lo denuncie) se encarguen de la situación.

El proyecto de Ramos para la URJC pasa por generar y transmitir más conocimiento, pasar de una calidad “buena” a una “excelente” y tener una vocación de servicio público para que la labor que se haga en la universidad esté orientada “al bien de los alumnos y de nuestro entorno”, según ha declarado a La Razón. Observando las fortalezas que este catedrático detecta en el centro también se puede intuir por dónde irán sus esfuerzos de gobierno: Ramos señala “la adaptación a las nuevas demandas con grados flexibles, los dobles grados y la formación multidisciplinar” como activos del centro. Trabajo tiene por delante.

Unos panfletos desperdigados que nadie coge y algún cartel suelto en los tablones de anuncios del campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) son las únicas pistas visibles de que este miércoles se celebran elecciones en el centro.

Hay una especie de tensa calma en la universidad ante unos comicios a rector que decidirán si la comunidad URJC avala la gestión del actual dirigente, el plagiador Fernando Suárez, y validan la candidatura continuista de Javier Ramos u optan por la ruptura y revolución que promete Rosa Berganza, la alternativa independiente. Casi 2.000 profesionales entre docentes y administrativos más 40.000 estudiantes están llamados a las urnas. Se espera que el resultado se conozca el jueves por la mañana.

Tensión en los campus

Los trabajadores del centro hablan de tensión en los profesores y el resto de personal a cuenta de la situación creada por los plagios del rector y el silencio institucional (de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Educación, la Consejería o la ANECA), que ha derivado en apoyo incondicional de sus fieles e indignación de sus detractores. El historial plagiador de Fernando Suárez publicado por eldiario.es cuenta más de una decena de copias.

Esta tensión llegó a su punto máximo hace un par de semanas, cuando un catedrático (el mentor de Suárez, en concreto) agredió supuestamente a otro en mitad de los pasillos, según El Mundo, tras acusarle de filtrar información a la prensa. Casi nadie quiere dar su nombre, síntoma quizá del ambiente que se vive en la universidad. Muchos profesionales del centro tienen contratos que dependen directamente del rector (por ejemplo el 20% de profesores visitantes, una cifra desorbitada para esta figura laboral en la universidad) y prefieren no arriesgarse.

Los estudiantes observan la situación con aparente indiferencia. Raro es el que no ha oído hablar de los plagios de Suárez, que han marcado el día a día de la universidad en los últimos meses. Pero de ahí a implicarse más allá de la indignación hay un paso.

“Es verdad, hay elecciones. No sé si votaré, según me pille”, explicaba esta semana uno de ellos, portavoz involuntario del pensar de muchos. Los hay más implicados, sobre todo las asociaciones; también aquí se ha visto reflejada la presión. La semana pasada, la gerencia del campus de Vicálvaro llamó a la policía para impedir a dos de ellas que repartieran unos panfletos informativos entre sus pares.

Mucho ha pasado en los últimos años en los cuatro campus –más un quinto irregular– que tiene la universidad diseminados por la Comunidad de Madrid. Y no necesariamente bueno.

Los plagios de Suárez (“literales, conscientes y mecánicos”, según un informe de la Universidad de Barcelona) han sido la punta del iceberg, el caso más visible pero no el único que se ha dado un centro que la candidata Berganza sostiene se maneja “como una red clientelar al más puro estilo mafioso”, según explicó en El País.

En la otra candidatura, Javier Ramos, como todo el equipo del rector, nunca ha condenado los plagios de Suárez. De hecho, apela a su presunción de inocencia y deja en manos de la ANECA o los tribunales ordinarios la responsabilidad. De la primera hasta ahora no se ha sabido nada. El camino de los segundos, que necesita una denuncia previa, puede alargarse años.

Ramos, además, ha aparecido grabado en una conversación de 2010 en las que decía que su rector entonces –ahora magistrado en el Constitucional– Pedro González Trevijano, le había encargado ofrecer dinero a un profesor para que retirara una demanda contra su reelección.

Berganza, por contra, anuncia que esta será su primera medida: creará una comisión independiente que investigue a Suárez. Sin embargo, la propia candidata no está siendo ajena al tema de los plagios durante esta campaña. El programa con el que se presenta copia hasta 130 párrafos del que realizó un antiguo candidato a rector, David Ríos. Ella se defiende con que tenía permiso para hacerlo y argumenta que no es lo mismo copiar un programa electoral que plagiar tesis y artículos de investigación. Para su rival, sin embargo, esto la inhabilita para hablar de plagios.

Fuera de los plagios, el programa de Berganza habla de limpiar y regenerar la universidad, dotándola de transparencia. Ramos, por su parte, insiste en generar más conocimiento y transmitirlo y de pasar de la calidad “buena” que tiene la universidad a una “excelente”.

Hasta aquí, mirando al futuro. Cuando se echa la vista atrás, la gestión de la URJC en los últimos años, incluyendo todo el mandato de Suárez, deja varios episodios un tanto oscuros.

Años polémicos

En estos últimos cuatro años, en la URJC se ha contratado a personas de manera ilegal (entre ellas a la hermana de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid) o a dedo y se ha retorcido la ley para evitar cumplir con sentencias del Tribunal Supremo.

El mismo rector ha dado clases en un campus que la normativa no reconoce (dietas por desplazamientos incluidas) y se ha utilizado la política de contrataciones para llenar la universidad de profesores visitantes, una figura que permite la contratación (y el despido) discrecional, que debería ser excepcional pero alcanza al 20% de los profesores en este centro. En el resto de universidades madrileñas está en un 1%. El todavía rector se vio envuelto en un caso de amenazas y su predecesor, de quién Suárez era la opción continuista como hoy Ramos es la suya, en el supuesto intento de soborno de las grabaciones. La lista es casi interminable.

En el lado positivo, el oficialista Ramos destaca que “la tasa de inserción laboral es la mejor de las universidades de Madrid” y señala “los proyectos de investigación de referencia internacional, los dobles grados y la formación multidisciplinar” como activos del centro. “Somos la universidad mejor gestionada y más saneada económicamente”, explicó en una entrevista en La Razón. La URJC maneja unos 122 millones de euros al año, en su inmensa mayoría provenientes de las arcas públicas.

Los datos puros y duros también dicen que la URJC aparece en la 38ª posición por rendimiento en el U-Ranking, la herramienta creada por la Fundación BBVA y el IVIE que analiza y compara 61 universidades españolas. Esta posición la coloca en el escalón 7 de los 11 que hay.

Al menos entre los estudiantes, la sensación es de alivio porque Suárez no seguirá. “Menos mal que al final cayó”, decía uno de ellos, ufano, en el campus de Vicálvaro. Lo dice, en parte, porque existe una gran unanimidad en la universidad en que si Suárez se hubiera presentado habría salido reelegido. Falta por ver si la caída ha sido definitiva o la comunidad URJC da un voto de confianza a su gestión a través de Ramos.

El todavía rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid copió de forma “sustancial, literal, total, consciente y mecánica” 111 de las 118 páginas de la obra del catedrático Miguel Ángel Aparicio y utilizó el material en dos artículos que firmó con su nombre como si el contenido fuera original.

Así lo concluye la investigación que encargó en diciembre la Universidad de Barcelona, coeditora de la publicación de Aparicio, cuyos resultados se han conocido este viernes a través de un comunicado firmado por el rector de la institución [ver abajo].

“La obra del Dr. Suárez es una usurpación clara e inequívoca del texto del Dr. Aparicio”, dice el informe la perito. El documento detalla que 67 páginas de 'Estado de Derecho y Administración Judicial' y 44 de 'Revolución y Restauración en la Administración de Justicia (1784-1936)', ambos artículos firmados por Suárez, son copiadas y pegadas del monográfico El status del Poder Judicial en el Constitucionalismo español, una obra que el catedrático ya jubilado de la Universidad de Barcelona publicó en 1995.

La coeditora de esta obra, Edicions UB, apunta en su informe que Fernando Suárez “no podría ampararse en el derecho de cita del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual”. Y así también lo confirma el catedrático de Derecho Procesal al que la Universidad de Barcelona encargó un informe sobre la posibilidad de acudir a los tribunales por los plagios: “la existencia de plagio es tan evidente que no admite ningún tipo de discusión ni excusa y es procedente el ejercicio de acciones y/o penales”.

Los resultados aclaran que “el único legitimado para hacerlo es el profesor Aparicio”, dado que “los derechos de explotación de la obra ya no son titularidad de la Universitat de Barcelona”. En todo caso, dice el comunicado enviado por el rectorado de la institución, el centro cederá los tres informes –de la editorial, del catedrático en Derecho Penal y de la perito– que incorpora la investigación al damnificado “para que pueda defender sus ideas, su esfuerzo intelectual y su libertad creativa”.

El catedrático Miguel Ángel Aparicio manifestó su voluntad de demandar a Fernando Suárez, pero estaba esperando las conclusiones de la investigación para asegurarse más respaldo jurídico. No es el único académico agraviado por los plagios del rector, de quien se han documentado al menos otra decena de copia y pega.

Fernando Suárez continúa ejerciendo sus funciones como máxima autoridad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El escándalo de los plagios provocó que convocara elecciones anticipadas, que se celebrarán el próximo 15 de febrero y que no contarán con su candidatura. A día de hoy, la URJC no ha investigado estos hechos y nunca aclaró si llegó a constituir la comisión de investigación que anunció en noviembre.

El catedrático de Teoría de la Señal y director de la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, Javier Ramos, ha registrado este jueves su candidatura para las elecciones al rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), según han informado a Europa Press fuentes de su equipo. Es la única formalizada hasta el momento.

El paso adelante de Ramos se daba por seguro en los círculos universitarios de la URJC tras conocerse que el actual rector, Fernando Suárez, no iba a optar a la reelección empujado por la polémica generada por al menos una decena de plagios documentados.

El catedrático, afín a Suárez, quiere centrar su proyecto en reforzar el “buen nivel” de la universidad, que ha sido la que “más ha crecido” en número de alumnos y desplegar una “oferta académica de calidad”, como han señalado desde su entorno. En este sentido, añaden que se va a continuar con la política de implantar más dobles grados en la URJC y mejorar los sexenios de investigación.

Ramos, doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene cuatro sexenios de investigación y cuatro quinquenios docentes. Coautor de decenas de artículos científicos, ha sido vicerrector para la implantación de los estudios de ingeniería de telecomunicación y dobles titulaciones en la Universidad Rey Juan Carlos. Desde el año 2005 es director de la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicación.

El candidato crítico

Se espera al menos otra candidatura para disputar el rectorado a Ramos, aunque de momento nadie ha puesto su nombre en el registro. El catedrático crítico José Manuel Vera desmintió hace unas semanas que ya tenga decidido presentarse.

El plazo para presentar candidaturas concluye el 31 de enero, el 6 de febrero se procederá a la publicación definitiva de las candidatura y del 7 al 13 de ese mes se realizaría la campaña electoral. Solo durará cinco días, pese a que varias personas pidieron en el Consejo de Gobierno de la universidad, presidido por Suárez, que se prolongara hasta los 15 que permiten los estatutos de la URJC.

De este modo, los comicios en la universidad tendrá lugar el 15 de febrero y, en caso de ser necesaria una segunda vuelta, tendría lugar el 2 de marzo.

Fernando Suárez se va de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, salpicado por una decena de casos de plagio, ha enviado una carta a la institución donde anuncia que dimite como “académico correspondiente”, una figura que realiza labores de asesoramiento: “Le comunico mi renuncia a formar parte de la Academia”.

En el escrito de renuncia, Suárez no hace mención al escándalo de los plagios ni explica los motivos de su marcha, según la Real Academia. La institución asegura que tenía previsto tratar este asunto en una reunión el próximo lunes “con otros muchos puntos en la orden del día”. Pero el rector se ha adelantado comunicando su decisión este jueves.

La Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación, receptora de subvenciones públicas, está presidida por José Antonio Escudero, que es además la persona que presidió el tribunal que habilitó a Suárez para ser catedrático, con quien compartía puestos en tres instituciones. En esta prueba –cuyo contenido debe ser “original e inédito”– el rector copió y pegó párrafos completos de otros autores, como publicó este medio.

Con esta renuncia, Suárez queda fuera de las dos Reales Academias de las que formaba parte como “académico correspondiente”. La de la Historia no esperó a que se fuera y le suspendió de sus funciones hace tres días. El rector también ha dimitido como director del Anuario de la Historia de Derecho Español, dependiente del Ministerio de Justicia.

Pese al reguero de dimisiones y ceses que deja el escándalo de los plagios, Fernando Suárez continúa como rector en la Universidad Rey Juan Carlos hasta que sea elegido el nuevo –él ha renunciado a presentar candidatura– el próximo 15 de febrero en unas elecciones que han terminado anticipándose, aunque sin dimisión de por medio.

Más de 375 profesores e investigadores de 51 universidades de España y 56 del resto de Europa y de América han firmado una petición de dimisión inmediata del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, Fernando Suárez, al que acusan de “probados y profusos plagios”.

Las firmas, recabadas por la plataforma de cinco profesores plagiados por Suárez, han sido entregadas al Ministerio de Educación, la Presidencia de la Comunidad de Madrid y la Conferencia de Rectores (Crue Universidades Españolas), según ha informado en una nota uno de los afectados, Carlos Barros, exprofesor de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela, jubilado hace dos meses.

También demandan la formación de una comisión de investigación independiente sobre los supuestos plagios y la revisión de los sexenios de investigación de Suárez, de su habilitación para catedrático y la dirección o participación del rector en proyectos de investigación de financiación pública.

La Universidad Rey Juan Carlos anunció el pasado 23 de noviembre que abriría una comisión de investigación sobre los plagios de la máxima autoridad universitaria, pero casi un mes después se negaba a informar sobre su funcionamiento o integrantes. 

Suárez anunció el pasado 20 de diciembre la intención de adelantar las próximas elecciones a rector de la universidad, que estaban previstas para el mes de julio. Tras once plagios documentados por eldiario.es, Suárez ha decidido no presentarse a la reelección, tal y como comunicó hace unos días a su entorno más cercano. El 12 de enero el Consejo de Gobierno deberá fijar las fechas electorales.

Los profesores e investigadores que apoyan a los afectados de los plagios pertenecen a la propia URJC y otras universidades españolas como la Universidad Autónoma y Politécnica de Barcelona, Pompeu Fabra y Rorvira i Virgili; las madrileñas Autónoma, Politécnica, Complutense y Carlos III; y las de Salamanca, del País Vasco y de Valencia, entre otras.

También están respaldados por personal de instituciones iberoamericanas como la Academia Boliviana de Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, la Sociedad Académica de Historiadores Iberoamericanos, la Universidad Nacional Autónoma de México y la de São Paulo (Brasil).

Igualmente, se ha sumado personal académico y científico de Johns Hopkins University y University of California-Los Ángeles (EEUU), Norwegian University of Science and Technology (Noruega), Universidad de Lovaina (Bélgica), de Maine (Francia), Maguncia (Alemania), Bolonia (Italia) y Leeds (Reino Unido).

Hasta el momento se han abierto varias recogidas de firmas para pedir la dimisión del rector y la apertura de investigaciones por parte de las autoridades competentes. La promovida por una asociación de estudiantes de la Rey Juan Carlos, Rise Up, ha recogido más de 73.000 apoyos a través del portal Change.org.

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, salpicado por un decena de casos de plagios, no se presentará a las elecciones que convocará por anticipado el próximo día 12 de enero. Así lo ha comunicado a su entorno más cercano, como ha adelantado El Mundo y ha confirmado eldiario.es. Si cumple con lo anunciado a su círculo de confianza, dejará pasar el plazo de presentación de candidaturas cuando se abra el próximo 12 de enero.

Fernando Suárez no aclaró si sería o no candidato en el último Consejo de Gobierno de la universidad, donde anunció los comicios y negó una vez más los plagios. Dijo que lo pensaría “en vacaciones”, respaldado por todo su equipo a excepción de solo dos voces opositoras.

Como comunicó el vicerrector a los estudiantes en un correo electrónico, Suárez adelanta las elecciones “con el único objetivo de evitar que esta situación y quienes la propician supongan perjuicio alguno para la URJC y sus alumnos”.

A partir del día 12 se pone en marcha la maquinaria para las elecciones, que se celebrarán según los plazos previstos a finales de febrero. Cuando se hayan convocado se abrirá un proceso de presentación de candidaturas y una campaña electoral de máximo 15 días.

La máxima autoridad de la URJC se elige, según sus estatutos, de forma directa y mediante “sufragio universal, libre y secreto”. El voto es ponderado en función de unos porcentajes determinados según los grupos que votan: el 53% lo representan los profesores doctores funcionarios o contratados con vinculación permanente a la universidad, el 15% los docentes que no reúnen las condiciones anteriores, el 21% los estudiantes y el 11% el personal de administración y servicios.

El 16 de noviembre, eldiario.es comenzó a documentar plagios del rector Suárez. Había tomado más de 50 páginas de un libro del catedrático Miguel Ángel Aparicio y se las había firmado sin citarle. A partir de ahí, se han publicado otros nueve trabajos que en realidad son copia y pega de otros autores, incluido el que presentó para su prueba de catedrático.

Tras varias semanas de silencio, la Conferencia de Rectores (CRUE) terminó condenando los hechos de los que está acusado Suárez y le forzó a dimitir como vocal del organismo después de que el grupo de rectores de las universidades madrileñas emitiera un comunicado afeando la conducta del rector de la Rey Juan Carlos.

Undécimo plagio

El último plagio documentado, el undécimo, bebió de una revista científica de la Universidad Autónoma de Barcelona. La archivista Pilar León Tello publicó en 1989 un artículo en Medievalia del que Suárez tomó once años después decenas de párrafos literales para su libro El fuero judiego en la España cristiana. Las fuentes jurídicas S.V-XV.

Según un cotejo que circula por el ámbito académico, Suárez no entrecomilla el material del que se apropia. Lo único que hace, y solo en una ocasión, es citar al pie  el artículo original de Tello. En la obra, publicada por la librería Dykinson, el rector reproduce incluso notas personales de la autora como “no he podido consultar esta edición” y alguna errata.

eldiario.es se ha puesto en contacto con la editorial sin obtener respuesta. La Universidad Autónoma de Barcelona tampoco ha respondido a las llamadas de este medio por encontrarse en periodo no lectivo hasta el 8 de enero.

Durante un mes y medio, Fernando Suárez solo se ha pronunciado una vez sobre los plagios que ha publicado eldiario.es. El 25 de noviembre leyó ante su Consejo de Gobierno un comunicado en el que negaba haber copiado y pegado y calificaba como “disfunciones” las coincidencias de sus textos con los textos de otros colegas. El 20 de diciembre estaba citado en la Asamblea de Madrid para explicarse, pero decidió no presentarse. Ese mismo día anunció elecciones anticipadas.

La Comunidad de Madrid, presidida entonces por Ignacio González, autorizó al Instituto Atlántico de Gobierno, un think tank conservador presidido por José María Aznar, a que se adscribiera a la universidad pública Rey Juan Carlos con el objetivo de impartir un máster de reconocimiento oficial. Eso suponía que el alumno que lo pagaba tenía un título oficial y público como los que se dan en las universidades públicas, aunque el precio era de universidad privada.

El convenio inicial lo firmó el rector de la universidad pública madrileña Rey Juan Carlos (URJC), Fernando Suárez, del que se han conocido 10 plagios. Desde septiembre de 2014, el centro de Aznar, que se había creado dos meses antes, se convertía en organismo adscrito a la URJC y podía usar este paraguas para montar cursos, grados o másters. 

Esta unión fue bendecida por Lucía Figar, consejera de Educación de Ignacio González, y así se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en febrero de 2015. Educación le dió esta venia a una empresa sin experiencia previa en formación.

El objetivo del Instituto Atlántico tras esta adscripción era implantar un “Máster de Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública”. Sin embargo, según explica su director académico, Miguel Ángel Quintanilla, ese convenio no se llegó a activar: “Queríamos un máster de excelencia y no encajaba con el convenio de la Rey Juan Carlos. No ha habido una cancelación ni una reunión para anular el convenio, y la universidad no ha reclamado nada”. 

La Consejería de Educación confirma también que no recibieron la solicitud para impartirlo, pese a que el primer paso administrativo estaba dado y aprobado. Madrid tiene 19 convenios de universidades públicas con centros privados.

Sin ventajas para los alumnos 

En el convenio firmado por Suárez no aparecía ninguna ventaja o prioridad para alumnos de la URJC. Sin embargo, en la primera cláusula de contrato, el rector dejaba clara su jerarquía. Especificaba que él presidiría todos los actos académicos. Nada más respecto a ventajas o prioridades para el personal de la URJC.

Aunque no llegó a entrar en vigor, Aznar nombró al rector miembro del Consejo Social, junto a otras personalidades como Abel Matutes (expresidente balear con el PP), Josep Piqué (exministro del PP), Ana de Palacio (exministra del PP), César Alierta (expresidente de Telefónica), o Carmen Iglesias (directora de la Real Academia de la Historia). Suárez se mantiene en este órgano del Instituto Atlántico.

Quintanilla especifica que el Instituto no tiene relación con él, pese a que aparece en su web y está en el Consejo: “No está por él sino por su cargo de rector. No es importante para nosotros y no forma parte de nuestra vida académica. Cuando revisemos la web, seguramente se quitará”. No aclara si además van a pedirle que deje este órgano.

Según el convenio que firmó Suárez y al que ha tenido acceso eldiario.es, las condiciones para Aznar, que es también consejero del Instituto Atlántico junto a su hijo mayor, eran bastante favorables. Le permitía cobrar por el máster lo que quisiera y a cambio aportaría a la Rey Juan Carlos el 50% de la matrícula a precio público. El máster, de 60 créditos, cuesta 20.500 euros por alumno en el Instituto, de los que la Rey Juan Carlos habría recibido 1.560.  

En la presentación del máster, que se puso en marcha en septiembre de 2015 (finalmente de manera totalmente privada) y este año se reedita, Aznar le dedicó unas palabras al rector: “Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Universidad Rey Juan Carlos en la persona de su Rector, por haber hecho posible esta vía de colaboración. La posibilidad de llegar a disponer de una oferta académica amplia y de carácter oficial es muy importante para el futuro del Instituto Atlántico de Gobierno”.

Quintanilla puntualiza que eso fue antes de que él decidiera no activar el convenio “y el rector participó solamente en ese acto público del Instituto, nunca más ha venido”. El Instituto Atlántico ha decidido firmar el convenio con otra universidad, la Internacional de La Rioja, un centro privado.

En el consejo de la URJC donde se trató este acuerdo, en julio de 2014, la decana Mercedes del Hoyo cuestionó la “singularidad y calidad” de este máster y la adscripción del think tank de Aznar, ya que no suponían “una mejora para la oferta de la URJC”. El rector Suárez le contestó que había dos ventajas, “de orden económico y por su proyección internacional”. 

La Universidad Rey Juan Carlos no ha contestado a ninguna de las preguntas enviadas por eldiario.es.

Fe de errores: Fue el Gobierno de Ignacio González y no el de Cristina Cifuentes el que autorizó el acuerdo inicial con el think tank presidido por Aznar, al contrario de lo que decía el titular inicial de la noticia.Fe de errores:

El escándalo de la Universidad Rey Juan Carlos se ha hecho internacional, sin haber casi merecido tratamiento alguno por parte de muchos medios nacionales. eldiario.es es la honrosa excepción, informando con dedicación y con valentía ante un panorama inicial propio de la omertà. Tras el silencio de los órganos de gobierno de la Universidad, el escándalo ya no es el plagio de un rector ni las sorprendentes excusas con las que él mismo lo ha reconocido. El escándalo es el de una Universidad, la URJC, que aún no ha manifestado el mínimo e imprescindible compromiso con la ética universitaria más básica.

Ante un Consejo de Gobierno que acepta estar presidido por un profesor cuya propia carrera universitaria está en entredicho, caben dos explicaciones. La primera es que existe un fondo de corrupción intrínseco y que los que lo aceptan o toleran están a la misma altura que su rector, en cuyo caso la Universidad no tendría salvación. La segunda es que se mezclan los graves problemas del sistema de autogobierno universitario en nuestro país con un desánimo profundo, teñido de inquietud ante el riesgo para el propio futuro si se manifestara una repulsa de esa conducta.

Queremos pensar que la mayor parte del profesorado trata de hacer bien su trabajo a pesar de las circunstancias y del sonrojo que le produce la situación actual de su Universidad, y que el sistema de gobierno es tan deficiente que, ni siquiera en un caso tan extremo como el que nos ocupa, ha sido capaz de exigir la rendición de cuentas.

¿Cuál es el problema del sistema de gobierno? ¿Qué peaje está pagando el Claustro de la URJC que todavía no ha exigido al rector que se explique? ¿Acaso es eso lo que se debe entender por autonomía universitaria? Por el contrario, creemos que lo que se está poniendo aquí de manifiesto es un ejemplo más de corporativismo universitario, que por supuesto no se limita a la Universidad que comentamos. Este es un ejemplo, pero sólo un ejemplo, del que se deben extraer lecciones para el futuro.

El sistema de gobierno de las universidades españolas cabría calificarlo de autogestionario y, sobre todo, de corporativista. No hay nadie más ‘irresponsable’ en la universidad española que su rector, entendiendo por irresponsable que carece de responsabilidad, pues sólo rinde cuentas ante un Claustro cuya composición y elección está sujeta a un considerable número de peajes que condiciona en parte la elección de sus miembros. Al rector, en una peculiar forma de entender la democracia, lo eligen los profesores, el personal administrativo y los alumnos. Después se invoca –equivocadamente- la deseable autonomía universitaria para evitar cualquier intervención externa. Sin embargo, la sociedad, que es la que sostiene las universidades públicas y la que soporta los costes y debe recibir los beneficios de su funcionamiento, no tiene nada que decir –no puede decir nada- sobre ella. Y es evidente, como lo muestra el caso que nos ocupa, que los intereses del equipo de gobierno y del Claustro universitario están muy alejados del interés general de la sociedad.

¿Por qué sucede así? ¿A qué se debe esta distancia? Imaginemos un departamento universitario cuya práctica sea contratar con la más absoluta endogamia, lo que es muy general: hay turnos de espera con independencia de la calidad de los candidatos, que casi siempre determinan la composición de la comisión que los seleccionará, lo que los hace, en la práctica, candidatos únicos. Además, se pondrán todo tipo de trabas para impedir la aparición de candidatos que han salido al extranjero y quieren volver, a quienes se les aplicará el principio regulador del sistema: ‘el que se fue a Sevilla perdió su silla’. Así se seleccionará inevitablemente a profesores que serán absorbidos por ese mismo sistema y que perpetuarán el mismo comportamiento.

El rector, naturalmente, estará en la práctica de acuerdo con él, pues es el de sus electores. Si a los estudiantes se les consigue inculcar esos mismos principios alegando que son “democráticos” (nada menos democrático que el turno que se seguía en el ejército), el resultado es una fórmula perfecta para impedir que una universidad progrese como debería, privando a la sociedad y a los estudiantes que desean aprender de la calidad a la que tienen derecho: la primera porque es la que financia las universidades, y los segundos porque de su formación depende en buena parte su futuro y el del país. Sin embargo, los actuales –y escasos- recursos se aprovechan inadecuadamente.

Solo existe una forma de romper con estas disfunciones que persisten en muchas universidades: es preciso cambiar el sistema de gobierno. Los dos autores participamos en la redacción del Informe para la Reforma Universitaria, que contenía propuestas de cambio del sistema de gobierno que hubieran evitado este tipo de problemas. Este informe se hizo público hace casi tres años; sus recomendaciones fueron ignoradas por el Ministerio y severamente criticadas por la corporativista CRUE y los sindicatos.

La clave de la solución que proponía el informe es asegurar que haya un órgano de gobierno con elementos externos a la universidad, en el que participen investigadores, académicos y miembros de la sociedad de absoluto prestigio (nada de consejeros “amigos” al estilo de los de las viejas Cajas de Ahorro), y que este órgano elija al rector y le exija cuentas, garantizando que cumple sus funciones (los detalles están en el Informe de la Comisión, que se puede encontrar aquí). Así funcionan muchas buenas universidades en todo el mundo, donde el primer enemigo a batir es el corporativismo que actualmente domina la universidad española; negarlo puede resultar conveniente, pero es negar la evidencia misma. Y esta idea es compartida por una gran parte de académicos de prestigio.

Además, es necesario combinar este cambio en el sistema de gobierno con un cambio en la financiación, de modo que se introduzca una componente de financiación por resultados. El contribuyente debe financiar mejor a las universidades que consigan resultados en investigación (lo cual es ahora muy fácil de medir de forma objetiva, externa y barata) y docencia, incluyendo en este criterio la empleabilidad (que a su vez es fácil de medir con los datos de empleo de la Seguridad Social). Esta forma de financiación elimina de raíz las formas de contratación indebidas, ya que la financiación se reduciría cuando no se alcanzaran los adecuados objetivos de docencia e investigación.

En su día estas sencillas y simples ideas encontraron, como hoy, una enorme resistencia no solo por parte de los órganos de gobierno universitarios y sindicatos, sino de los mismos estudiantes pese a que serían los primeros beneficiarios, en parte en nombre de un mal entendido principio democrático. Pues no es un principio democrático que la sociedad carezca de mecanismos para exigir cuentas a la universidad que sostiene gracias a los impuestos de todos los ciudadanos. Y tampoco es del interés del estudiante seguir con un sistema autogestionario que favorece, con las debidas excepciones, la mediocridad de los centros y la degradación efectiva de los títulos universitarios que reciben.

El estudiante, el rector y los sindicatos, que reclaman ‘más financiación y más autonomía’, deberían pensar primero en el destino de esa financiación y en cómo usa la autonomía. ¿Autonomía para no dar despacho a los contratados por el programa de excelencia Ramón y Cajal que regresan con contratos del European Research Council y a los que con frecuencia se les pone todo tipo de dificultades? ¿Autonomía para que la provisión de plazas siga un turno riguroso en el que quien no pertenece al departamento que tiene la plaza vacante ni cuenta ni participa por muchos méritos que posea? Porque, aunque los estudiantes parezcan ignorarlo, tener profesores peores que otros a los que expulsa el sistema es algo que produce a esos estudiantes un daño irreparable. Finalmente, ¿más financiación sin control de resultados? ¿Acaso no debe la financiación tenerlos en cuenta, al menos parcialmente?

Este caso debería servir de revulsivo para que la sociedad reconozca de una vez que hay muchas cosas que cambiar en la Universidad y que algunas son sencillas de hacer. Solo basta mirarse en el espejo y ver, de verdad, lo que refleja.

J. Adolfo de Azcárraga es Catedrático de Física Teórica (emérito) de la Universidad de Valencia; Luis Garicano es responsable de Economía, Industria y Conocimiento de Ciudadanos y Catedrático de Economía y Estrategia en la London School of Economics. Ambos participaron en la redacción del Informe para la Reforma Universitaria que se emitió el 12 febrero de 2013.

Estoy por dejar este periódico debido al linchamiento que está sufriendo Fernando Suárez, rector de la Universidad Rey Juan Carlos. El error (malintencionado, en mi opinión) radica en considerar “plagio” lo que a todas luces es una recontextualización de ideas ajenas con voluntad creativa.

¿Acaso se atrevería el este periódico a considerar a Warhol un plagiador? ¿Se verterían sobre el artista estadounidense el río de calumnias que sobre el rector Suárez se han vertido? ¿Se atrevería eldiario.es a afirmar que Las latas de sopa Campbell es una copia literal de una conserva preexistente?

Esta caza de brujas no es solo un ataque contra la Universidad o el arte. Es, de hecho, el enésimo arrebato del viejo régimen cultural contra el posmodernismo. Obra correctamente la Universidad Rey Juan Carlos y el propio Ministerio de Cultura haciendo oídos sordos a esta campaña de desprestigio. Campaña que hoy ataca al rector Suárez pero mañana podría cargar, con idéntico argumentario, contra Marcel Duchamp, Yves Klein o Yoko Ono.

Solo los muy obtusos o desinformados pueden creer que el arte se limita a los museos. El arte, entendido como la voluntad interpretativa y transformadora de la realidad, está hoy en todas partes: en la calle, en la pescadería, en los tanatorios. También, por supuesto, en los despachos de las instituciones universitarias. El arte ya no es solo un cuadro, una escultura o una pieza musical. Es también una acción, una ausencia, una tesis doctoral que escribió una alumna tuya y en la que plantas tu firma.

El rector extrae fragmentos de trabajos ajenos y los copia tal cual, palabra por palabra, en lo que obviamente pretende ser una objetualización de la sociedad consumista representada en el mundo académico. Carece la obra de significación alguna y en esa carencia radica precisamente su significado. El rector Suárez ha demostrado así ser un maestro del nomadismo, la deconstrucción, la hibridación y la ironía. Su figura se estudiará algún día en las facultades de arte y Taschen le dedicará un libro de tapa dura.

Se equivoca este diario considerando a Fernando Suárez un simple rector, un grisáceo elemento más de engranaje universitario cuando, en realidad, es justamente lo opuesto. Ahora sabemos que todos o casi todos los textos del rector Suárez son un remedo de otros ajenos. Así debe ser. Porque, como en el caso de Dalí, su auténtica obra es él mismo.

Algo se mueve en la universidad. Frente al silencio institucional ante los reiterados plagios de Fernando Suárez, rector de la universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid, profesores, catedráticos, juntas de personal, la Facultad de Letras de la Universidad de Alicante (que aloja a uno de los plagiados), el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, la Asociación de Constitucionalistas Españoles (también tiene miembros plagiados) y algún cargo político –como Ignacio Urquizu, diputado del PSOE– comienzan a levantar la voz contra lo que consideran “una práctica reiterada, burda, ofensiva para el colectivo de investigadores e incluso de alumnos” y que por su “dimensión carece de precedentes en el mundo académico”. También cinco profesores plagiados por el rector han hecho un comunicado en el que piden su dimisión.

Estos docentes, catedráticos e investigadores piden a sus rectores que no callen, que presionen a Suárez o la Conferencia de Rectores (CRUE), que al menos sean conscientes de la situación. Algunos, como en la Universidad de Alicante o la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), lo van a llevar al Consejo de Gobierno para forzar a los rectores a pronunciarse. También lamentan el daño que está sufriendo el colectivo universitario y tumban en sus misivas la defensa del rector de la URJC, quien, recuerdan, ni siquiera negó las acusaciones de copia sino que argumentó que aquello no era plagiar. Algunos catedráticos han expresado también en artículos de opinión en eldiario.es su descontento. 

“No sé a quién se destinan esos argumentos (...) pero quien está iniciado en la vida académica sabe bien qué es citar y qué es copiar”, escribe Francisco Velasco Caballero, candidato a rector de la Universidad Autónoma de Madrid. “Hasta tanto no se resuelva dicha investigación solicitamos también que el profesor Suárez sea cautelarmente suspendido en sus actuales funciones como rector”, afirma Pablo de Lora, profesor de Filosofía del Derecho de la UAM, en una carta abierta rubricada por varios compañeros y que han hecho suya las secciones de CCOO y UGT en la universidad. Otros piden directamente que dimita.

Todo esto, con independencia de que algunos de los autores plagiados han anunciado que denunciarán a Suárez. Precedentes hay. Un catedrático de la Universidad de Murcia fue condenado a pagar 5.000 euros a modo de indemnización a la que fuera su alumna de doctorado por copiarle la tesis, según publicó ABC.

Las instituciones y colegas callan, los trabajadores y afectados hablan. El run run de indignación entre los docentes de las universidades ante la actuación de Suárez (ocho plagios documentados, páginas y páginas enteras) crece. “Llevo 35 años en la universidad, las he visto de todos los colores, hasta me han plagiado. Pero de otra envergadura”, explica un catedrático de la Universidad de Alicante. “La sorpresa no es que haya plagio, es la dimensión”. Como él piensan muchos.

Los alumnos también se han movilizado. Recientemente se ha creado una plataforma de estudiantes en el campus de Fuenlabrada para decir basta al silencio del rector y para criticar el plagio. La asociación Rise up abrió desde el inicio del caso una petición de dimisión del rector que ha recaudado 2.500 firmas. 

Enfrente, mutismo oficial. La CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españoles) no dice nada. Suárez es uno de ellos, vocal concretamente. Su hermana madrileña, la CRUMA, calla también. Misma situación. Qué piensa la Comunidad de Madrid, que financia la institución con más de 120 millones, no se sabe. Sí se sabe que Cifuentes califica de “canallada” que se publique que el rector le hizo a su hermana un contrato ilegal en ese mismo centro. 

La Asamblea de Madrid optó por no pedir explicaciones a Suárez gracias al voto unido de PP, PSOE Y Ciudadanos. “La autonomía universitaria”, alegaron. El ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, no se había enterado del tema una semana después. Lo haría, prometió. Dos semanas largas más tarde señaló que no es su competencia y apuntó a la Comunidad de Madrid. Los sindicatos del centro no consideran que haya suficientes pruebas y piden “esperar acontecimientos” antes de pedir cuentas. La Real Academia de la Historia o la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, supuestas afectadas, también callan.

El mismo ruido que nueces

Aunque el tema no está en los juzgados y la comisión de investigación abierta por la URJC no ha dado un veredicto, al contrastar los artículos se ve claramente el calco. “He podido leer algunos (...) y comprobarlos detenidamente”, escribe un profesor a su rector. “Lo menos que se puede decir de ellos es que manifiestan una grosería intelectual y una falta profesional de los principios universitarios más elementales, que no sólo deshonran a quien los ha cometido, sino que de alguna forma manchan el prestigio de una disciplina con una larga tradición y (...) a toda la Universidad española”, sostiene. La mayoría de los que levantan la voz son compañeros de disciplina de Suárez.

Comprobado el plagio, otros docentes entran a ridiculizar los argumentos dados por el rector para defender su actuación en la única explicación que ha dado que se conozca. En un consejo de gobierno de la URJC, Suárez habló de “disfunciones” porque es “humano” y negó el plagio porque este se da cuando hay “rendimiento económico” que se obtiene de la “originalidad de las ideas”. Para el rector, la polémica sobre su copia pega se centra en “los usos y costumbres en el modo de hacer referencia a los autores”. Ambas justificaciones son falsas según la ley de Propiedad Intelectual.

“El plagio —la reproducción total o parcial de una obra ajena vulnerando los derechos morales recogidos en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual— no exige que el plagiador obtenga un beneficio económico de resultas de su ilícita conducta”, rebate De Lora. “No parece, por otro lado, que la forma en que esos presuntos plagios se han producido permitan catalogarlos como disfunciones (signifique esto lo que signifique)”, añade.

En Valencia el caso sí ha saltado a la arena política. La directora general de Universidades de la Generalitat, Josefina Bueno, afirmó la semana pasada que “debería haber una responsabilidad a nivel institucional” y cita a “la propia universidad y, en todo caso, el gobierno autónomo” como los entes a los que señalar.

En otro país europeo la copia habría tenido consecuencias casi inmediatas, como ha pasado con políticos como el delfín de Merkel, en forma de dimisión o cese. En la gestión del plagio España es diferente.

Fernando Suárez plagió párrafos completos de la tesis doctoral del cónsul de Portugal en Málaga. Hizo suyo el trabajo de Rafael Pérez Peña, sin citarle, para elaborar el artículo Malta: la orden marinera, parte de un volumen dedicado a esta orden, editado por la Universidad a Distancia (UNED) y publicado en 2015, cuando ya era rector.

Según un cotejo que circula por el ámbito universitario al que ha tenido acceso eldiario.es (abajo), Suárez bebió en este caso –el séptimo plagio documentado– de hasta tres autores diferentes cuyo trabajo original va combinando para construir el capítulo.

El texto del rector recoge, como se puede ver en otros de sus plagios, algunas citas, pero también fusiladas de los originales con pequeños cambios en la nomenclatura. En las notas al pie hay al menos cuatro menciones a Rafael Pérez Peña pero todas se refieren a un trabajo de 2005 del mismo autor. No hay ninguna referencia a la tesis que copia y pega, presentada en 2009 en la Universidad de Málaga. Como se puede ver en el documento, los párrafos son calcados.

Rafael Pérez Peña es doctor en Derecho por la Universidad de Málaga y pertenece a la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta desde 1999. Creó un cómic en colaboración con un historiador sobre los orígenes de esta organización caballeresca. También es cónsul honorario de Portugal en Málaga desde 2003, además de delegado para Andalucía de la Cámara de Comercio de Portugal en España.

eldiario.es se ha puesto en contacto con el cónsul, que conoce el tema, pero que ha optado por no pronunciarse sobre lo ocurrido. Tampoco ha respondido a este medio la Universidad Rey Juan Carlos, preguntada por este nuevo caso documentado de copia y pega de su rector.

El artículo de Suárez desapareció unos días de la web de la UNED donde estaba alojado junto a otros 24 artículos sobre la misma temática. Tras la llamada de eldiario.es, volvió a aparecer en el listado. La UNED justifica que el enlace daba error “por problemas técnicos” ya subsanados.

Las explicaciones del rector

Fernando Suárez ha dado dos explicaciones sobre los plagios documentados. La primera fue por un email remitido a este medio en el que reconoce el copia y pega, pero dice que no es plagio porque había citado en una ocasión al pie al autor.

La segunda fue ante su Consejo de Gobierno el pasado viernes. En el texto, califica los plagios como “disfunciones” y los justifica “porque soy humano”. También aduce que sus tiradas son cortas y que esos trabajos “no generan ningún beneficio económico”, aunque cobra pluses por publicar trabajos académicos.

La universidad ha abierto una comisión de investigación académica formada por profesores del centro y dirigida por un vicerrector cercano a Suárez que ocupó una plaza ilegal hasta que el rector le concedió otra.

“El vicerrectorado de Profesorado e Investigación de la URJC, en el ejercicio de sus competencias, ha promovido la constitución de una comisión académica, integrada por profesores de Derecho y Humanidades, que tendrá la misión de elaborar un informe a propósito de los presuntos casos de plagio que se atribuyen al profesor D. Fernando Suárez Bilbao”, dice el comunicado, que no especifica cuándo empezará a trabajar el grupo. Los órganos de gobierno de la universidad serán informados de las conclusiones.

En España, la universidad, ejerciendo su autogobierno, permite que prosperen personajes como el rector de la Universidad Rey Juan Carlos

«Esos tíos han estado en esta mesa babeando, y son titulares porque Javier Ramos ha permitido que lo sean, y tenían que besarle el culo [...] y son unos mierdas y unos desagradecidos, ¡y Manuel Arrayás es un hijo de la gran puta, hijo de la gran puta, Antonio! Y si pudiera me lo cargaba» «Pasarán cosas, cosas muy desagradables que ni tú ni yo queremos que pasen. Lo que yo quiero es que David pare de una puta vez»

                         (Fernando Suárez, vicerrector en campaña, 2012)

“El rector solo se debe a su comunidad universitaria”

                         (Fernando Suárez, rector, 2016)

 ….

Las primeras, y otras semejantes, son las palabras con las que, en 2012, Fernando Suárez Bilbao, vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos, iba despejando el camino de la candidatura del rector González-Tevijano, de la que formaba parte, obviamente, como jefe de la partida de la porra. El invicto candidato a la reelección ocupó el cargo durante 11 años, hasta que fue propuesto para el Tribunal Constitucional, donde hoy podemos encontrarlo. El rectorado vacante le correspondió entonces al personaje del día.

La grabación de esos improperios, tal vez lo recuerden, fue admitida a trámite como prueba en una querella por amenazas, pero la causa terminó sobreseída por no encontrarse en las palabras amenaza suficiente. Parece que los jueces no van al cine.  Si alguien de la mafia te dice que pasarán cosas desagradables, te está amenazando; si un vicerrector te dice que pasarán cosas desagradables, te está amenazando. Cada uno, con lo que puede, pero debes temer. Y, de hecho, se les teme.

Las segundas, más escuetas, son palabras que apelan a la autonomía universitaria, palabras con las que el rector se ha negado a dar explicaciones por el hecho ahora publicado en la prensa, y muy en especial en este diario, de haber construido una parte importante de su carrera, aunque sabemos que tenía capacidad para hacerlo de otra forma, cometiendo fraude en sus escritos, en los que, como él dice, también en el apartado de las explicaciones insólitas, “trabajamos con material de aluvión”. La basura se recicla, eso lo sabe todo el mundo.

Aquí hay dos cuestiones que debemos mantener cuidadosamente unidas. Que en España se permite la promoción académica de personas que no merecen su trabajo, que copian, o inventan, o no hacen nada; y que en España la universidad, ejerciendo su autogobierno, permite que prosperen personajes como el que nos ocupa. Y teniendo esto bien cosido, debemos hacernos las preguntas correctas, porque con bastante seguridad casos como este son muy extremos, uno entre mil o menos. Lo que debería preocuparnos es la distribución de población que los genera, es decir, cómo son los casos típicos de los que procede el extremo de un rector plagiador y matasiete. La mediocre calidad académica no puede desligarse de la autonomía universitaria ni aun en su funcionamiento normal. 

Es cierto que en España hay mucha pillería, pero no creo que el problema de la universidad sea cultural. Es cierto también que la proximidad entre política e intelecto (sobre todo del tipo wannabe), parece favorecer la fermentación rápida del fraude, pero tampoco creo que las conexiones políticas del rector de la Universidad Rey Juan Carlos sean la única clave de su conducta. Aunque esas conexiones nos deben poner sobre aviso ante ciertas soluciones posibles para el problema del gobierno de la Universidad. La lógica dice que un mayor control por parte de los representantes de los ciudadanos debería cambiar los incentivos y mejorar la gestión, pero mirando a la Comunidad de Madrid y a la URJC, la verdad, la lógica enmudece.

La autonomía universitaria, tal y como se entiende y practica en España, plantea un grave problema de rendición de cuentas. El rector no responde ante quienes pagan, con sus impuestos, la mayor parte del presupuesto de la institución que dirige, y solo en parte ante quienes, con sus tasas, pagan el resto (los estudiantes tienen derecho de voto, aunque las tasas no suelen salir de su bolsillo).  El rector responde, fundamentalmente, ante el personal de la universidad, con el que suele existir un gran pacto clientelar, razón por la cual las “necesidades de la institución” son muy a menudo las necesidades de política interna, por encima de cualquier otra consideración. En general, al que le toca plaza, le toca, ya puede ser de yeso, y, si no, se echan encima desde los sindicatos a los cargos institucionales, llegando, como sabemos por el valioso archivo sonoro de la URJC, tan alto como haga falta. Y lo mismo para promoción de personal, para ampliación de plantillas, dotación de recursos, apertura o cierre de títulos… La justicia, el buen servicio público y el progreso del saber, que son las motivaciones que sinceramente imperan entre la gran mayoría de quienes trabajan en la universidad, incluyendo a sus cargos electos, deben pelear constantemente con los intereses creados, así como con el propio miedo y natural deseo de tener una buena vida. Ya se imaginan cómo queda la lucha. 

El falso aire democrático de la autonomía universitaria es un engaño, y es realmente una lástima que se encuentre protegido por la Constitución. De un lado, los estudiantes. Dado que apenas hay elección de universidad -se va a la más cercana- combinado con que se paga relativamente poco, las exigencias suelen ser modestas, salvo por parte de una minoría (los muy interesados y de menos recursos; una ultraminoría, en realidad). No se puede confiar en la mayoría de los estudiantes como mecanismo de responsabilidad. La otra mitad son los profesores, que tienen todos los incentivos del mundo para mirar por lo suyo y no pedir muchas cuentas. ¿Por qué? Por la bajísima movilidad entre universidades que hay en España, por las grandes diferencias de sueldo y de beneficios entre las categorías a las que todo el mundo aspira, pero prácticamente nula diferencia por méritos individuales, por el racionamiento jerarquizado de las plazas, y por un sistema entre estúpido y perverso de promociones por concurso oposición, que bajo el pretexto fariseo de seleccionar a los mejores, impone la formalidad de una posible pérdida de trabajo en cada promoción, por lo que siempre hay que tenerla “arreglada”.

Estoy convencido de que si los estudiantes de verdad eligieran universidad (como yo querría; o, en el peor de los casos, pagaran por ella, mediante becas) y los profesores pudieran moverse de una a otra según fueran las cosas, y pudieran mejorar su sueldo haciendo las cosas bien, y la dotación de plazas no estuviera controlada por la política interna sino por planes estratégicos consensuados con quien tiene que pagarlos, y la promoción entre categorías la dictaran requisitos previsibles evaluados por comisiones de verdad independientes… la autonomía universitaria sería algo maravilloso. Pero en el mundo en el que vivimos, genera monstruos, y no me refiero necesariamente a Fernando Suárez, aunque les pone cara. 

El reto de la Universidad española es conseguir lo que, más bien que mal, consigue la sanidad pública, pero que la educación superior está lejos de cumplir. No es que no haya habido progreso, se ha mejorado mucho, pero seguimos muy alejados de los objetivos que le corresponden al país. Solo Cataluña ha logrado un sistema universitario digno de elogio. Se puede comparar con el caso madrileño, que debería abochornar a algunos, pero eso es una pizca injusto con Madrid, que no es peor que la mayoría de las Comunidades Autónomas. No soy experto en gestión y no voy a meterme en hipótesis, pero algo han hecho en Cataluña, con el mismo ordenamiento básico, así que habrá que fijarse. La capacidad de experimentar debería ser una de las ventajas de la descentralización. Si no se comienza a hacer algo terminaremos buscando reformas radicales, con todos los defectos que puedan tener. ¿Cómo no vamos a preferir que el rector sea un gestor contratado por un patronato que represente bien a todos aquellos que tienen interés en que la universidad cumpla con ambición sus objetivos de docencia e investigación? Vuelvan a leer las palabras del rector y piensen si para eso no preferirían a un cabo.

Nota: Este es un artículo de pura opinión, contra lo que suele ser nuestra costumbre en el blog, o por lo menos nuestra aspiración, y oficiado en domingo. Pero es un asunto sobre el que hay que dejar escrito lo que se piensa, aunque interese a pocos.