Juanita León es la fundadora y directora de La Silla Vacía, un medio independiente y pionero en Colombia especializado en investigación. León es también la autora de varios libros de actualidad política y acaba de publicar, junto a un grupo de periodistas, Los presidenciales. Los hombres y las mujeres que aspiran a liderar el país (Aguilar), un libro que reúne 12 perfiles de los principales candidatos a la Presidencia de Colombia. “El pasado de los candidatos es un gran predictor del futuro”, dice León en una entrevista con elDiario.es para explicar las claves de las elecciones que se celebran este domingo 29, con el izquierdista Gustavo Petro como favorito para liderar la primera vuelta.

¿Conocer al político en campaña sirve para entender cómo será de presidente?

Nada ayuda tanto a predecir cómo será alguien en la presidencia como conocer su perfil. Cuando escribí el perfil de Juan Manuel Santos, pude anticipar que él intentaría concretar las negociaciones de paz con las FARC, algo que parecía impensable entonces. Eso porque Santos creía que había nacido para entrar a los anaqueles de la Historia. El pasado de los candidatos es un gran predictor del futuro. Y en este caso en particular, los cuatro candidatos que superan el margen de error fueron todos alcaldes, han gobernado, sabemos por dónde irán.

Hay un claro preferido para la elecciones de este domingo. ¿Por qué cree que Gustavo Petro ha conseguido una ventaja de unos 15 puntos sobre el segundo?

Pienso que hay varios factores. Uno es el péndulo que siempre ha tenido un gran efecto en América Latina, pero al que Colombia estaba sustraído por el conflicto armado que había con las FARC. La izquierda estaba completamente rezagada porque había como una asociación muy fácil entre “eres de izquierda, entonces eres guerrillero”. La desmovilización de las FARC convirtió a Colombia en un país más parecido al resto de América Latina. Pero también, el Gobierno de Iván Duque ha sido muy impopular. A esto se le suman los dos años de pandemia y el estallido social de 2019 que Gustavo Petro ha sabido capitalizar.

¿Gustavo Petro logra representar el espíritu emergente de las protestas?

Petro no solo ha conseguido encarnar ese gran deseo de cambio, de patear el tablero, de que no seguir en la misma línea. Las protestas también le dieron a él la organización social de la que carecía. Nosotros hemos hecho varias historias sobre cómo muchos de los jóvenes del paro que salieron a marchar se han organizado políticamente para difundir su mensaje, para movilizar a la gente. Por eso, el gran beneficiario en términos políticos de esas movilizaciones sociales ha sido Petro.

¿Qué cambió en Petro en comparación con la campaña de 2018?

Él ha hecho cosas diferentes en esta campaña. Ha tratado de jugar un papel muy difícil de manera muy hábil. El desafío ha sido desplegar propuestas que simbólicamente plantean una ruptura muy grande con el modelo económico que traemos pero sin asustar. El miedo que había usado el uribismo, este de que Petro es el castrochavismo, que terminaremos como Venezuela, es un fantasma que tiene menos dientes hoy en día.

Teniendo en cuenta que Petro evaluó la posibilidad de llevar un candidato moderado para la vicepresidencia, ¿cómo ve la decisión de elegir a Francia Márquez?

Petro no quería que fuera ella, por eso esperó hasta el último minuto. Francia le reduce la posibilidad de acercarse al centro. De hecho, lo primero que hizo Francia Márquez fue quemar puentes con el candidato César Gaviria, del Partido Liberal. Francia es un riesgo para Petro porque ella no va a ser su subalterna, pero después de esa votación masiva que tuvo en marzo ha sido imposible para Petro no nombrarla. Petro con Francia asegura un sector progresista, intelectual, de clase media alta, que si no estaría con Sergio Fajardo.

En estas presidenciales, a excepción de Ingrid Betancourt, vemos muchas caras masculinas. ¿Piensa que el movimiento feminista no logra todavía traducirse en propuestas electorales?

Sí, me sorprende porque siento que las mujeres en Colombia cada vez tienen una participación política más interesante y hay muchas que tenían posibilidades pero al final no llegaron. El hecho de que Fajardo, por ejemplo, no eligiera una mujer como vicepresidenta, me sorprendió. Tanto Fajardo como Federico “Fico” Gutiérrez, todos ellos optaron por la carta de la minoría étnica más que por la carta de las mujeres. Creo que, a diferencia de las presidenciales, en el Congreso llegaron muchas mujeres y muchas lo hicieron por sí mismas, no por ser las hermanas del tipo condenado, ni las herederas, sino con un un mérito propio.

Ingrid Betancourt retiró su candidatura hace unos días porque no superaba el 0,5% en intención de voto. ¿Qué pasó?

Ha sido un poco vergonzosa su participación. Me parece que buscó ubicarse como cacique iluminada que iba a ayudar a unir al centro, de manera desinteresada, pero tuvo unas vacaciones de las que volvió hecha otra persona, igual a la que era antes de ser secuestrada. Llegó y dinamitó el centro, que venía bastante averiado.

Ganar en primera vuelta, donde se necesita una mayoría absoluta, solo pasó una vez con Álvaro Uribe. ¿Existe la posibilidad de ese escenario?

Me parece bastante difícil que Petro gane en primera vuelta porque en ninguna encuesta está por encima del 40% y solo el 7% de la gente dice que Petro sería su segunda opción.

¿Cómo ve Petro ante una segunda vuelta?

Depende de con quién pase. Si pasa con Fico Gutiérrez no me parece complicado que gane porque seguramente Rodolfo Hernández termine por apoyar a Petro, aunque no sabemos si el electorado de Rodolfo, que es más de derecha pero antisistema, terminará votando por él. Yo creo que muchos de ellos no irán a votan.

Federico “Fico” Gutiérrez no fue la primera opción de Uribe pero hoy se ubica segundo en las encuestas. ¿Este candidato es garantía de continuidad para el uribismo? 

Fico no llega ahí puesto por Uribe, en eso es una diferencia grande con Duque, pero sus ideas marcan una continuidad con las de Uribe en muchos sentidos. Fico cree que el narcotráfico es el causante de todos nuestros problemas, que si erradicamos la coca, descabezamos a los cabecillas de las disidencias, vamos a tener seguridad y prosperidad. También propone bajar los impuestos porque “si a los ricos les va bien, a todo el mundo le irá bien”: son todas recetas que se han venido aplicado en los últimos años.

¿Dónde queda ubicado Álvaro Uribe, el gran armador de la política colombiana, en esta elección?

Esta campaña es diferente a las anteriores porque Uribe no es el eje alrededor del cual se arma la coalición de derecha. De hecho, casi que están escondiendo a Uribe para que el candidato no tenga que cargar con su impopularidad. De alguna manera, Uribe ha movido muy hábilmente sus fichas para que no queden dudas de que su candidato es Fico. Uribe sabe que la única forma de ganar es con un candidato de centroderecha, Fico no le responderá como sí lo hizo Iván Duque, pero en el fondo representa los mismos intereses.

Sin embargo, no se puede descartar el pase a segunda vuelta de Rodolfo Hernández, que en 2016 ganó la Alcaldía de Bucaramanga cuando todas las encuestas le daban un 4%. ¿Puede ser Hernández la sorpresa del domingo?

Sí, Rodolfo puede ser una sorpresa. Toca ver qué tanto se mueve la maquinaria del uribismo para ayudar a Fico, teniendo en cuenta que su supervivencia, de ganar Rodolfo, estaría un poco en jaque. Rodolfo puede ser una sorpresa porque ha capturado a todo el uribismo popular, es decir, a la gente que votó por Uribe en las últimas dos elecciones, los electores de los estratos más bajos están con Rodolfo, porque él tiene un corte populista que va en contra de todos los políticos.

¿Adónde irán los votos de Hernández en una segunda vuelta?

Es difícil saberlo. Al menos entre la gente que nosotros hemos entrevistado, muchos dicen que no votarían por nadie si no gana él. Si me hubieras preguntado hace dos semanas, hubiera dicho que los votos de Rodolfo van a Petro en segunda vuelta, pero ahora no sé.

¿Podrían pasar de Hernández a Petro porque ambos representan un voto antisistema?

Sí, es un voto antisistema, pero de gente que las elecciones pasadas había votado por Duque, porque Uribe dijo que había que votar por él. Es un tipo de elector que esconde un deseo autoritario más que un posición ideológica. Para Petro, una segunda vuelta con Rodolfo es peor que con Fico.

Usted define en su libro a Sergio Fajardo como un “unicornio en la política” colombiana, ¿qué es eso?

Fajardo es una persona muy rara en la política colombiana porque no es transaccional. Es decir, es una persona que gobierna por principios y que vive su vida de acuerdo a unos principios. No cree en las transacciones. Lo que digo en el libro es que a Fajardo lo define el hecho de ser un matemático, que más que ganar lo que quiere es comprobar una teoría, una ecuación que él tiene en su cabeza, y su ecuación es que es posible ganar elecciones sin transigir, sin hacer componendas políticas. Eso es lo raro.

¿Por qué cree que no logró despegar la candidatura de Fajardo?

Me parece que responde a que Fajardo desde 2018 desapareció del escenario. En momentos clave del país, como en las marchas de parados, brilló por su ausencia. Petro hizo una campaña efectiva para destruir a Fajardo. Petro sabía que lo tenía que destruir, si no, él no tenía ninguna posibilidad. Por otro lado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que era una aliada clave, ha tenido una gestión mucho menos esperanzadora de lo que parecía.

¿Hay alternativa de centro en Colombia?

Yo creo que el centro entró en crisis. La definición de centro que personajes como Fajardo tenían, esto de que “no somos ni Petro ni Uribe”, no fue suficiente. Después, llegó Alejandro Gaviria, y eso los destruyó por dentro también, porque eran dos definiciones del centro en competencia. Y después Ingrid... Todos ellos tenían la idea de que eran las personas capaces de unir a Colombia, pero no eran capaces de unirse ni ellos mismos.

Un grupo de legisladores colombianos alertaron sobre posibles actos de violencia el día de las elecciones, después de que Petro denunciara haber recibido amenazas de muerte, en un país donde desde 1987 han asesinado en campaña a cuatro candidatos presidenciales. ¿Puede pasar algo así el domingo?

En Colombia pueden pasar cualquier cosa, descartarlo de plano sería ingenuo. Pero me parece que el establishment le tiene más miedo a la revolución que habría si matan a Petro que a Petro mismo. No creo en ese riesgo, realmente no lo veo probable, pero sí creo que si llega a ganar por poca diferencia en segunda vuelta, el uribismo puede decir que hubo fraude y lo mismo desde la derecha. Me parece que vienen intentando poner en duda al registrador, diciendo que va a favorecer a Petro.

No es usual en la política colombiana poner en duda la confianza en las instituciones electorales. ¿Qué ha pasado?

Pues Petro siempre dice que le van a hacer fraude, siempre lo ha dicho desde 2010, pero que lo diga Andrés Pastrana, que lo ponga en duda el propio expresidente de la República, pues es un escándalo.

Un tema al día, el podcast de elDiario.es

El pasado martes el presidente de Colombia, Iván Duque, asistió al Parlamento Europeo para hablar de la cooperación internacional y el proceso de paz entre otras cuestiones. Duque fue recibido por un grupo de europarlamentarios recordándole su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos en Colombia durante su administración, lo cual se agradece mucho. Fue allí a hablar de un país con una economía creciente, un país de políticas públicas que responde a las necesidades de la gente, uno que está implementado adecuadamente los acuerdos de paz, vamos, uno que solo existe en su imaginación y que respalda sus intereses económicos con la Unión Europea. 

Voy a tomar algunas de las afirmaciones realizadas por él en su discurso –me falta espacio para desvirtuar otras tantas– y seguidamente mostrarles cómo eso que dice no corresponde a la realidad. Lo primero que plantea es que le dieron la noticia de que en Colombia “alcanzaremos en el año 2021 el mayor crecimiento de nuestra historia”. No se entiende cómo mide ese crecimiento económico en un país en donde 7,3 millones de personas aguantan hambre, en donde la inflación está disparada y el poder adquisitivo está por los suelos. Esto lo sabe la población colombiana que lo padece todos los días, pero lo reveló el mes pasado el informe “Focos de Hambre”, elaborado por la FAO de Naciones Unidas. Más de 300 niñas y niños han muerto en los últimos dos años por desnutrición. Además, el peso colombiano cerró el año pasado siendo la moneda más devaluada de toda América Latina. 

También afirmó “logramos poner en marcha el programa de educación pública gratuita que hoy es política de Estado y que nos permite llevarle matrícula gratis al 97% de los matriculados”. Pero olvidó decir Iván Duque que esa política fue una respuesta que se vio obligado a dar a las constantes movilizaciones sociales promovidas por los jóvenes universitarios como la del paro del 2019, año en que la represión policial fue brutal, con torturas, detenciones ilegales y asesinatos como el del joven Dilan Cruz a manos de la policía nacional y cuya muerte sigue en la impunidad.

Se mostró muy preocupado por temas medioambientales afirmando que “la Colombia que hoy les habla es la segunda nación más biodiversa del planeta y juntos tenemos que enfrentar la crisis climática que nos agobia”. Sin embargo, pasó por alto que Colombia es el país en el que más líderes medioambientales son asesinados en el mundo y que su gobierno no ha ratificado el “acuerdo de Escazú”, como se le conoce al acuerdo regional para la protección del medio ambiente. 

Señaló: “La paz no la dejamos de atender un solo momento en plena pandemia, hemos logrado más de 3.000 millones de dólares de inversión en las regiones que han sido históricamente más golpeadas por la violencia”. Gran parte de los problemas sociales y económicos que enfrenta hoy Colombia se debe a la negativa del gobierno de Duque a cumplir con lo pactado en los acuerdos de paz firmados con las FARC, mientas va por el mundo pidiendo dinero de la cooperación internacional para “cumplirlos” mostrando avances que ni siquiera han dependido de su trabajo, sino del esfuerzo de las comunidades y organizaciones sociales. La misma Corte Constitucional declaró el pasado mes de enero el Estado de Cosas Inconstitucional por la falta de implementación del acuerdo de paz, es decir, reconoció judicialmente que hay una violación masiva del acuerdo final de paz por parte del gobierno nacional. Este incumplimiento, del que también habló el informe de la FAO –señalado anteriormente–, ha provocado nuevas oleadas de ataques violentos y 61.000 nuevos desplazados internos entre enero y septiembre de 2021. Solo en este año van 19 masacres y 23 líderes sociales asesinados, en total 1309 líderes sociales y 303 excombatientes desde que se efectuó la firma del acuerdo final en 2016.

No podemos olvidar la brutal represión policial y militar a la que se sometió a la población colombiana que salió el año pasado a reclamar por todo esto. Estamos hablando de 80 personas asesinadas, de más de 3200 detenciones arbitrarias (sometidas a torturas y tratos crueles) así como cientos de personas desparecidas –algunas de las cuales han ido apareciendo descuartizadas en bolsas en los ríos del país–, de violaciones, pérdidas oculares y muchos horrores más que el Gobierno nacional no investigó y, en su lugar, ha desarrollado una política criminal de persecución contra las personas manifestantes acusándoles de vandalismo y terrorismo, así como contra organizaciones que estuvieron informando sobre los abusos policiales.

Y finalmente, se preocupó por criticar al gobierno de Venezuela –como si tuviese autoridad alguna para hacerlo con todo el desastre que tiene en casa–, diciendo que es “la causa de la tragedia (…) que día a día va generando más diáspora, más flagelo y más deterioro del tejido social”. Y es curioso, con esa cita sí que me identifico, porque es justo lo que yo pienso de su gobierno y la recibo desde el país de Europa que más población colombiana recibe año tras año solicitando asilo y huyendo de la guerra. A Iván Duque le falta vergüenza y le sobra cinismo para salir del país a decirle a Europa que Colombia es un remanso de prosperidad y bienestar, cuando a la gente la está matando el hambre y la violencia, siendo él con su desgobierno el responsable directo de todo lo que está sucediendo.

A finales del mes de abril por toda Colombia se vivieron enormes manifestaciones en respuesta a la reforma tributaria que pretendía el gobierno del actual presidente, el uribista Iván Duque. Si la crisis provocada por la pandemia ya estaba recayendo en buena medida en los sectores más desfavorecidos, la reforma de Duque buscaba castigarlos aún más, siempre en beneficio de los grandes poderes económicos. Sin duda, contaba con que el miedo al contagio frenara cualquier protesta masiva, pero se equivocó y la gente se echó a la calle. Cientos de ellos nunca lo contarán, y varios miles preferirán olvidarlo.

Como se sabe, la represión fue brutal, propia de un gobierno autoritario y despiadado. A principios de nuestro verano, las ONG de la zona ya contabilizaban alrededor de 550 desaparecidos, 51 homicidios y casi 4.700 casos de abusos policiales, datos que se han ido incrementando y que, probablemente, nunca conozcamos en toda su dimensión. Semejante carnicería solo fue posible gracias a una policía azuzada por las declaraciones incendiarias del propio Duque, que de ese modo devolvía a Colombia a sus peores décadas.

No en vano, algunos de esos “desaparecidos” comenzaron de repente a aparecer, o mejor dicho, a emerger: descuartizados, metidos en bolsas de plástico que flotaban en el río Cuaca, el segundo más importante del país. Hubo incluso cabezas que se encontraron dentro de sacos abandonados, y no faltan testimonios sobre las fosas comunes de algunas localidades.

En ese contexto, era previsible que el Gobierno de Iván Duque vetara el viaje de algunas de sus escritoras y escritores más representativos a la Feria del Libro de Madrid, que durante estos días se celebra con Colombia como país invitado. Esta medida, cuando menos, ha despertado la indignación de autores y libreros. Algo parecido acaba de suceder con el gobierno caudillista de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha emprendido una persecución contra Sergio Ramírez, su escritor más internacional. La oleada de protestas en el mundo de la cultura del Estado español no se ha hecho esperar, lo que incluye a instituciones como la RAE.

Sin embargo, la semana pasada Iván Duque fue recibido en España con todos los honores por el Rey y el presidente del Gobierno. La infamia llega hasta tal punto que no se contentaron con agasajarlo, cuando aún están calientes los cuerpos de los manifestantes asesinados por protestar contra sus políticas. De paso, el Consejo de Ministros, con la oposición de UP, le condecoró con la Gran Cruz de Isabel la Católica. El rey no dudó en brindar a Duque una “calurosa bienvenida” y expresarle su “profunda alegría”, en su nombre y el de la reina. Si tienen estómago lo pueden ver en Youtube.

Esta columna es una botella lanzada al Atlántico, con la esperanza de que alguien la recoja en las orillas caribeñas de Colombia y así sepa que aquí, a este lado del mundo, en este país al que llaman España, muchas y muchos nos sentimos asqueados y avergonzados.

Iván Duque dejó a muchos escritores colombianos fuera de la Feria del Libro de Madrid. Después de una semana de protestas, son ellos los que le han expulsado de las casetas. No de manera literal, puesto que Colombia es el país invitado a la 80 edición de la Feria y el presidente colombiano es uno de los grandes nombres del cartel.

Duque supuestamente iba a aprovechar su paso por Madrid para presentar un libro sobre Economía Naranja y una autobiografía. Algunos medios informaron ayer de la cancelación de su acto literario tras varias jornadas seguidas de manifestaciones. Este jueves, en cambio, en declaraciones a una radio colombiana Iván Duque ha rechazado que ese fuese el propósito de su viaje. En principio la visita institucional a la Feria sigue en pie y se producirá este viernes.

Hace una semana el asunto saltaba a los medios por culpa de unos olvidos flagrantes en la lista de invitados que la Embajada de Colombia remitió a la Feria del Libro. Ni Piedad Bonnett, Laura Restrepo, William Ospina, Héctor Abad Faciolince o Fernando Vallejo estarían en una edición cuyo lema es “Colombia diversa y vital”. No tan diversa. Las firmas que faltan son todas contrarias al gobierno de Iván Duque. Fue entonces cuando el embajador colombiano en España, Luis Guillermo Plata, justificó que su selección se basaba en autores “neutrales” y que el criterio de calidad estaba por encima de cualquier ideología. Unas declaraciones que no ayudaron a calmar los ánimos y empujaron las protestas durante todo el fin de semana. Ahora, Duque ha cancelado su foro literario previsto para los días 16 o 17 de septiembre.

“Hemos oído que cancelaba la presentación del libro”, reconoce Blas Garzón, encargado de la librería Traficantes de Sueños, una de las firmantes del manifiesto en contra de la presencia de Iván Duque en la Feria del Libro de Madrid. “La literatura neutral no existe”, dice en referencia a las palabras del embajador. “Se ha tendido una alfombra roja de sangre a uno de los responsables políticos de la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia”, interpreta el librero. 

Junto a Traficantes de Sueños, otras librerías madrileñas y estatales, como La Fuga de Sevilla o Letras Corsarias de Salamanca, se han unido en apoyo a los autores colombianos que han sido relegados de la muestra. Son “víctimas de gobiernos como el del presidente Iván Duque, heredero de la peor tradición uribista, la de los falsos positivos, los cuerpos mutilados, el narcotráfico, el extractivismo, las matanzas paramilitares”, escriben en el comunicado. Por eso, la presencia del presidente colombiano “en nuestra Feria” es “un lavado de cara que no podemos pasar por alto”, dicen.

Este manifiesto “es un abrazo transoceánico y una forma de alzar la voz contra la represión y la violación del acuerdo de paz”, define Blas Garzón. “La situación actual de derechos humanos en Colombia es alarmante y desalentadora. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, más de 900 líderes sociales han sido asesinados en todo el país; y cerca de 1.200 excombatientes que dejaron las armas, porque creyeron en la palabra del Estado que les prometió una digna reincorporación a la sociedad, también han sido asesinados”, cuenta la plataforma UIPA, formada por escritores colombianos y residentes en Europa, sobre todo en España. 

Sico Pérez, portavoz de UIPA, explicaba a elDiario.es que no considera que “los escritores que están invitados sean afines al Gobierno”, pero sí que “hay intereses políticos para no invitar a otros. Utilizan la Feria del Libro como una pantalla para lavarse la cara y no enseñar a Europa y a España en particular lo que está pasando allí”. Bajo el lema Realismo Trágico, la UIPA ha lanzado una campaña en redes y varias acciones callejeras para criticar las decisiones institucionales de España y su beneplácito a Duque. 

Sin firma, pero con medallas

Aunque la presentación del libro no se vaya a realizar y la visita al Retiro esté todavía en el aire, a Iván Duque no le faltan condecoraciones en España. El Consejo de Ministros aprobó este martes darle la Gran Cruz Isabel la Católica, uno de las máximos reconocimientos que otorga el Estado español. También forman parte de la orden los dos predecesores de Duque en Colombia, Juan Manuel Santos (en 2015) y Álvaro Uribe (en 2005).

A su llegada al país, Duque se reunirá primero en el Palacio de la Zarzuela con Felipe VI, gran maestre de la orden que le otorga la Gran Cruz. Después, lo hará con el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa y, por último, acudirá a un evento presentado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, pues el PP mantiene fuertes lazos con la derecha colombiana desde la época de Aznar.

“La gran mayoría de los reconocimientos y las medallas chorrean sangre. Los acuerdos que hay entre los países de la Unión Europea y América Latina siempre han estado más alla del cumplimiento de la paz y los derechos humanos. Es un símbolo económico que garantiza las inversiones españolas en Colombia”, expresa Blas Garzón, de la librería Traficantes de Sueños. 

Un año después llegada a la presidencia de Colombia, en 2019, la popularidad de Iván Duque descendió hasta el 26%, según una encuesta nacional. Otras que datan de este año sitúan la cifra en el 16%. El presidente se opuso al acuerdo de paz de 2016 promovido por el expresidente Santos antes de alzarse con el poder. Tras esto, varias organizaciones internacionales han denunciado “la grave crisis de derechos humanos en el país” llegando a dirigirse directamente a Duque. “Hemos documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y múltiples violaciones de Derechos Humanos y crímenes de derecho internacional, incluyendo la desaparición forzada y la violencia sexual”, escribió la secretaria general de Amnistía Internacional. También la ONU y la Organización de Estados Americanos han condenado los casos de “tortura y asesinatos cometidos por las fuerzas del orden”.

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes conceder al presidente de Colombia, Iván Duque, la Gran Cruz de Isabel la Católica, una de las máximas condecoraciones que otorga el Estado español y de cuya Orden es gran maestre el rey, Felipe VI, según han confirmado a elDiario.es fuentes diplomáticas. Es la segunda en grado de importancia dentro de la Orden. Duque la recibirá a un año de las elecciones en las que intentará revalidar un mandato marcado por la violencia policial y militar durante las protestas contra su política económica y la gestión de la pandemia, en las que han muerto un número indeterminado de personas y otros cientos permanecen desaparecidos.

Iván Duque visitará España la próxima semana y será atendido por las máximas autoridades del país. Felipe VI le recibirá en el Palacio de la Zarzuela, donde se celebrará un almuerzo en su honor. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le recibirá en Moncloa. Además, Duque participará en la Feria del Libro de Madrid, en la que Colombia es el país invitado, y en actos políticos con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros. 

La elección de Colombia como país invitado en la 80º edición de la Feria del Libro de Madrid ya puso en alerta a organizaciones de Derechos Humanos, así como a diversos colectivos de artistas colombianos tanto residentes en Europa como en el propio país latinoamericano. De hecho, la Feria arranca con una fuerte polémica por el veto que impuso el Gobierno de Duque a determinados autores de gran prestigio que confrontan políticamente con él y con sus políticas, como Piedad Bonnett, Laura Restrepo, William Ospina, Héctor Abad Faciolince o Fernando Vallejo, entre otros.

En España, escritores y otros artistas han denunciado el “blanqueamiento” que supone la presencia de Duque en un evento de la trascendencia social y cultural que tiene la Feria del Libro. Pero a esa denuncia se suma ahora la condecoración que le otorgará el martes el Gobierno.

Fuentes diplomáticas aseguran que “es práctica habitual recibir en Visita de Estado u Oficial a los Jefes de Estado extranjeros” y que “en el marco de estos viajes, con frecuencia se recurre a la imposición de condecoraciones”. Las mismas fuentes aseguran que “esta práctica es clara en el caso de Colombia, cuyos presidentes han visitado sistemáticamente España”. De hecho, una veintena de jefes de Estado del país caribeño han recibido una distinción de esta Orden, bien sea el Collar (el máximo galardón), bien la Gran Cruz, el segundo en el escalafón. Entre los primeros, los dos predecesores de Duque, Juan Manuel Santos (en 2015) y Álvaro Uribe (en en 2005). Otros mandatarios latinoamericanos también forman parte de la orden. El último en recibir el Collar fue el expresidente de Perú Martín Vizcarra en 2019.

Duque, un mandato marcado por la violencia

Iván Duque accedió a la Presidencia de Colombia en 2018, después de imponerse al candidato progresista Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones. Duque fue un firme opositor al acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc y que fue firmado por su predecesor en el cargo pese a que en un referéndum la mayoría de los colombianos se decantó por el no. Petro recogía el relevo de Santos, mientras Duque ha sido el sucesor en la derecha de Álvaro Uribe.

Desde su llegada al poder, Duque ha afrontado al menos dos grandes paros generales en Colombia en protesta por sus políticas. La primera, en 2019, cuando la popularidad de Duque apenas llegaba al 26%. En la segunda gran huelga, iniciada la pasada primavera contra una reforma fiscal, el presidente militarizó varias ciudades para contener las manifestaciones. Se denunciaron decenas de muertos y cientos de personas han desaparecido sin que meses después se tenga noticias de su paradero o suerte. En mayo de este año, según informaba la agencia Efe, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo del país habían recabado las denuncias de 548 personas desaparecidas. 189 ya habían sido localizadas. Otras 359 casos no.

Duque se vio obligado a retirar su plan y el ministro que lo presentó renunció, aunque fue recolocado. Pero las protestas siguieron, con la violencia policial y militar, y la mala gestión de la pandemia del coronavirus, como principales motivos del descontento.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han denunciado “la grave crisis de derechos humanos en el país”. En una carta abierta dirigida a Duque, su secretaria general señala que han “documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y múltiples violaciones de Derechos Humanos y crímenes de derecho internacional, incluyendo la desaparición forzada y la violencia sexual”.

También la ONU ha mostrado sus temores e incluso la Organización de Estados Americanos (OEA) ha condenado los casos de “tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden”. Naciones Unidas, eso sí, ha condenado el atentado que sufrió el propio Duque, cuando un helicóptero en el que viajaba fue tiroteado.

En otro informe del pasado mes de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (perteneciente a la OEA) daba por confirmado “que, en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado [a las protestas] se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”.

Además, se han multiplicado las denuncias de incumplimiento del acuerdo de paz con las Farc, así como el asesinato o desaparición de líderes sindicales y sociales, tal y como han señalado sindicatos españoles como CCOO y UGT. En España, la llegada de Duque será recibida con una manifestación el domingo que ha recibido el respaldo público, por ejemplo, de la propia UGT. Además, se llevarán a cabo diferentes acciones contra ese “blanqueamiento” del Gobierno colombiano que lamentan los artistas.

En cuanto a la agenda oficial de Duque, el presidente colombiano se reunirá con los principales mandatarios de España. Felipe VI lo recibirá el jueves 16 de septiembre en la  Zarzuela, y Pedro Sánchez en la Moncloa. Además, el mandatario participará ese mismo día en un evento informativo en el que será presentado por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El PP mantiene unos fuertes lazos con la derecha colombiana en general y con el uribismo en particular, merced a la intermediación del expresidente José María Aznar.

El lema “Colombia diversa y vital”, con el que el país se presenta como invitado a la 80ª Feria del Libro de Madrid, ha adquirido tintes irónicos en los últimos días. Su embajador en España, Luis Guillermo Plata, encendió los ánimos de su plana literaria cuando declaró en público que la elección de los autores invitados al evento se basó en criterios de calidad por encima de cualquier ideología. Los autores, invitados y no, han interpretado esa supuesta neutralidad como censura por parte del gobierno de Iván Duque, que deja de lado a los críticos con su mandato y favorece a los que considera poco peligrosos. La Feria madrileña arranca este viernes 10 de septiembre con solo 320 casetas y una reducción de aforo al 75%.

El desliz del embajador, que después difundió un comunicado pidiendo disculpas, tuvo lugar el 1 de septiembre. Cuatro días después, el periodista Winston Manrique publicó un artículo en la revista W Magazine acusando al Gobierno colombiano de un sectarismo político que deja un retrato de la literatura colombiana actual incompleto, ya que en la lista faltan nombres relevantes de las letras colombianas como los de Piedad Bonnett, Laura Restrepo, William Ospina, Héctor Abad Faciolince (que sí estará presente en el Hay Festival de Segovia) o Fernando Vallejo, entre otros.

La llama no hizo más que avivarse. Melba Escobar —periodista y escritora de Cali, autora de Cuando éramos felices pero no lo sabíamos (Seix Barral)— renunció a la invitación. Margarita García Robayo, autora de El sonido de las olas (Alfaguara) comunicó a la organización de la feria que no participaría “a menos que la mesa programada tenga como tema de discusión esto mismo: el de la supuesta neutralidad de la literatura”. “De ser así, me gustaría convocar a alguno de los escritores excluidos para enriquecer el debate”, planteó. Aunque la escritora recibió una llamada de disculpas de Luis Guillermo Plata y se intentó articular la mesa que había sugerido, los escritores a los que consultó declinaron asistir porque, según explicó la escritora, “consideraron que ya se habían explicado ampliamente al respecto de este asunto”. Finalmente, García Robayo ha mantenido su posición de no asistir a la feria.

Pero, antes de que las declaraciones del embajador captasen la atención de los medios, los escritores y artistas colombianos residentes en Europa críticos con el Gobierno de Iván Duque ya estaban organizando las protestas. El pasado 20 de agosto, Sico Pérez, escritor colombiano residente en Madrid y perteneciente a la plataforma de escritores críticos UIPA (Unidad Insurrecta para Acción-Arte), procedentes de Colombia y residentes en diversos países de Europa, especialmente España, publicó en el medio online El Comején un artículo para difundir los planes que la plataforma tiene para recibir a Iván Duque en Madrid, donde estará los días 16 y 17 de septiembre.

“La situación actual de derechos humanos en Colombia es alarmante y desalentadora. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, más de 900 líderes y lideresas sociales han sido asesinados en todo el país; y cerca de 1.200 excombatientes que dejaron las armas, porque creyeron en la palabra del Estado que les prometió una digna reincorporación a la sociedad, también han sido asesinados”, denuncia esta asociación en un manifiesto hecho público este jueves y firmado por un centenar de artistas colombianos, al que se han sumado activistas españoles.

La violencia sigue activa en Colombia

La situación política que vive Colombia desde la llegada de Iván Duque a la Presidencia en 2018 se ha agravado, si algo así puede ocurrir en un país que ha vivido décadas de duro enfrentamiento civil con guerrillas, ejército y paramilitares enfrentándose en una guerra que se ha cobrado decenas de miles de vidas. El acuerdo de paz de 2016, promovido por el expresidente Juan Manuel Santos, contó con el rechazo de una importante parte de la sociedad colombiana. Duque, opositor a dicho acuerdo, ganó las elecciones y se hizo con el poder.

El aumento de la violencia provocó ya en 2019 las primeras movilizaciones, mezcladas con otras reivindicaciones de carácter económico y social. Y una huelga general. Unas protestas que se han mantenido en el tiempo, y a las que se ha añadido lo que los opositores al presidente consideran una pésima gestión de la crisis sanitaria, social y económica provocada por el coronavirus. Este 2021 se han vuelto a convocar jornadas de paro nacional y las protestas han llegado hasta España.

En 2020 se desveló un entramado de espionaje a periodistas, políticos y activistas por parte del Ejército colombiano. Este mismo año, el Gobierno de Duque ha rechazado sendas misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para comprobar las denuncias de violaciones de los derechos humanos planteadas por la oposición.

“La represión no se ha detenido, los desaparecidos siguen sin aparecer. Sigue muriendo gente a manos del Ejército. La violencia en el país no ha cesado”, asegura a elDiario.es en conversación telefónica Natalia Munevar, otra de las promotoras de las actividades que, en paralelo a la Feria del Libro, pretenden denunciar en Madrid ese “blanqueamiento” al Gobierno de Duque. El manifiesto, promovido en redes bajo el hashtag #RealismoTrágico, rechaza la presencia del presidente colombiano en Madrid. “La Feria del Libro de Madrid es una ocasión oportuna para que los y las artistas en Europa manifestemos nuestro rotundo rechazo al Gobierno de Iván Duque”, asegura el texto. “No confiamos en un gobierno de extrema derecha que ha mentido al país y la comunidad internacional. La presencia del presidente Iván Duque es una afrenta a quienes defendemos la vida, la palabra y el diálogo. A quienes rechazamos la violencia como solución a cualquier conflicto, a quienes valoramos la diversidad y la riqueza cultural de nuestro país”, añade.

Sico Pérez explica a elDiario.es que no considera que “los escritores que están invitados sean afines al Gobierno”, pero sí que “hay intereses políticos para no invitar a otros. Utilizan la Feria del Libro como una pantalla para lavarse la cara y no enseñar a Europa y a España en particular lo que está pasando allí”. Además, señala que “se ha formado una polémica por su propia ineptitud, ya que ponen a alguien a hacer la delegación de literatura sin conocer la literatura nacional”.“ Los cargos en Colombia están un poco dados al dedillo, a personas que no conocen los temas”, añade.

No es que los escritores que están invitados sean afines al Gobierno sino que hay intereses políticos para no invitar a otros

La UIPA convocó este 9 de septiembre una pinchada en una céntrica plaza madrileña para recoger fondos de cara a las acciones que tienen planeadas, bajo el lema “Realismo trágico”. El próximo día 12 habrá una concentración y el 16, el día en el que Duque visita la feria, una manifestación que llegará hasta la Puerta de Alcalá, a la orilla del parque del Retiro, donde tiene lugar el encuentro literario. Después, la convocatoria se dirigirá al barrio de Lavapiés para contraprogramar al dirigente colombiano con una fiesta en la que participarán algunos de los artistas que encabezan la denuncia. “Creo que el Ayuntamiento, la Comunidad y los organizadores de la Feria, de alguna manera, se han prestado [a la polémica]. Colombia puede ser el país invitado pero Duque viene a presentar dos de sus libros. Después de todas las cosas que escuchamos que están pasando allí y que los mismos observadores de los derechos humanos nos están contando, me parece inaudito que nos prestemos a este juego”, sostiene Pérez.

Pilar Quintana, escritora nacida en Cali en 1972 y ganadora del premio Alfagura 2021 por su novela Los abismos, es una de las estrellas del cartel de la Feria pero ha aclarado en su cuenta de Twitter que no ha sido invitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (conocido como la Cancillería). Es más, ha añadido que se hubiera sido así, habría declinado la invitación.

Una polémica “ajena” a la Feria

La Feria del Libro de Madrid, hasta ahora, se ha mantenido al margen de la polémica, centrada en los preparativos para la inauguración del evento. Miguel Gil, director de la Feria, explica a elDiario.es que su “opinión personal sobre el tema” es que “las listas de este tipo que las embajadas envían a las diferentes ferias” siempre son “un problema”. “Unos porque están, otros porque no están, porque se premia lo literario con respecto al ensayo, porque falta literatura infantil, porque no se tiene en cuenta a los ilustradores… las listas siempre son un problema en general”, añade.

Más allá de las ausencias que se han señalado, Gil está muy satisfecho con la lista de autores y autoras colombianas que participarán en esta octogésima edición. De momento hay 37 confirmados, aunque la nómina no está cerrada. “La conferencia inaugural la da Darío Jaramillo, el gran poeta colombiano actual y uno de los más importantes de América Latina”, expresa. Los autores colombianos con asistencia confirmada son Ángela Becerra, Beatriz Helena Robledo, Dasso Saldívar, Enrique Serrano, Jorge Franco, Juan Esteban Constaín, Juan Luis Mejía y María Mercedes González. “Vamos a tener cuatro mil títulos colombianos distintos, en dos casetas que trae Colombia más la caseta que aporta la Unión de editoriales universitarias españolas, que ha traído 30 editoriales universitarias de Colombia y algunas también de México”, dice. “Desde el punto de vista de la Feria, es un privilegio y un orgullo que estos autores estén en Madrid. Si luego internamente por otro tipo de consideraciones esto puede ser objeto de debates, es un tema completamente ajeno a la Feria. Desde luego nosotros somos totalmente ajenos a esta polémica”, añade.

No hay neutralidad, todo es política

El escritor y periodista español Eduardo Bravo estará en la Feria firmando su último libro Historias raras del siglo XX (Clave intelectual). Bravo reflexiona sobre si tal cosa como la neutralidad en la cultura pueda existir. “Aun a riesgo de que algún filósofo me corrija, personalmente creo que todo es política. Eso incluye la cultura en general y, en particular, la literatura como acto de creación y las lecturas que elige cada uno. La vida es política y aquellos que se empeñan en decir que hay que mantener la política fuera de eventos como la Feria del Libro son los primeros que están protagonizando un acto político, solo que acorde a sus convicciones, que siempre hace que resulte menos llamativo y, salvo que se sea un cínico, incluso puede pasar inadvertido al que hace la petición”.

Me parece nefasto que un evento literario esté mediado por intereses políticos que dejan al margen a la mejor literatura de un país

Respecto del debate sobre la elección de escritores colombianos, Bravo opina que “cuando el embajador colombiano pide que no se politice la Feria, lo que está haciendo, justamente, es politizarla desde el momento en que está expresando el deseo del Gobierno del país al que representa sobre lo que pueden o no pueden hacer y decir los autores colombianos, tanto los que han sido invitados a Madrid como los que se han quedado en Colombia”. “Aunque la selección de autores se haya hecho con los criterios de calidad literaria más pretendidamente objetivos, es ingenuo pensar que el canon literario no está contaminado de prejuicios, alianzas, intereses y, cómo no, criterios políticos”, añade.

La poeta, ensayista y editora Luna Miguel también estará en la Feria presentando y firmando su séptimo poemario Poesía masculina (La Bella Varsovia). En 2019 publicó el libro El coloquio de las perras (Capitán Swing), un ensayo en el que recupera a 12 escritoras de América Latina a reivindicar, lo que la llevó a sumergirse en su universo literario. “Me parece nefasto que un evento literario esté mediado por intereses políticos que dejan a la mejor literatura que se está produciendo en un país completamente al margen”, explica. “Si ya es tan, pero tan difícil que en España nos interesemos por las grandes letras de nuestros compañeros en América Latina, el hecho de dejar fuera a tantas buenas y potentes voces hará que nuevamente aquí nos sigan siendo ajenas, desconocidas, inexistentes. Me da mucha pena”.

Las protestas ciudadanas contra el Gobierno cubano que tuvieron lugar en las calles del país caribeño el pasado 11 de julio se han convertido en la última arma arrojadiza del Partido Popular contra el Ejecutivo español. Prácticamente desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la dirección de Pablo Casado ha tratado de vincular al Gobierno progresista con Cuba y Venezuela, acusándole de querer instaurar una “dictadura” en España a través de un “cambio de régimen” similar al del “sistema bolivariano del siglo XXI”. Y ese es también su principal objetivo tras las protestas iniciadas hace dos semanas en las calles de las principales ciudades cubanas.

“Señor Sánchez, repita conmigo: Cuba es una dictadura. No pasa nada por decirlo. Es lo mismo que haría cualquier demócrata”, insistió el líder del PP la pasada semana, a pesar de que el propio presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo aseguraran públicamente que “es evidente que Cuba no es una democracia”. Según la teoría de Casado, que se ha reunido en varias ocasiones tanto con exiliados cubanos como con venezolanos, son los ministros de Unidas Podemos los que no dejarían a Sánchez ser más contundente contra el castrismo, porque esos miembros del Ejecutivo “reivindican a Cuba como paraíso democrático”.

La denuncia de la vulneración de derechos humanos en la isla caribeña y, sobre todo, en Venezuela, es una obsesión para la dirección del Partido Popular que, sin embargo, evidencia su doble discurso y sus equilibrios en política internacional al callar y negarse a censurar otras violaciones de derechos, como las leyes homófobas del Gobierno húngaro de Víktor Orbán, socio de los populares españoles, o los duros episodios de violencia policial vividos en los últimos meses en Colombia, presidida por el derechista Iván Duque, amigo del propio Casado.

El pasado día 8, el Parlamento Europeo reclamó que la Comisión no aprobara el acceso de Hungría a los planes de recuperación pospandemia, de los que le corresponden en torno a 7.000 millones de euros, hasta que se constate que el presupuesto de la Unión no vaya a “contribuir activamente a la violación de los derechos fundamentales” en aquel país. Se trató de una resolución que fue aprobada por 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones, en la que la Eurocámara reclamó también a Bruselas acciones legales “inmediatas” respecto a la ley que vincula la homosexualidad con la pedofilia y prohíbe hablar de la identidad sexual en escuelas y medios de comunicación, tal y como finalmente sucedió la semana pasada.

La mayoría del Partido Popular Europeo votó a favor de las sanciones, pero la dirección de Casado dio la orden a sus eurodiputados de abstenerse, evitando así censurar la homofobia de su socio húngaro. 12 de los 13 parlamentarios españoles en la Cámara comunitaria siguieron la consigna de Génova 13 y solo Esteban González Pons, vicepresidente del grupo popular europeo, votó a favor. El argumento de la dirección del PP es que esas sanciones podrían perjudicar a la población húngara, aunque en realidad los populares españoles siempre han evitado respaldar cualquier iniciativa en contra de Orbán y ha llegado a apoyarle mientras el dirigente se codeaba con la extrema derecha europea.

La amistad entre Casado, Aznar, Duque y Uribe

Frente a las más de 200 iniciativas parlamentarias y alusiones públicas sobre Venezuela, y ahora sobre Cuba, el PP ha decidido además obviar el conflicto colombiano tras el estallido de la violencia callejera el pasado mes de mayo por la durísima represión ejercida por el Gobierno contra los manifestantes que protestan contra sus políticas tras un año de Duque en el Ejecutivo, y la violencia policial que, según distintos organismos internacionales, como Amnistía Internacional, ha provocado allí varios asesinatos.

Este silencio de los populares españoles ante lo que está ocurriendo en Colombia se explica por la relación estrecha entre Casado y el propio Iván Duque, así como con el principal valedor del mismo, el expresidente colombiano y amigo personal del expresidente español José María Aznar –padrino político del actual presidente de los populares–, Álvaro Uribe. Casado ha tildado a Duque como “un amigo y aliado de España, defensor de la libertad y la democracia frente al totalitarismo de Maduro, que ha provocado la huida de un millón de refugiados venezolanos a territorio colombiano”.

Casado también evidenció su deslealtad con el Estado en materia internacional el pasado mayo, ante la crisis migratoria vivida en Ceuta. El líder del PP responsabilizó al Gobierno de la entrada masiva de jóvenes a la ciudad autónoma por la apertura de las fronteras por parte de Marruecos. Y lo hizo, paradójicamente, tan solo una semana después de reunirse con partidos marroquíes que defienden la anexión de Ceuta y Melilla a espaldas de Moncloa.

La actuación del jefe de la oposición ante la crisis diplomática, tratando de desacreditar la política exterior del Gobierno, se pareció mucho a la mantenida por el PP hace tan solo unos meses en Bruselas, cuando la Unión Europea debatía allí acerca de los fondos que iban a ser destinados para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, y de los que finalmente correspondieron a España 140.000 millones. A finales de septiembre, el líder 'popular' se reunió con los embajadores en Madrid de todos los socios europeos para mostrarles su desconfianza en el Ejecutivo para gestionar esos millones del fondo de recuperación.

Ofensiva contra España en Bruselas

En pleno proceso de negociación del reglamento para el reparto de los fondos, cuando estaba en juego qué condicionalidades se iban a terminar de exigir, España encabezaba los datos de contagios en la UE –era la conocida como segunda ola de la COVID– y era uno de los países más afectados por el descalabro económico de la pandemia –en términos de paro y caída del PIB–, el líder del PP agitó el fantasma de la desconfianza hacia el Gobierno entre los 27 países de la Unión. Casado reclamó entonces una autoridad por encima de los ministros para gestionar los fondos, alimentando esas sospechas contra el Ejecutivo, que mantiene aún hoy en día.

Por esas mismas fechas, la jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, la exministra Dolors Montserrat, envió un informe con el membrete de los populares europeos junto con una carta firmada de su puño y letra al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, en el que cuestionó el Estado de derecho en España y acusó al Gobierno de querer “encubrir cifras que colocan a España entre los países con el mayor número de muertes en términos relativos”.

Casado y su equipo también han tratado de erosionar la imagen de España en el exterior por el bloqueo de la renovación del Poder Judicial, a pesar de que, en realidad, ha sido el propio PP el que ha mantenido ese bloqueo desde 2018, levantándose de la mesa de negociación con el Gobierno hasta en tres ocasiones en los últimos meses –la última de ellas, en febrero–, cuando estaban a punto de cerrar un acuerdo. En noviembre, llegó a asegurar en el Congreso que la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso –que fue finalmente retirada en abril, por las reticencias de la Comisión Europea– para reducir la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y limitarla a una mayoría absoluta –ahora son necesarios tres quintos– iba a condicionar la llegada a España de los fondos de recuperación.

A toda esa estrategia de desprestigio internacional del Gobierno se suma la obsesión del PP de vincular al Ejecutivo, al que tildan de “socialcomunista”, con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, por la coalición del PSOE con Unidas Podemos –partido al que intentan relacionar con el chavismo–, para restarle legitimidad democrática. Durante la campaña electoral madrileña, de mayo Casado volvió a compararse con la oposición venezolana, algunos de cuyos dirigentes están encarcelados.

El inicio del “populismo” en España

Aprovechando un acto junto al líder opositor venezolano Leopoldo López, exiliado en España y protegido durante meses en la embajada española en Caracas –durante el mandato de Sánchez–, Casado dijo que desde el Gobierno “se habla de expropiar viviendas, de fijar precios de alquileres con viviendas privadas, de expropiar medios de comunicación, expropiar empresas y hacer una especie de plan quinquenal sobre el modelo productivo y se habla de impuestos confiscatorios”. En su opinión, el “populismo” suele empezar “corrompiendo normas no escritas de la democracia” como a su juicio ocurre en España con el intento de “acabar con las mayorías constitucionales o del Consejo de Europa en la elección de los jueces”. “Sólo desde las ideas liberales podremos salir de los momentos oscuros en los que este virus, el de la pandemia, y este virus, el del populismo, ataca a nuestro Estado de derecho, nuestras sociedades libres”, dijo. 

Este tipo de discursos han sido una constante en los últimos dos años. Casado nunca ha escatimado en descalificaciones contra el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, al que ha llamado “social comunista”, “populista”, “bolivariano”, “dictatorial” y hasta “filoetarra”, por sus supuestos vínculos con Maduro. “El objetivo del PP es defender la libertad como el bien más preciado que tiene el ser humano y por el que bien merece arriesgar la vida. Eso es lo que han hecho los valientes opositores cubanos y venezolanos, eso es lo que haremos la oposición en España, y estoy seguro que eso es lo que harán la inmensa mayoría de españoles cuando tengan la oportunidad de elegir”, llegó a proclamar el líder de los populares en diciembre.

El presidente de Colombia, Iván Duque, y sus ministros de Interior y de Defensa han salido ilesos de un atentado contra el helicóptero presidencial en el que viajaban este viernes y que aún no ha sido reivindicado. El aparato recibió seis disparos de bala cuando se aproximaba a la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, donde finalmente pudo aterrizar con sus ocupantes a salvo.

Duque indicó ya en tierra que “tanto el dispositivo aéreo, como la capacidad de la aeronave, evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde, donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial”. Junto a él viajaban el titular de Interior, Daniel Palacios, el de Defensa, Diego Molano, y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.

“Luego de cumplir un compromiso en Sardinata, en el Catatumbo colombiano, y aproximándonos a aterrizar a la ciudad de Cúcuta, el helicóptero presidencial fue víctima de un atentado”, subrayó el mandatario en la declaración junto con sus dos ministros. En videos grabados aparentemente en barrios de la periferia de Cúcuta y publicados en las redes sociales se puede ver como un helicóptero sobrevuela la zona a baja altura y se escuchan disparos durante al menos 15 segundos.

Una región con varios grupos armados

Hasta el momento nadie se ha atribuido el atentado que se produjo en una región, Catatumbo, en la que proliferan distintos grupos armados ilegales. La zona abarca 10.089 kilómetros cuadrados, en su mayoría selváticos, forma frontera con Venezuela y está compuesta por once municipios donde operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y bandas de narcotraficantes.

Incluso en Cúcuta, la capital regional, que tiene los principales pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, hay fuerte presencia de estos grupos y de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el contrabando. Hace tan solo diez días un atentado terrorista con un coche bomba dejó 36 heridos en la sede de la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta en la que había personal militar de Estados Unidos y a principios de mes fue asesinada a tiros la fiscal Esperanza Navas.

“Una vez más reiteramos que como Gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. Aquí no nos amedrentan con violencia ni con actos de terrorismo, nuestro Estado es fuerte”, expresó hoy Duque.

“Cuidar de la radicalización”

El atentado contra el presidente fue condenado de inmediato por opositores a Duque, así como por organismos internacionales que rodearon al mandatario y a la instituciones democráticas colombianas. “Cualquiera que sean las distancias que nos separen, rechazo el atentado contra el presidente. Una democracia consiste en que nadie muera por sus ideas”, dijo en sus redes sociales el senador Gustavo Petro, líder de la oposición.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también opositora, calificó el ataque como “un atentado contra ciudadanos, contra el presidente y contra nuestra democracia”, y afirmó que a “Colombia la tenemos que cuidar de la radicalización y la romantización de toda forma de agresión violenta”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su condena al atentado contra el presidente y sus ministros, mientras que el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que lo repudia “categóricamente”.

“Rechazo frontal y rotundo al ataque contra el helicóptero en el que viajaban el presidente Iván Duque y los ministros”, expresó la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart. La embajada de Estados Unidos en Bogotá dijo que “condena enérgicamente el cobarde ataque contra el helicóptero”, al tiempo que expresó su complacencia de “que todos estén a salvo y felicitamos a los pilotos que llevaron la aeronave a un aterrizaje seguro”.

Por su parte el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, expresó su “solidaridad” con el presidente Duque y dijo que su país “rechaza la violencia y respalda a las instituciones democráticas de Colombia”, y en términos similares se expresó el líder opositor venezolano Juan Guaidó, que tiene en Duque uno de sus principales aliados.

Venezuela ha copado la actividad del Congreso de los Diputados en materia internacional en lo que va de legislatura. La obsesión de las tres derechas –PP, Vox y Ciudadanos– por tratar de vincular al Gobierno, al que tildan de “socialcomunista”, con el Ejecutivo venezolano de Nicolás Maduro por la coalición del PSOE con Unidas Podemos –partido al que intentan relacionar con el chavismo–, para restarle legitimidad democrática, ha dejado en un segundo plano las propuestas, los debates y las preguntas al Ejecutivo sobre conflictos bélicos como el sirio, el yemení o el libio.

De las iniciativas sobre política internacional registradas tanto en Pleno como en comisión desde que se constituyó el Congreso, en diciembre de 2019, las referidas a Venezuela ascienden a más de 200. La diferencia es abismal si se compara con las apenas ocho iniciativas presentadas sobre la guerra en Siria o la decena sobre Yemen, Libia y Palestina. Y en el buscador de propuestas de la Cámara Baja tan solo consta una iniciativa –registrada por Más País– sobre la represión de las últimas semanas en Colombia, donde el Gobierno del derechista Iván Duque –tildado de “amigo” y “aliado por el líder del Partido Popular, Pablo Casado– ha respondido a las protestas contra sus políticas disparando contra la población, lo que ha generado el rechazo de organismos internacionales como la ONU.

El 27 de enero de 2020, cuando apenas habían transcurrido dos semanas desde que los distintos ministros del Gobierno de coalición tomaron posesión de sus cargos, el PP de Casado y Ciudadanos registraron una solicitud de comisión de investigación “sobre el estricto cumplimiento de las sanciones adoptadas por la Unión Europea en relación con la crisis en Venezuela”. La iniciativa se justificó entonces por el encuentro mantenido por la canciller venezolana, Delcy Rodríguez –sobre la que pesan sanciones europeas–, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el aeropuerto de Madrid, apenas tres días antes, durante una escala de la responsable de Exteriores del Gobierno de Maduro en un viaje que tenía como destino final Turquía. La solicitud fue en cambio rechazada por el 'no' de los partidos del Ejecutivo y sus aliados de investidura.

Vox, que también registró en el Congreso numerosas preguntas sobre esa reunión, llegó a denunciar a Ábalos ante los tribunales, pero el Supremo archivó en noviembre la causa al entender que el ministro no prevaricó al verse con Rodríguez, pese a la vulneración de la prohibición del Consejo de la UE de permitir la entrada de la canciller venezolana en el territorio de la Unión.

Casado se compara con la oposición venezolana

Desde entonces se han registrado decenas de iniciativas por parte de PP, Vox y Ciudadanos para intentar que la izquierda se posicionara en contra del Gobierno del país caribeño, apoyara abiertamente a la oposición o reconociera a Juan Guaidó como presidente legítimo, a pesar de que Pedro Sánchez fue uno de los primeros jefes de Ejecutivo del mundo que le reconoció como presidente “interino”. En el registro del Congreso constan proposiciones no de ley tanto en comisión como en Pleno al respecto, así como solicitudes de informes acerca de la política humanitaria española en Venezuela, peticiones de comparecencias de ministros y secretarios de Estado o preguntas en comisión y en pleno tanto escritas como orales.

Venezuela es, de hecho, la principal arma del PP en materia internacional para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante la reciente campaña electoral madrileña, Casado volvió a compararse con la oposición venezolana, algunos de cuyos dirigentes están encarcelados. Aprovechando un acto junto al líder opositor venezolano Leopoldo López, exiliado en España y protegido durante meses en la embajada española en Caracas –durante el mandato de Sánchez–, Casado dijo que desde el Gobierno “se habla de expropiar viviendas, de fijar precios de alquileres con viviendas privadas, de expropiar medios de comunicación, expropiar empresas y hacer una especie de plan quinquenal sobre el modelo productivo y se habla de impuestos confiscatorios”. 

En su opinión, el “populismo” suele empezar “corrompiendo normas no escritas de la democracia” como a su juicio ocurre en España con el intento de “acabar con las mayorías constitucionales o del Consejo de Europa en la elección de los jueces”. “Sólo desde las ideas liberales podremos salir de los momentos oscuros en los que este virus, el de la pandemia, y este virus, el del populismo, ataca a nuestro Estado de derecho, nuestras sociedades libres”, dijo. 

Este tipo de discursos han sido una constante en los últimos dos años. Casado nunca ha escatimado en descalificaciones contra el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, al que ha llamado “social comunista”, “populista”, “bolivariano”, “dictatorial” y hasta “filoetarra”, por sus supuestos vínculos con Maduro. “El objetivo del PP es defender la libertad como el bien más preciado que tiene el ser humano y por el que bien merece arriesgar la vida. Eso es lo que han hecho los valientes opositores cubanos y venezolanos, eso es lo que haremos la oposición en España, y estoy seguro que eso es lo que harán la inmensa mayoría de españoles cuando tengan la oportunidad de elegir”, llegó a proclamar el líder de los populares en diciembre.

Para el PP no parecen en cambio ser tan importantes los posicionamientos del Gobierno ante otros conflictos internacionales como las guerras en Oriente Próximo. A diferencia de Ciudadanos y Vox, que sí han presentado alguna pregunta al respecto, los populares no se ha interesado en ninguna de sus iniciativas registradas desde el inicio de la legislatura sobre la guerra en Siria, que se prolonga desde 2012. De las ocho iniciativas sobre ese país que constan en el registro del Congreso, seis son sobre la situación de los exiliados y ninguna de ellas ha sido presentada por el PP –los autores son EH Bildu, el Grupo Plural, Ciudadanos y Vox–.

En cuanto a Yemen, las preguntas y solicitudes de información al Gobierno registradas desde enero de 2020 se centran principalmente en tratar de conocer el armamento militar vendido por España a Arabia Saudí, el país atacante. Precisamente esta semana elDiario.es reveló en exclusiva que el Gobierno ocultó al Congreso y a la ONU la exportación de más de un centenar de morteros al Ejecutivo saudí en 2018. Ninguna fue presentada por el PP –los autores son partidos de izquierda–, al igual que tampoco registró ninguna iniciativa sobre la guerra en Libia o sobre el conflicto palestino israelí, reavivado en la última semana.

La relación entre Casado y Aznar con Duque y Uribe

En cuanto a Colombia, país en el que ha estallado la violencia callejera en las últimas semanas por la durísima represión ejercida por el Gobierno contra los manifestantes que protestan contra sus políticas, tras un año de Duque en el Ejecutivo, el PP tan solo se interesó, a través de una proposición no de ley “sobre medidas de apoyo y reconocimiento a la solidaridad de las instituciones y el pueblo de Colombia con los exiliados venezolanos”. De nuevo, Venezuela.

Sobre la represión de las últimas semanas en el registro del Congreso tan solo consta una pregunta con respuesta escrita al Gobierno “acerca de frenar las autorizaciones de exportación de armamento a Colombia hasta que el gobierno colombiano deje de vulnerar los derechos humanos ante las protestas masivas y legítimas en el país”. 

Frente a las decenas de iniciativas y alusiones públicas a Venezuela, el PP ha decidido obviar el conflicto colombiano por la relación estrecha entre Casado y el presidente Duque, así como con el principal valedor del mismo, el expresidente colombiano y amigo personal del expresidente español José María Aznar –padrino político del actual presidente de los populares–, Álvaro Uribe. En plena investigación sobre las irregularidades de su máster, que fueron finalmente archivadas, el líder del PP viajó en agosto de 2018 a la toma de posesión de Duque.

Entonces, tuiteó lo siguiente, volviendo a hacer alusión a Venezuela, su gran obsesión: “Nada más llegar a Bogotá me he reunido con el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, un amigo y aliado de España, defensor de la libertad y la democracia frente al totalitarismo de Maduro, que ha provocado la huida de un millón de refugiados venezolanos a territorio colombiano”.

Los episodios de violencia y desórdenes volvieron este sábado a Bogotá, Cali y otras ciudades de Colombia en el cuarto día de protestas contra la reforma fiscal del Gobierno colombiano, que coincidió con el Primero de Mayo, celebración de los trabajadores que transcurrió pacífica en las primeras horas del día.

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este sábado que se apoyará en las Fuerzas Militares para controlar los disturbios. En una declaración en la Casa de Nariño, explicó que esa figura de “asistencia militar” se mantendrá hasta que “cesen los hechos de grave alteración del orden público” y que será coordinada con alcaldes y gobernadores. “La figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población, está consagrada en la Constitución y la ley, y se mantendrá”, dijo Duque.

Los disturbios comenzaron en la céntrica Plaza de Bolívar al final de la tarde y se propagaron por otros puntos de la ciudad, llegando incluso hasta la zona norte, donde una multitud que se congregó frente a la residencia privada el presidente colombiano, Iván Duque, para expresar su inconformismo con el Gobierno, fue dispersada con gases por la Policía.

La Policía utilizó además tanquetas para abrir el paso por la Carrera Séptima a la altura de la Calle 145 donde está la residencia del presidente. En la misma zona norte de Bogotá hubo saqueos al almacén del barrio Country de la cadena de supermercados Éxito y encapuchados rompieron vidrios de bancos y comercios.

“Tras una jornada tranquila, grupos violentos vandalizaron comercios en el norte y el centro, lo que obligó la intervención de la Policía”, informó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La mandataria añadió que lamentaba que estos hechos empañasen una “jornada de juventud y justas reivindicaciones. La violencia y el vandalismo nada solucionan, solo empeoran todo”.

Las autoridades no reportan heridos, pero el Defensor del Pueblo informó de que tres personas murieron en los últimos días en situaciones vinculadas con las protestas y otras tres muertes están pendientes de verificación. Esta semana también se informó de otra muerte en Neiva, capital del departamento del Huila, mientras que en Soacha, localidad aledaña a Bogotá, fue asesinado a cuchilladas el capitán de la Policía, Jesús Alberto Solano.

Multitudes en las calles de Cali

Las manifestaciones más multitudinarias volvieron a darse en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y tercera ciudad del país, donde decenas de miles de personas se reunieron en el sector conocido como Loma de la Cruz y en otro llamado Puerto Rellena, que a raíz de las protestas es llamado ahora Puerto Resistencia. Las manifestaciones, en las que predominaron los colores de la bandera nacional, transcurrieron en su mayor parte en calma y en un ambiente festivo, salvo unos conatos de enfrentamientos con la Policía en la salida hacia Palmira.

A Cali llegaron este sábado cuatro “chivas” (autobuses típicos de pasajeros en la zonas de montaña de Colombia) llevando a decenas de indígenas del vecino departamento del Cauca para reforzar las protestas contra la reforma tributaria que aunque Duque ya anunció que modificará no ha sido suficiente para calmar los ánimos. A pesar de las recomendaciones de las autoridades para evitar los tumultos debido a la pandemia de covid-19, que está en su tercer pico en el país, en Cali había muchos manifestantes sin usar la mascarilla de protección contra el coronavirus.

Derriban estatua del prócer Nariño

También hubo protestas en Pasto, capital del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, donde una turba derribó la estatua del prócer Antonio Nariño (1765-1823), considerado el Precursor de la Independencia de Colombia. El pasado miércoles, primer día de las protestas, indígenas misak derribaron en Cali la estatua del fundador de la ciudad, el conquistador español Sebastián de Belalcázar. Tambien hubo desórdenes menores en otras ciudades como Barranquilla, en la región caribe, y en Bucaramanga (este), tras concluir las celebraciones del Día del Trabajo en las que la reforma tributaria fue el centro de las manifestaciones.

Este miércoles, el país vivió su tercera jornada de huelga general, después del 21 y el 27 de noviembre, y las calles de las principales ciudades del país volvieron a acoger manifestaciones convocadas por los sindicatos y los movimientos sociales. Bogotá, Cali, Medellín y otras capitales vieron llenarse sus calles y plazas de multitudes de colombianos que acudieron al llamado del paro nacional: grupos indígenas, bloques feministas, marchas de estudiantes y grupos sindicales bloquearon las vías de Bogotá durante todo el día y parte de la noche.

La mayoría de las protestas transcurrieron de manera pacífica y terminaron en múltiples cacerolazos, que ya se han convertido en un símbolo de la indignación colombiana. Dos semanas seguidas de movilizaciones a nivel nacional es algo inaudito para la historia del país, acostumbrada a mirar de reojo la protesta.

El Comité Nacional del Paro, conformado por un amplio abanico de organizaciones y plataformas, busca reforzar en las calles el pulso contra el presidente Iván Duque, cuya popularidad cayó a mínimos históricos y ronda el 26% de aprobación de su gestión. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), uno de los impulsores de la huelga, Diógenes Orjuela, aseguró en las redes sociales que la movilización del miércoles busca “exigirle al Gobierno la apertura de la negociación”.

Desde que se convocó la primera jornada de protestas el 21 de noviembre, el Ejecutivo y el Comité no han logrado ponerse de acuerdo en los mecanismos de diálogo para revisar las exigencias del paro.

Duque quiere lo que llama una “Conversación nacional”: reunir en una misma mesa a organizaciones sociales y representantes de los gremios empresariales para hablar sobre los grandes temas que atraviesan las protestas, como la educación, el medioambiente y la salud. Sin embargo, el Comité Nacional del Paro critica que eso no es más que “un monólogo” y rechazó este sistema después de una sola reunión. Ellos quieren un encuentro directo con el Ejecutivo colombiano para tratar globalmente las 18 propuestas de las organizaciones sociales, que van desde asegurar las pensiones hasta implementar el acuerdo de paz con las FARC, pasando por evitar la deforestación y dar un mayor presupuesto a la educación.

De hecho, Duque abrió la puerta a aceptar el diálogo con el Comité tal y como lo proponían las organizaciones sociales, pero bajo una condición: que se desconvocaran todas las marchas y movilizaciones de la semana. Las entidades del Comité rechazaron la propuesta de Duque. Pero lo que muestra la iniciativa del Gobierno colombiano es que desconoce un factor importante en estas protestas: hace ya varios días que el paro nacional va más allá del Comité y del Gobierno.

Las protestas se trasladan a los barrios

Entre jornadas de huelga, los barrios de las ciudades han mantenido prendida la llama a través de cacerolazos y concentraciones. Mientras el Comité lleva la voz cantante en las grandes movilizaciones y es la interlocución con el Ejecutivo, las calles encuentran sus propios métodos de protesta. Solo durante la última semana, Bogotá, la capital, ha visto varias intervenciones feministas de 'Un violador en tu camino'; agrupaciones de artistas para hacer piezas gráficas a favor del paro; la llegada de 150 miembros de la Guardia Indígena para dar apoyo a las movilizaciones; conciertos en las calles; y un sinfín de cacerolazos.

“Se ha evidenciado que todo este paro ha llegado a los barrios. De hecho, el cacerolazo se ha vuelto emblemático en los barrios”. Habla Luz Ángela Pinto Rincón, vecina de Engativá, una de las localidades periféricas de Bogotá. En una capital de 7 millones de habitantes, es un triunfo de las protestas lograr penetrar en las zonas más alejadas del centro.

Pero no solo los cacerolazos sacaron a la gente a la calle: el fin de semana pasado se convocaron varias asambleas populares en las distintas zonas de Bogotá para articular la movilización a nivel local. Bosa, Ciudad Bolívar, Usme: en estos barrios populares y periféricos, la ciudadanía se reunió para debatir. “Fue bonito, porque se empezó contando a muchos que no habían estado nunca en una asamblea lo qué es una asamblea”, cuenta Luz Ángela, que estuvo presente en la de Engativá. “Asistieron personas del barrio que nunca habían participado en estos espacios”, agrega.

Las asambleas, que transcurrieron a lo largo del último fin de semana, son el principal espacio autónomo surgido a raíz del paro. Marcela Rodríguez es una de las impulsoras de estos encuentros ciudadanos en Armenia, un barrio central de Bogotá que ya acumula una destacada trayectoria de organización social: “Este es el reto del paro, que logremos ampliar la base de las personas que son receptivas a la información y actividad política”.

Rodriguez recuerda que, en Colombia, “la política siempre ha estado ligada a la violencia y el miedo” y ahora hay una oportunidad de “darle la vuelta”. Para Marcela, estos espacios locales son claves de cara a una posible pérdida de fuerza del paro, que se empieza sentir en unas calles no acostumbradas las marchas constantes. “Podemos pasar a una fase distinta, y ahí la organización en los barrios es crucial, y más en las ciudades, donde el tejido social está deshecho”, subraya.

La llama de las protestas en el continente

Colombia ha sido el último país en sumarse a las protestas que atraviesan América Latina. Por eso fue especialmente significativo para muchos colombianos el cacerolazo latinoamericano que se celebró el pasado 1 de diciembre, donde varios países del continente recogieron el símbolo de las protestas en Colombia para dar apoyo a las marchas.

Rodríguez cita especialmente a Chile como un motor para las manifestaciones colombianas: “El hecho de que haya una manifestación sostenida en Chile ha dado mayor impulso, porque la gente se da cuenta de que es posible hacer algo así”.

A pesar de la distinta fuerza, duración y logros de las manifestaciones que han sacudido Ecuador, Chile, Haití y ahora Colombia, para el politólogo e historiador de la Universidad Nacional Carlos Medina existen vínculos en los motivos que sacaron a los latinoamericanos a la calle. “Es un fenómeno de convergencia silvestre de movilizaciones que se producen por la difícil situación que pasan nuestros países en materia de política económica y social”, subraya.

Otro ejemplo del contagio latinoamericano es la vuelta al mundo de “Un violador en tu camino”, la canción que denuncia la violencia machista y estructural contra las mujeres creado por un colectivo chileno. Un día después de que se viralizara la intervención, se reprodujo en Bogotá, y en las jornadas siguientes saltó a México, Argentina, Perú, e incluso España y Francia. “Las movilizaciones han tenido un importante sesgo en términos de los movimientos juveniles y de mujeres, que han jugado un papel determinante en Chile y ahora también en Colombia”, recuerda Medina.

El politólogo destaca que hay una agenda común entre estos países que piden reformas y protestan contra la desigualdad. “El problema de la salud es un problema generalizado, igual que la política pública en materia de pensiones, la incertidumbre de los jóvenes y los trabajadores, al igual que la desigualdad”. El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presentado hace una semana, determinaba que “una alta proporción de la población de ingresos medios” en el continente “experimenta importantes déficits de inclusión social y laboral”, además de “un alto grado de vulnerabilidad a volver a caer en la pobreza”.

De hecho, la proporción de latinoamericanos viviendo bajo la línea de pobreza aumenta sin parar desde 2015 y alcanzó el 30,8% en 2019. Eso significa que 185 millones de personas están bajo el umbral de la pobreza y 66 millones se encuentran en la pobreza extrema.

Frente a los reclamos de las protestas, “hay una especie de autismo institucional”, según Medina, “una simulación de arreglos y no de soluciones concretas y objetivas que respondan a las expectativas de la gente”. Así lo evidencia la manifestación de este 4 de diciembre, convocada por la falta de diálogo con Duque, un presidente que no parece dispuesto a ceder frente a un movimiento que lleva catorce días consecutivos de protestas.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha decretado este viernes el toque de queda en la ciudad para contener los disturbios y los saqueos en las protestas masivas que se están produciendo contra el Gobierno de Iván Duque.

Peñalosa ha adoptado esta medida ha petición del presidente Duque, que ha presentado el toque de queda como una forma de “garantizar la seguridad de todos los bogotanos”. “Le he solicitado al Alcalde de Bogotá Enrique Penalosa que apliquemos toque de queda en toda la ciudad, a partir de las 9 de la noche. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de todos los bogotanos”, ha asegurado en Twitter.

El alcalde había decretado ya el toque de queda en los barrios de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Tres barrios en los que, según Peñalosa, “se han concentrado los actos delincuenciales” -saqueos de comercios y daños a 79 autobuses del sistema público, que se suman a los 76 del jueves- de las protestas de este vienes. 

“Lamentablemente ha habido un vandalismo generalizado”, ha asegurado el alcalde en un comunicado. Peñalosa ha remarcado que se han movilizado 4.000 soldados del Ejército para apoyar a los aproximadamente 20.000 policías que están vigilando y “manteniendo el orden” en la capital.

Desde las primeras horas de la mañana los manifestantes han bloqueado las principales estaciones de transporte público en el sur de Bogotá. Unas acciones que han sido como una especie de preludio del caos que se ha desatado horas después en barrios como Patio Bonito, Molinos, Perdomo, Meissen y Tintal, que hacen parte de las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, así como en la vecina Soacha, donde también se decretó toque de queda.

Peñalosa ha asegurado que en las manifestaciones hay “delincuentes” que buscan “destruir” la democracia colombiana: “Aquí hay entonces unos delincuentes que quieren destruir nuestra democracia, que quieren destruir nuestra ciudad y que creen que van a lograrlo”. 230 personas han sido detenida y al menos tres han fallecido durante las protestas.

Los desórdenes en Bogotá comenzaron en la tarde de ayer al concluir las manifestaciones contra la política económica y social del presidente colombiano, Iván Duque, y aunque remitieron durante la noche, se reanudaron esta mañana en el sur de la ciudad.

Un diálogo nacional

El presidente Duque ha anunciado este viernes en una alocución televisada su intención de iniciar con todos los sectores políticos y sociales un diálogo nacional para mejorar su Gobierno tras dos semanas de manifestaciones.

“A partir de la próxima semana daré inicio a una conversación nacional que fortalezca la agenda vigente de política social; trabajando así, de manera unida, en una visión de mediano y largo plazo, que nos permita cerrar las brechas sociales”, ha asegurado.

Estudiantes y trabajadores colombianos han tomado este lunes las calles del país para protestar contra la política económica y social del presidente Iván Duque, en una jornada que prácticamente ha paralizado el comercio y el tráfico en las avenidas.

Las primeras manifestaciones de esta huelga nacional han salido de universidades públicas de Bogotá, Medellín y Cali y van sumando gente en sus recorridos hacia el centro de las ciudades por avenidas desiertas. “El Gobierno no invierte en la educación por temor a la emancipación” o “Más salarios, menos impuestos” rezan algunas de las pancartas que encabezan la manifestación de una multitud de estudiantes de la Universidad Pedagógica de Colombia, que partió de la zona financiera de Bogotá en dirección a la céntrica Plaza de Bolívar.

Con cánticos como “Soy, soy estudiante soy”, los universitarios de la Pedagógica avanzan en ambiente festivo por la Carrera Séptima o la Avenida Caracas, vigilados de cerca por la Policía, tanto en la calle como desde el aire con un helicóptero. Para invitar a la manifestación a quienes los observaban desde la calle y edificios, la multitud canta en coro “Amigo mirón, únase al montón” o “Su hijo es estudiante y usted, trabajador”.

Escenas similares se repiten en distintas ciudades, como Medellín, donde una multitud llena las calles en dirección al Parque de las Luces, donde tendrá lugar su concentración. El mismo grito de “Soy estudiante, soy” ha retumbado en Cali, donde jóvenes de universidades y del estatal Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) han salido a manifestarse en ambiente de fiesta, con cornetas y bandas musicales.

Transporte público paralizado

El MIO, el sistema de autobuses públicos de Cali, ha funcionado en las primeras horas del día, pero luego ha interrumpido sus operaciones, debido a los obstáculos que los manifestantes han puesto en las calles. Algo similar ha ocurrido en Barranquilla, la principal ciudad del Caribe colombiano, donde la red de autobuses de Transmetro ha tenido que ser paralizada por los bloqueos en las avenidas. En esta ciudad, capital del departamento del Atlántico, la multitud se ha dividido en tres marchas para juntarse más tarde en el céntrico Paseo Bolívar.

Mientras tanto en Cartagena de Indias, la perla del turismo en Colombia, la mayor parte del comercio ha amanecido cerrado, al tiempo que avanza una multitud hacia el centro histórico.

La jornada no ha estado exenta de incidentes, como en Suba, barrio del noroeste de Bogotá donde desde temprano hay roces entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y manifestantes que han bloqueado la Avenida Suba, la principal de esa zona, que da acceso a las estaciones del sistema de transporte público Transmilenio.

En el tradicional barrio bogotano de Chapinero, encapuchados han lanzado pintura contra las estaciones de Transmilenio, han escrito consignas contra el Gobierno en autobuses y han rascado los plásticos con lo que algunos comerciantes intentaban proteger sus negocios. También hay disturbios en la estación de Trasmilenio de Usme, en el sur de la capital, donde el Esmad ha tenido que intervenir para abrir la circulación por una avenida taponada con árboles y basura.

Paro nacional

Las protestas de este jueves son las mayores contra el Gobierno de Duque y ocurren en un momento de agitación social en América Latina, lo que acrecienta el temor de muchos ciudadanos a un brote de violencia.

Para evitar desmanes, el Ejecutivo ha puesto en marcha medidas de seguridad que incluyen cierre de las fronteras, despliegue de policías, vigilancia aérea y refuerzo de militares si es necesario en algunas ciudades. Las centrales obreras aseguran que el Gobierno de Duque prepara un “paquetazo” de medidas que tendrán un fuerte impacto económico y social en los trabajadores, como eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y contratar a los jóvenes con salarios inferiores al mínimo, entre otras medidas.

Las organizaciones sociales reclaman por su parte al Gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC, así como medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de centenares de ellos desde que Duque llegó al poder, hace quince meses.

Tanto sindicatos como líderes sociales y políticos que apoyan la protesta han hecho un llamamiento a los manifestantes para que se abstengan de recurrir a la violencia y de enfrentarse con la Policía.

El terror y el escándalo de los falsos positivos persiguen todavía hoy a Colombia, un país que dosifica la información que señala directamente al Gobierno, a cuyos mandos se sienta Iván Duque, protegido del expresidente Álvaro Uribe.

En el año 2008 se destapó el escándalo de los falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de miembros del Ejército colombiano. Durante los años más duros del enfrentamiento con la guerrilla, altos mandos de las fuerzas armadas recibieron bonificaciones y ascensos dependiendo de la cantidad de guerrilleros muertos que podían adjudicarse. Para cumplir con ese cupo que pedía el Gobierno se organizó un sistema de 'producción de cadáveres' que se basaba en asesinar a civiles, sobre todo campesinos.

El modus operandi, según las investigaciones de las organizaciones humanitarias, era muy simple: engañaban a jóvenes aislados (bien por falta de recursos o por discapacidades intelectuales) ofreciéndoles algún trabajo, les llevaban lejos de su ciudad de origen, los mataban a sangre fría y les disfrazaban con ropas de combate.

Quedaron documentados casos en los que aparecieron muertos hombres con discapacidad que de ninguna manera habrían podido disparar un arma, personas zurdas con un arma asida a su mano derecha o cuerpos con disparos de bala cuyas heridas no coincidían con los desgarros esféricos de la ropa.

Se cree que, entre los años 2002 y 2009, más de 3.000 civiles inocentes fueron ejecutados de manera extrajudicial en Colombia. Algunas fuentes, tal y como recuerda el periodista colombiano y director de informativos de Univisión Daniel Coronell en una entrevista en eldiario.es, dicen que las muertes en aquellos años superan las 10.000. Muchos de estos asesinatos se produjeron en connivencia con el brazo paramilitar.

La semana pasada, la columna que Coronell firmaba desde hace 14 años en la revista colombiana de investigación Semana fue cancelada. El periodista utilizó su espacio de opinión para criticar duramente a la revista por no publicar una información que manejaba desde febrero y que, finalmente, vio la luz gracias a the New York Times.

“La columna lo que dice es por qué Colombia tuvo que esperar al New York Times, que lo publicó en la primera página de su edición de domingo, para conocer una noticia tan grave para Colombia que Semana conocía desde tres meses antes”, explica Coronell.

El periodista colombiano considera que pudo haber tres razones: la falta de “diligencia en el proceso de verificación”, “un error de criterio” o la posibilidad de que Semana privilegiase “su relación con el Gobierno sobre la obligación que tiene de informar a sus lectores”. Poco después, Coronell fue apartado del semanario.

La información destapada por el rotativo estadounidense lleva a pensar que en Colombia, de nuevo, se dan las condiciones necesarias para que reaparezcan las ejecuciones extrajudiciales. Según lo publicado, existen documentos en el Ejército colombiano que indican que a los comandantes se les ha ordenado aumentar los resultados en cuanto a capturas y bajas de miembros de grupos guerrilleros. Una orden similar fue la que abocó al país al horror de los falsos positivos en los primeros compases de los 2000.

Esta no es la primera vez que Coronell resulta señalado en Colombia. El periodista, que ha sido especialmente crítico con el aparato de Uribe y con los líderes paramilitares, tiene hoy causas abiertas con el expresidente y tuvo que exiliarse a EEUU en 2005 por amenazas de muerte en forma de llamadas telefónicas y por el envío de coronas fúnebres a su persona.

Una directiva con regusto a falsos positivos

La columna de Coronell se titulaba La explicación pendiente. “Evidentemente había unas explicaciones pendientes por parte de Semana y esas explicaciones eran necesarias tanto hacia el interior del equipo periodístico como hacia afuera, hacia los lectores que tenían derecho a saber qué era lo que había pasado, qué era lo que había llevado a la revista a no publicar esta denuncia tan grave para Colombia”.

Lo que está sucediendo ahora mismo en Colombia, explica Coronell, es que “se está impulsando una política de evaluar resultados, por body count o conteo de cadáveres, y hace unos años esto fue lo que condujo a los falsos positivos”. Durante la entrevista, el periodista insiste en que Colombia es un país que sabe perfectamente las “consecuencias que podía tener”. Unos días después de la publicación del New York Times, el Ejército anunció que revocaría la polémica directiva.

“Lo que me sorprende es que ellos [el Gobierno] supieron por Semana, con mucha anticipación, que eso estaba pasado y no se preocuparon por tomar correctivos cuando lo supieron sino cuando se volvió un problema de tipo reputacional”, añade.

Aunque hayan pasado los años y se hayan sucedido diferentes presidentes, los dedos siguen apuntando a Uribe: “En general, [Iván Duque] es una persona amable, pero hasta cierto punto, aunque parezca increíble, es una figura irrelevante en el panorama nacional porque todo el mundo sabe que el verdadero dueño del poder es otro y las noticias se articulan más alrededor de Uribe”.

Cuando todavía siguen impunes la mayoría de los casos de falsos positivos en los momentos de mayor degradación del conflicto, Colombia se asoma de nuevo a las consecuencias macabras de las políticas que premian al mayor número de bajas.

Pedro Sánchez también se pronunció este jueves durante su visita oficial a Colombia sobre la “amenaza” de la familia Franco de llevarle a los tribunales por la vía penal por su decisión de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. El presidente ha manifestado la determinación de su Ejecutivo de seguir adelante con el proceso porque entiende que es una muestra más de la “regeneración” por la que aboga.

“Es evidente que la Fundación Franciso Franco lo que ha hecho ha sido trasladar una suerte de amenaza a la presidencia del Gobierno. La determinación del Gobierno de España es firme. Se comenzará el expediente de exhumación del dictador porque ninguna democracia puede tener ningún mausoleo que rinda homenaje a un dictador”, ha zanjado Sánchez.

La familia Franco ha amenazado al presidente del Gobierno con emprender acciones penales contra él por la decisión de modificar la ley para llevar a cabo la exhumación del dictador. Le atribuyen los delitos de prevaricación y profanación de tumba. En Moncloa aseguran que tienen previstos todos los escenarios ante la decisión de sacar los restos del Valle de los Caídos y no se muestran preocupados por la batalla que anunció la familia del dictador. El Consejo de Ministras aprobará este viernes la apertura del expediente administrativo para comenzar el proceso de exhumación.

Otro de los asuntos en clave nacional sobre los que se ha tenido que pronunciar Sánchez ha sido la polémica sobre una hipotética subida de impuestos a las rentas más altas que Hacienda está negociando con Unidos Podemos. El departamento que dirige María Jesús Montero apuesta, como el programa del PSOE, por subir a las rentas superiores a 150.000 euros y no a partir de los 60.000 euros, como reclama Unidos Podemos, y que el presidente sitúa en la clase media y trabajadora. “No se va a subir un céntimo de euro a la clase media y trabajadora”, ha aseverado.

Sánchez ha hecho esas declaraciones en una rueda de prensa junto al presidente colombiano, Iván Duque, con quien se ha reunido en el marco de la gira latinoamericana que ha celebrado en los últimos días y que le ha llevado previamente a Chile y Bolivia. Ambos dirigentes han incluido en su conversación la necesaria cooperación judicial en materia de lucha contra la corrupción y se han referido concretamente a la operación Lezo.

El presidente español ha ofrecido a su homólogo colombiano ayuda en el proceso de paz. Duque mostró su intención de hacer modificaciones en el acuerdo con las FARC y está estudiando cómo afrontar el proceso con la guerrilla del ELN. Es precisamente para ese proceso para el que Sánchez ofrece el “acompañamiento” de España.

Duque ha agradecido el gesto, pero ha respondido de manera ambigua dado que no ha decidido aún cuál será su posición respecto a las negociaciones. No obstante, ha dejado claro que antes de iniciar cualquier conversación, la guerrilla debería liberar a todos los secuestrados. “Nuestro mayor anhelo es una paz duradera que se cimente en los principios de legalidad, verdad, justicia, reparación y no repetición -ha expresado-. Agradezco su deseo de contribuir y tendremos muy en cuenta ese ofrecimiento para saber tocar la puerta oportunamente”, le ha dicho a Sánchez.

Pedro Sánchez sube el tono con Venezuela: “No se puede decir que es una democracia cuando hay presos políticos”. Con esa contundencia se pronunció el presidente en una entrevista en el periódico chileno El Mercurio tras haber sorteado esa misma afirmación en una rueda de prensa junto al presidente de Chile, Sebastián Piñera, en la que Sánchez mostró su “gran preocupación” por la situación, pero defendió que no debe haber “injerencias” de España ante la crisis venezolana.

En Moncloa creen que no era apropiado pronunciarse en esos términos sobre un tercer país en un encuentro oficial con uno de los estados más beligerantes con el régimen de Maduro que, según Sánchez, vulnera derechos humanos. El Gobierno de Sánchez aboga por una solución dialogada -“un diálogo entre venezolanos”, expresó el presidente- y que no haya “injerencias” sino “acompañamiento” por parte de España. Fuentes del Ejecutivo sostienen que las sanciones no son incompatibles con el diálogo mientras que no son partidarias de las condenas que pueden acarrear un “efecto boomerang de más cierre” del régimen de Maduro. Tampoco ven en la amenaza de denuncia ante la Corte Penal Internacional por parte de algunos países, entre Chile y Colombia, entre otros, sea una solución pues que no habría “marcha atrás”.

“No es una crisis que nos resulte ajena que miremos para otro lado”, aseguró Sánchez. El Gobierno cree que ya se está moviendo a nivel internacional una respuesta ante la crisis migratoria -aproximadamente dos millones de venezolanos han emigrado y 1,2 millones están registrados en Colombia, según los datos del Ejecutivo- y que es ahí donde España puede “involucrarse de manera constructiva” y tratar de “movilizar” a la UE en cuestiones como la asistencia técnica o la atención a refugiados.

“Nos asusta una modificación del acuerdo con las FARC”

Sánchez aterrizó este miércoles en Colombia, uno de los platos fuertes de la gira latinoamericana que ya le ha llevado a Chile y Bolivia. El presidente del Gobierno llega al país que preside desde hace escasas semanas Iván Duque con una oferta de ayuda para el proceso de paz -que engloba el apoyo al acuerdo alcanzado con las FARC y un posible “acompañamiento” en un “eventual diálogo” con la guerrilla del ELN- a la espera de que el nuevo jefe del Ejecutivo colombiano marque una posición.

Duque cuestionó durante la campaña electoral el acuerdo alcanzado por su antecesor, José Manuel Santos, con las FARC. El Gobierno español no esconde su preocupación ante la posibilidad de que se retoque dicho pacto. “Nos asusta un poco que vaya a modificar el acuerdo”, aseguran fuentes del Ejecutivo que explican que así se lo han hecho llegar por la vía diplomática a Duque distintos países europeos.

“Duque dice que no va a poner en peligro el acuerdo de paz, pero el mandato [logrado en las urnas] exige algunas modificaciones”, expresan esas fuentes. La intención es evitar que los condenados puedan ocupar un escaño, que la amnistía no cubra los delitos de narcotráfico o limitar el periodo en que las FARC tienen asegurada la representación parlamentaria. “No los ha prenegociado con las FARC”, subrayan esas fuentes, que admiten que la “operación” de Duque puede tener riesgo.

Sánchez le trasladará el apoyo al acuerdo que en Moncloa entienden es “global a la continuidad del proceso sin sobresaltos”. Su otra oferta será la de acompañar a Colombia en un “eventual diálogo con el ELN”. Santos no consiguió cerrar un acuerdo y Duque se ha dado un plazo de un mes para orientar su posición definitiva. En medio de ese periodo se produce la visita del presidente español, que espera que Colombia acepte su ofrecimiento.

Periodistas colombianos alertan de que las continuas amenazas de muerte por su cobertura del proceso de paz en el país refleja una “atmósfera nueva, preocupante y peligrosa” desde la elección del nuevo presidente.

A María Jimena Duzán, de la revista Semana, le amenazaron en Twitter con un mensaje en el que le deseaban que fuera “violada, escupida, cortada con una motosierra y colgada en la Plaza de Bolívar”, la plaza principal de la capital de Bogotá. Minutos después del envío del mensaje, la cuenta y la dirección IP fueron cerradas.

Duzán dice que las amenazas contra ella y otros periodistas han aumentado desde que el conservador Iván Duque llegó al poder, un protegido del expresidente Álvaro Uribe que se opone con todas sus fuerzas al acuerdo de paz con las FARC. Duque, que prestará juramento el 7 de agosto, ha prometido “revisar” el acuerdo de paz.

También han sido amenazados Jineth Bedoya Lima, del diario El Tiempo, y Yolanda Ruiz, Jorge Espinosa y Juan Pablo Latorre de la radio RCN. Por otro lado, han amenazado a La Silla Vacía, una web sobre el proceso de paz.

Bedoya y La Silla Vacía recibieron notas en las que ponía que eran “objetivos militares” y estaban firmados por las “Águilas Negras”, un nombre muy utilizado por los grupos paramilitares de extrema derecha del país. La hermana de Duzán, Silvia, también periodista, fue asesinada por paramilitares en los 90 cuando estaba realizando un documental para canal británico Channel 4 sobre organizaciones campesinas que trabajaban por la paz.

Sus asesinos nunca han respondido ante la justicia y su caso se convirtió en un símbolo de la impunidad que ha caracterizado los ataques contra periodistas y activistas del país.

Todas estas amenazas llegan en medio de una serie de ataques contra líderes sociales, indígenas y de derechos de la tierra, y los intentos de devolver tierras a las familias rurales desplazadas por los rebeldes o, por norma general, paramilitares que trabajan para grandes terratenientes y cárteles de la droga. Desde que se firmó el acuerdo de paz en agosto de 2016, más de 150 activistas y líderes de sus comunidades han sido asesinados.

“Los paramilitares se han envalentonado con el cambio de Gobierno”, asegura Duzán.

La victoria de Duque se debió en gran medida al apoyo de Uribe, que llevó a cabo una campaña militar muy agresiva contra las FARC, pero ha sido perseguido por acusaciones de abusos de derechos humanos y asociaciones con paramilitares. Su hermano Santiago está ahora mismo a la espera de juicio acusado de dirigir presuntamente un escuadrón de la muerte.

A principios de la semana pasada, Uribe anunció su renuncia al Senado después de haber sido llamado a testificar en una investigación de la Corte Suprema sobre acusaciones de manipulación de testigos, pero su influencia sigue siendo muy grande. En gran parte, gracias a sus esfuerzos propagandísticos, el acuerdo de paz fue rechazado inicialmente por los votantes en un referéndum de 2016.

“La posición de Uribe contra el núcleo de la implementación del proceso de paz fue parte de los discursos que ganaron las elecciones. Los uribistas están estigmatizando las voces que apoyan el proceso de paz. Se ha convertido en pecado decir que estás a favor de este proceso. De manera automática te conviertes en alguien siniestro”, dijo Duzán.

Duzán considera que, si las autoridades colombianas no actúan, el país se arriesga a volver a los oscuros días de una guerra total entre guerrillas, cárteles, paramilitares y el Estado. “Esto tiene que parar ya. No podemos volver a esos días en los que mi hermana y tantas otras personas fueron asesinadas por lo que hicieron. Colombia ha avanzado desde entonces y no podemos regresar a esa pesadilla”, añade. La propia Bedoya fue secuestrada y violada por paramilitares en el año 2000, y luego secuestrada por rebeldes de las FARC en 2003.

Su respuesta ante las últimas amenazas no puede ser más directa: “Mi vida se rige por una sola cosa: el periodismo. Y eso es lo que seguiré haciendo a pesar de las ideologías y las convicciones políticas”, dijo en Twitter. “A los que me amenazaron ayer, poneos a la cola porque la fila es larga”.

El presidente electo dijo en Twitter después de estas amenazas: “Rechazamos cualquier tipo de amenaza a la libertad de prensa y de expresión. Damos todo nuestro apoyo a MJ Duzán. Las amenazas, ataques y muertes violentas deben terminar en Colombia”.

Pero las amenazas a los reporteros han sido algo muy común en Colombia. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, que informó de 59 casos de amenazas contra reporteros locales durante el año 2015, 90 durante 2017 y 89 en lo que va de 2018.

El poderoso expresidente de Colombia Álvaro Uribe ha anunciado que renunciará a su escaño en el Senado para centrarse en la lucha contra una investigación del Tribunal Supremo que cada vez es más amplia.

Uribe, un político de línea dura que dirigió una campaña brutal contra los rebeldes izquierdistas entre 2002 y 2010, ha esquivado durante mucho tiempo las acusaciones que le vinculan a masacres paramilitares ocurridas antes y durante su mandato.

Sin embargo, nuevas acusaciones de soborno e intimidación de testigos relacionados con esos casos de escuadrones de la muerte pueden suponer un gran revés para el expresidente.

Este miércoles, Uribe acusó a la agencia de inteligencia británica MI6 de conspirar con su antiguo ministro de Defensa y sucesor, Juan Manuel Santos, para proporcionar grabaciones que le implican en delitos. “Hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia británica MI6, amigos de Juan Manuel Santoss”, tuiteó Uribe. “Autoridades extranjeras en una treta en mi contra”.

No está claro a qué grabaciones se refiere, aunque los investigadores se han referido a llamadas telefónicas pinchadas.

Uribe y Santos fueron aliados, pero se separaron cuando Santos se convirtió en presidente y buscó llegar a un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La repentina dimisión de Uribe el martes fue una sorpresa para muchos colombianos, que el mes pasado vieron la estrella de Uribe elevarse una vez más gracias a la elección de su protegido, Iván Duque, para suceder a Santos. Los resultados de las elecciones marcan una vuelta a atrás a las políticas conservadores de línea dura que definieron la presidencia de Uribe.

Esta victoria –que muchos atribuyen al poder carismático que mantiene el expresidente sobre sus bases– se produce tras la exitosa campaña de Uribe en el referéndum de 2016 para rechazar el acuerdo de paz con las FARC. El acuerdo, posteriormente ratificado en el Congreso, ha acabado con 52 años de guerra civil que han dejado al menos 220.000 muertos y siete millones de desplazados.

Uribe ha sido acusado durante mucho tiempo por grupos de derechos humanos de utilizar escuadrones de la muerte de derechas durante su presidencia para ayudar a combatir a las FARC. También se le acusa de haber conspirado con paramilitares para organizar una masacre en su provincia natal de Antioquia en 1997, cuando era gobernador.

En la masacre de El Aro murieron 15 personas y cerca de 1.000 fueron desplazadas. Además, un número desconocido de residentes locales fue víctima de violaciones.

Otro escándalo llevó al cierre de la agencia de inteligencia doméstica en 2011 tras revelarse que Uribe la había utilizado para espiar a miembros de la oposición y periodistas. Varios testigos en otros casos han aparecido muertos.

Uribe ha negado todas las acusaciones y ha afirmado que las últimas acusaciones tienen una motivación política. Pero las nuevas de manipulación de testigos parecen haberle irritado lo suficiente como para dimitir de su cargo.

Sus batallas legales actuales vienen de otra contienda con el senador de izquierdas Iván Cepeda, que lleva tiempo intentando llevar adelante la presunta implicación de Uribe en los escuadrones de la muerte. Uribe ha acusado al senador de intimidar y sobornar a testigos en sus investigaciones, algo que el Tribunal Supremo rechazó antes de lanzar las mismas acusaciones contra el expresidente.

El hermano de Uribe, Santiago, está actualmente a la espera de juicio por supuestamente dirigir su propio escuadrón de la muerte conocido como los 12 Apóstoles.

Donde los críticos de Uribe ven una falta de respeto por los derechos humanos manchada de sangre, otros ven una estrategia de guerra sensata que al final llevó a las FARC a la mesa de negociaciones.

“Es el mejor presidente que ha tenido Colombia”, señaló a The Guardian el mes pasado José Botero, un joven seguidor del expresidente y cuyo padre fue asesinado por las FARC.

Duque, que en la campaña electoral presentó la idea de reestructurar el poder judicial sin el Tribunal Supremo, apoyó a su mentor tras las consecuencias de los acontecimientos del martes. “Somos testigos de su honor, su corrección, su patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de derecho”, afirmó el presidente electo ante los periodistas el martes por la noche. Duque asumirá la presidencia el 7 de agosto.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

En Colombia el sistema electoral para las elecciones presidenciales es de doble vuelta. El ballotage, somete a la necesidad de elegir entre sólo dos opciones a los electores y por primera vez en décadas en este país caribeño y andino al mismo tiempo, movimientos tectónicos de fondo han mostrado una Colombia distinta, que atisba un nuevo ciclo político acelerado sin el telón de fondo de la guerra.

Efectivamente, en esta segunda vuelta los colombianos y colombianas se enfrentaban por primera vez a una disputa que más que nominal, ha sido de modelo. El proceso de paz conducido por el presidente Santos, a pesar de la elevada contestación social encabezada por el uribismo y a pesar de que no le ha reportado en Colombia réditos de imagen (las últimas encuestas cifraban por encima del 75% los colombianos que valoraban mal o muy mal su gestión), ha cambiado el panorama electoral para siempre.

Por primera vez en su historia, algunos colombianos se plantearon no elegir un comandante en jefe para combatir a las FARC, sino un presidente para gestionar la salud, la educación, el futuro productivo y la matriz energética nacional.

Es en ese contexto que en la primera vuelta emergieron tres fuerzas con enorme penetración en el país. De un lado, con siete millones y medio de votos, el uribismo -la derecha securitaria-, que encarnado por Iván Duque -conocido hace un año únicamente por sentarse a la izquierda del expresidente en el Senado-, hacía una propuesta revisionista de los procesos de paz, un discurso neoconservador -la economía naranja- sobre el emprendimiento y aireaba una frontal oposición al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, por la vía de agitar el fantasma del “castrochavismo”, un término acuñado en Colombia para invocar los peores terrores que evocarían los sistemas políticos de Cuba y Venezuela.

Este segundo candidato, Gustavo Petro, con cuatro millones ochocientos mil votos en la primera vuelta, habría centrado su discurso en la reforma del sistema sanitario -eliminando la intermediación financiera privada-, la universalización de la educación superior gratuita y la transformación energética e industrial del país, caminando hacia una suerte de capitalismo verde. Ante las acusaciones de tendencias estatistas, el candidato costeño y ex alcalde de Bogotá, respondía apostando por la democratización del acceso a los capitales, especialmente para el sector campesino y pequeño emprendedor.

Sorpresivamente, en una remontada inusitada, un tercer actor, Sergio Fajardo, estuvo a punto de dar la sorpresa y pasar a segunda vuelta con casi cuatro millones seiscientos mil votos el pasado 27 de mayo. El exgobernador de Antioquia -la segunda región en peso poblacional del país, una región con una acendrada identidad propia y una fuerte tradición empresarial- encabezaba una heterogénea coalición en la que se incluyeron sectores tradicionalmente en la izquierda, como el Polo Democrático Alternativo, y en particular el MOIR, dirigido por el reconocido senador Jorge Robledo, y por otro lado el Partido Verde, un partido que recoge adhesiones típicamente urbanas de centro y centro izquierda.

En este sector destacaba la candidata a Vicepresidencia -la “fórmula”- Claudia López, reconocida por haber impulsado y dirigido una campaña ciudadana por un referéndum de impulso de reformas legales anticorrupción, una demanda ampliamente extendida que finalmente dará lugar a una consulta el próximo mes de agosto.

La propuesta de Sergio Fajardo generó una dinámica de desborde en los últimos momentos de la primera vuelta, encarnando una posibilidad de cambio de época en la figura de un outsider que vendría a superar una polarización que los colombinos identificaban con el delfín de Uribe -Duque- y el exguerrillero del M19 -Petro-.

Sólo con este contexto es posible leer una segunda vuelta en la que la política de alianzas y la presión sobre los “fajardistas” ha ocupado buena parte del debate político. En los primeros compases de las dos semanas que separan primera y segunda vuelta, Duque, que partía con ventaja en las encuestas, se anotó un triunfo al lograr que Sergio Fajardo se decantara por una abstención que claramente le beneficiaba. Petro sólo logró reaccionar una semana más tarde, logrando que Claudia López y el histórico dirigente Verde, Antanas Mockus, le apoyaran explícitamente.

Los mensajes a los votantes de la Coalición Colombia de Fajardo se dividían y arrancaba una dura campaña por el potencial votante en blanco e indeciso. El resultado final el pasado domingo 17, arroja algunas conclusiones interesantes sobre el movimiento del voto fajardista y la idiosincrasia territorio-electoral colombiana.

Por un lado, el candidato de la derecha suma casi 2 millones ochocientos mil nuevos votos, de los cuales la mitad provienen del candidato derechista en liza en primera vuelta, el exvicepresidente de Santos Germán Vargas Lleras. Para identificar los casi millón y medio restantes es preciso bucear en la geografía colombiana, una geografía que arroja resultados extremadamente disímiles en función de las regiones. Especialmente llamativo es el caso de Antioquia, donde la distancia entre Duque y Petro es de 50 puntos y un millón trescientos mil votos.

En esta región el candidato uribista habría logrado medio millón de nuevos votos, cuatro cientos mil de los cuales (casi el 70%) vendrían de exvotantes de Sergio Fajardo que lejos de abstenerse -como pedía este- o de inclinarse por Petro -como pedía la candidata a vicepresidenta Claudia López- se habrían decantado por la opción más derechista. Es seguro que este fenómeno, en una región clave, donde aún resuena el mito de Pablo Escobar y donde fue Alcalde y Gobernador, antes que Presidente, Alvaro Uribe, será el foco de estudio para los próximos años. Si antes Bogotá ponía los Presidentes, hoy Antioquia es la región clave para tomar la casa de Nariño.

De otro lado tenemos a Gustavo Petro, con ocho millones de votos, tres millones doscientos mil nuevos votos más -y por tanto una mejor performance de campaña en segunda vuelta respecto a su contendiente- que habría logrado atraer a la mayoría de los votantes de Coalición Colombia en todo el país, excepto en las regiones fronterizas como Norte de Santander, donde el fantasma “castrochavista” es más eficaz y el exalcalde de Bogotá a duras penas alcanza el 18%, 60 puntos por debajo de Duque, así como en el eje cafetero, en particular Antioquia, donde también está 50 puntos abajo tal y como se ha dicho. Especialmente importante es la capacidad de captar el voto de la Coalición Colombia en Bogotá, donde Petro logra 900.000 nuevos votos, casi el 80% de éstos.

Sin embargo, el impulso de Bogotá y la ventaja de Petro en el Caribe no fueron suficiente para compensar el éxito de Duque en otras regiones muy pobladas como Cundinamarca -el equivalente en Colombia a la española Comunidad de Madrid sin contar la capital- donde Petro arrancaba con mucha desventaja -fue tercero en primera vuelta- con un 20% de los votos frente al 27% de Fajardo y el 40% de Duque- y a pesar de atraer parte del voto fajardista -más dividido aquí- acabó perdiendo por más de 18 puntos en un meritorio 39% de los votos, casi el doble de su resultado en primera vuelta.

¿Y el voto en blanco? El llamado de Sergio Fajardo claramente no funcionó, sólo un 4,2% de los colombianos, 800.000 votantes, optaron por votar en blanco, una cifra insuficiente para volcar los resultados, un dato que demuestra que, con una alta participación para Colombia -el 52%- los colombianos no iban a renunciar a pronunciarse sobre su destino.

Lo cierto es que el resultado abre un tiempo nuevo en Colombia, los colombianos y colombianas claramente han lanzado un mensaje de superación del conflicto, los inmensos apoyos de ambos candidatos requerirán generosidad y humildad en la gestión y las incógnitas para el futuro político del país buscarán ser rápidamente resueltas. A un escaso año vista de las elecciones municipales y regionales, ¿se reeditará la coalición Polo-Verde-Humana de la segunda vuelta? Si fuera así el centro izquierda estaría en disposición de hacerse con la mayoría de las regiones y principales capitales del país, con la excepción de la frontera venezolana y Antioquia. ¿buscará el nuevo Presidente sacudirse el espectro de su mentor Uribe y mirar al centro para ampliar apoyos y disminuir la talla -8 millones- de su nuevo y poderoso opositor dividiendo al centro cara a las elecciones territoriales?, ¿qué papel querrá jugar el centrista Fajardo?.

La consulta anticorrupción del 26 de agosto será un buen indicador del grado de compromiso con el cambio del nuevo Presidente, así como un buen medidor de las fuerzas de la oposición, ya que sin lugar a dudas esta consulta ubicará al uribismo -campeón de la corrupción- como adláter y al Presidente Duque en una situación incómoda respecto a su mentor.

Colombia no es un país cualquiera en América Latina, de los sismos en su cordillera se resiente el continente entero y en estas fechas arranca sin duda una nueva época de movimientos tectónicos en su siempre inquieto corazón político. Tocará estar muy atentos.

A la derecha colombiana no le gusta el acuerdo con la guerrilla

El editorial de Le Monde advierte seriamente del riesgo de que el nuevo presidente colombiano haga encallar el proceso de paz que su predecesor Juan Manuel Santos firmó con las FARC y no descarta que si eso ocurriera, esta organización, la principal de la guerrilla colombiana, pudiera volver a la lucha armada:

La globalización favorece la corrupción

Gideon Rachman analiza cómo y porqué la corrupción está creciendo en todo el mundo y teme que lo vaya a seguir haciendo: