El Ministerio de Sanidad da un paso más para devolver el acceso universal Sistema Nacional de Salud (SNS). El departamento que dirige Mónica García ha sacado a audiencia pública, un trámite previo a la aprobación para recibir aportaciones, el real decreto para hacer cumplir este derecho por igual en todos los territorios.

Aunque los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy que excluyeron a las personas migrantes en situación irregular se revirtieron en 2018, en los últimos años se han seguido documentando barreras administrativas que han limitado el acceso a la asistencia sanitaria a estos grupos de la población.

Esta regulación busca “garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio y facilitar el procedimiento para el reconocimiento del derecho” a quienes todavía encontraban trabas, según la nota enviada por el Ministerio de Sanidad. Es decir, cerrar las puertas a las vías burocráticas que han seguido respaldando en la práctica esta exclusión. Por ejemplo, no poder acreditar que la persona lleva más de tres meses en España.

“Documentos alternativos”

Los procedimientos se homogeneizan de esta manera: a las personas extranjeras sin permiso de residencia se les solicitará “una declaración responsable que confirme que no disponen de cobertura sanitaria por otra vía”, como seguridad social de otro país, seguro privado, visado de estancia en vigor.

También tendrán que acreditar su “residencia efectiva en España, mediante empadronamiento de al menos tres meses”. La novedad es que “en caso de imposibilidad”, podrán hacerlo “con documentos alternativos como certificados escolares, facturas de suministros o informes sociales”. Esta posibilidad corrige situaciones en las que se denegaba la asistencia por no poder probar la residencia a través del padrón.

Mientras se completa este proceso, los ciudadanos obtendrán un documento provisional que permite el acceso a la assitencia sanitaria hasta que se “verifican los requisitos y se emite la resolución definitiva”, concreta Sanidad. La administración contará con un plazo máximo de tres meses para dar respuesta. Si no la hay, se entenderá como aprobada. Además, “para personas en situación de estancia temporal, se requerirá un informe de servicios sociales que acredite la especial vulnerabilidad, garantizando que la atención sanitaria no es el motivo de su desplazamiento”.

El real decreto también pretende ampliar el derecho a la asistencia de los españoles de origen que residen en el extranjero mientras estén temporalmente en España y a sus familiares. “Esta medida corrige situaciones de desprotección que hasta ahora solo cubrían a pensionistas o trabajadores en el exterior”, apunta el Ministerio.

El texto legal, que todavía debe pasar por varios trámites antes de ser aprobado en el Consejo de Ministros, también suma a las personas con rentas bajas o discapacidad que no tienen copago de medicamentos a la exención de pago de las prestaciones ortoprotésicas, “sin necesidad de trámites adicionales”.

El Consejo de Ministros ya dio luz verde hace un año a un proyecto de ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud que derogaba el decreto aprobado en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez para solucionar las limitaciones de acceso de las personas sin papeles. Esa medida se demostró ineficaz para frenar la exclusión. El proyecto está todavía en fase de enmiendas a la totalidad en el Congreso, responde Sanidad, que asegura, a preguntas de este medio, que “la ley ensancha el derecho y el decreto unifica la forma de reconocimiento”.

Tercer intento para acabar con la exclusión sanitaria que el expresidente Mariano Rajoy impuso en 2012. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al proyecto de ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud. La nueva norma deroga el decreto aprobado en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que estaba dirigido a solucionar las limitaciones de acceso de las personas sin papeles pero se demostró ineficaz para frenar la exclusión. En la rueda de prensa posterior, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que con este paso se “garantiza el derecho a la salud” y se “destierra la exclusión sanitaria del Partido Popular”. “Nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo”, ha añadido a renglón seguido.

El mismo Ejecutivo reconoció en 2020 que no estaba funcionando porque se seguían produciendo casos en diferentes comunidades autónomas –la redacción dejó grietas que se utilizaron para imponer trabas administrativas al acceso– e inició los trámites para aprobar una ley que lo subsanara. Aquella norma se envió al Congreso de los Diputados en 2022, bajo la batuta de Carolina Darias en el Ministerio, pero nunca llegó a aprobarse por el adelanto electoral. Ahora, el nuevo Gobierno de coalición vuelve a reactivar el proceso con algunas variaciones en el texto.

El proyecto al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros este martes pretende cerrar las vías burocráticas que han respaldado la exclusión. ¿Cómo? Según el redactado, la ley garantiza “la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección de la salud de las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España”. También, bajando al detalle, cubre a “personas ascendientes reagrupadas por su hijo o hija titular del derecho a la asistencia sanitaria que estén a cargo del mismo” y las autoridades “no exigirán seguro de enfermedad para la autorizar la residencia en España o la inscripción en el registro central de extranjeros cuando comprueben que la persona ascendiente se encuentra a cargo de la persona”.

La norma también protege, dando acceso universal a la sanidad, a las personas españolas que residen en el exterior “durante sus desplazamientos temporales al territorio español y sus familiares que les acompañen” cuando los reglamentos comunitarios o los convenios bilaterales “no tuvieran prevista esta cobertura”.

El texto recuerda que los solicitantes y beneficiarios de protección temporal, las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual y las personas “no registradas ni autorizadas como residentes en España” tienen “derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas titulares del derecho durante su permanencia” en el país. Serán las comunidades las que tendrán que fijar el procedimiento para expedir el documento que permita a estos ciudadanos recibir la prestación asistencial y el Estado se hará cargo desde que se presente la solicitud.

La ministra ha aclarado que no será necesario el empadronamiento y la asistencia se garantizará con una declaración responsable. “No solo para quien reside en España sino para españoles residentes en el extranjero que vuelven a España”, ha aclarado García.

Durante todo este tiempo, las organizaciones sociales han seguido documentando decenas de situaciones de personas sin papeles sin acceso al sistema. En la práctica, existe un resquicio que permite a las autonomías denegar el derecho a quienes no lleven más de tres meses viviendo en España o no puedan acreditarlo. El Ministerio no ha ofrecido datos de cuántos casos de exclusión se ha producido en estos doce años. “Es difícil medir lo que es desigual y heterogéneo en comunidades y no se ha cuantificado porque no tienen derecho a asistencia”, ha respondido García, que ha remarcado que la medida “no solo es eficiente desde el punto de vista de la salud, sino también de la economía”.

Todos estos colectivos, según la nueva ley, se incorporan al sistema de manera que no tengan que pagar el 100% del precio de los medicamentos. Solo asumirán, si la norma termina aprobada en el Congreso de los Diputados tras completar el trámite parlamentario, un 40%.

Dos leyes

El actual equipo del Ministerio de Sanidad ha dividido en dos leyes lo que en el pasado se intentó sacar adelante en una sola. Ahora, la universalidad y la equidad se cubre con el proyecto aprobado este martes y se deja el blindaje de la gestión pública de la sanidad para una norma aparte que se acaba de sacar a consulta pública y que pretende limitar las privatizaciones, facilitar las reversiones en los casos en los que ya existan y mejorar “la transparencia, auditoría y rendición de cuentas” en la relación de las compañías privadas con el sector público si prestan servicios.

El proyecto de ley también cierra la puerta a nuevos copagos que se preveían en el real decreto 16/2012 que permitió la exclusión sanitaria. Entonces, la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se dividió en tres partes (la básica, la suplementaria y la de servicios accesorios) “abriendo la posibilidad a establecer nuevos copagos en prestaciones que hasta entonces carecían de ellos, como el transporte sanitario no urgente o los productos dietoterápicos”. Además, el decreto avalaba modificar los copagos que ya existían en las prestaciones ortoprotésicas, por ejemplo.

La vida de Jorge ha dado un giro de 180 grados en el último mes. A principios de julio llegó a España junto a su pareja, huyendo de la violencia xenófoba que había sufrido en Perú, donde había migrado desde Venezuela, y de los efectos secundarios de una medicación para el VIH que le estaba destrozando. A Madrid llegó con esas pastillas, que pese a todo le permitían mantener el virus a raya, pero enseguida se preocupó por averiguar cómo acceder a un tratamiento adecuado para él cuando se le terminaran. Tocó a la puerta del hospital Doce de Octubre. En recepción, cuenta, le dijeron que sin estar empadronado no podían hacer nada por él.

“Me fui, ¿qué más podía hacer?”, lamenta este hombre de 33 años que agotará la medicación que trajo de Perú este fin de semana, sin que la Sanidad Pública madrileña le haya facilitado alguna opción para no interrumpir su tratamiento. El de Jorge es uno de los casos que ejemplifican las barreras de acceso que la Comunidad de Madrid pone a los inmigrantes en situación irregular que llegan a la región y que entidades y ONG llevan meses denunciando.

En noviembre, elDiario.es ya desveló que el Gobierno regional impedía a migrantes que llevan menos de tres meses empadronados en la Comunidad el acceso a tratamientos que son diarios y en los que la adherencia es fundamental. Ocho meses después, pocas cosas han cambiado, salvo la lista de personas atendidas por las entidades sociales que buscan la puerta de atrás de los hospitales para que reciban esta atención. “Hemos estado haciendo números entre todas y calculamos que hemos atendido a unas 1.000 personas sin acceso a estos tratamientos”, explica la presidenta de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA), Reyes Velayos.

Ante esta situación, Acción Triángulo, Apoyo Positivo, CESIDA, COGAM, gTt-VIH, Imagina Más, KIF-KIF y Salud Entre Culturas han convocado este viernes una concentración frente a la Consejería de Sanidad, para denunciar “el cambio en las medidas y las nuevas exigencias adoptadas en la Comunidad de Madrid desde noviembre del año pasado” que “han creado una barrera administrativa difícil de traspasar que atenta contra los derechos fundamentales e impacta gravemente en la salud pública y en el bienestar de todas las personas”. Unas movilizaciones que prevén mantener en el tiempo si la administración autonómica no hace nada para facilitar el acceso a las personas que enfrentan cada día la exclusión sanitaria.

Las entidades se refieren a los cambios que introdujo la Comunidad a finales de 2021 para que las personas migrantes pudieran tener acceso a los documentos que les conceden la atención sanitaria en Madrid. En concreto, la Consejería de Sanidad creó las Unidades de Tramitación Especializadas, unas oficinas destinadas a verificar la situación del interesado y entregarle el nuevo Documento de Asistencia a Extranjeros sin Residencia Legal (DASE), “si cumple los requisitos”. Estos requisitos pasaban, principalmente, por llevar más de tres meses empadronados en España, en el caso de los migrantes, y contar un NIE para los solicitantes de asilo, que pese a ser situaciones diferentes van ahora por el mismo canal. Esto, de facto, dificulta el acceso a la sanidad de muchos migrantes y, desde luego, retrasa la primera visita a un especialista mientras el bote de pastillas para el VIH se vacía, en el caso de llegar aquí con uno.

“El principal problema es el empadronamiento, porque no todas las personas con ese perfil pueden acceder a él. Hay personas que consiguen una habitación pero el propietario no les permite empadronarse, o no tienen contrato y, por lo tanto, nada a su nombre. O están en alojamientos prestados por conocidos y van de un sitio a otro porque no tienen una vivienda habitual”, relata Velayos. Es el caso de Jorge, que aterrizó junto a su pareja en casa de unos amigos. “Aún no encuentro trabajo y estoy esperando lo papeles”, explica en conversación con elDiario.es.

Jorge tiene una cita para solicitar el estatus de asilado el 12 de agosto. “Es bastante engorroso y complicado tomar esa cita”, reconoce. Será más de un mes después de haber llegado a España y no supondrá el último paso para acceder al sistema sanitario. Después tendrá que conseguir un NIE e ir a una de esas siete Unidades de Tramitación Especializadas. Si pasa el filtro, podrá pedir cita en atención primaria y, después, ser derivado al especialista. Meses y meses sin tratamiento. Mientras tanto, desde Apoyo Positivo, una de las entidades que trabajan con esta población, están intentando ayudarle a conseguir la medicación que se le acaba ya. De forma inminente, a través de las farmacias solidarias y, después, buscando esa suerte de acceso extraoficial por algunos hospitales de la región.

Así consiguió las pastillas para el VIH Antonio. Es colombiano y llegó a España el 11 de mayo. En su país de origen recibía el tratamiento de forma intermitente. Aquí, su primer contacto fue con Apoyo Positivo, que le consiguió un hueco en el Hospital La Paz. “Pedir una cita por tu cuenta no es posible. Tú puedes ir por urgencias, te atienden y ya está, pero te cobran todo lo que te hagan”, resume. Este martes pidió cita en una Unidad de Tramitación. Le han dado vez para el 20 de septiembre, casi dos meses después.

En 2018, el Gobierno aprobó una normativa que devolvía la sanidad pública a las personas sin papeles, pero su redacción dejó en el aire una serie de cuestiones que, en la práctica, permiten a los diferentes gobiernos autonómicos imponer trabas administrativas a la atención de estas personas, sobre todo a aquellas que lleven menos de tres meses en España. Esto provocó ya a finales de año un cruce de acusaciones entre el Ejecutivo autonómico y el central. El primero se acogía a aquel decreto para dejar de dar o interrumpir el tratamiento a inmigrantes con VIH. El segundo afirmaba que la Comunidad es la única que desatiende a pacientes con VIH por su estatus migratorio.

La Consejería de Sanidad insiste en que “la atención sanitaria de Urgencias y la continuidad de tratamientos de VIH u otros medicamentos de uso hospitalario están garantizadas a cualquier ciudadano, independientemente de su situación administrativa y de si tiene o no tarjeta sanitaria”. Sin embargo, a preguntas de esta redacción no ha concretado cómo se garantiza esa continuidad.

“Depende de los hospitales”

“Si no fuera por nosotros, estarían excluidos”, señala el responsable de salud de Acción Triángulo, Gerjo Pérez Meliá, sobre esos cientos de usuarios que se han quedado fuera del sistema desde noviembre. Asociaciones como la suya utilizan diferentes estrategias para que estos migrantes puedan ser atendidos en hospitales como el Ramón y Cajal, el Infanta Leonor o el Clínico. “Vamos por urgencias, pero una administrativa tiene la potestad para decidir si un caso de VIH es una urgencia o no”, explica Pérez Meliá. Cuando consiguen que les pasen, les está esperando de forma extraoficial alguno de los médicos de infecciosas que tienen contacto con estas entidades. Lo que tiene claro es que si no acude él personalmente a acompañar a los solicitantes, lo tienen más complicado para lograr que les dejen acceder.

Desde noviembre, explica Pérez Meliá, se han ido haciendo barridos informáticos para eliminar del sistema a quienes no cumplen los requisitos: “Hay pacientes que han salido de Valdemoro, de Torrejón, del Doce de Octubre y de la Jiménez Díaz”. “Depende de los hospitales, en el Ramón y Cajal, aunque les echen del sistema les siguen atendiendo. En la Jiménez Díaz, en el momento en que te echan te dejan de atender”, desarrolla.

José Antonio Pérez Molina, médico adjunto de Infecciosas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, confirma las dificultades de estos migrantes para acceder al tratamiento de VIH. “La gerencia de mi hospital siempre ha colaborado, pero al estar todo informatizado, si no tiene un CIPA, no se le puede atender”, reconoce, por lo que se ven obligados a buscar esas vías extraoficiales a las que se referían Pérez Meliá y Velayos, como las urgencias. Una situación que, explica, genera “disrupciones”. Primero, porque no es el cauce adecuado y, segundo, por la saturación que sufren los hospitales de la región durante los últimos meses.

Pérez Molina señala que, en realidad, esos tres meses que exige la Comunidad para acceder a la sanidad pública son “muchos más”. Porque, aparte de las dificultades para empadronarse, una vez que se consigue, “las demoras en las unidades de tramitación son muy grandes”. Él habla de unos dos meses, lo que coincide con el testimonio de Antonio. La Consejería de Sanidad tampoco ha facilitado a esta redacción el tiempo de las listas de espera.

Lo que sí desgranan desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero son las atenciones que han realizado estas unidades desde su puesta en marcha en noviembre del año pasado. “Hasta mediados de julio, se han gestionado más de 43.000 citas, lo que ha supuesto facilitar el acceso sanitario público a más de 25.000 extranjeros irregulares. Mensualmente se gestionan más de 4.500 citas”, detallan. Además, indican que “en promedio, el 42% de las citas facilitadas se pierden porque los ciudadanos no acuden” y que se han llevado a cabo otras medidas para “mejorar la atención, como reducción y revisión de los tiempos de citación y anulación de citas duplicadas (cercano a 1.000), procedimientos para renovar el acceso sin presencialidad y priorizar la cita a personas con necesidades especiales” y “protocolos con diversas instituciones para facilitar el acceso a grupos especialmente vulnerables o con dificultades de documentación”.

“Interés de salud pública”

Con estos datos, los casos que notifican las entidades son minoritarios. Si en las unidades se ha facilitado el acceso a la sanidad pública a 25.000 personas y las organizaciones que trabajan con personas con VIH calculan que desde noviembre han atendido a alrededor de un millar, estos suponen en torno al 4%. “Lo que estamos viendo con el VIH es que es un colectivo pequeño”, explica Pérez Molina. Una minoría que, no obstante, necesita una medicación diaria para no desarrollar el virus, mantener la carga viral indetectable y, por tanto, no transmitirlo. Es, además de una cuestión de derechos humanos, un tema “con interés de salud pública”, indica este profesional, porque “tener a un grupo de personas con una infección transmisible va a poner en riesgo a otras personas”.

Las barreras que pone la Consejería de Sanidad impiden también a los profesionales “atender a los migrantes al poco tiempo de llegar y hacer un examen para identificar si tienen alguna enfermedad transmisible o necesitan alguna vacuna”, explica Pérez Molina, en referencia a enfermedades tropicales como la tuberculosis, pero también al VIH, la hepatitis B u otras inmunoprevenibles. Tampoco tienen acceso a la prep, las pastillas que previenen la transmisión de VIH para aquellas personas que tengan prácticas de riesgo y sean seronegativas. Y en estos casos, dicen los expertos, no es tan fácil como ponerse un condón para evitar la transmisión. “Hay grupos de hombres gays y mujeres trans que se ven obligadas a ejercer la prostitución a los que no podemos acceder y se les niega la posibilidad de tratamientos preventivos de VIH o tratamientos para que no lo transmitan”, señala el doctor.

“Ni me imaginaba que iba a ser tan complicado todo esto”, lamenta Jorge, que convive cada día con la incertidumbre: “La ansiedad y la desesperación es terrible. Cada vez con menos tiempo y no se sabe qué hacer”.

La Comunidad de Madrid es la que más trabas pone a las personas migrantes en situación administrativa incierta y a solicitantes de asilo con VIH para acceder a los tratamientos. Es lo que se extrae de un informe elaborado por el ministerio de Sanidad en el que advierte que Madrid “no está dando acceso a atención ni tratamiento con cargo a fondos públicos a ninguna persona que lleve menos de 90 días en España, independientemente de la obtención del informe de servicios sociales”.

En noviembre, elDiario.es ya publicó que la comunidad ponía barreras a estas personas para obtener unas pastillas, con cargo a la sanidad pública, que mantengan controlado el virus y eviten su transmisión. Ahora, llega el informe del ministerio, que ha sido elaborado por la División de Control de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis con la participación de 40 organizaciones y entidades que trabajan en este ámbito en casi todo el territorio.

Para hacerlo, el texto indica que se contactó “con todos los coordinadores de VIH de las comunidades autónomas”. En 2018, el Gobierno aprobó una normativa que devolvía la sanidad pública a las personas sin papeles. Sin embargo, su redacción permitía que las diferentes consejerías la aplicasen de una manera más o menos laxa. De hecho, el ministerio señala a diferentes gobiernos autonómicos, por ejemplo el de Comunidad de Madrid, que imponen trabas administrativas a la atención de inmigrantes que llevan menos de tres meses en España o que no han podido empadronarse.

Inconcreciones que abren grietas

El propio Real Decreto de 2018 dice que no pueden ponerse trabas, pero el actual Ejecutivo socialista ha reconocido que existen una serie de grietas en aquel texto, que pretende corregir, y Sanidad reconoce en este informe “algunas inconcreciones en su redacción y la previa ausencia de un Reglamento de desarrollo de la Ley 16/2003” que “ha dificultado la recuperación de la universalidad en algunas comunidades autónomas”.

Uno de los requisitos que se pone a las personas migrantes en situación irregular para acceder a la sanidad pública es que lleven empadronados más de tres meses. Se trata de un barrera que no siempre es fácil de sortear, por las dificultades de acceso a la vivienda con un contrato de arrendamiento o para acceder a los procesos de la administración.

No obstante, el ministerio recuerda en su informe que junto a este requisito, que aparece en un documento elaborado por la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, también se realizan una serie de recomendaciones en las que “se proponen como válidos otros documentos distintos a la inscripción en el padrón municipal, en caso de no ser esta posible, como por ejemplo documentos oficiales de cualquier Administración del Estado, inscripciones en centros educativos o visitas a servicios sociales” o la elaboración de un informe de estos mismos servicios reconociendo la necesidad de acceso ante una situación de especial vulnerabilidad.

Tras consultar con estas cuatro decenas de entidades, Sanidad concluye que “no siempre es fácil que se acepten documentos distintos al padrón”. Es el caso de la Comunidad de Madrid, añaden, donde “solo se acepta el padrón sin excepciones y se han producido casos de exclusión en personas que necesitan acceder al TAR [terapia antirretroviral] a una semana de cumplir los 90 días desde el empadronamiento”. Una entidad también ha notificado esta problemática en Extremadura.

Impedir la transmisión

Las personas con VIH necesitan acceso a una terapia antirretroviral, una combinación de fármacos que hace que mantengan su carga viral indetectable. Esto no solo hace que no desarrollen la enfermedad, sino también que sea intransmisible. Es decir, que no se transmita a otras personas, evitando un problema de salud pública.

La Comunidad de Madrid defendía, por su parte, que las barreras que han desencadenado la falta de tratamiento a determinados pacientes extranjeros con VIH en los últimos meses están ocasionadas por los requisitos impuestos por la legislación estatal, descartando cualquier responsabilidad. En noviembre, la Consejería de Sanidad activó un nuevo procedimiento para gestionar los documentos sanitarios de las personas en situación administrativa irregular, a través de lo que llamaron Unidades de Tramitación (UT).

El informe del ministerio también se refiere a estas oficinas: “A pesar de que la apertura de estas unidades pretendía brindar una atención ágil y personalizada, desde diversas instituciones y ONG aseguran que los tiempos de espera para conseguir cita están siendo superiores a seis meses en algunas UT”, señalan.

Cuando esta redacción preguntó a la Consejería de Sanidad madrileña sobre los casos documentados de exclusión en la región de personas sin papeles con VIH, afirmaron que “la atención sanitaria de Urgencias y la continuidad de tratamientos de VIH u otros medicamentos de uso hospitalario están garantizadas a cualquier ciudadano, independientemente de su situación administrativa y de si tiene o no tarjeta sanitaria”.

Más dificultades

Según los datos recabados por Sanidad, y como muestra esta tabla, las entidades consultadas notifican otra serie de barreras para las personas migrantes en situación administrativa incierta. Por ejemplo, la mayoría señalan que “se concede el derecho a la atención a personas que llevan menos de 90 días en España, pero con muchas dificultades” en Andalucía, Castilla y León, Euskadi y Asturias, o que no se concede a personas que no estén empadronadas en Madrid, Asturias y Galicia. Además, en Castilla y León, Comunitat Valenciana, Madrid y Euskadi, más de la mitad de las ONG consultadas por el ministerio advierten que el tiempo de espera para realizar el trámite que da acceso a este derecho es “demasiado largo”. En este informe no han participado entidades de Murcia y La Rioja, ni de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Según indica Sanidad, “la imposibilidad de acceder al sistema de salud antes de los 90 días desde la llegada a España solo fue identificada en la Comunidad de Madrid, por 7 de las 11 organizaciones participantes”. Es una de “las barreras más estrictas” para el ministerio, entre las que se encuentra también la imposibilidad de acceder sin inscripción al padrón. “Las barreras identificadas en una mayor número de comunidades autónomas fueron las dificultades para acceder al sistema de salud antes de los 90 días de la llegada a España y las dificultades si no se está empadronado”, señalan. Además, destacan que en cuatro comunidades hubo alguna entidad que respondió que no existía ninguna barrera de acceso para las personas migrantes en situación irregular incierta. Son Andalucía, Catalunya, Comunitat Valenciana y Euskadi.

Solicitantes de asilo

En el caso de los solicitantes de protección internacional, la situación a nivel legal es diferente, aunque en algunos casos las barreras son similares. De hecho, las personas que solicitan asilo en España tienen reconocido el derecho, entre otros, a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. Es lo que se recoge en la Ley de Asilo de 2009 pero “la falta de desarrollo reglamentario 13 años después de su elaboración genera lagunas legales”, recoge el informe de Sanidad. Esas lagunas ocasionan “dificultades de acceso a atención y tratamiento antes de que el derecho a asilo sea concedido”.

Aunque desde el ministerio indican que esto no debería ser un escollo para acceder a la sanidad y a los tratamientos necesarios, acusan a la Comunidad de Madrid de retrasar la concesión de esta cobertura al obligar a tramitar un nuevo documento después de realizar la solicitud de asilo, para lo que hay listas de espera de hasta seis meses. Si finalmente no se concede el estatus de refugiado, “se pasaría a cobrar la asistencia prestada”. Las ONGs llevan tiempo alertando de que el temor a tener que abonar una cantidad de la que no se dispone hace que muchas personas en situación de vulnerabilidad no se atrevan a recurrir a estas prestaciones, aunque tengan derecho a ellas.

Pese a que el informe de Sanidad señala directamente a Madrid en este apartado, en la tabla que adjunta se aprecia que es en Castilla y León donde más barreras encuentran los solicitantes de asilo. Ahí la mayoría de entidades denuncian que no se concede la sanidad pública a solicitantes que lleven menos de 90 días en España y que no estén empadronados o que se hace con muchas dificultades y que existen problemas para mantener el acceso una vez conseguido.

Según este informe, “la imposibilidad de los solicitantes de asilo para acceder al sistema de salud antes de los 90 días desde la llegada a España fue identificada en la Comunidad de Madrid, por 5 de las 11 organizaciones, y por una organización en Castilla y León y otra en Extremadura”. Es decir, en Madrid hubo seis entidades que no detectaron este problema, lo que vendría a mostrar las diferencias de criterios para permitir o no el acceso a este derecho.

Además, Sanidad señala que “la mayoría de comunidades autónomas reportaron imposibilidad de acceder al sistema de salud en los solicitantes de asilo que no están empadronados o bien muchas dificultades, a excepción de Aragón y Castilla-La Mancha”. Y señala que en cinco de ellas -Andalucía, Aragón, Catalunya, Comunitat Valenciana y Madrid- “se identificaron dificultades para que se reconozca la condición de refugiado si la persona tiene el VIH, alegando que existe finalidad sanitaria en la búsqueda de asilo”.

La División de Control de VIH, ITS, hepatitis virales y Tuberculosis pidió a las cuarenta ONG e instituciones que participan en este informe que puntuaran del 0 al 10 las facilidades de acceso a los tratamientos y la atención sanitaria. Es una nota que hay que leer concierta cautela, ya que en varias comunidades solo participó una entidad -y es esa la nota que figura- y en otras participaron pocas. En Madrid hubo 11; en Euskadi, seis; en Comunitat Valencia, cinco; y en Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura e Illes Balears, una. No participó ninguna entidad de Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla.

Galicia, con una sola entidad participante, es la que mejor puntuación obtiene en la encuesta, con un 8,5. En el otro extremo está Madrid, con un 1,4. Suspenden también Canarias (2), Cantabria (3), Extremadura (3), Castilla y León (3.5) e Illes Balears (4).

El pasado 9 de marzo, en Ayuntamiento de Bilbao inauguró, con la presencia de la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, la Plaza de los Profesionales Sanitarios, ubicada junto a la estación de autobuses Intermodal. Durante el evento, el alcalde de la ciudad, Juan Mari Aburto, quiso reconocer la labor de los sanitarios, mientras que Sagardui afirmó que la plaza era un regalo “después de dos años realmente duros de trabajo”. Sin embargo, los propios trabajadores de Osakidetza no fueron invitados al acto.

A modo de denuncia por el hecho de que “inauguraron una plaza para los sanitarios sin los sanitarios” y de que en la palabra “sanitarios no entran otros trabajadores del sector también fundamentales”, trabajadores de Osakidetza han “reinaugurado” este martes la plaza con el nuevo nombre de Plaza de los Trabajadores de Osakidetza Olvidados. “Fue un bofetón para el personal de Osakidetza inaugurar una plaza para el personal sanitario, sin la presencia ni del personal ni de sus representantes. Es un claro ejemplo de la gestión que está haciendo Osakidetza y el Departamento de Salud, que es ignorar a su plantilla”, ha criticado la representante del sindicato de enfermería Satse, Amaia Mayor.

Subidos a una escalera mientras una veintena de trabajadores coreaban “Menos discursos, más recursos”, dos trabajadores de Osakidetza han colgado una placa de cartón sobre la que ya estaba, con el nuevo nombre de plaza. “La plantilla de Osakidetza no necesita actos de propaganda ni homenajes vacíos de contenido. Necesita condiciones laborales dignas y Osakidetza no ha mostrado ninguna voluntad para que la plantilla pueda trabajar en mejores condiciones”, ha denunciado Esther Saavedra, representante del sindicato ELA, quien ha recordado que el mismo día que Sagardui acudió a la inauguración de la plaza, estaba previsto que sindicatos y el Departamento de Salud celebraran una reunión del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) a la que la consejera no acudió. “Osakidetza no acudió a la reunión y prefirió acudir a la inauguración”, ha lamentado.

Desde el sindicato LAB, Eneko Pascual, ha exigido que “se tome en cuenta a todas las categorías de Osakidetza”. “Nos parece vergonzoso que la consejera de Salud inaugure una plaza en la que solo se toma en cuenta a los profesionales sanitarios. En Osakidetza hay muchos trabajadores que no son sanitarios y tienen la misma profesionalidad y necesitan el mismo reconocimiento. Por lo tanto, nos parece fuera de lugar el nombre que se le ha dado a la plaza y por eso la vamos a rebautizar”, ha indicado.

Iñigo Garduño, representante de CCOO, ha denunciado que “desde hace años el lema de Osakidetza ha sido 'todo para el pueblo, pero sin el pueblo' y esta es una demostración más. Inaugura esta plaza sin contar con el personal sanitario, no negocia en la Mesa Sectorial y aplica los recortes por su cuenta y de manera unilateral”. Por su parte, Mari Feli Campos, representante de UGT, ha criticado que “la falta de atención al personal de Osakidetza se ve reflejada una vez más”.

Dos jornadas de huelga el 8 de abril y el 16 de mayo

Con el objetivo de mostrar “el hartazgo de la plantilla” y ante el “absoluto inmovilismo” del Departamento de Salud, los sindicatos vascos de Osakidetza han recordado la convocatoria de dos nuevas jornadas de huelga para el próximo 8 de abril en la Atención Primaria y el 16 de mayo en toda la red de hospitales y en salud mental. “Osakidetza no da la cara y sigue atrincherada detrás de una Mesa Sectorial sin contenido alguno”, han criticado los sindicatos convocantes Satse, ELA, LAB CCOO, UGT y ESK.

Hasta que no exista “una negociación real y con contenidos que fructifique soluciones y mejoras concretas”, los sindicatos han decidido no participar en la Mesa Sectorial. “Osakidetza no está teniendo en cuenta el esfuerzo que ha hecho el personal durante la pandemia, las buenas palabras no se traducen en soluciones ni en condiciones laborales dignas. Osakidetza cada vez recorta más derechos y reinterpreta constantemente el Acuerdo de Regulador de Condiciones de Trabajo para eliminar todo tipo de derechos. No pone soluciones encima de la mesa ni cierra los conflictos que tiene abiertos”, ha denunciado Mayor.

Uno de cada seis habitantes, es decir, el 16,3% de la población total en Euskadi, sufre exclusión social a raíz de la pandemia. Esto significa que cerca de 360.000 personas que viven en el territorio tienen problemas de dinero, de empleo, de acceso a la salud, a la educación y/o a la vivienda, entre otros. El 22,1% de estas personas tienen problemas relacionados con el empleo, el 17,2% con conseguir una vivienda y el 11,7% con su salud, es decir, no tiene acceso a medicamentos o tratamientos por no tener el suficiente dinero para pagarlos. La mayoría de estas personas son extranjeras, familias numerosas o monomarentales.

Estas son algunas de las conclusiones de la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia que han realizado de forma conjunta Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada). El documento, que lleva el título de 'Exclusión y desarrollo social en Euskadi', ha sido presentado este jueves en Bilbao y ha sido desarrollado por 30 investigadores de 10 universidades y entidades de investigación. Para ello, se ha recogido información de 1.500 personas en Euskadi y más de 600 hogares.

Para explicar la situación de desigualdad que vive la sociedad a raíz de la pandemia, Raúl Flores, secretario técnico de Foessa y coordinador del informe, ha querido compararla con lo que ocurrió con el Titanic. “En el caso del Titanic, los viajeros estaban tranquilos y confiaban hasta que colisionó contra el iceberg y, entonces, el viaje se acabó para todos. Con la COVID-19 al principio ocurrió lo mismo y todos tuvimos que parar. Sin embargo, después en el Titanic los que viajaban en primera clase, en su mayoría, consiguieron salvarse, mientras que gran parte del resto murieron ahogados. Con la COVID-19, los que se encuentran en esas primeras clases tienen un salvavidas para salvarse, pero los más vulnerables no. Esta es la imagen del impacto desigual que queremos transmitir”, ha explicado.

En Euskadi, según los datos presentados en el informe, la fractura social tiene su origen en cinco grandes brechas: origen, género, ingresos, edad y tecnológica y los problemas más frecuentes, aquellos que afectan a más del 8% de la población, son cinco: los gastos excesivos de vivienda (el 15,2% de la población vive en hogares que están en esa situación) la inestabilidad laboral grave (13,8%); el desempleo de todas las personas en edad activa que  residen en el hogar (9,7%); las dificultades económicas para comprar medicamentos o seguir tratamientos médicos (9,2%) y las limitaciones a la participación política (8,6%).

La diferencia entre tener trabajo y tener “un buen trabajo”

Flores ha destacado que a diferencia de lo que puede llegar a creer el imaginario social, las personas que viven un riesgo de inestabilidad laboral, en gran parte tienen trabajo, pero lo que no tienen es “un buen trabajo”. “La inestabilidad laboral grave es algo que ha crecido mucho en este territorio. Hemos pasado de un 2% a un 13%. Esto significa familias que entran y salen del mercado laboral constantemente, que viven 12 meses y pagan alquiler 12 meses, pero que trabajan solo 6. La realidad, a día de hoy, depende mucho de tener o no tener trabajo, pero depende, sobre todo, de tener o no tener un buen trabajo. Este es el cambio que se ha producido en nuestro país”, ha indicado.

En el caso de los problemas relacionados con la vivienda, Flores ha diferenciado dos tipos: las personas que cuentan con una vivienda inadecuada y las que cuentan con una vivienda insegura. Los primeros, un total de 52.000 familias vascas, viven en hogares que no reúnen las condiciones para vivir, es decir, la casa está en mal estado o no dispone de las necesidades básicas para las personas que viven en ella (por ejemplo, ascensor o calefacción). Los segundos, los que viven en una vivienda insegura, un total de 39.000 familias vascas, el problema que tienen es que no saben hasta cuándo podrán seguir viviendo ahí o si acabarán próximamente en la calle. Se trata de personas que se encuentran en riesgo de desahucio. Otra de las cuestiones relevantes que ha destacado es el hecho de que en Euskadi más de 113.000 personas consiguen pagar el alquiler o la hipoteca, pero una vez pagado, se quedan en situación de pobreza para poder vivir el resto del mes.

La edad sigue constituyendo un factor claro de riesgo de exclusión social, tanto en Euskadi como en el conjunto de España, de forma que, a medida que crece la edad de la persona, se reduce la prevalencia de las situaciones de exclusión, con un salto especialmente acusado a partir de los 65 años. Es decir, la desigualdad es un 25% mayor en personas menores de 45 años, un 32% mayor en familias monoparentales con hijos y un 60% mayor si se trata de personas extranjeras.

Los vascos en situación de bienestar reciben el 80% de las ayudas

Algo que han querido resaltar con el informe es que las personas que perciben prestaciones sociales como la RGI en Euskadi no son personas en situación de pobreza, sino personas en situación de bienestar. Según los datos aportados, el 9,5% de la población sufre pobreza, pero solo el 6,4% perciben prestaciones sociales, incluyendo pensiones, subsidios por desempleo, RGI y similares. Mientras que las personas en situación de bienestar representan el 75,9% de la población y acaparan el 80,6% de las ayudas económicas. “La inmensa mayoría de las personas que reciben ayudas de este tipo están activados, trabajan, estudian y ponen todo de su parte para salir adelante. Sin embargo, el imaginario social piensa que está ahí esperando a cobrar una paga y a aprovecharse del sistema”, ha lamentado Joseba Zalakain director Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga (SIIS), que también ha participado en el estudio.

En el caso concreto de la RGI, los datos aportados señalan que accede a esta ayuda en torno al 70% de la población que cabe considerar como potencialmente demandante. De esa población, aproximadamente el 47% consigue salir de la pobreza gracias a la prestación, mientras que el 52% no lo hace, si bien consigue incrementar sus ingresos de forma considerable, reduciendo la distancia al umbral de pobreza del 75% al 17%. “El principal problema de la sociedad con respecto al crecimiento de la desigualdad, que en Euskadi ronda el 22%, es que los frutos del crecimiento económico se reparten muy mal. Lo cierto es que a todo el mundo no le va igual y los que salen perdiendo son el 10, 20 o 30% más pobres, en este caso las personas extranjeras y las familias monomarentales”, ha concluido Zalakain.

El juzgado de lo Social número 23 de Madrid ha condenado al Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid (SERMAS) por denegar la asistencia sanitaria a una mujer hondureña solicitante de asilo, a la que dio de baja del sistema sanitario, lo que provocó la interrupción se su tratamiento contra la leucemia durante dos meses y medio, a pesar de encontrarse a la espera de un trasplante de médula, según el auto al que ha accedido elDiario.es.

El Gobierno regional alegaba que se trataba de un caso de “turismo sanitario”, pero la Justicia le ha quitado la razón y ha reconocido que la joven tenía derecho a la asistencia con cargo a los fondos públicos desde el momento en que fue admitida su solicitud de protección internacional en España. La mujer logró ser tratada hace más de un año gracias a la petición de medidas cautelares, pero los problemas derivados de su enfermedad continuaron y falleció hace unos meses, según informa su abogado.

La joven, de 21 años, migró a España desde Honduras el 8 de noviembre de 2019. La mujer padecía desde la infancia una leucemia aguda linfoblástica de la que, según explica su defensa, ya había sido tratada en su país y de la que creía haberse recuperado. Cinco días más tarde de su llegada a España empezó a encontrarse mal y acudió a las urgencias del Hospital Universitario Gregorio Marañón, donde le detectaron una recaída e iniciaron el tratamiento de quimioterapia hasta el día 23 de diciembre de 2019. En esas fechas navideñas, los médicos dieron a la paciente el alta por unas semanas, para permitirle pasar las fiestas con sus familiares y descansar durante un tiempo del tratamiento, con el objetivo de retomarlo a inicios de enero, detalla Juan Rubiño, abogado de la cooperativa Red Jurídica, que colabora con Yo Sí Sanidad Universal.

No fue fácil regresar al hospital. El 7 de enero formalizó su solicitud de asilo y, un día después, cuando la paciente acudió al Gregorio Marañón para ser reingresada, “se le comunicó que no podía ser atendida porque sus datos ya no aparecían en el sistema informático”, sostiene la sentencia. El 12 de febrero volvió a intentarlo y, de nuevo, “se le comunica que no va a poder ser atendida”. La normativa vigente en materia de asilo garantiza el acceso a la sanidad pública a los demandantes de protección internacional, pero en la práctica se encuentran distintas trabas en su acceso a la asistencia, según denuncian organizaciones como Yo Sí o Médicos del Mundo. El Real Decreto 7/2018, que pretendía recuperar la sanidad universal, permite la atención a cargo de fondos públicos a las personas sin papeles siempre que lleven más de tres meses en España o presenten un informe de los servicios sociales que solicite dicha asistencia, sin embargo, la norma deja una serie de lagunas y, en la práctica, la Comunidad de Madrid, como otras autonomías, no lo ponen fácil.

Tras recibir varias negativas, la joven hondureña emprendió una batalla por su derecho a la asistencia sanitaria con el apoyo del colectivo Yo Sí. Además de escribir una carta al Ministerio de Sanidad y Consumo para pedir “el reconocimiento a la salud”, la demandante interpuso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid una medida cautelar, que fue aprobada por el juzgado. El auto solicitó de forma urgente al Servicio Madrileño de Salud proporcionar “el tratamiento médico que precisa de forma inmediata”. La paciente fue finalmente ingresada de nuevo a mediados de marzo de 2020 para continuar su tratamiento y recibir el trasplante de médula que requería.

No obstante, la mujer demandó al Servicio Madrileño de Salud y solicitó que se declarase su derecho a la “asistencia sanitaria con efectos retroactivos” y la indemnizase por daños y perjuicios morales con 20.000 euros. La Comunidad de Madrid defendía que se le había denegado la atención al considerar que era un caso de turismo sanitario “porque vino el día 8 a España y el 9 ya estaba en un hospital en tratamiento”, aunque las fechas aportadas no son las correctas. Sin embargo, el Gobierno aceptó meses después, en septiembre de 2020, la solicitud de asilo de la hondureña, lo que confirma las razones de la demandante para huir de su país.

El pasado 13 de diciembre, el Juzgado de lo Social número 23 de Madrid ha concluido que la paciente debería haber sido atendida desde el momento que registró su solicitud de asilo. “Los efectos de refugiada y el derecho de asilo han de considerarse que conllevan el derecho de residencia legal, a los que se anuda el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a cargo de fondos públicos”, reza la sentencia. “Habiendo sido reconocido el derecho de refugio y asilo (...) los efectos de este reconocimiento ha de entenderse que se extienden desde el 7 de enero de 2020, fecha de la solicitud”, por lo que estima en parte las peticiones de la denunciante.

En su auto, el magistrado declara “el derecho de la demandante a la asistencia sanitaria desde el día 7 de enero de 2020” y condena al Servicio Madrileño de Salud a “estar y pasar por esta declaración a todos los efectos”. La defensa y la denunciante, durante el inicio del juicio, habían desistido por el momento de la solicitud de indemnización por daños y perjuicios, “dejando abierta la posibilidad de reclamarla en el futuro en función del resultado de la sentencia”. Pero el reconocimiento del derecho de esta paciente a la asistencia sanitaria es importante para la familia, así como para defender el acceso a la sanidad de los demandantes de protección internacional, sostiene el letrado.

“La sentencia es el reconocimiento de que tenía derecho a la asistencia sanitaria entre otras cosas por ser demandante de asilo, y la segunda consecuencia afecta a la familia. Porque la posibilidad de que pueda llegar una factura rodea a la familia durante años como una espada de Damocles, porque se le dio tratamiento, se le dio quimio, se le operó de la médula y podría llegar a ser una factura millonaria a la que la familia no podría hacer frente. Con este reconocimiento, este miedo ya se quita de su cabeza”, explica Rubiño, quien añade que el fallo “abre un camino y sienta un precedente para, si se demuestran los daños tanto morales como los daños a la salud, poder iniciar una reclamación contra la administración”. La demandante, sin embargo, no ha podido conocer la sentencia. Hace unos meses, la mujer hondureña que luchó por su derecho a la salud falleció con 22 años.

Nuevo procedimiento

Este jueves, decenas de personas se han concentrado frente al Centro de Salud Paseo Imperial de la Comunidad de Madrid, donde está ubicada una de las llamadas unidades de tramitación, los espacios creados por el Gobierno regional para gestionar los documentos sanitarios de las personas inmigrantes en situación irregular. Según las organizaciones convocantes, este nuevo procedimiento “segrega a las personas extranjeras” y ha aumentado la exclusión sanitaria “de manera arbitraria e ilegal”. Según denuncian, en el último mes se ha dado de baja “a 27.000 personas” que tienen derecho a asistencia sanitaria.

La Consejería de Sanidad defiende que estas unidades buscan “unificar” los criterios en la tramitación del acceso a la sanidad de los ciudadanos en situación irregular y asegura que estos centros están formados por profesionales con “formación específica en materia de aseguramiento y procedimiento administrativo”, aunque “prevé la próxima incorporación de trabajadores sociales”.

Desde el Gobierno regional indican a esta redacción que se han ido sustituyendo los antiguos códigos DAR (documentos internos sanitarios para personas sin papeles) “de oficio y sin periodo de interrupción”, pero reconocen que ha sido necesaria una labor de “actualización de datos mediante llamadas telefónicas a los ciudadanos afectados” y que desde mediados de octubre se ha procedido a la baja de aquellos que ya no estaban en situación irregular, que no residen en la Comunidad o que no hubieran solicitado la renovación de acceso a la asistencia“. No detallan a cuántas personas se ha dado de baja.

Médicos y ONG se han encontrado en los últimos meses en la Comunidad de Madrid un aumento de las personas inmigrantes con VIH que no pueden obtener su tratamiento, como adelantó elDiario.es. En este contexto, para conocer la situación del acceso a fármacos antirretrovirales de personas migrantes, el Ministerio de Sanidad inició en septiembre una consulta con todos los coordinadores autonómicos de VIH. Los resultados sostienen que, en lo que se refiere a pacientes seropositivos, “solo la Comunidad de Madrid está incumpliendo” la normativa estatal.

La cartera dirigida por Carolina Darias ha contactado con “todos los coordinadores autonómicos de VIH” y con las entidades que conforman el Comité Consultivo de la División de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis con el objetivo de “conocer la situación del acceso a fármacos antirretrovirales de personas migrantes”. En base a las respuestas obtenidas en esta ronda, Sanidad concluye que la Comunidad de Madrid es la única que “está incumpliendo lo establecido por el Real Decreto 7/2018” cuando se trata de pacientes migrantes con VIH, según una portavoz del Ministerio. 

La alerta entre pacientes afectados, sanitarios especializados en enfermedades infecciosas y ONG de apoyo a personas con VIH saltó tras el impulso de un nuevo procedimiento para gestionar los documentos sanitarios de las personas en situación administrativa irregular en la Comunidad de Madrid, a través de las llamadas Unidades de Tramitación. Cuando un ciudadano seropositivo tenía algún problema para acceder al tratamiento debido a su situación administrativa, las organizaciones solían derivarlos a una serie de hospitales madrileños de referencia en enfermedades infecciosas, como el Ramón y Cajal o el Infanta Leonor, donde sí tenían un mecanismo interno para darle de alta en el sistema y suministrarle la medicación.

Esa vía se ha bloqueado desde la creación de las llamadas Unidades de Tramitación, según denunciaron varios médicos y organizaciones. Quienes están teniendo problemas para conseguir su medicación para el VIH son, principalmente, personas inmigrantes en situación irregular que llevan menos de tres meses empadronadas en España. Pero también ciudadanos extranjeros con permiso para residir en el país, a los que el sistema ha dado de baja de forma repentina tras la reorganización de tipos de documentos sanitarios realizada en las últimas semanas por la Consejería de Sanidad, lo que ha conllevado la interrupción de su tratamiento.

Tras la publicación en elDiario.es de varios casos de exclusión sanitaria de pacientes con VIH en la Comunidad de Madrid documentados por organizaciones especializadas, los responsables del área de Aseguramiento de la Consejería de Sanidad defendieron que las barreras que han desencadenado la falta de tratamiento a determinados pacientes extranjeros con VIH son fruto de los requisitos exigidos por la legislación estatal, por lo que descartaban cualquier responsabilidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. En una reunión mantenida en noviembre entre médicos especialistas en enfermedades infecciosas y miembros de varias organizaciones, el director general y la subdirectora general de Aseguramiento defendieron que la Comunidad de Madrid era la única región que cumplía con los requisitos del Real Decreto 7/2018. Ahora, Sanidad apunta a lo contrario.

En una respuesta enviada por escrito a elDiario.es, el Ministerio asegura que “no existe justificación ni marco legal alguno que justifique” la falta de acceso al tratamiento de inmigrantes denunciada en Madrid. El Real Decreto 7/2018 permite el acceso a la sanidad de las personas residentes en España en situación irregular que lleven más de tres meses en el país. Para los que aún no superan una estancia de 90 días, la norma pide la emisión de “un informe previo favorable de los servicios sociales de las comunidades autónomas”.

Desde la Consejería de Sanidad, un portavoz ignora los casos documentados de inmigrantes con VIH sin acceso a la medicación e insiste en que “la continuidad farmacológica se facilita aunque estén en una estancia menor a 90 días, al igual que la atención en urgencias” al tratarse de una atención “no demorable”.

Para justificar la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en la exclusión sanitaria y la falta de marco legal que lo sustente, Sanidad se aferra a la posibilidad de solicitar ese informe social que recoge la norma. El Ministerio también recalca “la necesidad” de permitir el acceso sanitario “sin barreras” a las personas en situación irregular desde el momento en el que solicitan su acceso ante la correspondiente comunidad autónoma, como recoge un documento de recomendaciones consensuado por las distintos gobiernos regionales en 2019 en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

El Gobierno regional apunta a que en todo momento está cumpliendo con lo establecido en la norma y las recomendaciones mencionadas por Sanidad. “Siguiendo las Recomendaciones del Ministerio a las que se hace referencia, informar que a los extranjeros en situación irregular que solicitan acceso sanitario público, se les proporciona en documento acreditativo de asistencia para extranjeros de tres meses de validez y, una vez se valida la solicitud, se les proporciona el DASE de 2 años de validez”. El DASE es un documento que acredita el acceso a la asistencia sanitaria gratuita en la Comunidad de Madrid a ciudadanos extranjeros que viven en situación irregular.

No obstante, el nuevo procedimiento activado en la Comunidad de Madrid para reconocer el derecho a la atención pública de las personas en situación irregular conlleva la petición de cita previa en unas unidades de tramitación específicas (en vez de en los centros de salud) e incluye una serie de requisitos, como la presentación de un certificado de empadronamiento de al menos tres meses, difícil de conseguir para muchas personas migrantes. Estas personas que no cumplen las exigencias de la Comunidad de Madrid no pueden registrar su solicitud, por lo que se quedarían fuera del sistema.

“La responsabilidad es compartida”

Varias organizaciones consultadas por elDiario.es apuntan que, si bien la interpretación de la normativa sanitaria realizada por la Comunidad de Madrid es “muy restrictiva”, la responsabilidad de los distintos casos de exclusión documentados -ya sea de VIH o de pacientes con otro tipo de dolencias- es “compartida” entre el gobierno regional y el Ministerio de Sanidad.

Según los casos a los que accede Médicos del Mundo, la Comunidad de Madrid es la única región donde se producen tantos casos de exclusión en inmigrantes con VIH. “No tenemos constancia de que en otras comunidades autónomas se produzcan interrupciones de tratamiento de VIH o falta de acceso a la medicación porque no puedan acreditar los 90 días en España, como sí pasa en Madrid. En otras regiones se producen algunos casos, pero puntuales por la desinformación por parte del usuario o el administrativo de turno, pero no se da una denegación casi sistemática a todos los que no acrediten 90 días”, apunta Pablo Iglesias, miembro de Médicos del Mundo y portavoz de la Plataforma REDER.

Pero, a la hora de analizar la base de la exclusión sanitaria, el técnico de Médicos del Mundo sí señala al Ministerio de Sanidad. “El problema es que esa interpretación restrictiva que realiza la Comunidad de Madrid puede ser legalmente defendible en base a la actual normativa. Es lo que siempre le transmitimos al Ministerio de Sanidad: El Real Decreto 7/2018 (aprobado por el Gobierno de Sánchez para ”recuperar la sanidad universal“) tiene tantas lagunas legales que da pie a que se pueda interpretar de forma restrictiva”, añade Iglesias.

En la misma línea responde Nacho Revuelta, portavoz de la red Yo Sí Sanidad Universal. “La responsabilidad del aumento de los casos de pacientes con VIH excluidos es compartida. Por un lado, del Ministerio porque no ha regulado la vía del informe social para permitir el acceso de quienes no lleven más de 90 días, aunque está en la ley de forma general. Por otro, la interrupción del tratamiento a inmigrantes después de haberles dado de baja en el sistema de repente, cuando ya se les había reconocido el derecho a la asistencia sanitaria, solo es achacable a la Comunidad de Madrid”, apunta el médico y miembro del colectivo.

Aunque en 2018 el Gobierno aprobó una normativa que devolvía la sanidad pública a las personas sin papeles, su redacción dejó una serie de huecos por donde, en la práctica, diferentes gobiernos autonómicos imponen trabas administrativas a la atención de estos inmigrantes, sobre todo aquellos que llevan menos de tres meses en España o no han podido empadronarse, incluidos menores, embarazadas y casos de urgencia.

El actual Ejecutivo reconoció que “la experiencia acumulada en la aplicación de dicha norma muestra que es necesario realizar las modificaciones pertinentes para garantizar plenamente el derecho a la protección de la salud”. Con esa finalidad, el Gobierno ha aprobado recientemente el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión que pretende corregirlo, aunque su redacción inicial no ha satisfecho a las organizaciones especializadas, que acaban de registrar una serie de enmiendas, dado que el texto se encuentra en fase de consulta abierta.

Para garantizar la atención de pacientes con VIH, Yo Sí Sanidad Universal y Médicos del Mundo, entre otras, apuestan por asegurar en la futura norma la atención en caso de las llamadas “enfermedades de declaración obligatoria”, entre las que se encuentra el VIH/sida. También apuestan por incluir de forma clara cómo debe aplicarse la solicitud del informe social en el caso de atender a una persona en situación irregular que aún no lleve 90 días en España o no pueda acreditarlo.

Desde hace unas semanas, los días de Karim son una cuenta atrás. El descuento lo marcan las píldoras contra el VIH que debe tomar cada mañana. “Te queda un bote y vas contando las pastillas, porque llega la última semana y se te acaban los medicamentos”, cuenta este libanés que llegó a España hace cuatro meses y que aún no ha podido regularizar su situación ni cumple con los requisitos que la nueva normativa de la Comunidad de Madrid exige para acceder a la sanidad pública y, con ella, al tratamiento para tener controlada su infección.

Karim tiene 39 años y ya vivió una temporada en España, entre 2008 y 2016. En aquel tiempo aprendió español y pudo “hacer una segunda vida aquí, con muchos amigos”, explica en conversación con elDiario.es. Tras seis años, tuvo que volver al Líbano por motivos laborales y también porque su madre se puso enferma. “Desde entonces, la cosa se fue poniendo peor en el país y tenía que salir de allí. No es una decisión por lujo, tenía que salir y el sitio a donde podía volver era España”, dice.

Líbano sufre actualmente una de las peores crisis económicas del último siglo, que ha desembocado también en una importante inestabilidad política. El 17 de octubre de 2019 se prendió la mecha de unas masivas protestas sociales, que se alargaron durante meses. Este verano, Naciones Unidas mostró su “profunda preocupación” por el “rápido deterioro de la situación” en el país.

Pese a los problemas de suministro que atraviesa Líbano, Karim siempre tuvo allí acceso a su tratamiento antirretroviral. Estas pastillas consiguen reducir la carga viral hasta hacerla indetectable. Cuando llega a esos niveles, el virus no se puede transmitir, aunque se mantengan prácticas de riesgo entre personas seronegativas y seropositivas. Al llegar a España, acudió al Centro Sanitario Sandoval de la Comunidad de Madrid, de referencia en atención a infecciones de transmisión sexual (ITS).

“Es un centro que funciona muy bien. Mi médica fue la que me ayudó para poder tramitar los papeles y tener acceso a la medicación, pero a la hora de ir al centro de salud donde tenía que gestionarlo me dijeron que no podía porque solo llevaba empadronado dos meses. Me decían que era turista y que no podía hacer eso, que tenía que ser residente y tener un contrato de trabajo. Tampoco me dieron ninguna salida ni ayuda de ningún tipo”, relata.

Hasta este mes de noviembre, la exigencia de llevar tres meses empadronado para acceder a la sanidad pública madrileña se aplicaba de una manera arbitraria. Muchos hospitales o centros de salud valoraban cada caso respecto a las personas migrantes que no cumplieran con este requisito. Las personas con VIH, uno de los casos incluidos en la lista de enfermedades de declaración obligatoria, clave en la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid, solían terminar consiguiendo el tratamiento, sobre todo en algunos centros de referencia en enfermedades infecciosas, donde acudían asesorados por las entidades que trabajan en la atención y la prevención del VIH, cuando las conocían. El Ministerio de Sanidad asegura a elDiario.es que las personas extranjeras, con o sin papeles, tienen el mismo derecho que el resto a recibir asistencia médica y que, si no han pasado los tres meses de estancia, pueden aportar la solicitud como documentación temporal mientras se resuelve su expediente.

Para cuando Karim contactó con una organización de ayuda, Acción Triángulo, y había superado los tres meses de empadronamiento, su situación ya había cambiado. “Comencé a tramitar los papeles de residente como estudiante y me exigen tener seguro médico privado. Ya no puedo tener la residencia si no tengo un seguro médico privado, pero si tengo un seguro médico privado, ya no tengo acceso al sistema público de salud. Me parece un crimen”, explica.

“Viajar al tercer mundo para traer medicación al primero”

El seguro médico es otro quebradero de cabeza para las personas con VIH. “La abogada que me asesora para hacer los papeles de residencia me ha recomendado que no lo mencione, porque me va a salir muy caro o no me lo van a hacer o tendría que pagar muchísimo dinero para acceder a la medicación”, lamenta. Mientras tanto, Karim ha recurrido a la farmacia solidaria de Acción Triángulo, que consigue medicinas a través de donaciones, pero que está fuera del circuito público. Esto le ha permitido tener unas semanas de tranquilidad relativa, hasta principios de enero, mientras planea cómo conseguir más pastillas de un tratamiento que, por el momento, es diario y de por vida.

Ante este panorama, la única solución que se plantea es adelantar a enero el viaje al Líbano que tenía previsto en primavera para visitar a su familia y conseguir allí la medicación. Él se lo puede permitir, pero es consciente de que no todo el mundo en su situación puede costearse el precio de uno de estos viajes. “Por el momento, lo único que tengo es ir a mi país, conseguir la medicación y luego ya veré. Intentaré llegar a algún acuerdo o, si es posible, que me manden las pastillas desde allí”, explica. “Viajar al tercer mundo para traer medicación al primero no parece lógico”, señala.

A Rosa le diagnosticaron VIH en 2017, en Guinea Ecuatorial, de donde es originaria. Ella tenía una familiar en España, a la que visitaba gracias a un visado en algunos periodos de vacaciones. En 2018, como esta persona estaba sola, decidió quedarse para acompañarla. “Me han hecho el tratamiento sin ningún problema, enseñando el pasaporte, hasta el momento en que tuve la residencia, que me lo empezaron a complicar todo”, cuenta.

En noviembre de 2020, acudió a la farmacia del hospital de Torrejón, como tantas otras veces, a recoger sus pastillas. “Me dijeron que ya no podían atenderme, que tenía que arreglar lo de mi Seguridad Social porque el sistema suyo ya no les dejaba”, explica a elDiario.es. “Fui buscando remedios: fui a la Seguridad Social y me decían que no podía, fui al hospital y lo mismo… Estuve tres o cuatro meses así, hasta que dejé de intentarlo”. Ella tiene permiso de residencia, pero no de trabajo. Según la guía de “información orientativa” del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las personas migrantes en esta situación deben suscribir un convenio de asistencia sanitaria con la Consejería de Sanidad madrileña, pero no tienen derecho a la sanidad pública gratuita.

“Momentos de mucha angustia”

Rosa pasó meses sin las pastillas que necesita. “Fueron momentos de mucha angustia, porque lo pasas mal. Te desesperas sin la medicación ni nada de eso. Pierdes peso, no tienes ganas de comer, te sientes mal, mareada”, explica. Esta situación la llevó incluso a urgencias. “Me sentía muy mal”, cuenta. Allí, el médico que la atendió le dijo que su estado se debía a que no estaba tomando la medicación. Cuando la derivó a la administración del centro para que le dieran cita con la especialista, volvieron a negarle la atención. “Me dijeron que el sistema no les dejaba”, explica.

Finalmente, hace apenas un mes consiguió que la atendieran en el Hospital Ramón y Cajal, que es desde hace años una vía de escape para muchos inmigrantes en situación administrativa irregular o sin acceso a la sanidad pública por los cauces oficiales y gracias al trabajo de distintas ONG que acompañan allí a sus usuarios, como en el caso de Rosa. “Allí me pudieron atender”, señala, pero desconoce por qué vía o recoveco.

Fran llegó a España hace dos años, desde Colombia, por reagrupación familiar. Entonces ya tenía VIH y en su país recibía tratamiento sin problema. Aquí, durante los primeros meses, también. “Me atendieron muy bien en cuanto a salud y me daban las pastillas en la Fundación Jiménez Díaz”, explica. En febrero de 2021, volvió para acompañar a una familiar que retornaba a aquel país y unos meses después regresó a Madrid.

Fue a su centro de salud habitual y le dieron cita con el internista de su hospital para el día 13 de octubre, cuando le recetó el tratamiento antirretroviral habitual, que pudo recoger sin ningún tipo de impedimento. Cuando volvió un mes después, denuncia, le dijeron que le habían dado de baja en el sistema el 14 de octubre. “Nadie me llamó, ni me envió un correo, ni nada”, explica. Sin darle ninguna razón para el parón, le derivaron a su centro de salud. Allí tampoco pudieron darle de alta en el sistema. La Consejería de Sanidad madrileña explicó hace un par de semanas, a preguntas de esta redacción, que en los últimos meses se había realizado una labor de “actualización de datos mediante llamadas telefónicas a los ciudadanos afectados”.

“Tampoco sabían que la solución era pagar una cuota mensual, pero no me dan medicamentos y son caros. Otra solución es que consigas un trabajo, que es lo que estoy tratando de hacer, pero es mucho más difícil”, explica. Le derivaron con su médico internista, pero sin cita, que le atendió entre paciente y paciente. “Me mandó a uno de estos grupos de apoyo”, explica. En la ONG Apoyo Positivo pudieron darle medicación de una de estas farmacias solidarias, mientras seguía intentando resolver su situación.

“No entiendo la situación”

Fran, que tiene permiso de residencia pero no contrato de trabajo, recurrió también al INSS. “Me dijeron que podía hacerlo por internet, me respondieron remitiendo a una página en la que sale que estoy dado de baja. Me dicen que para ir hay lista de espera. No entiendo la situación”, lamenta. Este organismo sí reconoce el derecho a la sanidad pública a personas en la misma situación administrativa que Fran, pero desde organizaciones que trabajan con población migrante explican que en ocasiones la Seguridad Social dificulta o da de baja a estas personas al cabo de un tiempo y tienen que volver a solicitarlo.

Finalmente, este lunes acudió por urgencias al Hospital Infanta Leonor, el otro salvavidas para las personas a las que se dificulta o impide el acceso a la sanidad pública en la región, y consiguió que le viera un médico especialista, que le facilitó las pastillas. Tras 18 días sin un tratamiento que es diario y en el que la adherencia es fundamental, explica ahora que está “bastante tranquilo”. Pero admite que durante días se ha dedicado a caminar sin rumbo, dándole vueltas a la cabeza y pensando qué hacer, en los que se planteó incluso volver a su país.

Este año se cumplen 40 años del primer caso de VIH detectado en el mundo. Fue en 1981 y entonces la prensa habló de un “raro cáncer visto en 41 homosexuales”. En 1983, Luc Montaigner y Françoise Barré-Sinoussi descubrieron el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que causa el Sida. Estas cuatro décadas han sido, dicen los expertos, un éxito en lo científico. Porque si al principio se consideraba una enfermedad mortal, a partir de 1996 los avances médicos han conseguido que vaya convirtiéndose en una dolencia crónica. Con el tratamiento adecuado, una persona diagnosticada con VIH hoy tiene una esperanza de vida prácticamente similar a otra persona seronegativa.

Pero hace falta tener acceso a esa medicación adecuada. Por la salud de la persona infectada, pero también por una cuestión de salud pública, porque estos tratamientos impiden que se pueda transmitir el virus. Por eso, este 1 de diciembre, en el que cada año desde 1988 se celebra el Día Mundial del Sida, más de una decena de organizaciones han convocado en la plaza de Pedro Zerolo, en Madrid, una concentración en la que, entre otras cosas, reivindicarán que la Comunidad, donde se diagnostican cerca del 25% de los alrededor de 4.000 nuevos casos anuales en España, garantice el tratamiento a las personas migrantes en situación irregular, ante la “situación de desamparo” que denunciaba hace unos días la Coordinadora Estatal de VIH y Sida.  

Las personas que han participado en este reportaje han pedido preservar su anonimato, por lo que se han utilizado nombres ficticios, por miedo a la discriminación que a día de hoy sigue suponiendo el VIH y ante el temor a volver a ver interrumpido su tratamiento. Diversos estudios realizados a lo largo de la última década y recogidos en el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH señalan que en España el estigma que sufren las personas con VIH continúa siendo un problema, con estadísticas que apuntan a que un 26% de la población no se sentiría cómoda trabajando con una persona seropositiva o que el 49% no lo haría si su hijo compartiese clase con otro niño con VIH.

La exclusión sanitaria de inmigrantes con VIH en la Comunidad de Madrid ha empujado esta semana una reunión de urgencia entre médicos de hospitales públicos madrileños, organizaciones especializadas en enfermedades infecciosas y el Gobierno regional. El personal sanitario y de ONG ha explicado al director general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento, Jesús Vázquez, algunos de los casos de personas que, en las últimas semanas, han acudido a ellos desesperados ante la imposibilidad de conseguir la medicación. 

Los representantes de la Comunidad de Madrid defendieron que las barreras que han desencadenado la falta de tratamiento a determinados pacientes extranjeros con VIH (así como a otros ciudadanos, como menores de edad y embarazadas) son fruto de los requisitos exigidos por la legislación estatal, por lo que descartan cualquier responsabilidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

La alerta entre pacientes afectados, sanitarios especializados en infecciosas y ONG de apoyo a personas con VIH saltó tras el impulso de un nuevo procedimiento para gestionar los documentos sanitarios de las personas en situación administrativa irregular en la Comunidad de Madrid, a través de las llamadas Unidades de Tramitación. Cuando un ciudadano seropositivo tenía algún problema para acceder al tratamiento debido a su situación administrativa, las organizaciones solían derivarlos a una serie de hospitales madrileños de referencia en enfermedades infecciosas, como el Ramón y Cajal o el Infanta Leonor, donde sí tenían un mecanismo interno para darle de alta en el sistema y recetarle y suministrarle la medicación.

Esa vía se ha bloqueado desde la creación de las Unidades de Tramitación, según denunciaron varios médicos y organizaciones. Quienes están teniendo problemas para conseguir su medicación para el VIH son, principalmente, personas inmigrantes en situación irregular que llevan menos de tres meses empadronadas en España. Pero también ciudadanos extranjeros con permiso para residir en el país, a los que el sistema ha dado de baja de forma repentina tras la reorganización de tipos de documentos sanitarios realizada en las últimas semanas por la Consejería de Sanidad. 

En su reunión, Jesús Vázquez, director general de Aseguramiento; y su segunda, Marta Cortés, han trasladado a sanitarios y ONG que esta nueva normativa viene a cumplir con el Real Decreto-ley 7/2018, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Su redacción dejaba en el aire una serie de grietas por las que, en la práctica, los diferentes gobiernos autonómicos podían imponer trabas para la atención de las personas extranjeras en situación irregular, tal y como ha reconocido el Ejecutivo socialista, que acaba de aprobar un anteproyecto de ley que pretende corregir esta situación. No obstante, la Comunidad de Madrid no había desarrollado en tres años un procedimiento específico para aplicar la legislación vigente desde 2018, del que ahora culpa al Gobierno central.

Un informe previo favorable

El Real Decreto 7/2018 permite el acceso a la sanidad de las personas residentes en España en situación irregular que lleven más de tres meses en el país. Para los que aún no superan una estancia de 90 días, la norma pide la emisión de “un informe previo favorable de los servicios sociales de las comunidades autónomas”. La legislación no detalla de manera clara los casos en los que la asistencia debe estar garantizada a pesar de no llevar tres meses en suelo español. Y en este punto empiezan los problemas. ONG especializadas en salud han denunciado en los últimos tres años la exclusión sanitaria de pacientes que no pueden esperar ese plazo para ser atendidos, como embarazadas, menores de edad o personas con VIH o enfermedades graves.

Las personas con VIH, como otros perfiles de pacientes que lo requieran, podrían acceder a la sanidad aunque no acrediten llevar tres meses en España a través del informe social incluido en el Real Decreto 7/2018. 

El Gobierno regional, sin embargo, descarta esta vía de forma tajante. Según defiende un portavoz de la Consejería de Sanidad, “no existe desarrollo normativo nacional que permita dar asistencia sanitaria para personas con estancia menor a 90 días en España, aun con informe de un trabajador social, salvo por una enfermedad sobrevenida que impida regresar al país de origen en dicho periodo”. La misma fuente oficial sostiene que el Real Decreto 7/2018 “no se ajusta en este aspecto a la Ley de Extranjería”, por lo que a su juicio no sería legal aplicarlo. 

El Ministerio de Sanidad, sin embargo, asegura a elDiario.es que en cualquier caso las personas extranjeras, con papeles o no, tienen el mismo derecho que el resto a recibir asistencia médica y que, si no han pasado los tres meses de estancia, pueden utilizar la solicitud como documentación temporal mientras se resuelve su expediente para acceder al sistema de salud, según las recomendaciones publicadas por Sanidad. En cualquier caso, una portavoz subraya que se está tramitando un anteproyecto de ley para recalcar el derecho a la sanidad pública de cualquier persona mientras se resuelve su estatus administrativo (y aunque finalmente tenga que pagar la asistencia).

La portavoz asegura que el Ministerio preguntó en septiembre a todas las comunidades autónomas en concreto sobre la situación del acceso a tratamientos para positivos de VIH y la Comunidad de Madrid no respondió.

Interpretación restrictiva

La red Yo Sí Sanidad Universal rechaza la interpretación de la normativa que está haciendo la Comunidad de Madrid. “La ley está en vigor y el procedimiento lo debe habilitar cada comunidad. A nivel nacional no existe ningún desarrollo normativo, solo un documento de recomendaciones del Ministerio que han tardado más de dos años en aplicar, poco obligatorio por tanto”, dice Nacho Revuelta, miembro del colectivo. “No es de recibo que tres años después digan que aplican la ley cuando ignoran una parte de la misma basándose en un documento de recomendaciones que en realidad tampoco han aplicado durante al menos dos años”, sostiene. 

El VIH/sida se encuentra en la lista de “enfermedades de declaración obligatoria” que constituye “una pieza clave dentro de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid”, según indica en su página web. Tras la reforma sanitaria del PP de 2012, que restringía el acceso a la sanidad de las personas sin papeles, el Gobierno regional sí incorporó las patologías incluidas en esta lista como excepción, por lo que garantizaba su atención. Tras la aprobación de la actual normativa, el Ejecutivo de Díaz Ayuso no ha dado este paso.

La semana pasada, preguntada por elDiario.es sobre los casos documentados de exclusión sanitaria de personas con VIH, la Consejería de Sanidad no incluyó a las personas extranjeras seropositivas como uno de los colectivos para los que el acceso a la medicación está asegurado. Tras la publicación del artículo de este medio, un portavoz de la institución asegura ahora que “la atención sanitaria de Urgencias y la continuidad de tratamientos de VIH u otros medicamentos de uso hospitalario están garantizadas a cualquier ciudadano, independientemente de su situación administrativa y de si tiene o no tarjeta sanitaria”. Se trata, según explica, de una “asistencia sanitaria no demorable” por lo que “se facilita”. 

En la reunión de este lunes, el responsable de Asistencia y Aseguramiento de la comunidad no hizo alusión a esta “asistencia sanitaria no demorable”. “Nos trasladaron que los trabajadores sociales de las Unidades Tramitadores, cuando los haya, podrían realizar un informe motivado y agilizar el empadronamiento de la personas que necesitan asistencia sanitaria, pero siempre cumpliendo la norma, que es tener tres meses de empadronamiento”, indica la presidenta de la Coordinadora estatal de VIH y Sida, Reyes Velayos. La Consejería informaba la semana pasada de que estas unidades estaban formadas por profesionales con “formación específica en materia de aseguramiento y procedimiento administrativo”, aunque “prevé la próxima incorporación de trabajadores sociales”.

Lo que desde la Consejería no explican de manera oficial son los casos documentados por organizaciones y médicos de personas a las que se les ha interrumpido o negado el tratamiento en las últimas dos semanas. Unos casos que son un goteo en los últimos días en las ONG que trabajan con personas migrantes con VIH. “Los tratamientos se están dando desde las entidades”, señala el responsable de salud de Acción Triángulo y Refugiados Sin Fronteras, Gerjo Pérez Meliá. “¿Si no podemos ver al paciente, cómo vamos a poder prescribirle medicación hospitalaria?”, se pregunta José Antonio Pérez Molina, médico adjunto de Infecciosas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Las farmacias de las que disponen las ONG gracias a donaciones son vías extraoficiales de obtener medicación para personas que sufren la exclusión sanitaria y que acuden a este último recurso ante la negativa de la sanidad pública. “Que explique (la Comunidad de Madrid) cómo es la tramitación de la asistencia sanitaria no demorable para tratamientos por VIH y casos urgentes”, dice Pérez Meliá, que afirma haber atendido a más de una decena de personas en esta situación en los últimos días. Según sus estimaciones, solo contando a quienes acuden a su organización, entre 380 y 400 personas con VIH se quedarán sin tratamiento con los nuevos requisitos, y calcula que podrían ser “miles” en toda la comunidad. 

La Consejería sí reconoció la semana pasada que “desde mediados de octubre se ha procedido a la baja de aquellos ciudadanos que ya no estaban en situación irregular, o no residen en la Comunidad de Madrid o que no hubiesen solicitado la renovación del acceso a la asistencia como ciudadanos en situación irregular”. Un cribado que, según defiende, se habría hecho tras comprobar los datos con otras administraciones y actualizar los datos mediante llamadas telefónicas a los ciudadanos interesados. Sin embargo, las ONG denuncian que algunos usuarios se han encontrado con el “no” de las farmacias hospitalarias in situ, al ir a recoger sus tratamientos. 

Por el momento, las organizaciones de asistencia han detectado tratamientos de VIH interrumpidos en los hospitales de Torrejón, Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena de Valdemoro y Ramón y Cajal. Pero también negativas a realizar cirugías o administrar vacunas contra el sarampión.

Los tratamientos antirretrovirales para el VIH que se han desarrollado en las últimas dos décadas han conseguido reducir la carga viral en los pacientes hasta el punto de que sea indetectable. Esto hace que las personas que han contraído la infección no desarrollen la enfermedad y que tengan unas esperanza de vida casi similar a la de otra persona seronegativa. Estos fármacos hacen también que, al tener una carga viral indetectable, esta sea intransmisible. Es decir, una persona con VIH en tratamiento no puede transmitir el virus. 

Con estos requisitos mínimos marcados por la legislación nacional, los gobiernos regionales deben aplicarla en sus respectivos sistemas de salud autonómicos. A través de las Unidades de Tramitación, el Gobierno regional ha unificado los criterios de una forma restrictiva. La Comunidad de Madrid exige a los inmigrantes sin papeles estar empadronados durante tres meses en España, un requisito que no establece ni la normativa estatal sanitaria ni las recomendaciones de aplicación del Real Decreto 7/2018 emitidas por el Ministerio de Sanidad en 2019. Estas rígidas exigencias también se traducen en la imposibilidad de dar de alta en el sistema a los pacientes con VIH en los hospitales de referencia en infecciosas, que hasta ahora eran las vías de acceso seguro a un tratamiento.  

Ana llegó a Madrid hace unas semanas desde Latinoamérica. Se encuentra en situación administrativa irregular, embarazada de ocho meses y con VIH. Estos días se le acaban las pastillas antirretrovirales que trajo de su país y que mantienen a raya al virus, hacen que sea indetectable y que no lo pueda transmitir. A finales de la semana pasada en el Hospital La Paz no pudieron darla de alta en el sistema para recibir los fármacos, porque no lleva tres meses empadronada en España y la Comunidad de Madrid no lo permite. El Gobierno regional impide que reciba tratamiento por las vías oficiales, como mínimo, hasta que su bebé tenga casi dos meses.

Su nombre es ficticio, pero su historia es real y el bloqueo de acceso a terapia antirretroviral de personas migrantes en situación irregular con VIH no lo sufre solo ella.

Clara Castillo, una de las trabajadoras sociales de la organización Apoyo Positivo, que la ha ayudado durante el proceso, explica que desde que la Comunidad hizo público el procedimiento para regular el acceso de este colectivo a la sanidad pública, no han parado de llegarles casos. Al teléfono con elDiario.es, habla de 14 en varios hospitales de la región. Al finalizar la llamada, ya son 16.

Aunque en 2018 el Gobierno aprobó una normativa que devolvía la sanidad pública a las personas sin papeles, su redacción dejó una serie de grietas por donde, en la práctica, diferentes gobiernos autonómicos imponen trabas administrativas a la atención de estos inmigrantes, sobre todo aquellos que llevan menos de tres meses en España o no han podido empadronarse, tal y como ha reconocido el actual Ejecutivo socialista, que acaba de aprobar un anteproyecto de ley que pretende corregirlo. Aunque han pasado casi tres años desde su aprobación, la Comunidad de Madrid no había activado un procedimiento específico para aplicar la legislación estatal hasta la semana pasada.

La aplicación de la norma

La Comunidad de Madrid publicó la pasada semana los requisitos exigidos para solicitar el Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE), que da acceso a la salud pública a estas personas. Entre las exigencias, como establece la normativa estatal, se encuentra llevar al menos tres meses empadronado en España. Sin embargo, la Comunidad de Madrid realiza una aplicación rígida de la norma e ignora la excepción incluida en Real-Decreto 7/2018 que establece que, si los pacientes se encuentran en una situación vulnerable, pueden tener acceso a la sanidad a través de un informe de los trabajadores sociales.

Para las personas extranjeras recién llegadas a España y afectadas por el VIH, este requisito, difícil de conseguir para muchos inmigrantes sin papeles, les afecta de forma directa: “Tienen que conseguir un piso, que les hagan contrato, un recibo a su nombre, cita en el padrón, empadronarse y esperar tres meses. En el mejor de los casos, estamos hablando de cinco o seis meses hasta que pueden comenzar a recibir el tratamiento”, explica el responsable de salud de Acción Triángulo y Refugiados Sin Fronteras, Gerjo Pérez Meliá.

Esta exigencia para acceder a la sanidad pública madrileña se aplicaba de una manera arbitraria, por lo que muchos hospitales o centros de salud valoraban cada caso a la hora de darles de alta en el sistema. Y las personas con VIH, debido a los efectos que pueden tener la interrupción o falta de tratamiento, acababan consiguiendo ser incluidos. Sobre todo, en algunos centros de referencia en enfermedades infecciosas. Hasta la semana pasada.

“Los sanitarios nunca dejaban a nadie sin tratamiento [de VIH]”, explica la presidenta de Apoyo Positivo, Reyes Velayos. Con la nueva normativa, esto ha dejado de ser posible, porque ahora es indispensable pasar por la llamada Unidad de Tramitación. Hay siete, una por cada área asistencial, y están formadas por profesionales con “formación específica en materia de aseguramiento y procedimiento administrativo”, señala en un comunicado la Consejería, que “prevé la próxima incorporación de trabajadores sociales”. Estas oficinas se encargarán “de verificar la situación del interesado y si cumple los requisitos le tramitará la entrega del nuevo DASE, con validez durante dos años”, indica.

Una vía de escape

El Hospital Ramón y Cajal es desde hace años una vía de escape para muchos inmigrantes en situación administrativa irregular, que ante las trabas impuestas a su acceso a la sanidad pública, permite que reciban atención con el apoyo de la ONG Salud Entre Culturas, cuya sede se encuentra en el mismo centro hospitalario y trabaja mano a mano con el servicio de enfermedades infecciosas. A través de esta organización, el Hospital Universitario permitía atender, únicamente en el circuito de este centro, a personas sin papeles que, en base a los criterios establecidos por la Comunidad de Madrid en su interpretación de la normativa estatal, no podían obtener su documento sanitario, principalmente, inmigrantes en situación irregular que llevan en España menos de tres meses o no han podido empadronarse. 

José Antonio Pérez Molina, médico adjunto de Infecciosas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, confirma que todo ha cambiado desde la semana pasada. “Obligan a acreditar tres meses de estancia, pero tenemos un problema con las enfermedades para las que existe un interés en salud pública. Esto nos impide la posibilidad de atender a los migrantes al poco tiempo de llegar, como antes hacíamos, y hacer un examen para identificar si tienen alguna enfermedad transmisible o necesitan alguna vacuna”, explica el doctor, referencia en enfermedades tropicales. “De igual manera nos puede pasar lo mismo por VIH, hepatitis B, enfermedades inmunoprevenibles… ”, añade.

Pérez Molina confirma que ya le consta el caso de una mujer con VIH que no ha podido ser atendida debido a este motivo y no han podido realizar “exámenes de salud” a personas extranjeras que han llegado hace poco.

Por esta razón, su equipo ha contactado con la gerencia del hospital para advertir de sus preocupaciones. “El Ramón y Cajal siempre ha hecho todo lo posible para atender a las personas sin papeles. Creo que antes o después se va a arreglar. La situación es fruto de la falta de previsión en un grupo concreto de enfermedades, por lo que posiblemente tengan que replantearse incluir como excepciones una serie de enfermedades con gran interés en la salud pública”, dice el médico.

Cuando el Partido Popular lanzó su reforma sanitaria, que excluyó de la sanidad a los inmigrantes en situación irregular, la Comunidad de Madrid aplicó la norma estatal añadiendo como excepción a los pacientes de las llamadas enfermedades de declaración obligatoria, que incluyen dolencias infecciosas o de salud mental. No obstante, el nuevo procedimiento no incluye de momento estos casos.

“Barreras a un problema gravísimo de salud pública”

“En el fondo, están poniendo barreras a un problema gravísimo de salud pública”, denuncia el portavoz de Refugiados sin Fronteras, que señala que “todo el mundo quiere ayudar, pero la Comunidad de Madrid les cierra el paso”. Desde que se publicó el nuevo procedimiento para atender a personas sin papeles hace apenas una semana, denuncia que ya ha acompañado a dos personas con VIH al Hospital Ramón y Cajal, donde no les atendían pese a ser uno de los centros que sí solían tramitar las altas.

Castillo explica el caso de la primera mujer que no pudo ser atendida en este centro y que hizo que saltaran todas las alarmas. Se trata de una mujer peruana que acudió al hospital acompañada por un representante de la ONG para realizar el procedimiento de alta. “En admisión no pudieron porque no está empadronada” por lo que en este momento “tiene VIH, pero no tiene tratamiento”, lamenta.     

Pérez Meliá explica que en el último año ha detectado también otros 13 casos de personas a las que se les interrumpió el tratamiento al caducarles el alta en el sistema, que se puede renovar si se siguen cumpliendo los requisitos, o tras denegárseles la protección internacional. Once de ellos, dice, en la Fundación Jiménez Díaz, de gestión privada. “Era el único hospital con el que teníamos problemas, porque nunca lo renovaban (el alta en el sistema o DAR)”, coincide Velayos.

Interrupción del tratamiento sin previo aviso

Fran (nombre ficticio) lleva dos años en Madrid. “Me atendieron muy bien en cuanto a salud y me daban la medicación en la Fundación Jiménez Díaz”, explica. Hasta el pasado jueves, cuando fue a farmacia hospitalaria a recoger sus pastillas y se encontró con un 'no'. “En el sistema aparece que te dieron de baja. No aparece nada”, explica que le dijeron. Sin una razón para el parón, le derivaron a su centro de salud. “Después de mucho rato revisando, me dijeron que tenía que estar cotizando”, cuenta. Nacho Revuelta, de Yo Sí Sanidad Universal, advierte de que el nuevo procedimiento para dar el acceso sanitario a este colectivo ha acarreado “un gran número de bajas” en el sistema. Según los casos recibidos, algunas personas son dadas de baja “sin previo aviso”, mientras que otras han recibido cartas en las que se les pide renovar su documento sanitario en las nuevas unidades.

Con la doble negativa y sin tratamiento, Fran acudió a su especialista de medicina interna. “Me dijo que no podía hacer nada y me envió a una ONG”, Apoyo Positivo, continúa contando. Las entidades que trabajan con personas con VIH suelen contar con fármacos que donan otros usuarios cuando les cambian el tratamiento. Un salvavidas que sirve como último recurso en casos como este, en los que los pacientes son abandonados por la administración. “Es una ayuda parcial”, reconoce.

Desde la Consejería de Sanidad madrileña aseguran a esta redacción que se han ido sustituyendo los antiguos códigos DAR “de oficio y sin periodo de interrupción”, pero reconocen que ha sido necesaria una labor de “actualización de datos mediante llamadas telefónicas a los ciudadanos afectados” y que desde mediados de octubre se ha procedido a la baja de aquellos que ya no estaban en situación irregular, que no residen en la Comunidad o que no hubieran solicitado la renovación de acceso a la asistencia“. No detallan a cuántas personas se ha dado de baja. 

Alfonso se encontró en una situación similar hace algo más de un año. Llegó a España desde Chile en 2018, cuando tenía 31 años y llevaba seis en terapia antirretroviral. Su única condición para contar su caso es que no se utilice su nombre real. “Yo nunca había interrumpido mi tratamiento. Al venirme, los primeros meses tenía medicamento, pero después no. Me puse en contacto con algunas fundaciones para que me asesoraran y me dijeron que tenía que ir a la Jiménez Díaz. Allí me lo dieron durante un año –en aquel momento estaba empadronado–. Después me dijeron que necesitaba un número de la Seguridad Social, pero les expliqué mi situación, que era irregular. Continuaron dándomelo, pero a los tres meses se negaron”, explica. “Cada vez que iba, sabía que iba a ser una pelea”, recuerda.

Desde este hospital le mandaron a su centro de salud, en la calla Palma. “De ahí me mandaban a regularizar el NIE”, explica. “Entonces existía muy poca información y te empiezan a hablar del NIE, del NIF. Yo no sabía qué era eso. Es una situación angustiosa porque ves que no te están intentando solucionar nada”, continúa. En todo este tiempo de gestiones sin resultado, Alfonso no estaba recibiendo tratamiento para el VIH de la sanidad pública madrileña. Eran las últimas semanas de 2019 y tuvo que recurrir, como Fran, a la ayuda de una ONG. “Me daban el tratamiento que le sobraba a otro”, explica este afectado, que estuvo en esta situación durante tres meses.

Finalmente, acudió al Hospital Infanta Leonor a principios de 2020. “Allí no tuve ningún problema. Me cogió un doctor a primera hora, me pidió los análisis, me ingresó en el sistema con mi pasaporte y desde entonces me hacen una revisión cada seis meses y cita en farmacia cada dos, con mi número de historia clínica”, indica. Pero aquellos tres meses sin tratamiento supusieron para él “un golpe bajo”: “Venía de Chile y se supone que aquí en Europa las cosas funcionan distinto y que se respeta la diversidad. Amo España, pero fue muy angustioso que teniendo VIH me dejaran sin terapia”. Los expertos consultados destacan la dificultad de documentar todos estos casos porque desde la administración no dejan por escrito que no pueden atenderles.

La vocal de la junta directiva de GeSIDA y médica de La Paz, Luz Martín-Carbonero, indica que en su hospital no ha detectado “problemas con gente a la que se le caduca la tarjeta”, aunque “no quiere decir que no exista en otros”. No obstante, sí reconoce que hasta que las personas migrantes en situación irregular tienen acceso al sistema sanitario pueden pasar “meses o años”. ¿Cómo lo resuelven? “Una vez que llegan al hospital sabemos los mecanismos que existen”, como recurrir a ONG o a vías alternativas “hasta que la administración se lo da”.

Estas vías alternativas dependen de la buena voluntad del personal de los hospitales. “Como médicos, hemos visto a personas que vienen en una situación de abandono de VIH por razones administrativas, porque cuando llegan no tienen acceso a los tratamientos”, señala el especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Infanta Leonor Pablo Ryan. En su mayoría, estas personas, indica, “no llegan a través del circuito tradicional, sino de ONG o circuitos ‘alternativos’” por lo que su prioridad es “ponerles en tratamiento”, aunque estén en situación administrativa irregular. “Estamos tapando un problema, pero ¿qué hago? Mi obligación como médico es dar el tratamiento”, señala este médico. Sobre las nuevas oficinas de tramitación, Ryan señala que “habrá que ver cómo funcionan” pero considera que se trata de una barrera de acceso: “Lo ideal es que no haya que cumplir unos requisitos administrativos para acceder al tratamiento de algo infectocontagioso, que es un tema de salud pública”.   

“En riesgo de muerte”

“Las personas migrantes suelen ser las más vulnerables y las que llegan más tarde al tratamiento por su situación social”, explica Martín-Carbonero. La falta de acceso a los fármacos “los pone en riesgo de muerte”, explica tajante. En el caso de interrumpir el tratamiento, los riesgos no son menores. “Si llevas años en tratamiento y lo suspendes, aumenta la carga viral y, aunque no bajen inmediatamente las defensas, sí hace que sean más propensas a otras enfermedades no vinculadas al VIH, como un cáncer o una enfermedad cardiovascular”, pone como ejemplo.

El porcentaje de la población clave con acceso a los servicios de prevención de VIH, en la que se incluyen las personas migrantes, es uno de los indicadores para medir el progreso de la estrategia de ONUSIDA para 2030.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida se ha marcado el objetivo 95-95-95: que el 95% de las personas infectadas conozcan su estado serológico, que el 95% estén en tratamiento y que el 95% tengan menos de 200 copias de VIH por mililitro de sangre, que equivale a la supresión viral. Los avances científicos en materia de VIH han permitido que las personas infectadas en terapia antirretroviral, con carga indetectable, no sean sexualmente infecciosas. Es decir, existe sobrada evidencia científica que demuestra que no pueden transmitir el virus, aun realizando prácticas de riesgo. Por eso, impedir el acceso a personas con VIH al tratamiento aleja el objetivo de ONUSIDA y plantea un problema de salud pública.

“Deberíamos verlo con un enfoque de Derechos Humanos, pero vamos a verlo como un factor clave de salud pública. Si estás en tratamiento eres indetectable y no lo puedes transmitir. Si dejas el tratamiento, lo puedes transmitir. Todas las recomendaciones y guías dicen que las personas tienen que estar en tratamiento. Si no, el VIH se va a seguir expandiendo”, señala el responsable de salud de Acción Triángulo y Refugiados Sin Fronteras. Apunta a otra casuística particular: algunos de los usuarios que acuden a estas entidades practican el trabajo sexual y sus clientes les ofrecen más dinero por mantener relaciones sin protección. Desde un punto de vista “egoísta”, coincide la doctora Martín-Carbonero, impedir los tratamientos hace que se vean “más diagnósticos”.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha convocado este miércoles una reunión con las principales entidades que trabajan con población migrante o con VIH en la región para abordar “el abandono de la salud sexual en la Comunidad”: tanto la saturación del Centro Sanitario Sandoval, de referencia en ITS, las listas de espera para la PrEP y el caso de las personas con VIH y en situación administrativa irregular. El diputado y responsable de asuntos LGTBI en el grupo, Santiago Rivero, ha anunciado que pedirá la comparecencia del Consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, “para que dé cuentas de por qué” se está “negando la asistencia sanitaria, que es universal en España, a personas en situación administrativa irregular” lo que, a su juicio, “puede ser un problema de salud pública” en el caso de las personas con VIH.  

En 2020, un equipo de especialistas en VIH capitaneado por el doctor Ryan presentó una comunicación en el Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) sobre personas solicitantes de protección internacional infectadas por VIH. El estudio analizó 72 casos y concluyó que el 40% de los pacientes “no presentaban control virológico y mantienen conductas sexuales de riesgo”. “Las barreras para el acceso al tratamiento antirretroviral son los principales responsables de dicho problema”, indicaba.

En España, el Plan Nacional sobre el Sida ya se marcaba entre sus objetivos “garantizar el correcto seguimiento del paciente y la continuidad asistencial entre niveles asistenciales” y “garantizar la igualdad en el acceso a la prevención y la atención socio-sanitaria de las personas con el VIH”. Pero no solo eso. “En 1948, España firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se comprometió a garantizar el derecho a la salud de las personas residentes en España”, recuerda Pérez Meliá. Para la presidenta de Apoyo Positivo, el problema en Madrid es de voluntad política: “En la Comunidad nunca ha habido voluntad para acabar con el VIH, por eso no hay prevención, ni para atender a las personas que ya lo tienen”.

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¿Por qué se diagnostican las enfermedades cardíacas de manera tardía en las mujeres? ¿Padecen osteoporosis los hombres? Si la prevalencia del dolor es mayor en mujeres, ¿por qué se les administra menos analgesia? El sesgo de género en la atención primaria es, como desarrolla la catedrática de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Alicante, María Teresa Ruiz en su libro ' Perspectiva de género en medicina', el hecho de que “a igual necesidad sanitaria en hombres y mujeres se realice un mayor esfuerzo diagnóstico o terapéutico en un sexo respecto al otro, pudiendo contribuir a desigualdades en salud entre hombres y mujeres”.

También ocurre cuando se relaciona una enfermedad con un sexo determinado y, por tanto, se diagnostican tarde o peor algunas enfermedades como las cardiovasculares, las anginas de pecho o diabetes en mujeres o la depresión, enfermedades en la piel o la ELA en los hombres. Esto provoca que aumente el riesgo de hospitalizaciones urgentes, sobre todo en mujeres. Así lo han analizado este martes en el Curso de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) '¿Atendemos igual a los pacientes si son mujeres u hombres? Desigualdades de género en la atención sanitaria'.

Las desigualdades en el sistema sanitario comienzan desde la investigación científica. La investigadora y Doctora en Psicología por la UPV/EHU Olatz Goñi Balentziaga ha desarrollado durante el curso la idea de que las investigaciones con ratones hembras es menor a la de los machos porque se da por sentado que los organismos primeras son más cambiantes, lo que resulta más lento y caro para los investigadores.

Animales de ambos sexos deberían ser aceptados en investigaciones porque si cogiéramos solo machos o solo hembras tendríamos un 50% menos de información a la hora de realizar cualquier estudio"

Olatz Goñi Balentziaga — Doctora en Psicología por la UPV/EHU

“Una investigación realizada recientemente, un meta análisis en el que se han presentado 10.000 publicaciones concretamente, ha analizado los rasgos cambiantes en el comportamiento, la morfología, la fisiología y los detalles moleculares de un sujeto macho y otro hembra y ha concluido que las hembras no son más cambiantes o inestables que los machos. Eso quiere decir que claro que son cambiantes, pero también lo son los machos. Por lo tanto, animales de ambos sexos deberían ser aceptados puesto que si cogiéramos solo machos o hembras tendríamos un 50% menos de información a la hora de realizar cualquier estudio”, ha explicado Goñi.

Mireia Tena Garitaonaindia está realizando un Doctorado gracias a una beca para la formación de profesorado universitario (FPU) en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, concretamente en el departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Al igual que Goñi, Tena es importante “en cuanta a ambos sexos para poder tener una visión más real de lo que se investiga”. “En mi grupo de investigación trabajamos con ratones de ambos sexos para evitar el sesgo que esto provoca. Nuestro grupo investiga la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (que engloba las patologías colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn), una enfermedad que afecta por igual a hombres y mujeres, por lo tanto, no me parece correcto excluir a un grupo por obtener datos más homogéneos y así evitar tener datos dispares. Creo que deben tenerse en cuenta ambos sexos para poder tener una visión más real de lo que se está investigando. Las fluctuaciones hormonales que sufren las hembras pueden repercutir en otros procesos biológicos y por ello no responder de la misma forma a un mismo tratamiento”, ha señalado Tena.

Durante el curso también han llegado a esa misma conclusión. Los cuerpos de mujeres y hombres, al igual que el de los ratones machos y hembras son diferentes, tienen dolencias distintas y responden de forma diferente a los tratamientos, por eso es fundamental estudiar a ambos.

Muchos de los resultados dispares que hemos conseguido han sido por las diferencias en cuanto al sexo del ratón y por lo tanto hemos visto que es un factor importante en nuestra investigación y seguro que en muchas otras

Mireia Tena Garitaonaindia — Doctorando FPU en la Universidad de Granada

“A pesar de haber diferencias de prevalencia en función del sexo, evitar un grupo hará que no sepamos si el fármaco o tratamiento tendrá el mismo efecto en hembras hasta llegar a fases clínicas avanzadas. De ahí que ciertos fármacos o técnicas de detección de enfermedades no sean las más adecuadas para las mujeres. Mi grupo de investigación quiere entender los mecanismos moleculares que se producen en la colitis tanto en machos como en hembras, ya que lo que observemos será más fiel a la realidad. Muchos de los resultados dispares que hemos conseguido han sido por las diferencias en cuanto al sexo del ratón y por lo tanto hemos visto que es un factor importante en nuestra investigación y seguro que en muchas otras”, ha indicado Tena.

La investigadora y profesora de Enfermería en la UPV/EHU Nagore Zinkunegi ha presentado en el Curso de Verano una investigación sobre cómo está la situación en los hospitales vascos en cuanto al tratamiento de hombres y mujeres. El estudio se centra en los pacientes vascos de todas las edades durante los años 2016 y 2018. La conclusión principal a la que llega Zinkunegi es que las mujeres encabezan las hospitalizaciones urgentes en distintos diagnósticos.

En diagnósticos concretos, estadísticamente hablando, las mujeres tienen más peligro de ser hospitalizadas de forma urgente

Nagore Zinkunegi Zubizarreta — Investigadora y profesora de Enfermería en la UPV/EHU

“En diagnósticos concretos, estadísticamente hablando, las mujeres tienen más peligro de ser hospitalizadas de forma urgente. Por ejemplo, dentro de las neoplasias, en las neoplasias malignas de colon y recto. Las pruebas para detectar el cáncer de colon en mujeres no son las más adecuadas y por eso están desarrollando pruebas nuevas, pero esa es una posible razón de las hospitalizaciones urgentes, que se detecta la enfermedad cuando ya es tarde”, ha señalado Zinkunegi.

Para que esto no ocurra, las expertas han destacado la importancia de escuchar a la paciente sin paternalismos, porque hay ocasiones en las que quitar peso a una dolencia puede hacer que la enfermedad se detecte demasiado tarde o que la paciente no quiera volver a la consulta. “Si la pierdes, es más probable que luego aparezca en urgencias en lugar de haber realizado un seguimiento”, han concluido.

La mañana de este martes, el día en que Laura tenía cita para vacunarse, se levantó antes de la cuenta. Había quedado con su nieta para que la acompañase pero, cuando llegó a recogerla, su abuela no estaba en casa. La mujer peruana, de 80 años, se había plantado en el centro de salud más de media hora antes de su turno. Había esperado demasiado y no quería hacerlo más: le inyectaron su primera dosis cuando el 101%* de la población de su edad de Cantabria, donde vive, ya la había recibido. El 97,3% tenía ya la pauta completa.

Laura estaba impaciente porque, mientras semana a semana observaba en la televisión el avance de la vacunación entre los octogenarios de su comunidad, su hijo Armando movía cielo y tierra para lograr la inmunización de sus padres cuando les tocaba, a pesar de estar excluidos de la sanidad pública —en este caso por ser inmigrantes reagrupados por sus hijos, a los que el Gobierno exige un seguro privado—. Al no tener tarjeta sanitaria, sus datos no están en el sistema y los centros de salud no pueden llamarles para cerrar su cita. Solo lo logró a través de la intervención de 'Ciudadanía contra la exclusión sanitaria', una plataforma cántabra que lucha por la sanidad universal.

Aunque el plan de vacunación incluye a todos los residentes en España, independientemente de su nacionalidad y tipo de seguro, la falta de un plan estatal, el retraso de la activación de medidas regionales claras para llegar a estas personas y la escasez de información pública al respecto, sigue obstaculizando el acceso a la inmunización de quienes no tienen tarjeta sanitaria. Ante esta situación, algunas comunidades autónomas han impulsado medidas para que los residentes que no están dados de alta en el sistema de salud público puedan ser citados. Sin embargo, no todos los procedimientos son claros y accesibles y muchos afectados siguen encontrándose trabas y requieren la intervención de colectivos sociales para lograr su cita. El Ministerio de Sanidad, por el momento, no ha anunciado estar trabajando en ningún protocolo o recomendaciones al respecto para coordinar las iniciativas regionales.

“El principal problema radica precisamente en que por no contar con tarjeta sanitaria no están ya incorporadas al sistema y esto obliga a buscar iniciativas 'ad hoc' bastante rudimentarias en muchos casos, como que soliciten a ONG como la nuestra el listado de personas que conocemos que deberían ser vacunadas por su edad pero no tiene tarjeta sanitaria”, dice una portavoz de Médicos del Mundo. “No me publicites un teléfono de información donde no saben decirme a dónde debo acudir si no tengo tarjeta sanitaria. Asegúrate que todo el personal a cargo de informar a las personas usuarias reciben también toda la información correcta y la capacitación adecuada”, critica. Las organizaciones especializadas piden también más coordinación al Ministerio de Sanidad.

En general, las medidas activadas a nivel regional intentan, por un lado y en ocasiones sin éxito, establecer un canal para que los ciudadanos sin tarjeta sanitaria que quieran vacunarse puedan solicitar el alta en el sistema de salud de la comunidad que le corresponda y, así, sus datos pasen a formar parte de los listados de personas pendientes de vacunar y puedan ser citados. El otro tipo de planes en los que trabajan algunas comunidades busca una fórmula para llegar a aquellas personas extranjeras sin tarjeta sanitaria que, por desconocimiento, falta de información o por encontrarse en situación de exclusión, no acuden a los centros de salud a pedir ser vacunados, como la colaboración con ONG o instituciones sociales. En este grupo también se encuentran los dispositivos activados para alcanzar a las personas sin hogar, para las que algunas comunidades como Baleares o Aragón están manteniendo reuniones con ONG como Cruz Roja. 

La Comunidad Valenciana fue una de las primeras en comunicar de manera pública los pasos que tienen que seguir los ciudadanos sin tarjeta sanitaria para recibir sus dosis. La Consellería de Sanidad emitió una instrucción a principios de marzo en la que detalla que quienes no tengan tarjeta y no estén inscritos en el padrón municipal deberán acudir al centro de salud que les corresponda en función de su dirección de residencia y tramitar su inclusión en el Sistema de Información Poblacional (SIP), según detalla el periódico local Levante. 

Galicia también ha aprobado una instrucción pública en la que establece el procedimiento para citar a las personas sin tarjeta sanitaria. “Hay personas que residen en Galicia con otro tipo de cobertura sanitaria”, dice la Xunta, “por exportación de su derecho en su país de origen, privados, o cualquier situación similar”. Para llegar a ellos, el Gobierno regional ha puesto a disposición un número de teléfono donde les informarán de los pasos: tendrán que presentar un documento de identificación en vigor y el empadronamiento o cualquier documento que acredite su residencia en la comunidad (como un contrato de alquiler o facturas) y rellenar un formulario específico. 

También lo ha hecho Asturias: la Dirección General de Políticas y Planificación sanitarias ha enviado una instrucción en el que establece cómo dar de alta en el sistema de salud a estos ciudadanos. “Si no figura en la mencionada base de datos, se preguntará si reside en Asturias, y ante la respuesta afirmativa, se les dará de alta en SIPRES como ciudadano ”habitual“, con el tipo de aseguramiento o situación que corresponda”, según la directriz a la que ha accedido este medio. 

“La voluntad es vacunarlos, pero se complica con las trabas burocráticas”

El primer día que Armando acudió al centro de salud para solicitar la vacunación de su madre Laura y su padre Francisco en Cantabria, todo fueron negativas. No había ninguna orden para darles de alta en el sistema, aunque las autoridades insistieran en que todos los residentes en España serían vacunados. Después de preguntar en Cruz Roja, el ciudadano español de origen peruano contactó con la plataforma Ciudadanía contra la exclusión sanitaria, donde le han acompañado hasta conseguir que ambos progenitores hayan obtenido su primera dosis. La Consejería de Sanidad cántabra explica a elDiario.es que los ciudadanos sin tarjeta “deben acudir a su centro de salud más cercano para que le hagan una tarjeta temporal de cara a la vacunación”. Pero “no es tan fácil”, replica Mariví Sánchón, quien lleva meses acompañando a ciudadanos afectados: “Ese es el trámite que tienen que hacer, pero esa información no ha llegado a todos los centros de salud. No todos los mostradores saben cómo hacerlo. La voluntad es vacunarles, pero se complica por las trabas burocráticas”.

Canarias ha aprobado una instrucción al respecto esta misma semana, pero en ella solo se refiere a la vacunación de extranjeros con papeles que no tienen tarjeta sanitaria. “Las personas extranjeras residentes legalmente en el Archipiélago que no tengan tarjeta sanitaria pueden ser citadas para recibir la vacuna contra la COVID-19”, indica un comunicado difundido por la Consejería de Sanidad, que exige acudir al centro de salud y presentar un certificado de empadronamiento. Una portavoz de la institución apunta a que también cuentan con ONGs para “encontrar a las personas sin hogar que estén pendientes de vacunar”. Con respecto a los migrantes sin papeles acogidos en los campamentos aclara que “es gente muy joven y aún no están vacunando a ese rango de edad”.

Baleares asegura estar trabajando en “un plan de acción” con las ONG y recursos sociales para llegar a la población sin tarjeta sanitaria.

A partir del lunes, Castilla-La Mancha activará números de teléfono para cada una de sus gerencias de salud, al que las personas sin tarjeta sanitaria tendrán que llamar para obtener una cita en “atención al usuario” para que acredite su identidad y su residencia en la comunidad, tras lo que podrán proceder a la inminuzación, según un portavoz de la Consejería de Castilla-La Mancha.

En la Comunidad de Madrid de momento no hay una instrucción pública precisa sobre cómo proceder en estos casos, pero sí hay un correo electrónico interno enviado a las direcciones de los centros de salud que indica que estas personas deben ser inmunizadas, pero que no aporta indicaciones claras sobre el procedimiento que deben seguir. El email enviado por la dirección asistencial, a cuyo contenido a accedido elDiario.es, sostiene que una persona de más de 80 años en situación irregular o sin tarjeta sanitaria “debe ser vacunada” tras “garantizar identificación, que entra en rango de edad y que va a permanecer el tiempo suficiente” en la región para administrarle las dos dosis. 

Según la Consejería de Sanidad de la comunidad, el Ejecutivo pondrá en marcha este mes “una web para elegir sitio y hora para vacunarse en función de los tramos de edad que se vayan abriendo y al margen del tipo de aseguramiento”. Además, el Gobierno regional está trabajando “para llegar a través de los recursos sociales a todos los grupos que no tengan aseguramiento de ningún tipo”.

El colectivo Yo Sí Sanidad Universal continúa ayudando a ciudadanos sin tarjeta sanitaria que no saben qué deben hacer para darse de alta en el sistema y ser incluidos en la campaña. 

“La vacunación sigue siendo muy dificultosa. Si bien es cierto que hubo un correo interno en el que aseguramiento autorizaba a los centros de salud a vacunar a las personas extranjeras en función de su grupo de riesgo, lo cierto es que no dieron instrucciones precisas de cuál debería ser el procedimiento para hacerlo”, resume Nacho Revuelta, miembro de la red. “El resultado es que algunos centros de salud  ni siquiera tenían constancia de esta recomendación porque ha sido emitida en forma de un correo de dudas. No ha sido una instrucción clara donde se ha dado la orden. Otros centros de salud que sí tienen constancia, al desconocer el procedimiento para hacerlo, también han puesto pegas”. 

El correo no hace mención a los ciudadanos de otros grupos de edad que están siendo vacunados en grandes centros de vacunación, como el Wikzin Center o el hospital Isabel Zendal. “Estas personas no aparecen en ningún listado y no tienen ningún lugar al que dirigirse y ser vacunadas. Existe un teléfono de vacunación, pero no nos consta que se esté citando a estas personas”, dice Revuelta. “Algunas personas, en busca de soluciones, han llamado al centro de vacunación central y han conseguido que les vacunen allí. Es evidente que no hay una instrucción clara, no hay una práctica sistemática de vacunación con las personas extranjeras que están fuera del sistema sanitario”. 

Las actuaciones de Castilla y León se basan en una la solicitud de listados de personas que carezcan de tarjeta sanitaria a Médicos del Mundo y Amnistía Internacional. También se han puesto en contacto, a través del Servicio de Asuntos Migratorios, con la Red de Centros Integrales de Inmigración, con Cáritas y otras organizaciones. Pero, según admite una portavoz del Departamento de Salud, los resultados no son destacables: “El número de personas que nos envían es muy escaso”. 

Enviar una reclamación para conseguir vacunar a su madre

No obstante, el Gobierno castellanoleonés no ha dado indicaciones claras para ordenar a sus centros de salud permitir el alta en el sistema a los ciudadanos sin tarjeta sanitaria.

Para empezar a hacer los trámites que permitan vacunar a sus padres en Castilla y León, en concreto en Ávila, Lily tuvo que enviar una reclamación a la Gerencia de Salud de Ávila ante las negativas que se encontraba en su centro de salud. “Me dicen que no tienen orden de nada, que si no tenía un documento que lo ordenase, no podían darme de alta”, dice. Un mes después, la Junta le respondió por escrito con el procedimiento que debe seguir para dar de alta en el sistema a sus progenitores y que puedan ser citados: “Espero no tener problemas”, dice Lily.

Del mismo modo, en Navarra, el Departamento de Salud regional dice que la población migrante residente en la región se vacunará “independientemente de su situación administrativa” pero no aporta detalles de las directrices emitidas para lograrlo. Solo menciona que “las zonas básicas de salud, a través de trabajo social, se hace la captación de esta población de forma habitual”. 

En Murcia, solo están vacunando de momento “a los extranjeros que tienen tarjeta sanitaria por su grupo de edad”, según fuentes oficiales. El Departamento de Salud indica a este medio que no ha  tomado ninguna medida concreta para llegar a los extranjeros excluidos de la sanidad, pues se encuentran a la espera de que el Ministerio de Sanidad “indique” el plan que deben seguir.  

En Catalunya, Salut no ha visto por ahora necesaria la activación de medidas concretas para llegar a las personas sin tarjeta sanitaria porque, según defiende, en esta comunidad no hay nadie excluido con la legislación vigente, porque se puede pedir tarjeta aun sin estar empadronado y sin papeles. Aun así, entidades sociales han señalado algunas lagunas, como los que no han pedido la tarjeta todavía o están en proceso.

En esta misma línea, en el Departamento de Salud de Euskadi solo mencionan que intentan acceder a determinados colectivos, como las personas sin hogar, a través de convenios con organizaciones sociales. En Andalucía, por su parte, la Consejería se limita a explicar que están “trabajando en ello”.

Las medidas aplicadas, en general, no son suficientes para llegar a la población sin tarjeta sanitaria, según las organizaciones consultadas. “Existe bastante desconocimiento sobre el volumen real de personas que están en esta situación y sus características. Es necesario desplegar estrategias adecuadas de información y difusión, adaptadas a las condiciones sociales y culturales de toda la población que tiene que ser vacunada sepa cómo debe proceder. Pero deben ser estrategias y herramientas que realmente funcionen”, dice una portavoz de Médicos del Mundo.

Para las ONG sanitarias, la base del problema se encuentra en la legislación actual, con la que el Gobierno trató de recuperar la sanidad universal, pero que dejó una serie de grietas que mantiene la exclusión, una situación que ha empujado al Ejecutivo a iniciar los trámites para crear una nueva normativa. “Estamos hablando, en definitiva, de una población a quien se ha tenido fuera del sistema de salud y todos los planes o protocolos para implementar la campaña de vacunación están condicionados al funcionamiento de este sistema.la pandemia saca a la luz las deficiencias de una sanidad que realmente no es universal y equitativa”, dice un portavoz de Médicos del Mundo.

*Nota: El porcentaje superior al 100% se debe a desajustes del censo, producidos por diversas razones. Por ejemplo, las comunidades autónomas toman de referencia el censo de 2020, por lo que pueden producirse cambios con respecto a la población residente en cada región un año después. Tampoco incluye a ciudadanos que no están empadronados o a los desplazados desde otra comunidad.

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Con información de: Pau Rodríguez (Catalunya), Rodrigo Saiz (Navarra), Iker Rioja (Euskadi), Laura Martínez (Comunidad Valenciana), Elisa Reche (Murcia), Laro García (Cantabria).

El movimiento 'Yo Sí, Sanidad Universal' quiere llevar al Tribunal Constitucional la exclusión sanitaria de ascendientes reagrupados --madres y padres que han obtenido la tarjeta de residencia como familiares de sus hijos españoles--, tras la sentencia del Supremo que ratificó el criterio del Ejecutivo para denegar su acceso a la sanidad pública. Ante la escasez de fondos suficientes para emprender nuevas vías judiciales, el colectivo ha iniciado un crowdfunding con el objetivo de recopilar 15.000 euros para afrontar los costes ligados al proceso.

La organización, que en 2017 creó el grupo de 'Afectadas por el INSS', recuerda que tras haber llevado a juicio en varias ocasiones al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), “la respuesta fuera unánime”: tenían que “reconocer el pleno derecho a la sanidad pública y otorgarles la tarjeta sanitaria”. Ante las sentencias en su contra, el Gobierno recurrió al Tribunal Supremo y éste respaldó el criterio del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo de denegar el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes con papeles reagrupados a España por sus hijos de nacionalidad española.

En 31 de julio de 2018, el gobierno de Pedro Sánchez aprobaba un Real Decreto que recuperaría la sanidad universal, y atendían así a las demandas de organismos internacionales como la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, denuncian que no solucionaba la reforma del Partido Popular, y en algunos aspectos “ha ido a peor”. Entre los casos excluidos detectados por la organización se encuentran migrantes reagrupados (ascendientes de residentes comunitarios o españoles), mujeres embarazadas sin papeles y menores que no superan los 90 días de estancia en España o no puedan acreditarlo o la emisión de facturas en urgencias.

Desde el Ministerio de Sanidad confirman la exclusión en el caso de los reagrupados, mientras que los episodios detectados en embarzadas, menores y urgencias los achaca a una interpretación errónea de la nueva legislación por parte de determinadas comunidades autónomas.

Desde Yo Sí Sanidad Universal explican a eldiario.es que su primer objetivo es recurrir al Tribunal Constitucional las sentencias del Supremo que ratificaron la exclusión sanitaria de los ascendientes reagrupados. Posteriormente, no descartan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según detalla el colectivo, la estrategia legal estará centrada en tomar acciones contra la exclusión de este colectivo del INSS, pero también contra los servicios de salud autonómicos y el Ministerio de Sanidad “por no poner los medios para hacer efectiva la Ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud”.

'Yo Sí, Sanidad Universal', considera que la exclusión de migrantes reagrupados supone un retroceso “gravísimo” en la protección del derecho a la salud en España, pues implica la exclusión “de un colectivo numeroso y especialmente vulnerable”, compuesto por personas mayores con dificultades incluso para acceder a seguros privados. Por ello, están preparando nuevas acciones legales, para llevar a instancias superiores a los organismos competentes en materia de sanidad a nivel estatal y autonómico por incumplimiento de la normativa nacional y europea.

El 31 de julio de 2018 la sanidad pública volvía a ser universal. La entonces ministra de Sanidad anunciaba días antes la aprobación del Real Decreto 7/2018 que acabaría con años de la exclusión sanitaria ligada a la reforma del Partido Popular. “Una sociedad justa no deja a nadie atrás. Hoy se recupera la universalidad en el derecho a la salud”, defendía Carmen Montón en rueda de prensa. Un año después, las organizaciones especializadas han documentado 1.358 casos de falta de acceso a la asistencia normalizada, entre los que se incluyen embarazadas, menores, episodios de urgencias y enfermos con cáncer, problemas cardiovasculares o VIH.

Los casos documentados por este medio y los datos recopilados por ONG apuntan a que la normativa de Pedro Sánchez sí está dejando a gente atrás. Aunque el Real Decreto devolvió el derecho a la sanidad pública a las personas en situación irregular residentes en España, la redacción del texto deja una serie de grietas por donde, en la práctica, surgen distintas trabas administrativas al acceso a la asistencia gratuita.

Desde el 31 de julio de 2018, la Plataforma REDER (que aglutina a más de 300 organizaciones en defensa de la Sanidad Universal, como Médicos del Mundo), Amnistía Internacional y el colectivo Yo Sí Sanidad Universal han tenido que apoyar a 1.358 ciudadanos que veían impedido su acceso al Sistema Nacional de Salud.

Entre ellos se encuentran 55 mujeres embarazadas, 116 menores de edad, 44 solicitantes de asilo y 85 facturaciones en urgencias, según ha informado Médicos del Mundo a eldiario.es. La organización destaca algunas de las dolencias que “no han sido debidamente atendidas” ante determinadas trabas de acceso a la sanidad universal que aún persisten: 23 casos de cáncer, 22 pacientes con enfermedades cardiovasculares, 24 episodios de diabetes, 21 personas con hipertensión, 12 ciudadanos VIH o 14 con problemas de salud mental grave, especifican los datos recogidos por la Plataforma REDER.

Excluidos por llevar menos de 90 días en España

Mientras las ONG culpan al Gobierno por la “ambigüedad” de la normativa, desde Sanidad responsabilizan a las comunidades autónomas de “la mayoría” de los casos de exclusión sanitaria detectados en el último año. “Son incumplimientos de las comunidades autónomas”, defienden fuentes oficiales del Ministerio. Las organizaciones apuntan como mayor obstáculo la imposición del requisito de demostrar una estancia en el país superior a 90 días.

El Real Decreto de Pedro Sánchez contempla estos casos: aunque en principio las personas sin papeles no tienen derecho al sistema de salud hasta cumplir los tres meses en España, pueden ser atendidos antes de cumplir los 90 días de estancia mediante la presentación de un informe social que acredite la necesidad de ser asistidos. No obstante, en la aplicación de la normativa por parte de las comunidades autónomas decenas de ciudadanos están siendo excluidos, incluso embarazadas, menores y urgencias.

En junio, Sanidad emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las comunidades autónomas en la expedición del documento que acredita a personas extranjeras sin papeles para recibir asistencia sanitaria, pero no aborda la situación de los pacientes con menos de tres meses de residencia en España. Según explican fuentes del Ministerio a eldiario.es, un grupo de trabajo “está trabajando” en la creación de una nueva batería de indicaciones centradas en estos casos que serán aprobadas “próximamente”.

“La naturaleza del Real Decreto es que, siempre que no haya un tercero que le cubra, esté cubierto por la administración. Si llevan menos de 90 días, accederán a ella a través de un informe social que evidencie que no cuentan con un tercero que cubra de sus asistencia y determine su falta de recursos también queda cubierto”, argumentan desde Sanidad.

Precisamente, otra de las excepciones que está marginando a más personas de la asistencia pública hace referencia a la exigencia impuesta a algunas personas extranjeras de acreditar una cobertura obligatoria sanitaria por otra vía, como por ejemplo, el requisito establecido por la Ley de Extranjería de contar con un seguro médico privado para obtener el permiso de residencia por reagrupación familiar.

El caso de los reagrupados tras la sentencia del Supremo

En este sentido, el Ejecutivo de Sánchez no ha respondido a la exclusión sanitaria de los inmigrantes con residencia regular a través de la reagrupación familiar tramitada por sus hijos de nacionalidad española. Desde el 31 de julio de 2019, las ONG han detectado 35 casos de padres y madres extranjeros sin asistencia sanitaria normalizada. El Gobierno, apelando a la Ley de Extranjería, exige a estos ciudadanos, generalmente de avanzada edad, contratar un seguro médico privado para obtener la residencia por esta vía.

Sin embargo, no siempre sus pólizas acaban cubriendo el tratamiento de enfermedades graves surgidas una vez asentados en España o estos no pueden permitirse el pago de la medicación, con lo que el riesgo aumenta. eldiario.es ha documentado casos de enfermos con cáncer a los que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Trabajo, ha denegado la tarjeta sanitaria hasta que la justicia acababa por reconocer su derecho al acceso al Sistema Nacional de Salud.

El pasado mes de junio, sin embargo, el Tribunal Supremo respaldó el criterio del Gobierno en la denegación de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes reagrupados por sus hijos en España, oponiéndose a lo concluido por al menos 80 sentencias de otros juzgados españoles que sí les reconocían este derecho. En este sentido la Sala de los Social concluyó tras un recurso interpuesto por el INSS que los padres y madres de ciudadanos españoles deben contar con prestación sanitaria por otra vía, es decir, un seguro privado.

Ante la publicación de casos de enfermos sin asistencia sanitaria con enfermedades muy graves, fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron a este medio que “el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) está buscando la manera para conceder la sanidad a estas personas, pero de momento aplica la Ley”. No obstante, una de las legislaciones mencionadas a la hora de denegar el acceso sanitario a los reagrupados, tanto por las resoluciones del INSS como por el Supremo, es el Real Decreto aprobado por el PSOE.

“En la última sentencia conocida tras el fallo del Supremo, el juez menciona la ley del PSOE como argumento principal para denegar el derecho a la atención sanitaria: 'tras la modificación operada por el RD Ley 7/2018, la actora no tiene derecho a la asistencia sanitaria', denuncian desde Yo Sí Sanidad Universal.

Cinco meses después de estas declaraciones, eldiario.es ha preguntado de nuevo al departamento liderado por Magdalena Valerio sobre posibles medidas del Gobierno para garantizar la asistencia a este colectivo en casos vulnerables, pero por el momento no ha recibido respuesta. Desde Sanidad recuerdan que existe “una sentencia” que avala este requisito, pero no detallan si el Ejecutivo trabaja en una respuesta para casos de enfermos graves reagrupados que no puedan costearse un tratamiento.

Karla (nombre ficticio) acababa de llegar a Madrid cuando conoció su estado de embarazo. “Vine a encontrar un trabajo para enviar dinero a mi hija, aquí no tengo nada aún”, explica la mujer a eldiario.es. En su país, Honduras, el aborto está penado. En España es un derecho reconocido para todas las mujeres que no hayan superado la semana 14 de gestación, pero ella, como otras embarazadas en situación irregular, se chocó con una carrera de obstáculos para acceder a la sanidad pública y conseguir interrumpir su embarazo en el plazo establecido.

Women's Link y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) han denunciado ante el Defensor del Pueblo las trabas que enfrentan mujeres migrantes en situación irregular para abortar. El origen de la discriminación se remonta a la reforma sanitaria del Partido Popular, que excluyó de la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles, salvo embarazadas, menores y casos de urgencias. Sin embargo, la indefinición de la normativa se traducía en la práctica en numerosos casos de mujeres a las que negaban acceder al sistema nacional de salud a pesar de su embarazo. Tras la entrada en vigor del Real Decreto 7/2018, aprobado por Pedro Sánchez en julio para “recuperar la sanidad universal”, persisten los problemas en la aplicación de la ley.

La nueva normativa deja una serie de grietas que permiten la elevación de barreras de los gobiernos autonómicos a la asistencia sanitaria de diversos colectivos, entre ellos, las mujeres embarazadas sin papeles que lleven menos de 90 días residiendo en España o no puedan demostrar una estancia superior a tres meses. Y cuando estas quieren abortar, las dificultades de acceso al sistema sanitario retrasa la ejecución de su derecho.

El testimonio de Karla, recabado por eldiario.es, se añade a otros seis casos de mujeres migrantes en situación irregular, documentados por Women's Link y la CIMTM, que se encontraron con trabas para abortar en la Comunidad de Madrid a cargo de fondos públicos.

De los seis casos incluidos en la denuncia ante Francisco Fernández Marugán, la mitad ha tenido lugar cuando la reforma sanitaria del Partido Popular se encontraba en vigor; mientras que los otros tres restantes ocurrieron tras la puesta en marcha del real decreto sanitario del PSOE. Según las ONG, se trata de mujeres que “se encontraban en situación de vulnerabilidad”, por estar en situación irregular y, algunas de ellas, “eran víctimas de trata o explotación sexual”.

Los casos

Mercy (nombre ficticio), de origen nigeriano, es una de ellas. Acumulaba nueve semanas de embarazo cuando solicitó la interrupción voluntaria. Según la información facilitada por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Mercy presentó su pasaporte y el empadronamiento actualizado, pero le denegaron el acceso a la sanidad. “Le comunicaron que debía realizar un trámite la Tesorería de la Seguridad Social y, además, le pidieron un contrato de trabajo en España o un permiso de residencia en vigor”, explican. La Comisión acudió a las oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social donde les indicaron que la entrega de ese documento requerido no forma parte del ejercicio sus competencias“.

Las trabajadoras de la ONG que realizaron los acompañamientos regresaron al centro de salud donde les volvieron a negar la asistencia “hasta en dos ocasiones”. Finalmente, lograron completar el trámite necesario para acceder al sistema nacional de salud y, con ello, a su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Habían pasado 15 días. Se encontraba en la semana 11 de gestación, muy cerca del límite legal para abortar, de 14 semanas, aseguran desde la organización.

“Los obstáculos detectados en el acceso a la sanidad pública por parte de personas migrantes en situación irregular tienen un impacto específico en las mujeres y niñas y, particularmente, en sus derechos sexuales y reproductivos y, concretamente, en su derecho al aborto”, sostienen desde Women's Link.

En octubre de 2018, la Comisión detectó otro de los episodios incluidos en la queja. María (nombre falso), una mujer de origen búlgaro, en situación administrativa irregular, “con indicios de ser una potencial víctima de trata con fines de explotación sexual solicitó interrumpir su embarazo”, describen las organizaciones firmantes. El centro de salud negaba el acceso a la sanidad por no disponer del empadronamiento, relatan, por lo que la afectada y la trabajadora del Centro de Atención Integral a la Mujer Concepción Arenal (que efectuaba la labor de acompañamiento) decidieron acudir a a otro centro de salud (el centro de salud Maqueda) en Madrid, en el que también le negaron el acceso al sistema “a pesar de haber presentado un informe del centro certificando el lugar preciso en donde la mujer tenía su domicilio habitual”.

Después de que el centro Concepción Arenal, de titularidad municipal, solicitase una reunión con la directora del centro de saludo y “tras una larga espera, el personal administrativo del centro de salud accedió” a introducir en el sistema, lo que le permitió interrumpir voluntariamente su embarazo.

¿Por qué no pueden acceder a la sanidad?

En el caso de las personas en situación irregular, por lo general, se ha recuperado su derecho a la asistencia sanitaria, considerándose uno de los logros de la nueva legislación. Excepto cuando las personas sin papeles llevan menos de tres meses en España o no pueden acreditar una estancia mayor de 90 días en el país debido a, por ejemplo, problemas en la tramitación de su empadronamiento.

El Real Decreto de Pedro Sánchez contempla estos casos: aunque en principio no tienen derecho al sistema de salud hasta cumplir los tres meses en España, pueden ser atendidos antes de cumplir los 90 días de estancia mediante la presentación de un informe social que acredite la necesidad de ser asistidos.

En “aquellos casos en que las personas extranjeras se encuentren en situación de estancia temporal (menos de 90 días en España)” será necesaria “la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades autónomas”, reza la normativa. No especifica, sin embargo, el modo de actuar ante embarazadas, menores o urgencias, lo que se está traduciendo en casos de exclusión sanitaria de estos perfiles más vulnerables.

Hasta enero de este año, Médicos del Mundo identificó al menos 17 casos de mujeres embarazadas con problemas a la hora de recibir asistencia sanitaria tras la puesta en marcha de la normativa sanitaria de Pedro Sánchez.

El caso de la Comunidad de Madrid

Las interpretaciones restrictivas de la nueva legislación se están produciendo en casos de exclusión documentados en la Comunidad de Madrid por Médicos del Mundo. La Consejería de Sanidad lanzó hace cerca de un año instrucciones a través de sus cursos de formación destinados a los funcionarios para que el personal administrativo diferencie, mediante la comprobación de su pasaporte o visado, entre un migrante que resida en España en situación irregular y un turista, como confirmó el Ejecutivo regional a eldiario.es. En la práctica, estas indicaciones están derivando en la exclusión de embarazadas sin papeles cuya residencia en el país no supera los 90 días, como lleva denunciando desde entonces Yo sí Sanidad Universal.

La falta de asistencia médica a embarazadas con menos de tres meses de estancia en España ya se producía en la Comunidad de Madrid durante la etapa del PP en el gobierno central, pero la norma aprobada por el PSOE no ha acabado con ella por el momento. Desde el Ministerio de Sanidad defienden que “la norma es clara” y consideran que el problema se produce debido a una aplicación incorrecta por parte del Gobierno autonómico. Además, las mismas fuentes recuerdan a eldiario.es que la intención del Ejecutivo de Sánchez era desarrollar una ley que sustituyese al real decreto, que podría incluir nuevas enmiendas, pero su tramitación parlamentaria se frenó tras la disolución de las cortes.

Cada vez que acudió al centro de salud de Villa de Vallecas para recibir asistencia sanitaria, Karla se enfrentaba a negativa tras negativa. “Me decían que no tenía derecho porque, al estar menos de 90 días, era como si estuviese de turismo”, explica la mujer, que trató de arreglar la situación en este ambulatorio madrileño y, posteriormente, en el Hospital Ramón y Cajal.

“Me pedían el papel del empadronamiento, pero la fecha que aparecía era la del 27 de diciembre, aunque yo llegué a España el 29 de octubre. Entonces, el personal de administración respondía que no podía ir al médico hasta el 27 de marzo”, detalla la mujer. “Pasaban los días y tenía más angustia. Acababa de llegar a España, no tenía trabajo, tenía que centrar todos mis esfuerzos en la hija que tengo allá”, reconoce Karla. La mujer, de 28 años, contactó con Médicos del Mundo Madrid. Entonces, a través del acompañamiento de la organización, logró acceder al sistema sanitario.

Poco después, acudió a la Clínica El Bosque, en Madrid, para proceder a la interrupción voluntaria de su embarazo.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo se reunirá en pleno el próximo 24 de abril para unificar la doctrina existente acerca de la exclusión sanitaria de inmigrantes con papeles en España, a raiz de un recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Trabajo. La sala ha decidido convocar a todos los magistrados que la conforman “dadas las características de la cuestión planteada y su trascendencia”.

“Estima la sala que, dadas las características de la cuestión planteada y su trascendencia, procede su debate por la sala en Pleno”, han señalado tres magistrados de la sala de lo Social del Supremo en una providencia a la que ha accedido eldiario.es. “A tal efecto, se suspende el señalamiento acordado, trasladando el mismo para el 24 de abril de 2019, para cuya fecha se convocará a todos los magistrados de la sala”, reza el documento.

Los inmigrantes con residencia en España tramitada por sus hijos nacionalizados conforman uno de los colectivos perjudicados por la reforma sanitaria de la etapa de Mariano Rajoy, que el Ejecutivo de Sánchez ha mantenido en el Real Decreto Ley que pretendía corregirla, aprobado en julio.

Según publicó eldiario.es y han confirmado los ministerios de Trabajo y Sanidad, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) deniega la tarjeta sanitaria a estas personas alegando su obligación de poseer un seguro médico para obtener la residencia en España, apelando a la Ley de Extranjería. Entre ellos se encuentran casos de enfermos de cáncer, como Juan y Guadalupe*, documentados por este medio.

El Alto Tribunal ha entendido que la exclusión sanitaria de los inmigrantes reagrupados se trata de un asunto lo suficientemente importante como para tomar la decisión en pleno. La respuesta del Supremo se refiere al recurso de casación registrado por el Instituto Nacional de Seguridad Social en contra de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que reconoció en marzo de 2018 el derecho a la sanidad pública gratuita de un inmigrante colombiano con residencia en España a través de la reagrupación familiar de su hija, de nacionalidad española.

Esta es solo una de las al menos 60 sentencias que han dado la razón a los ascendientes reagrupados por sus hijos españoles, a los que la Seguridad Social continúa denegando su tarjeta sanitaria. Las únicas sentencias a las que ha accedido eldiario.es que respaldan al Instituto Nacional de Seguridad Social en el rechazo de la sanidad a este colectivo provienen del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y del juzgado de lo social número 5 de Madrid. El auto de la corte catalana estudia un caso en el que la persona afectada no es ascendiente de una ciudadana española, como el resto de afectados mencionados.

El INSS ha utilizado este fallo para recurrir ante el Supremo una serie de sentencias de tribunales de justicia de distintas comunidades autónomas que ordenaban la concesión de la tarjeta sanitaria a los afectados. Su objetivo es que el Alto Tribunal unifique doctrina al respecto.

Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha rechazado el uso la sentencia del caso de Catalunya para unificar doctrina con respecto a las concluidas en el resto de casos de reagrupados en régimen comunitario. Según sostiene, los perfiles de afectados son distintos, lo que obligaría a aplicar normativas diferentes. El excluido de la sanidad pública, en este caso, no es ascendiente de una ciudadana española, sino de una mujer ucraniana con residencia legal en España por lo que el fiscal entiende que ambos episodios no son equiparables.

La espera de los afectados

Mientras, los afectados esperan. Juan, de origen mexicano, vive en España de forma regular por la reagrupación familiar tramitada por su hijo, de nacionalidad española. Ha sido diagnosticado de cáncer de próstata hace once meses, pero aún no ha podido recibir el tratamiento médico necesario para evitar la propagación de la enfermedad. El hombre, de 76 años, contrató un seguro, pero no le cubre la atención requerida.

Para los reagrupados excluidos, la Justicia se ha convertido en la única vía para recibir atención médica con cargo a los fondos públicos. Los plazos de esta, sin embargo, no encajan con la urgencia requerida ante la detección de una enfermedad grave, como el cáncer de Juan. El ciudadano mexicano acaba de recibir la notificación de su fecha de juicio: febrero de 2020. Mientras, se ha visto obligado a financiar un “tratamiento paliativo” para evitar que el tumor se extienda hasta obtener una respuesta de los tribunales. Su caso ya ha llegado a la prensa mexicana.

Entre los excluidos también está Guadalupe*, con cáncer de pecho y endometrio, que se ha operado a través de un seguro privado que costea a duras penas. A diferencia de Juan, ella no ha acudido a los tribunales porque aún se encuentra a la espera de una respuesta tras recurrir la resolución en la que el INSS deniega su acceso a la sanidad. Desde que el Gobierno aprobó la reforma de la “recuperación de la sanidad universal”, Médicos del Mundo ha documentado al menos 10 casos de inmigrantes reagrupados en esta situación.

El Ministerio de Trabajo explica la exclusión de la sanidad pública de los inmigrantes reagrupados en España como algo, por ahora, inevitable. “El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) está buscando la manera para conceder la sanidad a estas personas, pero de momento aplica la Ley. Y la ley es la ley”, defienden fuentes del departamento. Sin embargo, 60 sentencias concluyen que el argumento del INSS para denegar sus tarjetas sanitarias contradice la legislación, frente a dos fallos que les dan la razón. La Seguridad Social ha recurrido varios casos ante el Tribunal Supremo.

En 30 casos, Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas han reconocido el derecho a la sanidad pública de los inmigrantes con residencia tramitada por sus hijos con nacionalidad española, mientras que el Ejecutivo actual (como venía haciendo el Gobierno del PP) se la sigue denegando de forma sistemática. A estos autos se suman al menos otros 30 alcanzados por juzgados de instancias inferiores, recurridos por el INSS.

Apelando a la normativa que regula la residencia de los ciudadanos comunitarios, el Ministerio de Trabajo defiende que los afectados tienen la obligación de contratar un seguro médico privado para obtener la residencia en España y, por esta razón, niegan su acceso a la sanidad pública. En contraposición, los juzgados superiores de justicia desacreditan su interpretación de la normativa.

Desde 2014, la gran mayoría de sentencias han desmontado los argumentos con los que el Ejecutivo de Mariano Rajoy denegaba la tarjeta sanitaria a este colectivo. A la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, y a pesar de la aprobación del Real Decreto Ley de “sanidad universal”, el INSS mantiene el mismo criterio y, además, ha recurrido ante el Tribunal Supremo al menos dos casos con el objetivo de unificar la doctrina al respecto, utilizando como modelo el único fallo de un tribunal superior de justicia que les da la razón al que ha accedido eldiario.es.

Frente a las 60 sentencias que condenan a la Seguridad Social por denegar la asistencia sanitaria a los padres reagrupados de ciudadanos extranjeros, el Ministerio de Trabajo continúa justificando la exclusión sanitaria porque “así lo recoge la legislación” en materia de Extranjería. Según defienden fuentes del departamento dirigido por Magdalena Valerio, “el INSS está buscando la fórmula legal para dar la sanidad a estas personas, porque el objetivo de este gobierno es que esa gente no quede desamparada”. No obstante, matizan, “el INSS aplica la ley, y la ley nos lo impide”, continúa.

Las mismas fuentes han explicado a eldiario.es que la Seguridad Social ha sopesado “10 posibilidades” para conceder la sanidad a los reagrupados en régimen comunitario pero “ninguna es posible”. Entonces, si su objetivo es lograr la vía para devolver la sanidad a este colectivo, ¿por qué el INSS sigue recurriendo las sentencias que les dan la razón? “Esos son asuntos asuntos jurídicos y sobre ello no hacemos declaraciones”, responden desde el Ministerio.

La rigidez de la norma descrita por las fuentes oficiales de Seguridad Social choca con los argumentos esgrimidos por la Justicia. A lo largo de 60 sentencias, distintos magistrados han concluido que, en realidad, la ley ampara la asistencia sanitaria de estas personas. Por un lado, una parte de los autos a los que ha accedido eldiario.es concluyen que la legislación en realidad no exige a los familiares de los ciudadanos de la Unión Europea tener cubierta la sanidad por cuenta propia, como insiste el Ministerio de Trabajo.

Otras sentencias resaltan que, en el caso de contar con un seguro privado, este no supone la retirada de su derecho al acceso al sistema nacional de salud.

“No tiene que acreditar cobertura sanitaria”

“No es el demandante quien debe cumplir las condiciones [entre ellas, un seguro médico en España], sino su familiar, ciudadano de la Unión Europea”, concluyó el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares en una sentencia de diciembre de 2018, a la que ha tenido acceso eldiario.es. “Por consiguiente, decae el recurso planteado por el INSS referido a tener una cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, por lo que el demandante tiene derecho a la condición de asegurado o beneficiario del sistema nacional de salud”, recalca el fallo.

Una explicación similar aparece recogida en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de este mes acerca de la denegación de la asistencia sanitaria a una ciudadana colombiana con residencia en España tramitada por su hija española: “El criterio dominante en el orden contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores es que en el reagrupamiento de familiares extranjeros no comunitarios de un ciudadano español no se exige el cumplimiento de los requisitos del artículo 7 del Real Decreto 240/2007”, como defiende el INSS.

Para rechazar las solicitudes de tarjeta sanitaria de los ascendientes reagrupados de ciudadanos españoles, la Seguridad Social apela al artículo 7 de la normativa de Extranjería de ciudadanos comunitarios (RD 240/2007). Al menos 11 sentencias apuntan a que se debe aplicar el artículo ocho, que no exige seguro médico, y no el artículo siete, que sí lo hace.

En este sentido, esgrimen los magistrados del TSJM, la afectada, para obtener la residencia, “no tendría que acreditar [...] ni la suficiencia de recursos económicos ni la cobertura sanitaria durante su estancia en España, por lo que no cabe presumir la existencia de esa cobertura cuando no consta si para darle la tarjeta se le exigió aportar el correspondiente seguro sanitario”.

Así, según destaca el tribunal, la cobertura de la prestación de asistencia sanitaria no es necesaria para otorgar la autorización de residencia a este colectivo. La normativa se lo exige “al ciudadano de la UE y no al familiar que le acompañe”, refleja la sentencia del TSJM emitida en febrero de este año.

La mayoría de las sentencias dan un paso más allá y establecen que todas las personas que tengan permiso para vivir en España tienen derecho al acceso al sistema nacional de salud. “La Ley vigente que regula el régimen de asistencia sanitaria a los extranjeros otorga la condición de beneficiario a los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, sin más requisitos, límites o concreciones”, reza un auto del Juzgado de lo Social de Madrid número 41 emitido en julio de 2017.

“Consecuentemente, cualquier ciudadano extranjero con residencia legal en España tiene derecho a la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud en las mismas condiciones y con el mismo contenido que los españoles directamente asegurados”, continúa el magistrado. “Independiente de que tenga o no contratado un sistema de aseguramiento público o privado de una u otra amplitud; ninguna norma impide a un beneficiario del Sistema de Salud contratar aseguramiento privado y elegir a quien solicita la asistencia”.

Los casos en los que la Justicia da la razón al INSS

Las únicas sentencias que dan la razón al Instituto Nacional de Seguridad Social provienen del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y del juzgado de lo social número 5 de Madrid. El auto de la corte catalana estudia un caso en el que la persona afectada no es ascendiente de una ciudadana española, como el resto de afectados mencionados.

Sin embargo, el INSS ha utilizado este fallo para recurrir ante el Tribunal Supremo una serie de sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas en los que la Justicia había reconocido el derecho a la sanidad a los afectados. Su objetivo es unificar la doctrina emitida entre las más de 60 sentencias que acumula en contra de su criterio, tras obtener un auto del TSJC que le da la razón.

En uno de los procesos, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha rechazado el uso de esta sentencia del caso de Catalunya, referente a la asistencia sanitaria de una ciudadana ucraniana, para unificar doctrina con respecto a las concluidas en el resto de casos de reagrupados. Según sostiene, los perfiles de afectados son distintos, por lo que requieren la aplicación de normativas diferentes. El afectado por la denegación de la tarjeta sanitaria, en este caso, no es ascendiente de una ciudadana española, sino de una mujer ucraniana con residencia legal en España por lo que, según el fiscal, ambos episodios no son equiparables.

Por otro lado, en febrero de 2018, el Juzgado de lo Social número 5 de Madrid ha dado la razón a la Seguridad Social y sí observa en la legislación española la necesidad de tener un seguro privado para solicitar la residencia en España en régimen comunitario. “Si el actor tiene permiso de residencia temporal superior a los tres meses sin duda ha debido aportar la documentación correspondiente y, en concreto, contar con un seguro público o privado de enfermedad”, sostiene el único fallo al que ha accedido este medio que desestima el acceso a la sanidad de padres extranjeros de ciudadanos españoles.

En este caso, en vez de contemplar la normativa específica sobre la residencia de familiares de ciudadanos comunitarios, el magistrado se fija en la Ley de Extranjería.

Es su única puerta abierta a la posibilidad de recibir tratamiento a cargo del sistema nacional de salud, pero se retrasa demasiado. Juan*, el ciudadano mexicano enfermo de cáncer de próstata al que el Ejecutivo deniega su tarjeta sanitaria, acaba de recibir la fecha de la celebración del juicio sobre su derecho a la sanidad: febrero de 2020.

“Dentro de un año... Otra injusticia más”, lamenta su hijo, del mismo nombre, tras conocer el día de la citación en los Juzgados de lo Social de Madrid. Decenas de sentencias están dando la razón a los inmigrantes con residencia en España tramitada por sus hijos españoles, a los que el Ministerio de Trabajo deniega de forma sistemática su tarjeta sanitaria. Acudir a los tribunales se ha convertido en la única vía de los afectados reagrupados para acceder a la sanidad pública.

Los plazos de la Justicia, sin embargo, no encajan con la urgencia requerida ante la detección de una enfermedad grave, como el cáncer de Juan. El ciudadano mexicano, de 76 años, fue diagnosticado hace once meses pero aún no ha recibido el tratamiento que le recomienda su médico del seguro privado, operación o radioterapia, dado que no puede recibir sanidad pública gratuita y su póliza contratada con la empresa DKV no se lo cubre.

Juan, en una reciente entrevista con eldiario.es, se mostraba esperanzado ante la posibilidad de que la Justicia le diese la razón y obtuviese la tarjeta sanitaria, pero la celebración del juicio se retrasará más de lo esperado. “A mi madre le han dado el juicio para septiembre, es tarde, pero razonable. Mi padre, el caso más grave, lo tendrá en febrero del año que viene. No lo entiendo”, lamenta el hijo, con nacionalidad española, que pretende enviar un escrito al juzgado para suplicar que tengan en cuenta la enfermedad de su padre.

“Tras conocer la noticia, él está mal, claro. Pero es una persona fuerte, entera. Con principios. Él dice: vamos a seguir luchando que es lo único que podemos hacer”, continúa. De momento, han optado por financiar un “tratamiento paliativo” recomendado por el seguro privado con un coste de 500 euros cada seis meses, especifica.

“Esto le ayuda mientras tanto, porque detiene temporalmente la posibilidad de expansión del tumor. Eso es lo único que nos garantiza de momento que no se extienda, pero mi padre necesita una cirugía o radioterapia”, indica Juan*, que ha vivido en España durante más de una década y en la actualidad cuenta con la nacionalidad española.

“Una persona con cáncer no puede esperar”

Los inmigrantes con residencia en España tramitada por sus hijos nacionalizados conforman uno de los colectivos perjudicados por la reforma sanitaria de la etapa de Mariano Rajoy, que el Ejecutivo de Sánchez ha mantenido en el Real Decreto Ley que pretendía corregirla, aprobado en julio.

Según publicó eldiario.es y han confirmado los ministerios de Trabajo y Sanidad, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) deniega la tarjeta sanitaria a estas personas alegando su obligación de poseer un seguro médico para obtener la residencia en España, apelando a la Ley de Extranjería.

Entre ellos también está Guadalupe*, con cáncer de pecho y endometrio, que se ha operado a través de un seguro privado que costea a duras penas. A diferencia de Juan, ella no ha acudido a los tribunales porque se encuentra a la espera de una respuesta tras recurrir la resolución en la que el INSS deniega su acceso a la sanidad. Desde que el Gobierno aprobó su reforma, Médicos del Mundo ha documentado 10 casos de inmigrantes reagrupados que han sido excluidos de la sanidad pública.

En 2014, el Defensor del Pueblo condenó la exigencia de un seguro médico privado a los inmigrantes reagrupados en España por sus hijos nacionalizados. Según razonó la institución, la normativa de Extranjería no establece como requisito la contratación de una póliza para obtener la residencia en el caso de los reagrupados.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha exigido al Gobierno “corregir con urgencia” la situación de quienes son excluidos de la sanidad a pesar de padecer cáncer, una enfermedad que, subrayan, “no tiene tiempo”. “Una persona con cáncer no puede estar esperando a que una sentencia firme le dé la razón”, ha argumentado Esther Díez, portavoz de la organización, a este medio.

Al menos 40 sentencias han sido favorables a estas familias en ocho comunidades autónomas diferentes. Juan ansía que su nombre sea uno más en la larga lista de victorias de los afectados, pero también se inquieta por si la suya llega demasiado tarde.

“Es una cuestión de decencia y de justicia. Devolvemos a todas las personas el derecho a la sanidad universal”, afirmaba Pedro Sánchez en junio de 2018, cuando anunció los primeros trámites para aprobar la nueva reforma sanitaria. Desde su aprobación, Médicos del Mundo ha contabilizado 557 casos de incidencias en el acceso a la atención sanitaria, según ha explicado la organización a eldiario.es. Además de la exclusión de inmigrantes reagrupados, la redacción de la normativa socialista deja una serie de grietas por donde se escurren distintas trabas a la asistencia a embarazadas, menores de edad y urgencias, apuntan.

De los 557 casos detectados desde el pasado uno de agosto, fecha de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 7/2018, la ONG ha identificado 56 menores de edad, 17 mujeres embarazadas, 22 episodios de urgencias, 10 inmigrantes reagrupados y 14 solicitantes de asilo excluidos de la sanidad pública.

Por un lado, Médicos del Mundo ha identificado denegaciones de acceso a las personas reagrupadas. Como publicó este lunes eldiario.es, los inmigrantes con residencia en España tramitada a través de sus hijos nacionalizados se chocan con el rechazo sistemático de su tarjeta sanitaria por parte del Ministerio de Trabajo. Por otro, los inmigrantes en situación irregular con menos de tres meses de estancia en el país se enfrentan, en determinadas comunidades autónomas, a una serie de obstáculos burocráticos a la hora de acceder a la sanidad pública, incluidos menores, embarazadas, y urgencias.

La organización destaca seis enfermos de cáncer, cinco de VIH, siete de dolencias cardiovasculares, siete de diabetes, tres de hipertensión, tres de salud mental, y varios de alzheimer, según detallan desde Médicos del Mundo a eldiario.es.

Las causas de la continuación de los impedimentos al acceso sanitario son varias, sostienen. La propia redacción de la normativa, tachada de “ambigua”, ligada a la forma de proceder de distintas comunidades autónomas durante el Gobierno del PP, deriva en la aplicación de la normativa socialista “con amplio margen de maniobra”, incluyendo “una interpretación restrictiva”, desarrollan desde la organización.

Las ONG especializadas exigían el desarrollo de un reglamento para evitar la confusión en su aplicación. El Ejecutivo lo descartó, pues optó por tramitar la normativa en el Congreso como proyecto de ley para permitir la presentación de enmiendas por parte de la oposición. Sin embargo, este proceso quedará paralizado tras la prevista disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones.

“Se arrastran dinámicas de la época del PP. Aunque en la anterior normativa, el Real Decreto 16/2012 garantizaban el acceso a la sanidad de embarazas menores y urgencias, se incumplía de forma sistemática en muchas comunidades y eran excluidas”, recuerda Pablo Iglesias Rionda, secretario técnico de REDER. “La nueva ley busca ser más inclusiva, pero no prevé la atención específica a estos colectivos vulnerables. Si no se contradice de forma específica esa tendencia, se pueden dar interpretaciones restrictivas de la normativa”, desarrolla.

Otra barrera al acceso a la sanidad universal citada por REDER es la falta de información. “Ante la falta de reglamento que permita aplicar la normativa de forma armonizada, se genera una confusión normativa tal que ni los propios centros de salud saben cómo aplicarla, ni la gente beneficiada conoce sus derechos”, indica Iglesias Rionda. Este medio ha cuestionado al respecto al Ministerio de Sanidad pero no ha recibido respuesta.

¿Por qué son excluidas embarazadas sin papeles?

En el caso de las personas en situación irregular, por lo general, se ha recuperado su derecho a la asistencia sanitaria, considerándose uno de los logros de la nueva legislación. Excepto cuando las personas sin papeles llevan menos de tres meses en España o no pueden acreditar una estancia mayor de 90 días en el país debido a, por ejemplo, problemas en la tramitación de su empadronamiento.

El Real Decreto de Pedro Sánchez contempla estos casos: aunque en principio no tienen derecho al sistema de salud hasta cumplir los tres meses en España, pueden ser atendidos antes de cumplir los 90 días de estancia mediante la presentación de un informe social que acredite la necesidad de ser asistidos.

En “aquellos casos en que las personas extranjeras se encuentren en situación de estancia temporal (menos de 90 días en España)” será necesaria “la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades autónomas”, reza la normativa. No especifica, sin embargo, el modo de actuar ante embarazadas, menores o urgencias, lo que se está traduciendo en casos de exclusión sanitaria de estos perfiles más vulnerables. Médicos del Mundo también ha identificado a personas en situación irregular con cáncer sin acceso al sistema de salud en el marco de este criterio.

El caso de la Comunidad de Madrid

Las “interpretaciones restrictivas” mencionadas por la ONG se reflejan, por ejemplo, en casos de exclusión documentados en la Comunidad de Madrid por Médicos del Mundo. La Consejería de Sanidad lanzó hace alrededor de un año instrucciones a través de sus cursos de formación destinados a los funcionarios para que el personal administrativo diferencie, mediante la comprobación de su pasaporte o visado, entre un migrante que resida en España en situación irregular y un turista, como confirmó el Ejecutivo regional a eldiario.es. En la práctica, estas indicaciones están derivando en la exclusión de embarazadas sin papeles cuya residencia en el país no supera los 90 días, como lleva denunciando desde entonces Yo sí Sanidad Universal.

La falta de asistencia médica a embarazadas con menos de tres meses de estancia en España ya se producía en la Comunidad de Madrid durante la etapa del PP en el gobierno central, pero la norma aprobada por el PSOE no ha acabado con ella por el momento.

Karla (nombre ficticio), ciudadana hondureña en situación irregular, relata que acudió en varias ocasiones al centro de salud de Villa de Vallecas cuando supo que estaba embarazada. “Me decían que no tenía derecho porque, al estar menos de 90 días, era como si estuviese de turismo”, explica la mujer, que trató de arreglar la situación en este ambulatorio madrileño y en el Hospital Ramón y Cajal. eldiario.es ha preguntado al respecto a la Consejería de Sanidad pero aún no ha recibido respuesta.

“Me pedían el papel del empadronamiento, pero la fecha que aparecía era la del 27 de diciembre, aunque yo llegué a España el 29 de octubre. Entonces, el personal de administración respondía que no podía ir al médico hasta el 27 de marzo”, detalla la mujer. La joven, de 28 años, contactó con Médicos del Mundo Madrid. “Finalmente, la semana pasada me permitieron el acceso. Fue porque me acompañó Sol (trabajadora de la ONG), si hubiese ido sola no me hubiesen atendido”, lamenta Karla.

Muchos de los casos de embarazadas y menores acaban resolviéndose tras sus acompañamientos, pero desde las ONG alertan de que los casos que les llegan son “sólo la punta del iceberg”. “¿Qué pasa con todos los que acuden al centro de salud, les deniegan al acceso y no vuelven a intentarlo?”, se pregunta el presidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo.