La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía con críticas a la tramitación

La Comisión de Venecia avala “el objetivo legítimo” de las amnistías como una forma para garantizar la reconciliación política y social, aunque considera que es algo que corresponde decidir al Gobierno y al Parlamento de España en el caso concreto de la diseñada para el proceso independentista de Catalunya. También hace una serie de críticas y recomendaciones sobre su tramitación. Los expertos han dado el visto bueno definitivo al informe que ahora será remitido al Senado, donde el PP usó su mayoría absoluta para recurrir a ese organismo del Consejo de Europa con el objetivo de vetarla.

El documento no estará listo hasta el próximo lunes por razones técnicas, según explicaron a elDiario.es fuentes del Consejo de Europa, pero ha emitido un comunicado en el que expone los grandes rasgos del texto adoptado tras el proceso de enmiendas al informe. La nota precisa que no entra en el fondo del asunto porque no le corresponde a esa institución y que evaluar su ideoneidad legal corresponderá al Tribunal Constitucional.

La Comisión de Venecia, que ha aprobado por consenso el informe, no entra en la constitucionalidad de la medida ni en el fondo, pero sí hace una serie de recomendaciones para el caso concreto de España. Por un lado, cuestiona que se haya presentado como una proposición de ley sin contar con las opiniones de actores involucrados (cuando la norma es un proyecto de ley requiere una serie de informes de instituciones como el Consejo de Estado o el Poder Judicial).

“Las amnistías deberán ser aprobadas por un amplia mayoría para evitar efectos de división en la sociedad”, señala la nota de prensa, que recuerda que las amnistías normalmente se conceden con motivo de “reconciliación”.

También critica que su aprobación se vaya a llevar a cabo con mayoría absoluta y no con mayoría cualificada (de tres quintos) para lograr un mayor aval parlamentario. “La Comisión anima a todas las autoridades y fuerzas políticas españolas a que se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones del Estado, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política, y a que estudien la posibilidad de explorar procedimientos de justicia reparadora”, señala el texto.

“Dado que, por definición, las amnistías conceden beneficios especiales a un grupo específico de individuos que reúnen las condiciones exigidas por la ley, la Comisión subraya que, para evitar la arbitrariedad, debe haber coherencia a la hora de determinar qué actos están cubiertos por la amnistía, y debe existir un vínculo causal intrínseco entre ellos. Además, las amnistías son medidas impersonales que se aplican a personas o a ciertas clases de personas: por lo tanto, los criterios en los que se basan no deben estar diseñados para cubrir a individuos específicos”, recoge el documento.

“En cuanto a la independencia del poder judicial y la separación de poderes, el dictamen señala que las amnistías tienen el efecto de anular o impedir decisiones y procedimientos judiciales. En opinión de la Comisión, para ser coherente con el principio de separación de poderes, debería confiarse al poder judicial la decisión de si personas concretas cumplen los criterios generales determinados por el Parlamento para aplicar la amnistía”, agrega.

También advierte de que la amnistía “no debería diseñarse para cubrir a individuos específicos” y hace varias recomendaciones sobre el caso concreto del procés en Catalunya, como recortar los plazos de aplicación de la medida: “Acotar y definir de manera más precisa el ámbito material y temporal de aplicación de la amnistía para hacer más previsibles sus efectos”. “Asegurarse de que se establece un nexo causal más estrecho entre las consultas celebradas en Catalunya el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias y los actos de malversación y corrupción”, señala el segundo punto.

En cuando a la inclusión de los delitos de terrorismo, que ha sido una de las cuestiones más polémicas y peliagudas en la negociación del PSOE con Junts, la Comisión de Venecia establece que debe asegurarse que “en la interpretación de las exclusiones, el principio rector será que las amnistías solo son compatibles con las normas internacionales si se excluyen de su ámbito de aplicación las violaciones graves de los derechos humanos”.