La justicia falla contra la Administración por negar la tarjeta sanitaria a una anciana con papeles

Estela tiene 86 años y está en el limbo. Esta argentina vino a España gracias a una reagrupación familiar solicitada por su nuera Nuria, española. El Gobierno le autorizó la residencia en 2012, pero cuando llegó le negó el acceso a la tarjeta sanitaria con el argumento de que debería haber venido con un seguro privado: algo que nunca le exigieron para darle los papeles. Lo mismo les ha ocurrido a muchos otros ancianos reagrupados legalmente por sus familias, pero en el caso de Estela el Gobierno inició un procedimiento para expulsarla del país por no tener ese seguro privado. La familia recurrió la denegación de la tarjeta sanitaria –además de la expulsión en otro proceso– y han ganado en los tribunales el primer asalto. Un juzgado ha reconocido su derecho al sistema de salud público, decisión que la Seguridad Social ha recurrido.

La familia recibió la noticia con brindis ante la extrañeza de Estela (nombre ficticio). La mujer no sabe que el Ejecutivo le ha notificado la extinción de su permiso de residencia, ni todo lo que la familia lleva pasado por la denegación de la tarjeta sanitaria porque no quieren asustarla. “Los llamé para darles la noticia de la sentencia. Estaban comiendo y empezaron a brindar. Estela no entendía nada y le dijeron que era por una multa que les habían quitado”, cuenta su abogado Gorka Vellé, voluntario de Médicos del Mundo Madrid, organización que ha asesorado a la familia en todo el proceso.

Ahora, tras el recurso de la Seguridad Social, la batalla se alarga de nuevo. Esperan volver a ganar para que Estela pueda tener por fin un seguimiento médico, siempre aconsejable pero más a su edad. “Tiene los típicos achaques de la edad. Alguna vez han tenido que ir a urgencias y el hijo tiene amigos médicos que cuando pueden le echan un vistazo”, explica Vellé.

Para Estela tener tarjeta sanitaria significaría también que el procedimiento de expulsión abierto por la Delegación del Gobierno en Madrid quedaría en el aire. El Ejecutivo la quiere expulsar porque asegura que debería tener contratado un seguro privado para haber conseguido el permiso de residencia gracias al que vive con sus nietos; la justicia ha resuelto ahora que tiene derecho a la tarjeta sanitaria por el hecho de tener ese permiso vigente.

Con papeles y sin tarjeta sanitaria

La reforma del Gobierno dejó a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular sin tarjeta sanitaria. Aunque no fueron los únicos. El decreto ley 16/2012 afectó también a algunas personas que residen de manera regular en el país, entre ellas a los ascendientes que fueron reagrupados por sus familiares, que no trabajan ni cotizan en el país, y el Gobierno entiende que para venir a España les deberían haber exigido un seguro privado. Pero no se lo pidieron y tienen sus papeles, que les deberían garantizar su acceso normalizado a la sanidad pública.

Así lo ha manifestado una magistrada del juzgado de lo Social número 20 de Madrid a propósito de Estela y “declara el derecho de la actora [a] que le sea reconocido la asistencia sanitaria”. En el texto, la jueza expone que “en atención a la normativa expuesta la demandante tiene la condición de asegurada” al ser titular de una autorización de residencia “que se encontraba vigente en el momento en que formuló solicitud de asistencia sanitaria”.

Respecto a los peros de la Seguridad Social –que a través del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) tramita las tarjetas– sobre el seguro privado obligatorio que deberían haberle exigido a la mujer, la magistrada retoma el argumento que ya han aportado los tribunales de Cataluña, Castilla y León y Madrid, que han dado la razón a las familias. Si se trata de un error de la Administración al otorgar la residencia, se debe cuestionar esa decisión si procede, pero “lo que no puede hacer la recurrente (la Seguridad Social) es dejar de inaplicar las consecuencias legales del reconocimiento del citado derecho”.

La exigencia de un seguro privado choca además con la realidad. Las aseguradoras privadas por lo general no quieren a las personas mayores como clientes, debido a sus achaques. A la nuera de Estela, tras muchas negativas, Sanitas le ofreció un seguro por “unos 4.000 euros al año”, contó Nuria a eldiario.es.

En Madrid debería acceder al médico sin la tarjeta

El abogado de la familia recuerda que luchan por la tarjeta sanitaria por los derechos que ésta implica pero la mujer debería poder acceder a un médico de cabecera y a la prescipción de recetas sin la tarjeta en la Comunidad de Madrid, donde reside. Tras la marcha atrás parcial del Gobierno para devolver algunos servicios a los inmigrantes sin permiso de residencia (aunque no la tarjeta sanitaria), la presidenta de la región, Cristina Cifuentes, ordenó a todos los centros sanitarios que debe “prestarse todo tipo de asistencia sanitaria” a “todas las personas inmigrantes con o sin documentación” hasta la elaboración del nuevo documento que aún se discute a nivel nacional. El Gobierno quiere exigir un mínimo de seis meses de empadronamiento en una misma región para conceder el acceso a la atención primaria.

La familia a asegura que intentó que atendieran a la mujer al menos a través de este sistema, pero que no lo consiguieron. “El nieto de Sara fue a preguntarlo el pasado día a su Centro de Salud, con la sentencia en la mano, y le contestaron que no le podían dar la tarjeta, y que se tenía que ir al INSS y que no le podían dar de alta en el sistema. El INSS, por su parte, ha recurrido la sentencia. Les van pasando de un departamento a otro, sin que ninguno les dé respuesta”, cuenta su abogado.

En la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid les ha extrañado el caso y aseguran que tanto Estela como otros inmigrantes sin tarjeta tienen acceso a los servicios sanitarios por el momento según el mandato de Cifuentes. Antes de que la Consejería cambiara su política de atención, la desinformación y las malas prácticas eran frecuentes en los centros sanitarios madrileños. Ahora, tanto en Yo Sí, Sanidad Universal como en Médicos del Mundo han notado “un cambio general”, con menos problemas en la atención.

Miembros de ambos colectivos insisten en que la solución no es un sistema parcial, que permita atender a los inmigrantes en determinadas situaciones. “La distinción administrativa, que unas personas tengan tarjeta y otras no, que haya una tarjeta normal para unas y una figura en un programa informático para otras... Ese sistema produce exclusión sanitaria en sí mismo”, indica Álvaro, de Yo Sí.

Desde Médicos del Mundo Madrid, su presidente espera que el real decreto de exclusión esté en el tiempo de descuento. “Exigimos a los partidos políticos que recuerden el pacto para derogar el decreto para las elecciones generales”, confía Manuel Espinel. Lo suscribieron todas las formaciones excepto PP y Ciudadanos. Para Elvira, tener reconocido su derecho a la sanidad pública significa también vivir con su familia, o sola en Argentina a sus 86 años.