Bruselas traslada al Gobierno que la reforma para limitar las competencias del Poder Judicial en funciones “hace aún más imperiosa la renovación de sus miembros”

Bruselas celebra que el Gobierno haya aparcado la reforma en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para sortear el bloqueo del Partido Popular, que ya dura dos años y medio. Y avisa al Ejecutivo español de que la reforma para limitar las competencias de un Poder Judicial en funciones, como es el caso, “hace aún más imperiosa la renovación de sus miembros”. Así se lo ha comunicado la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, al ministro español de Justicia, Juan Carlos Campo, en una reunión mantenida este lunes por videoconferencia. La reunión llega una semana después de que tres asociaciones hayan escrito al Ejecutivo comunitario para quejarse por una reforma en la elección del Consejo General del Poder Judicial ya aparcada por el Ejecutivo. 

“He tenido una reunión muy provechosa con el ministro Campo para conversar sobre asuntos de interés mutuo, entre ellas la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, ha difundido Jourová en un comunicado: “He recordado nuestra posición nítida, ya expresada en el informe de 2020 sobre Estado de Derecho, de que es importante afrontar el problema del Consejo al tiempo que se asegura que no sea percibido como vulnerable a la politización”.

En efecto, a finales de septiembre, Bruselas apremió a la renovación del Poder Judicial, el mismo día en que el CGPJ hacía nuevos nombramientos después de llevar dos años en funciones: la Comisión Europea, en su primer informe sobre el Estado de Derecho en la UE, también advertía a España sobre la dependencia de la Fiscalía General del poder Ejecutivo.

“A este respecto”, prosigue la vicepresidenta Jourová, “tomo nota de las garantías dadas de que la reciente reforma para limitar los poderes del CGPJ cuando tiene miembros en funciones refleja los requisitos relativos a los principios del Estado de Derecho y los equilibrios de poderes en España”. De esta forma, la Comisión Europea da por buena la posición del Gobierno y evita criticar la reforma puesta en marcha en España.

“También he apuntado que esta reforma hace aún más imperiosa la necesidad de elegir nuevos miembros del CGPJ, para permitir que el órgano pueda desempeñar sus funciones institucionales esenciales. Sobre el procedimiento, he recordado que cualquier reforma debería ir siempre acompañada de amplias consultas, incluida la Comisión de Venecia, y espero que este tipo de consultas tengan lugar siempre en futuras reformas”, ha proseguido Jourová.

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional.

Según ha explicado este martes el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigand, después de que el Ejecutivo comunitario circulara una versión previa al tuit de Jourová con un comunicado más favorable al Gobierno español, “el ministro español aseguró [durante la reunión con la vicepresidenta comunitaria] que la reciente reforma que limita los poderes del CGPJ y sus miembros mientras están en función respeta los requisitos derivados del estado de derecho, los principios y los controles y contrapesos en España”. Es decir, la garantía parte de España, no de Bruselas. ¿Eso quiere decir que la Comisión Europea cree que la reforma respeta el Estado de Derecho? “No hemos dicho eso, lo que hemos dicho es que el ministro aseguró que la reciente reforma que limita los poderes del Consejo y sus miembros en funciones refleja los requisitos derivados del estado de Derecho, los principios y los controles y contrapesos en España”.

Jourová, además, destaca en su nota que ha recibido “garantías del ministro de que no se llevará adelante ninguna reforma del sistema de elección de los miembros del CGPJ por parte del Gobierno. Esto es una buena noticia. A este respecto, tomo nota de la intención del Gobierno de concentrar sus esfuerzos en reformas encaminadas a mejorar la eficiencia del sistema judicial, por lo que ahora espero que la propuesta aún sobre la mesa [sobre la elección de los miembros del CGPJ], en tanto que la Comisión Europea ha expresado graves preocupaciones, sea retirada formalmente”.

A mediados de octubre pasado, ya expresó Bruselas sus recelos sobre esta reforma. “La Comisión Europea está al corriente del el anuncio de este nuevo proyecto de ley y estamos siguiendo de cerca los acontecimientos a este respecto”, respondía entonces el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand, a elDiario.es: “En el informe sobre el Estado de Derecho hemos subrayado la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial con el fin de reforzar la independencia judicial. En ese informe señalábamos el CGPJ como un desafío. Es importante asegurarse de que el Poder Judicial no sea percibido como vulnerable a la politización”.

Cuatro días después de aquella reacción de Bruselas, el 19 de octubre de 2020, se producía la moción de censura de Santiago Abascal, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparcó sine die esa reforma de la elección de los miembros del CGPJ, ya oficialmente retirada.

Precisamente la conversación entre Jourová y Campos se ha producido siete días después de que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que cuentan con alrededor de 2.500 afiliados, remitieran un escrito tanto a Jourová como al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, denunciando lo que consideraban un “riesgo de violación grave” del Estado de derecho en España por las últimas reformas legislativas que a su juicio hacen que esté “en juego” la separación de poderes y la independencia judicial. “Nos dirigimos a la Comisión Europea para poner de manifiesto el riesgo a que se ve sometido el Estado de derecho en España a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en trámite”, dice la misiva.

Se referían a la reforma, ya en vigor, que impide que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda nombrar jueces con el mandato caducado, como ha venido haciendo este órgano desde hace más de dos años, con 74 designaciones en la cúpula judicial en esta situación interina; y a la proposición de PSOE y Unidas Podemos que preveía un cambio en las mayorías necesarias para elegir a los vocales del CGPJ, que fue aparcada el pasado octubre.

En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitaban a la Comisión Europea a adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.

La Comisión Europea, no obstante, no se plantea en ningún momento activar este artículo 7 como se desprende del comunicado de este lunes.

Por último, Jourová afirma: “Estos asuntos y acontecimientos serán tenidos en cuenta en el informe sobre el Estado de Derecho de 2021. En este contexto, me gustaría agradecer a las autoridades españolas sus compromisos constantes con el ejercicio del mecanismo del Estrado de Derecho. El Estado de Derecho en la UE sólo puede mantenerse si todos los actores están implicados completamente”.

Como ha dicho este martes Wigand, “es importante que la cuestión de la falta de nominaciones de los miembros del Consejo del Poder Judicial se aborde de acuerdo con las normas europeas para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida. Continuaremos siguiendo de cerca todas estas cuestiones en el contexto del informe sobre el estado de derecho. De hecho, y lo hemos hablado hoy, los ministros del Consejo de Asuntos Generales están debatiendo exactamente el Estado de Derecho en varios Estados miembros, entre ellos España”.