Luis Bárcenas busca acreditar ante el tribunal que juzga las maniobras para arrebatarle las pruebas sobre la financiación irregular del Partido Popular que sufrió “trato vejatorio” cuando estuvo interno en la cárcel de Soto del Real entre los años 2013 y 2015.

El extesorero de la formación ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional diversa documentación, entre la que se encuentra una “orden de cacheo desnudo integral” que se llevó a cabo en septiembre de 2013 ante la sospecha de que hubiera introducido en la cárcel objetos prohibidos. Tras llevar a cabo ese cacheo los funcionarios no encontraron ningún elemento cuyo uso no esté autorizado en la prisión, tal y como acredita el parte aportado. 

Su abogada, Marta Giménez-Cassina, también ha aportado un parte por sospecha de ocultar objetos prohibidos que nunca se llegó a probar. Entre la documentación figuran también quejas del propio Bárcenas y un parte de asistencia médica por “enrojecimiento” en las muñecas, derivadas de un apretón excesivo de los grilletes por parte de la Guardia Civil durante los traslados. No obstante, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria desestimó su queja por las condiciones de estos traslados. 

Asimismo, Bárcenas adjunta el parte por el que fue castigado con privación de paseos y actos recreativos. El motivo alegado es que se negó a facilitar a los funcionarios el número de teléfono al que estaba llamando. La defensa argumenta que en prisión solo se puede llamar a números previamente autorizados.

La Audiencia Nacional acogerá desde este lunes el juicio por el caso Kitchen, la pieza número 7 de la macrocausa Villarejo y la única que responde a un encargo exclusivamente político al policía: encontrar y poner lejos del alcance de la justicia las pruebas que pudiera guardar Bárcenas de la financiación irregular del PP.

El episodio del asalto en casa de los Bárcenas en 2013 por un hombre armado y disfrazado de cura es una de las incógnitas sin resolver del caso Kitchen. Guillermo 'Willy' Bárcenas, hijo del ex tesorero del PP, declaró ante el juez que no creía que el intento de secuestro fuera un hecho aislado: “La lógica me dice que tuvo que haber alguien detrás”, manifestó tras haber pedido personarse en la causa como perjudicado.

El falso cura, Enrique Olivares García, retuvo a la mujer de Bárcenas, su hijo y una trabajadora del hogar, les ató las manos y les amenazó para que entregaran “los pendrives” y la información relativa al proceso del ex tesorero. Según el relato del hijo de Bárcenas, les dijo: “La gente que me manda sabe que aquí se guarda información sensible”. “Estaba todo demasiado orquestado, planeado, con demasiados detalles”, explicó, y puso como ejemplo que conocía “su vida” e iba vestido de sacerdote porque sabía que su madre era una persona religiosa.

Bárcenas apuntó también que creía que el chófer infiltrado en la familia, Sergio Ríos, tenía conocimiento del asalto. “Cuando consigo quitarme las bridas y tirarle al suelo y le pego un par de puñetazos, a los dos minutos aparece Sergio, una cosa bastante rara (...) Me acuerdo de su cara al doblar el pasillo. La cara como de susto, no sé. Cara como de 'esto ha salido mal'”.

Enrique Olivares fue condenado a 22 años de prisión y murió en 2022. Todavía estaba sin aclarar cómo fue su presunta participación en la Operación Kitchen, si actuó por su cuenta o a las órdenes de algún “servicio de la seguridad del Estado”. El comisario Enrique García Castaño, El Gordo, negó que la actuación de Enrique Olivares fuera obra de la Policía. Le contó al juez García Castellón que en 40 años de encargos jamás se le habría ocurrido hacer algo propio de “una película de Alfredo Landa”.

Aquí puedes ver el documental especial de elDiario.es sobre la Operación Kitchen íntegro:

El abrupto cierre de la investigación del caso Kitchen decretado por el juez Manuel García Castellón en julio de 2021 impidió resolver varias incógnitas que habían surgido durante los más de tres años de investigación llevada a cabo por los fiscales Anticorrupción y los policías de Asuntos Internos. El episodio del asalto en casa de los Bárcenas por un hombre armado y disfrazado de cura y el espionaje al que fue sometido en la cárcel el ex tesorero son los más significativos. En ambos, la propia víctima apunta a la participación del Centro Nacional de Inteligencia, que ya había dejado rastro en grabaciones y seguimientos a la familia Bárcenas, y cuya implicación en el espionaje habían deslizado los investigadores y otros implicados. 

A esos indicios se suma ahora uno que había pasado inadvertido: las cámaras en el exterior del chalé de Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret colocadas presuntamente por el CNI. En el escrito de defensa de Francisco Martínez, ex número dos de Interior, se solicita la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Todas ellas serían ajenas a la actuación del Ministerio del Interior. 

Las imágenes captadas por las cámaras ocultas en el exterior del chalé de Baqueira fueron “remitidas al Ministerio del Interior el viernes 2 de agosto de 2013”, en pleno apogeo de la operación Kitchen, según refleja la defensa de Martínez en su escrito. El señalamiento del CNI queda en evidencia a continuación, cuando el ex número dos de Interior pide que se incorporen a la causa todos los autos dictados “por el magistrado especial del artículo 342 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, esto es, el juez del Supremo que autoriza en secreto las actividades del CNI. El tribunal del caso Kitchen decidirá al respecto en el trámite de las cuestiones previas del juicio. 

La conclusión de que la operación Kitchen fue ideada por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz sin la participación del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ni de la secretaria general del partido entonces, María Dolores de Cospedal, no es, por tanto, el único cabo suelto de la causa judicial. La posible participación del servicio de Inteligencia español aporta un tercer vértice a este triángulo de impunidad política: Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy y responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Al igual que Rajoy, Sáenz de Santamaría nunca fue citada a declarar en la instrucción del caso Kitchen. Pero al igual que el expresidente y Cospedal tendrá que comparecer como testigo en el juicio. 

El comisario de la Policía Enrique García Castaño no se sentará en el banquillo de Kitchen porque un accidente cardiovascular le ha dejado graves secuelas. Fue él quien en fase de instrucción decidió colaborar y señaló al secretario de Estado Francisco Martínez como coordinador de la operación de espionaje a Bárcenas. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, reconoció su participación en los hechos y al tiempo reveló cómo la Policía no fue la única que actuó fuera de control judicial. 

“Lo detectamos varias veces, había gente con motos y cámaras grabando una reunión de la mujer de Bárcenas”, afirmó en su declaración de enero de 2019. “Intentamos averiguar quiénes eran, pero la documentación de los vehículos que alquilaban era falsa”, añadió. 

El chófer de la familia, Sergio Ríos, captado como colaborador a sueldo por los acusados en Kitchen, explicó al juez que tanto García Castaño como José Manuel Villarejo le hablaban con naturalidad y a menudo de la implicación del CNI en el espionaje extrajudicial durante los encuentros que tenía con ellos para trasladarles información o cobrar en efectivo de los fondos reservados.

Por otro lado están los mensajes de Martínez con el ministro Fernández Díaz que el número dos de Interior depositó ante notario y entregó a la Policía cuando Asuntos Internos acudió a su domicilio con orden judicial en marzo de 2020. El 13 de julio de 2013, recién empezada la operación Kitchen, Martínez alude al “contacto Cecilio” que Fernández Díaz había quedado en facilitarle previamente. 

En el teléfono móvil intervenido a Martínez este había dejado algunas reflexiones y líneas de defensa. En una de ellas afirmaba: “Tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron”. Después, Martínez declararía que su contacto en el CNI era el director, Félix Sanz Roldán, y que se limitó a preguntarle por el conocimiento que pudiera tener el servicio de Inteligencia sobre dinero de Bárcenas en el extranjero. Un portavoz del CNI rechazó hacer cualquier comentario al ser preguntado por este periódico en 2020, cuando surgieron los primeros indicios de la participación del Centro en el espionaje a los Bárcenas. 

Un cura pobre, con abogado de pago y dinero en prisión

Enrique Olivares García se llevó a la tumba la verdad sobre su asalto a la casa de la familia Bárcenas, armado con un viejo revólver y disfrazado de cura. ¿Actuó en solitario, fruto de la enajenación, o lo hizo a las órdenes de alguien? En libertad vigilada, Olivares falleció el 15 de enero de 2022 cuando aún estaba por aclarar su presunta participación en la operación Kitchen. La Fiscalía había planteado en su recurso contra el cierre de la instrucción si Olivares había actuado por su cuenta o a las órdenes de algún “servicio de la seguridad del Estado”.

La lógica apuntaba a que los mandos policiales que habían reconocido la operación Kitchen estuvieran detrás del asalto del falso cura, pero igual que El Gordo reconoció haber sustraído información de los teléfonos de Bárcenas o haber allanado un local de la familia, todo sin orden judicial, negó taxativamente la actuación de Enrique Olivares fuera obra de la Policía. Muy enfadado le contó al juez que en 40 años de encargos delicados jamás se le habría ocurrido hacer algo propio de “una película de Alfredo Landa”.

El falso cura, un individuo casi en la indigencia y miembro de una humilde familia, contó para su defensa con un abogado que le pagó alguien cuya identidad continúa en secreto. Aquel abogado, Andrés Ruiz Cubero, es hermano del funcionario de prisiones que intentó vender material grabado por Villarejo después de coincidir con él cuando ambos cumplían condena en Estremera. 

El letrado negó a elDiario.es que su defensa de Olivares estuviera vinculada con su hermano o que le hubiera contratado alguien relacionado con la política o los servicios de Información y aludió a un favor personal. “Enrique estaba trastornado. ¿A quién se le podría haber ocurrido utilizarlo para algo así?”, declaró en 2022.

El segundo interrogante se refiere a los ingresos de Olivares estando en la cárcel: ¿quién cebaba continuamente la cuenta del preso? Y por último, ¿quiénes son y qué querían los policías que visitaron en prisión a Olivares el 1 de diciembre de 2015, apenas unos días después de que aparecieran las primeras informaciones publicadas sobre la operación Kitchen?. De los policías, este periódico solo pudo determinar que pertenecían a la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), no vinculada a la Kitchen. La Dirección General de la Policía evitó cualquier comentario al ser preguntada por esta cuestión.

Respecto a la cuenta del peculio del preso, esta llegó a reunir 4.751,28 euros. Olivares recibía ingresos de una pensión de 368 euros y otros periódicos de 250. “Perteneciendo a una familia sin recursos, Enrique Olivares recibía sistemáticamente ingresos en su cuenta penitenciaria de peculio, cuyo origen puede coadyuvar a demostrar que no habría actuado de modo aislado y autónomo”, llegaron a escribir los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Pero el juez García Castellón concluyó: “No se ha recabado ningún indicio que permita sostener, con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto al domicilio del señor Bárcenas estuviera directamente relacionado con la operación Kitchen”.

Una comisión judicial integrada por el juez, los fiscales y una médico forense de la Audiencia Nacional llegaron a visitar a Olivares en prisión después de sufrir el ictus, ante las noticias de cierta recuperación. La forense quedó en redactar un informe que, según fuentes del caso, iba a recomendar que se le tomara declaración. Pero entonces, la médico cayó enferma y después llegó la pandemia. Antes de su reincorporación, el juez despachó el caso del falso cura. García Castellón hizo que lo trasladaran a la Audiencia Nacional y que otro forense dictaminara: no estaba en condiciones de declarar.

Nadie es quien parece en la cárcel de Bárcenas

La cárcel es protagonista del tercer interrogante de Kitchen: el espionaje a Bárcenas mientras su familia era vigilada 24 horas en el exterior. Así se lo contó al juez el propio Luis Bárcenas: “Yo detecté una persona que infiltraron en el módulo en el que yo estaba para hacerme labores de seguimiento (…) Me seguía y tomaba notas”. La coartada de ese supuesto preso entre los reclusos del módulo de Bárcenas es que había sido detenido intentando introducir droga en España con un velero. Pero un buen día desapareció del módulo. Bárcenas y otros presos pensaron que había cambiado a otro, pero luego supieron que ya no estaba en la cárcel. 

Bárcenas describió ante el juez y los fiscales gráficamente el episodio del espía: “La foto del individuo que se correspondía con el carnet de la persona que estaba haciendo el seguimiento era un dominicano, pero el señor que estaba haciendo el seguimiento era un señor español, blanco, blanquísimo. Y no de color café con leche, como era el dominicano, no. O sea, que habían infiltrado a una persona con tal nivel de torpeza que en lograr de fabricar un NIS [Número de Identificación de Seguridad, una suerte de carnet de recluso], no sé si se puede hacer, le habían asignado el NIS de otra persona, que habría estado ya en el Centro Penitenciario y que era un dominicano”.

Luis Bárcenas le dijo al juez y a los fiscales que cree que detrás del espionaje en prisión está el Centro Nacional de Inteligencia y el interés de la entonces vicepresidenta del Gobierno, de la que dependía el servicio de espionaje español, en que el caso de la caja B no salpicara a Mariano Rajoy. 

La historia del falso dominicano se cruza con el episodio del informático colombiano al que Bárcenas pidió que, al salir de permiso, accediera a la 'nube' y borrara archivos que allí guardaba. En una de ellas, Rajoy aparecería hablando con Bárcenas mientras introduce en una destructora de papel en 2009 pruebas de la caja B del partido. O ese creerían los policías de la Kitchen. De esa grabación ha hablado el ex tesorero en varias ocasiones, en sede judicial y en el Congreso, asegurando que estaba en el local de su mujer que allanó ilegalmente García Castaño, El Gordo. Bárcenas se ha contradicho al respecto. Ante el juez del caso Kitchen aseguró que él nunca ha grabado a nadie.

El colombiano, de nombre Isidro Sánchez, era un experto informático que se ofreció a hacer el trabajo durante un permiso de seis días. Según explicó Sánchez al juez, Bárcenas únicamente le pidió que solicitara a Google eliminar las noticias aparecidas sobre su mujer, Rosalía Iglesias. El ex tesorero, por contra, declaró que el trabajo consistía en borrar documentación de la 'nube', pero negó que allí hubiera ninguna grabación hecha por él.

Bárcenas pactó entregar a Isidro Sánchez una cantidad de dinero, que oscilaría entre los 1.500 y los 3.000 euros, que el recluso le requirió para comprar material informático. Se lo entregaría la mujer de Bárcenas, a través del chófer infiltrado, Sergio Ríos. La cita del chófer con este preso aparece reflejada en la agenda de Villarejo. 

Isidro Sánchez contó que no pudo hacer el trabajo porque fue detenido en la habitación de la pensión donde se alojó durante el permiso. El Gordo reconoció en el juzgado que sus agentes le habían seguido porque alguien les informó del día que salía de la cárcel. La Policía detuvo al colombiano por una reclamación de un juzgado de otra causa pendiente y lo devolvió a prisión. Bárcenas asegura, sin embargo, que cuando salió de la cárcel, en la 'nube' ya no quedaba nada.

Antes o después de salir de permiso, los funcionarios hicieron un cacheo sorpresa en la celda del colombiano y le encontraron la anotación de Bárcenas: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”. Bárcenas asegura que él escribió esa nota. El colombiano dice que nunca existió.

El 13 de agosto de 2013, el comisario Villarejo escribió en su diario, junto al apelativo “Andi” (Andrés Gómez Gordo, comisario imputado y ex asesor de Cospedal): “Datos de colombiano colaborador de MACO”, en posible alusión a la cárcel. El 3 de septiembre de 2013, junto al nombre “Chisco” (Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad), Villarejo apunta: “Coche de (ininteligible). Ayuda Prisiones. Tema ordenadores, copia en teléfono”. El 3 de octubre, el aludido es BIG (comisario Enrique García Castaño): “2 paquetes con notas a un preso tercer grado”.

La historia de la Kitchen en prisión abre una serie de interrogantes: ¿Era el colombiano en realidad un colaborador de la Policía que engañó a Bárcenas? ¿Fue su detención durante el permiso una maniobra de distracción? ¿Quién borró los datos de la 'nube'? Y, sobre todo, ¿estaba allí la grabación de Rajoy destruyendo papeles de la caja B del PP?

Manuel Morocho, inspector de policía encargado de investigar el caso Gürtel –la trama de corrupción que colonizó numerosas administraciones gobernadas por el PP– y el caso Bárcenas –la caja B con la que se financió la formación conservadora durante dos décadas– confesó al juez cómo le “conminaron” sus mandos a borrar de los informes el nombre del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención”, declaró.

El documental especial elaborado por elDiario.es para radiografiar este caso recoge las imágenes del interrogatorio a Morocho y de su testimonio ante el juez instructor del caso, Manuel García Castellón. Un testimonio clave para entender uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática.

Es sólo una de las pruebas que el juzgado de la Audiencia Nacional tendrá que valorar en el juicio de la Operación Kitchen, donde se juzgará al ex ministro del Interior, Jorge Fernández; a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a media docena de comisarios que perpetraron el espionaje a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, para robarles pruebas de la implicación de la formación conservadora en un caso de financiación ilegal.

elDiario.es radiografía uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática en España: el conocido como 'Caso Kitchen', que será juzgado por la Audiencia Nacional a partir del próximo lunes 6 de abril. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy organizó y ejecutó entre 2013 y 2015 una operación pagada con fondos públicos reservados para destruir pruebas de la caja b del PP que investigaba el juez Pablo Ruz.

Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

elDiario.es ofrece imágenes inéditas de los protagonistas de la Operación Kitchen durante su declaración ante jueces instructores y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional; así como documentos y audios que acreditan muchos de los hechos por los que la cúpula política y policial del Ministerio del Interior puede terminar en la cárcel.

---------------

Juicio final de la operación Kitchen es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll, con la asistencia de Adrián Torrano. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

Por segunda vez en democracia, un ministro del Interior se sienta en el banquillo para enfrentarse a una elevada petición de cárcel. Veintiocho años después de que el Tribunal Supremo juzgara al socialista José Barrionuevo por un secuestro de los GAL, el político del Partido Popular Jorge Fernández Díaz, titular de la cartera entre 2012 y 2016, se enfrenta a 15 años de prisión por haber dirigido una operación extrajudicial, bautizada como Kitchen, consistente en sabotear la acción de la justicia en el caso de la financiación del PP con dinero negro. 

El espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su familia pagado con fondos reservados se juzgará a partir del 6 de abril en la Audiencia Nacional. Será el primer gran juicio por la transformación del Ministerio del Interior, y de la Policía en particular, en una herramienta para atacar a los adversarios políticos del PP, o para proteger al partido cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno. Las otras dos grandes maniobras de ese periodo llevan años chocando con la voluntad de jueces y fiscales para abrir causas que esclarezcan lo ocurrido. Son la Operación Cataluña y la guerra sucia contra Podemos, dirigidas y ejecutadas por los mismos acusados que en Kitchen. 

Quince años transcurrieron entre el secuestro de Segundo Marey por los GAL hasta que Barrionuevo y su secretario de Estado, Rafael Vera, se sentaron en el banquillo. Y 13 años han tenido que pasar para que Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, respondan ante un tribunal. Como entonces, la instrucción del caso deja una gran sombra de sospecha: ¿están entre los acusados sus máximos responsables? 

En esta ocasión, el juez Manuel García Castellón concluyó sus pesquisas de forma sorpresiva el último día antes de las vacaciones de agosto de 2021, pese a que quedaban diligencias por practicar, entre ellas sobre la posible participación de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno. En su mesa se acumulaban también los indicios presentados contra María Dolores de Cospedal por la Unidad de Asuntos Internos, la Fiscalía Anticorrupción y el trabajo de investigación de los medios de comunicación. García Castellón los despreció en una sucesión de polémicas decisiones sobre la secretaria general del PP. Después, la instancia superior, la Sala de lo Penal, terminaría por darle la razón. 

Así que ahora llega a juicio la tesis del juez de que Fernández Díaz, miembro del círculo de amigos de Mariano Rajoy en aquel Consejo de Ministros, ideó en solitario una operación para eliminar las pruebas contra el PP que pudiera guardar el tesorero al entrar en prisión. Y que esa operación la desconoció el presidente del Gobierno, uno de los afectados por los sobresueldos de dinero negro cuyo rastro pretendían eliminar los mandos policiales que actuaron al margen de la ley. 

Las grabaciones de Villarejo hablando con Cospedal del asunto y las anotaciones del comisario –a las que la Fiscalía y Asuntos Internos otorgan veracidad– sobre los pagos que recibió el policía corrupto por orden de la jefa del partido, tampoco serán objeto del juicio. Para García Castellón, los encuentros entre Cospedal y el comisario Villarejo estaban amparados por el “derecho de reunión” y no reunían carácter de delito.

La primera prueba de la relación de Cospedal con el comisario se remonta a 2009. Villarejo acudió a la planta noble de Génova y se entrevistó con la secretaria general del PP, entonces en la oposición, y el marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro. Pese a que el comisario es un policía en activo, destinado ya en el corazón de la seguridad del Estado, la número dos del PP y su esposo acuerdan encargarle “trabajos puntuales”. Acababa de estallar el caso Gürtel y el Partido Popular buscaba cómo anular esa causa de corrupción.

La instrucción de Kitchen acumula grabaciones en las que los protagonistas de la operación aluden al conocimiento que de ella tiene la secretaria general del PP, incluso su ascendente sobre el resto de participantes. Un año y medio después de que García Castellón decretara súbitamente el fin de la instrucción, El País y Fuentes Informadas publicaron un audio en el que Cospedal decía a Villarejo por teléfono que “lo de la libretita sería mejor poderlo parar”. La conversación se produjo en pleno estallido del caso de la caja B del PP, el que a la postre terminaría con el Gobierno de Rajoy vía moción de censura, y la alusión a la “libretita” es por los “papeles de Bárcenas”, las anotaciones de más de 20 años de ingresos en dinero negro y pagos de sobresueldos en el partido, incluidos los que iban a alguien a quien Bárcenas se refería como “M. Rajoy”.

Entre el material incautado al comisario Villarejo figuran las agendas del comisario, una suerte de bitácora en la que el policía anotaba su día a día, desde cuestiones personales a citas profesionales. Los investigadores les dan credibilidad porque han podido cotejar sus afirmaciones con hechos que ocurrieron. Esas anotaciones acrecientan los indicios contra la secretaria general del PP hasta incluir unos pagos que habría hecho a Villarejo a través de su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, quien también estuvo imputado en la causa y luego quedó exonerado por García Castellón, al igual que López del Hierro. 

Villarejo escribió: “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. La supuesta entrega se produjo solo tres días después de que llegara a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria con la información de las cuentas en Suiza del extesorero popular Luis Bárcenas y cuando, según los investigadores, ya se trataba de sabotear la instrucción del caso Gürtel.

En el banquillo de los acusados se sentará también el policía que encarna el nexo de Cospedal con el operativo ilegal. Se llama Andrés Gómez Gordo, comisario de la Policía y condecorado con una medalla pensionada por haber captado al chófer de los Bárcenas como topo de la brigada política. Gómez Gordo había dejado temporalmente la Policía y en 2013 tenía un puesto sin atribuciones en la Presidencia de Castilla-La Mancha desde el que ejercía de “hombre para todo” de Cospedal. Lo abandonó cuando fue requerido para captar y manipular a un antiguo conocido con el que había coincidido en la Comunidad de Madrid, Sergio Ríos Esgueva, el conductor de Bárcenas. Ante el juez negó que informara de nada a su antigua jefa o al marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro, con el que le unía una relación personal y profesional de décadas.

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de 2020 analiza las grabaciones de Villarejo y concluye que Kitchen fue una operación “coordinada” por el secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, “con conocimiento del Asturiano y del Largo”. “El Asturiano” es identificado por los investigadores como el entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy Brey, al que también se refieren como “El Barbas”, mientras que “El Largo” es el abogado Javier Iglesias, al que Villarejo y otros implicados señalan reiteradamente como nexo con el jefe del Ejecutivo.

Villarejo se decidiría a hablar de Rajoy más tarde, en el verano de 2021. Ofreció al juez el número de teléfono al que se dirigía presuntamente para informar al presidente del Gobierno sin intermediarios de los avances de la operación. Solo dio tiempo a confirmar que ese número estaba titularizado por el Partido Popular, pero antes de hacer más indagaciones, García Castellón propuso juzgar a los once acusados que se sentarán en el banquillo, exculpando a Cospedal. Rajoy y Cospedal declararán como testigos en el juicio de la Audiencia Nacional.

El fin de ETA y el nacimiento de la brigada política

Para entender la operación Kitchen hay que remontarse al Ministerio del Interior que alumbra la victoria del PP en las elecciones en noviembre de 2011, un mes después de que ETA anuncie el final definitivo y sin condiciones a 40 años de violencia. Mariano Rajoy elige a su amigo Jorge Fernández Díaz para una cartera que, en principio, iba a tener como principales retos contener el malestar social que podía prender en la calle por la crisis económica y gestionar la retirada de la banda terrorista. El trabajo del anterior Ejecutivo socialista, con Alfredo Pérez Rubalcaba como gran protagonista, y de la Justicia y los Servicios de Información evitaron que la dubitativa gestión de Fernández Díaz arruinara un final madurado en ETA e impulsado por la izquierda abertzale. 

Pero en aquellos meses se había empezado a gestar otra amenaza para el Estado que irrumpía sin violencia, el proceso soberanista en Cataluña. Pese al carácter pacífico del movimiento, viejos resortes antiterroristas se activaron. Con ETA desvanecida y los mecanismos contra el terrorismo yihadista ya engrasados, un grupo de mandos policiales encontraron un nuevo adversario que les aseguraba continuidad en varios frentes: el separatismo catalán prendía en ellos una alta motivación ideológica, les garantizaba seguir manejando fondos reservados y, como había ocurrido con ETA, haría que se les toleraran los excesos en aras del bien superior, la unidad de España.

elDiario.es desveló la existencia del grupo antiseparatista en noviembre de 2014. Sin embargo, los policías siguieron operando al menos dos años más entre la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación de Madrid y la impunidad que les garantizaba el Gobierno del PP.

Esos comisarios policiales encontraban sintonía con un Gobierno conservador que había elegido a los más duros para el Ministerio del Interior. A Fernández Díaz se unía como director de la Policía, Ignacio Cosidó. Pero hubo otro nombramiento, de menor relevancia mediática, que resultó clave para todas las irregularidades que vinieron después. El comisario Eugenio Pino, quien fuera jefe de los antidisturbios con Aznar, se convertiría en director operativo de la Policía con Rajoy. Los inspectores de los que se rodearía Pino se sentarán junto a él en el banquillo de Kitchen a partir del lunes, 6 de abril. 

Este grupo de mandos policiales, la brigada política del Partido Popular, trabajaba ya en la confección de dosieres sobre líderes del procés para filtrar a la prensa afín al PP cuando el Gobierno se enfrentó a su primera gran crisis. En enero de 2013, el diario El País publicó los ‘papeles de Bárcenas’, la contabilidad a mano que el tesorero había llevado sobre la caja del PP durante al menos dos décadas. Con dinero negro de los empresarios se pagaban campañas y se repartían sobresueldos en el partido. 

Entre los policías de la Kitchen había algunos que habían recibido al Gobierno del PP desde una posición inmejorable. El comisario José Manuel Villarejo ya estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa con el anterior Gobierno, que le había ascendido a comisario y le mantenía en funciones de liberado. 

Por su parte, Enrique García Castaño, conocido como El Gordo’, había cruzado la línea que separa la ley del delito para gobiernos de distinto signo político desde que ingresara en la Policía en la transición y fuera destinado a la lucha antiterrorista. Él mismo lo relataría después en una comparecencia para la historia en el Congreso de los Diputados. García Castaño no será juzgado porque durante la instrucción sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas.

También estaba allí José Luis Olivera, jefe de la unidad anticorrupción de la Policía que había impulsado el caso Gürtel contra el PP y que, según confesó después Villarejo en una grabación, le ayudó de forma vital para que el caso no alcanzara a los máximos dirigentes del partido. Olivera está de actualidad por ser el principal artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán.

Los tres estaban acostumbrados a compartir sus secretos y a ofrecer sus habilidades al político que estrenaba despacho en el Ministerio del Interior. Ante ellos quedó deslumbrado en 2012, Francisco Martínez, 37 años, número uno de su promoción como Letrado de las Cortes, que veía abrirse ante él un mundo nuevo de acción, muy diferente al del rigor constitucionalista que le había constreñido los estudios y la carrera profesional hasta entonces. 

Francisco Martínez entró en política de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría, a la que conoció como su letrado asignado en la Cámara Baja. Fue recomendado para jefe de gabinete de Fernández Díaz en Interior antes de que estallara la guerra entre la vicepresidenta y el ministro del Interior. Un año después fue ascendido a secretario de Estado de Seguridad, la pieza clave del departamento. Su antecesor había decidido dejar el cargo después de conocer que tenía un asesor desde hacía meses que él no había nombrado. 

Para Francisco Martínez, al igual que para el comisario Pino, el director operativo, la Fiscalía Anticorrupción también pide 15 años de cárcel por haber dirigido supuestamente el operativo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas. Una operación que arrancó en el mes de julio de 2013 y que ha abierto una rendija por la que observar el mundo oculto de las cloacas policiales y la guerra sucia en democracia.

La investigación del caso Kitchen dio un vuelco cuando, a principios de 2019, el comisario García Castaño confesó en la Audiencia Nacional que Martínez le había pedido que recuperara los discos duros de Bárcenas, los mismos que nunca llegaron a aparecer. El caso saltaba a su vertiente política. No era solo una operación policial. Martínez llevó entonces a un notario cuatro mensajes que evidenciaban el conocimiento de la operación que tenía su inmediato superior, el ministro del Interior. El primero de esos mensajes tiene fecha de 13 de julio de 2013, dos días antes de que Bárcenas tire de la manta ante el juez Ruz, cuando ya ha trascendido que ha pedido declarar voluntariamente tras dos semanas en la cárcel por el caso Gürtel. 

Fernández Díaz niega que él sea la persona con la que Martínez se intercambia esos mensajes. El exministro del Interior también niega ser el autor de la frase “la Fiscalía te lo afina”, que un micrófono colocado por el Gordo en su despacho con autorización del ministro, captó en una conversación del ministro sobre la Operación Cataluña. Jorge Fernández ha llegado a decir que la grabación, publicada en 2016, podía haber sido manipulada con inteligencia artificial. El exministro también aparece en una grabación de Villarejo hablando de la operación Cataluña. “Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido”, se le escucha decir en el audio. 

El ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha reaparecido públicamente para conceder una entrevista, la primera después de obtener la libertad condicional en su condena de 12 años de prisión, y se ha referido a la operación Kitchen, el dispositivo del Ministerio del Interior para intentar sabotear el caso de la caja B del PP “como una auténtica aberración” cometida contra personas inocentes, en referencia a su esposa, Rosalía Iglesias, y a su hijo Guillermo.

“El caso Kitchen, lo que demuestra, es hasta que punto creen en el Estado de Derecho las personas que estaban encargadas de esas funciones en esos momentos [en el Ministerio del Interior]. Es absolutamente impresentable el uso de recursos públicos para perseguir, a ya no hablo de mí, hablo de mi familia, a ciudadanos absolutamente inocentes, a mi hijo a mi mujer... con un despliegue de policías inmenso, pagando, según está acreditado en informes policiales y se determinará en el juicio, con fondos reservados. Una auténtica aberración, una auténtica barbaridad”, ha dicho Bárcenas en el podcast del abogado Miguel Durán, amigo del ex tesorero.

El juicio por la operación Kitchen está previsto que comience el próximo 6 de abril y en el banquillo se sentarán el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y el DAO de la Policía Eugenio Pino, a los que la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel. Estarán acompañados de un grupo de mandos policiales, integrantes de la brigada política que actuó al servicio del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En el juicio, Bárcenas y Rosalía Iglesias actúan como víctimas de aquella operación y ejercen la acusación particular.

En un momento de la entrevista, Durán pregunta a Bárcenas por el “falso cura” que asaltó su domicilio en busca de documentación del Partido Popular y que murió en la cárcel sin haber prestado declaración en el marco del caso Kitchen por las consecuencias de un ictus que había sufrido. El ex tesorero del Partido Popular ha enmarcado el asalto del “falso cura” como parte de la Operación Kitchen y ha dicho que el juicio determinará lo que ocurrió, después de que los principales acusados se hayan desmarcado del asalto.

También ha aludido a Sergio Ríos, el chófer de la familia que actuó de espía para la familia y que luego fue recompensado con el acceso a la Policía Nacional a los 42 años. Bárcenas ha explicado que se lo recomendó una persona que trabajaba en seguridad en el Partido Popular, pero que, con posterioridad, recibió el visto bueno de “alguien del Ministerio del Interior” que no ha identificado. “Alguien del Ministerio del Interior me dice que es muy buen chico. Digamos que venía ampliamente recomendado y decidí contratarlo”, ha apostillado Bárcenas.

Bárcenas ha hecho estas declaraciones en el podcast 'Asi te veo yo' en el que Durán realiza entrevistas a personajes relevantes con la colaboración del grupo de comunicación Merca2.

El ex tesorero pasó a disfrutar de la libertad condicional en diciembre de 2024 al haber cumplido los dos tercios de su condena a 12 años de cárcel. La propuesta partió del régimen donde cumplía la condena en régimen de semilibertad y acordada por el juez de Vigilancia Penitenciaria después de que la Fiscalía no se opusiera. Bárcenas suma condenas que ascienden a 33 años de cárcel, pero la legislación penitenciaria permite cumplir, como máximo, el triple de la pena que conlleva el delito más grave de los cometidos.

Santos Cerdán ha pasado en pocas semanas de ser uno de los políticos con más poder en España a verse durmiendo en la cárcel. Es un nombre más, importante, en una larga lista de personas que quizá sintieron que nunca se verían entre rejas. Y muchos de ellos han pasado por una cárcel en concreto: Soto del Real. Hablamos del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González o del ex vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras. Algunos, incluso, coincidieron allí en el tiempo.

Hacemos un repaso a estos nombres y a cómo es la vida de un político en prisión con el periodista de elDiario.es Alberto Pozas.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

La entrada de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real se ha convertido en el último capítulo de la serie de políticos del más alto nivel que ingresan en prisión provisional por orden de un juez en una causa por corrupción. El nombre del exsecretario de organización del PSOE se suma al de ministros como Eduardo Zaplana, altos cargos como Rafael Vera o políticos autonómicos como Francisco Granados o Ignacio González que pasaron tiempo entre rejas mientras la investigación contra ellos estaba en marcha. El magistrado que investiga el caso Koldo entiende que Cerdán, ya sin cargos políticos u orgánicos dentro del partido, podría destruir pruebas sobre la trama de contratos amañados y comisiones en la que comparte imputación con José Luis Ábalos y Koldo García.

Las grandes causas de corrupción de la última década han venido acompañadas, en muchos casos, de grandes operaciones policiales con decenas de detenidos. El filtro judicial, tradicionalmente en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, aplica criterios muy concretos para decidir quién tiene que empezar la investigación entre rejas: si hay riesgo de que se fugue o de que destruya pruebas. En el caso de Cerdán, el juez Leopoldo Puente intuye que el “botín” de la trama tuvo que ser mucho más alto que el que ha detectado la Unidad Central Operativa (UCO) y hay un peligro real, alega, de que el exdiputado pueda destruir las potenciales pruebas.

Santos Cerdán ostentó el cargo más importante que puede tener alguien dentro de un partido político por debajo del secretario general. Fue el de secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025. Pero no es el único alto cargo enviado a prisión provisional durante una investigación. El preso preventivo con mayor rango político sigue siendo, a día de hoy, Eduardo Zaplana. Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar en su última legislatura, Zaplana pasó ocho meses y medio en la cárcel de Picassent después del estallido del caso Erial. Abandonó la prisión antes del juicio y después de que los magistrados entendieran que debía permanecer en libertad para recibir tratamiento contra el cáncer que padece.

Zaplana, también expresident de la Generalitat Valenciana, pasó 259 días en prisión entre 2018 y 2019 en un caso Erial que ha terminado, a la espera de un pronunciamiento del Supremo, en una condena para él: diez años de cárcel y multa de 25 millones de euros por cobrar comisiones en un proceso de privatización de las ITV. El terremoto político por su entrada en prisión provisional fue de una intensidad bastante inferior al provocado por el encarcelamiento de Cerdán. Fue detenido unos días después del décimo aniversario de su salida de la política para fichar por Telefónica.

Muchos altos cargos de Gobiernos ligados sobre todo al PP han entrado en prisión, pero después de ser condenados, en primera o en segunda instancia. A nivel de la administración, otros antecedentes previos a Zaplana se remontan a la década de los 90, cuando Rafael Vera pasó varios meses la prisión de Alcalá de Henares por su implicación en el caso del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y el secuestro de Segundo Marey. El exsecretario de Estado de Seguridad con Felipe González estuvo casi cinco meses entre rejas entre febrero y julio de 1995, de donde salió tras pagar una fianza de 200 millones de pesetas.

El Tribunal Supremo terminó confirmando condenas para Vera que sumaban más de 17 años de prisión por su relación con el secuestro y también con el uso de fondos reservados para pagar a dos policías de los GAL. El Gobierno de José María Aznar limitó su estancia en prisión por el primer caso tras indultar una parte importante de su condena y terminó entrando en la prisión de Segovia en 2005 para cumplir su segunda condena.

El listón de la prisión provisional también ha llegado en ocasiones al nivel parlamentario que también ocupó Santos Cerdán hasta pocos días antes de ser encarcelado. Luis Bárcenas, conocido y condenado por su actividad como tesorero del Partido Popular y gestor de la 'caja B' de la formación, sorteó la prisión provisional cuando era senador, estalló el caso Gürtel y el juez Antonio Pedreira entendió, tras dos años de imputación, que no había pruebas contra él. Su suerte cambió dos años después, cuando El País publicó su contabilidad paralela, que recogía las entradas y salidas de dinero negro de Génova 13, y el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional decidió enviarle a Soto del Real en el verano de 2013.

Bárcenas pasó 19 meses en prisión provisional hasta que salió en 2015 armado con su frase más lapidaria: “Luis ha sido fuerte de verdad”. Arrancó entonces para él un reguero de sanciones penales por corrupción, fraude fiscal y el pago de la reforma de la sede del PP en dinero negro que le devolvió a prisión aunque esta vez para cumplir condena. Quedó en libertad condicional en diciembre del año pasado, más de una década después de su primer ingreso en prisión.

La nómina de políticos encarcelados de forma preventiva por causas relacionadas con la corrupción se amplía descendiendo al nivel autonómico. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, estuvo casi siete meses en prisión como cabecilla de la operación Lezo. Una causa por la que, ocho años después, sigue procesado y a la espera de juicio por corrupción en la construcción de un campo de golf o por cobrar una comisión de 1,8 millones cuando estaba al frente del Canal de Isabel II.

Francisco Granados, exsenador, pero sobre todo hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, pasó dos años y medio en prisión preventiva por una trama Púnica cuyas piezas principales también están pendientes de juicio más de una década después del arranque de la operación. Años antes, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el primero conseller y el segundo secretario general de Presidencia con Jordi Pujol, pasaron más de un mes en prisión provisional por el caso de corrupción urbanística 'Pretoria' por el que fueron finalmente condenados a casi dos años de cárcel tras reconocer que cobraron comisiones.

De los ministros de Aznar al procés

La lista de políticos que han pasado por la prisión crece drásticamente al analizar aquellos que han sido encarcelados después de ser condenados, todos evitando el presidio cuando la investigación todavía estaba en marcha. A nivel nacional, muchos de ellos integrantes de los gabinetes del PP y José María Aznar. Rodrigo Rato, uno de los hombres fuertes de los gobiernos del Partido Popular y considerado artífice del 'milagro económico español', fue detenido en 2015 durante los registros de su domicilio y su despacho, pero nunca fue enviado a prisión provisional.

El exvicepresidente del Gobierno no pasó por la prisión provisional, pero sí tuvo que entrar a cumplir condena por el uso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y Bankia y está por ver si tiene que volver a hacerlo si los tribunales declaran firme su segunda condena de casi cinco años de cárcel por ocultar su fortuna a Hacienda.

Jaume Matas, ministro con José María Aznar y también presidente del Govern de Balears por el PP, también optó por empezar a pactar sus condenas con la Fiscalía ante la amenaza de causas judiciales que le llevaron a la cárcel sin que antes hubiera pasado por prisión provisional. Desde su primera condena en 2012 por pagar con dinero público a un periodista que escribía sus discursos hasta el macro caso Palma Arena y dos años y medio entre rejas.

El caso de los GAL y la guerra sucia contra ETA no solo llevó a prisión a Rafael Vera. El exministro del Interior socialista José Barrionuevo no fue encarcelado de forma provisional, pero sí entró a cumplir los 10 años de cárcel que le fueron impuestos por su papel en el secuestro de Segundo Marey. Vera tampoco es el único secretario de Estado de Seguridad que ha pasado por la cárcel de forma preventiva: Francisco Martínez, procesado en la operación Kitchen, estuvo menos de una semana en prisión por su supuesta implicación en la 'operación Borraska' sobre la actividad del hacker Alcasec.

No todos los políticos que han sido presos preventivos o condenados han estado encarcelados por delitos relacionados con causas de corrupción política. El cargo orgánico de un partido con más categoría dentro de su formación que ha pasado tiempo entre rejas es Oriol Junqueras, líder de ERC que estuvo en torno a dos años en prisión preventiva por el procés. Desde que la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a este político y varios miembros del Govern depuesto de Carles Puigdemont en 2017 hasta que el Supremo firmó su condena de 13 años de prisión y su encarcelamiento dejó de ser preventivo.

Junto con Junqueras pasaron meses o incluso años en prisión provisional varios políticos catalanes que ocupaban cargos públicos o de partido en el Govern como consellers o en ERC y Junts. En su caso, tanto Lamela en primer lugar como Pablo Llarena posteriormente en el Tribunal Supremo cimentaron su decisión de mantenerles entre rejas en el riesgo de que se fugaran o, incluso, de que siguieran adelante con el desafío soberanista si eran dejados en libertad.

Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, también pasó tiempo en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional. Entró en octubre de 2009 por el caso Bateragune, la causa en la que los tribunales europeos determinaron que no había tenido un juicio justo. Previamente, también había pasado por prisión provisional por participar, dentro de la banda terrorista ETA, en el secuestro del director de la fábrica de Michelín en Vitoria, Luis Abaitua, en 1979. Fue preso preventivo desde 1987 hasta que fue condenado en 1989.

El horizonte judicial del que fuera secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez se complica todavía más. Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional lo detuvieron este martes en el marco de una causa en la que también se investiga al hacker conocido como 'Alcasec', según adelantó El Independiente y confirmaron a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. 

La trascendida este martes es la tercera causa abierta en la Audiencia Nacional contra el que fuera ‘número dos’ de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior entre 2013 y 2016: está a un paso del banquillo por las actuaciones de la brigada política contra Luis Bárcenas y también está siendo investigado por el espionaje a dirigentes de Podemos con el objetivo de hallar información negativa que pudiera perjudicarles políticamente. 

La Fiscalía Anticorrupción pide para él 15 años de cárcel por la llamada operación Kitchen, el caso más grave de corrupción en el departamento de la seguridad del Estado desde los GAL. Los investigadores le atribuyen un rol de “coordinador” del presunto operativo parapolicial para espiar al extesorero del PP y robarle la información sensible que tuviera del partido.

Fue imputado en esa causa en enero de 2020, tras ser señalado por el comisario Enrique García Castaño como máximo responsable de los fondos reservados que habrían sufragado la operación. El clonado de su móvil, que fue incautado en su domicilio, puso entonces al descubierto las gestiones que realizó durante meses con dirigentes del PP y otras autoridades en busca de ayuda ante su delicada situación judicial. 

Precisamente los chats obtenidos a través de esa incautación de su móvil constituyen un pilar de la querella que presentó Podemos por las maniobras policiales que sufrió y que investiga el juez Santiago Pedraz. En esos audios aparece, entre otras, la petición de Martínez a un comisario para que busque información perjudicial para los diputados de Podemos que habían resultado elegidos en las elecciones de diciembre de 2015. En la causa de la Audiencia Nacional, Francisco Martínez es el imputado con mayor rango. De los cuatro mandos policiales igualmente investigados, tres aparecen en estos chats hablando con él, aunque la causa contra uno de ellos, Enrique García Castaño, ha decaído por su grave estado de salud. 

En este nuevo frente judicial que trascendió este martes se le investiga en dos líneas. Por una parte, por los trabajos como abogado que habría realizado para un hacker conocido como 'Alcasec' y sus empresas fuera de la legalidad. Y por otra, los agentes investigan que el pirata informático hubiera suministrado a Martínez información obtenida a través de sus ciberataques en su etapa posterior al Ministerio del Interior.

Amigo de Sáenz de Santamaría

De origen humilde, Martínez se licenció en Derecho y Económicas con calificaciones excelentes en la universidad privada y católica de Comillas. No es lo que se conoce como un hombre de partido. De hecho, empezó a desarrollar sus facultades para la política al rondar la treintena, cuando ingresó en 2004 en el Cuerpo de Letrados de las Cortes con el número uno de su promoción. En la Cámara Baja llegó a director general de Relaciones Internacionales y fue ahí cuando entabló una relación próxima con Soraya Sáenz de Santamaría, a la que le tocó asesorar en los trámites de inicio de la legislatura. Sus despachos también estaban cerca, lo que propició el buen trato entre ambos. 

En enero de 2013 fue nombrado secretario de Estado de Seguridad, un puesto de gran poder y en el que tenía a su cargo a casi 150.000 policías y guardias civiles. En aquella época, Sáenz de Santamaría y Fernández Díaz todavía mantenían una buena sintonía. La relación entre ambos se empezó a enturbiar a partir de 2016, cuando el entonces titular de Interior se integró en el conocido como G-5, un grupo de ministros amigos entre sí y de Mariano Rajoy que compartían su animadversión hacia la número dos del Ejecutivo. Eso no evitó que Martínez siguiera siendo un hombre de la vicepresidenta y al tiempo número dos del ministro. 

Martínez intentó sustituir a Fernández Díaz en 2016 tras su salida de Interior por el escándalo de las grabaciones en las que conspiraba contra políticos independentistas. Todavía quedaban más de dos años para que se iniciara la investigación por el espionaje a Bárcenas, pero ya había trascendido el trato directo que mantenía con al menos tres de los comisarios implicados en las maniobras del Ministerio del Interior contra los adversarios políticos del PP.

Uno de esos mandos policiales, Marcelino Martín Blas-Aranda, guardaba el número de Martínez en su agenda del móvil junto al alias 'Paco Bomba'. Sus aspiraciones se truncaron aunque sí consiguió un escaño por Madrid en el Congreso en las elecciones de junio de ese año. En los siguientes comicios, los de abril de 2019, tanto él como Fernández Díaz fueron apartados de las listas. Menos de un año después fue imputado en la causa por el espionaje a Bárcenas que le tiene ahora al borde del banquillo.

Luis Bárcenas queda en libertad condicional. El juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido esta medida al extesorero del Partido Popular condenado en varias piezas del caso Gürtel al constatar que ya ha cumplido dos terceras partes de sus condenas de prisión, ha pagado todas sus multas, se ha arrepentido y además ha participado en diversos programas para internos que cumplen cárcel por delitos económicos. Bárcenas, que llevaba desde marzo en tercer grado penitenciario, no tendrá que volver a la cárcel pero sí tendrá que comunicar cualquier cambio en su domicilio y también si fuera condenado en alguna otra causa pendiente.

El extesorero y antiguo senador del PP ha sido considerado uno de los cabecillas de la macrocausa de corrupción bautizada como Gürtel, de la que han surgido media docena de sentencias firmes que han certificado la unión simbiótica de una trama de empresarios con el PP en territorios y localidades donde gobernaba. La sentencia del Supremo que confirmó la financiación del partido con la trama ya impuso 29 años de cárcel para Bárcenas. Recientemente, el Supremo ha dejado en ocho meses de cárcel su condena por pagar la reforma de la sede central del PP con dinero negro de su 'caja B'.

Luis Bárcenas entró en prisión preventiva por primera vez en junio de 2013. Después de haber sido señalado por las primeras fases del caso Gürtel, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid archivó la parte de la causa que le afectaba en 2011. Pero dos años después volvió a la lista de imputados cuando el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, ordenó su ingreso en prisión sin fianza. La investigación sobre los movimientos millonarios de sus cuentas en el extranjero derivó en nuevas causas y en su conversión en protagonistas del caso de corrupción que terminó sacando de La Moncloa al PP y a Mariano Rajoy.

El extesorero pasó varios años negando los hechos hasta que, en las últimas causas sentenciadas, optó por reconocerlo y buscar pactos favorables con la Fiscalía, unos años en los que su esposa Rosalía Iglesias también se expuso a entrar en la cárcel. Este reconocimiento es uno de los factores que el juzgado de vigilancia penitenciaria ha tenido en cuenta para conceder la libertad condicional junto con que ya ha cumplido dos terceras partes de su condena y ha pagado todas sus multas.

Los jueces de la Audiencia Nacional devolvieron a Bárcenas a prisión a mediados de 2018, después de que el tribunal dictara la sentencia del caso 'Época I', que además de la corrupción del PP en varios de sus feudos de Madrid también constató un rosario de delitos fiscales en la gestión de su propia fortuna en el extranjero. Sus primeros permisos penitenciarios llegaron tres años después y su trabajo como contable para su hijo Guillermo 'Willy Bárcenas' a principios de 2023. Fue en marzo de este año cuando la Audiencia le concedió el tercer grado.

El número 13 de la calle Génova de Madrid tiene un alto valor simbólico en el caso Gürtel. Desde sus salas, Mariano Rajoy intentó convencer a España de que la trama no existía. Registrada de arriba a abajo por la Audiencia Nacional, fue puesta en venta por el PP de Pablo Casado y recuperada por el PP de Alberto Núñez Feijóo. Y fue reformada, según acaba de recordar el Tribunal Supremo, con dinero de la 'caja B' que el PP niega desde hace casi dos décadas. La Gürtel extendió sus tentáculos en algunos de los grandes feudos del Partido Popular pero con la sede central de Génova como principio, nudo y desenlace del caso.

El PP se mudó a su actual sede central en 1983 tras unos primeros años entre la Gran Vía y la plaza de La Luna de Madrid. En sus balcones se celebraron las victorias electorales de José María Aznar y Mariano Rajoy. En sus pasillos y despachos, según la contabilidad paralela destapada por El País, los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas registraban las entradas y salidas de dinero al margen de lo que el partido remitía, año tras año, al Tribunal de Cuentas.

Génova 13 fue el escenario elegido por Mariano Rajoy para salir al estrado acompañado de la plana mayor del PP en febrero de 2009. Allí negó la existencia de la trama Gürtel de la manera más categórica posible: “No es una trama del PP sino contra el Partido Popular”, dijo en un edificio que habían reformado pocos años antes de forma integral. Esa reforma, dice ahora el Supremo, se pagó con el dinero negro de una 'caja B' que había estado funcionando a pleno rendimiento hasta solo unos meses antes de la comparecencia con “M. Rajoy” entre los beneficiarios.

La sentencia, conocida este viernes en plena comparecencia de Carlos Mazón sobre la DANA en el Palau de la Generalitat, lima los errores de la Audiencia Nacional y rebaja las condenas de Luis Bárcenas y los responsables de la empresa que dirigió la reforma, hasta el punto de abrir la puerta a que no tengan que entrar en prisión a cumplir condena. Pero confirma punto por punto todo lo que tiene que ver con el PP: su tesorero usó cientos de miles de euros de su 'caja B' para pagar la reforma a espaldas de Hacienda, contribuyendo a un fraude fiscal de otros cientos de miles de euros más.

La paradoja del fortín del PP es que allí se forjó la relación simbiótica que, según describen los jueces, unió al partido con la trama Gürtel. Rajoy negó la existencia de la Gürtel en el mismo edificio donde, apenas cinco años antes, Esperanza Aguirre dice haber destapado la trama delante del propio Rajoy. Donde Luis Bárcenas mantuvo un despacho y más infraestructura años después del estallido del caso. “Pasaba más tiempo en Génova que en mi despacho”, dijo Francisco Correa, considerado el cerebro empresarial de la trama.

El juez Pablo Ruz estuvo al frente del caso en los años clave de la investigación y fue quien envió a la Policía Nacional a Génova 13 hace más de una década a buscar los contratos de la empresa Unifica que esta semana se han traducido en la sentencia firme del caso. Los requerimientos con aspecto de registro, la familiaridad con la que los cabecillas hablaban de los despachos del edificio y las sentencias que daban veracidad a todo a golpe de condena llevaron a Pablo Casado a anunciar la venta del edificio.

“Hay que dejar de preocuparnos por nuestro pasado”, dijo en febrero de 2021. Unos días antes la Audiencia Nacional había empezado a celebrar el juicio por la reforma de la sede y el objetivo de Casado era pagar deudas y, ya de paso, desvincularse del símbolo que unía al partido con una trama corrupta desmantelada más de diez años atrás. Un año después Casado era políticamente defenestrado de Génova 13 por apuntar a la presunta corrupción del hermano de Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo entraba en la séptima planta del edificio.

La venta fue abortada y el partido se quedó en su cuartel general: “Los edificios no tienen la culpa de nada”, dijo unos meses antes de que la Audiencia Nacional certificara, en una decisión ahora confirmada por el Supremo, que efectivamente la culpa no era del edificio sino del tesorero y en última instancia del PP, que según los jueces no ejerció “un control adecuado” sobre Luis Bárcenas.

Sentencias y juicios pendientes

La sede central del PP ha sido el telón de fondo de décadas de corrupción que, en la práctica, consiguió que el partido se financiara al margen de la ley en algunos de sus grandes feudos de Madrid como Majadahonda, Pozuelo o la propia capital. Contratos y adjudicaciones públicas a cambio de dinero para actos o de comisiones para cargos públicos del partido. La trama Gürtel tiene todavía varias piezas separadas pendientes de juicio o sentencia firme, sin que la existencia judicialmente testada de su 'caja B' sea un debate desde hace años.

La Audiencia Nacional mandó dos veces a los agentes a Génova 13 a requerir papeles y documentos. En febrero de 2016 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron para obtener pruebas sobre una posible financiación irregular de la facción madrileña del PP en las campañas electorales que encumbraron a Esperanza Aguirre. Un caso derivado de la Púnica, no la Gürtel, ahora a las puertas de juicio con el foco puesto sobre Beltrán Gutiérrez, gerente del PP madrileño que también tenía su despacho en la calle Génova.

La sentencia del Tribunal Supremo conocida esta semana no es la primera que confirma la existencia de una 'caja B' gestionada desde Génova 13 y está por ver si es la última que se apoya en su existencia para declarar probada la corrupción de la Gürtel. Tampoco es la primera que liga su existencia al partido y no en exclusiva al tesorero.

“Una estructura contable paralela a la oficial”, dijo la Audiencia Nacional en la sentencia de 2018 que precipitó la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa. No una trama contra el PP, como dijo Mariano Rajoy cuando no estaba obligado a decir verdad, sino del PP radicada en su cuartel general. Luis Bárcenas no robó al PP a manos llenas, como el partido intentó hacer creer a la opinión pública cuando las diligencias judiciales cogieron el camino de no retorno, sino que usó el dinero de la 'caja B' para reformar su sede central.

El Tribunal Supremo ha confirmado en lo esencial la sentencia que condenó económicamente al Partido Popular por la reforma de su sede central pagada con dinero opaco de su 'caja B'. Los jueces han estimado parcialmente algunos recursos y rebajan las condenas de cárcel tanto de Luis Bárcenas como de los socios de la empresa que hizo las obras en Génova 13, así como las cuotas defraudadas, pero mantienen los hechos probados y la cantidad económica de la que debe responder el Partido Popular como responsable civil subsidiario.

En el caso del arquitecto Gonzalo Urquijo y su socia Belén García, sus condenas de dos años y nueve meses de cárcel bajan a nueve meses, lo que en la práctica abre la puerta a que no tengan que entrar obligatoriamente en prisión a cumplir condena. En el caso de Bárcenas, baja de dos años de presidio a ocho meses. Y a nivel general la cuota defraudada en toda la operación baja de 873.000 euros a 374.000, aunque “se mantiene” la condena del Partido Popular como responsable civil subsidiario para hacerse cargo de parte de las cuotas tributarias eludidas, en caso de que los condenados no lo hagan, ya que no fue recurrida ante el Supremo.

La sentencia de la Audiencia Nacional impuso dos años de cárcel a Luis Bárcenas, extesorero del PP, por pagar más de un millón de euros a la empresa unifica por reformar la sede central del partido en el número 13 de la calle Génova de Madrid. Un dinero que procedía de la contabilidad paralela y que sirvió para reformar siete plantas del edificio, sótanos y garajes entre 2005 y 2010. Todo en dinero negro, según dijeron los jueces: “Al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda pública”.

Además del extesorero del PP, fueron condenados por fraude fiscal a dos años y nueve meses de prisión los responsables de la empresa que realizó la reforma: el arquitecto Gonzalo Urquijo y su socia Belén García. El PP también fue condenado como responsable civil subsidiario de una parte del fraude fiscal: de los 123.669 euros que Unifica dejó de pagar en 2007 por el Impuesto de Sociedades al haber cobrado en negro de las arcas del partido y, por tanto, a espaldas de Hacienda. Los órganos directivos del PP en ese momento, dijo la Audiencia, no ejercían “un control adecuado” sobre la gestión de Bárcenas y sus medidas para prevenir este tipo de situaciones eran, en ese momento, inexistentes. El partido debía responder económicamente por esa parte del fraude, añadió la sentencia ahora ratificada en lo esencial por el Supremo, ya que Bárcenas actuó “como gerente de dicha formación política”.

El Tribunal Supremo ha estimado una parte del recurso de Gonzalo Urquijo contra su condena. Rechaza que el caso prescribiera pero sí reconoce que los ocho años que tardó en ser sentenciado desde la apertura de diligencias debe ser considerado una atenuante simple de dilaciones indebidas. También retira al arquitecto y al resto de acusados el delito de falsedad por el que habían sido condenados al entender que las facturas y certificaciones aportadas no eran simuladas aunque tuvieran datos inexactos: “Lo simulado es la cantidad, no el documento” y su “falta de veracidad” se limita a “algunos puntos”, lejos de lo requerido para ser un delito de falsedad.

La sentencia no modifica los números que afectan al Partido Popular aunque disminuya las cuotas defraudadas. En la estimación parcial del recurso de Urquijo también lleva a reducir a menos de la mitad el fraude fiscal que perpetró la empresa UNIFICA: de más de 873.000 euros a 384.000, ampliamente por encima del umbral del delito fiscal. Pero la cuota defraudada de la que se responsabiliza de forma subsidiaria a Bárcenas y al PP, de 123.669 euros, no se modifica.

Las rebajas de condena a nivel penal sí tienen mucha relevancia inmediata para los acusados. En el caso de Gonzalo Urquijo y su socia Belén García, la sanción penal deja de implicar su entrada obligatoria en prisión al bajar de dos años y nueve meses a solo nueve meses de prisión.

La caja B y los papeles de Bárcenas

Esta no es la primera sentencia que certifica la existencia de una caja de dinero negro en el Partido Popular, pero sí fue la primera que se pronunció sobre la veracidad de la contabilidad paralela que llevó su tesorero: los conocidos como 'papeles de Bárcenas'. “Determinados apuntes o anotaciones de salida han quedado corroborados con otras pruebas, lo que nos lleva a concluir que los papeles recogen acontecimientos que en una parte sí son reales”, asegura.

Esa resolución, ahora declarada firme en lo esencial, afirmó que Luis Bárcenas “gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela –contabilidad B– de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial”. Y los papeles de Bárcenas, añadió, “reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada, como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el PP o los pagos por las obras de reforma”.

No todo el mundo recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo. Luis Bárcenas, por ejemplo, no recurrió su condena de dos años de prisión. El Partido Popular, todavía con Pablo Casado al frente, presentó alegaciones ante la Sala de lo Penal contra la condena de Bárcenas y la suya propia, pero lo retiró poco después de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del partido.

Esta no es la primera sentencia firme sobre las distintas ramificaciones del caso Gürtel de corrupción, una investigación que arrancó hace más de 15 años en la Audiencia Nacional. Una causa abierta en torno a municipios y administraciones públicas controladas por el PP donde empresarios de la trama encabezados por Francisco Correa se beneficiaron de adjudicaciones millonarias a cambio de mordidas y regalos a políticos del partido.

Se trata de la séptima resolución firme del Tribunal Supremo que declara probada la relación simbiótica entre el PP y la trama corrupta durante años. La última fue dictada a finales del año pasado cuando el alto tribunal confirmó que el partido se financió con 200.000 euros de la Gürtel en Boadilla del Monte, uno de sus feudos en Madrid.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha asegurado que la 'Operación Kitchen', el supuesto operativo parapolicial para sustraer información relacionada con 'Gürtel' al extesorero del PP Luis Bárcenas, no partió de su Ministerio, y ha apuntado a “otras personas de instancias ajenas” a su departamento.

Así se desprende de su escrito de defensa, en el que su letrado sostiene que se ha producido un “cierre en falso de la investigación”, obviándose por parte del juez Manuel García Castellón “numerosos elementos e indicios obrantes que apuntaban hacia otras personas” que no pertenecían a la órbita de Interior.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 15 años de cárcel para Fernández Díaz y 33 de inhabilitación por los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

A lo largo de 31 páginas, el abogado del exministro asegura que a Fernández Díaz “no le afectaba ni perjudicaba el resultado de la investigación judicial en la pieza 'papeles de Bárcenas'”. “No se ha relacionado nunca su nombre con este asunto, por lo que no tenía interés o motivación especial en una operación policial dirigida a sustraer información de aquella investigación judicial”, añade.

“No puede descartarse la intervención de otras personas”

Su letrado indica que en el “propio escrito de acusación del Ministerio Fiscal se reconoce que en la ideación de la Operación Kitchen no puede 'descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias' ajenas al Ministerio del Interior, juicio de inferencia lógico y acorde a los múltiples elementos obrantes en la causa que así lo sugieren y al resultado de las diligencias de instrucción practicadas”.

En esta línea, afirma que el “encapsulamiento de los hechos en el Ministerio del Interior y el rechazo a la vía de investigación judicial hacia otras instancias, incluso contra el criterio de la propia Fiscalía Anticorrupción, necesariamente conllevaba el procesamiento y enjuiciamiento del máximo responsable gubernamental (en palabras de la Fiscalía) en aquellos años del reiterado Ministerio, el señor Fernández Díaz”.

Sin embargo, su defensa insiste en que “del resultado de las diligencias practicadas no puede inferirse su conocimiento o participación en los hechos más allá de las manifestaciones” de su ex 'número dos', Francisco Martínez, “que no se han corroborado por ningún otro elemento o dato”.

Además, su letrado deja claro que “no existe en la causa elemento o dato que permita concluir que Fernández Díaz estuviera al corriente o participara en la gestión de los fondos que fueron destinados presuntamente a pagos efectuados” al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

“Tampoco ha quedado acreditado que Fernández Díaz, como ministro del Interior, ordenara o estuviera al corriente de un especial o férreo control a Bárcenas mientras estuvo en situación de prisión provisional, o que se aplicaran a éste ciertas medidas de régimen penitenciario especialmente duras o rígidas, si es que tales circunstancias, solo denunciadas por la acusación particular, ciertamente se produjeron”, continúa.

Lo mismo, añade, “respecto a que diera instrucciones al comisario principal (José Luis) Olivera a fin de que presionara e intentara cambiar de destino” al inspector de la UDEF Manuel Morocho, encargado de la investigación de 'Gürtel'.

A juicio de la defensa, “no resulta verosímil que el ministro fuera quien informara al secretario de Estado de Seguridad y no al revés, y menos sobre una cuestión operativa”. “Fernández Díaz no estuvo al corriente de tal operación policial ni tampoco tenía interés alguno en dicha operación”, incide.

“Por todo lo expuesto, más allá de las manifestaciones del ex secretario de Estado y de la ascendencia del ministro sobre este y los demás funcionarios policiales de mayor rango que supuestamente materializaron la operación, no existe elemento alguno que permita concluir la participación de Fernández Díaz en los hechos objeto de esta pieza”, concluye.

La petición de la Fiscalía

Además de a Fernández Díaz, el Ministerio Público pide condenar a 19 años de cárcel al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a 15 años a Martínez y la misma pena para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y para Andrés Manuel Gómez Gordo, quien fue jefe de seguridad de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

La Fiscalía, además, también pide condenar al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, al que fuera jefe de la UCAO, el comisario Enrique García Castaño, y al que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía cuando se habría producido el espionaje, Marcelino Martín Blas.

El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido al extesorero del PP Luis Bárcenas el tercer grado penitenciario, que le había sido denegado el 31 de julio del pasado año, según han confirmado fuentes jurídicas a a EFE.

En aquel momento, el juez desestimó la petición de Bárcenas, que ha cumplido más de la mitad de la pena impuesta. El extesorero fue condenado a 29 años de prisión en su primer juicio del 'caso Gürtel', pero con un cumplimiento máximo de 12.

Entonces el juez consideró que no se daban “las características personales y penitenciarias que permitían una vida en semilibertad en atención a la versatilidad delictiva, gravedad de los hechos y lejanía en fechas de cumplimiento”, según el auto.

Hasta ahora, Bárcenas estaba en un régimen de semilibertad que le permitía salir para trabajar y regresar a dormir en el centro de inserción social (CIS) Victoria Kent de Madrid.

El pasado mes de diciembre, Interior aprobó la semilibertad para el extesorero del PP, que ingresó en prisión preventiva a mediados de 2013 y la abandonó bajo fianza en 2015, para regresar posteriormente en mayo de 2018.

El extesorero del PP disfruta de permisos desde marzo de 2021 y ha participado en un programa de reinserción de delincuentes económicos.

Precisamente el mismo día que le fue denegado el tercer grado a Bárcenas, el juez concedió la semilibertad a su esposa, Rosalía Iglesias, condenada a casi trece años por el mismo caso.

Con la aprobación del tercer grado, Bárcenas podrá elevar el número de días de permiso (hasta 48 días al año) y aspirar en septiembre a la libertad condicional, al cumplir las dos terceras partes de su condena a 29 años y un mes por el 'caso Gürtel'.

El tribunal estableció que el tiempo máximo de cumplimiento sería 12 años, que se corresponde con el triple de la pena más alta impuesta, en este caso, la de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha ordenado citar como imputados a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y al director adjunto operativo de la Policía entonces, Eugenio Pino, en el marco de la investigación de una presunta trama de extorsión al abogado Javier Gómez de Liaño con el fin de que no aparecieran publicadas informaciones sobre la caja B del PP cuando el letrado representaba a Luis Bárcenas, ex tesorero de la formación política.

La pieza 36 del caso Villarejo mantiene imputados a los tres participantes en una conversación grabada, y aportada a la causa, que hablan de una operación para chantajear a Gómez de Liaño con información sobre un supuesto cobro en negro del abogado por su defensa del mafioso ruso Zakhar Kalashov y que cesen así las publicaciones periodísticas en 2014 sobre la financiación irregular del PP.

En el audio, uno de los participantes dice que al frente de la maniobra está un abogado del Estado en excedencia que responde directamente a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido. La propia Cospedal ha declarado como testigo en la causa asegurando que desconoce la presunta trama. Durante su declaración llegó a negar que supiera quién pagaba a los abogados que Bárcenas tuvo antes que Gómez de Liaño cuando en su momento, y en público, admitió que la minuta la pagaba el Partido Popular.

La declaración del antiguo secretario de Estado y del entonces director operativo de la Policía se producirá a petición de Gómez de Liaño, que ejerce la acusación particular, y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, si bien el juez García Castellón no ha puesto aún fecha.

En su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, García Castellón asegura que hasta ahora ni imputados ni testigos han vinculado a Martínez con los hechos, al tiempo que justifica su citación porque en las agendas del comisario Villarejo aparecen anotaciones que apuntan a que estaba al tanto de la maniobra. Las agendas de Villarejo son tomadas como creíbles por los investigadores del caso al tratarse de anotaciones que el comisario había destinado a su uso personal y que fueron incautadas cuando éste ya estaba en la cárcel y pensaba que estaban a salvo de las pesquisas.

En ellas, Villarejo recoge ocho citas con 'Chisco', el apodo que adjudicó a Francisco Martínez, con alusiones a lo que el comisario calificó como “Operación Kalasov”, por el mafioso ruso que habría pagado 5 millones en negro a Liaño, lo que el abogado desmiente tajantemente.

El 4 de abril de 2014, por ejemplo, Villarejo escribe al lado de “Chisco”: “Kalas - Liaño”. El 4 de agosto vuelve a reunirse con el entonces secretario de Esado y anota: “Sergi dice que Liaño recibe dinero en Suiza”. Seis citas son en ese 2014 pero hay dos anteriores, correspondientes a 2013. Se trata del mismo motivo que asume el juez para citar, también como investigado, a Eugenio Pino, director adjunto operativo, esto es, anotaciones en la agenda de Villarejo para tratar con él el tema de Liaño.

Tanto Martínez como Pino se sentarán en el banquillo de los acusados por la operación Kitchen, el espionaje a Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Anticorrupción pide una condena de 15 años de cárcel para cada uno de ellos. La operación Kitchen es la maniobra parapolicial para destruir la investigación judicial de la caja B del PP. Por eso, la trama paralela para presionar al abogado de Bárcenas en la que han sido citados como imputados se ha venido a llamar Kitchen paralela o Kitchen jurídica.

Cosidó se vuelve a librar

De otro lado, García Castellón rechaza citar a Alejandro Auset Domper pese a que la Fiscalía apunta a él como el abogado del Estado en excedencia al frente de un “lobby jurídico” que trabajaría para el PP, que habría encargado el ataque a Liaño, y que respondería directamente ante María Dolores de Cospedal. También se niega a citar al entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó.

Alega García Castellón que Liaño no especifica si deben comparecer como testigos o imputados y que no ha surgido hasta ahora ningún indicio de su participación, si bien el fiscal anticorrupción preguntó en sus interrogatorios si el abogado del Estado en excedencia al que se refieren en el audio que origina la causa es Alejandro Auset.

[Una primera versión de esta información recogía por error que Francisco Martínez y Eugenio Pino habían sido citados como testigos]

3 de noviembre de 2017. Decenas de integrantes de la élite política, judicial y de los medios de comunicación contienen la respiración ante la detención del comisario de Policía José Manuel Villarejo Pérez. En los meses anteriores a su arresto se ha extendido que el policía grabó durante años todos sus encuentros. La preocupación crece entre quienes utilizaron su cargo para darle órdenes dudosas de ser legales y quienes le contrataron desde sus empresas, medianas y también del Ibex, para perjudicar a sus adversarios.

24 de julio de 2023. Siete años después de que arrancara el caso, casi seis desde la detención, la Audiencia Nacional dicta su primera sentencia de la macrocausa. El comisario es condenado a 19 años por varios delitos de revelación de secretos por tres encargos (Pit, Iron y Land) pero sale libre de los de organización criminal y cohecho. Y esta última absolución es especialmente llamativa: el policía nunca utilizó su destino en el corazón de la seguridad del Estado para confeccionar los dosieres que vendía a sus clientes, ha concluido el tribunal. 

Pero si Villarejo no aprovechaba su relevante puesto en la Policía, si sus clientes más poderosos, de la política y la empresa, han escapado de sus imputaciones… ¿qué queda del caso que iba a levantar las alfombras de la no tan ejemplar historia de la democracia? 

La Fiscalía estudia la presentación de un posible recurso ante el Tribunal Supremo por la resbaladiza cuestión del cohecho y la interpretación que ha aplicado la Audiencia Nacional. Aseguran desde el Ministerio Público que la doctrina del Alto Tribunal también permite encajar como cohecho solo por la condición de policía, que ya influía por sí misma en la obtención de la información que luego vendía el agente a sus clientes [leer aquí]. 

Rajoy y Cospedal, fuera

El caso Villarejo y el mes de julio, concretamente los días previos a que los jueces se vayan de vacaciones, son fechas de desencuentros en el seno de la causa. El 29 de julio de 2021, el juez conservador Manuel García Castellón adoptó acaso la decisión más trascendente de la macrocausa: el anterior presidente del Gobierno y en el PP, Mariano Rajoy, y su mano derecha en el partido, María Dolores de Cospedal, no tenían responsabilidad alguna en la operación para destruir la causa de la financiación irregular de su formación política. 

Aquello le valió una censura demoledora de la Fiscalía Anticorrupción: “Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación”. Esa “dirección” a la que alude la frase es, según los fiscales, la “conexión política” para espiar a Luis Bárcenas más allá del Ministerio del Interior, la misma que conducía a la cúpula del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy. 

El juez había dejado sin concluir la investigación del número móvil de Rajoy al que Villarejo trasladaba directamente los avances en el espionaje a Bárcenas con fondos reservados, según la versión del comisario. De los abundantes indicios sobre la relación de Cospedal y su marido, Ignacio López el Hierro, con Villarejo, incluso de supuestos pagos de la política al policía, García Castellón dijo que no había indicios de delito y que sus encuentros eran reuniones de carácter “social”. La Sala de lo Penal terminó por avalar aquel archivo. 

Después llegaron nuevos indicios, como la publicación del audio de una conversación en la que Cospedal dice a Villarejo que “la libretita [los papeles de Bárcenas con cobros de dinero negro del PP y pago a sus dirigentes de sobresueldos] sería mejor poderlo parar”. El juez tampoco lo vio suficiente para volver a imputar a Cospedal y el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, decidió no recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

García Castellón ha concluido que la operación Kitchen fue ideada en el Ministerio del Interior y que su titular, Jorge Fernández Díaz, nunca informó a su amigo y jefe Mariano Rajoy de las maniobras parapoliciales en auxilio del PP y el Gobierno. Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, van camino del banquillo como máximo responsables de la malversación de los fondos públicos. 

En esa vista no se discutirá el cohecho de Villarejo porque no se trató de un encargo de un particular a su empresa Cenyt sino de una operación política en la que participó en razón de su cargo en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. 

El ‘todopoderoso’ Ibex

Donde la sentencia absolutoria de cohecho sí puede tener repercusión es en las piezas sobre los contratos de las mayores empresas del país al comisario en activo. Iberdrola, Repsol, BBVA y Caixabank ayudaron a crecer exponencialmente el patrimonio del supuesto servidor público. Todas ellas contrataron a Cenyt, la empresa de inteligencia en materia de seguridad del policía, con múltiples objetivos o excusas: desde sabotear movimientos de la competencia a realizar estudios prospectivos de seguridad en el extranjero. 

Para el juez del caso no hay pruebas de que los consejeros delegados de esas compañías conocieran los contratos. Cargarán con la responsabilidad los directores de seguridad, en su gran mayoría antiguos compañeros de Villarejo en la Policía que habían decidido colgar el uniforme para hacer fortuna con suculentos contratos de las empresas del Ibex. 

Las compañías argumentan que no había nadie mejor que aquellos cargos policiales para garantizar su seguridad en expansión por medio mundo. Los investigadores siempre han sospechado que el Ibex solo compraba los contactos de estos policías, ya fuera en otras compañías, con los jueces o en el propio seno de la Policía. 

Así, García Castellón ha imputado y después archivado las causas contra Antoni Brufau (Repsol), Isidre Fainé (Caixabank) e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola). Solo un jubilado, antiguo perteneciente en el pasado a ese club de los hombres más poderosos de España, continúa imputado, Francisco González, antiguo presidente del BBVA. Ni siquiera las empresas, como personas jurídicas, siguen ostentando la condición de investigadas y, en el peor de los casos, deberán responder subsidiariamente como responsables civiles si sus directores de seguridad resultan condenados. 

Tampoco el anterior jefe del Estado 

El blindaje al que el Estado ha sometido al anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, no escapó al caso Villarejo. Una de sus piezas, la 5, lleva el nombre de Carol, aunque en realidad se refiere a Corinna Larsen, la antigua pareja extramatrimonial del rey emérito. La comisionista, causa principal de que hayan aflorado en los últimos años las irregularidades cometidas por el monarca, buscó en Villarejo un aliado ante el enemigo común de ambos, el antiguo responsable del servicio secreto español, general Félix Sanz Roldán, amigo del rey que puso el CNI al servicio de los intereses particulares del emérito. 

Cuando la pieza Carol se archivó, la Fiscalía Anticorrupción decidió abrir unas diligencias secretas de investigación por si se había producido un delito en transacciones financieras internacionales, en relación con el supuesto soborno por la concesión a España de la obra del AVE a La Meca, sin que las mismas fueran dirigidas contra Juan Carlos I ni ninguna persona en concreto.

Esa decisión fue el germen de la investigación a Juan Carlos I que, con el tiempo, la fiscal general del Estado Dolores Delgado ordenó derivar al Tribunal Supremo, donde cuatro años después se archivó sin que llegara a materializarse una querella contra el padre de Felipe VI. 

Solo la mitad del archivo secreto

Solo la mitad del ingente archivo incautado al comisario Villarejo ha permitido abrir hasta ahora 47 piezas separadas que han removido los poderes del Estado, los legítimos y los fácticos. La otra mitad del archivo continúa un proceso automático de desencriptación que, según pasa el tiempo, alberga cada vez menos posibilidades de éxito. 

La anterior directora del CNI, Paz Esteban, firmó un escrito dirigido a la Audiencia Nacional el 29 de junio de 2019 en el que explicaba: “Por la experiencia en otros casos, en los primeros meses se obtienen algunas contraseñas, normalmente las más sencillas o las que se pueden deducir de los diccionarios creados. Posteriormente, en algunas ocasiones, tras varios meses o años de pruebas, se obtiene alguna nueva contraseña, pero en otras ocasiones no se recuperan nunca”.

Habían pasado dos meses desde que el CNI lograra abrir unas cuantas carpetas que se habían resistido a la Policía y al Instituto de Ciberseguridad (Incibe) del Ministerio de Hacienda, pero no resultaron muy relevantes para el caso [leer aquí acerca de los trabajos de desencriptación].

A partir de entonces, de forma periódica, el servicio secreto informaba al juzgado: “Se comunica que por parte del Centro Criptológico Nacional (CCN) siguen los trabajos tendentes a la obtención de las contraseñas de los contenedores Truecrypt restantes. Desde el último informe remitido no se ha obtenido ningún otro resultado”. El Juzgado terminó por pedir al CCN que solo informara de avances. No ha habido ninguna comunicación desde entonces. 

En el canal de Telegram de un ultra

Las esperanzas en qué podría deparar el archivo del comisario Villarejo han provocado incluso la creación de un par de medios digitales que cuentan su cotas de repercusión por los audios inéditos que publicaron coincidiendo con sus respectivos estrenos. Ocurrió con moncloa.com y tiempo después con Fuentes Informadas. Se trataba de material del comisario que no está en la causa, al menos que se sepa, con la salvedad de que pudiera integrar el material por desencriptar. 

El comisario dejó grabado antes de ser detenido que guardaba siete copias de todo, cuatro de ellas en el extranjero. Sin embargo, una vez detenido se ha dedicado a sembrar dudas sobre las labores de desencriptación de la Policía y el CNI al tiempo que se niega a facilitar las claves a los investigadores. 

Esas grabaciones que no están en la causa llegaron en ocasiones a revitalizar el caso, por ejemplo cuando El País publicó el pasado verano la conversación de “la libretita” entre Villarejo y Cospedal. Fue pieza importante de los escritos de Fiscalía y las acusaciones populares para solicitar la reapertura de la investigación, pero sin éxito por la cerrazón del juez. 

A día de hoy, sin embargo, solo el canal de Telegram del agitador ultra ‘Alvise’ Pérez insiste en publicar material sin contrastar del policía: sus personalísimas notas informativas, que iban dirigidas en tiempos presuntamente a sus superiores, alguna grabación… 

Pero no todas son malas noticias para la investigación. La sentencia de la Sección Cuarta, que preside Ángela Murillo, ha avalado la obtención del archivo de Villarejo y su custodia, frente prioritario para las defensas, que buscan la nulidad de la causa. La batalla jurídica promete llegar hasta el Tribunal Supremo, pero el primer fallo contra el comisario permitirá ir juzgando las piezas con esa misma fuente de prueba.

Misma causa, distintos protagonistas

La duda es quién defenderá la acusación contra el comisario en los próximos tiempos. De la causa Tándem renunció su primer juez, Diego de Egea, que solicitó regresar a la Audiencia Provincial de Madrid, y se excluyó a uno de sus dos primeros fiscales, Ignacio Stampa, a quien la fiscal general del Estado Dolores Delgado no renovó en Anticorrupción.

Su compañero desde el principio, Miguel Serrano, tiene 65 años y se acerca su jubilación. Fuentes fiscales consideran complicado que participe en juicios más allá de la pieza principal, la del encargo de la familia Obiang que dio origen a la causa, y descartan, por ejemplo, que defienda en sala los argumentos de Anticorrupción en el juicio de Kitchen. 

Resta por saber qué ocurrirá con la acusación popular, liderada por Podemos, partido que se enfrenta a un ajuste en plantilla tras los resultados del 23J. La formación morada está personada en las principales piezas –el PSOE solo está en Kitchen– y sus abogados deben dominar miles y miles de folios del sumario.

La pieza Dina, sobre el robo del material del teléfono de una exasesora de Pablo Iglesias, y la que investiga el espionaje a Bárcenas por el Gobierno del PP resultarían las más atractivas para el partido, pendiente a día de hoy de ver con qué recursos va a contar antes de decidir si sigue ejerciendo la acusación popular en este caso de un modo tan amplio como hasta ahora. 

----------------------------------------------

Cómo frenar las mentiras

En la campaña del 23J ha quedado clara la tremenda importancia que tiene la prensa libre, que depende de sus lectores y no le debe nada a nadie más. La inmensa mayoría de los grandes medios son propiedad de bancos, de fondos y grandes grupos de comunicación. La gran mayoría de ellos han blanqueado a los ultras y están bajo el control de la agenda que marca la derecha.

Por eso te pedimos tu apoyo. Necesitamos crecer. Contratar a más periodistas. Reforzar nuestras ediciones locales frente a las mentiras de los gobiernos locales y autonómicos de la extrema derecha. Fichar a más reporteros de investigación. Nos hace falta llegar a más gente, construir un periódico más grande, capaz de contrarrestar la brutal ola de propaganda conservadora a la que nos vamos a enfrentar. Y que dejará pequeña la que hemos vivido en esta sucia campaña electoral.

Si te preocupa el futuro de este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca porque nuestra labor es más necesaria que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha acordado conceder el régimen de semilibertad a Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas. La decisión le permitirá permanecer durante el día en libertad y volver a prisión de Alcalá-Meco, en Madrid, únicamente a dormir. No obstante, el auto deja claro que “inicialmente no disfrutará de permisos de fin de semana”, aunque le corresponderán los permisos de segundo grado “si reúne los requisitos legales al respecto”.

Iglesias entró en prisión hace casi tres años, en noviembre de 2020, después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena impuesta por el caso Gürtel, aunque los magistrados le rebajaron en más de dos años la pena impuesta por la Audiencia Nacional, pasando de 15 años y 1 mes a 12 años y 11 meses. La Sala de lo Penal destacó la “conducta activa” de la mujer del extesorero del PP y consideran acreditado que Iglesias estaba al tanto de la procedencia del dinero y del incremento del patrimonio de Bárcenas. 

En un auto de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado establece que tendrá que acudir a la actividad laboral y “especialmente a la actividad de voluntariado comprobada por el equipo técnico”. Además, fija que “se complementarán dichas actividades con una participación en un Programa de Delitos Económicos y Justicia Restaurativa”.

Vigilancia Penitenciaria explica que, “teniendo en cuenta la lejanía de la actividad delictiva, las fechas de cumplimiento impiden” su progresión a un régimen de tercer grado, aunque “la evolución de la penada y las posibilidades de reinserción” le dan acceso a un segundo grado limitado. Por otro lado, el auto señala que Iglesias “ha disfrutado de permisos sin incidencias y no existe dato alguno del que pueda inferirse un posible quebrantamiento de condena o un elemento que incida en” un pronóstico de reincidencia medio-alto.

Los informes de la mujer de Bárcenas revelan que ha tenido “un buen comportamiento y una buena evolución” en prisión, “mostrándose siempre dispuesta a participar y colaborar en las actividades” que realiza su módulo. “Respecto sus relaciones tanto con los funcionarios de servicio como con otras internas se pueden calificar de buenas, encontrándose totalmente integrada en su actual módulo. En general tiene un buen comportamiento e intenta evitar el verse envuelta en conflictos”, añade el escrito.

El PP vasco ha inaugurado oficialmente este lunes su nueva sede en Bilbao, en Bizkaia y en Euskadi. Es un local a pie de calle, en Licenciado Poza, una de las arterias más populares de la capital vizcaína. El partido, que ha contado con la secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, como “madrina”, ha destacado que es un signo de acercamiento a la ciudadanía tras años de 'bunkerización' por la amenaza de ETA. Sin embargo, el cambio esconde también dejar atrás la sede de Gran Vía que aparecía el sumario de la corrupción de Luis Bárcenas como financiada con la 'caja B' de la formación.

Este local antiguo fue adquirido en 1999 con dinero de una cuenta denominada “Sede Vizcaya” abierta por Bárcenas y que, según constató en su momento un informe de la Policía Nacional, tenía las “mismas características” que el resto de la contabilidad “extracontable” del partido, es decir, que se nutría de aportaciones opacas de terceros, entre ellos el dueño de Bruesa Construcciones, contratista habitual de la formación. El PP no ha conseguido vender esa sede pero sí la ha alquilado a una empresa y ha obtenido los fondos para marchar a un espacio más reducido y ajustado a la dimensión actual del partido, que fue la quinta fuerza en las últimas autonómicas. La nueva oficina entró en servicio a finales de 2022, según fuentes del PP, y ha sido inaugurada ahora para que ejerza también como espacio electoral.

“Es una sede muy muy especial. Lo que significa es que estamos a pie de calle. Entendemos la política del tú a tú, del contacto directo con los problemas que tienen los ciudadanos. Queremos ser parte de la solución, poder estar lo más cerca de ellos”, ha afirmado Gamarra, que se ha definido como bilbaína de adopción ya que estudió en esta ciudad. También Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco ahora y cuando en 1999 se realizó el anterior traslado, ha destacado “la importancia de las sedes”. “Tuvimos que dejar la calle y buscar las alturas. Nos atacaban las sedes. Nos incendiaban las sedes. [...] Hay que expandir y ensanchar el partido”, ha señalado.

Han tomado la palabra igualmente la candidata en Bilbao, Esther Martínez, y la presidente del PP en Bizkaia, Raquel González. “Es un lugar de confort”, ha apuntado González. Los cuatro han invitado a que quienes lo deseen entren en las nuevas dependencias, incluso los que no sean votantes 'populares'. Iturgaiz ha apostillado que hay también espacios similares en Ermua, Barakaldo, Portugalete, Getxo o, más recientemente, en Labastida. En Donostia se persigue un objetivo similar y en Vitoria, de cara a los comicios, se ha abierto también un espacio en pleno centro. “Seguiremos abriendo siempre sedes a pie de calle”, ha prometido el presidente.