El 26 de febrero del año pasado, el Comité Europeo de Derechos Sociales hizo pública su resolución ante una demanda colectiva contra España por dejar sin luz a la Cañada Real, un asentamiento en la vía pecuaria que discurre por la Comunidad de Madrid. Su dictamen era claro: ese corte del suministro eléctrico viola la Carta Social Europea, garante de derechos fundamentales para ciudadanos de la UE. El recorrido al que afecta se extiende entre Coslada, Madrid y Rivas, y se estima que en sus seis sectores llegaron a vivir unas 6.000 personas. Los más afectados están en el 5 y 6; especialmente en el último, donde no hay energía para regular la temperatura en meses de frío o calor, ni conservar alimentos o iluminar estancias de noche. Un año después, nada ha cambiado.

“Aquí seguimos igual. En mi caso, pendiente de juicio”, contesta Raquel al otro lado del teléfono. En mayo, una semana después del apagón eléctrico que dejó sin luz a todo el país salvo Canarias, esta mujer de 50 años –que lleva varios viviendo en el sector 6 de la Cañada Real Galiana– contaba a Somos Madrid su periplo legal para conservar la casa en la que reside, y en la que está empadronada. En la denuncia, abierta y a la espera de un veredicto, pugna contra una última resolución del Gobierno regional, que se acoge la ley regional de suelo o a la 39/2015 sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para instar a los titulares de “infraviviendas” (como consideran al domicilio de Raquel) que soliciten un realojo lo antes posible.

Más de un año después desde que se inició el corte del suministro en la Cañada, el 2 de marzo de 2022, varias entidades elevaron una reclamación conjunta al Consejo de Europa señalando que España había violado derechos como el de la vivienda, protección de la salud o contra la pobreza. Se personaron el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con las Personas sin Hogar (FEANTSA), la ONG Defence for Children International, el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo o la asociación de jueces europeos progresistas, MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés).

Garantizar los derechos de la Carta Social Europea sigue siendo responsabilidad del Estado

Comité Europeo de Derechos Sociales

En su resolución, el Comité Europeo de Derechos Humanos encargado de examinar la denuncia concluyó que cualquier ciudadano debe tener acceso “estable, constante y seguro a una [cantidad de] energía adecuada” para que puedan garantizarse algunos de sus derechos humanos básicos, mencionando entre ellos la vivienda, la salud o incluso la educación según lo que se proclama en la Carta Social Europea, que protege especialmente a niños, familias, mayores o personas con alguna discapacidad. El órgano del Consejo de Europa determinó que los Estados no pueden “externalizar” sus obligaciones en materia de derechos energéticos a empresas privadas aunque decidan que estas gestionen el suministro.

Una fecha clave para rendir cuentas: diciembre de 2027

“Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo responsabilidad del Estado”, estimó en una publicación sobre el caso en su página web el propio CEDH, que constató esa falta de recursos energéticos como una forma de exponer a la población a diversos “riesgos para la vida y la integridad física o moral”. En especial, puntualizó el daño que esto supone para los grupos más vulnerables de entre los afectados, mencionando además de niños o ancianos a personas migrantes o con problemas médicos. Y, sin embargo, la sentencia no plantea a priori ningún tipo de régimen sancionador contra España, más allá de la determinación de vigilar desde las instituciones europeas si el país revierte esta situación.

Eso sí, tiene una fecha tope. En respuesta a una consulta de Somos Madrid, el Consejo de Europa explica un procedimiento de “informe único” para hacer seguimiento de las resoluciones adoptadas en materia de derechos sociales. El tiempo de espera hasta solicitarlo es de dos años desde el momento en el que se toma la decisión, por lo que la institución paneuropea da a España hasta diciembre de 2027 para “cumplir la recomendación y subsanar las vulneraciones constatadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales”.

De momento, desde la Cañada denuncian que no ha sido así. “El suministro eléctrico no ha sido restablecido y miles de personas, niñas, niños y adolescentes, continúan viviendo en un entorno torturador que vulnera derechos humanos básicos”, afirma la abogada e integrante de la Plataforma Cívica Luz para Cañada Real, María López. Esta entidad fue la que comenzó a denunciar la situación, cuyo testigo fue recogido luego ante Europa por las cinco organizaciones que firman la demanda. López lamenta que, un año después de resolverse, “no solo no se ha cumplido”, sino que los cortes de luz continúan “agravando la vida de vecinos y vecinas” a la vez que se usan, a su juicio, como una “herramienta de presión” ejecutar “desalojos forzosos”.

El Pacto Regional que no logra cerrar el círculo en la Cañada

Estos desalojos son los que contempla el Pacto Regional por la Cañada Real. Es un acuerdo multilateral firmado el 17 de mayo de 2017 (cuando la presidenta era Cristina Cifuentes) en la sede del Gobierno autonómico, y en el que participan la Delegación del Gobierno, en representación del Estado; los grupos políticos con voz en la Asamblea de Vallecas y los ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas, además del propio Ejecutivo autonómico ahora con Isabel Díaz Ayuso.

Todos los firmantes se comprometieron a buscar soluciones al apagón involuntario, y también a publicitar los “acuerdos o acciones que se vayan acometiendo” en la Cañada Real, según difunde la Comunidad de Madrid en su portal oficial. Uno de los abogados del equipo jurídico que impulsó la reclamación colectiva, Francisco Javier Rubio (miembro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, el CAES, y especializado en asuntos de vivienda), es contundente sobre el hecho de que el Gobierno central no haya actuado de forma tajante con la falta de luz en la Cañada, incluso un año después de esta resolución: “El Estado juega a hacerse el sordo”.

Desde el inicio, el Ejecutivo nacional ha sostenido que en la Cañada hay enganches ilegales al sistema eléctrico que en muchos casos provenían de plantaciones de marihuana, y que eso fue lo que llevó a Naturgy –la empresa privada que suministra luz en la zona– a eliminar conexiones consideradas sospechosas. El letrado de la causa en Europa explica a Somos Madrid que, hasta la fecha, sí ha habido algún movimiento reciente. Pero ninguno lo bastante contundente como para dar la vuelta a la situación. El pasado mes de diciembre se celebró un Comité de Ministros en el Consejo de Europa, el mismo órgano que condenó la actuación de España con la vía pecuaria y sus habitantes.

Uno de los puntos a debatir era la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, un tratado internacional que sí es vinculante y tiene por finalidad proteger la democracia o el Estado de Derecho entre los países firmantes. España se encuentra entre ellos de ellos. “Esta vez fue en un órgano político, y no judicial o parajudicial, donde se volvió a traer que existe una resolución en contra de lo que ocurre en la Cañada Real”, apunta Rubio. Aunque en realidad, las primeras señales de alerta se fraguaron hace más de tres años.

La urgencia de “evitar lesiones graves e irreparables”

En octubre de 2022, cuando en los asentamientos vivían unas 4.500 personas, el Comité Europeo de Derechos Sociales ya pidió “medidas inmediatas” a España por el “grave impacto negativo” que tenía sobre la población esta falta de luz, aire o calefacción. El órgano del Consejo de Europa, una herramienta paneuropea que no depende directamente la UE pero reúne a 46 países, había recibido en marzo la demanda conjunta sobre la Cañada y, sin emitir aún una resolución firme, instó al Gobierno de Pedro Sánchez a tomar cartas en el asunto para “evitar lesiones graves e irreparables a la integridad” de sus habitantes.

Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que gestiona los realojos planteados en el Pacto Regional para vaciar la vía, delegan en el Comisionado para la Cañada Real, un cargo autonómico que ostenta Ignacio Sánchez Segura, la información actualizada sobre el número de reasignados, su perfil mayoritario o las zonas y el tipo de vivienda donde han sido ubicados. Contra el predecesor de Sánchez Segura, Markel Gorbea, se impulsó una investigación judicial que le llevaron a él y también al actual jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Santos, al banquillo de los acusados. En julio, el primero fue absuelto mientras que al segundo lo condenaron por un delito de “prevaricación administrativa”.

El origen de la causa es el derribo ilegal de una vivienda en la Cañada cuya orden firmó en 2022, y que ahora le ha valido una pena de nueve años de inhabilitación para ejercer cargos o empleos públicos (como el que aún ocupa) dentro del sector. Para Gorbea se pedían otros 10 años de inhabilitación pero quedó exento de toda responsabilidad, aunque consta como hecho probado que notificó por e-mail del supuesto abandono de la parcela. Una trabajadora del Comisionado en aquel entonces testificó en el juicio que su organismo “no instruye expedientes” y solo los almacena o administra, por lo que la decisión final quedó sobre el tejado de Julio César Santos.

Aquel caso fue abierto a raíz de la denuncia de un particular. Pero su historia ejemplifica la tensión que aún se vive en la Cañada Real por los realojos, a veces indeseados, para terminar con los asentamientos y chabolas en la zona. “Desde las asociaciones vecinales u organizaciones de apoyo seguimos exigiendo el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico y el cumplimiento íntegro de la resolución europea, así como el fin de los desalojos forzosos y de las coacciones contra la población del barrio de Cañada Real”, sentencian desde la plataforma cívica por la luz en la vía pecuaria.

La Comisión de Venecia defiende que los jueces de carrera deben elegir de forma directa mediante votación a sus 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque admite que este sistema puede derivar en un excesivo corporativismo por la influencia de las asociaciones judiciales. Esta es una de las principales conclusiones a las que llegó este jueves el órgano del Consejo de Europa tras debatir sobre el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. El borrador de esa resolución, al que ha tenido acceso elDiario.es, incluye críticas a la intervención del Parlamento en el modelo actual de elección de los vocales judiciales. 

La Comisión de Venecia es el órgano consultivo del Consejo de Europa encargado de velar por el respeto al Estado de derecho en las reformas judiciales. Su plenario se reunió en la tarde de este jueves para analizar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. El debate se produjo a instancias del CGPJ, que recibió el encargo de elaborar “una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial” cuando fue renovado en 2024 tras más de un lustro de bloqueo.

El órgano no se puso de acuerdo y elaboró un único informe con dos propuestas diferenciadas: una tendente a mantener la esencia del actual modelo, vigente desde 1985, en el que Las Cortes eligen sobre una lista cerrada determinada por los jueces, defendida por el sector progresista; y otra que apoya que los vocales judiciales sean elegidos de forma directa por los jueces, que es la mantenida por los consejeros elegidos a propuesta del PP. 

Así, la opinión expresada por la Comisión de Venecia se alinea en términos generales con la propuesta formulada por los vocales conservadores, aunque considera que “no es suficiente para descartar la politización interna”, por lo que recomienda medidas adicionales. A su juicio, el proceso de elección debe protegerse no solo de la influencia política externa, sino también de la politización interna. Esto es, “no solo de la interferencia directa de los actores políticos, sino también de la dependencia indirecta o la alineación con dichos actores, en particular a través de las asociaciones judiciales”, expone el órgano en una nota de prensa.

El sistema de elección directa por parte de los jueces de los 12 vocales judiciales es el que estaba en vigor hasta 1985. Con estas reglas del juego, la candidatura de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) —que era la única constituida hasta ese momento en el ámbito judicial— ganó en 1980 las elecciones al CGPJ y copó todos esos puestos a pesar de que había listas abiertas. Además de la APM, se presentaron la Candidatura Judicial Independiente y la Candidatura Independiente de Magistrados de Trabajo, según contó El País. 

La elección directa por parte de los jueces es también la defendida por el PP, aunque los conservadores no promovieron ese cambio legal durante sus dos mayorías absolutas. Es un modelo que ya rige en la elección de otros puestos de responsabilidad, en los que el dominio de las asociaciones judiciales que cubren el espacio de la derecha y el centroderecha es total. 

Así lo volvieron a poner de manifiesto las elecciones a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores autonómicos celebradas en 2024. La conservadora APM se hizo con el 52% de los asientos, mientras la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial, que se definen como “independientes”, accedieron al 25% y al 11%, respectivamente. La progresista Juezas y Jueces para la Democracia consiguió apenas el 3,3% de los puestos en liza. En la Comisión de Ética, donde también hay elección directa por parte de los jueces, solo un miembro es de la asociación progresista. 

“Órgano político”

La ley actual establece que las Cortes Generales son las encargadas de designar, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a los veinte vocales del CGPJ. Cada una de las Cámaras –el Congreso y el Senado– elige a diez vocales: cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial. 

En el caso de estos últimos, son escogidos de una lista cerrada determinada por los propios jueces. Para entrar en esa lista es necesario tener el aval de 25 jueces o de una asociación judicial. Cada juez puede respaldar a 12 compañeros y cada asociación puede avalar también a 12. Este modelo es el que defiende el Gobierno al entender que “garantiza que los poderes del Estado emanen de la ciudadanía” al tiempo que respeta la participación de los jueces, que colaboran en la preselección. 

La Comisión de Venecia considera, sin embargo, que esta opción, aunque introduce una fase de elección directa por los jueces, no cumple la norma de elección por pares porque “deja la elección final en manos de un órgano político”.

El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), integrado en el Consejo de Europa, constata que España ha implementado parcialmente algunas mejoras para prevenir la corrupción desde su última inspección, pero lamenta que no lo haya hecho de manera “satisfactoria” con ninguna de las 19 recomendaciones que hizo aunque 16 de ellas han sido implementadas de forma parcial. Insiste en solicitar reformas sobre aforamientos o la transparencia en torno a los asesores y los lobbies, haciendo especial hincapié en la falta de una estrategia anticorrupción en la Policía Nacional y celebrando que futuras leyes como la de Administración Abierta y otras medidas del plan de regeneración vayan por buen camino.

El GRECO empezó a hacer recomendaciones a España en materia de lucha y prevención contra la corrupción en la Administración pública, haciéndose eco entonces de los numerosos casos de corrupción que, en el caso de Gürtel, desembocaron en la moción de censura que sacó al PP de la Moncloa. La lista de 19 recomendaciones, relativas a los conflictos de intereses de altos cargos, los lobbies, las puertas giratorias, transparencia y códigos de conducta.

Este grupo afirmó a finales de 2023 que España no había aplicado “plenamente” ninguna de sus recomendaciones, lo que incluye cambios legales que lo hacen de forma parcial pero no completa, y aplicó a España un procedimiento de incumplimiento para supervisar a fondo la evolución de estas medidas cuyas conclusiones han sido conocidas este viernes. Concede que España ha implementado de forma parcial 16 de las 19 medidas, tres más que la última vez, pero ninguna de forma completa.

“España no ha implementado de forma satisfactora ninguna de las 19 recomendaciones”, critica. De ese total, 16 han sido “parcialmente implementadas” y tres “no han sido implementadas”. España, por tanto, tendrá que seguir respondiendo ante el Consejo por estas medidas y volver a informar de su desarrollo en junio de 2026, dentro de 11 meses.

El informe reconoce que algunas de las medidas que están en camino, contenidas varias de ellas en el Plan de Acción para la Democracia de 2024 como por ejemplo la Ley de Administración Abierta, aportan buenas perspectivas de cara al futuro en muchos puntos flojos del análisis, pero apunta a medidas todavía pendientes de implementar. El primer informe de incumplimiendo de 2021 apuntó a siete recomendaciones ignoradas y en este último informe el número se ha reducido a tres.

Lobbies, puertas giratorias y corrupción policial

El GRECO detecta tres recomendaciones que no se han implementado ni siquiera de forma parcial. La primera es la relativa a los asesores y su régimen de transparencia, algo que sí recoge la futura Ley de Administración Abierta pero que, recuerda el Consejo de Europa, todavía no ha sido aprobada. Pero sí destaca “positivamente” que regule de forma específica “la naturaleza política” del trabajo de los asesores y la “necesidad” de acercarlos al “régimen de prevención de la corrupción”.

Otro de los puntos sobre los que pone el foco este informe es en los aforamientos y la necesidad de que no se traduzcan en impunidad para políticos o miembros del Gobierno. Es quizás el mayor desencuentro entre el GRECO y España, ya que el Estado entiende que el aforamiento no implica ningún tipo de impunidad al juzgar y sentenciar, igualmente, a un acusado aunque sea parlamentario o miembro del Ejecutivo.

El tercer punto en el que el grupo no ve ningún tipo de avance es en el relativo a la prevención de la corrupción en la Policía Nacional. Sí ven mejoras en cuanto a la Guardia Civil pero en torno al primer cuerpo y para mejorar su “transparencia, objetividad y proporcionalidad” en su régimen disciplinario. El GRECO, como ya ha hecho en informes anteriores, lamenta “la ausencia de desarrollo en este ámbito” y que las autoridades españolas “no lo reconozcan como un problema que necesite mejorar”.

En otras medidas sí constata avances. En cuanto a la regulación de los lobbies y grupos de presión, por ejemplo, celebra que el futuro Plan de Regeneración Democrática incluya, en su fase actual, “elementos clave” como el registro de grupos de interés, la comunicación de datos de estos grupos con las administraciones territoriales y también el código de conducta y de sanciones aplicable. “Es un avance positivo y muy esperado”, aunque habla de “oportunidad perdida” en cuanto a la transparencia de las agendas.

Algo similar sucede con las puertas giratorias. Las normativas por venir, todavía pendientes de aprobar en España, “refuerzan las restricciones a las puertas giratorias”, por ejemplo prohibiendo que un político vuelva al sector privado hasta dos años después de dejar la Administración. Pero la recomendación de GRECO, recuerda el informe, es “mucho mayor”.

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa está preocupado por el uso excesivo de la fuerza en las cárceles y durante los arrestos en Catalunya, y urge a poner fin a la inmovilización de los reclusos con fines disciplinarios mediante técnicas mecánicas como correas de cama.

Esa demanda forma parte de las conclusiones de un informe publicado este jueves sobre la visita que hicieron los expertos del CPT a diversos centros de detención catalanes del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2024, informa EFE. La abolición de las contenciones mecánicas con correas es una vieja reivindicación de los colectivos de apoyo a los presos y los defensores de los derechos humanos.

El objetivo de ese viaje de los expertos europeos, que pueden entrar en todos los espacios donde hay personas privadas de libertad, era examinar el tratamiento de los detenidos en comisarías y cárceles, con particular atención a los reclusos sometidos a régimen de aislamiento en los denominados DERT (Departaments de Règim Tancat) y a las personas que sufren inmovilizaciones mecánicas.

En los centros penitenciarios y comisarías, la aplicación de inmovilizaciones mecánicas con fines disciplinarios “continúa siendo problemática”, a pesar de las advertencias previas emitidas por el propio CPT -desde 2016 a España en general y desde 2018 a Catalunya en particular- por el peligro de incurrir en maltratos.

Sus expertos inciden en el riesgo de utilizar estas técnicas -como amarrar a los prisioneros a camas- de manera punitiva o de aplicarlas a prisioneros con problemas de salud mental sin supervisión.

“Por lo tanto, el CPT concluye una vez más que la inmovilización mecánica debe abolirse. Si se aplica, solo debe hacerse en un entorno médico. El CPT anima a las autoridades a seguir explorando alternativas, como el internamiento de reclusos agitados y violentos en celdas acolchadas”.

En las prisiones, cuya gestión es una competencia autonómica, el CPT ha recopilado igualmente acusaciones de uso excesivo de la fuerza y malos tratos físicos, algo sobre lo que reclama “tolerancia cero”.

Respecto a los módulos DERT, a pesar de ciertas mejoras como la reducción de los periodos que los presos pasan en ellos, critica la deficiencia de las instalaciones y el reducido nivel de cuidados psiquiátricos.

Durante su visita, los expertos del comité analizaron también la situación del centro para menores infractores Els Til-lers, sobre el que expresaron satisfacción por las condiciones de detención, la atmósfera y la variedad de actividades ofrecidas a los internos.

Sin embargo, dan cuenta de alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad privada del centro, por lo que reclama a las autoridades catalanas un mayor control.

Para Els Til-lers inciden igualmente en “los efectos adversos” de aplicar medidas de inmovilización mecánica en la unidad terapéutica del centro y recomienda abolir esa práctica y sustituirla por métodos alternativos para calmar a los menores violentos.

Respecto al trato durante las detenciones y los traslados a las comisarías, el CPT señala que, aunque la mayor parte de las personas entrevistadas declararon haber sido tratadas correctamente por los Mossos d'Esquadra, hay alegaciones de malos tratos físicos como bofetones, puñetazos o golpes de porra.

“Las conclusiones de la delegación, aunque se refieren a un período de tiempo limitado, indican que las personas que se resisten activamente a su detención corren un riesgo no desdeñable de ser objeto de malos tratos físicos y de un uso desproporcionado de la fuerza”, indican los expertos europeos en su informe.

Por ello, este comité especializado del Consejo de Europa (que tiene su sede en Estrasburgo, Francia) recomienda a los Mossos reforzar la vigilancia y mejorar el entrenamiento de los agentes.

El CPT también es crítico con “el diseño y las malas condiciones materiales de las celdas de detención policial de los Mossos d'Esquadra” y pide a las autoridades catalanas “que aborden las deficiencias estructurales” relacionadas con la falta de luz natural, ventilación adecuada, agua y timbres de llamada.

Asimismo, insta a terminar con la práctica de realizar exámenes médicos a los detenidos en presencia de agentes y manteniéndolos esposados. El informe se complementa con la publicación de la respuesta correspondiente de las autoridades españolas, que detallaron el pasado abril una serie de medidas que están siendo adoptadas para abordar las recomendaciones del CPT.

Eso incluye programas especializados para la gestión de presos violentos o disruptivos, con vistas a reducir la aplicación de técnicas de inmovilización mecánica; el aumento del personal de las prisiones; y medidas para rectificar las deficiencias de las condiciones materiales de los DERT.

Los Mossos d'Esquadra también detallaron en esa respuesta programas de entrenamiento para sus agentes sobre técnicas de control manual y reafirmaron “su compromiso de mejorar las condiciones de detención” y el resto de deficiencias estructurales señaladas por el CPT.

El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano del Consejo de Europa, ha vuelto a fallar en contra de España por la legislación sobre el despido improcedente. Ahora a propósito de una denuncia de CCOO, los magistrados han resuelto que esta modalidad de despido viola la Carta Social Europea porque los límites fijados de indemnización “no son suficientemente elevados”, como ya resolvió el año pasado a la reclamación de UGT, y como novedad considera que los tribunales deberían poder imponer a las empresas en determinados casos la readmisión de los trabajadores, algo que ahora no existe.

Este nuevo veredicto del órgano que vela por el cumplimiento de la Carta Social Europea, notificado en febrero, se sabía que iba a ser otro varapalo para el sistema de despido en España, pero el detalle de la resolución estaba embargado y se ha conocido oficialmente este viernes.

La ley en España establece que, cuando un despido es declarado improcedente, el empresario, puede optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización, que se sitúa en los 33 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades (antes de la reforma laboral de 2012, alcanzaba los 45 días por año, con un máximo de 42 meses). Salvo si se trata de representantes de la plantilla o delegados sindicales, que pueden elegir entre ambas opciones. La readmisión en el puesto de trabajo solo es obligada en los casos de despidos nulos.

Un despido barato que no repara ni es disuasorio

El Comité concluye por unanimidad que “los límites máximos fijados por la legislación no son suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario”, recoge la resolución.

Los magistrados sostienen que es posible que no se tenga debidamente en cuenta el perjuicio real sufrido por el trabajador afectado en cada caso, entre otras cosas porque la posibilidad de obtener una indemnización adicional es muy limitada en estos momentos en España. Aunque algunos tribunales están reconociendo esta compensación, muchos otros no lo hacen, destaca el organismo. El Supremo se posicionó en contra el pasado diciembre, analizando un caso que tomaba como referencia un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, no la Carta Social Europea (pendiente de sentencia aún).

En conclusión, el Comité considera que el derecho a “una indemnización adecuada u otra reparación apropiada”, como exige el artículo 24.b de la Carta Social Europea “no está suficientemente garantizado” y por tanto España viola esta normativa internacional.

CCOO había insistido en su reclamación en el especial perjuicio de los trabajadores temporales en fraude, que encadenan contratos eventuales. El Comité considera que en caso de despido improcedente o de despido nulo de un trabajador temporal, las disposiciones aplicables son idénticas a las que operan con los trabajadores fijos, por lo que también considera la indemnización insuficientes y que viola la Carta Social.

Por otro lado, los magistrados no comparten la reclamación del sindicato en su petición de una indemnización por despido mínima, para garantizar una cuantía para el trabajador sea cual sea su antigüedad. El Comité señala que el establecimiento de dicha indemnización mínima “no sería suficientemente disuasorio para el empresario y no permitiría necesariamente que dicha indemnización fuera proporcional a la pérdida sufrida” por el trabajador.

Que los tribunales puedan ordenar la readmisión

Como novedad, esta resolución también se posiciona sobre la posibilidad de que los jueces ordenen la readmisión en determinados casos de despidos improcedentes, como pedía el sindicato. Ahora, es una decisión del empresario, salvo en el caso de los representantes legales de los trabajadores y delegados sindicales, que pueden decidir entre la indemnización o el regreso a su puesto de trabajo.

El Comité apunta que, si bien el artículo 24.b de la Carta Social Europea no se refiere explícitamente a la reincorporación del trabajador, sí hace referencia a la indemnización u “otra reparación apropiada”. Los magistrados consideran por tanto que estas medidas apropiadas “deberían incluir la readmisión como uno de los recursos de que disponen los tribunales nacionales en los casos de despido sin una razón válida”, que apunta que corresponde a los tribunales nacionales decidir en cada caso concreto.

En conclusión, los magistrados resuelven que “los tribunales nacionales deberían poder evaluar la idoneidad del restablecimiento en consulta con las partes en el procedimiento” y que la falta de esta posibilidad en España viola la Carta Social.

El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano del Consejo de Europa, ha admitido a trámite una denuncia contra España por el ingreso mínimo vital, la renta mínima contra la pobreza a nivel estatal, presentada por la ONG ATD Cuarto Mundo. Entre otras cuestiones, el comité vigilante del cumplimiento de la Carta Social Europea, comprobará si las devoluciones que exige la Seguridad Social, y que han criticado instituciones como el Defensor del Pueblo, cumplen con la legalidad europea.

La admisión a trámite del Comité Europeo del Consejo de Europa fue adoptada en una reunión plenaria el pasado 15 de mayo, pero se ha hecho pública este 16 de junio. “El Gobierno no presentó ninguna observación sobre la admisibilidad de la reclamación”, recoge la decisión del órgano con sede en Estrasburgo.

Tras los hechos y argumentos expuestos en la reclamación colectiva de la ONG, el Comité Europeo de Derechos Sociales analizarán si el ingreso mínimo vital (IMV) cumple con los artículos: 13 (derecho a la asistencia social y médica), 15 (derecho de las personas con discapacidad a la independencia, la integración social y la participación en la vida de la comunidad), 16 (derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica), 17 (derecho de los niños y los jóvenes a la protección social, jurídica y económica), 30 (derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social), 31 (derecho a la vivienda) y E (no discriminación).

“El Comité considera que las cuestiones objeto de la reclamación entran en el ámbito material de las disposiciones de la Carta invocadas y que la reclamación se refiere con suficiente precisión a disposiciones jurídicas nacionales específicas”, recoge la decisión, por lo que estima la denuncia de la ONG y abre un procedimiento contra España, que deberá justificar que la renta mínima estatal que acaba de cumplir cinco años garantiza los derechos europeos invocados.

Medidas cautelares por las devoluciones con un voto discrepante

La ONG Cuarto Mundo había pedido medidas cautelares al órgano europeo, por ejemplo en referencia a las devoluciones del IMV, de un total de 500 millones de euros desde su puesta en marcha hasta julio del año pasado, que denuncian que atentan contra los derechos de las personas más vulnerables. El Comité consideró que “la solicitud no establecía una situación tangible en la que las personas afectadas por la reclamación se enfrentaran a un riesgo de perjuicio o daño irreparable grave”, tal como exige el artículo 36.1 del Reglamento, por lo que decidió por 14 votos contra 1, que no era necesario instar a ninguna medida cautelar inmediata al Gobierno español.

El voto discrepante es de la catedrática de Derecho del Trabajo Carmen Salcedo Beltrán, la especialista española del Comité, que considera que los hechos y alegaciones de ATD Cuarto Mundo, entre ellas varias sentencias sobre devoluciones de ingreso mínimo vital, “demuestran que, a menos que se suspendan los procedimientos de reembolso, el perjuicio sufrido por los beneficiarios que viven en la pobreza será irreparable”.

“No es necesario un gran esfuerzo de interpretación para entender que si no se suspenden los procedimientos de reclamación de devoluciones, las personas afectadas, que viven en la pobreza, sufrirán un daño irreparable porque no podrán cubrir sus necesidades esenciales”, argumenta la magistrada, que critica que el Gobierno no haya respondido a la reclamación y que el Comité exija más concreción sobre el alcance de estas devoluciones a la ONG reclamante. “Teniendo en cuenta el contexto de la denuncia, deberían haberse indicado medidas inmediatas. Se trata de un caso en el que está en juego la dignidad humana”, indica la magistrada en su voto contrario.

El Gobierno tiene hasta el 14 de agosto para responder

El Comité Europeo de Derechos Sociales invita al Gobierno español a presentar alegaciones por escrito sobre el fondo de la reclamación antes del 14 de agosto de 2025. Tienen el mismo plazo para presentar observaciones las organizaciones de empresarios y de trabajadores, recuerda el órgano.

ATD Cuarto Mundo valora la admisión a trámite de la reclamación colectiva “como un éxito de la movilización social contra la ley del Ingreso Mínimo Vital y que, además, pone en entredicho la campaña triunfalista de los últimos días del Gobierno con motivo del quinto aniversario de la publicación de la ley”, destaca la ONG en un comunicado.

La organización exige además al Ejecutivo que, a la luz de esta admisión, “reconsidere su política de cobros indebidos de la que son conocedores, tanto del volumen, como por la gravedad para las personas que viven en situación de pobreza de la que somos a diario testigos del daño irreparable que se les está infligiendo”.

La ONG apunta que “este es el primer paso”, que inicia un proceso largo contra España, en el que transcurrirán meses hasta que haya una decisión del Comité. “Antes de que esto suceda, seguiremos apelando a su responsabilidad de cambio de ley que ponga en el centro la lucha contra la pobreza y no contra las personas que la padecen”, piden al Gobierno.

No corren buenos tiempos para el periodismo. Las guerras, especialmente en Ucrania y en Gaza, han provocado la muerte de informadores y la vulneración de derechos fundamentales, como la libertad de información y prensa. Los periodistas sufren amenazas, represión y detenciones en todo el continente, según señala en su informe anual la plataforma de seguridad de los periodistas del Consejo de Europa, que también apunta al auge de la ultraderecha como un problema para la labor periodística.

“La guerra siguió proyectando una pesada sombra sobre el periodismo”, dice el informe que se ha presentado este miércoles en Bruselas y que señala la de Ucrania como la “preocupación más acuciante” en 2024, un año en el que se recopilaron hasta siete casos de informadores “bajo el fuego”, como el caso del trabajador de Reuters Ryan Evans, que falleció en un ataque con misiles en el que varios de sus compañeros resultaron heridos. El caso que repite en varias ocasiones el informe es el de Viktoria Roshchyna, una freelance ucraniana que desapareció en agosto de 2023, cuando informaba desde los territorios ocupados: “En septiembre de 2024, las autoridades rusas anunciaron que había muerto durante un traslado a una cárcel de Moscú”.

“En los territorios ocupados de Ucrania, el trato de Rusia a los periodistas violó sistemáticamente las leyes de la guerra y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que garantizan la protección de los periodistas como civiles en zonas de conflicto armado. Al menos 28 periodistas ucranianos fueron encarcelados, mientras que a otros se les prohibió realizar su trabajo, se les obligó a huir o siguieron ejerciendo su profesión de incógnito con gran riesgo personal”, señala el informe.

La plataforma del Consejo de Europa también denuncia “la censura de guerra y las leyes draconianas” en Rusia “que penalizan las críticas a las autoridades del Estado intensificaron la supresión del periodismo independiente”. Al menos 29 periodistas estaban encarcelados en ese país en 2024 y varios fueron condenados por rebeldía al mismo tiempo que se endureció la ley para facilitar su persecución bajo la premisa de los “agentes extranjeros”.

En todo caso, las detenciones de periodistas no son exclusivas de Rusia. A fecha de 31 de diciembre, 159 periodistas estaban encarcelados en todo el continente: 44 en Bielorrusia; 30 en Azerbaijan; 29 en Rusia, además de los 28 en los territorios ucranianos ocupados; 27 en Turquía, y uno en Georgia.

Las vulneraciones de la labor periodística tampoco son exclusivas de Rusia. Las alarmas han sonado ante el debate en el Parlamento ucraniano de un proyecto de ley que proponía penas de ocho años de prisión por publicar 'información confidencial' en tiempo de guerra, lo que puede suponer una persecución de los periodistas de investigación.

También en la guerra en Gaza se han producido ataques a los periodistas. De hecho, se han denunciado “las restricciones impuestas a la información sobre una crisis mundial de tal envergadura” al mismo tiempo que las plataformas de defensa de la libertad de información “instaron a las autoridades israelíes a permitir el acceso de la prensa internacional” a la Franja de Gaza y a “garantizar la seguridad de los periodistas palestinos”. “Dada la prohibición de informar, estos periodistas siguen siendo fuentes esenciales de información sobre el desarrollo de la crisis”, recoge el informe.

En este caso, es más duro el informe de Reporteros sin Fronteras, que señaló ese conflicto como el más peligroso para informar. El ejército israelí mató a un tercio de los periodistas asesinados en 2024 en todo el mundo. Desde octubre de 2023, Israel asesinó a 145 periodistas. Además, ese país se convirtió en la tercera prisión más grande para los periodistas, por detrás de China y Birmania.

Desde que se creó la plataforma de seguridad de la prensa anexa al Consejo de Europa en 2015, tras el atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo, las alertas por amenazas al trabajo de los informadores se ha incrementado, sobre todo después de la pandemia. En 2024, registró 266 casos, que abarcan desde agresiones físicas, detenciones, intimidación y otras acciones restrictivas al derecho a la información. 78 de los avisos fueron por agresiones físicas o peligro a la integridad de los periodistas (un sustancial incremento respecto a los 52 recogidos el año anterior) y 77 se engloban en la categoría de acoso e intimidación.

Uno de ellos fue la amenaza del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a elDiario.es. “Os vamos a triturar”, le dijo ese alto cargo a la adjunta al director, Esther Palomera, a raíz de la información sobre el cobro de dos millones en comisiones por la venta de mascarillas por parte del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. España sale otras seis veces en ese informe, entre ellas por la preocupación por el decreto para reducir las mayorías necesarias nombrar al consejo de administración de RTVE que, para la plataforma, puede “debilitar” la independencia del ente público.

Los peligros de Trump y la 'tecnocasta'

El informe dedica un capítulo entero al auge de la ultraderecha en las elecciones europeas y a nivel local y nacional en el continente así como su irrupción en gobiernos de coalición. “Estos avances electorales de partidos conocidos por sus ideologías iliberales - y su hostilidad hacia la prensa- suponen una importante amenaza para las coaliciones que tradicionalmente han defendido la libertad de los medios de comunicación y el pluralismo en la Unión Europea y el Consejo de Europa”, expresa el informe, que advierte de que ese “cambio podría afectar” al modo en el que los estados miembros aplicarán los preceptos de la ley de libertad de medios, que obligará, entre otras cosas, a los medios a publicar información sobre quiénes son sus propietarios y a las administraciones públicas a dar transparencia a la publicidad institucional.

Igualmente, admite que “la victoria de Trump en las elecciones de noviembre de 2024 hizo saltar las alarmas”. “Los medios estadounidenses reconocen que las amenazas legales, incluidas las demandas por difamación, las citaciones a los medios de comunicación y las presiones sobre la protección de los denunciantes, es probable que aumenten. La Ley de Espionaje, que se aplicó en el caso de Julian Assange, corre el riesgo de ser utilizada mucho más activamente contra los periodistas, dentro y fuera del país”, afirma el informe, que también recuerda la resolución del Consejo de Europa que pidió a EEUU reformar la ley de espionaje para no volver a usarla contra periodistas o denunciantes.

El acercamiento de los líderes estadounidenses de las grandes tecnológicas, muchos de ellos partidarios del 'absolutismo de la libertad de expresión', y Donald Trump se interpreta como un riesgo para los esfuerzos europeos destinados a regular las plataformas sociales. Se espera que ponga a prueba la eficacia de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea y los esfuerzos europeos para luchar contra la desinformación y la incitación al odio. La ambición europea de ser una potencia normativa mundial inspirada en el Derecho internacional de los derechos humanos se ve claramente amenazada por lo que está ocurriendo“, apunta el informe, que considera que la ”alianza de Trump y Elon Musk“ va a afectar a Europa y, en concreto, a los procesos electorales, después del apoyo del dueño de X a fuerzas de ultraderecha como Alternativa por Alemania.

En octubre de 2020 se apagó la luz en una parte del mayor asentamiento irregular de España, la Cañada Real. Desde entonces más de 4.500 personas de los sectores 5 y 6 tratan de sobrevivir sin suministro eléctrico. El Consejo de Europa ha confirmado esta semana un fallo contundente contra España por la vulneración de los derechos humanos en la Cañada Real. La resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) confirma que los cortes de luz prolongados constituyen una violación de, al menos, siete artículos de la Carta Social Europea, que protege el derecho a una vivienda adecuada y a condiciones de vida dignas, y pide a todas las administraciones una solución “urgente”.

Según el fallo del comité, “las condiciones de vida en la Cañada Real no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad, especialmente en los meses más fríos, con temperaturas dentro de las viviendas por debajo de los 10 grados centígrados en invierno y por encima de los 40 en verano”. Además, el informe recoge que “en ausencia de electricidad, los afectados han tenido que recurrir a fuentes de energía alternativas como generadores de diésel, estufas de leña y paneles solares de segunda mano, lo que ha provocado incendios y accidentes graves”.

La decisión no tiene precedentes, dado que nunca se habían vinculado los derechos sociales con la energía y deja claro que el Estado debe garantizar el suministro de electricidad por encima de los intereses de cualquier empresa privada, en este caso Naturgy. María López, portavoz de la plataforma cívica por la luz en Cañada Real, califica la decisión como “histórica”,

Más de cuatro años en la oscuridad

La empresa Naturgy cortó el suministro a miles de personas alegando sobrecargas en la red provocadas por enganches ilegales y el cultivo de marihuana en la zona. Es el mismo argumento que ha esgrimido el Gobierno de España para defenderse ante el comité europeo. Sin embargo, los vecinos han denunciado reiteradamente que la mayoría de las familias afectadas son ajenas a estas prácticas y que se les ha privado de un derecho básico sin alternativas viables.

La falta de electricidad ha supuesto un deterioro drástico de las condiciones de vida de los afectados, especialmente para los 1.800 menores de edad que viven en la zona. Sin calefacción ni agua caliente, muchas familias han recurrido a estufas de gas y generadores, lo que ya ha provocado varios episodios de incendios e intoxicaciones. Además, los niños en edad escolar sufren graves dificultades para acceder a la educación sin luz para estudiar o acceso a dispositivos electrónicos cargados.

Ese, el de la falta de luz, no es el único problema que enfrentan los vecinos: los derribos de viviendas o el vertido de escombros en la zona arrinconan todavía más a la población de la Cañada Real. En 2021, por ejemplo, se llevó a cabo la demolición de una vivienda habitada por una familia con tres hijos menores, sin que se agotaran las vías legales pertinentes ni se ofreciera una alternativa habitacional adecuada. Por ese motivo se ha cursado una denuncia contra altos cargos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid en que la Fiscalía les pide 10 años de prisión.

La decisión del Consejo de Europa

El Comité Europeo de Derechos Sociales considera que España ha incumplido sus obligaciones en materia de acceso a una vivienda adecuada, salud y bienestar infantil. Según el fallo, la administración ha fracasado en garantizar unos estándares mínimos de vida para las familias afectadas y no ha tomado medidas suficientes para restablecer el suministro o encontrar soluciones alternativas.

El informe subraya que la energía es un servicio esencial y que su privación prolongada compromete derechos fundamentales. Además, denuncia que los planes de realojo propuestos por la Comunidad de Madrid han sido insuficientes y han dejado a cientos de familias en un limbo administrativo. “El Estado español ha fallado en su deber de proteger a los residentes de Cañada Real contra la pobreza y la exclusión social, al no tomar medidas efectivas dentro de un marco coordinado”, señala el documento del Consejo de Europa.

La sentencia, inédita hasta la fecha, también subraya que “el tiempo estimado para el realojo completo de los afectados es excesivamente largo desde el inicio de los cortes, lo que prolonga la situación de vulnerabilidad y exclusión”.

Desde el Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid afirman que “la única vía que garantiza el acceso a una vivienda digna y adecuada a los residentes en la Cañada Real es el realojo”. El consistorio sostiene que esta medida “no es cuestionada” por la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales. Asimismo, fuentes del área afirman que “respetan, como no puede ser de otra manera, la decisión del Comité”, pero recalcan que “el fallo no obliga a las administraciones públicas españolas al restablecimiento del suministro eléctrico, sino a realizar actuaciones que garanticen el acceso efectivo a una vivienda de calidad”.

Según el consistorio, en 2024 “el Estado tomó conciencia de que debía ser parte activa de la solución de la Cañada Real” y se planteó incorporarse a los realojos con una aportación a través del Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada, firmado en abril de ese año por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Rivas. Dicho plan contempla una inversión de 330 millones de euros en los realojos durante 10 años (2024-2034), repartidos de la siguiente manera: 110 millones del Estado, 110 millones de la Comunidad de Madrid y 110 millones a dividir entre Rivas y Madrid, según la proporción de familias afectadas.

Reacciones a la condena europea

El fallo ha sido recibido con satisfacción por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales. Amnistía Internacional ha celebrado la decisión y ha instado a las administraciones a cumplir con sus obligaciones y restablecer de inmediato el suministro eléctrico. “Este fallo es una victoria para los derechos humanos y deja en evidencia el abandono institucional que han sufrido estas familias”, ha declarado la organización en un comunicado.

El Defensor del Pueblo también pidió el lunes pasado, tras una reunión con representantes de la Plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real, una solución inmediata a la “emergencia humanitaria” que se vive en la zona. Ángel Gabilondo también recordó que en el año 2020 ya solicitó medidas urgentes tanto a la Delegación del Gobierno como a la Comunidad de Madrid para garantizar el acceso a la electricidad. Además, denunció las declaraciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque consideraba que se había abordado el tema con “ligereza”, “falta de mesura” y “aporofobia”.

En el plano político, Rita Maestre, líder de Más Madrid en el Ayuntamiento, aseguró que desde la firma del Pacto Regional por la Cañada Real en 2017 las administraciones implicadas no solo han incumplido sus obligaciones, sino que “parecen estar forzando la expulsión de estos residentes”. Por su parte, la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, insistió en la necesidad de una nueva Estrategia de Inclusión para el pueblo gitano en 2025, ante la persistente discriminación en educación, empleo y vivienda.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, defendió este miércoles la actuación de la Comunidad tras la condena del Consejo de Europa. “Desde la Comunidad llevamos muchísimo tiempo comprometidos y trabajando en el marco de nuestras competencias, que son los de vivienda y realojo. Somos la administración que más recursos hemos aportado”, afirmó tras el Consejo de Gobierno. Además, criticó la “falta de acción” por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, responsabilizándola de no abordar el problema de seguridad y drogas en la zona, que, según García, es competencia de la Administración General del Estado.

El ministro de Derechos Sociales del Gobierno de España, Pablo Bustinduy, se reunió también con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para coordinar medidas urgentes que restablezcan el suministro eléctrico en la Cañada Real. Tras el encuentro, Bustinduy destacó la necesidad de una “acción conjunta entre administraciones” y la reactivación del Grupo de Trabajo Interministerial para abordar esta crisis y que se trata de un problema “humanitario”.

La condena del Consejo de Europa marca un punto de inflexión en la crisis de la Cañada Real, al reconocer la privación prolongada de electricidad como una vulneración de derechos fundamentales. El Estado, que reconoce la autoridad del comité, está obligado ahora a actuar para garantizar que todas las administraciones con competencias velan para encontrar una solución a una crisis humanitaria que hace más de cuatro años que dura.

El Consejo de Europa pide a España que reforme la indemnización por despido improcedente. El órgano europeo ha dictado una recomendación este miércoles para que el Gobierno revise la legislación laboral sobre el coste del despido a raíz de que el Comité Europeo de Derechos Sociales fallara en contra de España por vulnerar la Carta Social Europea. Resolvió que la actual indemnización de 33 días por año trabajado no cumple con la regulación europea, en respuesta a la denuncia que presentó el sindicato UGT.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa, el órgano ejecutivo de la organización y donde están representados los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, ha dictado esta mañana su recomendación para España como “seguimiento a la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales publicada el 29 de julio de 2024 sobre la reclamación colectiva 'Unión General de Trabajadores (UGT) c. España”, indica el órgano.

“En dicha decisión, el CEDS concluyó que la legislación española no ofrece suficiente protección a los trabajadores en caso de extinción de la relación laboral por despido improcedente y, por lo tanto, infringe la Carta Social Europea Revisada”, recuerda el Consejo de Europa a España.

En concreto, consideró que “los límites máximos fijados por la legislación española no son suficientemente elevados para reparar el daño sufrido por la víctima”, ni sirven para “ser disuasorios para el empresario”.

Hay que revisar la legislación

La decisión del Consejo de Europa incide en una pelea interna dentro del Gobierno de coalición. Mientras que el Ministerio de Trabajo, en manos de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, insisten en que hay que reformar la indemnización por despido, como reclama también UGT, en el ala socialista se ha seguido defendiendo que la normativa española es “coherente” con la Carta Social Europea y que no era necesaria una modificación legal.

El Consejo de Europa considera que España sí debe reformar su legislación en materia de despido. En concreto, insta al Gobierno a que “proceda a revisar y modificar la legislación pertinente según lo previsto en el Plan Anual Normativo 2024 para garantizar que la indemnización concedida en casos de despido ilegal, y cualquier baremo utilizado para calcularla, tenga en cuenta el daño real sufrido por las víctimas y las circunstancias individuales de su caso”.

Además, recomienda que España “prosiga los esfuerzos para garantizar que la cuantía de las indemnizaciones pecuniarias y no pecuniarias concedidas a las víctimas de despido improcedente sin causa justificada sea disuasoria para el empresario, con el fin de garantizar la protección de los trabajadores frente a este tipo de despidos improcedentes”.

España vulnera media docena de artículos de la Carta Social Europea. Según una resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Estado ha fallado en la protección de familias, menores y mayores afectados desde hace más de cuatro años por los cortes de luz en la Cañada Real y que se enfrentan a otro invierno gélido sin electricidad en la comunidad autónoma que presume de ser la más rica del país que se jacta, a su vez, de ser el que más crece de la Unión Europea, pero que, según esta resolución, no ha adoptado “medidas adecuadas” para “garantizar una vivienda adecuada” ni para evitar a las personas afectadas las enfermedades relacionadas con la falta de suministro.

En concreto, el Comité considera, por unanimidad, que España viola el artículo 31.1 de la Carta, que compromete a sus firmantes a “favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente”; y el 11, que garantiza el derecho a la protección de la salud, al señalar que el Estado no ha hecho lo suficiente por eliminar las causas de una salud deficiente de estas personas ni para prevenir enfermedades epidémicas y endémicas.

La resolución va más allá y señala que los cortes de luz en la Cañada Real afecta especialmente a los más pequeños. En los sectores 5 y 6, afectados por el parón de suministro, viven alrededor de 1.800 niños y niñas a los que, según el Consejo de Europa, el Estado no ha garantizado su derecho a la educación. También a las personas mayores, que no están disfrutando a su derecho, reconocido por España, a una protección social y una vida digna.

Según el documento, “el Gobierno sostiene que las plantaciones intensivas de marihuana, ubicadas en estos sectores activan dispositivos de seguridad instalados por la empresa eléctrica Naturgy y provocan así un apagón permanente en la red”. Sin embargo, las administración no han resuelto en cuatro años el problema, que, según las organizaciones querellantes “han provocado un grave impacto en la vida de las personas que habitan” la Cañada.

La resolución no se queda solo en los derechos que vulnera el Estado español. Pone ejemplos concretos de cómo esta dejadez afecta a familias a las que no se protege contra la pobreza ni la exclusión social, a niños que no tiene acceso a una educación de calidad y a mayores vulnerables. Ante la falta de electricidad, “los hogares afectados tuvieron que comprar, dentro de sus posibilidades, fuentes alternativas de energía”. Paneles solares de segunda mano, calentadores, cocinas de butano, estufas o velas, que según las organización provocaron “más de cinco incendios y explosiones con cuatro heridos graves y la muerte de un hombre en 2023”, además de “25 intoxicaciones causadas por la contaminación de los generadores de gasolina y dos incendios por las velas” durante el invierno pasado.

El Consejo de Europa se pronuncia tras una reclamación presentada por Comisiones Obreras, Defence for Children International, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar, la Asociación Europea de Magistrados por la Democracia y la Libertad (Medel, por sus siglas en inglés) y ATD Fourth World. En concreto, el Comité admitió la queja en octubre de 2022 y exigió al Gobierno que presentara alegaciones antes del 15 de diciembre de ese año. Las justificaciones de las partes se prolongaron después hasta junio de 2023, incluidas las observaciones del Defensor del Pueblo en calidad de tercero.

El Consejo ya había pedido entonces, en 2022, al Gobierno español que tomara “medidas inmediatas” para resolver los problemas de luz en la Cañada, sin que su exigencia tuviera repercusiones prácticas. La resolución, a la que ha tenido acceso este medio, está ya en manos del Ejecutivo y deberá ser publicada, como mucho, el 26 de febrero de 2025.

Un informe del Consejo de Europa pide a las administraciones públicas el reconocimiento de las lenguas extremeñas: el estremeñu, la fala y el portugués rayano. Además, también ha reclamado que, para su protección, se faciliten los medios para su enseñanza y estudio.

En concreto, ese informe ha señalado a España por no haber llevado a cabo “acciones decididas” para promover tanto el estremeñu como la fala o el portugués rayano y apunta hacia un incumplimiento mayoritario del artículo 7 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que pide promover las diferentes variedades lingüísticas del país como una expresión de riqueza cultural.

Estremeñu

El Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y su Cultura (OSCEC) ha expresado su satisfacción por el informe del Consejo de Europa que insta a las administraciones públicas a reconocer el estremeñu como bien de interés cultural y facilitar medios para enseñarlo y estudiarlo porque no ha sido fomentado ni de forma oral ni escrita en la vida pública y privada, por lo que espera “más apoyo y acciones” administrativas para facilitar el uso de la lengua.

Asimismo, la OSCEC señala que el Consejo de Europa también indica que no se han puesto medios “para la enseñanza y el estudio” de dicha lengua y no se han promovido estudios e investigaciones en torno a esta variedad lingüística en las universidades o centros equivalentes. Por ello, pide a la Junta de Extremadura, que es quien posee la competencia en materia lingüística, que lo reconozca como Bien de Interés Cultural (BIC), facilitar medios para la enseñanza y el estudio de la lengua en el sistema educativo, apoyar su uso y presencia tanto en radio y televisión como en prensa escrita y medios digitales.

También insta a proporcionar financiación específica a organizaciones que apoyen la protección y promoción del estremeñu en Extremadura, promover su estudio e investigación en el ámbito académico universitario y establecer un órgano institucional consultivo para asesoramiento en materia lingüística.

El presidente de OSCEC, Daniel Gordo, ha destacado la importancia de este reconocimiento para la lengua extremeña, porque supone un gran impulso para su normalización y para que la sociedad extremeña comience a ser consciente de sus lenguas propias.

Fala y portugués rayano

En el caso de la lengua del Valle de Xálima, el Comité de Expertos pide incluir el estudio de la fala en la educación general y aumentar su presencia en programas de televisión y radio y en medios impresos y online en la comunidad.

Además, recomienda proporcionar financiación específica a las organizaciones que apoyan la protección y promoción de esta lengua y apoyar el trabajo iniciado para la elaboración de una ortografía común.

En el caso del portugués rayano, el Consejo de Europa también pide su inclusión en medios de comunicación así como una oferta de estudio del portugués rayano a nivel universitario.

Julian Assange se llevó un reconocimiento en su primer viaje fuera de Australia desde que fue liberado. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa le declarado “preso político” en una resolución que se ha votado este miércoles tras escuchar al fundador de WikiLeaks la jornada anterior. El texto ha salido adelante con 88 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, entre las que se encuentran los diputados del PP de Alberto Núñez Feijóo (otros miembros de su familia política han secundado la declaración).

“La Asamblea considera que los cargos desproporcionadamente graves presentados por los Estados Unidos de América contra Julian Assange en virtud de la Ley de Espionaje, que lo exponen a un riesgo de cadena perpetua de facto, combinados con su condena y sentencia en virtud de la Ley de Espionaje (...) justifican la designación del Sr. Assange como preso político”, señala el texto.

La resolución del organismo, en el que están representados 46 países del continente, también reclama a Estados Unidos que modifique su ley de espionaje para que no vuelva a utilizarse contra periodistas o denunciantes. De hecho, los diputados consideran que se hizo un “incorrecto uso” de esa norma de 1917 en el caso Assange causando “un efecto disuasorio peligroso, disuadiendo a editores, periodistas y denunciantes de informar sobre la mala conducta gubernamental”.

Además, reclama al país (que es un país observador del Consejo de Europa) que lleve a cabo investigaciones “exhaustivas, imparciales y transparentes” sobre los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos revelados por WikiLeaks, además de que coopere con la investigación judicial la denuncia de espionaje por parte de la CIA durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres.

Assange compareció ante los diputados este martes y relató su batalla legal y personal durante los últimos 14 años hasta que llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense. “No soy libre porque el sistema haya funcionado, sino por declararme culpable de hacer periodismo. Me declaré culpable de buscar información de una fuente”, afirmó el fundador de WikiLeaks, que admitió que ahora tiene que “readaptarse” a la vida en libertad.

“Espero que mi testimonio de hoy sirva para poner de relieve los puntos débiles de las salvaguardias existentes y ayudar a aquellos cuyos casos son menos visibles, pero que son igual de vulnerables”, defendió durante su intervención, en la que habló de forma pausada y con varias interrupciones por carraspeos y para beber agua.

El viaje de Assange a Estrasburgo ha sido su primera salida de Australia desde que volvió tras alcanzar el acuerdo con Estados Unidos, que implica que no pueda pleitear por el acoso al que ha sido sometido durante estos 14 años, cuando WikiLeaks publicó miles de cables diplomáticos con relevante información que sacó a la luz irregularidades militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Allí empezó su persecución judicial, que le llevó a estar encerrado durante más de una década.

“No soy libre porque el sistema haya funcionado, sino por declararme culpable de hacer periodismo. Me declaré culpable de buscar información de una fuente”. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha roto su silencio tres meses después de quedar en libertad y volver a su Australia natal tras años encarcelado o encerrado en la embajada de Ecuador por la persecución judicial en Estados Unidos por la revelación de documentos clasificados a través de esa plataforma. Assange fue invitado por la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, que este martes debate una resolución sobre la implicaciones de su caso en los derechos humanos.

Assange ha comenzado haciendo un relato de lo duros que han sido los últimos años de su vida, primero asilado bajo el Gobierno de Rafael Correa para evitar ser extraditado a Suecia, donde estaba acusado de delitos sexuales, y después encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Londres, donde fue detenido en nombre de Estados Unidos, que había solicitado su extradición. Allí permaneció cinco años hasta que llegó al acuerdo para su liberación con ese país, que le acusaba de alentar y ayudar al exsoldado Chelsea Manning a robar los archivos militares. Por los 18 cargos que le atribuían se enfrentaba hasta 175 años de cárcel.

La comparecencia de Assange ha sido un alegato por la libertad de prensa. “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, ha lamentado el fundador de WikiLeaks, que ha advertido de que “la represión trasnacional no se puede convertir en la norma”, en referencia a la persecución de Estados Unidos, que le llevó a estar bajo la lupa de las autoridades de distintos países.

“Los periodistas no deben ser perseguidos por hacer su trabajo, el periodismo es el pilar de nuestra sociedad”, ha dicho Assange en un momento de su intervención en el que ha provocado el aplauso de los diputados presentes en la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, donde están representados 46 países del continente. Assange ha hecho referencia a los informadores que mueren en conflictos, entre los que ha citado el de Ucrania o Gaza: “Es preocupante que la alineación política y geopolítica de las organizaciones de medios de comunicación haga que no cubran a esas víctimas o que cubran sólo a determinadas víctimas. Es una ruptura de la solidaridad periodística”.

“Espero que mi testimonio de hoy sirva para poner de relieve los puntos débiles de las salvaguardias existentes y ayudar a aquellos cuyos casos son menos visibles, pero que son igual de vulnerables”, ha defendido durante su intervención, en la que ha hablado de forma pausada y con varias interrupciones por carraspeos y para beber agua.

El viaje de Assange a Estrasburgo ha sido su primera salida de Australia desde que volvió tras alcanzar el acuerdo con Estados Unidos, que implica que no pueda pleitear por el acoso al que ha sido sometido durante estos 14 años, cuando WikiLeaks publicó miles de cables diplomáticos con relevante información que sacó a la luz irregularidades militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Allí empezó su persecución judicial, que le llevó a estar encerrado durante más de una década. Ahora, ha dicho, tiene que “readaptarse” a la vida en libertad.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha abierto a negociar “sobre el consenso y el bilingüismo cordial” la recuperación de la enseñanza en gallego de las asignaturas científicas, algo que se permitía hasta que el PP lo prohibió con su decreto de 2010, poco después de que Alberto Núñez Feijóo accediese a la presidencia de Galicia. Esa marcha atrás es una de las “acciones inmediatas” reclamadas por el Consejo de Europa para que en Galicia se cumpla la Carta Europea de las Lenguas y se garantice el derecho de los hablantes del idioma a utilizarlo en la vida privada y en la pública.

En su comparecencia tras la reunión del Consello de la Xunta, Rueda quiso ver la botella media llena. Recordó que el informe del Consejo reconocía en primer lugar que España es el país donde las lenguas cooficiales tienen “más protección, mucha más” y que, dentro del Estado, “el gallego es la lengua cooficial más utilizada habitualmente” y con mayor conocimiento de lectoescritura.

El presidente gallego atribuyó esas cifras a que “hace tiempo que el tema de la lengua está fuera de la discusión política” y por eso añadió que “si hubiese algún cambio, me gustaría que fuese sobre el consenso y la base del bilingüismo cordial”. Rueda añadió, en referencia al BNG, aunque sin nombrarlo, que “si este informe va a servir para que algún grupo de la oposición empiece otra vez a proponer caminos o postursa que en Galicia hace mucho que están descartadas, me parecería un error”. “A partir de ahí, se puede hablar de todo”, concluyó antes de recordar que el conselleiro de Cultura, José López Campos, “se está moviendo en ese sentido”.

Pide consenso tras romperlo

En el turno de preguntas, a Rueda se le señaló la contradicción de reclamar un consenso que existía hasta que el PP llegó a romperlo. “La postura de si no estás de acuerdo conmigo, estás rompiendo el consenso tiene dos maneras de verlo”, respondió. “Es conocida nuestra postura en la materia y valorada. Cada vez que hay elecciones, la gente también opina sobre un tema que me parece especialmente importante”.

Tras conocer las conclusiones del informe del Consejo de Europa, la Real Academia Galega emitió un comunicado exigiendo cumplir sus recomendaciones urgentes, una postura que comparte con los dos grupos de la oposición de izquierda, BNG y PSOE. Fue durante el gobierno bipartito de ambas formaciones cuando el PP puso en marcha una campaña de denuncia de una supuesta imposición lingüística que fructificó, una vez alcanzada la Xunta, en el decreto de 2010.

Tanto con la Academia -con quien ya lo hizo- como con los partidos de la oposición tiene intención de “discutir” la cuestión el conselleiro de Cultura, José López Campos, dentro del pacto por el gallego que anunció para finales de año. Campos es el nuevo responsable de lengua en la Xunta, después de que la remodelación del gobierno tras las autonómicas de febrero, segregase su departamento de Educación y le asignase el área de Lingua.

Y fue, precisamente, el titular de Educación, Román Rodríguez, quien primero pasó la pelota a su compañero. Tras conocerse el dictamen del Consejo, se lavó las manos ante la posibilidad de un cambio en el idioma en que se imparten las asignaturas científicas y remitió cualquier hipotética modificación al susodicho pacto impulsado por Cultura.

La Real Academia Galega exige a la Xunta de Galicia que levante las limitaciones a la enseñanza en lengua gallega que estableció en 2010 el denominado Decreto de Plurilingüismo. Ya lo había solicitado en otras ocasiones. Ahora lo reitera después de conocer las recomendaciones de actuación inmediatas de la comisión de expertos del Consejo de Europa, encargada de vigilar el cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. Eliminar la prohibición de impartir en gallego asignaturas de ciencias es una de ellas.

La medida la adoptó el primer gabinete de Alberto Núñez Feijóo. El Partido Popular se había embarcado, durante la legislatura que gobernó el bipartito de PSdeG y BNG, en una dinámica de movilizaciones contra la educación en gallego. Cuando Feijóo ganó, contra pronóstico y tras una escandalosa campaña electoral, las elecciones de 2009, no tardó en reducir la presencia del gallego en la escuela. Era la primera vez que pasaba desde la caída de la dictadura franquista. En aquel momento, la Academia y otras entidades oficiales como el Consello da Cultura Galega, partidos de la oposición, sindicatos, asociaciones de escritores y editores, protestaron y le pidieron que rectificase. No lo hizo. Tampoco en ninguno de sus sucesivos gobiernos y, de momento, tampoco Alfonso Rueda.

El uso y la transmisión del gallego, mientras, ha ido descendiendo, según apuntan los expertos. El Consejo de Europa ha avisado al Gobierno gallego en numerosas ocasiones de que su política incumplía la Carta Europea que España suscribió en la etapa de Aznar. Por ejemplo, recuerda el académico Henrique Monteagudo, “el establecimiento de una línea educativa en gallego, catalán y eusquera desde la enseñanza infantil”. En Galicia no se ha realizado. El comité de expertos del organismo europeo ha criticado el mencionado y vigente Decreto de Plurilingüismo y conmina a la Xunta a garantizar el uso del gallego en los centros sociosanitarios. También el Gobierno central debe asegurar, señala, que las personas gallegohablantes se puedan relacionar en gallego con la Administración del Estado.

El Ejecutivo de Alfonso Rueda -quien llegó a participar en una manifestación contra el gallego antes de la victoria de Feijóo en 2009- todavía no ha reaccionado al informe del Consejo de Europa. Pero este miércoles su partido, el Popular, ha votado en contra del uso en el Senado del gallego y las demás lenguas cooficiales.

El Consejo de Europa ha lanzado una serie de recomendaciones a las autoridades españolas con el objetivo de que se cumpla con la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias; entre ellas que se eliminen las limitaciones que impiden el uso del gallego como lengua de enseñanza en asignaturas científicas.

En su informe de evaluación de España sobre la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, recogido por EFE, los expertos del Consejo de Europa se muestran preocupados porque no se cumplan con los compromisos contraídos en virtud del acuerdo, de manera que lanzan hasta cuatro recomendaciones “de acción inmediata” para que se garantice el derecho a utilizar el gallego tanto en la vida privada como en la pública.

La Comisión Europea señala la necesidad de que se eliminen las limitaciones que impiden el uso del gallego en asignaturas como matemáticas, física, química o tecnología, amparada en el decreto 79/2010 que aprobó el gobierno de la Xunta presidido por Alberto Núñez Feijóo, y que ha sido muy criticado tanto por la comunidad educativa como por los principales partidos de la oposición.

Ademas, también recomiendan que se adopten medidas para “garantizar el uso del gallego en los centros de asistencia social y sanitaria”; así como que “los hablantes de gallego puedan interactuar en gallego con las dependencias locales de la administración del Estado”.

Por último, piden que se vele por que la legislación “garantice que los tribunales lleven a cabo procedimientos penales, civiles y administrativos en gallego a petición de una de las partes, y adoptar medidas para garantizar que esto se cumpla en la práctica”.

Además, desde la Comisión señalan otra serie de recomendaciones, ellas “restablecer una versión en gallego del Boletín Oficial del Estado” o “facilitar información sobre la disponibilidad de los derechos de los consumidores en gallego”.

Falta de garantías

En materia educativa, también solicitan que la enseñanza en gallego “esté disponible en todos los niveles”, que se adopten medidas para garantizar “una presencia proporcionada del gallego en el nivel preescolar en los centros urbanos importantes”; y que se elaboren “materiales didácticos en gallego para la enseñanza técnica y profesional, incluida la enseñanza a distancia”.

En relación a la justicia, piden que se ponga a disposición datos desagregados sobre “el número de procedimientos penales, civiles y administrativos llevados a cabo en gallego o en los que se utilizó el gallego”; “desarrollar un software que prevea la posibilidad de utilizar formularios, modelos o documentos en gallego para ayudar eficazmente en el proceso judicial, así como proporcionar a los ciudadanos canales de comunicación con la administración de justicia en gallego” y “poner a disposición del público los textos y formularios administrativos estatales de uso generalizado en gallego”.

Según los datos del informe, en Galicia el 88 % de la población entiende el gallego y el 62 % lo escribe. Además, de forma general, el uso del gallego se facilita y fomenta tanto en la vida pública como en la privada.

Entre los principales incumplimientos de la Carta Europea, la Comisión advierte que en el ámbito judicial “no se garantiza que los tribunales puedan llevar a cabo procedimientos (penales, civiles o relacionados con asuntos administrativos) en gallego”.

También señala que se incumple “parcialmente” que se garantice una educación en gallego en las etapas de preescolar, así como que se publiquen los textos legislativos nacionales más importantes en las lenguas cooficiales, ya que el Boletín Oficial del Estado dejó de publicarse en gallego en 2021.

En lo que respecta a los a los órganos de la administración estatal, no se cumple con la correcta formación de los empleados públicos en administraciones locales en el uso del gallego; ni se garantiza la tramitación de documentos y expedientes o reclamaciones en esta lengua.

Varapalo del Consejo de Europa hacia la sentencia que obliga a extender el 25% de castellano en todos los colegios de Catalunya. En su informe hecho público este martes, el Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias muestra “gran preocupación” ante la decisión del tribunal sobre la inmersión, y advierte también sobre el “deterioro” del valenciano en la Comunitat Valenciana y del catalán en Illes Balears debido a las políticas del Gobierno del PP contra su protección.

Aunque no es vinculante, este es un análisis periódico que hace el Consejo de Europa acerca del cumplimiento de cada país respecto a la protección de las lenguas minoritarias. Es el sexto desde que España firmó la Carta en 2001. Y de la misma forma que suele destacar un sistema español de promoción de las lenguas regionales bien desarrollado, también le recuerda no pocas asignaturas pendientes, la más evidente de la Justicia, un ámbito de la administración donde el uso de las lenguas cooficiales y minoritarias no está garantizado.  

En sus conclusiones, los autores celebran también la introducción de las lenguas cooficiales en el Congreso, así como la solicitud de que la UE incluya catalán, vasco y gallego como idiomas oficiales. “El Comité de Expertos elogia a las autoridades españolas por esas iniciativas”, expresan. Este mismo martes el Gobierno ha pedido un “nuevo impulso” al Parlamento Europeo para incluir dichas lenguas y lo ha calificado de “asunto prioritario” para el Ejecutivo.

Contra la sentencia del 25%

En sus anteriores informes, el Consejo de Europa ya había avalado el modelo de inmersión lingüística en Catalunya, que tiene el catalán como lengua de uso en las aulas, pero en esta nueva edición ha recriminado directamente a los tribunales la sentencia que obliga a introducir un 25% de castellano como mínimo en todas las escuelas e institutos. “Las recientes decisiones judiciales sobre los modelos lingüísticos de las escuelas en las comunidades autónomas son un motivo de gran preocupación”, señala. 

Y añade: “Fijar un porcentaje mínimo de enseñanzas en castellano para cada escuela individualmente va en contra de las obligaciones aceptadas por España en el artículo 8 de la Carta”. Con todo, reconoce también que se puede reforzar el castellano como lengua vehicular para salvaguardar su aprendizaje si es necesario por razones sociales y lingüísticas. 

En el caso catalán, cabe recordar que el Tribunal Supremo ratificó la sentencia para extender este porcentaje mínimo de castellano a todo el sistema educativo, pero un cambio legislativo en el Parlament ha dejado su resolución pendiente del Tribunal Constitucional. La nueva legislación mantiene el catalán como lengua de uso, pero introduce el castellano también como idioma curricular. 

El retroceso con los gobiernos del PP

Sin mencionar a formaciones políticas concretas, el Comité de Expertos deja un recado a las comunidades gobernadas por el PP como Comunitat Valenciana, Illes Balears y Aragón, donde lamenta la adopción de medidas que también van en contra de la protección de las lenguas minoritarias establecida en la Carta.  

En el caso balear, critica el decreto 5/2023 que elimina el requisito de saber catalán para la sanidad, lo que considera “especialmente lamentable”. Respecto a la Comunitat Valenciana, donde existe un mínimo del 25% para ambas lenguas cooficiales, castellano y valenciano, el Consejo muestra también “gran preocupación” por la recién aprobada ley de Libertad Educativa. “Reducirá de forma drástica la presencia del valenciano en el modelo educativo de la Comunitat Valenciana, particularmente en las zonas castellanoparlantes”, sentencia el texto.

La misma fórmula, la de la “gran preocupación”, sirve asimismo para reaccionar a las medidas adoptadas por el gobierno de Aragón respecto al aragonés. En referencia concreta a los “los recortes presupuestarios recientes adoptados a nivel regional, y la voluntad expresada por las autoridades regionales de modificar el marco legal para reducir drásticamente el espacio que se da al aragonés en Aragón”.

A la espera de la justicia

Como es habitual, el Comité de Expertos se extiende en su crítica al estado de las lenguas regionales en la Justicia, quizás el que considera más reprochable de todos. A pesar de sus recomendaciones “desde hace años”, insisten, no se han llevado a cabo las modificaciones legislativas propuestas para que los idiomas cooficiales sean garantizados en este ámbito. 

El informe reconoce que sobre el papel se pueden tramitar documentos y pruebas judiciales en lenguas como el catalán, el vasco o el gallego, o usar estos idiomas en el juzgado con la asistencia de un intérprete si hace falta. Pero lamenta que su uso en sentencias, autos y otros documentos es bajo –en Catalunya– y extremadamente bajo –en las demás–, y critica que muchos jueces no atiendan la petición de enviar la documentación en lenguas que no sean en castellano.

La plataforma para la defensa de la libertad de prensa del Consejo de Europa ha lanzado una alerta por las amenazas del líder de 'Desokupa' a periodistas del programa 'Equipo de Investigación' de La Sexta. El lanzamiento de la alerta de nivel dos -aquellas que suponen una amenaza a la “libertad de prensa” para supuestos de “intimidación y acoso”, conlleva una petición de investigación así como que el autor de comparezca ante la justicia. Atresmedia ya ha anunciado que denunciará el acoso. La institución también espera de las autoridades españolas que se aseguren de que tanto los reporteros como sus familias estén a salvo de las amenazas.

La plataforma de defensa de los periodistas recopila las amenazas de Daniel Esteve al equipo del programa después de que se pusieran en contacto con él para realizar una entrevista. “Tengo ya con mi CNI de seguidores direcciones, teléfonos, dónde llevan al colegio a sus hijos, direcciones de segunda residencia...”, afirmaba Esteve, entre risas, en varios vídeos difundidos en las redes sociales entre el 8 y el 15 de septiembre. “No sabéis a que se os viene encima, en serio”, advertía antes de asegurar que había contactado con un colectivo de ocupas que ha mostrado su intención de asaltar ilegalmente las segundas residencias de trabajadores del programa.

La plataforma, que está en marcha desde 2015, tiene dos niveles para las alertas por las amenazas al trabajo de los periodistas. La uno, que recoge las más graves con asesinatos, amenazas a la seguridad y violencia; y la dos, que engloba “actos de intimidación y acoso; uso por parte de personalidades públicas de un lenguaje amenazador o gravemente abusivo hacia los miembros de los medios de comunicación”, entre otras cosas. En esa engloba los actos intimidatorios de Esteve.

En el año 2023, la plataforma emitió 285 alertas por amenazas o ataques a la libertad de prensa en Europa, según recoge el informe anual publicado en marzo de este año.

En abril, la plataforma emitió una alerta por las amenazas del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a elDiario.es. La institución europea, de la que forman parte 46 países del continente, se hizo eco de las amenazas que la mano derecha de Ayuso vertió a través de mensajes de WhatsApp a la adjunta al director de elDiario.es Esther Palomera en lo que aseguró que iba a “triturar” a este medio por las informaciones sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. “Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”, agregaba el mensaje. Posteriormente, Rodríguez lanzó el bulo de que “periodistas encapuchados” de esta redacción habían intentado asaltar la vivienda de la pareja.

El organismo reclamó una investigación por las falsas acusaciones y el señalamiento a profesionales de elDiario.es y El País, que también englobó en el nivel dos de alerta. En su respuesta, la Comunidad de Madrid se limitó a exponer generalidades respecto a la libertad de prensa que garantizan la Constitución y el Estatuto de Autonomía y a sacar pecho de no vetar a ningún medio a los actos oficiales de la administración autonómica.

La plataforma también lanzó alertas recientemente por la detención de dos periodistas de El Español durante una manifestación contra la amnistía, por la retención del colaborador de El Salto Rodrigo Mínguez por grabar con su móvil al presidente de Vox, Santiago Abascal, cuando se dirigía a votar; y por la denegación de una acreditación a una periodista por parte del Gobierno de Murcia.

La ley de amnistía no va en contra de la separación de poderes, a pesar de que podría mejorarse su tramitación y suscita dudas en el mundo académico respecto a la constitucionalidad y la inclusión de algunos delitos, como el terrorismo y la malversación. Es más o menos el resumen del paso de la vicepresidenta de la Comisión de Venecia en el Consejo de Europa, Marta Cartabia, por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara, donde la derecha se empeñó en celebrar un debate sobre la futura ley de amnistía en España.

“Una vez repasadas las normas internacionales y del derecho comparado teniendo en cuenta 54 estados de la comunidad internacional, queda claro que amnistías de este tipo no van en contra de la separación de poderes”, ha afirmado Cartabia en su turno de réplica a los eurodiputados. Tanto PP como Ciudadanos habían denunciado que se trata de una “ley de impunidad” que, a su juicio, impide a los jueces decidir sobre los procesos judiciales. “El Poder Judicial ha de decidir si las personas especificadas pueden cumplir con los requisitos para ser aplicada”, les ha recordado la parlamentaria socialdemócrata Birgit Sippel.

Ahora bien, la representante de la Comisión de Venecia ha advertido de que la aplicación de la amnistía debe cumplir con una serie de estándares que ha puesto en cuestión en el caso de la norma española, como hacía el informe que elaboró la institución a instancias del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Así, ha considerado “amplio y poco difuso” el marco de aplicación. “No se estipula cuáles son los delitos cubiertos por la amnistía sino cualquier acto considerado un delito penal que estuviera encaminado a promover la secesión o la independencia”, ha expresado Cartabia: “Son cláusulas bastante abiertas que restan claridad y precisión. Por eso la Comisión de Venecia recomienda limitar y definir mejor el ámbito de la amnistía”. 

También ha cuestionado el periodo de aplicación y ha expresado “preocupación” por la ampliación de dos meses durante la tramitación parlamentaria a través de enmiendas: “La Comisión de Venecia recuerda que una amnistía es una medida impersonal, no es personal. Por eso los criterios no deberían aplicarse a una persona”. Cartabia ha mencionado la inclusión de los delitos de malversación y terrorismo en el ámbito de aplicación de la amnistía. “Nuestro principio rector tendría que ser que sólo se ajusta a las leyes internacionales si la violación de derechos humanos queda excluida”, ha dicho. Esa es precisamente la definición que incluyeron los socialistas en la redacción. Respecto a la malversación de fondos, ha dicho que “sólo se tiene que alicar a hechos vinculados a las consultas” del 9 de noviembre de 2014 y al 1 de octubre de 2017.

De nuevo ha insistido en que la ley de amnistía ha suscitado una enorme polémica y ha emplazado al Gobierno a buscar una mayoría cualificada -que requeriría el apoyo del PP- para favorecer la reconciliación que busca el texto, a pesar de que ha reconocido que puede salir adelante con mayoría absoluta. Frente a la acusación de la derecha de que la amnistía no es constitucional, Cartabia ha admitido que hay discrepancias entre los expertos que “interpretan de manera diferente el hecho de que la Constitución guarde silencio” dado que no aborda esa figura jurídica. “La Comisión de Venecia considera que la enorme controversia que ha suscitado este asunto haría preferible que, cuando sea posible, el tema de la amnistía se estipule en la Constitución”, ha rematado.

Por su parte, el representante de la Comisión Europea -el director general de estado de derecho en sustitución del comisario de Justicia, Didier Reynders, que está ya de excedencia para competir por liderar el Consejo de Europa- ha reiterado que se pronunciarán sobre la ley una vez que esté aprobada y que siguen en contacto con las autoridades españolas. “La opinión de la Comisión de Venecia apoyará el análisis de la Comisión Europea y es una contribución bienvenida. Sus consideraciones sobre los requisitos del Estado de derecho para las amnistías dan una perspectiva útil”, afirmó Julien Mousnier.

“Si se unen todas las observaciones importantes de la Comisión de Venecia nos damos cuenta de que no estamos ante una ley de amnistía para la reconciliación sino de una ley de impunidad”, ha señalado el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos. La de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha usado la misma expresión y ha asegurado que se trata de “populismo dañoso” tras comparar la situación española con Hungría y Polonia. Su compañera liberal Sophie in Veld ha lamentado que la “situación esté tan politizada por las partes en su conjunto”. La extrema derecha no ha participado en el debate.

La socialdemócrata Sippel se ha quejado de que la comisión parlamentaria haya aceptado un debate sobre una ley que ni siquiera se ha aprobado y ha asegurado que se trata de algo inédito. “Algunos grupos quieren convertir esto en un tema europeo por razones políticas. Dado que esta comisión defiende la democracia, el estado de derecho y derechos fundamentales, lamento que una de nuestras últimas reuniones se dedique a este tipo de juegos políticos”, ha afirmado la alemana. El portavoz del PSOE, Javier Moreno, ha asegurado que “el objetivo es devolver a Catalunya la convivencia, la paz social y el reencuentro entre los catalanes”. 

La eurodiputada de ERC Diana Riba ha explicado que la ley de amnistía es una forma de “solidaridad y reconocimiento hacia aquellos que han defendido de forma pacífica y democrática los objetivos políticos legítimos” y que su aprobación es una “oportunidad para la negociación permitiendo abrir una nueva etapa”. “A algunos les da absolutamente igual y por eso llevan meses incendiando, haciendo ruido y deslegitimando un instrumento democrático”, ha señalado refiriéndose a PP, Ciudadanos y Vox: “Viven en el conflicto permanente, viven del conflicto permanente. Lo necesitan para existir y respirar”.

“La ley de amnistía lo que está haciendo es rectificar un error gravísimo del sistema institucional español; rectificar lo que nunca debería haber pasado”, ha expuesto el eurodiputado de Junts Toni Comín, que ha aplaudido el paso para “desjudicializar un conflicto político” frente a un Tribunal Supremo que, a su juicio, ha “retorcido” la legislación. “¿Qué dijeron los jueces alemanes? Juzgaron los mismos hechos que el Tribunal Supremo, pero dijeron que no había sedición, rebelión, ni siquiera desórdenes públicos”, ha recordado Comín, que ha reprochado a la Comisión de Venecia la “contradicción” cuando reconocen que la amnistía es buena para la reconciliación “pero exige una mayoría cualificada” para una norma “que en ningún caso va a contar con el apoyo del PP.

La plataforma para la defensa de la libertad de prensa del Consejo de Europa ha lanzado una alerta por las amenazas del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a elDiario.es y el señalamiento de dos periodistas de El País. El lanzamiento de la alerta de nivel dos -aquellas que suponen una amenaza a la “libertad de prensa” para supuestos de “intimidación y acoso”, conlleva una petición de investigación a España. El Gobierno tiene de margen hasta finales de junio para contestar.

La institución europea, de la que forman parte 46 países del continente, se hace eco de las amenazas que la mano derecha de Ayuso vertió a través de mensajes de WhatsApp a la adjunta al director de elDiario.es Esther Palomera en lo que aseguró que iba a “triturar” a este medio por las informaciones sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. “Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”, agregaba el mensaje. Posteriormente, Rodríguez lanzó el bulo de que “periodistas encapuchados” de esta redacción habían intentado asaltar la vivienda de la pareja.

En su texto, el organismo dependiente del Consejo de Europa recuerda que Ayuso defendió a su jefe de gabinete. “A ver si no nos podemos enfadar con gente de confianza”, justificó.

El movimiento de la institución con sede en Estrasburgo se produjo el pasado 28 de marzo, después de que el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reclamara una investigación “exhaustiva” sobre el comportamiento de Rodríguez: “Las autoridades españolas deben investigar de forma inmediata y transparente las amenazas y falsas acusaciones proferidas contra elDiario.es y sus periodistas, así como el señalamiento de dos reporteros de El País, y garantizar que se haga justicia”. 

La intención de la plataforma de defensa del periodismo del Consejo de Europa, en la que colaboran organizaciones de periodistas y entidades especializadas en derechos fundamentales, es que España lleve a cabo una investigación por las “amenazas y falsas acusaciones contra elDiario.es” así como la difusión de imágenes de periodistas de El País que informaban sobre la pareja de la presidenta madrileña.

La institución tiene dos niveles para las alertas por las amenazas al trabajo de los periodistas. La uno, que recoge las más graves con asesinatos, amenazas a la seguridad y violencia; y la dos, que engloba “actos de intimidación y acoso; uso por parte de personalidades públicas de un lenguaje amenazador o gravemente abusivo hacia los miembros de los medios de comunicación”, entre otras cosas.

La plataforma está en marcha desde el año 2015. Sólo en 2022 lanzó 289 alertas sobre amenazas o ataques a la libertad de información en 37 estados del continente. En esa cifra se incluye a Rusia dado que las organizaciones del sector asociadas a la institución decidieron seguir monitorizando la situación a pesar de la expulsión de Rusia del Consejo de Europa en marzo de 2022. La mayoría de los avisos (94) estaban relacionados con el acoso y la intimidación a los informadores y un 26% fueron ataques a la integridad física.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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