La crisis en Ceuta está abriendo innumerables grietas en el Gobierno. A la falta de una respuesta institucional suficiente y a tiempo, la defensa de la colaboración con Marruecos por parte del presidente Pedro Sánchez, y la instrumentalización de las personas migrantes más vulnerables, se suma ahora la polémica por un informe policial que señala la implicación de las fuerzas de seguridad marroquíes en la entrada masiva de hace un mes. El resultado son enfrentamientos y contradicciones entre instituciones, ministerios, socios de Gobierno y la propia ciudadanía.

Analizamos cómo puede afectar esto al Gobierno y al PSOE en pleno año electoral, en qué lugar deja al Ministerio del Interior y qué reacciones políticas y ciudadanas está provocando en nuestro primer “Nido de Rojos” de la temporada con Íñigo Sáenz de Ugarte, subdirector de elDiario.es, Antonio Maestre, periodista y escritor, que colabora en medios como Eldiario.es, La Sexta, o La Marea, y Ana María Pascual, responsable de información judicial en Público.

Y también abordamos qué se esconde detrás de la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros con el periodista David Fernández, autor de Ayuso: Zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid'.

Isabel Díaz Ayuso apuntó en agosto a la Consejería de Presidencia para dar información sobre la polémica compra del ático de 6,3 millones de euros de su gobierno. Durante una de sus ruedas de prensa del verano, la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que Planifica Madrid, la empresa pública encargada de la operación, “a lo largo de todo el año compra y vende inmuebles” y añadió: “Y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo”. Sin embargo, más de un mes después de que saliese a la luz la compra, fuentes cercanas a Ayuso han confirmado que la presidenta fue a visitar el inmueble después de que la Comunidad se hiciera con él.

Este miércoles, por primera vez, se ha conocido la presencia de la líder madrileña en el ático de la calle General Martínez Campos, en Chamberí, y que ahora está en venta por casi 6,7 millones de euros. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz, consejero de Presidencia y presidente de Planifica Madrid, respondía así a la pregunta de si Ayuso o su entorno fueron a ver el ático: “Lógicamente, cuando se compra un inmueble obvio que se visita”.

Tras la respuesta, fuentes cercanas a Ayuso confirmaron que la presidenta sí estuvo en el inmueble “una vez que la Comunidad lo había adquirido” y que “se dejó para finales de octubre la decisión de qué hacer respecto al traslado con las obras de Sol. Fue a visitar una posibilidad. No una decisión”, precisan estas fuentes. Cuando saltó a la luz, el Gobierno de Ayuso argumentó que se iba a utilizar este ático para mantener reuniones mientras durasen las reformas en la sede del Ejecutivo autonómico, a pesar de que la normativa del Ayuntamiento de la capital impide convertir el inmueble en oficinas y, según la misma, solo podría destinarse a vivienda, ya que en esa parte de la ciudad no se puede implantar ni oficinas ni servicios por encima de la planta baja o la primera de cualquier edificio.

La presidenta aseguró en su primera declaración tras conocer la información que se trataba de una “campaña de desprestigio”, que no era para ella y que todavía se desconocía si ella iría a la Consejería de Presidencia o la de Transportes, y eran los consejeros los que se moviesen al ático durante las obras. “Se compran y se venden inmuebles, se alquilan y se dejan de alquilar (...) en estos mismos meses me consta que está habiendo muchas ventas de otros inmuebles y otras oficinas”, añadió. “La compra sé que es reciente”, dijo después.

Se desconocen más detalles en torno a esa visita posterior de la líder madrileña, pero lo que sí es obvio es que Ayuso no desautorizó la operación, y el proceso continuó hasta este pasado mes de julio, cuando a finales de mes El País publicó la primera información sobre que la Comunidad habría adquirido un ático de más de 400 metros cuadrados y terraza. A pesar de que la compra fue en abril, solo un día después de que la prensa se hiciera eco se decidió poner a la venta el inmueble, según dijo el equipo de Ayuso, para dedicar el dinero a la reconstrucción tras los incendios.

Este verano, durante sus intervenciones públicas, la baronesa del PP ha insistido en que Planifica Madrid se dedica a vender y comprar inmuebles, y ha enmarcado esta operación como una más de la empresa pública. Sin embargo, por el momento se desconoce si Ayuso suele visitar estos inmuebles, como el inmueble de Gran Vía que la empresa pública lleva tiempo intentando enajenar y que ahora ha vuelto a poner en venta más caro que hace un año cuando no logró venderlo.

Antes de firmar el contrato de compra, alguien del equipo de Ayuso fue a visitar el ático, aunque las mismas fuentes del entorno de la presidenta remiten a preguntar en Presidencia. “Nadie compra a ciegas un inmueble”, aseguran, pese a que ahora la Comunidad de Madrid no permite visitar el ático para su compra. Por su parte, desde Presidencia confirman que fue “una persona del equipo de la Consejería”, aunque sin detallar quién. “Planifica gestiona patrimonio”, añaden las mismas fuentes.

La Consejería de Presidencia coordina a todas las consejerías y es la más cercana a la presidenta autonómica. Miguel Ángel García Martín, el también portavoz y presidente de Planifica Madrid, lleva esta cartera y fue señalado por Ayuso durante una rueda de prensa para dar más información sobre la operación. “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos y sí la tienen muchos ministros”, dijo García Martín en otra comparecencia posterior.

El caso avanza en los juzgados

Mientras, el caso avanza en los juzgados: tanto PSOE como Más Madrid se han personado como acusación popular. “Los hechos evidencian lagunas e irregularidades procedimentales al tratarse de hechos que afectan a la administración pública en relación con su patrimonio”, indicaban los socialistas, mientras que los de Mónica García veían “indicios” de que la operación se llevó a cabo “sin ajustarse al procedimiento legalmente establecido”.

Más Madrid también ha acudido al Tribunal de Cuentas al considerar que la compra puede suponer un posible “menoscabo” de dinero público. El portavoz y consejero de Presidencia ha zanjado estos pasos de la oposición: los ha acusado de intentar encontrar “fantasmas” y ha asegurado que cada vez que acuden a los tribunales contra el Gobierno de Ayuso, los casos nunca prosperan.

Pero septiembre acaba de empezar y con él, la vuelta a la normalidad institucional y política. Solo este mes se espera la comparecencia de García Martín, que a petición propia explicará en la Asamblea de Vallecas la operación del ático, y el Debate del Estado de la Región, que se producirá la próxima semana y que se espera centrado en esta última polémica, todavía con incógnitas por resolver.

Un asesor de Isabel Díaz Ayuso fue a visitar el ático de Chamberí antes de la adquisición y la propia presidenta acudió también, pero después de que la Comunidad de Madrid lo comprara por 6,3 millones de euros, según ha avanzado el entorno de la líder madrileña a El País y ha confirmado posteriormente elDiario.es. Este mismo miércoles el Gobierno autonómico había reconocido a preguntas de elDiario.es que la presidenta o alguien de su equipo fueron a visitarlo. El portavoz de la Comunidad de Madrid y presidente de la empresa pública Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, ante la pregunta de si la líder madrileña o alguien de su equipo fue a visitarlo previamente, el consejero ha respondido: “Lógicamente, cuando se compra un inmueble obvio que se visita”.

elDiario.es había preguntado previamente al jefe de Despacho de la presidenta regional, Álvaro Sanz, si fue él quien visitó el ático antes de la firma en abril, pero no obtuvo respuesta. Precisamente en el mes de abril, elDiario.es publicó en exclusiva que Ayuso había utilizado a Sanz para negociar la compra de un nuevo piso en Madrid, un cargo público que gestionó visitas y ofertas para la adquisición de un piso en Chamberí de 850.000 euros. Sin embargo, fuentes del entorno de Ayuso niegan directamente que Álvaro Sanz lo hubiese visitado en algún momento y remiten a la Consejería de Presidencia: “No se pueden comprar inmuebles sin visitarlos”, indican. Fuentes de Presidencia confirman que quien fue a ver el ático antes de la compra pertenece a la Consejería y aseguran que el motivo es que Planifica Madrid “gestiona patrimonio”.

“Se dejó para finales del mes de octubre la decisión de qué hacer respecto al traslado de las obras de Sol. Fue a visitar una posibilidad. No una decisión”, precisan fuentes cercanas a Ayuso sobre las visitas.

Otra fuente del entorno de la presidenta autonómica asegura que “se ha demostrado que es mentira” que la Comunidad de Madrid comprara un inmueble a Ayuso: “La presidenta tiene su propio alquiler. La comunidad nunca le compró un piso a la presidenta”, indican a elDiario.es.

Este miércoles se ha producido la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno tras el verano, unos meses convulsos para el Gobierno autonómico y marcados primero por los incendios de la Sierra Oeste y, posteriormente, por el escándalo de la operación, sobre la que todavía quedan detalles por conocer.

Sobre esos detalles se le ha preguntado al portavoz: quién dio la orden de comprar el inmueble, para qué lo necesitaban, si lo que buscaban era una oficina por qué acudieron a una inmobiliaria de lujo, entre otras cuestiones. García Martín, que comparecerá a petición propia en la Asamblea de Vallecas para dar cuenta de la polémica, se ha limitado a insistir en que “han estado mintiendo durante el mes de agosto diciendo que la Comunidad de Madrid había comprado un apartamento para la presidenta, lo cual se ha demostrado que es rotundamenta falso”.

El también consejero de Presidencia ha asegurado que el Gobierno “a diferencia de otros, no ha parado ni un solo día” con la reconstrucción tras los incendios y ha dicho que llevan “todo el mes de agosto dando explicaciones” sobre el ático.

A la pregunta de elDiario.es sobre por qué se exigió confidencialdad durante la compra, ha indicado que esa cuestión “también ha sido contestada” y que “en todas estas operaciones se pide confidencialidad”, a pesar de ser una compra a través de una empresa pública como es Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia.

La vendedora accede a que se conozcan detalles

La vendedora del ático para el Gobierno de Ayuso, Astrid Gil-Casares, aceptó la semana pasada que se difundieran detalles de la compra después de que Transparencia alegara que no podía compartir el expediente de compra u otra información porque esta afectaba a “terceros” y estos tenían que dar el visto bueno.

Ahora, una vez que la vendedora ha accedido, Transparencia de Planifica Madrid ya podría ofrecer estos detalles. Sin embargo, en el expediente no aparecería quién ha visitado el ático.

La información en torno a la operación por la que la Comunidad de Madrid compró el ático de Chamberí va cayendo como un gotero desde las primeras noticias, hace ya un mes. Posteriormente, se conoció que había costado 6,3 millones de euros a las arcas públicas y, unas semanas más tarde, se puso en venta por casi 6,7 millones. Según justificaron entonces, el dinero obtenido de esta venta y otras de la empresa pública Planifica Madrid iría dirigido a la reconstrucción tras los incendios. Sin embargo, todavía se desconoce el detalle de la operación y, ante esta falta de transparencia, Más Madrid ha decidido acudir al Tribunal de Cuentas por lo que consideran un posible “menoscabo” de dinero público.

Según argumentan en su denuncia, si se tienen en cuenta otros posibles gastos derivados de este tipo de compraventas y con estas cantidades de dinero, el precio total de compra —incluidos impuestos y otros posibles gastos derivados como los de gestión— podría acercarse mucho al precio de venta que ha decidido establecer la Comunidad de Madrid, lo que podría conllevar una posible “pérdida patrimonial”, según el escrito. Otro de los puntos por los que ven ese “menoscabo” de caudal público es que se ha adquirido un inmueble “innecesario o no idóneo para la finalidad o necesidad pública”. El motivo es que cuando se conoció la compra, el equipo de Isabel Díaz Ayuso aseguró que el ático se destinaría a “reuniones” oficiales mientras durasen las obras de la sede de la Presidencia en Sol. Sin embargo, el inmueble no puede ser oficina debido a la normativa del Ayuntamiento de Madrid.

La líder del partido autonómico y ministra de Sanidad, Mónica García, tiene claro que en este caso “ha habido un deterioro de las arcas públicas manifiestas, más allá de la compra y de la posterior venta”. Ese dinero, explica en declaraciones a elDiario.es, se podría haber invertido en algo distinto: “Estamos otra vez en lo mismo, en una contabilidad perversa por parte de Ayuso y del PP, que utiliza los bienes comunes de todos los madrileños para uso propio, para uso personal”. Sobre la denuncia, García y su equipo esperan que el Tribunal de Cuentas pueda dar “fe de esta pérdida patrimonial” dentro de un procedimiento que califica de “absolutamente irregular y obsceno”: “Los madrileños hemos perdido dinero. Hemos perdido dinero en toda esa transacción de la compra, la venta y todos los intermediarios a los que hemos ido pagando los caprichos y los lujos de Ayuso”.

El partido estima que Planifica Madrid, la empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia encargada de la operación, habría pagado un importe de unos 378.000 euros como Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), al margen de esos 6,3 millones que costó el ático. Esa es otra de las claves que se denuncian: la posibilidad de que la empresa haya “soportado una carga tributaria excesiva”, en comparación con otras entidades que no tienen que pagar ITP.

Pero no solo eso, la cifra también podría aumentar si se tienen en cuenta otros gastos, como los de notaría y gestoría. En total, Más Madrid calcula que serían unos 6,68 millones en total, una cifra que se aproxima a los casi 6,7 millones de euros de venta. “De realizarse la venta por ese importe podría producirse una pérdida patrimonial”, aseguran en el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Además, en el documento indican que a ese precio final de venta habría que descontar también los otros gastos adicionales a la venta, así como la comisión de intermediación o los gastos en mantenimientos y seguros. “En caso de vender el inmueble, habrá que determinar el importe neto obtenido por la venta y deducir el coste total de adquisición”. Sin embargo, esto de por sí no tendría por qué suponer un menoscabo de dinero público, sino que se tendrían que analizar otros factores como la utilidad pública o la necesidad de la compra.

Falta de documentación pública

Un mes después de que saliera a la luz la operación firmada en abril, todavía se desconocen detalles relacionados u otros documentos que justifiquen la compra del ático. En el escrito remitido al Tribunal de Cuentas, Más Madrid solicita que el Gobierno autonómico entregue al órgano el expediente de compra del inmueble y otros datos como informes jurídicos y técnicos previos, las escrituras o los extractos bancarios para que pueda “determinar la existencia, cuantía y responsables del eventual alcance o menoscabo”.

Además, otra de las peticiones recogidas en el texto es la de analizar si el ático podía destinarse a oficinas o a esas “reuniones” que argumentó el Gobierno autonómico. Por ello, consideran “determinante” conocer la situación urbanística del ático y la posibilidad de que se destine a “actividades administrativas”.

El partido considera que es necesaria la tramitación urgente del mismo y la “inmediata práctica de las actuaciones” que sean precisas. El motivo que exponen es que la enajenación del ático podría suponer trabas en la investigación de estos hechos. Más Madrid también solicita recabar la documentación necesaria para conocer quiénes formaron parte de la operación, el precio total de la misma, así como “continuar el procedimiento jurisdiccional”.

El pasado 7 de agosto, la Comunidad publicó el anuncio de venta de este inmueble de la calle General Martínez Campos y de otro situado en Gran Vía, por el que pedía 11,8 millones de euros y que llevaba ya tiempo intentando enajenar. El consejero de Presidencia, portavoz regional y presidente de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, estimó en unos 20 millones el dinero total que obtendrían de estas operaciones.

Las denuncias y la respuesta de Transparencia

Mientras, las denuncias en torno al ático de lujo se acumulan. El primero en acudir a los tribunales tras la compra fue el abogado Javier Flores, que también interpuso una demanda en el Tribunal de Cuentas al ver “menoscabo” de dinero público.

Tampoco es la primera denuncia sobre la operación que interpone Más Madrid. Solo dos días después de que se conociera, el partido anunció que acudiría a los tribunales apuntando a un posible delito de malversación. Unas semanas después, el PSOE madrileño adelantó que presentarían una denuncia ante la Fiscalía, en este caso contra el consejo de administración de Planifica Madrid. En total, la Fiscalía ya ha enviado a un juzgado de Madrid cuatro denuncias por el ático.

Una constante en las denuncias de los partidos, pero también de particulares, está relacionada con la falta de información pública disponible en torno al caso. Un mes más tarde, todavía faltan datos relevantes que han sido requeridos a través de Transparencia. Hace unas semanas, el organismo argumentaba que no podía ofrecer estos detalles porque la información afectaba “a terceros”, y que estos debían acceder. Este mismo viernes se ha conocido que la vendedora del ático, Astrid Gil-Casares, ha aceptado por escrito que la Comunidad de Madrid entregue esta información.

Hace cuatro semanas, escribí sobre dos temas antes de las vacaciones: la crisis de Ceuta y el ático de Díaz Ayuso. Ahora estamos en las mismas. Pedro Sánchez pensaba que había encauzado la situación. La presidenta de la Comunidad de Madrid creía que podía pasar por encima de la polémica, como ha hecho en otras ocasiones. Ambos estaban equivocados. En el primer caso, porque la tensión en la ciudad no ha dejado de aumentar. En el segundo, porque ni siquiera en su partido se creen sus explicaciones.

Consciente de que la habían pillado, Ayuso se quedó sin vacaciones en la primera quincena de agosto y llevó a cabo una agenda frenética de visitas a zonas afectadas por los incendios con muchas promesas y no menos fotos. Se trataba de multiplicarse para que se hablara de ella en relación a los fuegos, y no del ático de seis millones que se había comprado a costa de los contribuyentes. Pero los periodistas no hacían más que preguntarle por esto último –todos sabían que esas visitas eran puro teatro– hasta que cortó por lo sano y se limitó a eso que se llama declaración institucional, que consiste en que no hay preguntas. 

No contaba con que también le preguntaran por el ático a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP dijo que el Gobierno autonómico “tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina”. Además, comentó que le habían hablado de unas obras previstas en la sede del Gobierno en una reunión en abril que tuvo que ser con Ayuso. La presidenta había dicho que se había enterado de la compra en julio. Era una más de las mentiras con las que habían intentado neutralizar la controversia.

Fue el 23 de agosto. Según Ayuso, estaba todo contado y explicado, pero Feijóo la había desmentido al pedir más explicaciones. Optó por la solución por defecto. Un poco de descaro y a correr. Al día siguiente, ofreció una de las frases del verano. “Está a la venta. Chao, pescao”. Una expresión frívola que parecía venir del típico político que se niega a aceptar que está en problemas. Quizá uno de sus toques personales que funcionan en su electorado, como cuando cambia el acento en los mítines para sonar más cheli, más ma-dri-le-ña. Soy macarra, hago lo que quiero y que le den a los que me critican. Pero con esta polémica ha aparecido la auténtica Ayuso. Su idea era: soy macarra, compro el ático que quiero y los contribuyentes me lo van a pagar. 

La armadura mediática que siempre le ha protegido muestra algunos síntomas de corrosión causados por la fatiga de materiales. En voz baja, en el PP no ocultan que ha sido un verano problemático para ella, que comenzó con un viaje a México, cuyo único fin parecía ser atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum y prestar un favor a la oposición mexicana. Una agenda internacional de contactos es lo que se necesita si uno aspira a puestos más altos en el futuro. 

Lo único que ha hecho últimamente es su remedio habitual de sacar a Sánchez en todas las declaraciones a ver si así no se habla del ático. El periodista David Fernández, autor de una biografía reciente de Ayuso, explicaba así lo que piensan algunos en su partido: “Me ha chocado mucho que altos cargos de la Comunidad de Madrid, muy cercanos a Ayuso, me han dicho: 'David, la cagada ha sido monumental y el escándalo que se va a conocer ha sido mayúsculo'”.

El ático que quería comprarse, y para el que sus asesores habían pedido a la inmobiliaria una gran terraza, presenta un flanco que la oposición intentará aprovechar en septiembre. Lo que ya está claro es que el manual básico de Ayuso para todas las crisis no le ha funcionado por primera vez en mucho tiempo. Como le gustan las frases populacheras, se puede comentar que todo le ha explotado en el culo cuando pensaba que eran los demás los que tenían que pagar la factura por sus decisiones. Su plan B siempre ha consistido en multiplicar por diez el plan A. Es lo único que sabe hacer Miguel Ángel Rodríguez.

Ceuta necesita ayuda, no más odio

Hace un mes, el Gobierno pensaba que había pasado lo peor en Ceuta con el regreso de la inmensa mayoría de las decenas de miles de personas que habían entrado en territorio español. Gran error. Semanas después, reconoció que las cosas no habían salido como esperaba con la decisión de poner en marcha un mando único para afrontar la crisis y poner al ministro Ángel Víctor Torres al frente. Había transcurrido casi un mes desde el asalto a la frontera, uno en que las víctimas fueron el centenar de personas que perecieron ahogadas. Segundo error. Debería haber hecho eso el primer día, porque la situación superaba en mucho las capacidades del Gobierno ceutí. 

El tercer error se produjo cuando el Gobierno no fue capaz de ofrecer una versión única sobre la actuación del CNI. La ministra Robles dijo que los servicios de inteligencia habían avisado del riesgo de una entrada masiva: “Si hay informes, si no hay informes... Los servicios de inteligencia operan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos”. ¿Manuscritos? Espero que no los redacten a mano y que el CNI tenga ordenadores. Marlaska lo negó: “No había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a acontecer lo que sucedió”. 

Hay un cuarto error que no está en lo que se hizo o no desde el Gobierno, sino en las declaraciones. Sabiendo que no sale ganando si adjudica toda la culpa a Marruecos, algo de lo que siempre han sido conscientes los gobiernos españoles, ha llegado demasiado lejos en el intento de exculpar al régimen de Rabat. Marlaska volvió a llamar esta semana “socio leal” a Marruecos. “Las autoridades marroquíes han interceptado en lo que va de año más de 2.700 salidas irregulares marítimas hacia las costas españolas”, dijo. Esto último es cierto, pero el Gobierno no puede pretender que la opinión pública española culpe más a “los bulos” y “las mafias” de lo ocurrido que al vecino del sur. Ese es un discurso que no le va a comprar casi nadie.

“Podría ser Marruecos, no lo descarto completamente, pero no cuadra en absoluto con crisis anteriores ni tampoco tenemos una sola prueba que demuestre que han sido ellos”, han dicho fuentes del Gobierno a este diario sobre la responsabilidad de ese Gobierno en la crisis. 

Por mucho que a la oposición se le llene la boca exigiendo que los extranjeros que pasaron a Ceuta sean devueltos a Marruecos, eso no puede hacerse sin la colaboración de las autoridades de ese país. Todos lo saben, pero prefieren ignorarlo. Hasta el propio Feijóo no ha querido lanzarse contra Rabat. Quizá algún día esté en la misma situación que Sánchez y hará lo mismo que ha hecho el actual Gobierno.

“Es una recomendación de Feijóo. No es legítimo tratar de sacar ningún rédito político, ninguna ventaja electoral o partidista, de esta crisis existencial que vive Ceuta. Sería absolutamente reprobable”, dijo Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, el 19 de agosto. Eso es precisamente lo que ha hecho el PP, lo que no es ninguna sorpresa. Incluso pasando por encima de la ley, como con la petición de expulsión inmediata de los 5.000 extranjeros que continúan en la ciudad a los que hay que sumar unos 1.500 menores. Una delegada del Gobierno y una vicepresidenta ceutí fueron condenadas por prevaricación hace un año por tomar esa medida con la devolución de menores a Marruecos. 

La primera reacción del PP a los ataques racistas y al intento de impedir por la fuerza la entrega de comida a los extranjeros fue comprensiva. “Mucha paciencia han tenido”, dijo Cuca Gamarra sobre los habitantes de Ceuta. Un día después, se corrigió el mensaje y hubo que esperar a que Vivas dejara claro el rechazo a cualquier tipo de violencia sin ningún tipo de disculpas. 

También hay que añadir el intento del PP de crear alarma con el aviso de que podían producirse brotes infecciosos por culpa de los inmigrantes. Hasta se habló de tuberculosis. “La tuberculosis ha llenado titulares alarmistas y falsos”, respondió la ministra Mónica García. “Hemos detectado tres casos, uno ya tratado, una tuberculosis cerebral y una persona que ya estaba en Ceuta antes del 30 de julio. No hemos detectado ningún caso nuevo”. 

No se puede subestimar el miedo y la preocupación de los ciudadanos de Ceuta por lo que han pasado este mes. Ceuta no está en la misma situación que provincias como Zamora o Alicante, pero los derechos de ceutíes y melillenses deben ser defendidos con la misma fuerza que con los habitantes de la península.

Criminalizar a los inmigrantes presentándolos como “invasores” –y así se está haciendo en varios medios de la derecha– sólo contribuye a alentar el odio y hasta la violencia. Ese es un terreno de juego del que solo se beneficiará la extrema derecha. 

Astrid Gil-Casares, propietaria del ático que la Comunidad de Madrid compró por 6,3 millones de euros, ha aceptado que se hagan públicos detalles de la operación, según ha adelantado este viernes El País y ha podido confirmar elDiario.es. Planifica Madrid, la empresa pública que gestionó la compra, alegó a través de Transparencia que no podía compartir el expediente u otra información relevante porque esta afectaba a “terceros” y estos tenían que dar el visto bueno. Ahora, después de que la vendedora haya dado el visto bueno por escrito, Transparencia ya podría ofrecer esta información.

La vendedora había firmado durante la operación un acuerdo de confidencialidad exigido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que alegó cuando la operación salió a la luz que el inmueble había sido adquirido para destinarlo a “reuniones” mientras durasen unas reformas en la sede de la Presidencia de la Comunidad de la Puerta del Sol.

Astrid Gil-Casares ofreció una entrevista a la revista Vanitatis el pasado 30 de julio, un día después de que se conociese la operación. En ella explicó que había firmado ese “acuerdo de confidencialidad”, que le impedía comentar “las circunstancias de la operación”. “En cualquier caso, desconozco por completo el destino que se pretendía dar a dicho inmueble”, añadió entonces.

El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha sido una de las personas que solicitaron a Transparencia esos detalles de la compra del ático, así como el expediente del mismo. El 21 de agosto, Transparencia suspendió el trámite porque debía preguntar a “terceros interesados” si accedían a dar la información. Después, se reanudó el expediente, aunque se amplió en 20 días hábiles más, “debido al elevado número de solicitudes de contenido diverso recibidas en relación con esta materia”, según indicaron.

Tanto la Comunidad de Madrid como el PP aseguran que ya se han dado explicaciones suficientes, pero un mes más tarde de que se conociera el escándalo, todavía se desconocen incógnitas que rodean a la operación, como quién estaba presente durante la firma o por qué se eligió esa localización en la calle General Martínez Campos, en el barrio de Chamberí, un inmueble situado a pocos metros de la casa familiar de Ayuso y donde ahora reside su madre. Tampoco se tiene información del expediente de compra o de por qué se exigió confidencialidad a la vendedora en una operación de una empresa pública que, como indicaron tanto Ayuso como su consejero Miguel Ángel García Martín, se dedicaba “todo el año” a la compra y venta de inmuebles.

En enero de este año, una exclusiva inmobiliaria de La Moraleja puso a la venta un ático en el barrio madrileño de Chamberí de 485 metros cuadrados, de los cuales casi 200 correspondían a una impresionante terraza. Solo unos meses más tarde, ese inmueble encontró comprador: la Comunidad de Madrid, que había pedido a la empresa una propiedad con esas características, “entre 250 y 400 metros y gran terraza”.

La justificación que se dio entonces era que iba a servir para “reuniones” debido a unas reformas en la sede de la Puerta del Sol. Tras la publicación de la operación —una compra por 6,3 millones de euros y para la que se exigió confidencialidad—, la polémica ha acechado a Isabel Díaz Ayuso a lo largo de todo el verano. Hacemos un repaso a las fechas más relevantes de la polémica que todavía deja incógnitas por resolver, como por qué se eligió ese inmueble si la normativa impedía convertirlo en oficinas, por qué se decidió venderlo un día después de que saliese en la prensa o por qué no se hace público el expediente de compra.

enero de 2026

La inmobiliaria pone en venta un lujoso ático en Chamberí

Promora, la inmobiliaria de La Moraleja, pone en venta un lujoso ático en el barrio madrileño de Chamberí por 6,6 millones de euros, en la calle General Martínez Campos. El 31 de enero, suben a sus redes sociales un vídeo para promocionarlo por el que se conocen los detalles de su interior: 485 metros cuadrados de los cuales casi 200 corresponden con una terraza, cinco habitaciones y entrada independiente para el servicio. La casa se encuentra, además, enfrente de la vivienda familiar de Ayuso, en la que actualmente vive su madre. Según ha revelado El País, el Gobierno autonómico trasladó a la inmobiliaria que buscaba un inmueble "entre 250 y 400 metros y gran terraza". No se precisó que tenía que poder albergar oficinas o despachos.

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8 de abril de 2026

La reunión "informal"

Alberto Núñez Feijóo afirmó el pasado fin de semana que sabía que se iban a hacer unas obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, a través de una reunión “informal” con el equipo de la presidenta. Ese día Feijóo y y su ‘número dos’, Miguel Tellado, se reunieron en Sol con Ayuso y su Gobierno para un "desayuno de trabajo". En ese encuentro se explicó también que se buscaba un emplazamiento temporal para la presidenta por las reformas. Desde el PP no aclaran quién dio esta información

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14 de abril de 2026

La compra del ático

Ese día, la empresa pública Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia, compra el ático por 6,3 millones de euros, según confirma posteriormente la propia Comunidad de Madrid. Aunque no han trascendido muchos más detalles, sí se sabe que para la compra se exigió confidencialidad antes incluso de la visita del inmueble. Por ahora, el Ejecutivo regional no ha facilitado el expediente de compra ni ha indicado quiénes estuvieron presentes en esa firma. En la web de Planifica Madrid se recoge para ese día una "firma notaria" a las 14.00 horas, aunque sin más datos.

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2 de junio de 2026

La memoria del proyecto de reformas en Sol

La memoria de justificación del proyecto de reformas en Sol tiene como fecha de firma el 2 de junio. El objetivo de las reformas, según indican en el pliego publicado este 7 de agosto, es “modernizar y adecuar a la arquitectura singular del edificio la imagen institucional”. El presupuesto base de la licitación es de casi 60.000 euros adjudicados a la empresa Pombo Estudio S.L., propiedad de Alejandra Pombo, prima de la influencer y empresaria María Pombo. Las zonas a intervenir, según detallan en el portal de contratación, son “los patios interiores de la planta baja, la escalera principal de acceso a la segunda planta y el ala norte de esta planta donde se encuentran la zona Presidencial, el Salón Institucional, el Salón Canalejas y la Sala de Consejo de Gobierno”.

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29 de julio de 2026

Publicación de la compra del ático en prensa

El País publica que la Comunidad de Madrid compró un ático de 485 metros para que la presidenta lo usara para "reuniones" debido a las obras. En ese momento, se indicó que los trabajos de reformas en Sol comenzarían "en agosto". Sin embargo, todavía no se sabía cuánto había costado a la Comunidad de Madrid. Posteriormente, se supo que el ático no podía ser oficina por la normativa del Ayuntamiento de Madrid, que impide convertir en una dotación pública un noveno piso de un edificio residencial en ese barrio de Chamberí. Solo podría albergar un despacho profesional como complemento a una vivienda habitual.

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29 de julio de 2026

La primera comparecencia de Ayuso: "Es una campaña de desprestigio"

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Solo unas horas después de la primera publicación, la presidenta responde a preguntas de la prensa tras una comparecencia centrada en las actuaciones por los incendios de la Sierra Oeste de Madrid. “No es mi casa, no es para mí, yo no me he comprado nada”, insiste y asegura que se trata de "una campaña de desprestigio". “No sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o en la de Transportes, que es muy grande, y es el consejero el que se va para allá”, dijo durante la rueda de prensa. También aseguró que "se compran y se venden inmuebles" y que de esa compra sabía que era "reciente".

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30 de julio de 2026

El Gobierno de Ayuso rectifica

Solo un día después de la publicación en prensa y tres meses después de la compra, el Gobierno de la Comunidad de Madrid recula y comunica que venderá el ático. El anuncio lo hace Miguel Ángel García Martín, portavoz del Ejecutivo regional, consejero de Presidencia y presidente de Planifica Madrid, durante una visita a la Sierra Oeste. Ahí asegura que el importe obtenido por esa venta y la de otro inmueble irá destinado a sufragar parte de las ayudas aprobadas por los fuegos.

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2 de agosto de 2026

Ayuso reaparece pero no da explicaciones sobre el ático

La presidenta reaparece el domingo con una rueda de prensa en la que habla de los incendios y acusa a Marruecos de intentar "quitar" Ceuta y Melilla: "Ceuta es una prueba para la siguiente", dijo sobre la entrada de miles de personas este verano. Le preguntaron si tenía previsto dar más información o mostrar el expediente de compra y respondió: “Está en venta este inmueble y hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía. Con esos 22 millones vamos a reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste”.

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5 de agosto de 2026

Ayuso asegura que “lo mejor desde el primer minuto es venderlo” y señala a su consejero

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Ayuso vuelve a intervenir en rueda de prensa y asegura que "todo aquello que ahora mismo no es necesario se pone a la venta". "Lo mejor es desde el primer minuto dejarlo ahí, venderlo y aprovechar tanto ese recurso como el de los inmuebles de Gran Vía para destinarlo en este momento a una necesidad como es esta. Creo que no se entendería que se gastara o se empleara en otra cuestión". Ahí, la presidenta autonómica señala a su consejero de Presidencia: "Les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia porque es quien tiene no solo la información detallada, sino los canales de comunicación a tal efecto". Ayuso niega que el ático fuese destinado a uso personal: "Sería muy poco inteligente".

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6 de agosto de 2026

El consejero señalado por Ayuso: "Lo que no se dice es que Madrid no tiene residencia oficial"

Miguel Ángel García Martín da otra rueda de prensa en otro pueblo afectado por los incendios y la prensa le pregunta sobre el ático después de que Ayuso señalara hacia Presidencia. Ahí explica que Planifica Madrid se dedica a la "gestión de los inmuebles" y que en ese momento "se vio la posibilidad" de adquirir el ático para destinarlo a las "necesidades" que pueda tener el Gobierno autonómico. “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos y sí la tienen muchos ministros”, añadió. Lo que no dijo entonces y que se ha conocido este miércoles es que el Gobierno autonómico trasladó a la inmobiliaria que buscaba un inmueble con características concretas: "Entre 250 y 400 metros y gran terraza".

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7 de agosto de 2026

La Comunidad pone a la venta el ático de lujo por 6,7 millones y adjudica el diseño de la reforma de Sol

La Comunidad de Madrid publica en la web de contratación pública el anuncio de venta del ático por casi 6,7 millones de euros, además de otro inmueble en Gran Vía, que vende por 11,8 millones de euros y que llevaba tiempo intentando enajenar. El documento está firmado por Pedro Corbalán Ruiz, el actual consejero delegado de Planifica Madrid. Además, también publican casi al mismo tiempo la adjudicación por casi 60.000 euros del diseño de la reforma de la sede en Sol.

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10 de agosto de 2026

La Fiscalía envía cuatro denuncias a un juzgado de Madrid

La Fiscalía Provincial de Madrid remite a un juzgado de Madrid cuatro denuncias presentadas en las últimas semanas en relación con la operación. El teniente fiscal José Luis García-Juanes ordena el archivo de las diligencias “preprocesales” abiertas en el Ministerio Público al constatar que esos hechos “están siendo ya objeto de investigación judicial”.

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13 de agosto de 2026

Ayuso reduce sus apariciones públicas

La presidenta reduce a lo largo de toda esa semana sus apariciones públicas, después de que el lunes 10 de agosto ofreciera una intervención de siete minutos sin preguntas, en la que habló sobre la reconstrucción pero también sobre la gestión de la crisis en Ceuta. Su actividad se centra cada vez más en redes sociales, desde donde carga contra el Gobierno central.

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17 de agosto de 2026

Ayuso: "No voy a necesitar una residencia oficial a 10 meses de las elecciones"

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Ayuso ofrece otra nueva rueda de prensa y confirma que considera que ha dado explicaciones suficientes sobre el ático. "Cada vez que vuelven de vacaciones, vuelven con el mismo argumentario", afeó a los periodistas. La líder madrileña aseguró entonces que en estos años no había "necesitado" ni "pedido" una residencia oficial. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones”, dijo. Esa semana el PP también daba por zanjado el tema, asegurando que Ayuso había "dado todas las explicaciones".

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23 de agosto de 2026

La entrevista a Feijóo

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Cuando parecía que Ayuso podía ya pasar página de la polémica del ático, Alberto Núñez Feijóo reabrió el capítulo con una entrevista a Europa Press. En ella, reconocía que desde abril sabía que se iba a buscar un sitio "temporal" por las obras en Sol y aseguraba que "Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un ático que no se puede destinar a oficina".

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24 de agosto de 2026

El "chao pescao" de Ayuso

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Ante las declaraciones de Feijóo, la presidenta rechaza aclarar el contexto de esa "reunión informal" con el líder del PP y espeta el ya famoso "está en venta, chao pescao", con el que intenta zanjar definitivamente el escándalo. Además, Ayuso aseguró en su intervención que se trata de un “inmueble destinado a oficinas que además puede albergar despachos”, a pesar de la normativa del Ayuntamiento.

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25 de agosto de 2026

El consejero portavoz pide comparecer en la Asamblea a petición propia

Tras las semanas de revuelo, Miguel Ángel García Martín pide comparecer en la Asamblea de Vallecas a petición propia para hablar sobre la “gestión patrimonial de la empresa pública Planifica Madrid”.

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El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trasladó a la inmobiliaria de lujo a la que finalmente compró el ático de Chamberí que buscaba un piso de “entre 250 y 400 metros cuadrados y una gran terraza” en ese barrio o alrededores, según ha publicado este miércoles El País. Las características coinciden con lo que finalmente compró la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros, ahora a la venta de nuevo por 6,69 millones.

Planifica Madrid contactó con la inmobiliaria afincada en La Moraleja a través de un anuncio en internet, según El País, y la agencia les mostró al menos dos propiedades. La primera estaba ubicada en la zona de Argüelles, en el paseo del Pintor Rosales, y tenía unos 350 metros cuadrados, con una terraza de 200. Su precio era de cuatro millones de euros. Según las fuentes consultadas por el periódico, cuando se dieron las especificaciones para la búsqueda del inmueble, no se precisó que tenía que ser una casa en la que se pudiera albergar oficinas o despachos.

La segunda fue el ático de la calle General Martínez Campos, el que finalmente se adquirió, dos millones más caro. “El proceso se prolongó durante aproximadamente un mes y medio antes de la firma de la escritura”, aseguran estas mismas fuentes. La firma fue el 14 de abril.

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, registró ayer una petición de comparecencia en la Asamblea de Vallecas. Según confirman fuentes de Presidencia, todavía se desconoce la fecha exacta de su intervención que tratará sobre la “gestión patrimonial de la empresa pública Planifica Madrid”. “El consejero ha dado todas las explicaciones y lo mismo hará en la Asamblea de Madrid cuando la Mesa así lo decida y active esa comparecencia”, indicaron esas mismas fuentes este martes.

Fue la propia Ayuso quien señaló a García Martín el pasado 5 de agosto tras el escándalo de la operación, asegurando que era la consejería de Presidencia quien tenía “la información detallada”. Después de esas declaraciones de la líder madrileña, el portavoz negó que el ático fuese para uso personal y añadió: “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros”.

Todavía no se ha explicado quién dio la orden a la empresa pública de buscar un piso con esas características en la zona de Chamberí, donde ha crecido y vivido siempre Ayuso. Tampoco por qué se tomó la decisión de adquirir un inmueble que no puede utilizarse para oficinas.

Isabel Díaz Ayuso quería ya pasar página de la polémica del ático después de un verano mucho más intranquilo políticamente para ella de lo que parecía hace solos unos meses. En los últimos días, la presidenta de Madrid había limitado cada vez más sus apariciones públicas y su actividad en redes sociales se basaba en hacer oposición al Gobierno central por la crisis en Ceuta. Parecía que el escándalo comenzaba a darle un respiro finalmente. Pero a poco más de una semana de septiembre, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a ponerla bajo los focos tras asegurar que en abril mantuvo una reunión “informal” en la que se le informó de que el Gobierno de Ayuso buscaba un lugar para un “traslado temporal”. El líder del PP también dijo que “Patrimonio tendrá que explicar por qué compró un ático que no se puede destinar a oficina”.

La líder madrileña ha estado este último mes de tournée por los pueblos de la Sierra Oeste de Madrid afectados por los incendios del pasado mes de julio, a los que ha acudido para anunciar medidas relacionadas con la reconstrucción. Por eso le pesaban tanto las preguntas de la prensa que, intervención tras intervención, intentaban aclarar las incógnitas que rodeaban la operación confidencial por la que se compró un inmueble de 6,3 millones de euros en el barrio de Chamberí para “reuniones”. Incluso llegó a espetar a los periodistas que por qué no preguntaban “una sola vez por la gente afectada por los incendios”. “Yo creo que su labor también es ser sensible con toda esta gente”, dijo ante las cámaras, visiblemente molesta.

Una de las últimas novedades sobre este caso se conoció el pasado 7 de agosto, cuando la Comunidad de Madrid puso en venta el inmueble de lujo por 6,69 millones, tal y como anunciaron después del escándalo. Según indicaron, el objetivo era dedicar el dinero a la reconstrucción. A partir de ahí, Ayuso ha evitado dar más explicaciones, con una escueta agenda centrada en la reconstrucción y en Ceuta.

El PP descarta pedir “explicaciones” tras hacerlo Feijóo

Pero el esperar a que la situación se desinfle sola no ha dado los resultados que se pensaban. Los intentos del Gobierno de Madrid de enterrar el asunto quedaron en nada cuando, este pasado fin de semana, el líder del PP abordó el asunto en una entrevista para Europa Press con motivo del arranque del curso político. En ella, no solo no eludió el asunto del ático, sino que optó por extenderse en su respuesta.

Feijóo relató que el pasado mes de abril asistió a una reunión con el Gobierno de Madrid. Fue en ese contexto cuando alguien, una persona que no identifican ni el líder del PP ni su equipo, le comentó que se iban a hacer “obras de remodelación” en el edificio porque “había problemas” con las cañerías, el aire acondicionado o la conservación del edificio. En ese momento, siempre según esta versión, se le explicó que se estaban “buscando lugares” para trasladar durante la obra el “despacho de la presidenta y de los seis, siete u ocho puestos” de su “secretaría y atención de Gabinete”.

Efectivamente, el 8 de abril Feijóo y su ‘número dos’, Miguel Tellado, se reunieron en Sol con Ayuso y su Gobierno. Fue ese día cuando fue informado de las futuras obras y de que se buscaba un emplazamiento temporal para Ayuso, según confirman a elDiario.es desde su equipo.

Los gabinetes no dieron cuenta del encuentro hasta el día siguiente y, según explican desde la dirección nacional del PP a elDiario.es, fue en los minutos previos a esa reunión “formal” cuando Feijóo fue informado de la necesidad de acometer obras en el edificio. En las imágenes distribuidas entonces por la Comunidad de Madrid se puede apreciar cómo el líder del PP recorre parte de las dependencias de la Puerta del Sol acompañado por Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín.

Precisamente sobre García Martín están los focos, ya que él es el presidente de la empresa pública Planifica Madrid, responsable de la compra del ático que, supuestamente, iba a ser destinado para acoger el despacho de Ayuso y su equipo durante esas obras. En su entrevista, Feijóo centró las dudas de la operación en Patrimonio de la Comunidad de Madrid al exigir “explicaciones” por la compra de un inmueble que “no se puede destinar a oficinas”.

El PP reformuló este lunes su relato. El portavoz nacional, Borja Sémper, evitó exigir cuentas al Gobierno de Ayuso: “Las respuestas de la Comunidad de Madrid son razonables y las que ellos han querido dar, a ellas me remito”. Pocos días antes de la frase de Feijóo, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, ya había dicho que la baronesa madrileña había dado todas las aclaraciones “por activa, por pasiva y por perifrástica”.

“Le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones”

Tras el revuelo de la entrevista de Feijóo, Ayuso mostraba su descontento este lunes por tener que seguir dando explicaciones. “Si le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, es evidente que uno a uno tiene un nuevo titular, pero va a ser lo mismo”, ha asegurado, para intentar zanjar el tema con un “chao, pescao”. Durante la rueda de prensa, la baronesa del PP ha criticado que “no se puede estirar más el chicle”, aunque ha evitado responder, por ejemplo, en qué contexto y cómo se produce la reunión “informal” de abril de la que hablaba Feijóo.

Lo que sí ha dicho es que el inmueble comprado está “destinado a oficinas” y que “además puede albergar despachos”. Sin embargo, la normativa del Ayuntamiento impide convertir en una dotación pública un noveno piso de un edificio residencial en ese barrio y solo podría albergar ese despacho profesional si es como complemento a una vivienda habitual.

Planifica Madrid lleva años intentando enajenar otro inmueble mucho más grande que el ático de Chamberí en la Gran Vía. Como sucede con el ático de lujo, el uso de ese otro inmueble es también residencial, pese a que el Gobierno madrileño lo ha venido utilizando durante años a oficinas.

El inicio del nuevo curso político

Este nuevo capítulo en la polémica del ático se produce cuando apenas falta una semana para comenzar el mes de septiembre y la vuelta a la actividad política. A pesar de que la presidenta trate de desactivar estos días la conversación en torno a la operación, tendrá que enfrentarse pronto a las preguntas de la oposición. Tanto PSOE como Más Madrid han anunciado que tomarán medidas legales por el escándalo que se tendrán que resolver próximamente. Pero no solo eso.

Durante el verano, la actividad en la Asamblea de Vallecas se paraliza, por lo que Ayuso ha podido sobrellevar la controversia sin tener que responder en sede parlamentaria. Sin embargo, en su comienzo del nuevo curso político le esperan más de 200 iniciativas orales y escritas, además de peticiones de información y de comparecencias, a las que están citadas también otras personas como el consejero Miguel Ángel García Martín.

Además, el 10 y el 11 de septiembre se producirá el Debate sobre el Estado de la Región, el último antes de las próximas elecciones autonómicas de 2027.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que conoce desde abril que el Gobierno madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso buscaba un lugar para “un traslado temporal” del equipo de secretaría y gabinete de Presidencia mientras se ejecutaban las obras de remodelación en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. “La Comunidad de Madrid ha dado todas las explicaciones que considera oportunas para esclarecer lo que ha ocurrido”, ha declarado el presidente conservador tras la polémica abierta en relación con la compra del ático en Chamberí por parte de la Comunidad a través de Planifica Madrid.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente nacional del PP ha reconocido que se compró un inmueble que “no se podía destinar a oficina” y ha añadido que se ha puesto a la venta “para financiar los problemas de los incendios de la Comunidad de Madrid”. “Es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina con el interés de que se ubicase allí una oficina. Eso es todo”, ha zanjado.

El Gobierno de Ayuso ha sacado a la venta ese inmueble por un precio de salida de 6,7 millones para recaudar fondos con los que pagar la reconstrucción de la Sierra Oeste a raíz del incendio que arrasó unas 30.000 hectáreas.

Feijóo ha relatado que en abril se le invitó a una reunión “informal” con el Gobierno de la Comunidad de Madrid en Sol y allí se dijo que se iban a hacer “obras de remodelación” porque “había problemas” con las cañerías, el aire acondicionado o la conservación del edificio. En ese momento, se le comentó que se estaban “buscando lugares” para trasladar durante la obra el “despacho de la presidenta y de los seis, siete u ocho puestos” de su “secretaría y atención de Gabinete”.

Al ser preguntado si cree que ha faltado transparencia en esa operación de compra y venta y si se han dado explicaciones suficientes, Feijóo ha indicado que “la Comunidad de Madrid ha dado explicaciones de que hay una decisión de traslado temporal mientras se ejecuten las obras”.

Interrogado sobre si ha hablado con la presidenta Ayuso estas semanas a raíz de que este tema está en el foco informativo, Feijóo ha respondido: “Hemos hablado con el gabinete de la presidenta y concuerda la información que se nos dio”. Dicho esto, ha reiterado que desde abril él “conocía que se estaban buscando locales para hacer ese traslado”.

En cuanto a si cree que los presidentes autonómicos deben tener residencia oficial, Feijóo ha recordado que él la tuvo cuando era presidente de la Xunta de Galicia ante la “tensión innecesaria” que causaba a los vecinos en su casa debido a los inhibidores y la presencia de policía. Según ha añadido, esa residencia también la utilizaron sus antecesores. “A mí no me parece incorrecto en ningún caso que haya residencias para los presidentes de comunidades autónomas”, ha dicho. Así, ha afirmado que de esa forma se facilita la seguridad del presidente, el trabajo de los policías que lo “custodian 24 horas” y poder trabajar y recibir en un espacio institucional. A su juicio, es “absolutamente razonable” y “útil”.

Para Isabel Díaz Ayuso el escándalo por el ático de lujo comprado por su gobierno ya es pasado, otra polémica que olvidar cuanto antes. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pasado las últimas semanas recorriendo los pueblos de la Sierra Oeste para hablar de la recuperación tras los incendios en apariciones sorpresa no incluidas en su agenda oficial. Estos días ha reducido su actividad a las redes sociales y se centra, sobre todo, en hablar sobre la crisis de Ceuta. Sin embargo, en sus cada vez más escasas intervenciones públicas siempre hay alguna pregunta que la fuerza a dar más explicaciones sobre la operación inmobiliaria. “Cada vez que vuelven de vacaciones, vuelven con el mismo argumentario”, le llegó a espetar a la prensa este mismo lunes.

Esa es la estrategia de la líder madrileña ante el revuelo causado durante todo el verano tras la primera publicación de El País en la que se informaba de que el gobierno autonómico se había gastado 6,3 millones a través de la empresa pública Planifica Madrid para comprar un ático en Chamberí en una operación para la que se exigía confidencialidad. Si se echa un vistazo rápido a la actividad de Ayuso en los últimos días en redes sociales, se ve claro el cambio: un mayor aumento de la actividad —sobre todo en X—, y tuits que van sobre todo sobre la reconstrucción y la gestión de la crisis en Ceuta del Gobierno central.

Al contrario de lo que ocurrió la semana pasada, esta semana la intervención sorpresa de la presidenta del lunes sí que contó con preguntas de la prensa, en las que aseguró que en durante estos años de gobierno no ha “necesitado” ni “ha pedido” una residencia oficial: “No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones”, añadió durante su visita a la bodega Las Moradas de San Martín en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, afectado por los incendios del mes de julio. En su tournée por los pueblos de la sierra, la líder madrileña ha dedicado sus ruedas de prensa a hablar de ayudas y de las actuaciones de su equipo, pero también cada vez ha subido más el tono y cargado contra el Gobierno después de la entrada de miles de personas a través de Marruecos por Ceuta.

Durante su visita por las localidades madrileñas afectadas por los fuegos, la cuenta oficial de la Comunidad de Madrid subió a redes sociales un vídeo que no suele ser común de ver en su perfil: Ayuso haciendo promoción de un restaurante de Pelayos de la Presa, un local que hace años contaba con simbología franquista. Su dueña ha asegurado a El Huffington Post que ella retiró la simbología del anterior propietario y que, tras la publicación, están recibiendo numerosas reseñas negativas.

La crisis en Ceuta

Después del revuelo causado por el vídeo, la presidenta ha vuelto a hacer una especie de aparición —la última de la semana por ahora— más allá de las redes. Ayuso, en una entrevista para el diario El Pueblo de Ceuta, cargaba este miércoles contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión tras la entrada de miles de personas en la ciudad autónoma desde Marruecos, una tragedia que ha dejado decenas de muertos. “Mi familia política es de allí, son militares que estuvieron en el Sáhara, que tuvieron que ser evacuados de allí, y luego ellos han estado mucho tiempo viviendo en Ceuta”, decía la presidenta autonómica, que adelantaba que quería acudir a la zona en cuanto pueda.

Pero Ayuso no solo critica la actuación del Ejecutivo de coalición, sino que se presenta esta semana como una diana a la que los ministros echan las culpas. “España se está quemando por los cuatro costados y estamos viendo cómo van respondiendo. Tenemos el problema de la invasión de Ceuta. Pero el gran problema del Estado es la venta de unas oficinas. Sinceramente, se ha intentado tapar todo ahí”, dice en la entrevista.

Ese argumentario ya lo utilizó un día antes, el martes, cuando en X citó una entrevista de la ministra Elma Saiz en la Cadena SER. “La culpa de esta nueva crisis ahora es de Meloni, de Ceuta y del PP. Y de Ayuso, siempre”, dijo Ayuso, a pesar de que la portavoz del Gobierno central y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no menciona durante la entrevista en ningún momento a la presidenta de Madrid.

El Gobierno de Sánchez y la ciudad siguen trabajando en ampliar la capacidad de acogida y tanto PP como Vox rechazan ofrecer ninguna colaboración de sus propios gobiernos para aligerar esa “presión” denunciada por los propios populares. Mientras, Ayuso continúa publicando mensajes en X: “Ceuta es España: imagina este drama en tu pueblo o ciudad”, escribía este mismo viernes por la tarde.

Sin más comentarios sobre el ático que los de este inicio de semana, a pesar de que todavía continúan sin respuesta muchas cuestiones, especialmente después de la puesta en venta del inmueble por 6,7 millones de euros. Para Génova, sin embargo, el tema ya está zanjado y el equipo de Ayuso ha hecho todas las aclaraciones necesarias. Así lo indicó la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, este lunes, quien dijo que la baronesa madrileña había dado todas las explicaciones “por activa, por pasiva y por perifrástica”. “No hay nada nuevo que decir”, zanjó Gamarra.

Queda poco más de una semana para que comience septiembre, que supone la vuelta a la actividad institucional, y con ella, las preguntas de la oposición. Por ahora, tanto Más Madrid como PSOE han anunciado medidas legales que se tendrán que dirimir en los próximos días y que, después de un agosto más movido de lo normal, volverán a poner la polémica bajo el foco.

Este no será el primer artículo en el que se recuerde que la frase de Trump, presumiendo de que, si se pusiera a disparar tiros en la Quinta Avenida no perdería ni un solo voto, serviría también para explicar la fidelidad de una parte muy importante del electorado madrileño a Isabel Díaz Ayuso. Probablemente, esa sensación de impunidad es la que le ha llevado a cometer el error que peor justificación tiene a ojos de muchos votantes, también entre los suyos. Y esa es la novedad respecto a episodios anteriores, en los que había y hay como mínimo tantos o más motivos para cuestionar la gestión de la presidenta madrileña.

El ático de 485 metros cuadrados adquirido por el Gobierno regional por 6,3 millones, una operación realizada con toda la opacidad y sobre la que hay sospechas de que en realidad se eligió para ser una vivienda para Ayuso, fue la espita que desató una polémica del todo justificada, por más que ella busque restarle importancia. Primero, por la extraña adquisición del inmueble, pero también por la sucesión de errores posteriores.

Desde ponerlo de nuevo a la venta un día después de que se publicase la noticia en El País (con el inverosímil e improvisado argumento de que se destinará el dinero a la reconstrucción tras los incendios), hasta que su novio, Alberto González Amador, decidiese también vender ahora los dos pisos que comparte con Ayuso. Curiosa coincidencia. Pide el módico precio de 3,3 millones de euros por un piso y un ático que adquirió tras sus presuntos delitos fiscales.

Todavía hoy no se sabe quién y por qué ordenó a la empresa pública Planifica Madrid la compra de un ático que por normativa solo podía utilizarse como vivienda , puesto que ni podía ser una oficina ni tampoco una residencia oficial.

La retahíla de enredos inmobiliarios son aún más lacerantes en un momento en que la vivienda es el principal problema del país. Las imágenes del ático que su Gobierno adquirió a escondidas o el vídeo que la inmobiliaria colgó de uno de los pisos que comparte con Amador, también en el barrio de Chamberí, han circulado más que cualquier declaración de los grupos de la oposición. Si es verdad que una imagen vale más que mil palabras, estas de los pisos han sido una embestida que no hay maniobra de Miguel Ángel Rodríguez que pueda taparla.

La mejor prueba de que no había argumentos para defender el embrollo de los áticos de Ayuso es que ni los medios de comunicación que están siempre a punto para elogiar sus discursos o sus vestidos, esta vez, o bien callaron o le afearon que las explicaciones eran insuficientes. No es mucho, pero es tan poco habitual que sorprendió. Nunca un error propio —y mira que ha cometido— había sido cuestionado por los medios ayusistas, que son mayoría en Madrid.

La cadena de equivocaciones que ha cometido con los áticos solo se explica por creerse intocable. Es casi lógico que lo pensase. Su irresponsable gestión durante la pandemia, lejos de recibir el castigo que merecía en las urnas, fue premiada por unos votantes no menos irresponsables. Es solo un ejemplo. Tampoco el sospechoso enriquecimiento de su pareja en esa etapa ha merecido el escrutinio que sería esperable por parte de muchos medios, a no ser que seas de los que creen que nuestra labor es fiscalizar solo a las administraciones menos afines ideológicamente.

Isabel Díaz Ayuso vuelve a atacar a los ministros del Gobierno central para evitar dar más explicaciones tras el escándalo del ático comprado por su gobierno y puesto en venta posteriormente por 6,7 millones de euros. La presidenta de la Comunidad de Madrid ofrece este lunes una rueda de prensa que, de nuevo, no estaba anunciada en su agenda oficial, para hablar sobre la reconstrucción tras los incendios y poner el foco sobre la crisis en Ceuta. A preguntas de los periodistas, Ayuso ha confirmado que las explicaciones que han dado sobre el inmueble de lujo le parecen suficientes.

De nuevo, la líder madrileña ha mostrado su incomodidad con las preguntas de los periodistas, que han insistido en la polémica por el ático comprado por la Consejería de Presidencia, a través de la empresa pública Planifica Madrid y que ha centrado la conversación pública en la capital desde hace semanas. “Cada vez que vuelven de vacaciones, vuelven con el mismo argumentario”, ha afeado Ayuso a la prensa, que ha criticado que “12 de 15 ministros” no dan “explicaciones nunca”.

No es la primera vez que se revuelve contra los medios de comunicación por continuar preguntando para tratar de despejar las incógnitas que siguen rodeando la polémica por el inmueble de Chamberí. Su hartazgo se hizo patente el pasado viernes 7 de agosto cuando espetó a la prensa: “¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada por los incendios?”. “Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal, tengan la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer”.

En una de sus últimas comparecencias sobre el tema, la baronesa del PP apuntó a su consejero de Presidencia y portavoz, Miguel Ángel García Martín, para dar explicaciones por la operación de compra, que fue justificada en que el Gobierno de Ayuso usaría el ático para “reuniones” durante unas reformas en Sol. García Martín, posteriormente, añadió que “lo que no se dice es que Madrid no tiene residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros”.

Ahora, a preguntas de la prensa, la presidenta madrileña ha asegurado que en estos años de gobierno autonómico no ha “necesitado” ni “ha pedido” una residencia oficial. “No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones”, ha añadido, “como lo he hecho con tantos gestos”. “Se podrán dar todas las vueltas que se quiera pero yo estoy en lo importante, que es estar aquí”, ha dicho, en referencia a su visita a la bodega Las Moradas de San Martín en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, afectado por los incendios de este verano.

Vincula inmigración y violencia

Siguiendo con el argumentario del gobierno autonómico de los últimos días, Ayuso ha vuelto a utilizar la rueda de prensa para agitar el avispero por la crisis de Ceuta después de la entrada ilegal de 72.000 personal desde Marruecos, una tragedia que deja ya más de 141 personas muertas.

“Mientras Sánchez sigue de vacaciones con sus chanclas”, Ceuta “está al borde del colapso”, ha advertido la presidenta autonómica ante la prensa, para asegurar que “hay un nuevo riesgo de epidemias”, así como “agresiones y violaciones diarias”, todo ello sin aportar datos o indicar de dónde salen esas afirmaciones.

Además, la líder madrileña también ha criticado que el presidente, Pedro Sánchez, siga “de vacaciones”, además de lanzar dardos contra su gestión por haber “aprobado pocas leyes” o no tener presupuestos aprobados. “España está totalmente abandonada”, ha concluido.

El PP dice que Ayuso “ha dado todas las explicaciones”

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso “ha dado todas las explicaciones por activa, por pasiva y por perifrástica” sobre el ático. “No hay nada nuevo que decir”, ha zanjado Gamarra para intentar eludir la pregunta de los periodistas. Informa Aitor Riveiro.

“No vi nunca nada igual, ningún expediente de concesión directa o mediante concurso con estas características y con un intrusismo tan inusual”. Mariano González, arquitecto colegiado en Asturias, es una de las voces del sector que han mostrado sus suspicacias con la adjudicación del diseño de la reforma de la Real Casa de Correos. La Comunidad de Madrid publicó el pasado 7 de agosto los pormenores de la licitación para esta fase de las obras de su sede en Sol, unos trabajos que adquirieron protagonismo mediático después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso esgrimiese su desarrollo como el motivo para adquirir el ático de 485 metros cuadrados y 199 de terraza en Chamberí. Según el Ejecutivo regional, ese inmueble ahora puesto en venta a través de Planifica Madrid iba a servir para acoger “reuniones” hasta el fin de la reforma, pese a no contar con los permisos pertinentes para dicho uso.

Los profesionales contactados por este periódico coinciden en lo anómalo de otorgar a una arquitecta de interiores una intervención como la del emblemático espacio de la Puerta del Sol, sobre todo porque tiene lugar en un edificio protegido con la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC). Un procedimiento sin publicidad ni libre concurrencia que concedió el proyecto a la interiorista Alejandra Pombo (prima de la influencer María Pombo) por 59.377 euros, IVA incluido.

Pombo es graduada en Arquitectura de Interiores por la Universidad Politécnica de Madrid y es en esta rama donde ha desarrollado su carrera, en la actualidad a través de su empresa Pombo Estudio SL. Las fuentes consultadas no dirigen sus reproches en valorar su trayectoria o su currículum, para algunas aceptable y para otras “manifiestamente insuficiente”, sino que se centran en cuestionar la redacción del proyecto, así como el perfil formativo y el área de trabajo de Pombo.

“No puedes adjudicar a expensas de que incorpore luego un arquitecto”

Para Elena Sarabia, arquitecta y urbanista, “el contrato y los pliegos incluyen elementos que no puede diseñar una decoradora de interiores en un inmueble con un alto nivel de protección”. Explica que, en una construcción de las características del icónico edificio del centro de Madrid, “una intervención en la fachada también implica afección a la estructura, y en cuanto se toca esta debe intervenir un arquitecto”. Desde su punto de vista, se trata de un procedimiento “viciado de origen”, ya que “no puedes adjudicarlo a expensas de que incorpore luego un arquitecto cualificado en su equipo”. Este, sostiene, debe estar detallado desde el origen y comandar tanto el diseño como la ejecución de la actuación.

Según Sarabia, “un proyecto de decoración o interiorismo en este inmueble solo puede cambiar los muebles y pintar, ni siquiera puedes tocar las molduras de las paredes”. Recalca las exigencias y el rigor impuestos por la Comisión Local de Patrimonio Histórico, organismo dependiente de la Consejería de Cultura por el que tendrá que pasar el diseño que ahora elabore Pombo: “Si haces cambios mínimos en cinco estancias y en la sexta no, te pueden obligar a actuar en las seis por cuestiones de homogeneidad. Exigen fotografías y explicaciones de todos los materiales empleados, del estado del inmueble y del mantenimiento que se le va a dar. Cuando he tenido que exponerme a esta instancia he sido consciente que no habría sido capaz sin mi formación. Debes detallar cómo vas a llevar a cabo las restauraciones o por qué determinados elementos se pueden rehabilitar y otros no”.

En un BIC con categoría de monumento, cualquier reforma del interior requiere informe positivo de Patrimonio, hasta mover un enchufe. Deberían ser ejemplares y adjudicar a una persona con la titulación pertinente, capaz de explicar la obra exacta

Lucía Bentué — Arquitecta y miembro del grupo de representantes Nexo COAM

Su compañera de profesión Lucía Bentué, miembro del grupo de representantes Nexo en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), va un paso más allá: “En un BIC con la categoría de monumento como este, cualquier reforma del interior requiere un informe positivo de Patrimonio, hasta para mover un enchufe. Por eso deberían ser ejemplares y adjudicar a una persona con la titulación pertinente, que sea capaz de explicar la obra exacta y qué es lo que necesita”.

“Hay muchos profesionales de la arquitectura con mucha capacidad para hacer este trabajo, con el conocimiento técnico necesario, y que luego podrían incorporar en su equipo a interioristas o decoradores”, resume Bentué en declaraciones a Somos Madrid. “Lo lógico sería hacer un contrato de dirección artística a un interiorista para que el contrato principal lo tenga un arquitecto con experiencia en rehabilitación y espacios representativos”, plantea.

Dudas sobre la “actuación artística única”

Uno de los argumentos en los que el pliego técnico se apoya para la controvertida adjudicación es el carácter de “actuación artística única”, una de las figuras que la Ley de Contratos del Sector Público reserva para contratos negociados sin publicidad y sin libre concurrencia, así como la vía más común para que el principal adjudicatario no sea necesariamente un estudio arquitectónico. Para la arquitecta Berta Gámez, recurrir a dicha fórmula en este caso es “una tomadura de pelo”: “Entiendo que con un contrato de ese estilo se acuerde con Frank Gehry la construcción del Guggenheim, pero aquí están utilizando un vacío en una norma creada para esculturas o cuadros, no para una reforma más tradicional, que además se da a una persona semidesconocida sin especial relevancia artística”.

Mariano González incide en este asunto: “No es un proyecto de redecoración dentro de una intervención más grande, sino que es un poco al revés, se supedita la arquitectura al interiorismo. Esto no es nada habitual sin que sea una intervención artística singular, y en este caso pinta más pedestre. Luego se intenta encajar legalmente ese proyecto arquitectónico que requiere la incorporación de un arquitecto, efectivamente el pliego incluye la posibilidad de su subcontratación posterior. Pero es un proceso inusual y poco riguroso”.

No es un proyecto de redecoración dentro de una intervención más grande, sino un poco al revés, se supedita la arquitectura al interiorismo. Esto no es nada habitual sin que sea una intervención artística singular, y en este caso pinta más pedestre

Mariano González — Arquitecto

Otro reputado arquitecto madrileño que prefiere no desvelar su identidad, con experiencia en intervenciones sobre bienes protegidos, apunta en la misma línea: “Puedes contratar alguien que no sea arquitecto, exigiendo siempre que cuente con uno en el equipo, como pasa también en estos pliegos aunque todavía no se haya detallado de quién se trata. Ahora bien, esa opción suele reservarse para obras de un determinado artista que afectan a un edificio protegido. Es ahí cuando se entiende emplear ese procedimiento, pero no es el caso. No se especifica qué aporta la beneficiaria para ser única”. Este testimonio califica el proyecto de rehabilitación de la sede de Sol como “muy mal redactado” y cuestiona la falta de detalles sobre la incorporación de otra importante figura, la del arquitecto técnico o aparejador. “La sensación que da es la de improvisación, como si se hubiera creado y adjudicado ad hoc”, apostilla.

Un expediente “poco profesional”

Rubén Arroyo es precisamente arquitecto técnico, colegiado desde hace 20 años y especializado en el sector hotelero. Califica de “primordial” que el diseño del proyecto de obra especifique el aparejador responsable, con independencia de que luego se incorporen interioristas u otros profesionales. Arroyo critica un “expediente rápido y poco profesional” donde se prescinde, o al menos no se concreta, esta vital figura: “Mezclan a la ligera conceptos como proyecto de interiorismo y de ejecución de obras básica o ejecutiva. En algunos puntos usan terminología de rehabilitación de edificio, que implica un concepto diferente del inmueble original y, por tanto, interferir en la estructura con un proyecto arquitectónico. La decoradora, según su titulación aparente, no puede ejercer la dirección facultativa”.

Cuestiona, además, la necesidad de la intervención en un edificio cuya última reforma data de 2018: “La obra se vinculaba a un problema estructural que es totalmente falso. No hay justificación de ningún tipo para la intervención, parece un capricho de chapa y pintura para adaptar revestimientos o mobiliario y eso no necesita todo este jaleo. Sobre todo si luego vas a tirar por la vía rápida del contrato negociado sin publicidad. Lo más lógico habría sido sacar un contrato menor citando a tres empresas”.

Cree que el principal problema de la licitación, además de “una prisa desmedida”, es que “transmite la sensación de haber vestido el contrato para dárselo específicamente a una persona”.

La obra se vinculaba a un problema estructural que es falso. No hay justificación para la intervención, parece un capricho de chapa y pintura para adaptar revestimientos o mobiliario y eso no necesita todo este jaleo

Rubén Arroyo — Arquitecto técnico

Los expertos consultados por este diario coinciden en sus reproches a los pliegos y la concesión, pero no en un punto esencial como el calado de las obras. Arroyo y el arquitecto que prefiere reservar su identidad, por ejemplo, sugieren que el arquitecto es necesario porque se habla de rehabilitación, pero que en el fondo la reforma tal y como está planteada podría haberse resuelto con un mero contrato de interiorismo: “Muchas obras de la administración se hacen con técnicos propios que no precisan tener que ajustarse a la Ley de Ordenación de la Edificación. Se ocupa un propio técnico en la oficialía mayor, de hecho seguramente haya obras constantes en ese edificio”, dice el segundo de ellos.

Por el contrario, Elena Sarabia insiste en que, por el carácter de BIC del edificio, “cualquier intervención que implique mover un tabique o afecte mínimamente a la fachada requiere un proceso bien elaborado que pase los estándares de Patrimonio”.

Berta Gámez cree que estas discrepancias se deben en parte a “un pliego muy vago que en ningún momento habla del fondo de los trabajos, más allá de esa mención al carácter de obra de arte”. Al margen de las dudas sobre el alcance de los trabajos, subraya que el límite que requiere incorporar un arquitecto en un BIC está en la afección a la estructura o en la configuración de los espacios. Esto es, “cualquier intervención no recuperable”. “Tengo muchos reparos en que con este alcance que no haga falta arquitecto, se habla de tocar la carpintería o instalaciones de climatización”.

El Gobierno de Ayuso justifica la singularidad artística ya que en el estudio de Pombo son “dueños de la idea”

Desde la Consejería de Presidencia, departamento del Ejecutivo autonómico que actúa como entidad adjudicataria y del que dependen los trabajos, argumentan en respuesta a las preguntas de este medio que “la Comunidad de Madrid cuenta con una arquitecta que coordina todas las obras que se están llevando a cabo desde 2025 y que seguirán en 2026 y 2027”. ⁠“Para la reforma del patio y la segunda planta se solicitaron cuatro ofertas dentro de una contratación menor. A la opción mejor valorada por los técnicos se le ha adjudicado el proyecto de reforma a través de un contrato negociado”, exponen, aludiendo a esas “razones artísticas” que cuestionan los arquitectos.

El equipo de Ayuso justifica este carácter artístico en que los adjudicatarios son “los dueños de la idea”, una circunstancia ampliable a una gran mayoría de contratos similares para el diseño de obras y reformas elaborados por estudios de arquitectura o urbanismo, pero donde no se recurre a esta figura. Precisan que “este estudio también cuenta, evidentemente, con arquitectos”.

Somos Madrid ha tratado de contactar, sin éxito, con el estudio de Alejandra Pombo. Mientras, la web de esta empresa sigue en construcción y no muestra trabajos de la interiorista ni su portfolio. La memoria del procedimiento recoge que el estudio de Pombo “acredita experiencia en trabajos realizados en edificios protegidos o de valor histórico” con intervenciones, por ejemplo, en el Hipódromo de la Zarzuela, declarado BIC como Monumento, actualmente en desarrollo.

Las fuentes autonómicas avanzan asimismo que “una vez entregado el proyecto, se licitará la ejecución de las obras a través de un contrato abierto, como hacemos siempre”. Sostienen que “al ser un BIC, todas las actuaciones que se ejecutan deberán contar con el visto bueno de la comisión de Patrimonio”. Así, esperan que este organismo no ponga reparos a la operación.

Paralelamente, el abogado Javier Flores (que ha llevado al Tribunal de Cuentas la compra del ático de Chamberí por parte del Gobierno de Ayuso) ha elaborado un informe en el que recopila los aspectos más anómalos y opacos de la licitación. Para ello, ha contado con decenas de arquitectos y especialistas: “Hay sobre la mesa un proyecto cuyos contenidos y documentos tienen que ser dirigidos y firmados por un arquitecto. Se usa el refugio de la creación artística para dárselo a alguien que no es de ese ámbito”, afirma en conversación con este medio. Habla de un “pliego contradictorio, un copiapega extraño donde mezclan contratos que se licitan a arquitectos con otros de creación artística para que pueda entrar esta persona”. “Se podría pensar incluso que es un contrato de interiorismo que se deriva a otra cosa”, desliza.

Más allá de los aspectos más polémicos de la contratación, Berta Gámez cree que se trata de una “oportunidad perdida” para llevar a cabo una reforma verdaderamente significativa en un edificio emblemático: “La rehabilitación de un espacio de estas características, con el respeto que merece y la historia que acarrea, exige un rigor desde quién interviene y desde cómo interviene. Un proyecto de decoración no soluciona grandes conflictos de este tipo de edificios. Gran parte de los recintos administrativos de este país están mal optimizados en su distribución de despachos o funciones. Todo se va parcheando, pero continúa el desbarajuste o la mala climatización. Sean BIC o no, son edificios con otra arquitectura y otra distribución de espacios en su origen, donde las demandas actuales son distintas y requieren estancias más diáfanas”.

“Lo realmente trascendental para un BIC sería una reconfiguración de la tabiquería, las instalaciones o la eficiencia energética. Eso mejoraría de verdad el día a día de los trabajadores y por tanto el ciudadano”, apunta. “Claro que otra opción, mejor si cabe, sería destinar ese dinero por ejemplo a mejorar las estructuras de los colegios que más lo necesitan”, concluye.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a la carga contra el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. La líder madrileña ha aprovechado la entrega de los premios Palomas de Bronce de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, para calificar a Sánchez de “irresponsable” y “traidor” ante la crisis de Ceuta, sólo preocupado por sus “intereses electoralistas”.

“El Gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar y, por tanto, Sánchez no sólo es un irresponsable sino también es un traidor”, ha dicho para criticar que España mantenga desde hace once años el nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista.

Ante la crisis de Ceuta, la presidenta regional ha condenado el “abandono y olvido” por parte de Sánchez, a quien “le da absolutamente igual todo”. “Allá la España que deje, si la invaden, si la empobrecen, si se pierden oportunidades, si se multiplican los problemas, si se abandona por la falta de médicos o de viviendas pero a la vez se están promoviendo estas invasiones, ¿qué más le da?”, ha lamentado.

Tiene claro que “el está a otro escenario, a su futuro judicial, a sus intereses cortoplacistas, electoralistas, pero mientras tanto los grandes problemas de España siguen campando a sus anchas”. “Nuestro país está abandonado, está cada vez más aislado y eso es lo que define la situación que estamos viviendo”, ha analizado.

Ayuso vuelve a atacar al Gobierno para evitar la polémica sobre el ático

Ayuso no se ha quedado aquí y también ha aprovechado para cargar contra el resto del Gobierno. La presidenta se ha preguntado “cuántos ministros viven a costa de los españoles” y quiénes se dan “la vida padre” a cargo del erario público.

La líder madrileña ha respondido así a los medios tras este acto tras ser preguntada por la investigación del juzgado de instrucción número 8 de Madrid ante las cinco denuncias presentadas contra la compra del ático en Chamberí por parte de la Comunidad, inicialmente previsto como oficina de la presidenta durante un periodo de obras en la Puerta del Sol.

Ayuso ha trasladado así el foco puesto en esta compra con “una España que está siendo literalmente invadida por Marruecos, donde Pedro Sánchez no está dando solución a nada, con miles de personas que vagan de manera ilegal por las calles de Ceuta creando problemas de inseguridad y sanitarios”.

“Y teniendo a nuestros compatriotas, los ceutíes, en sus casas con miedo, aterrados, abandonados por el Gobierno. Con los precios desbocados, el país ardiendo, obligándonos ahora, como nos vamos a enterar a la vuelta del verano, a asumir y a pagar las deudas del independentismo catalán en Cataluña, que son deudas desbocadas que dan vergüenza”, ha continuado.

“Sólo podemos tener amigos en dictaduras”

También ha cargado contra “ministros que están solamente ocupados en irse pronto a nuevas esferas, a nuevas instituciones, a cobrar sueldazos, mientras aquí no han hecho absolutamente nada”, junto a “dirigentes socialistas que a la vuelta de la esquina posiblemente vayan a la cárcel”.

“Teniendo en cuenta esto, pues es que creo que eso (la compra del ático) no da para mucho más”, ha resumido. Ayuso incluso ha lanzado una batería de preguntas a Sánchez porque “nunca se somete a preguntas” de los medios, empezando por saber “cuántos ministros viven a costa de los españoles, cuánto cuestan sus casas, cuánto cuestan sus servicios”.

“Me gustaría saber qué se oculta para que España se esté enemistando con todo Occidente, con las primeras potencias del mundo y sólo podamos tener amigos en dictaduras”, ha lamentado. Su siguiente pregunta se ha centrado en “cuánto están costando las vacaciones a cuerpo de rey del presidente del Gobierno y de todos los invitados, de todas las personas que están utilizando instalaciones públicas y que van directamente al erario”, ha concluido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha impuesto un manto de silencio durante toda la semana sobre la operación inmobiliaria de su Gobierno con el ático de Chamberí. La baronesa del PP ha utilizado las redes sociales para atacar al Ejecutivo central, pero ha optado por mantener un perfil bajo en sus apariciones públicas y no se somete a preguntas de los medios desde la semana pasada, cuando llegó a mostrar su hartazgo por las cuestiones sobre el inmueble. Las denuncias por la operación ya están en manos de un juzgado madrileño, que tendrá que decidir en las próximas semanas si admite las acciones legales.

Esta ha sido la actividad de Ayuso durante la semana, al margen de las labores internas como presidenta de la Comunidad de Madrid que haya podido realizar fuera de su agenda oficial:

Lunes 10 de agosto

La agenda oficial de la Comunidad de Madrid recoge un único acto: “El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, visita el municipio de Villa del Prado para conocer los daños ocasionados por los incendios en explotaciones agrícolas”. Sin mención a Ayuso.

Pero la presidenta madrileña sí apareció. Ayuso, con una camiseta dedicada a la reconstrucción tras los incendios, hizo una intervención de siete minutos sin preguntas, de los cuales cuatro minutos y medio fueron para anunciar ayudas para recuperar las explotaciones de la zona y el resto los dedicó a la crisis de Ceuta.

Ayuso habló del “desprestigio internacional” provocado por un presidente del Gobierno “incapaz de defender nuestras fronteras” con una “política de inmigración descontrolada”. A continuación, se refirió al mal trato que “se le está dando a los italianos” con la implementación desde el sábado pasado de la misma medida que el Ejecutivo de la ultra Meloni aplica a España desde la crisis de Ceuta: un control aleatorio de identidad a los viajeros –pasaporte– y, en caso de nacionales de terceros estados, el permiso de residencia. Y después zanjó su intervención sin dar pie a los medios a plantear cuestiones.

Martes 11 de agosto

El único con agenda oficial fue, de nuevo, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. En este caso fue a supervisar las instalaciones de saneamiento del Canal de Isabel II en la urbanización Los Cortijos, en Sevilla la Nueva.

Miércoles 12 de agosto

El día del eclipse regresó la Ayuso más tuitera. La baronesa del PP respondió a un vídeo en el que Pedro Sánchez explicaba una herramienta para averiguar si una ubicación era adecuada para ver el fenómeno astronómico y que remataba con un recordatorio del presidente del Gobierno para que todo el mundo se pusiera las gafas protectoras.

Esas recomendaciones institucionales le valieron un reproche: “Los expertos indican los daños irreversibles que puede causar en la vista pensar que por llevar gafas se puede mirar ininterrumpidamente al Sol. Como este hombre es un peligro no os lo advertirá. De nada”, escribió la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La agenda oficial del día, en este caso, consistió en un acto del director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) de la Comunidad de Madrid, Pedro Ruiz. Ruiz supervisó por la mañana el dispositivo de seguridad y emergencias para la observación del eclipse.

Jueves 13 de agosto

La agenda del jueves tenía de nuevo al consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, como protagonista de una visita al vivero del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) en El Escorial.

Ayuso apareció esa mañana, pero a través de un vídeo, para anunciar que reformulará la ley para prohibir las arizónicas y destinará un millón de euros a retirarlas.

Por la tarde volvieron los ataques al Gobierno en redes. La presidenta de la Comunidad de Madrid criticó, entre otras cosas, que Pedro Sánchez y su familia estén “dándose la gran vida con los impuestos y los recursos de todos”. También pidió al Gobierno una explicación por “el despilfarro entero” que costó el acto institucional por el eclipse en el que estuvieron presentes cuatro ministros.

“Estos ministros se van de fiesta a cuerpo de rey y dicen que han gastado 72.000 euros. Falso: ¿Cuánto ha sido el gasto en conductores, escoltas, hoteles, comidas, cenas? Que expliquen el despilfarro entero”, criticó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Al acto institucional acudieron la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transformación Digital, Óscar López; y Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Sánchez se encuentra en La Mareta, Lanzarote.

Se da la circunstancia de que hace dos semanas el Gobierno de Ayuso publicó como costes del viaje a México atribuibles a la presidenta solo los 600 euros de la sala de autoridades de Barajas.

Viernes 14 de agosto

La única agenda era, de nuevo, la del consejero de Medio Ambiente, con una reunión del Consejo de Administración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid retomó su actividad en redes y entró en X para lanzar dos mensajes contra el Gobierno. El primero, un artículo de Daniel Lacalle en El Español: “Un país empobrecido, resignado y sumiso: la receta de Sánchez para mantenerse en el poder”.

Y el segundo, para responder a la ministra Diana Morant, que anunció novedades en septiembre para “impedir la locura de privatización salvaje” de las universidades en algunas comunidades. “¿Por qué Sánchez puede llevar a sus hijas a una universidad privada y el resto de españoles -esto va especialmente contra los madrileños-, no pueden tener universidades privadas?”.

En arquitectura se considera ático el último piso de un edificio con la fachada retranqueada y con terraza. A primera vista no parece la pieza más adecuada para instalar unas oficinas públicas o privadas. No solo las normas urbanísticas de los Ayuntamientos lo prohíben sino también los Estatutos que rigen el funcionamiento de las comunidades de propietarios.

Como oficina es inutilizable, como vivienda puede ser un privilegio, según su orientación y zona de la ciudad donde se ubique. Como residencia oficial de una personalidad política plantea problemas e inconvenientes al resto de los propietarios que comparten el inmueble. Medidas de seguridad y control que se interfieren en la vida normal del resto de los copropietarios. Si se decide adoptar esta medida, se debe valorar si existen otras alternativas que deben priorizarse. Parece que la Comunidad de Madrid dispone de un abundante parque inmobiliario que puede satisfacer esta iniciativa si se considera imprescindible.

La noticia de la compra de un ático en Chamberí como sede residencial de la presidenta Ayuso, desvelada por El Pais, ha desatado una lógica reacción política. Los hechos, en mi opinión, van mucho más allá de una operación inmobiliaria de un desorbitado importe (6,3 millones de euros) realizada con fondos públicos, por más que se intente disfrazar a través de una Planifica Madrid Proyectos y Obras M.P. SA, una entidad pública bajo la modalidad de sociedad anónima.

Según los datos que figuran en los registros públicos, Planifica Madrid es una herramienta al servicio del desarrollo de la región, en coordinación con las administraciones locales y el Gobierno regional. Algo más y mucho más que una entidad privada. Tiene por objeto la gestión de encargos de obras e infraestructuras de la Administración Local y de otros proyectos que le encomiende la Comunidad de Madrid, así como la gestión de suelo para toda clase de usos: industriales, logísticos, oficinas, comerciales y residenciales.

Necesita por tanto una decisión administrativa de la Comunidad de Madrid para realizar la compra del fastuoso ático, que, por lo publicado, dispone de un recinto parecido a un cine privado, como el que tenía el Dictador en el Palacio del Pardo. Hay costumbres que perviven a pesar del cambio de las circunstancias políticas.

La decisión de adquirir una vivienda para fines institucionales exige una decisión de los órganos de gobierno de la administración pública que lo acuerda. Las diferentes versiones que los ciudadanos hemos recibido sobre el destino del famoso ático revelan, como mínimo, una opacidad y arbitrariedad en la toma de un acuerdo que repercute sobre las finanzas públicas. Primero se “justificó” como un espacio destinado a despacho temporal de la presidenta mientras se hacían reformas en el oficial que tiene en la sede de la Puerta del Sol. No era necesaria la existencia de disposiciones urbanísticas municipales para comprobar que una vivienda con cinco habitaciones y otros tantos cuartos de baño además de una amplia terraza y una especie de cine privado no es lo más adecuado para utilizarlo como despacho oficial.

Ante la inverosímil explicación, se cambia el guion y se trata de justificar como la compra de una residencia oficial para la persona que ocupa temporalmente la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Tampoco parece muy adecuado el actual diseño, sin una costosa remodelación, unida al astronómico precio (6,3 millones de euros) que se ha pagado a su propietaria. También se ha desechado este destino y se ha decidido revenderlo por 6,7 millones como si se tratase de una operación especulativa de inciertos resultados y absolutamente inadecuada y contraria a la legalidad. Sugiero que mientras se consigue un generoso comprador, individual o fondo inmobiliario, se puede dedicar a alquiler turístico o de temporada que generará sustanciosos ingresos atípicos que pueden perpetuarse durante un tiempo indefinido. La programación cinematográfica puede ocasionar fricciones entre los ocupantes.

Díaz Ayuso se ha quejado, según he leído, de la insistencia en preguntarle por el conflictivo ático y no sobre otros asuntos de actualidad. Tiene razón y por eso me atrevo a solicitarle que aclare su espantá ante los graves incendios que asolaron parte de la Comunidad de Madrid. Salió huyendo del puesto de mando, se puso un chaleco con el rotulo de Presidenta y se dedicó a fotografiarse con bomberos, periodistas y afectados. Esta actitud da la medida de su nivel político.

No menos sonrojante es la alternativa de ofrecer el dinero de la venta de un lote de inmuebles como indemnización y ayudas a los damnificados por las pérdidas ocasionadas por el fuego. Espero que disponga de otras partidas presupuestarias, porque me temo que, cuando se materialice la especulación, los espacios quemados estén ya reforestados. Admiradora de la Reina Isabel la Católica, quizá quiera emular la venta de sus joyas para financiar parte del descubrimiento de América.

Las administraciones públicas deben tener previsiones presupuestarias ordinarias o extraordinarias para hacer frente a desastres de esta naturaleza sin esperar a operaciones inmobiliarias especulativas. La venta de patrimonio inmobiliario nos retrotrae a los tiempos del Duque de Lerma, según la copla popular, “el mayor ladrón de España”

Es evidente que se ha producido un dispendio de caudales públicos que, a falta de justificación, hasta ahora inexistente, encaja perfectamente en alguno de los hechos que el Código Penal considera como malversación. Como era de esperar, los guardianes de la legalidad y moralidad pública (Manos Limpias, Hazte Oír y Abogados Cristianos) permanecen pasivos siguiendo los acontecimientos a través de los medios de comunicación. Pensándolo bien, es mejor que no enreden.

Jurídicamente, sus efectos dependen de las informaciones que se faciliten; políticamente, el impacto ya se ha producido. Hay elecciones a la vista y la ciudadanía tiene la última palabra.

Pedro Corbalán, principal ejecutivo de la entidad pública que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha usado para gastar 6,3 millones de euros en su famoso ático de Chamberí, ha tenido una trayectoria accidentada en empresas de vivienda de municipios madrileños gobernados por su partido, el PP.

Corbalán, actual consejero delegado de Planifica Madrid, “ha ocupado puestos como alta dirección en la Administración Pública Local vinculados al suelo, vivienda, patrimonio e infraestructuras”, según su perfil oficial.

Uno de esos puestos lo ejerció en Las Rozas, localidad madrileña de 100.000 habitantes. Fue gerente de su Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda (así se llamaba entonces) desde 2011 hasta su despido en 2016, tras un ejercicio en el que la sociedad ocultó información de adjudicaciones, impidiendo su “oportuna y adecuada fiscalización”, según advirtió su auditor de cuentas.

En buena parte de la etapa de Corbalán en ese rico municipio del noroeste madrileño, tradicional feudo del PP, los auditores de la empresa pública de la que era gerente incluyeron salvedades a las cuentas. En las de 2015 advirtieron de que “la sociedad no ha revelado en su perfil del contratante durante el ejercicio sujeto a auditoría determinada información requerida por sus Instrucciones Internas de Contratación, en relación con la publicidad exigible a determinados contratos celebrados en los ejercicios 2013 y 2014”.

“En relación con dicho incumplimiento se omitieron, entre otras cuestiones relevantes, la publicación de adjudicaciones realizadas; no habiéndose incorporado en dicho perfil la información que hubiera permitido su oportuna y adecuada fiscalización”, señalaban. También introdujeron otra salvedad al no tener “confirmación expresa” de existencias de casi 8 millones por anticipos sobre terrenos en el barrio de Las Matas.

El informe está firmado en mayo de 2016. Para entonces Corbalán ya había salido de la empresa. Las cuentas de 2015, accesibles a través de Insight View, indican que “con fecha 25 de enero de 2016 se ha procedido al despido del gerente”. El cese fue “firmado de común acuerdo entre las partes” con un gasto de 33.531,94 euros.

Las primeras salvedades de los auditores en la etapa de Corbalán llegaron en las cuentas de 2013, porque no existía certificado acreditativo de las reuniones de los órganos de gobierno que permitiera confirmar “la veracidad de la totalidad de activos, pasivos, gastos e ingresos de la sociedad; así como en relación con las operaciones efectuadas y registradas incluidas en las cuentas anuales, su veracidad e integridad”.

En las cuentas de 2014, los reparos vinieron por la ausencia de una tasación independiente para terrenos valorados en 4,8 millones: “No podemos opinar sobre si la mencionada inversión se encuentra registrada por encima de su importe recuperable y, por lo tanto, si necesita una corrección valorativa por deterioro”, advirtió el auditor.

Tras su cese, a Corbalán le sustituyó Diego Lozano, hoy jefe de gabinete del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y anterior consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid.

Esa entidad de Las Rozas ha tenido varias denominaciones. La actual, Empresa Municipal de la Innovación y Desarrollo Tecnológico SA, la adoptó en 2024, cuando nombró consejero a Javier Fernández-Lasquetty, antiguo gurú económico de Ayuso y de las privatizaciones sanitarias de Esperanza Aguirre.

Su pasado en la Sociedad Municipal de Vivienda de Guadarrama

El CEO de Planifica Madrid fue recolocado en Las Rozas procedente de la extinta Sociedad Municipal de Vivienda, Patrimonio e Infraestructuras de Guadarrama, municipio de 17.000 habitantes donde ha sido concejal y secretario general y presidente del PP. La empresa acabó liquidada a finales de 2012. Su salida como gerente tampoco fue pacífica.

En 2013, Corbalán, entonces edil del PP guadarrameño (y, a la vez, en la empresa de vivienda de Las Rozas), anunció una querella por injurias contra la entonces alcaldesa de esa localidad serrana, Carmen Pérez del Molino, que le llamó “sinvergüenza” y “un golfo como la copa de un pino” en un rifirrafe por unos pagos al interventor municipal. La edil le acusó de dejar un agujero de 600.000 euros en esa empresa pública, que él negó.

“La alcaldesa es especialista en desviar la atención y de los insultos pasó a hablar de la Sociedad Municipal, de la que ella misma era presidenta mientras yo fui gerente”, dijo Corbalán, que aseguró que fue ella quien en marzo de 2011 decidió disolver la entidad para quitarle “de en medio” y “le salió caro”, porque “todo su capital social, subvenciones e inversiones se llevaron a pérdidas, dando como resultado esos 598.000 euros de los que hablaba”, según la prensa local.

Las últimas cuentas de esa entidad reflejan pérdidas de 442.150 euros y activos de solo 28.397 euros, frente a 664.849 euros en 2010, y patrimonio negativo. Pérez del Molino, alcaldesa de Guadarrama de 2008 a 2019 (primero con el PP y luego con una candidatura independiente, tras apartarle su partido de las listas en 2011), repitió en mayo de 2017 su acusación.

Corbalán, entonces recién elegido presidente de la agrupación local del PP, intervino en un pleno “por alusiones”, pese a no ser concejal, y recordó que, entre otras cosas, había sido gerente de esa extinta empresa pública. “En materia de urbanismo yo he trabajado mucho”, dijo. “No lo olvidamos eso”, le contestó la alcaldesa. “Menos 600.000 euros”, añadió de forma críptica.

Sin información

Informes de la Cámara de Cuentas madrileña, responsable de fiscalizar a Planifica Madrid, recogen que la empresa de vivienda de Guadarrama estaba entre las sociedades municipales que no le remitieron sus cuentas en 2008, 2011 o 2012, cuando ya estaba en liquidación. En 2012, el órgano fiscalizador que hoy preside el ex socialista Joaquín Leguina la incluyó entre las 41 empresas municipales de la región que “no articulan suficientemente” en sus Instrucciones de contratación “el principio de eficiencia” de la Ley de Contratos.

El actual CEO de Planifica Madrid tuvo una breve etapa en 2021 como consejero delegado de la empresa pública de vivienda de El Escorial, cuya liquidación acaba de pedir la ultraderecha de Vox porque lleva “12 años paralizada” y sin construir viviendas en ese municipio de la sierra.

Luego pasó a ser gerente de Planifica Madrid, entonces llamada Obras de Madrid, y heredera de la antigua Arpegio, la empresa de suelo en el centro de la rama de supuesta corrupción urbanística del caso Púnica. Corbalán es su CEO desde 2023. Ese año la firma fue adscrita a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, que dirige el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, como con Arpegio en época de Francisco Granados, cabecilla de Púnica y ex mano derecha de Aguirre.

Semidesconocido hasta ahora, Corbalán es uno de los cargos del PP que han recalado en esta empresa, de actualidad por ser el instrumento utilizado por el Gobierno autonómico para la opaca compra de ese ático, cuya venta se ha anunciado tras destaparse su existencia. El PSOE ha llevado la operación a la Fiscalía, que ha remitido ya al menos cuatro denuncias a un juzgado.

Corbalán, cuya comparecencia en la Asamblea regional ha pedido Más Madrid, ante la falta de explicaciones sobre el ático, no ha respondido a las preguntas planteadas por elDiario.es a través de Planifica Madrid y la consejería de la que depende. El CEO de esa empresa pública que compró ese piso de ultralujo es arquitecto técnico y se le presupone un profundo conocimiento de la normativa urbanística, que impide que ese inmueble con 200 metros cuadrados de terraza se use como oficinas, pese a que Ayuso llegó a decir que acogería “reuniones”.

Graduado en Ingeniería de la Edificación, Corbalán tiene un Posgrado de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación en Deusto-ICADE Business School, y Máster en Dirección y Gestión Pública de Vivienda y Suelo, según su perfil en el portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que omite su pasado en política con el PP.

Corbalán tiene domiciliada en Guadarrama una firma que lleva años sin presentar cuentas y que no identifica en su declaración de bienes, Planificación, Consultoría y Reglamentación de Proyectos SLP, que recibió al menos 9.570 euros de Dusa, una de las principales empresas de la pieza de corrupción urbanística de Púnica.

Dusa pagó otros 153.120 euros entre 2006 y 2008 a ABECE Gestión SL, domiciliada en otro chalé en la cercana Galapagar. Su administrador único entonces era Lorenzo Broncano, fichado como director de Estrategia de Planifica Madrid en 2023. Dusa fue clave en los supuestos amaños con operaciones de venta de parcelas públicas durante la burbuja del ladrillo por los que están pendientes de juicio, entre otros, Granados y el dueño de Dusa, Adolfo Fernández Maestre. En esta pieza Planifica Madrid ejerce la acusación particular.