Tres asociaciones de jueces reclaman a la Comisión Europea que actúe ante el riesgo de “violación grave del Estado de derecho” en España
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que cuentan con alrededor de 2.500 afiliados, han remitido un escrito a la vicepresidenta de la Comisión Europea y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, denunciando lo que consideran un “riesgo de violación grave” del Estado de derecho en España por las últimas reformas legislativas que a su juicio hacen que esté “en juego” la separación de poderes y la independencia judicial. “Nos dirigimos a la Comisión Europea para poner de manifiesto el riesgo a que se ve sometido el Estado de derecho en España a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en trámite”, dice la misiva.
Se refieren a la reforma, ya en vigor, que impide que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda nombrar jueces con el mandato caducado, como ha venido haciendo este órgano desde hace más de dos años, con 74 designaciones en la cúpula judicial en esta situación interina; y a la proposición de PSOE y Unidas Podemos que preveía un cambio en las mayorías necesarias para elegir a los vocales del CGPJ y que fue paralizada el pasado octubre ante del amplio rechazo generado sin que ninguno de los dos grupos haya anunciado, por el momento, una reactivación de la misma.
En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitan a la Comisión Europea a adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.
Escribe Elena Herrera.
