El curso universitario ha arrancado en Andalucía marcado por el contraste entre el acercamiento institucional que escenificaron los rectores de las universidades públicas y la Junta en el acto de inauguración del curso académico, y el malestar que manifestaron estudiantes y sindicalistas durante sus respectivas protestas en defensa de una educación “pública y de calidad”. Ese pulso entre reivindicación y diálogo estará presente a lo largo de un 2025-2026 que se antoja “decisivo” para preservar el valor de la universidad pública como “ascensor social”.

Tras inaugurar el curso académico, Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, analiza junto a elDiario.es los retos que afronta el sistema universitario público andaluz durante el próximo curso: desde concretar los flecos pendientes del modelo de financiación hasta la modernización de la oferta académica, pasando por la regulación de los centros privados y la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda que afecta cada vez más a los estudiantes.

El acto de inauguración del curso estuvo marcado por protestas estudiantiles y algún momento de tensión. ¿Qué lectura hace de esas movilizaciones? 

Lo primero que hay que decir es que los derechos de reunión, de manifestación, de libertad de expresión y de protesta son derechos fundamentales de las españolas y los españoles y, por lo tanto, se ejercieron en el campus, tanto CCOO como un grupo de estudiantes. En ese sentido, lo único que tengo que decir es que se escucharon e hicieron públicas todas sus reivindicaciones y desde luego se permitió sin ningún tipo de problema su celebración en el campus. Es cierto que hubo algún momento de cierta tensión, pero que afortunadamente se resolvió sin ningún tipo de problema y se pudo celebrar el acto académico completo. Yo diría, además, que salió muy bien. Por mi parte no hay más que decir.

Durante su discurso apeló al diálogo y a la lealtad institucional, pero también recordó que el curso pasado se produjeron varios desencuentros con la Consejería de Universidad, ¿cómo describiría la relación actual de las universidades públicas con el Gobierno andaluz? 

Es obvio, porque esto no se puede ocultar, que hemos tenido una serie de desencuentros derivados de una serie de discrepancias interpretativas y aplicativas del modelo de financiación del que nos hemos dotado. Estas discrepancias empezamos a resolverlas gracias al acuerdo de Jaén, firmado el 8 de abril. Sin embargo, aún no hemos acabado, desgraciadamente, de cerrar todos los elementos que aparecían en ese acuerdo.

¿Qué aspectos siguen pendientes tras el acuerdo de Jaén?

Por ejemplo, el pago de los trienios al personal de la universidad, el pago de los quinquenios y sexenios al personal contratado temporal, la cuestión del 0,5 % de subida salarial que tenemos que pagar las universidades también, e incluso una partida de nivelación para las universidades que también tenemos que negociar en estos momentos.

No se han resuelto aún todos los problemas, pero vamos por el buen camino, que es el de la voluntad del presidente

¿Confían en que la Junta de Andalucía va a cumplir con todos los acuerdos, como dijo el presidente en la apertura del curso?

Yo confío en la palabra del presidente de la Junta de Andalucía, como no puede ser de otra manera. Estoy seguro de que vamos a resolver todos los problemas interpretativos y, como ha dicho el presidente, se van a cumplir con todos los acuerdo.

¿Con qué mensaje o idea central se queda del discurso de Moreno en el acto de inauguración?

Yo creo que las noticias que nos dio el presidente durante el acto fueron importantes. En primer lugar, reconoció que se nos iba a ingresar inmediatamente 16 millones de euros, que son muy importantes, concretamente, para consolidar el punto de partida de la asignación presupuestaria del año 2025. Eso era una reivindicación nuestra, que implica que el presupuesto inicial sube de 1.685 millones a 1.701. En segundo lugar, y esto es muy importante, el presidente reconoció que se van a cumplir todos los acuerdos y que, además, se va a constituir una comisión de trabajo con Hacienda y las universidades y, por supuesto, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, para resolver absolutamente todas nuestras peticiones que están todavía encima de la mesa.

¿Considera que la partida de esos 16 millones de euros para acciones específicas de digitalización y sostenibilidad son suficientes para responder a las necesidades de las universidades públicas?

Supone un punto de partida para este año y nos permitirá destinarlos a nuestras políticas estratégicas, como la transformación digital y la economía verde, dos pilares clave del siglo XXI. Conviene aclarar que esta partida es independiente de otros compromisos pendientes, como trienios, quinquenios, sexenios, la carrera horizontal o la nivelación entre universidades. Todo ello tendrá que resolverse en paralelo, pero el anuncio es muy importante porque esto significa un incremento presupuestario de las universidades públicas.

¿Se podría decir entonces que se han zanjado definitivamente las discrepancias con la Junta?

Lo que ha habido es una discrepancia de interpretación y de aplicación del modelo de financiación. Las universidades teníamos una serie de reclamaciones que nuestra Consejería no compartía. ¿Cómo se resuelven estas cosas? En primer lugar, como ha dicho el presidente, se van a cumplir los acuerdos y vamos a constituir esta comisión para resolver los aspectos pendientes. Porque, insisto, queda mucho trabajo por hacer. Y quiero lanzar también ese mensaje: nada está cerrado todavía. No se han resuelto ya todos los problemas, pero vamos por el buen camino, que es el de la voluntad del presidente, junto a la constitución de esa comisión con Hacienda. Y yo espero que a lo largo de las siguientes semanas se resuelva definitivamente. Porque también hay una cosa muy importante y es que esto afecta necesariamente a los presupuestos del año 2026. Es decir, todo lo que acordemos va a ser el punto de partida para fijar la cláusula de salvaguarda del próximo año.

Si no mejora la ACCUA, corremos el peligro de que muchas de las nuevas titulaciones se topen con un problema administrativo que nos impida ponerlas en marcha

Mientras esos aspectos se terminan de definir, ¿en qué estado se encuentran las universidades públicas en cuanto a solvencia económica?

Es muy importante comprender esto. Las universidades tenemos que pagar una serie de conceptos (trienios, quinquenios, los complementos autonómicos o la carrera horizontal). Esto es muchísimo dinero. Entonces, si no recibimos estas percepciones económicas, evidentemente la propia solvencia y sostenibilidad financiera de la universidad se pone en peligro. Por eso es tan importante el anuncio del presidente. Si conseguimos todo eso, podremos de alguna manera continuar con nuestra actividad. Si no, hay que comprender que es mucho dinero lo que está en juego con todas estas partidas. Por lo tanto, necesitamos que se nos dé la tranquilidad y la seguridad jurídica de que se nos van a ingresar esas cantidades para nosotros poder proceder a asumir esos gastos que evidentemente tenemos que cumplir sí o sí, porque son complementos retributivos que tenemos que asumir.

Y necesariamente tiene que ser con esa fecha límite de final de año, ¿no?

Necesariamente. Y tiene que ser cuanto antes porque, insisto, este es el punto de partida de los presupuestos del año 2026.

Junto a la financiación, otro de los retos que usted mencionó en su discurso inaugural fue la modernización de la oferta académica. ¿Está la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) preparada para acompañarles en ese proceso?

Durante estos últimos meses hemos contemplado una serie de anomalías, retrasos injustificados, en determinadas resoluciones que no entendíamos suficientemente justificadas, en ámbitos como la aprobación y verificación de títulos. Además, en este momento la Agencia todavía está descabezada. Parece que se va a nombrar pronto a un director, pero todavía no lo tiene. Entonces, la Agencia ha vivido un periodo ciertamente complicado. Lo que sí queremos es que en franco diálogo entre la propia agencia, los rectores y la Consejería, seamos capaces de flexibilizar, abrir y hacer que sea una agencia mucho más ágil. Porque, si no, es cierto que corremos el peligro de que muchas de estas titulaciones se topen con un determinado problema administrativo que nos impide ponerlas en marcha. Eso es muy importante para nosotros: que nuevamente, se nos escuche como destinatarios de primer orden de la agencia a la hora de ver en qué se puede mejorar. Yo siempre intento dar el discurso positivo, es decir, no se trata de criticar por criticar, sino de intentar mejorar lo que se está haciendo en la agencia por el bien del sistema de calidad de nuestra universidad de Andalucía.

¿Qué opina de que el Consejo de Universidades haya tenido que enmendar a la Junta en el caso del grado de Ingeniería Bioquímica de las universidades de Granada y Jaén?

Aquí considero que la posición de los rectores andaluces siempre ha sido coherente. En su momento, en el mes de julio, apoyamos el posicionamiento de la Universidad de Granada y Jaén porque no comprendíamos la resolución de ACCUA. Nos parecía como mínimo llamativo que a la universidad número uno en Inteligencia Artificial [la de Granada] se le niegue un título en Inteligencia Artificial y que a dos universidades tan potentes en el ámbito de las ciencias de la salud, como Granada y Jaén, conjuntamente se les negara la Ingeniería Biomédica. Y todavía más nos sorprendió que esos dos titulaciones fueran a parar a universidades privadas. Por lo tanto, nosotros dijimos claramente que estábamos en contra de esa resolución y, posteriormente, lo que ha ocurrido es que ese posicionamiento nuestro se ha venido a ratificar finalmente.

El decreto para endurecer los requisitos a las privadas exige residencias universitarias para hacer frente a una de los grandes amenazas que hay ahora mismo sobre el sistema universitario español

Precisamente, otro de los frentes que preocupan en el sistema universitario público es el avance de las privadas, ¿cómo interpreta que el PP en el Parlamento andaluz se haya posicionado en contra de la nueva normativa estatal que endurece la creación de centros universitarios privados? 

Yo tengo que decir que a mí me parece que la medida de este decreto de endurecimiento de requisitos va por el buen camino, porque en los últimos años hemos contemplado cómo una serie de proyectos de universidades privadas –que eran especialmente flojos en el ámbito de investigación, de transferencia de conocimiento, que son la esencia de la universidad, porque si no, seríamos una simple academia docente– se han venido aprobando. Incluso, lo más preocupante, muchas de ellas en contra de los criterios de las propias agencias de calidad. Por lo tanto, una de las cosas que hace este nuevo decreto es precisamente establecer que si una agencia de calidad autonómica dice que el proyecto no tiene la suficiente calidad, inmediatamente se tiene que paralizar. Porque no tiene sentido que un Parlamento, por muy soberano que sea, ignore por completo el parecer de una agencia de calidad.

Por otro lado, en el nuevo decreto se incrementan algunos requisitos de investigación, de transferencia de conocimiento, la necesidad de que se tengan residencias universitarias, por ejemplo, que es también un elemento fundamental, puesto que esta es una de las grandes amenazas que hay ahora mismo sobre el sistema universitario español. Entonces, yo no puedo juzgar lo que hacen los demás, pero sí te puedo decir que desde la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas estamos de acuerdo con endurecer ese decreto, que se ha puesto de manifiesto que se quedó ciertamente corto en el requisito de exigencia de calidad mínima, imprescindible para cualquier universidad.

Entonces, ¿que a nivel autonómico el PP impulsara una proposición no de ley instando al Gobierno central a frenar precisamente esa regulación lanza algún tipo de mensaje o de declaración de intenciones que os pueda preocupar a las universidades públicas?

Ya digo que evidentemente no estamos de acuerdo con eso. Los rectores andaluces siempre hemos sido muy claros: nos hemos opuesto a todos los proyectos que han venido en Andalucía, a los cuatro, aportando evidentemente informes jurídicos en contra. Por tanto, no estamos de acuerdo con ese posicionamiento que se ha hecho y estamos a favor de ese decreto sobre las universidades, que por cierto, establece requisitos a universidades públicas y privadas, es decir, que no es solamente aplicable a las privadas. Esto se exige a cualquier proyecto universitario.

Por primera vez estudiantes que tienen la nota para entrar en determinadas grados no lo hacen porque incluso teniendo beca no es suficiente para alojarse en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla

¿Si continúan proliferando los centros privados en Andalucía, peligra ese valor que reivindican de las universidades públicas como ascensor social?

El ascensor social empieza ya a dar signos de agotamiento por distintas razones. Una, porque hay un dato que es indiscutible: cuando la Universidad Pablo de Olavide se funda en el año 1997, que es la penúltima de España, había 13 o 14 universidades privadas. En España, ahora hay 46 y el año que viene probablemente habrá más universidades privadas. ¿Qué implica esto? Una transmutación por completo de nuestro sistema universitario. Y esto tiene consecuencias. Han crecido tanto porque la inversión en educación superior universitaria a nivel nacional está muy por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE. Eso hace que no podemos llegar a todos los sitios que nos gustaría y que se abra evidentemente un campo muy importante para las universidades privadas.

Por otro lado, un segundo elemento que nos preocupa muchísimo, desde CRUE también, que es la cuestión de la vivienda, el alojamiento de los estudiantes, que es un problema muy importante. Se está dando la paradoja de que por primera vez estudiantes que pueden incluso tener la nota para entrar en determinados grados, no lo hacen porque incluso teniendo beca no es suficiente para alojarse en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. Esto hace también que el ascensor social se ponga en peligro. 

Y otra de la demanda también de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) precisamente es el tema de las plazas, que muchos se ven obligados a recurrir a la privada por falta de oferta en el sistema público.

Claro, es que finalmente el problema de fondo es la financiación. Cualquier incremento de plazas implica más espacio y más profesores, y evidentemente eso implica más gasto económico también en gasto secundario, es decir, gastos de luz, personal de administración que tiene que atender. Muchas veces se nos acercan ciudadanos que nos preguntan por qué no sacamos más plazas de medicina o del Máster de Educación de Formación del Profesorado y la única razón es que no contamos con la financiación suficiente para poder hacerlo. Insisto, esto es un problema nacional de que si queremos apostar por el ascensor social y, por lo tanto, reforzar a las universidades, tenemos que reforzarlas económicamente.

Con esa radiografía, ¿está ya en peligro el ascensor social?

El ascensor social evidentemente está dando signos importantes de fatiga como consecuencia de estas dos grandes amenazas que tenemos: la vivienda y las privadas. 

De ahí también que insistan en que es un momento decisivo para que se tomen este tipo de medidas, ¿no?

Yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Ya ha cambiado el sistema universitario español. Ahí están los datos: 50 públicas, 46 privadas. Miramos hace 20 años y esto no tiene nada que ver. Por lo tanto, es muy importante que en estos momentos reforcemos la financiación de todo el sistema universitario español para de esa manera preservar el ascensor social. A mí me preocupa, por ejemplo, ver que en Madrid hay más estudiantes de primero de medicina en privadas que en públicas. Esto es un ejemplo claro de cómo el ascensor social efectivamente se está fatigando porque en muchos de estos casos no hay derecho de elección. Es decir, no es que alguien elija, sino que se vea obligado a irse a lo privado, porque desgraciadamente en lo público no podemos ofertar todas las plazas necesarias.

¿Cómo se puede garantizar que la universidad pública siga siendo el verdadero “ascensor social” de Andalucía si el sistema sigue cambiando?

Para que este ascensor social vuelva a estar en marcha, necesitamos primero seguir fortaleciendo la financiación de la universidad pública y también hacer una inversión muy importante en infraestructuras con planes nacionales y autonómicos. Y también, muy especialmente en alojamiento para estudiantes.

Si a las universidades públicas andaluzas les va bien, a Andalucía también le irá bien

Otro de los motivos por los que nos adentramos en un curso decisivo es el plano normativo. ¿Qué esperan de las nuevas leyes universitarias que se van a desarrollar a lo largo de este curso en Andalucía?

Respecto a la Ley Andaluza de Universidades, hemos trabajado en su redacción con un buen tono de diálogo y consenso, pero ahora toca esperar al texto definitivo que llegue al Parlamento y, sobre todo, al que finalmente se apruebe. La norma pretende desarrollar algunos aspectos que la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) dejó más abiertos. Hay elementos positivos, pero insistimos en que los rectores debemos ser convenientemente escuchados en esta fase final. Algo parecido ocurre con la Ley Andaluza de Ciencia: contiene figuras interesantes que pueden impulsar el sistema universitario andaluz. Pero es muy importante que venga acompañada de una propuesta financiera de carácter permanente, porque finalmente la investigación es ante todo una inversión en conocimiento y, por lo tanto, tiene que venir acompañada de esa financiación suficiente y necesaria.

¿Hay algún aspecto en el que pondrán especial atención en el desarrollo de la Ley Andaluza de Universidades?

Estamos pendientes del informe del Consejo Consultivo Andaluz, ya que algunas cuestiones que jurídicamente nos parecían discutibles desde el punto de vista de la autonomía universitaria, especialmente en lo relativo a la configuración de los órganos de gobierno.

Esta semana se ha conocido que la Universidad del País Vasco va a renunciar a proyectos de investigación con entidades israelíes. ¿En qué punto se encuentran las universidades andaluzas respecto a las medidas que anunciaron el año pasado contra Israel?

En mayo de 2024, desde CRUE emitimos un comunicado recomendando suspender las relaciones académicas y de investigación con universidades israelíes mientras persista lo que Naciones Unidas y otros organismos internacionales han calificado de genocidio. Desde la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía nos sumamos a ese posicionamiento y cada institución, en el ejercicio de su autonomía, ha ido tomando decisiones. En el caso de la UPO, suspendimos los acuerdos vigentes con universidades israelíes y decidimos no renovar un convenio que había caducado. Además, impulsamos medidas positivas, como la inclusión de planes con Palestina en nuestro programa de cooperación internacional y la firma de un acuerdo con la Asociación Europea de Cooperación con Palestina, el primero de este tipo en España. Todo ello fue respaldado por unanimidad por el Claustro en julio de 2024.

Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría lanzar en este inicio del curso?

Las diez universidades públicas de Andalucía estamos a disposición de la comunidad autónoma para poner todo nuestro talento encima de la mesa con una finalidad muy clara: seguir formando de la mejor manera posible a los andaluces. Aportar la investigación y transferencia de conocimiento necesaria para que nuestro sector productivo y la sociedad en su conjunto sea mucho más moderna, productiva y competitiva a nivel internacional y nacional. Lo digo siempre: si a las universidades públicas andaluzas les va bien, a Andalucía también le irá bien, porque crear y transmitir conocimiento y talento es lo que necesita Andalucía actualmente.

Si se cumplen los anuncios de unos y otros, la Ebau (antigua Selectividad) de 2026 será la más homogénea a nivel estatal. La Conferencia de Rectores de Universidades Españoles (CRUE) ha anunciado este lunes un acuerdo para que los distritos universitarios del país (cada comunidad autónoma es uno) avancen hacia un examen lo más común posible. “El objetivo ha sido establecer, para todo el país, unas orientaciones comunes para las materias que integran las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) a partir de las pruebas de 2026”, explican los rectores.

“Estas propuestas –adelantadas por la Cadena Ser– recogen una estructura común de examen basada en competencias, bloques compartidos de saberes básicos, criterios específicos de evaluación y orientaciones comunes sobre aspectos formales y lingüísticos”, explica la CRUE. El examen no puede ser completamente homogéneo en toda España –como le gustaría al PP, por ejemplo– porque cada comunidad autónoma es responsable de aproximadamente la mitad del currículum que se enseña en sus centros, de manera que en cada región hay diferentes contenidos, pero la idea es avanzar en esa dirección todo lo que se pueda.

En cualquier caso, explican los rectores, el acuerdo “responde a la voluntad compartida de mejorar el procedimiento y garantizar unas condiciones más equitativas para todo el estudiantado”.

Una voluntad que también ha recogido el Gobierno en el diseño de los mínimos de la prueba. El Real Decreto en el que el Ejecutivo fijó las características básicas de la prueba recoge “una estructura, unas características básicas y unos criterios de corrección mínimos comunes para todo el territorio”. Para ello, propuso unas pautas de corrección para todas las comunidades, que incluye también que la parte ortográfica y gramatical o de estilo será evaluada con hasta el 10% de la nota (un punto por ejercicio).

Además, este curso será el del paso de la Ebau de siempre a un modelo que se adapte a la Lomloe y evalúe el aprendizaje competencial que esta propugna, aunque de momento lo hará de forma algo tímida.

A diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos años, especialmente tras la pandemia, habrá menos optatividad en el examen. “Cada materia presentará un modelo único de ejercicio que se estructurará en diferentes apartados o bloques”, explicó la CRUE. En este cambio subyace la idea de que el alumnado se tenga que estudiar todo el temario, extremo que el modelo anterior no garantizaba al permitir elegir entre diferentes modelos de examen.

La prueba que propone la CRUE para este curso limita la parte competencial –la que se supone gran novedad– a un mínimo de entre un 20% y un 25% de las preguntas, pese a que el propio texto afirma que “las pruebas tendrán un diseño competencial para comprobar el grado de consecución de las competencias específicas de las materias de acceso y admisión”.

El Ministerio de Educación dejó también negro sobre blanco en su normativa básica que para todos los ejercicios los criterios de calificación y corrección incluirán, entre otros, parámetros que permitan valorar aspectos como la adecuación a lo solicitado en el enunciado, la coherencia, la cohesión y la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación. Además, la valoración correspondiente a esos elementos de coherencia, cohesión, etcétera deberá contar como poco el 10% de la calificación (un punto) de la correspondiente pregunta o tarea.

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha anunciado que dejará de publicar en su cuenta institucional de 'X', la anterior Twitter por la “deriva que la red ha adoptado en los últimos tiempos”. “La deriva que la red ha adoptado en los últimos tiempos es contraria a los valores éticos y democráticos de la universidad, y también es evidente la falta de calidad y rigurosidad de su información”, han explicado. Según la Universidad, es su “responsabilidad impulsar espacios que refuercen la comunicación basada en el respeto y la veracidad; es decir, promover el pensamiento crítico”, algo que “la red social X no lo garantiza”, ha argumentado tras asegurar que la UPV/EHU se reafirma en “su compromiso con la libertad y el compromiso social”.

Así, la UPV/EHU se suma a una larga lista de universidades públicas y privadas que han decidido abandonar la red social desde la “radicalización” del discurso de X, propiedad del magnate conservador Elon Musk. La propia Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Españolas (CRUE), anunció el pasado enero que dejaría de publicar “por su deriva antidemocrática”. “X ha adoptado un comportamiento que se aleja de los valores democráticos, con un escaso control sobre la veracidad y calidad de la información, además de una gestión carente de ética. La plataforma no refleja los principios y valores de las universidades a las que representa y que están comprometidas con la educación, la libertad, el respeto y la responsabilidad social”, señaló la CRUE para después reiterar su convicción de que las universidades “deben ser referentes en la promoción de valores democráticos, éticos y responsables”.

La Universidad de Barcelona (UB) fue de las primeras en dejar de publicar en la red social de Elon Musk el pasado mes de noviembre, como “acto de responsabilidad” por ser “un espacio en el que se fomentan mensajes de odio y la desinformación”. La UB apuntó que no puede vacilar “cuando se trata de derechos y libertades, de respeto, de diálogo y de responsabilidad social y científica”. Tras ella, también se han sumado las universidades públicas de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y las Islas Baleares.

La decisión se tomó después de que más de 60 universidades e instituciones de investigación de Alemania optaran por abandonar la red social después de que el aliado de Donald Trump y dueño de Tesla y SpaceX entrevistara a Alice Weidel, dirigente de partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Para argumentar su decisión, las instituciones alemanas alegaron que “los valores que promueven la diversidad, la libertad y la ciencia ya no están presentes” en el X de Musk, y aseguraron que esperan que la acción y su retirada sea una señal internacional “a favor de la comunicación basada en hechos y contra las fuerzas antidemocráticas”. 

Muchas de las instituciones han optado por migrar a otra plataforma similar, Bluesky, como alternativa. En Euskadi, figuras como el lehendakari, Imanol Pradales, así como su equipo de Gobierno, cuentan desde enero con cuentas en la nueva red social. También lo han hecho todas las cuentas oficiales de partidos políticos con representación en Euskadi, salvo Vox.

Cientos de investigadores en torno a la inteligencia artificial (IA) de diversos centros de estudio de todo el país han visto cómo en diciembre caía una convocatoria sin igual en España. El Ministerio de Ciencia dejaba sin ejecutar 31 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation por “causas sobrevenidas”. Los afectados han remitido este lunes varias cartas a representantes nacionales y europeos para dar cuenta de lo ocurrido y pedir amparo de Europa: También exigen asunción de responsabilidades e, incluso, dimisiones, aunque su objetivo primordial sea la restitución de la convocatoria.

Han remitido misivas a la comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la Oficina Europea de Inteligencia Artificial. A lo largo de cinco páginas, exponen lo ocurrido en este año y medio de convocatoria que, finalmente, ha quedado cancelada. “Esta decisión se ha tomado antes del anuncio de los proyectos de investigación premiados y tras un gran retraso de más de un año, algo extremadamente peligroso y sin precedentes. Solicitamos su apoyo y protección contra esta decisión, que afecta a nuestro trabajo y desarrollo profesional, así como al estado general de la Inteligencia Artificial en España y Europa”, inician su mensaje.

No están solos. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) también ha exigido mediante carta al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, que restituya la convocatoria. Les ha seguido la Confederación Española de Sociedades Científicas, que a través de un comunicado ha pedido al Ministerio “una explicación detallada y transparente”. Además, el grupo parlamentario Sumar ha presentado al Congreso de los Diputados una batería de preguntas orientadas a dirimir lo sucedido, como si se planteó la extensión de plazos o la modificación de objetivos como soluciones antes de optar por la anulación total de la convocatoria.

La dana como excusa

Los inicios de la historia se remontan a julio de 2023. El ya extinto Ministerio de Universidades, ahora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, publicó una convocatoria que entusiasmó a cientos de investigadores en España. Nunca se había visto algo así. Cada proyecto presentado podría optar a una financiación de hasta 2 millones de euros a ejecutar a lo largo de 2024 y 2025. Las condiciones para poder recibir la ayuda exigían que los especialistas procedieran de diferentes centros de investigación y de distintas áreas del conocimiento.

Ni en diciembre de 2023 salió la resolución definitiva, tal y como estaba planeado, ni ninguno de los proyectos planteados podrá ser una realidad, siempre y cuando los intentos de los afectados no fructifiquen. “Durante el desarrollo del procedimiento administrativo han surgido una serie de circunstancias sobrevenidas que han provocado que finalmente no sea posible técnicamente resolver esta convocatoria”, explicaba la carta que lesremitió Cigudosa.

Cigudosa añadía en su misiva que a ello “se suma la necesidad de priorizar la gestión de normas y programas de ayuda para la reconstrucción de infraestructuras y comunicaciones y recursos de diversa índole hacia los territorios afectados por la dana”. Según prueba un correo electrónico en manos de los afectados, la evaluación de los planes de investigación ya se había realizado en marzo de 2024. “¿Por qué no la publicaron? Dando por hecho que lo de la dana es verdad, cuando en realidad es una burda mentira, ¿qué ha hecho el Ministerio desde marzo hasta octubre?”, se pregunta Toni Gomila, catedrático de Psicología básica en la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Una “burla” insultante y ofensiva

Gomila fue uno de los tantos investigadores que se presentó hace ya año y medio a esta convocatoria. “Era una gran oportunidad para España, algo que nos podría situar en los primeros puestos de la investigación en torno a la IA. No sabemos muy bien ni quién ni por qué, pero lo han dejado morir”, se queja este experto. En concreto, su propuesta estaba enfocada a demostrar las limitaciones de la IA generativa en un momento en el que esta tecnología se asienta en la sociedad y cuya actividad parece que puede llegar a sustituir al ser humano en muchas de sus facetas.

El proyecto liderado por Gomila como investigador principal contaba con nueve investigadores iniciales de centros como la Universitat Politècnica de València, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid y la propia UIB. También contaba con presupuesto para contratar a otros nueve especialistas, entre los que hay psicólogos, filósofos e informáticos.

“Lo que ha ocurrido es insultante, ofensivo. Es tan descarado que roza la prevaricación. ¿Cómo es posible que tengas una convocatoria evaluada y no publiques la resolución definitiva?”, reitera el mismo Gomila. Tal es el enfado que les embarga que muchos de ellos han decidido no volver a presentarse a convocatorias del ministerio liderado por Diana Morant: “Sé que es un lujo que me puedo permitir porque tengo otras fuentes de financiación para mis proyectos, pero esto que han hecho es propio de un país bananero. Quizá investigadores más jóvenes no puedan tener esta postura, pero considero que se han burlado de nosotros y prefiero evitar al Ministerio a partir de ahora”, se explaya el investigador de la UIB.

Del desánimo a las ganas de luchar

Una vez superado el jarro de agua fría que les llegó en forma de publicación de cancelación de la convocatoria un día antes de Nochevieja, los afectados se han organizado. Además de haber publicado un comunicado explicando lo sucedido en una web creada para ello, este lunes han remitido varias cartas a diferentes personalidades. Entre ellas, Cigudosa, el ya mencionado secretario de Estado de Ciencia, con copia a la ministra Morant y al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López.

Los afectados recalcan a Europa que la decisión “no sólo interrumpe los esfuerzos críticos para posicionar a España como líder en la investigación de la IA, sino que también pone en peligro la utilización estratégica de los fondos europeos de recuperación dedicados a fomentar la innovación y la colaboración interdisciplinaria en este campo fundamental”.

Los investigadores españoles trasladan a Europa que “la convocatoria cancelada representaba una oportunidad única para que las universidades retuvieran el talento predoctoral y posdoctoral dentro de sus instituciones. Su anulación ha creado una perturbación sin precedentes”.

Así pues, demandan la publicación de los resultados de la evaluación y de las listas provisionales y definitivas de los proyectos seleccionados; el restablecimiento de la convocatoria anulada o un mecanismo equivalente que garantice la continuación de los proyectos evaluados positivamente; y la rendición de cuentas de las personas de los Ministerios de Universidades y de Ciencia, Innovación y Universidades “responsables de este fracaso sin precedentes”, en sus propios términos.

La meta: restituir la convocatoria

Según Gomila, “lo sucedido con esta convocatoria no va a ayudar a la reputación que Europa tiene de España, ya no muy buena de por sí”. Opina que España tendrá que devolver estos 31 millones de euros, ya que tampoco se podrían utilizar para otra partida. “Europa pedirá explicaciones y se lo tendrá que pensar dos veces la próxima vez que destine fondos a España, porque esto no puede volver a repetirse”, enfatiza.

También añade que ya se han interpuesto algunos recursos de reposición y recursos contencioso-administrativos por parte de los afectados contra la resolución firmada el pasado 27 de diciembre por el propio Cigudosa mediante la que comunicaba la “imposibilidad técnica de resolver” la convocatoria. “Aquí alguien tiene que dar la cara. Aquí alguien no ha hecho bien su trabajo. Aquí alguien tiene que asumir responsabilidades, dimitir o ser cesado y, desde luego, alguien debe restituir la convocatoria”, concluye Gomila.

A principios del siglo XXI dos mundos coincidieron frente a frente en las aulas. A un lado, dando clase, profesores formados en la vida analógica que intentaban enseñar a sus alumnos las habilidades necesarias para un mundo que agonizaba. Al otro, estudiantes que habían aprendido por sí mismos a explotar las ventajas del ciberespacio, veían como el mapa propuesto por sus docentes no marcaba el camino para una realidad que se estaba transformando.

A esos jóvenes que habitaban Internet sin que nadie les hubiera enseñado cómo hacerlo se los llegó a conocer como “nativos digitales”. La naturalidad con la que parecían entender los mecanismos de las nuevas herramientas contrastaba con el resto de generaciones, los “inmigrantes digitales”, cuyo proceso de aprendizaje era más consciente, lento y, a veces, frustrante con los intríngulis tecnológicos.

Hoy en día el concepto de nativos digitales está en desuso. Muchos expertos creen que fue directamente “un mito”. El paso del tiempo mostró que relacionar las competencias tecnológicas con la fecha de nacimiento de una persona era demasiado simplista, y algo peor: se demostró que tener ese carnet de primer habitante del mundo digital no garantizaba saber cómo protegerse de los riesgos inherentes a él.

Ahora, dos décadas después, otros dos mundos vuelven a mirarse a los ojos en el aula. A un lado, docentes con una guía de estudio que da mucho valor a habilidades que una máquina puede hacer en un segundo. Al otro, estudiantes que se tutean con la inteligencia artificial. “El otro día una chica me dijo: 'ChatGPT es mi mejor amigo, no sé cómo hubiera hecho para sacarme 4º de la ESO sin él'”, ejemplifica Elena Martínez, directora de Empantallados, una plataforma educativa enfocada en el uso responsable de la tecnología en niños, adolescentes y sus familias.

“La adopción ha sido muy rápida, es algo que se ve en los colegios. Cuando preguntas en clases de 4º de la ESO o 1º de bachillerato si usan estas herramientas, suelen responder unánimemente que sí”, continúa Martínez. Un estudio de su organización y GAD3 de principios de 2024 corroboró esa impresión. Hasta el 82% de los alumnos entre 14 y los 17 años han usado estas herramientas. “Otra cosa que hacen los adolescentes es pedirle que les explique algo 'como para tontos'. Y te dicen que así muchas veces no les hace falta repreguntar porque con eso lo entienden perfectamente”, revela la directora de Empantallados.

Es pronto para conocer el impacto de estos cambios. “Los estudios que se han publicado hasta ahora indican que los estudiantes están utilizando la IA generativa para tareas de búsqueda de información y redacción de contenidos. Hasta qué punto esto modifica los hábitos de estudio, es necesario estudiarlo”, avisa María del Mar Sánchez, profesora de la Universidad de Murcia especializada en Pedagogía y Tecnologías Educativas.

No obstante, las investigaciones coinciden en que la tendencia solo va a más. Otra encuesta publicada este curso, elaborada también por GAD3 entre 2.400 alumnos de educación superior de España, Francia, Italia y Colombia, mostró que el 65% de los españoles usa regularmente inteligencia artificial a nivel usuario. El porcentaje sube al 71% entre los estudiantes de ciencias sociales.

Dos años después de la salida a la luz de ChatGPT, los tecnólogos coinciden en que la educación es una de las áreas donde su aplicación ha sido más directa. Sin embargo, los estudios apuntan que la nueva generación de estudiantes comparte otro aspecto con los nativos digitales: lo están aprendiendo por su cuenta. El 72% de los encuestados no ha recibido ningún tipo de formación sobre esta tecnología.

El riesgo de aprender solos

“Lo preocupante es que parece que están aprendiendo de manera autónoma acerca de estas herramientas. Es necesario formarles en pensamiento computacional para que entiendan cómo funcionan estas tecnologías y también plantear dinámicas y estrategias para un uso ético de herramientas como ChatGPT”, argumenta María del Mar Sánchez Vera.

La experta pide no repetir el error cometido con los nativos digitales y pensar que la adopción temprana de una tecnología creará un escudo suficiente como para bloquear sus posibles efectos perniciosos. “Ahora mismo vemos claramente que nacer en el mundo de la tecnología te puede predisponer a tener menos miedo a utilizar a nivel técnico algunas herramientas, pero que eso no implica que sepas cómo vivir de manera saludable en el mundo online ni que tengas una buena identidad digital, así que creo que con la IA pasa lo mismo, y es importante desde la escuela abordar la alfabetización para hacer un uso adecuado de ella”, recalca.

Nacer en el mundo de la tecnología te puede predisponer a tener menos miedo a utilizar algunas herramientas, pero no implica que sepas cómo vivir de manera saludable en él. Con la IA pasa lo mismo. Es necesario formarles en pensamiento computacional

María del Mar Sánchez — doctora en Pedagogía especializada en Tecnologías Educativas

El auge de la inteligencia artificial ha ido aparejado a crecientes avisos sobre sus problemas. Uno de los más estudiados son sus sesgos, y cómo las máquinas pueden replicar los prejuicios machistas, racistas o clasistas que se cuelan en sus datos de entrenamiento o que les transmiten sus programadores. Corregirlos no está siendo fácil y puede llegar incluso a producir otras alucinaciones, como cuando la IA de Google aseguró que había habido nazis de raza negra o sugirió echarle algún pegamento no tóxico a la pizza para conseguir una salsa de tomate más consistente.

La multinacional argumentó que sus algoritmos habían extraído información de “foros de Internet” sin ser capaces de discernir que se trataba de ironías o parodias. El fallo, extremo, evidenció que la IA puede generar desinformación incluso en temas ampliamente tratados en fuentes de conocimiento público, y no solo cuando hay agujeros en sus bases de datos. “Uno de los retos para las familias y los profesores estar informados sobre cómo funciona esta tecnología para poder hacer un acompañamiento eficaz a los menores cuando la usen”, señala Elena Martínez.

“Si no se hace un uso monitorizado por parte de los profesores o de los padres y madres cuando hacen el trabajo en casa, sobre todo al principio, cuando empiezan a usar estas herramientas, existe riesgo de que generen dependencia de ellas y luego no sepan desenvolverse en asignaturas donde no van a poder hacer uso de ella”, prosigue la directora de Empantallados: “Es fundamental formarles en pensamiento crítico y en poner en duda la información que te llega”.

Resistencia al cambio

El estudio de Empantallados apunta a que si bien la mayoría de familias piensa que sus hijos ya saben más de IA que sus progenitores, también muestra que el 78% de padres y madres está interesado o muy interesado en aprender más sobre esta tecnología y el 57% ve positivo o muy positivo de la IA en la educación de sus hijos.

Entre los profesores, en cambio, la situación cambia y está más dividida. Hasta un 68% de los docentes recomienda poco o nada el uso de herramientas de IA a sus alumnos, mientras que solo un 40% piensa que el impacto de estas herramientas en la educación será positivo.

“Como esto ha ido tan rápido, nos encontramos con que mientras la mayoría de alumnos la usan, hay profesores que se encuentran muy perdidos, porque la legislación y el sistema educativo son muy lentos. No tienen pautas sobre cómo incluirlo en sus asignaturas. Algunos se han adaptado, pero otros no. Hay colegios en los que directamente se prohíbe el uso de IA”, detalla Martínez.

María del Mar Sánchez Vera coincide en el diagnóstico. “El sistema educativo es resistente al cambio y, aunque sí que hay muchos docentes que se han planteado cómo darle una vuelta a las tareas que piden, de manera general y a nivel estructural no han existido cambios. Ahora mismo es algo que ha quedado más en la iniciativa propia del docente y si se ha planteado cómo afecta a su asignatura la IA generativa”, dice.

Hay profesores que se encuentran muy perdidos, porque la legislación y el sistema educativo son muy lentos. No tienen pautas sobre cómo incluirlo en sus asignaturas. Algunos se han adaptado, pero otros no. Hay colegios en los que directamente se prohíbe el uso de IA

Elena Martínez — Directora de la plataforma educativa Empantallados

“Las instituciones han hecho recomendaciones de manera general, pero no han abordado los cambios estructurales que se requieren”, prosigue la especialista en tecnología educativa. Tanto el Ministerio de Educación como la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) han publicado documentos sobre cómo incluir las capacidades de los algoritmos generativos en los procesos de aprendizaje. No obstante, como indica Sánchez Vera, se basan más en una descripción de la tecnología y sus posibilidades que en guías propiamente dichas.

“Es fundamental que toda la comunidad educativa adquiera conocimientos sobre IA, comprendiendo su funcionamiento y posibles aplicaciones, para aprovechar sus ventajas y mitigar sus riesgos en el entorno educativo, social y profesional. Esto incluye preocupaciones sobre la privacidad de los datos de nuestro alumnado, los posibles sesgos o la equidad en el acceso a esta tecnología”, se lee en el documento de Educación, que solo dedica un par de páginas a proponer prácticas para abordar esos problemas con el alumnado.

“Creo que hay muchísimo interés por aprender y disponer de recursos para afrontar el reto que se nos plantea. Los cursos de formación que se realizan sobre este tema están siempre completos. El colectivo docente lo que demanda son tiempos y recursos para poder adaptarse a estas transformaciones”, refiere la profesora de la Universidad de Murcia.

Aprovechar la oportunidad de la IA

Ante la falta de cambios estructurales, la IA se va abriendo paso a partir de la inventiva de los alumnos, pero también de los padres y los profesores. En este momento hay estudiantes subiendo sus apuntes a ChatGPT para que les haga preguntas sobre ellos que podrían caer en el examen, padres y madres que le piden ayuda para explicar los deberes a sus hijos (hasta un 40%, según la encuesta de Empantallados) y profesores pautando tareas que contemplen el uso de la herramienta de manera natural y no como una manera de hacer trampas.

Es el mensaje que tanto el Ministerio de Educación como la CRUE mandan a los docentes. “Las posibilidades que ofrece la IA para la enseñanza y el aprendizaje suponen una oportunidad sin precedentes para crear entornos educativos dinámicos y estimulantes que inspiren a nuestro alumnado a ser más curioso, más creativo y más crítico en su búsqueda del conocimiento”, dice el informe del departamento dirigido por Pilar Alegría, que pide a los profesores enseñar para la IA, sobre la IA y con la IA. “Desde la personalización del aprendizaje hasta la automatización de tareas administrativas, la IA ofrece nuevas oportunidades para mejorar la eficacia y la equidad”.

La IA ofrece una oportunidad sin precedentes para crear entornos educativos dinámicos y estimulantes que inspiren a nuestro alumnado a ser más curioso, más creativo y más crítico en su búsqueda del conocimiento

Ministerio de Educación

Los rectores, por su parte, destacan su potencial para “lograr que más personas puedan formarse”. Los chatbots pueden ejercer de tutores de los estudiantes o generar material formativo adicional y personalizado para las necesidades de cada uno. La IA también se puede “incorporar en procesos de aprendizaje formal, complementando la labor de los docentes”, recalcan.

Mientras las instituciones piden no dejar pasar esta oportunidad y familias y educadores reivindican más ayuda para ponerse al día, una nueva generación de estudiantes ya dialoga naturalmente con ChatGPT y deja obsoletos determinados modelos de aprendizaje. Como ocurrió con Internet y los nativos digitales, darle la espalda al cambio no parece una opción.

“Qué duda cabe que esta generación que ya está creciendo con la IA y les va a configurar en cierto modo. Sin entrar en si eso es mejor o peor, o si van a tener unas habilidades distintas de los adultos, lo que es cierto es que están creciendo con ello y va a influir en su manera de pensar, de afrontar los problemas y el mundo profesional. Mi opinión es que tenemos que estar atentos, esperar a tener más perspectiva como para hacer una valoración y acompañarlos en este cambio”, concluye Elena Martínez.

La Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas (CRUE) ha remitido un comunicado a los medios después de que la editorial de Nature haya anunciado que retirará 75 artículos del rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado -asunto al que no ha aludido directamente-; de los cambios en la afiliación principal de investigadores españoles a universidades de Arabia Saudí y de la “mala praxis” en la gestión de la difusión de los resultados científicos. Este organismo ha mostrado su “preocupación” por estos casos que “dañan la reputación internacional de la Ciencia” en España.

Por este motivo, la Junta rectora ha destacado su compromiso con la “conducta ética” en la gestión de la investigación, la difusión de los resultados y la gestión de los impactos bibliométricos. También apela al “comportamiento responsable” de todos los investigadores, “perfectamente conocedores de la responsabilidad que conlleva la actividad científica” y la “exigencia de una conducta impecablemente ética”.

Este organismo suprauniversitario rechaza cualquier conducta que no haya sido “ética” y reitera que el Sistema Universitario sabe “perfectamente” cómo actuar “de forma ética”. “Se opone a cualquier conducta que no se ampare en este principio fundamental”, remata el comunicado.

A Francisco Oliva Blázquez (Málaga, 1972), presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), siempre se le va a encontrar “en la defensa férrea e inquebrantable de la universidad pública”. Lo afirma rotundo desde su despacho en el Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla, después de haber sido reelegido rector para los próximos seis años. Este catedrático de Derecho Civil está convencido de que defender el sistema público es “hoy más necesario que nunca”, a la luz del “camino hacia la privatización” que dice haber emprendido el Gobierno de Moreno, que ha impulsado cuatro universidades privadas en menos de un año.

El máximo responsable de la universidad más joven de Andalucía atiende a la edición andaluza de elDiario.es en plena guerra abierta entre la Junta de Andalucía y los rectores de la pública, a los que representa. “En dos años hemos pasado de una universidad privada en Andalucía a seis”, alerta este defensor de la universidad pública como “la única que garantiza la igualdad de oportunidades”.

“El problema –continúa Oliva– es que las privadas en Andalucía no tienen la calidad legalmente necesaria, no tienen el nivel de investigación necesario” y no se enmarcan en una “estrategia global del sistema universitario andaluz”. “Eso es lo que nos preocupa”, remarca el presidente de AUPA, recogiendo en su voz el malestar y la preocupación de los diez rectores de las universidades públicas andaluzas.

Como la actualidad manda, tengo que empezar preguntándole por uno de los temas que ha marcado la agenda mediática las últimas semanas. ¿Cómo resumiría lo qué ha pasado con la Escuela de Enfermería de San Juan de Dios en Sevilla?

Nosotros estamos en contra de que la Universidad de Comillas, que es una universidad privada con sede en Madrid, adscriba a ese centro que estaba adscrito a la Universidad de Sevilla y que empiece a impartir una titulación en enfermería, incluso ha anunciado que el año que viene también lo haría concretamente en Fisioterapia. ¿Por qué estamos en contra? Y esto es lo importante. Nosotros lo hemos calificado como una vía exprés de acceso de universidades privadas en Andalucía. Normalmente, cuando una universidad privada quiere entrar en Andalucía tiene que presentar un proyecto. Un proyecto que tiene que estudiar la propia Junta de Andalucía, el Consejo de Universidades, la Agencia de Calidad, el Parlamento, la Comisión, el plenario, etcétera. Es decir, tiene numerosos controles, no solamente de legalidad, sino especialmente de calidad. Y en este caso, todo eso desaparece. Basta simplemente con hacer un convenio de adscripción ahora con este centro adscrito y de esa manera esa universidad ya accede a nuestra comunidad autónoma, sin ningún tipo de control de calidad, sin someterse a nuestra legislación interna y por eso hemos dicho que es una vía exprés tremendamente preocupante. Es decir, es una forma de desembarcar en Andalucía sin necesidad de cumplir con todos los requisitos y condicionantes legales y normativos que actualmente se exigen.

¿Creen que la Junta está restando importancia a lo público de esta manera?

El camino de la privatización es evidente. En dos años hemos pasado de una universidad privada en Andalucía a cuatro, dos recientemente aprobadas en el Parlamento, y otras dos ya aprobadas que empiezan a trabajar este año. Y le uniríamos la de Comillas, es decir, de una a seis en dos años. Eso creo que es un dato completamente objetivo y no es susceptible de discusión ninguna. Por lo tanto, que se está produciendo una situación en que se está favoreciendo claramente lo privado para nosotros es indiscutible.

Tras el último CAU (Consejo Andaluz de Universidades), ustedes fueron muy beligerantes con la Junta de Andalucía... y la Consejería de Universidad lo fue también con los rectores, acusándoles de hacer "política partidista". ¿En qué punto se encuentra esa relación?

Como presidente de AUPA, creo que tenemos que hacer todo lo posible por reducir la tensión que venimos sufriendo. Para nosotros, el tema de las universidades privadas es una línea roja. La Junta de Andalucía lo sabe, y por lo tanto tenemos que aprender a convivir en la discrepancia. Eso es algo fundamental y que tenemos que resolver. Tenemos muchos proyectos por delante: implantar bien el nuevo modelo de financiación, los contratos programa, proyectos estratégicos, tenemos que sacar una nueva ley de universidades, una nueva ley de ciencia... Por lo tanto, tenemos que trabajar conjuntamente en lo que nos une. Evidentemente hay un elemento de discrepancia con las universidades privadas. Y ahí, esto es importante aclararlo, a nosotros siempre nos encontrarán en la defensa férrea e inquebrantable de la universidad pública.

Las universidades públicas somos las únicas que garantizamos la igualdad de oportunidades

¿Ha cambiado su relación con el consejero de Universidad, Gómez Villamandos, desde que dejó de ser rector de la Universidad de Córdoba para sumarse al Gobierno de Moreno?

No ha cambiado. Es una persona que es cercana y con la que intentamos resolver los problemas de las universidades. Yo comprendo que él está ahora mismo en otro sitio, que es un consejo de Gobierno. Y responde evidentemente a unas líneas de gobierno y a un determinado programa de gobierno que él tiene que cumplir. Pero nuestra relación tiene que seguir siendo lo que es: una buena relación profesional en la cual nosotros, y especialmente yo como presidente de AUPA, le transmito los problemas y siempre intentamos resolverlos conjuntamente. Insisto, aunque haya veces en los que los problemas pueden resultar irresolubles simplemente porque los puntos de vista son tan opuestos que es muy difícil llegar a un acuerdo.

¿Está de acuerdo con eso que dijo el consejero de que "cualquiera puede llevar a su hijo a una universidad privada"?

Absolutamente no.

¿Y le ha sorprendido que el exrector de la Universidad de Córdoba haya tomado ese posicionamiento respecto a las universidades privadas ahora que es consejero? 

Evidentemente, me ha llamado mucho la atención porque todos sabemos que en Andalucía esa no es la realidad ni muchísimo menos. Y personalmente creo que se ha equivocado con esa afirmación.

¿Está actuando con transparencia la Junta a la hora de tramitar y aprobar las universidades privadas?

Lo que dices es muy interesante y me gustaría aclarar que nosotros no estamos en contra de la libertad de la iniciativa económica privada. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora bien, la educación superior universitaria tiene que cumplir unos requisitos de calidad porque nosotros estamos formando a las generaciones futuras y por lo tanto tenemos que darle la mejor formación posible. Por eso pedimos, en primer lugar, calidad y que se cumplan todos los requisitos que exige el actual decreto que regula concretamente el reconocimiento de universidades. Eso bajo nuestro punto de vista no se está cumpliendo.

En segundo lugar, pedimos que haya unos niveles de investigación y transferencia de conocimiento mínimos para estas universidades, que tampoco se están cumpliendo. Y finalmente lo que estamos pidiendo, y creo que es muy razonable, es una estrategia universitaria global. Es decir, ¿qué queremos para Andalucía? ¿Qué distribución de universidades queremos? ¿Qué distribución de títulos, de másteres y de grado? Lo que no se puede hacer, porque sería un gran error, es que cualquiera que pretenda tener legítimamente una universidad privada en Andalucía se le permita hacerlo sin preguntarle concretamente cómo va a encajar en la actual oferta de Andalucía, en nuestros estudiantes, en lo que tenemos, y qué va a aportar al sistema andaluz y a cada una de las provincias en las que pretendan integrarse.

¿Y todo eso la Junta no se lo está exigiendo a las nuevas universidades privadas?

Aquí tenemos una posición diferente. Nosotros defendemos que hay que aplicar el último decreto de reconocimiento de universidades, que es del año 2021, sin embargo, la Junta está aplicando uno del 2015, que es mucho más laxo en los requisitos que exige. Es complicado explicar el porqué lo hacen jurídicamente, pero yo solamente puedo decir que nosotros en cada uno de los expedientes de estas universidades hemos explicado claramente, desde un punto de vista jurídico, por qué se tiene que aplicar el decreto del 2021. Y estamos convencidos porque lo dice hasta el propio Consejo de Estado.

Entonces, ¿considera que el Gobierno andaluz está primando así que desembarquen otras universidades privadas en la comunidad?

Esa pregunta es difícil de contestar. Yo lo que sí digo, insisto, es que se ha iniciado una vía de privatización del sistema de educación superior en Andalucía. Es evidente. Esos son los datos. Hemos pasado de una a seis.

El problema es que las universidades privadas no tienen la calidad legalmente necesaria, no tienen el nivel de investigación necesario y no tienen una estrategia

Y los rectores de las públicas, ¿están todos unidos en la defensa del sistema universitario público?

Hoy más que nunca, porque somos conscientes de lo que somos las universidades públicas. Las universidades públicas tenemos dos grandes características. En primer lugar, seguimos siendo los únicos que garantizamos la igualdad de oportunidades, la consideración ante todo de los méritos personales porque somos el ascensor social que permite precisamente a personas que han tenido una relación diferente, no universitaria, acceder a la universidad con independencia de cuáles sean concretamente sus capacidades económicas. Y, por otro lado, la enorme calidad y preparación de nuestro profesorado en contraste con el de las privadas. También hay que decirlo claramente. Por lo tanto, puesto que nosotros lo que estamos garantizando en Andalucía es el acceso universal al sistema universitario, ahí vamos a ser completamente firmes, rigurosos y férreos en la defensa de la universidad pública.

¿Son compatibles ambas modalidades? ¿Podrían convivir públicas y privadas?

Por supuesto que sí. Pero como he dicho antes, con una estrategia, con un sistema de calidad, con un sistema de control, que insisto, actualmente no se están cumpliendo. Es decir, el problema no es la iniciativa privada, que es algo que forma parte de nuestro sistema económico constitucional. El problema es que estas universidades no tienen la calidad legalmente necesaria, no tienen el nivel de investigación necesario y no tenemos una estrategia, y eso es lo que nos preocupa.

¿Cuál es la principal asignatura pendiente que arrastra la universidad pública en Andalucía?

Yo diría que hay dos cosas importantes. En primer lugar, la financiación. Hace un año alcanzamos un modelo de financiación que adoptamos por consenso porque tiene matices importantes. Por ejemplo, una cláusula de salvaguarda que nos permite todos los años tener la misma financiación que el año anterior más las subidas salariales, una financiación por objetivos vinculada a contratos programa, una partida de nivelación... En definitiva, es un modelo adecuado, pero este marco teórico de reparto tiene que ir acompañado de la suficiente financiación, es decir, de una envolvente financiera suficiente. Y este año no lo ha sido. De hecho, en la reunión del Consejo Andaluz de Universidades del 22 de mayo en Córdoba dijimos que faltaban 25 millones de euros aproximadamente en el sistema para cerrar este año el modelo de financiación. Yo espero, y estoy convencido de que el consejero de Universidad cumplirá definitivamente con el modelo de financiación, y esa cantidad que a día de hoy nos falta la recibiremos antes de que termine el año.

Y la otra cuestión que es muy importante son los niveles de temporalidad elevados que tiene el profesorado en el sistema universitario español. En ese sentido tenemos que adaptarnos a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece un 8% de temporalidad. De modo que tenemos que hacer un esfuerzo nuevamente económico, porque para conseguir reducir la temporalidad hay que aumentar mucho los contratos con carácter permanente, la funcionarización y todo eso es a base de dinero. Por lo tanto, aprovecho también la ocasión para exigir a todas las administraciones públicas, también a la administración del Estado, que es la promotora de la LOSU, los fondos necesarios para acabar con esa precariedad, con esa temporalidad excesiva.

Mi reto en el segundo mandato es reducir muchísimo la temporalidad del profesorado

Centrándonos ahora en su papel como rector de la UPO, ha cerrado su primer mandato con el 90% de los objetivos cumplidos y aun así durante el balance dijo no sentirse satisfecho. ¿Con qué porcentaje se dará por satisfecho en su segundo mandato que acaba de comenzar?

Buena pregunta [risas]. El 100%. Hay que ir a por el sobresaliente o la matrícula de honor siempre, estamos en la universidad y esa es la nota a la que tenemos que aspirar.

Ha dicho también que se enfrentaba a esta segunda etapa con un plan ambicioso. ¿Cuál es el principal objetivo que aspira a alcanzar en los próximos seis años?

Sin ningún tipo de duda, la plantilla. En el anterior mandato nosotros empezamos con un 34% de funcionarios, es decir, catedráticos, catedráticas y profesorado titular, y hemos terminado con más del 50%. Ya por primera vez en la historia, la Universidad Pablo de Olavide cumple con la ley que exige la mayoría. Nunca se había cumplido y lo hemos hecho gracias a un enorme esfuerzo. Mi reto en el segundo mandato es reducir muchísimo la temporalidad, como te he dicho antes, y en ese sentido tenemos un plan de incorporación de profesorado ayudante doctor, que estoy seguro que nos va a permitir reducir muchísimo esas tasas.

Por otro lado, tenemos que fortalecer la plantilla del personal de administración y servicios. Es la más baja de Andalucía y por lo tanto tenemos que reforzarla y ese es mi compromiso. Y, finalmente, por mencionar un par de cosas importantes de nuestro compromiso en este mandato, la oferta académica tenemos que renovarla y tenemos que implementar nuevas titulaciones de grado STEM (de ciencias y tecnología) porque es muy importante para el futuro de la formación de los andaluces y las andaluzas. Por otro lado, yo estoy convencido de que éste tiene que ser el mandato en que pongamos en marcha determinadas infraestructuras cuya tramitación hemos iniciado en el primer mandato, pero que no ha dado tiempo a terminarlas. Para eso está este segundo mandato.

¿Puede avanzarnos algunas de esas nuevas titulaciones?

Sí, por ejemplo vamos a empezar con el Grado en Ingeniería Informática con mención en Ciencias de Datos. Tenemos también otro sobre ciencias y herramientas para la computación, otro de robótica y uno centrado en análisis de datos para la empresa, así como un máster en computación cuántica. Como ves, son una serie de grados y de másteres que van en la línea del fortalecimiento de esa apuesta por la biotecnología de la UPO, que es muy, muy apreciada y que tiene una gran calidad a nivel nacional. O por ejemplo, nuestro Grado en Nutrición Humana y Dietética. Tenemos el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo y queremos seguir fortaleciendo tanto el ámbito de las ciencias como especialmente también la ingeniería con estas titulaciones. Pero no solamente esa, sino que también vamos a modernizar titulaciones que ya tenemos dentro de nuestro ámbito. Desde Finanzas y Contabilidad, Criminología y otras muchas que tenemos ahí, que estamos empezando y que queremos seguir mejorando. Y, por supuesto, la oferta de grados duales, que son grados en los que los estudiantes se van un año entero a trabajar a una empresa. No es que vayan en prácticas, sino con un sueldo, con un contrato laboral. Eso lo vamos a poner en marcha en cuatro grados, concretamente en Finanzas y Contabilidad, Administración de Empresas, Ciencias Ambientales e Ingeniería Informática para el curso 2025/2026.

Las movilizaciones de los estudiantes en los campus de Estados Unidos para exigir un alto el fuego en Gaza se han extendido hasta llegar a varios países de Europa, entre ellos España.

En el campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) los estudiantes se han concentrado a las puertas de la Facultad de Letras convocados por Ciudad Real con Palestina, donde han leído un comunicado en el que, entre otras cosas, hacen “un llamamiento al pueblo manchego a informarse, a practicar el boicot y la acción directa sobre todas aquellas empresas vinculadas al ente criminal sionista ya que estas empresas son cómplices de un régimen genocida”.

“Hemos convocado esta movilización por solidaridad con el pueblo palestino y en contra del genocidio”, decía Noel Limón, del colectivo Ciudad Real con Palestina, que aludía explícitamente al avance israelí en Rafah y que ha dejado completamente aislada a la población gazatí, sin posibilidad de ayuda humanitaria. Critican que Israel “haya dinamitado los acuerdos para un alto el fuego”.

Otra de las razones de la protesta en Ciudad Real, explicaba, es “la solidaridad con el resto de activistas y compañeros cuya protesta tanto en la Unión Europea como en otros países occidentales como en Estados Unidos está siendo duramente reprimida por poner en el foco el problema de Palestina”. Y es que, en su opinión, “a los altos poderes occidentales no les interesa que se apoye al pueblo palestino”. Cita de forma expresa a la Universidad de Castilla-La Mancha por “sus tratos con la OTAN y los acuerdos de colaboración con empresas bastante importantes del capitalismo español que se están beneficiando directa o indirectamente del genocidio en Palestina”.

Han exigido también al Gobierno español que “cese la venta de armas, que reconozca al Estado Palestino y que no lo haga con la entidad sionista. Nosotros creemos que la solución al conflicto es el reconocimiento de un único Estado Palestino en el que convivan todas las personas que habitaban en aquella tierra hasta que hace 76 años se inició la ocupación”.

La Universidad de Castilla-La Mancha, a través de la Conferencia de Rectores (CRUE) se sumaba ayer a un comunicado en el que hacían pública su intención de romper relaciones con centros israelíes que no estén “comprometidos con la paz”.

La CRUE, que representa tanto a universidades públicas como privadas, se compromete a “revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes”, aunque las acampadas estudiantiles de todo el país las tachan de “palabras vacías” y exigen a los rectorados la “ruptura total de relaciones de todo tipo”.

Las Universidades españolas han mostrado este jueves su apoyo “al sentir de nuestros campus y la reivindicación que desde ellos se está extendiendo” –en alusión a las acampadas que están exigiendo el alto el fuego en Palestina– y han informado de que romperán con los centros israelíes que no estén comprometidos con la paz.

Así lo ha expresado mediante una nota pública la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue) tras la Junta de este jueves. “Nos comprometemos a revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario”, explican los rectores.

Además, la Crue se compromete también a “intensificar la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino y ampliar nuestros programas de cooperación, voluntariado y atención a la población refugiada”. El último punto de la nota habla de “velar por que en el ejercicio de la libre expresión no se produzcan conductas, igualmente reprobables, de antisemitismo o islamofobia, así como a cualquier otro comportamiento de odio en el seno de las comunidades universitarias”.

“Palabras vacías”, según los estudiantes acampados

Las acampadas de estudiantes que proliferan por todo el país en solidaridad con el pueblo palestino han respondido a los rectores en la tarde del jueves. En un comunicado conjunto, han calificado el comunicado de la CRUE de “palabras vacías” que no dan respuesta a sus reivindicaciones y han exigido a las universidades “la ruptura total de las relaciones de todo tipo”. Según los estudiantes, “además de los convenios con universidades israelíes nuestras universidades mantienen relaciones con empresas que financian el genocidio contra Palestina. No nos vale una revisión vacía mientras se lucran con la compra venta de armas que se usan contra el pueblo palestino”.

También han acusado a los rectores de “entrar en el marco discursivo del estado sionista de Israel al hablar de 'acciones antisemitas' que realmente no están ocurriendo”. Las portavoces que han leído el comunicado en Madrid han añadido que las acciones que exigen “deberán conducir a que el estado español denuncie sin reservas el genocidio del pueblo palestino y rompa todos sus vínculos con Israel, pues hasta hoy su posición ha sido de flagrante complicidad” y han finalizado avisando de que “este movimiento por parte de la Crue no desincentiva nuestra intención de permanecer en estas acampadas”.

Los profesores que integran la Red Universitaria por Palestina de la Comunidad de Madrid han mostrado este viernes su apoyo a los acampados. “Queremos secundar, apoyar y agradecer públicamente al estudiantado su resistencia, integridad y capacidad en las acciones que se llevan a cabo estos días en Madrid (...). El estudiantado nos están dando lecciones: de integridad, de esfuerzo, de respuesta y de resistencia. Creemos que su acción ha sido decisiva en la aceleración de la reacción de la CRUE, y en el inminente reconocimiento de Palestina como estado en España y en otros países de Europa”, han valorado a través de un comunicado.

La nota habla de un “movimiento crucial (...), de un despertar social contra la injusticia, la inhumanidad y la inconsciencia política y ecológica, económica y de género”, y augura que a esta acción le “seguirán otras”.

De EEUU a València

El comunicado de los rectores llega una semana después de que llegaran a España las protestas en los campus universitarios que habían empezado en EEUU. Fueron estudiantes de la Universidad de València los primeros en plantar las tiendas, generando un contagio que se ha extendido esta semana por campus de todo el país. Barcelona, Madrid, Euskadi y otras comunidades han seguido su ejemplo tras varios meses de silencio desde el mundo universitario o de acciones individuales de bajo impacto.

Algunas universidades se habían adelantado a la CRUE. El pasado mes de abril lo hizo la Universidad pública vasca y ayer miércoles la de Barcelona votó en el claustro una moción en la que pedía suspender relaciones con Israel.

El PP también se ha posicionado sobre las acampadas. El portavoz del partido, Borja Sémper, sostuvo que tiene la “sensación” de que las manifestaciones de estudiantes exigiendo el fin del conflicto son en realidad “en contra de Israel y a favor de Hamás”. Antes de eso, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había exigido a los rectores de las universidades públicas madrileñas que mantuvieran “la política fuera de las aulas”. El mensaje no parece haber calado en la Crue.

El Gobierno israelí ha reaccionado previamente a acciones similares por parte del Gobierno español. Cuando el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, envió una carta este pasado miércoles a las empresas alertándolas de que podían estar colaborando con un genocidio y violaciones de los derechos humanos, la embajada de Israel en el país cargó contra la “falsa acusación de genocidio” que “da alas a Hamás e incita al odio”.

La reacción de los rectores se produce siete meses después de que Hamás atentara en Israel y el Gobierno israelí respondiera iniciando un ataque masivo que ha arrasado la franja de Gaza y asesinando a miles de palestinos. Cuando Rusia invadió Ucrania la Crue reaccionó de manera inmediata. El día siguiente del ataque de Moscú los rectores condenaron la agresión y la semana siguiente recomendaron a sus centros romper relaciones con los centros universitarios rusos.

Casi detrás de cualquier producto o servicio que utilizamos en nuestra vida diaria hay un ingeniero, pero lo cierto es que en la actualidad estos profesionales escasean. Y no solo eso, su ritmo de adaptación al mercado laboral requiere un impulso. 

Definir el perfil del ingeniero del futuro, actualizar currículos, reducir la brecha entre formación y demanda empresarial y, sobre todo, resolver el “gravísimo problema” de la falta de ingenieros es el objetivo del proyecto europeo Engineers4Europe. Está auspiciado por la Comisión Europea, a través del Programa Erasmus+ y se prolongará durante tres años, con horizonte en septiembre de 2025.

“Los ingenieros son cruciales para garantizar la innovación, contribuir al crecimiento económico y abordar desafíos sociales como la salud y el medio ambiente”, dice una de las máximas de este proyecto europeo en el que participan 13 organizaciones públicas y privadas de ocho países.

La profesión de ingeniero se enfrenta a cambios estructurales y desajustes de capacidades y tampoco hay suficientes “ingenieros con motivación social”. Son necesarios para cumplir los objetivos de la Unión Europea primero hasta 2030 y luego hasta 2050.

Según el Observatorio de la Ingeniería de España en 2022 en nuestro país había 750.000 ingenieros de los que el 3,7% estaban jubilados. Eso implica que hay unos 15,7 ingenieros o ingenieras por cada 1.000 habitantes. La cifra está por debajo de la media europea. No son suficientes y muchos se marchan a otros países donde los sueldos son más elevados.

“En las universidades españolas estamos sacando auténticos guerreros. Nuestros ingenieros son muy, muy apreciados en Europa. Tenemos un problema. No solo generamos profesionales por debajo del número que necesitamos, sino que encima se van”, lamenta el profesor de la Universidad de Alcalá (UAH) Antonio Portilla, Director de la Cátedra ISDEFE-UAH en TIC e IA y uno de los miembros del proyecto. Subraya “la paradoja del paro juvenil en España, a pesar de que en nuestro oficio eso no ocurre. Las empresas vienen a buscar a los estudiantes incluso en segundo de carrera”.

Dice que “escasean los profesionales y los que hay necesitan adaptarse al mercado laboral y adquirir nuevas competencias” porque, entre otras cosas, la situación está provocando que “muchos proyectos empresariales se quedan en el cajón”.

Ni siquiera lo soluciona el rápido incremento salarial que, reconoce, que existe en el sector en los últimos tiempos, pese a los altibajos de las diferentes crisis económicas. “Nos falta como mínimo un 25% más de profesionales”, explica este catedrático del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la Universidad de Alcalá (UAH).

Antonio Portilla colabora desde 2013 con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el órgano encargado de evaluar y certificar los cambios en sistema universitario español. “Hace ya una década se puso de manifiesto que había una divergencia entre lo que enseñábamos en las universidades y lo que necesita la empresa”, señala Portilla. “No tiene que ver solo con lo técnico o lo tecnológico sino con la necesidad de una mayor adaptación al medio de los ingenieros a través de las ‘competencias blandas’ (del inglés soft skilss): el trabajo en equipo, las capacidades sociales, las habilidades de comunicación… ”

El desfase se hace cada vez más evidente y no solo para los ingenieros españoles, sino para los de toda Europa. Son más de seis millones, según los datos de Engineers Europe, la federación que agrupa asociaciones de ingeniería de 33 países del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), antes conocida como FEANI, la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros.

“Elaborar un plan de estudios en cualquier carrera puede llevar tres o cuatro años, entre su diseño y su implantación real. Los que tenemos en España relacionados por ejemplo con Ingeniería Naval, Industrial o Telecomunicaciones están atados a las competencias que se establecieron en reales decretos que datan del año 2009. Es un problema generalizado en varios puntos de Europa”, explica el profesor.

Cuando hace ya año y medio se puso en marcha el proyecto europeo ni siquiera había explotado Chat GPT. La inteligencia artificial se ha convertido en un hype para los próximos meses

Así que cuestiones clave y de plena actualidad socioeconómica como la digitalización, la sostenibilidad, las energías renovables… solo se abordan en la formación de los nuevos profesionales “de manera colateral”.

No solo eso. Hay que avanzar en ‘europeización’ en el campo de la Ingeniería. Es decir, que la formación sea “lo más homogénea posible” en toda la Unión Europea que “lleva muchos años intentando implantar una especie de pasaporte de competencias”.

En este sentido avanza que el proyecto lleva aparejada la puesta en marcha del llamado Skill Council. “Este ‘Consejo’ y un observatorio nos permitirán definir las competencias que va a necesitar la industria y los mecanismos para transmitirlo a las universidades”.

Hay que adaptarse y hay que hacerlo de prisa, al mismo ritmo que lo hace la innovación tecnológica. “Cuando hace ya año y medio se puso en marcha el proyecto europeo ni siquiera había explotado Chat GPT. La inteligencia artificial se ha convertido en un hype para los próximos meses”.

14 recomendaciones iniciales para el futuro ingeniero

El primer borrador para una ‘Estrategia de Competencias’ se concluyó entre septiembre y octubre de 2023 tras una amplia investigación “a campo abierto” e incluyó una encuesta entre los y las profesionales.

La primera radiografía en los ocho países ha dejado una conclusión clara: “Todos tenemos los mismos problemas”. El pasado mes de marzo, tras una reunión celebrada en Madrid se publicaban las 14 primeras recomendaciones prácticas.

1. Es necesario definir de forma clara la profesión y también la imagen de la ingeniería.

2. Los ingenieros obtienen mejores resultados con el aprendizaje basado en competencias y mediante una evaluación de sus resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades y competencias o actitudes más amplias).

3. Hay que poner mayor énfasis en la sostenibilidad y el medio ambiente. Entre las preocupaciones están el mayor uso de la automatización y la IA. Serán los cambios más importantes en los próximos cinco años. También las energías renovables y la infraestructura verde se consideran áreas importantes para la innovación y desarrollo. Los ingenieros necesitarán una mejor comprensión de diseño Sostenible y economía circular.

4. Hay que incorporar principios de sostenibilidad en la ingeniería formal. La educación es primordial para preparar mejor a los ingenieros para el siglo XXI y eso requiere planes de estudio educativos nuevos para incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la práctica diaria.

5. Es necesario desarrollar un currículo nuevo para alinearse mejor con la necesidades del mercado laboral y eso es una tarea para universidades, escuelas técnicas y para la industria. Las empresas deben participar en los programas de recapacitación y mejora de las capacidades.

6. Las soft skills más importantes pasan por fomentar el pensamiento crítico, colaboración y las habilidades comunicativas.

7. Hay que centrarse en la promoción de políticas de diversidad e inclusión y el fomento del aprendizaje experimental y basado en problemas. Se abre también la oportunidad de desarrollar habilidades de toma de decisiones éticas. 

8. La tutoría y la formación en diversidad/inclusión deben atraer más talento de grupos diversos o subrepresentados.

9. Los ingenieros tienen un papel importante en la promoción de prácticas sostenibles.

10. Los puestos de trabajo recién creados surgirán en ocupaciones completamente nuevas o las ocupaciones existentes sufrirán transformaciones significativas en su contenido.

11. Se ha identificado dónde estará la escasez de profesionales en el futuro: tiene que ver con las disciplinas de Ingeniería eléctrica/electrónica, TIC y agronómica.

12. Las brechas de habilidades en los mercados laborales locales se consideran una barrera mayor para la transformación empresarial que la escasez de capital de inversión.

13. Faltan alianzas entre la industria y las instituciones educativas con inversiones y mayor financiación en I+D en países emergentes.

14. El espíritu empresarial es una competencia clave para mejorar la economía europea teniendo en cuenta la economía social y la economía verde. Las organizaciones profesionales de ingeniería pueden fomentarlo y promover el emprendimiento a través de la interdisciplinariedad colaboración.

La segunda ronda de resultados del proyecto Engineers4Europe llegará en el otoño de 2024 -con parte del foco puesto en la igualdad en el ámbito de la Ingeniería- y la tercera y última un año después, coincidiendo con el final del proyecto.

Publicaciones asociadas al proyecto:

Documento de competencias para la Ingeniería vinculada al proyecto europeo Engineers4Europe

Un derecho prometido desde hace años que, por fin, se llevará a la práctica. Cientos de miles de becarios empezarán a cotizar a la Seguridad Social a partir del día 1 de enero, cuando entra en vigor la medida que se aprobó en la pasada reforma de pensiones. Así, el tiempo desempeñado en sus prácticas, sean remuneradas o no, se tendrá en cuenta de cara a su futura jubilación. No obstante, en las universidades y las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP siguen tratando de posponer, una vez más, la medida. Algo que en esta ocasión el Gobierno rechaza, tras retrasar ya su entrada en vigor del pasado octubre al inicio de 2024.

A día de hoy, los becarios ya cotizan en el caso de las prácticas remuneradas, entre 60.000 y 100.000 personas de media mensual, pero estaba pendiente extender este derecho entre quienes realizan prácticas no pagadas. Una situación que alcanza a multitud de estudiantes.

Aunque no hay una cifra cerrada de posibles beneficiarios, en CCOO recuerdan que “en nuestro país se encuentran matriculados 1,5 millones de universitarios y cerca de un millón de estudiantes de formación profesional”, apunta Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social. Por ello, en el sindicato consideran que se pueden incorporar a la cotización unas “400.000 o 500.0000 personas” mensualmente.

La cotización de los becarios, regulada en la segunda fase de la reforma de pensiones, supondrá el reconocimiento de este tiempo como trabajado a efectos de la futura pensión. No incluye aportaciones para la protección por desempleo, es decir, que no genera derecho a paro. Tampoco se cotiza al FOGASA ni por formación profesional.

La medida lleva prometiéndose desde hace años, pero no llegaba a aprobarse, con una gran resistencia por parte de las universidades. El año pasado, el Gobierno legisló la entrada en vigor para el 1 de octubre, pero finalmente la Seguridad Social dio tres meses más a la adaptación, hasta el próximo 1 de enero, tras la presión de los rectores y varias Comunidades Autónomas.

La CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, agrupa a los 76 principales campus de España, públicos y privados) ha afirmado en multitud de ocasiones que no comparte la medida y, además, denuncia “dificultades técnicas” para llevarla a cabo y un sobrecoste “administrativo” ante unas cuentas que ya afrontan muchas limitaciones.

Cuotas subvencionadas al 95% por el Estado

El derecho a cotizar de todos los becarios se inicia este 2024 con una amplia bonificación del Estado, que asume prácticamente todo el coste. Este año, el Estado asume el 95% del coste, que en el caso de los estudiantes de Formación Profesional alcanza al 100%, indican desde el Ministerio de Educación. El departamento que dirige la ministra Pilar Alegría asumirá el coste del 5% restante en 2024, informa Daniel Sánchez Caballero.

En el caso de las universidades, en principio las empresas son las que deberían asumir ese 5% de la cotización, “menos de 10 euros al mes”, han cifrado en CCOO. Sin embargo, en la CRUE denuncian que la regulación abrió la puerta a que en ocasiones fueran los centros educativos los que asumieran el coste, gracias a un acuerdo con las empresas, algo “excepcional” pero que están pidiendo la mayoría de compañías y también de Administraciones Públicas, lamenta la organización de rectores.

Esta semana, en la Conferencia Sectorial de Educación, las Comunidades Autónomas del PP intentaron de nuevo presionar para aplazar la medida, algo que también han planteado desde las universidades. Sin embargo, en esta ocasión ni Educación ni la Seguridad Social se muestran abiertas a una nueva demora y destacan la necesidad de implementar ya este nuevo derecho a los estudiantes.

“No se debe perder de vista que es una extensión de derechos, particularmente necesaria para el futuro de jóvenes”, destacó a principios de mes Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social. Además de una mayor protección en el desempeño de las prácticas, por ejemplo en caso de accidente, también supone el “inicio de una carrera de cotización” y una “toma de conciencia” de cómo funciona el sistema de la Seguridad Social, que hoy paga la protección social y las prestaciones de los pensionistas del presente y que también genera derechos a futuro para los estudiantes.

Suárez explicó también que lleva meses colaborando con el conjunto de administraciones educativas y regionales para solventar “las dificultades técnicas” que estas han ido señalando. Esta semana, varios cargos de la Seguridad Social asistieron a la reunión sectorial de Educación con el mismo propósito.

Orden ministerial pendiente para antiguos becarios

En CCOO recuerdan al Gobierno que aún tiene pendiente la aprobación de una Orden Ministerial para cumplir “en su totalidad” con el acuerdo alcanzado con los sindicatos en este tema, que afecta a antiguos becarios para que puedan cotizar varios años de prácticas.

El Gobierno reguló la opción de suscribir un convenio especial, “por una única vez”, que posibilite “el cómputo de la cotización por los periodos de formación o realización de prácticas no laborales y académicas realizados antes” de la entrada en vigor de la cotización. En un inicio el Ejecutivo ofreció esta opción por dos años, pero después amplió el periodo “hasta un máximo de cinco años”.

El sindicato ha publicado un comunicado en el que exige al Ejecutivo “que rechace frontalmente cualquier pretensión para que se incumpla” el derecho a cotizar de los estudiantes, ante las continuas resistencias de diversas organizaciones educativas, y “que apruebe de inmediato la Orden Ministerial pendiente” para que esté operativa el 1 de enero, coincidiendo con la inminente entrada en vigor del conjunto de estas medidas.

De cara a la próxima legislatura aún queda pendiente la aprobación del llamado Estatuto del Becario, con más derechos para los estudiantes en prácticas, como a vacaciones o a la compensación de gastos, como el transporte. El pasado mandato quedó finalmente en un cajón ante el adelanto electoral después de que Trabajo lograra un acuerdo solo con los sindicatos y que la parte socialista del Gobierno no respaldara su aprobación.

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha avanzado que la institución académica presentará candidatura para que el paraninfo de Cuenca sea en noviembre de 2024 la sede de las Jornadas de Investigación de la CRUE, la conferencia de rectores, con representación de las universidades españolas.

Durante un acto público en Cuenca junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho que en caso de conseguir ser la sede de este evento, atraerá a la ciudad a más de 500 académicos.

Garde, que ha recordado que él mismo preside la sectorial de Investigación dentro de la CRUE, ha bromeado con el hecho de que Cuenca pueda tener más puntos a su favor para ser sede de la cita.

“Presentaremos candidatura para que se celebre en Cuenca, espero que tengamos éxito, y yo presidiendo la sectorial de la CRUE... Nos gustaría que todo el sistema universitario español venga a celebrar ese congreso en noviembre”, ha rematado.

La LOSU y los malos augurios

Por otro lado, el rector ha lamentado que los malos augurios que predijo en febrero de este año al respecto de la implantación de la nueva ley de universidades (LOSU) se están cumpliendo, después de que los rectores españoles hayan estimado en 844 millones de euros el coste que supondrá para las instituciones académicas.

Así lo ha hecho constar a través de la red social X, donde en un mensaje recogido por Europa Press ha compartido un artículo que él mismo escribió en febrero de 2023 en El Español/El Digital de Castilla-La Mancha, donde venía a considerar que la LOSU no era la ley que las universidades necesitan.

Esta reflexión llega un día después de que los rectores apuntaran que la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) supone, “contra lo que recoge la memoria” de la norma, “cuantiosos” costes directos para los presupuestos de las universidades públicas, estimados en, al menos, 844 millones de euros.

Así lo refleja el estudio 'Financiación Pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario', presentado este martes por Crue Universidades Españolas, que cuantifica la dimensión del compromiso financiero de la nueva ley y analiza las condiciones que acompañan a la aplicación de dicho compromiso y la viabilidad de su cumplimiento.

“Este análisis del gasto sorprendentemente no está recogido en la Memoria de la LOSU, que dice que el impacto de la aplicación de la ley es de 54 millones de euros y nuestro análisis es que son 844 millones de euros. Esto lo tienen que recoger los Presupuestos Generales del Estado si la Ley tiene que ser aplicada”, ha advertido José Antonio Pérez, de la Universitat Politècnica de Valencia, uno de los dos autores del estudio.

El trabajo, elaborado por el propio José Antonio Pérez (Universitat Politècnica de Valencia) y Juan Hernández (Universidad de Jaén), calcula los efectos que pueden resultar de aplicar disposiciones de la LOSU en materia de personal docente e investigador sobre el presupuesto de gastos de las universidades públicas.

Los rectores de las universidades españolas consideran que estos costes inducidos “deben ser financiados directamente por los Presupuestos Generales del Estado, al mismo ritmo temporal que requiere la aplicación del articulado de la Ley”.

En concreto, el estudio detalla que en 2024 las universidades públicas deberán hacer frente a los costes de la aplicación de las limitaciones horarias docentes de asociados, ayudantes doctores y profesorado permanente por un importe estimado de, al menos, 225 millones de euros.

En el horizonte de 2030, la reducción de la temporalidad y la mejora de la calidad de la plantilla supondrán un coste adicional para las universidades públicas de 424 millones euros.

Anualmente la reposición de efectivos por jubilación, según asegura el documento, supondrá que las universidades públicas deberán asumir sus costes de Seguridad Social que hasta ahora habrá sido asumida por el Estado, pues los jubilados cotizaban a Muface. Asumir tales costes supondrá un importe adicional de 195 millones de euros.

“De no producirse esta financiación, la LOSU devendrá inaplicable por parte de las universidades públicas. Los Presupuestos Generales del Estado para 2024 deben comenzar a recoger necesariamente las dotaciones de crédito necesarias para financiar estos costes”, advierte la CRUE.

El estudio concluye que la Administración central, impulsora y proponente de la LOSU, “debe asumir con sus propios recursos la mayor parte del incremento de suficiencia de 3.180 millones de euros de gasto público que supone cumplir el objetivo de alcanzar el 1% del PIB”.

Reforzar las políticas de becas y ayudas al estudio

También agrega que, para que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades, es “imprescindible” que España refuerce la dimensión de la política de becas y ayudas al estudio en un importe cercano a los 1.000 millones de euros, priorizando las ayudas ligadas a las familias con renta baja.

Asimismo, para que se cumpla el principio de equidad, la mejora de la suficiencia prevista en la LOSU “debe tener en cuenta las desigualdades de PIB per cápita regionales existentes en España y, en consecuencia, no utilizar la proporción del 1% de cada PIB regional como guía para la asignación de recursos, sino la variable estudiante equivalente, con la finalidad de priorizar el principio de equidad”. “Por ello, el Estado debe ser el principal financiador de esta mejora de suficiencia”, sentencia la CRUE.

Para completar la mejora de suficiencia, el estudio explica que el Gobierno central puede proponer y desarrollar programas, cofinanciados por las comunidades autónomas, destinados y condicionados a promover programas de estímulo de la excelencia de las universidades de cada territorio: atracción de investigadores y alumnos de excelencia, impulso a la relevancia internacional y la excelencia de la investigación, mejora de la empleabilidad o extensión de la transferencia tecnológica.

Diferencias de 70 puntos entre comunidades en gasto por estudiante

El informe de los rectores defiende que el Gobierno central “no debería esperar” que el esfuerzo presupuestario mayoritario para cumplir el objetivo del 1% PIB de gasto público universitario procediera del ámbito de los gobiernos regionales, sino de la propia hacienda estatal. “No existe ninguna restricción competencial para que la Administración central pueda desarrollar programas sectoriales para financiar a las universidades”, zanja.

En este sentido, el documento recuerda que el traspaso de competencias de la educación universitaria a las comunidades autónomas se produjo entre 1985 (Cataluña) y 1996 (Islas Baleares), aplicando el principio del “coste efectivo”, que reflejaba el gasto universitario que realizaba el Estado en cada territorio en el momento de cada traspaso.

El gasto por estudiante, que fue traspasado como coste efectivo a las diferentes regiones, presenta diferencias de más de 70 puntos porcentuales entre territorios.

Por ello, la investigación de la CRUE considera “evidente” que cuando el Estado gestionaba las competencias universitarias “no aplicaba a la provisión de este servicio público un principio de equidad” (asignar los recursos por igual, en cantidad y calidad, para atender las necesidades de los usuarios de los servicios públicos, independientemente de su territorio de residencia).

Entre 1996 y 2020, las comunidades autónomas han priorizado el gasto en política universitaria, pasando del 0,36% a un 0,68% del PIB, lo que supone un incremento del 88% de gasto real. Este incremento se ha producido en un contexto en el que los recursos no financieros del sector público autonómico han registrado solo una variación real del 11%, pasando del 13,4% del PIB en 2003, al 14,9% en 2019 (año prepandémico).

El Gobierno debe “aportar recursos adicionales” a las comunidades autónomas

La presidenta de la CRUE, Eva Alcón, incide en que la Administración General del Estado “debe aportar recursos adicionales a las comunidades autónomas y éstas deben asumir parte de los recursos que corresponden para aplicar la ley”.

“Esta trabajo pretende ayudarnos a comprender el contexto en el que partimos, los objetivos que deberíamos alcanzar y quién tiene que hacerlo posible”, ha señalado Alcón, quien ha recordado que la LOSU recoge en su introducción la infrafinanciación de las universidades y el compromiso de destinar como mínimo el 1% del PIB.

Para la presidenta de los rectores, el “mayor reto” que tienen en estos momentos es saber “cómo se va a producir” el aumento de la financiación del sistema universitario, hasta alcanzar el 1% del PIB. “En estos momentos seguimos sin saber cómo se va a realizar”.

El Gobierno retrasa el derecho a cotizar de los becarios, como pidieron los rectores de universidades. El Ejecutivo ha accedido a posponer la cotización obligatoria ya aprobada, que entraba en vigor el 1 de octubre, hasta el próximo 1 de enero, confirman fuentes de la Seguridad Social a elDiario.es. La medida pretende “dar más tiempo” a los centros educativos para adaptarse y cuenta con la rotunda oposición de los sindicatos, que critican la “presión” de los rectores y temen que la medida quede en un cajón a expensas del próximo Gobierno que resulte de las urnas el 23J.

Desde el Ministerio de Seguridad Social confirman que el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la medida y destacan que su departamento considera que se trata de una “reforma fundamental y el compromiso con ella es plena”.

Sin embargo, la cotización de todos los becarios, también de los que no cobran nada por sus prácticas, se retrasa una vez más. Por otro lado, el Estatuto del Becario que Trabajo pactó con los sindicatos, con un catálogo de derechos para los estudiantes que realizan prácticas no laborales, todo indica que se quedará en el tintero al no contar con el respaldo de la parte socialista del Gobierno, que considera que debe contar con el apoyo de los empresarios y las universidades.

Retraso de otros tres meses

Ya costó que saliera adelante, con más de un año de retraso desde el compromiso que alcanzó el Gobierno con los agentes sociales en la primera pata de la reforma de pensiones. En lugar de tres meses después, en octubre de 2021, llegó al BOE en marzo de este año, en el segundo bloque de la reforma de pensiones, tras muchas presiones de las universidades.

Una resistencia que no ha cesado. La nueva presidenta de la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, agrupa a los 76 principales campus de España, públicos y privados), Eva Alcón, mostraba hace unos días su insistencia en rechazar la medida. “No tiene ningún sentido que por las prácticas curriculares, que forman parte de la formación del estudiantado, se cotice a la Seguridad Social”, dijo en una entrevista en El País.

Más allá de insistir en su rechazo, los rectores pidieron una demora de un año en la cotización. Finalmente, el retraso aprobado es de tres meses, hasta el 1 de enero.

En el Ministerio de la Seguridad Social destacan que se ha dado algo más de margen para que las universidades y centros educativos se adapten al cambio legislativo, sin que suponga un cambio sustancial porque destacan que la mayoría de las prácticas se inician más avanzado el curso escolar.

Rotundo rechazo de los sindicatos

Fuentes sindicales critican con dureza la nueva demora aprobada por el Gobierno de coalición, que “cede a la presión de los rectores de universidades y que pone en riesgo los derechos de los jóvenes”, afirman a este medio.

“La presión creciente en estos días y la situación de clara rebeldía de algunas autoridades académicas parece haber hecho mella en el Gobierno, pese a las múltiples apelaciones al respeto de lo acordado que le venimos trasladando en las últimas semanas”, han criticado en un comunicado conjunto esta tarde CCOO y UGT:

“El coste de estas medidas es ridículo. Se ha aprobado bonificar estas cotizaciones al 95%, lo que significa cotizaciones inferiores a los 10 euros mensuales en todos los casos”, añaden ambos sindicatos.

“Supone un incumplimiento flagrante de los compromisos contraídos por el diálogo social”, ha criticado Carlos Bravo, secretario de Políticas públicas y protección social de CCOO, que ha recordado que la cotización supone un reconocimiento de este tiempo de prácticas en la juventud de cara a la futura pensión y otros prestaciones.

En los sindicatos mayoritarios argumentan que se ha dado tiempo suficiente a los centros educativos para su adaptación: siete meses desde su aprobación el BOE, teniendo en cuenta todo el año previo de negociaciones. Las organizaciones sindicales lamentan el “poder” de las cúpulas educativas, también en los gobiernos autonómicos, no solo por lograr posponer esta medida, sino por frenar el llamado Estatuto del Becario tras más de un año de diálogo social.

El principal temor de los sindicatos, en caso de que la derecha gane los próximos comicios generales del 23 de julio, pasa por que la medida nunca salga adelante. “Esto queda en el aire”, lamenta una fuente sindical.

Acoso y derribo desde las universidades españolas y algunas empresas contra los nuevos derechos para los becarios. Además de presionar al Gobierno para retrasar la cotización de los estudiantes para su futura pensión, ya aprobada, el nuevo objetivo pasa por evitar que el Estatuto del Becario llegue al Consejo de Ministros antes del 23J. La norma regula derechos como una compensación mínima a los estudiantes por los gastos derivados de sus prácticas, por ejemplo por el transporte, que según los rectores supone “un serio peligro” para la continuidad de las becas.

El acuerdo de Trabajo y los sindicatos sobre el llamado Estatuto del Becario, del que se descolgaron los empresarios, se alcanzó el pasado viernes por la tarde. A falta de algunos flecos, se prevé que el próximo jueves sea suscrito por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los líderes de las organizaciones mayoritarias de trabajadores, CCOO y UGT.

Todas las miradas están puestas en el siguiente paso, cuándo podrá ir al Consejo de Ministros, para lo que en Trabajo todavía no ofrecen fechas. Fuente sindicales confían en la aprobación urgente de la norma, aunque reconocen que también depende del visto bueno del ala socialista del Gobierno.

La patronal por su parte está afirmando que “no tiene sentido” aprobar la regulación en una situación de adelanto electoral, un testigo que ha cogido este lunes el Partido Popular, que ha pedido al Gobierno de coalición que no apruebe antes de los comicios una norma “sin consenso”, ha afirmado su portavoz, Borja Sémper.

Rechazo al fin de los becarios gratis

El Estatuto del Becario consiste en un catálogo básico de derechos para los estudiantes que realizan prácticas, como la compensación de gastos, las vacaciones y los descansos como el resto de la plantilla, una “adecuada tutorización” de los estudiantes o la protección de su salud, entre otros. También recoge más límites a su utilización, en número de becarios y de horas de prácticas, así como sanciones específicas para las entidades que incumplan los derechos de los becarios.

Los derechos que más ampollas están levantando son los que suponen algún tipo de reconocimiento económico para los estudiantes. Es decir, el rechazo se centra en renunciar a los becarios gratis que se extienden por miles en todo el país (sin cifras concretas porque no hay ningún registro a día de hoy).

El primero de ellos es la compensación de gastos por “una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención”.

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue) lanzó un comunicado este fin de semana en el que alerta de que esta compensación supondrá “la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas”.

Por su parte, la Red de Fundaciones Universidad-Empresa, organización vinculada a “43 universidades españolas y más de 15.000 empresas”, ha ido más allá y ha denunciado que el Estatuto del Becario podría “dejar sin titulación a miles de estudiantes en el próximo curso escolar”, ya que asumen que no habrá prácticas para cumplir los currículos educativos. En concreto, cifran los perjudicados en 1,15 millones de estudiantes “que no podrán titular”, dicen.

Junto a la compensación de gastos, el segundo derecho contra el que se están rebelando los rectores es la cotización de los estudiantes en prácticas para que este periodo se tenga en cuenta de cara a prestaciones futuras como la pensión de jubilación. En este caso, la regulación ya está aprobada y entra en vigor el próximo 1 de octubre, pero los dirigentes de las universidades están presionando para que el Gobierno apruebe un aplazamiento in extremis antes de las elecciones del 23J.

La Crue denuncia que esta medida supone también un “serio peligro” para el sistema de prácticas aunque el Gobierno ha eximido a empresas o entidades del pago de la práctica totalidad de la cuota. En concreto, ha acordado la exención del 97% de la cotización este año y del 95% a partir de enero, por lo que los responsables de los becarios solo tendrán que afrontar el 3% y 5%, respectivamente.

El Consejo de la Juventud pide su aprobación

Muy distinta es la valoración del Estatuto del Becario de la principal red de asociaciones de jóvenes, el Consejo de la Juventud de España (CJE), desde donde urgen al Gobierno a que apruebe estos nuevos derechos de los becarios. “Celebramos el preacuerdo y esperamos que salga adelante lo antes posible. Nos preocupaba que con la convocatoria electoral se quedara pendiente”, afirma a elDiario.es Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España.

La entidad incluye a las federaciones juveniles de los sindicatos mayoritarios, CCOO Jóvenes y RUGE de UGT, y celebran que ambas centrales hayan llevado a representantes de estas áreas a la mesa de negociación con Trabajo para que sean los jóvenes los que negocien y tomen la palabra sobre sus derechos, destaca Báez. En el CJE también está presente la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), que este fin de semana criticaba la postura de los rectores contra las compensaciones de gastos y el derecho a cotizar de los becarios, aunque también al Ministerio de Trabajo porque consideran que se les ha excluido del acuerdo final con los sindicatos.

“Nos apena mucho la posición de los rectores. ¿A quién representan las universidades? También deberían representar a su alumnado”, denuncia Juan Antonio Báez, que critica que la cúpula universitaria intente mantener un sistema de prácticas de “precariedad e indefensión absoluta para los estudiantes con la excusa de que quedan muy bien en el currículum”.

Desde el Consejo de la Juventud tildan de “alarmismo” y “excusas” las advertencias de las universidades y empresas sobre la reducción “drástica” de becas que hará tambalear el sistema, sin prácticas para miles de estudiantes. “Vimos ese alarmismo con la reforma laboral y ha tenido muy buenos resultados. Lo que pasa aquí también es que se va a acabar con un nicho de mercado, con un negocio”, valora Juan Antonio Báez.

Aunque sin fechas sobre su aprobación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado este lunes el acuerdo con los sindicatos sobre la norma. “Es una grandísima noticia que están esperando los jóvenes de nuestro país”, ha afirmado. 

La gerenta de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Matilde Yebra Gago, ha sido designada secretaria ejecutiva de la Comisión Sectorial de Gerencias de CRUE Universidades Españolas, una de las nueve que integran la organización sin ánimo de lucro que aglutina a setenta y seis universidades españolas, cincuenta públicas y veintiséis privadas, y principal interlocutor de dichas instituciones con el gobierno de la nación.

Más concretamente, la Comisión Sectorial CRUE-Gerencias está formada por el conjunto de los gerentes y gerentas de las universidades españolas y tiene por finalidad analizar y debatir todos los aspectos de índole económica, financiera, fiscal, presupuestaria y de gestión de recursos de universidades. Una de sus principales actividades radica en la organización de las jornadas de gerencia, en las que se desarrollan ponencias, mesas redondas y seminarios sobre asuntos de interés para la gestión universitaria. La sectorial cuenta con tres grupos de trabajo: Contabilidad analítica, sistemas de financiación y de información; Gestión de la investigación y la transferencia, y Gestión de los derechos de propiedad intelectual y relaciones con las entidades de gestión.

Natural de Ponferrada (León), Matilde Yebra es gerenta de la UCLM desde diciembre de 2020, siendo la primera mujer en asumir esta responsabilidad en la Universidad regional. Licenciada en Derecho por la Universidad de León y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (1989), y Máster en Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha (2018), inició su trayectoria profesional en 1992 como auditora en la Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Hacienda, donde además ha desempeñado otros cargos relacionados con la asesoría económico-financiera del sector público y la contabilidad nacional.

En 1996 se incorporó a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para ejercer distintas responsabilidades en gestión económica y contabilidad, hasta su nombramiento en 2015 como directora ejecutiva de la Unidad de Contratación y Patrimonio, función que ha venido desarrollando hasta su designación como gerenta.

El presidente de CRUE I+D+i y rector de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha pedido que la reforma laboral se coordine con la Ley de la Ciencia para evitar inseguridad y precariedad entre las personas contratadas y las universidades.

Así lo ha comentado durante su comparecencia este lunes 14 de febrero en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, cuya sesión estaba dedicada al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación. Allí ha manifestado también “la urgencia” de aprovechar los fondos de recuperación europeos Next Generation para reforzar el “ya dañado y próximo al agotamiento” sistema de I+D+i español. “Es la última oportunidad”, ha alertado.

Garde ha subrayado varias cuestiones que necesitan abordarse con premura. La primera de ellas tiene que ver con la reciente aprobación de la Reforma Laboral, que, como ya ha denunciado CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, “pone en riesgo la continuidad de miles de investigadores e investigadoras universitarias”. El rector ha explicado a los diputados que este asunto podría subsanarse si el desarrollo de la Reforma Laboral se coordina con el de la reforma de la Ley de la Ciencia, que se encuentra en tramitación, y que establece un tipo de contrato indefinido específico para el colectivo de la investigación, como el contrato de actividades científico-técnicas. No obstante, ha dicho, esta nueva modalidad contractual debe concretarse rápidamente en todos sus términos y condiciones para evitar inseguridad y precariedad entre las personas contratadas y las universidades.

La “infrafinanciación sostenida” pone en peligro la investigación

Garde también ha indicado que otra de las amenazas que acechan a la investigación universitaria, que aporta más del 70% de la producción científica total del país, es “la infrafinanciación sostenida de los últimos años, que puede provocar la desaparición de grupos de investigación de alto potencial”. Según ha recordado, el informe de la Agencia Estatal de Investigación, las universidades recibieron sólo el 60,5 % de la financiación correspondiente a proyectos de investigación en las convocatorias estatales de 2020.

“Les propongo de nuevo que el Congreso acuerde una financiación estructural, en números absolutos, adecuada y plurianual para la I+D+i, la cual debería incrementarse en el porcentaje o indicador que se considerase, con el objetivo de alcanzar el compromiso adquirido con la UE del 1,25 % del PIB de financiación pública, que debería alcanzar el 3 % con la financiación del sector productivo”, ha aseverado Garde, para añadir que de esta financiación también depende el devenir, progresión y culminación de la carrera investigadora.

Relevo generacional y burocracia asfixiante

Sobre esto último, ha apuntado que es “urgente” atender a un relevo generacional ordenado del colectivo investigador, que no genere “bolsas de frustración”, con un presupuesto adecuado y mantenido para las diferentes convocatorias pre y postdoctorales, y una mayor coordinación entre ellas, así como dar certezas sobre procesos de estabilización a aquellas personas que hayan cumplido con los requisitos marcados.

El presidente de CRUE I+D+i ha advertido también de la “asfixiante” normativa sobre contratación y justificación de la actividad investigadora. “Se están realizando desde las diferentes administraciones requerimientos por millones de euros que cuando son alegados quedan en casi nada, con un desgaste y agotamiento innecesario de nuestros servicios de gestión de la investigación”, ha lamentado Garde, que también ha incidido en el “urgente” desarrollo de la Agencia Estatal de Investigación “en todo su potencial para que sea un agente financiador ágil que pueda optimizar los recursos disponibles sin las trabas de la propia Administración”.

El rector Julián Garde ha finalizado su intervención indicando a los diputados que pongan en marcha las actuaciones que consideren necesarias para los fondos de cohesión de la Unión Europea, especialmente FEDER y FSE, que se dedican a financiar la I+D+i se aporten con un criterio de adicionalidad y no de sustitución de los fondos procedentes de PGE, como se ha venido haciendo hasta ahora. Esta aplicación con criterio de sustitución conlleva numerosas complicaciones para las instituciones, además de impedir la convergencia entre regiones y de España con el resto de países de la unión, siendo este el objetivo principal para el que fueron diseñados.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) estudiará el impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 en la Atención Primaria de Salud desde la perspectiva de los trabajadores sanitarios. Se trata del proyecto PrimaCOVID, liderado por la profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina, en Toledo, Montserrat Pulido.

El proyecto se articula a través del Grupo de Etnografía y Estudios Sociales Aplicados (GEESA) de la UCLM, dirigido por la profesora, Luisa Abad González, en consorcio con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

La idea surgió en pleno estado de alarma, durante el confinamiento “como una preocupación por la situación que estábamos viviendo”.

Al principio, explica Montserrat Pulido, “se puso más el foco en el sistema hospitalario, pero entendí que una pandemia de estas características afecta de forma transversal a toda la sociedad y a todos sus ámbitos. La Atención Primaria es el pilar del sistema sanitario y nos parecía fundamental saber qué estaba pasando con sus profesionales”.

Esa inquietud ha eclosionado en una iniciativa que cuenta con financiación del Fondo Supera COVID-19, respaldado por CRUE Universidades Españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Banco Santander.

El estudio se lleva a cabo en el Área de Salud de Atención Primaria de Talavera de la Reina dentro del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y en la dirección asistencial Norte y Sureste de Madrid, pertenecientes al Servicio Madrileño de Salud.

“Son las áreas adecuadas para disponer de una muestra representativa”, explica Pulido. El estudio servirá así para contrastar diferencias del efecto de la crisis sanitaria en los profesionales del ámbito rural y los que trabajan en un ámbito urbano.

La intención es que el proyecto pueda completarse en diez meses (arrancó en julio), para terminar en abril de 2021. Ahora se encuentra en su fase inicial. “Estamos en plena recogida de datos”.

Cuestionarios y entrevistas personales a sanitarios y no sanitarios

El proceso se desarrolla a través de una metodología mixta. Por un lado, se realiza un cuestionario dirigido a los profesionales, unos 500, entre los profesionales de los centros sanitarios de una y otra comunidad autónoma. “Se ha planteado a distintos perfiles, no solo sanitarios, desde una perspectiva más holística e integral de la salud incluyendo a administrativos, matronas, fisioterapeutas, odontólogos e higienistas dentales o trabajadores sociales porque en este tiempo se han creado nuevas dinámicas de trabajo”.

Por otro, se realizarán entrevistas personalizadas, unas 50 en total que abarcarán “una perspectiva más social”. Y es que Montserrat Pulido cuenta con experiencia como enfermera y es además especialista en Antropología Social. Forma parte de un equipo multidisciplinar de once personas que realizarán un trabajo de campo más allá de lo meramente sanitario.

¿Cómo influye la pandemia en la salud y el trabajo de los profesionales de Primaria?

Los objetivos son tan amplios como ambiciosos. No solo se quiere describir “en qué medida y cómo se ven afectados los profesionales de los equipos de Atención Primaria frente a la enfermedad COVID-19” en sus dinámicas laborales, sino determinar si hay diferencias entre los ámbitos urbano y rural.

Se busca saber cuáles son las debilidades y fortalezas, pero también las amenazas y oportunidades de esta excepcional situación sanitaria emergente y cómo puede influir en todo ello la brecha digital.

También se quieren registrar aquellos factores socioculturales relacionados con la COVID-19 “que supongan indicios de estigmatización desde la perspectiva de los profesionales de Atención Primaria”.

Otro de los objetivos es el de describir los efectos que la pandemia está provocando “en el proceso de salud-enfermedad-atención de la población atendida en el ámbito de Atención Primaria, con especial atención a los grupos de población vulnerable y con patologías crónicas”.

Además, “se pretende revisar el estado de salud de estos profesionales como consecuencia del sobresfuerzo que está suponiendo desempeñar su trabajo del modo que lo estén haciendo”.

Castilla-La Mancha apuesta por un cambio de modelo: “Requerirá transición y educar a la población”

Finalmente, el estudio “quiere también arrojar luz” y facilitar la labor de la gestión sanitaria que, comenta, “también se ha visto desbordada”. En este sentido, se pretende “contribuir en la elaboración de protocolos de detección, prevención y actuación ante situaciones de crisis sanitarias donde la Atención Primaria es más necesaria que nunca”.

Para Montserrat Pulido la pandemia ha provocado “un varapalo importante” en el sistema sanitario y, en particular en la Atención Primaria. “Es una situación sin precedentes, aunque es cierto que llevamos unos años de cierto desgaste y no se la ha cuidado o mimado como se debería. Es lo que los profesionales están señalando. Ahora tenemos que recoger aprendizajes porque no se descartan otras pandemias. Esperemos que no sean de esta magnitud”.

La semana pasada el presidente regional, Emiliano García-Page anunció un “cambio de modelo” en Atención Primaria, aunque solo avanzó un refuerzo en el sistema de teleconsultas. Este miércoles, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, concretó que se va a contratar a 90 personas para atención telefónica, que se mantiene a los 744 sanitarios contratados en verano y que se habilitará un ‘call-center’ como refuerzo para la petición de citas médicas o enfermeras.

El cambio de sistema, con una apuesta por el sistema telemático, y a la espera de los resultados que pueda arrojar el estudio entre los trabajadores de la Atención Primaria, “requerirá en todo caso un proceso de transición y educar a la población para que el mensaje que se reciba no sea que los centros de salud están cerrados. Habrá que escuchar también a esa población y a los gestores”, advierte la enfermera e investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

La incertidumbre en la educación obligatoria se come todos los titulares estos días, pero los universitarios no se quedan muy atrás. A un mes escaso para que comience el curso, la mayoría de los estudiantes no saben cómo van a ser sus clases, si en el campus o desde casa. La idea general, según han explicado esta mañana el ministro de Universidad, Manuel Castells, y el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), José Antonio Gómez Villamandos, es la presencialidad “siempre que se pueda hacer respetando las reglas sanitarias”.

Las “reglas sanitarias” pasan por un uso constante de las mascarillas (esa es fácil de cumplir) en los espacios universitarios y mantener la distancia de 1,5 metros. Dado que esta última no es factible para todas las universidades ni facultades, el modelo pactado entre comunidades autónomas y el ministerio, que cada universidad aplicará como pueda en aplicación de su autonomía, es que los profesores den las clases desde el aula y los alumnos alternen su presencia: por turnos, unos las seguirán desde la misma clase, otros a distancia desde casas, en directo a través de videoconferencias en un formato que, teóricamente, les debe permitir intervenir en tiempo real. Gómez Villamandos ha calculado que las universidades tendrán que rebajar las ratios de alumnos en clase entre un 25% y un 30%. Ambos responsables llaman a estas prácticas “distintas presencialidades”.

El problema que afrontan los estudiantes es que este marco general no resuelve las situaciones individuales de cada uno. Los universitarios no saben aún cómo se va a hacer este reparto de asistencia y eso les impide planificar el curso. “Los estudiantes necesitan certezas para organizarse y tomar decisiones tan importantes como si alquilar un piso o comprar un título de transporte”, explican desde el Consejo de Alumnado de la Universidad de Barcelona. Un 14% de los estudiantes universitarios acude a un centro fuera de su comunidad autónoma.

Ninguna de estas dudas ha resuelto la comparecencia de Castells y Gómez Villamando este jueves. De hecho, la rueda de prensa virtual que han realizado ambos responsables no ha ofrecido apenas información nueva respecto a los acuerdos alcanzados la semana pasada (o los de junio, incluso) para el inicio de este curso, unos textos bastante genéricos. Preguntado específicamente durante la rueda de prensa si podía resolver la incertidumbre de los estudiantes, Castells ha admitido la incertidumbre por la pandemia y se ha remitido a los planes que cada universidad ha desarrollado y colgado en su web.

“Nadie sabe qué va a pasar ni cuándo”, ha reflexionado, “pero las universidades han publicado hace tiempo sus protocolos, hay información concreta”, ha defendido. Concreta y genérica sobre las universidades, no particular sobre grados o asignaturas. Mientras el ministro explicaba estas cuestiones, el chat del canal de YouTube en el que se emitía la comparecencia del ministro se llenaba de comentarios de estudiantes buscando respuestas que no recibieron.

Castells también ha sido preguntado por un plan b en el caso de que la situación empeore. “El plan b no existe, consiste en sobrevivir en las condiciones que podamos”, ha admitido con una franqueza poco habitual, para luego matizar que “a día de hoy” no hay estado de alarma ni previsión de un confinamiento generalizado que lleve a una situación como la de primavera. Y, en el caso de que esta se diera, “tenemos una experiencia [del anterior confinamiento y cierre universitario], las universidades, profesores y estudiantes se adaptaron. Se evaluó y hubo exámenes online. Si hubiera que volver a hacerlo, lo volveríamos a hacer en muchas mejores condiciones por la experiencia que tenemos”.

El ministro ha dedicado parte de la rueda de prensa a defenderse de los ataques que está recibiendo en los últimos días por su ausencia pública. Castells, visiblemente molesto ante la insistencia de las preguntas, ha calificado de “leyenda urbana” y de “campaña” contra él esta ausencia, y ha recordado que compareció en el Senado durante ocho horas (antes del verano) y ha respondido varias preguntas parlamentarias. También ha defendido que se reúne habitualmente con los rectores y los estudiantes, aunque no se haga publicidad de ello.

Como rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamando ha tenido que lidiar por partida doble con la situación insólita de tener que acabar el curso con todas las universidades cerradas. Cree que ha ido razonablemente bien, dadas las circunstancias. Pero también admite que ni los centros, ni los profesores ni los alumnos estaban preparados para esta circunstancia y que hay aspectos a mejorar, sobre todo en la evaluación. Quizá por eso, admite sin decirlo abiertamente, se ha levantado la mano: la Ebau (o Evau, la antigua Selectividad) ha tenido más aprobados que nunca y las matriculaciones de nuevos estudiantes han subido alrededor del 5%. Este catedrático de Histología y Anatomía Patológica Veterinarias explica que, de cara al próximo curso, las universidades empezarán con entre un 30% y un 50% del alumnado siguiendo las clases desde casa, pero con el deseo (“sería un sueño”) de pasar a la presencialidad en el segundo cuatrimestre. Hablamos con el representante de las universidades sobre el año académico que viene y cuestiones de más largo alcance, como la reforma de los precios públicos, la negociación del nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) o la precariedad docente en la Universidad.

Las universidades ya van presentando sus planes para el curso que viene. ¿La docencia online ha llegado para quedarse?

Hay quien habla de cambio de modelo. Yo creo que todo esto va a servir para mejorar mucho. La inmensa mayoría de universidades ha optado por una presencialidad al 100% en dos modalidades: presencialidad en aula compaginada con la modalidad de videoconferencia, que sigue siendo una docencia presencial. No es presencial directa, pero sí es presencial porque se puede interactuar. Junto a eso está la enseñanza online habitual de herramientas, plataformas, etc. Todas las universidades hemos puesto en marcha cursos para que el profesorado perfeccione esa metodología, pero como metodología complementaria a esa presencialidad que reclamamos como seña de identidad.

Pero entonces la mayoría de universidades sí va a introducir enseñanza a distancia, aunque la llamemos presencial no directa.

La videoconferencia no es enseñanza online, es presencial y así se considera. Pierde parte de las ventajas que tiene la presencialidad física, evidentemente. Pero es presencialidad e interacción directa en el momento.

Pero parte de la docencia se va a hacer a través de videoconferencias.

La mayoría tienen la idea –dependiendo también del tamaño del aula y otras variables– de que un 30% o 50% de los alumnos estén en el aula, el otro 50% por videoconferencia y que vayan rotando cada semana o mes, según cada una. Se trata de que el profesor y el estudiante puedan tener un lugar de contacto físico. Ojalá podamos hacer eso, porque la alternativa sería volver al confinamiento.

Este es el escenario bueno, entonces.

No el ideal, pero sí bueno dada la situación actual. Si empezáramos así el cuatrimestre y pudiéramos ir en el segundo hacia la presencialidad habitual sería lo ideal. Esto es lo que soñamos: acabar el primer cuatrimestre en esta bimodalidad y que el segundo sea presencial en aula al 100%.

¿Volver a la presencialidad en febrero no es excesivamente optimista?

Es más un deseo que otra cosa. Los cursos están diseñados para que sea todo el curso en esa enseñanza bimodal.

Entonces, que es donde quería llegar al principio, se va a quedar.

Estamos en el objetivo de volver a la presencialidad directa en cuanto se pueda. Somos universidades presenciales y el proceso de enseñanza–aprendizaje requiere mucho de ejemplo y de contacto. La vida universitaria no se entiende sin la vida en los campus, en las aulas...

Igual que este año se ha levantado un poco la mano con las notas, ¿se le va a dar continuidad el próximo curso o se acabó el, digamos, periodo de carencia?

Uno de los problemas que tenía el sistema online es que no estábamos preparados ni el alumno ni los profesores para evaluar online. De hecho, gran parte de los cursos que tenemos es sobre cómo evaluar online, qué herramientas se tienen que utilizar y desde luego ir a la evaluación continua. Esta evaluación continua sí podría ser una mejora para quedarse en el sistema. Si somos capaces de ir interiorizando la evaluación continua como algo normal y natural ganaríamos muchísimo estudiantes y profesores en todo el proceso de formación. De las muchas cosas donde Bolonia no ha terminado de cuajar ha sido en esto de la evaluación continua. Esta podría ser una de las grandes ventajas de esta situación.

¿Va a haber alguna medida especial para los estudiantes de primer curso, que van a tener el doble salto de aterrizar en la universidad y además hacerlo en esta bimodalidad educativa?

Nos preocupa muchísimo, y de hecho la tónica general es intentar que la presencialidad en aula de los chicos de 1º sea la máxima posible. Es lo que decía del contexto. Que acaben el Bachillerato y vuelvan a la universidad por vía online no creemos que sea adecuado. Por eso las aulas más grandes se están adecuando para que el alumno de 1º pueda tener si no el 100%, sí casi toda la docencia de forma presencial directa, en el aula, para esa convivencia que forma parte de cualquier formación.

¿Se va a compensar finalmente a los estudiantes de este curso que no han recibido el servicio por el que pagaron?

Pero es que el servicio lo han recibido. Han recibido su docencia, se han evaluado. La parte que más resentida se ha visto han podido ser las prácticas curriculares, cosa que han podido hacer en junio, julio, agosto o septiembre. La mayoría de las universidades hemos ampliado el periodo entrando en el segundo cuatrimestre para que puedan terminar sus prácticas, y en cualquier caso para aquellos alumnos que de forma justificada no han podido recibir aquello por lo que pagaron, hemos abierto periodos extraordinarios de anulación de matrículas en el cuatrimestre que acaba ahora. Ya no hay un escenario de compensar nada porque algo se ha hecho.

Voy a cambiar de tercio hacia cosas de más largo recorrido. El Ministerio de Universidades ha cambiado los precios públicos con un complejo sistema que se traducirá en que la mayoría de las comunidades tendrán que bajarlos, lo que significa menos dinero para las universidades. ¿Cómo lo ven? ¿Les van a compensar esta caída de fondos?

Nosotros siempre hemos dicho que había que disminuirlas (las tasas), sobre todo para que el sistema sea equitativo. No tenía sentido que el estudiante de una comunidad pagara el triple o el cuádruple que el de otra. Queríamos volver al sistema anterior de pequeñas variaciones de precios, pero nos preocupaba que las comunidades no compensaran esta pérdida de financiación. Por eso pedimos siempre que las comunidades se pronuncien. Se ha llegado a un acuerdo entre comunidades y ministerio sobre cómo hacer esta reducción de tasas (este año solo entra en la primera matrícula). Esperamos que las comunidades cumplan con esta financiación –no tenemos por qué dudar de ellas tampoco–.

El Ministerio trabaja también en un Estatuto del Personal Docente Universitario, una cuestión de la que están pendientes muchos docentes y aspirantes a serlo. ¿Qué les parece el borrador que se ha filtrado, aunque sea un estadio bastante inicial? ¿Va en la buena dirección para la CRUE?

España necesita un marco normativo nuevo. Necesitamos un nuevo estatuto del PDI que sea un marco normativo que nos dé flexibilidad, que respete la autonomía universitaria y que sea un estatuto no pensado para resolver los problemas de ahora, que podemos hacerlo por otra vía, sino pensado para proyectar la universidad hacia 10 o 15 años. Una ley orgánica de esta envergadura, como se quiere sacar, lo normal en el ámbito universitario es que dure años, entonces tiene que tener visión de futuro, flexibilidad para permitirnos desarrollar nuestro potencial (con toda la rendición de cuentas que se quiera). Hay otros agentes en el sistema, pero la visión de conjunto y de querer mejorar todo el conjunto del sistema probablemente nos toque tanto al ministerio como a CRUE.

Pregunto específicamente por la carrera laboral que propone el ministerio en la Universidad, paralela a la funcionarial.

Tiene una serie de dificultades técnicas. Hay un mínimo de personal funcionario que se debe respetar (un 51%), vamos a ver cómo evoluciona. Estamos en el minuto cero, empezando.

Recientemente, el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya publicó un informe que decía que la Universidad en su conjunto incumple la ley respecto a la relación de profesores temporales y a tiempo completo. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Uno de los perjuicios que tuvo la crisis de 2008 fue alterar mucho la estructura de las universidades. Hasta que la tasa de reposición no ha llegado a una situación que no es la que queremos, pero al menos podemos vivir con ella, no ha permitido ir recuperando tasa de funcionariado, aunque es verdad que en algunas universidades no se alcanza la tasa de funcionariado y es algo que hay que cambiar. También hay que tener en cuenta que cuando se analizan estos datos no hay que contabilizar el número de efectivos como trabajadores a tiempo completo.

Uno de los problemas de la universidad es la alta tasa de asociados, profesores en ocasiones muy precarios que están sosteniendo la docencia. ¿Cómo resolvería la CRUE esta situación si dependiera de ella?

Hemos planteado varias cuestiones, pero hay que entender alguna cosa antes: no hablamos de un colectivo homogéneo, es tremendamente heterogéneo. Hay personas de grandes carreras profesionales independientes y muy sólidas aparte de la universidad; tenemos otro perfil, que por desgracia no son la mayoría y ojalá lo fuera, que son doctores acreditados, para los que hemos planteado en varias ocasiones que vía Presupuestos Generales del Estado se nos permita darles la opción de estabilización mediante un concurso oposición y que no cuentan en la tasa de reposición. Le podríamos abrir la puerta del proceso de estabilización a estas personas sin que eso repercutiera negativamente en el resto de personas de la carrera académica. Y luego tenemos otro colectivo de personas que llevan muchos años en la docencia que no tienen el título de doctor o una acreditación, que necesitan otra solución. Habría que facilitarles que adquieran los méritos para que en un tiempo razonable puedan acceder a un concurso como los demás. Esto creemos que debe hacerse de urgencia y fuera del estatuto del PDI.

Otro tema recurrente es la endogamia universitaria, estos profesores que estudian la carrera en una universidad y se quedan ya toda la vida. El estatuto propone estancias obligatorias fuera para combatirla. ¿Cómo lo ve?

Creo que es fundamental que la gente salga fuera, vea otros sistemas, otra universidad y otra forma de hacer las cosas. Pero hay que ver cómo se financia y cómo se gestiona y se controla para que luego sea real. Pero volviendo al tema de la endogamia, siempre hago la misma pregunta: una persona que se forma en una universidad, saca el doctorado en esa universidad, se va 4-5 años fuera y luego vuelve a la universidad, ¿es endogamia? Porque eso es lo que se está contabilizando como endogamia, y eso es lo que se está haciendo. Eso no es endogamia, al menos yo no lo entiendo así, pero computa como tal por el análisis simple de dónde hizo la tesis y dónde está contratado, que deja en medio la trayectoria vital de ese personal. Y la mayoría de ese personal ha estado un año fuera como mínimo. Aparte de que la endogamia no es buena ni mala. Es decir, es mala si la universidad no está siendo competitiva, pero si esa endogamia hace que cojas a alguien, lo formes, vaya a otros centros, vea mundo, y luego lo reincorpores y eso hace que tu grupo o universidad mejore, no veo el problema.

Diría que buena parte de la crítica también está en esos concursos a los que a veces prácticamente le falta poner el DNI del candidato al que se le quiere dar la plaza.

Eso es una mala práctica que ha habido en el sistema, pero que se va diluyendo cada vez más. No digo que no exista, pero cada vez se hace menos. Más que la estancia fuera, creo que un gran acierto del estatuto del PDI es que los tribunales que han de evaluar cada plaza sean de una persona de la universidad y dos de fuera. Es igual que el sistema de habilitación que tuvimos, lo que pasa es que era muy complejo de realizar y muy caro. Pero este sistema de uno de la casa y dos de fuera me parece buena propuesta para combatir esto. Incluso deberíamos ir a más: ver de qué forma se podría intentar casi por ley incluso evitar ese perfilar tanto las plazas.

Hablemos de ciencia, que también es universidad. El sistema científico universitario está por los suelos. Grupos de investigación que desaparecen, laboratorios cerrados... ¿Es recuperable?

Nos preocupa enormemente. Aparte del dinero que necesitamos para las investigaciones que tanta gente de valía que tenemos no pueda incorporarse al sistema como predoctoral o como postdoctoral. España exporta talento e importa patentes. Si no exportáramos tanto talento y le diéramos oportunidades, posiblemente no tendríamos que importar luego tantas patentes que podríamos desarrollar aquí. Esto no es un problema de las universidades, es un problema de país. Siempre hemos creído que universidades y ciencia debían estar en el mismo ministerio, lo creemos fundamental, creemos que son caminos que deben ir juntos y nos preocupa que siendo dos ministerios sean divergentes y nunca convergentes. Que haya por ejemplo un estatuto del PDI y por otro lado se esté hablando de un estatuto de la ciencia para incorporar personal son dos estrategias que creemos que debería ser una, con una visión más global. Con un solo ministerio sería más fácil. Habría que tener un enfoque global de cómo queremos formar a nuestro personal investigador y cómo queremos formar a nuestro personal docente investigador, porque se dan la mano. Pero es la situación en la que estamos y CRUE insistirá en que cualquier estrategia de ciencia de este país tiene que contar con las universidades.

Ya que lo comenta, el presidente del Gobierno presentó hace dos semanas su plan de choque para la ciencia, dotado con 300 millones el primer año y 700 el segundo. ¿Es suficiente?

Cualquier dinero es bienvenido. Lo que uno se plantea es que si hay 300 millones que están disponibles para el sistema, ¿por qué no los dejamos de forma estructural y no que sea algo puntual? Nos parece estupendo, y también con una visión: no todo es COVID, hay muchas más cosas cercanas al COVID, desde las sociales, las humanidades, la ciencia o la tecnología, que es necesario atender para la COVID, pero también para otras cuestiones que suponen un desarrollo de país. Vemos importante que no se desatienda esta visión.

“El acceso a la formación universitaria no está garantizado por igual a todos los ciudadanos”. La frase, extraída de un informe elaborado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CSS), viene a suponer el reconocimiento por parte de los dirigentes de los campus de la desigualdad que existe a la hora de acceder a los centros de estudios de educación superior.

Aseguran los rectores que la Universidad española funciona como ascensor social, pero que no lo hace igual para todos. Que tiene un papel especialmente relevante para las personas que provienen de un entorno socioeconómico humilde, pero que, a la vez, son los que tienen más papeletas para nunca disfrutar de este ascensor porque no entrarán en la universidad por sus características personales.

El informe La contribución socioeconómica del sistema universitario español, publicado este miércoles por la CRUE, evalúa por primera vez de forma rigurosa, según los propios rectores, “el impacto que tienen las actividades universitarias en la economía y la sociedad españolas con un alcance global”.

A nivel económico y según este informe, la universidad española genera 8,3 euros en actividad económica por cada euro público invertido en su financiación y le devuelve a las arcas públicas 4,3 euros por euro. En términos de empleo, cada uno de los casi 6.000 millones de euros de financiación se transforma en 87 puestos de trabajo creados.

La universidad no es para todos igual

Empezando por la parte más social y menos económica, “los análisis realizados constatan la existencia de determinados factores que favorecen, u obstaculizan, el acceso a la universidad”, razona el informe. “Concretamente, el acceso a la universidad está condicionado por el estatus profesional, el tipo de ocupación y sector de actividad de los progenitores, el nivel de renta familiar, el tamaño del municipio de residencia, la situación laboral de los padres o el sexo del individuo”. Y no se refieren solo a las posibilidades económicas de la familia.

Y entre las variables más destacadas por los rectores está el nivel educativo de los progenitores, “especialmente el de la madre”, y su estatus profesional. En concreto, que la madre de un futuro estudiante tenga un graduado aumenta hasta en 17 puntos porcentuales la probabilidad de que ese hijo acceda a la universidad (13,5 puntos el padre). Si además ambos progenitores tienen ocupaciones altamente cualificadas, las probabilidades aumentan en 25 puntos.

Y, con carácter general, de esto dependerá en buena medida su vida futura: con un título universitario debajo del brazo hay más posibilidades de tener un contrato fijo (10,2% más), de tener una jornada completa (7,3%) y de tener un empleo cualificado (31,4%) y por tanto cobrar más.

“La educación superior aumenta la probabilidad de mejorar la situación social respecto a la del origen familiar, lo hace mucho más que cualquier otro tipo de nivel de enseñanza y eso sucede con especial intensidad para las personas de origen social menos favorable”, concluyen los rectores. Si consiguen terminarla.

Pero también admiten que “la evidencia encontrada en el informe indica que la educación no hace desparecer la desigualdad, y el origen social y familiar sigue teniendo una influencia considerable en el estatus social de los individuos”.

Un impacto directo de 16.000 millones al año

La CRUE también le pone cifras al impacto económico de la actividad universitaria. Según sus cuentas, los campus aportan 15.991 millones de euros anuales a la sociedad en forma de demanda por sus actividades frente a un gasto (la financiación pública que recibe) de unos 6.000 millones de euros (el resto de la financiación universitaria, hasta los 8.571 millones, la aportan los estudiantes en forma de tasas).

Además, la CRUE sostiene que con carácter general la actividad asociada al sistema universitario (SUE) tiene un impacto de 49.671 millones de euros en la producción española (en ventas, por explicarlo de modo simple) y de 17.797 millones de euros sobre la renta. Traducido en empleo, la actividad universitaria tiene un impacto de 339.192 ocupados anuales.

Dicho de otra manera: “Las universidades devuelven en impuestos 4,3 euros por cada euro invertido por las administraciones”, según el presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, rector de Córdoba. Esta cifra se obtiene de dividir los 25.774 millones de euros de recaudación fiscal por las actividades de los campus y esos 5.969 millones de euros de financiación.

El conjunto de esta actividad se traduce en un impacto sobre el PIB del 2,12%. Por último, en el capítulo económico, las universidades son responsables del 12% del crecimiento medio de España en los últimos años.

El informe de la CRUE también muestra su preocupación por la caída del interés de los estudiantes por las carreras conocidas como STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés). “Es alarmante”, asegura el presidente de los rectores. “El peso de la demanda de estudios de ingeniería y ciencias representa solo el 18,4% y el 5,9%, respectivamente, frente a a la media del 21,2% y del 8,1% de la UE-28. Sin suficientes ingenieros, matemáticos, físicos...”, advierte Gómez Villamandos, “nos quedaremos fuera de la Revolución 4.0 –como ya nos ocurrió en otras épocas de la historia– y seremos tecnológicamente dependientes”, cierra.