Dan fecha de juicio para 2020 a un enfermo de cáncer que denuncia al Gobierno por negarle tratamiento público

Es su única puerta abierta a la posibilidad de recibir tratamiento a cargo del sistema nacional de salud, pero se retrasa demasiado. Juan*, el ciudadano mexicano enfermo de cáncer de próstata al que el Ejecutivo deniega su tarjeta sanitaria, acaba de recibir la fecha de la celebración del juicio sobre su derecho a la sanidad: febrero de 2020.

“Dentro de un año... Otra injusticia más”, lamenta su hijo, del mismo nombre, tras conocer el día de la citación en los Juzgados de lo Social de Madrid. Decenas de sentencias están dando la razón a los inmigrantes con residencia en España tramitada por sus hijos españoles, a los que el Ministerio de Trabajo deniega de forma sistemática su tarjeta sanitaria. Acudir a los tribunales se ha convertido en la única vía de los afectados reagrupados para acceder a la sanidad pública.

Los plazos de la Justicia, sin embargo, no encajan con la urgencia requerida ante la detección de una enfermedad grave, como el cáncer de Juan. El ciudadano mexicano, de 76 años, fue diagnosticado hace once meses pero aún no ha recibido el tratamiento que le recomienda su médico del seguro privado, operación o radioterapia, dado que no puede recibir sanidad pública gratuita y su póliza contratada con la empresa DKV no se lo cubre.

Juan, en una reciente entrevista con eldiario.es, se mostraba esperanzado ante la posibilidad de que la Justicia le diese la razón y obtuviese la tarjeta sanitaria, pero la celebración del juicio se retrasará más de lo esperado. “A mi madre le han dado el juicio para septiembre, es tarde, pero razonable. Mi padre, el caso más grave, lo tendrá en febrero del año que viene. No lo entiendo”, lamenta el hijo, con nacionalidad española, que pretende enviar un escrito al juzgado para suplicar que tengan en cuenta la enfermedad de su padre.

“Tras conocer la noticia, él está mal, claro. Pero es una persona fuerte, entera. Con principios. Él dice: vamos a seguir luchando que es lo único que podemos hacer”, continúa. De momento, han optado por financiar un “tratamiento paliativo” recomendado por el seguro privado con un coste de 500 euros cada seis meses, especifica.

“Esto le ayuda mientras tanto, porque detiene temporalmente la posibilidad de expansión del tumor. Eso es lo único que nos garantiza de momento que no se extienda, pero mi padre necesita una cirugía o radioterapia”, indica Juan*, que ha vivido en España durante más de una década y en la actualidad cuenta con la nacionalidad española.

“Una persona con cáncer no puede esperar”

Los inmigrantes con residencia en España tramitada por sus hijos nacionalizados conforman uno de los colectivos perjudicados por la reforma sanitaria de la etapa de Mariano Rajoy, que el Ejecutivo de Sánchez ha mantenido en el Real Decreto Ley que pretendía corregirla, aprobado en julio.

Según publicó eldiario.es y han confirmado los ministerios de Trabajo y Sanidad, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) deniega la tarjeta sanitaria a estas personas alegando su obligación de poseer un seguro médico para obtener la residencia en España, apelando a la Ley de Extranjería.

Entre ellos también está Guadalupe*, con cáncer de pecho y endometrio, que se ha operado a través de un seguro privado que costea a duras penas. A diferencia de Juan, ella no ha acudido a los tribunales porque se encuentra a la espera de una respuesta tras recurrir la resolución en la que el INSS deniega su acceso a la sanidad. Desde que el Gobierno aprobó su reforma, Médicos del Mundo ha documentado 10 casos de inmigrantes reagrupados que han sido excluidos de la sanidad pública.

En 2014, el Defensor del Pueblo condenó la exigencia de un seguro médico privado a los inmigrantes reagrupados en España por sus hijos nacionalizados. Según razonó la institución, la normativa de Extranjería no establece como requisito la contratación de una póliza para obtener la residencia en el caso de los reagrupados.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha exigido al Gobierno “corregir con urgencia” la situación de quienes son excluidos de la sanidad a pesar de padecer cáncer, una enfermedad que, subrayan, “no tiene tiempo”. “Una persona con cáncer no puede estar esperando a que una sentencia firme le dé la razón”, ha argumentado Esther Díez, portavoz de la organización, a este medio.

Al menos 40 sentencias han sido favorables a estas familias en ocho comunidades autónomas diferentes. Juan ansía que su nombre sea uno más en la larga lista de victorias de los afectados, pero también se inquieta por si la suya llega demasiado tarde.