La Comunidad de Madrid niega el tratamiento a inmigrantes con VIH

Voluntarios de Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, SemFYC, Sespas y Odusalud durante la protesta / EFE

Ana llegó a Madrid hace unas semanas desde Latinoamérica. Se encuentra en situación administrativa irregular, embarazada de ocho meses y con VIH. Estos días se le acaban las pastillas antirretrovirales que trajo de su país y que mantienen a raya al virus, hacen que sea indetectable y que no lo pueda transmitir. A finales de la semana pasada en el Hospital La Paz no pudieron darla de alta en el sistema para recibir los fármacos, porque no lleva tres meses empadronada en España y la Comunidad de Madrid no lo permite. El Gobierno regional impide que reciba tratamiento por las vías oficiales, como mínimo, hasta que su bebé tenga casi dos meses.

El Gobierno niega la sanidad pública a inmigrantes con papeles enfermos de cáncer

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Su nombre es ficticio, pero su historia es real y el bloqueo de acceso a terapia antirretroviral de personas migrantes en situación irregular con VIH no lo sufre solo ella.

Clara Castillo, una de las trabajadoras sociales de la organización Apoyo Positivo, que la ha ayudado durante el proceso, explica que desde que la Comunidad hizo público el procedimiento para regular el acceso de este colectivo a la sanidad pública, no han parado de llegarles casos. Al teléfono con elDiario.es, habla de 14 en varios hospitales de la región. Al finalizar la llamada, ya son 16.

Aunque en 2018 el Gobierno aprobó una normativa que devolvía la sanidad pública a las personas sin papeles, su redacción dejó una serie de grietas por donde, en la práctica, diferentes gobiernos autonómicos imponen trabas administrativas a la atención de estos inmigrantes, sobre todo aquellos que llevan menos de tres meses en España o no han podido empadronarse, tal y como ha reconocido el actual Ejecutivo socialista, que acaba de aprobar un anteproyecto de ley que pretende corregirlo. Aunque han pasado casi tres años desde su aprobación, la Comunidad de Madrid no había activado un procedimiento específico para aplicar la legislación estatal hasta la semana pasada.

La aplicación de la norma

La Comunidad de Madrid publicó la pasada semana los requisitos exigidos para solicitar el Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE), que da acceso a la salud pública a estas personas. Entre las exigencias, como establece la normativa estatal, se encuentra llevar al menos tres meses empadronado en España. Sin embargo, la Comunidad de Madrid realiza una aplicación rígida de la norma e ignora la excepción incluida en Real-Decreto 7/2018 que establece que, si los pacientes se encuentran en una situación vulnerable, pueden tener acceso a la sanidad a través de un informe de los trabajadores sociales.

Para las personas extranjeras recién llegadas a España y afectadas por el VIH, este requisito, difícil de conseguir para muchos inmigrantes sin papeles, les afecta de forma directa: "Tienen que conseguir un piso, que les hagan contrato, un recibo a su nombre, cita en el padrón, empadronarse y esperar tres meses. En el mejor de los casos, estamos hablando de cinco o seis meses hasta que pueden comenzar a recibir el tratamiento", explica el responsable de salud de Acción Triángulo y Refugiados Sin Fronteras, Gerjo Pérez Meliá.

Esta exigencia para acceder a la sanidad pública madrileña se aplicaba de una manera arbitraria, por lo que muchos hospitales o centros de salud valoraban cada caso a la hora de darles de alta en el sistema. Y las personas con VIH, debido a los efectos que pueden tener la interrupción o falta de tratamiento, acababan consiguiendo ser incluidos. Sobre todo, en algunos centros de referencia en enfermedades infecciosas. Hasta la semana pasada.

"Los sanitarios nunca dejaban a nadie sin tratamiento [de VIH]", explica la presidenta de Apoyo Positivo, Reyes Velayos. Con la nueva normativa, esto ha dejado de ser posible, porque ahora es indispensable pasar por la llamada Unidad de Tramitación. Hay siete, una por cada área asistencial, y están formadas por profesionales con "formación específica en materia de aseguramiento y procedimiento administrativo", señala en un comunicado la Consejería, que "prevé la próxima incorporación de trabajadores sociales". Estas oficinas se encargarán "de verificar la situación del interesado y si cumple los requisitos le tramitará la entrega del nuevo DASE, con validez durante dos años", indica.

Una vía de escape

El Hospital Ramón y Cajal es desde hace años una vía de escape para muchos inmigrantes en situación administrativa irregular, que ante las trabas impuestas a su acceso a la sanidad pública, permite que reciban atención con el apoyo de la ONG Salud Entre Culturas, cuya sede se encuentra en el mismo centro hospitalario y trabaja mano a mano con el servicio de enfermedades infecciosas. A través de esta organización, el Hospital Universitario permitía atender, únicamente en el circuito de este centro, a personas sin papeles que, en base a los criterios establecidos por la Comunidad de Madrid en su interpretación de la normativa estatal, no podían obtener su documento sanitario, principalmente, inmigrantes en situación irregular que llevan en España menos de tres meses o no han podido empadronarse. 

José Antonio Pérez Molina, médico adjunto de Infecciosas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, confirma que todo ha cambiado desde la semana pasada. "Obligan a acreditar tres meses de estancia, pero tenemos un problema con las enfermedades para las que existe un interés en salud pública. Esto nos impide la posibilidad de atender a los migrantes al poco tiempo de llegar, como antes hacíamos, y hacer un examen para identificar si tienen alguna enfermedad transmisible o necesitan alguna vacuna", explica el doctor, referencia en enfermedades tropicales. "De igual manera nos puede pasar lo mismo por VIH, hepatitis B, enfermedades inmunoprevenibles… ", añade.

Pérez Molina confirma que ya le consta el caso de una mujer con VIH que no ha podido ser atendida debido a este motivo y no han podido realizar "exámenes de salud" a personas extranjeras que han llegado hace poco.

Por esta razón, su equipo ha contactado con la gerencia del hospital para advertir de sus preocupaciones. "El Ramón y Cajal siempre ha hecho todo lo posible para atender a las personas sin papeles. Creo que antes o después se va a arreglar. La situación es fruto de la falta de previsión en un grupo concreto de enfermedades, por lo que posiblemente tengan que replantearse incluir como excepciones una serie de enfermedades con gran interés en la salud pública", dice el médico.

Cuando el Partido Popular lanzó su reforma sanitaria, que excluyó de la sanidad a los inmigrantes en situación irregular, la Comunidad de Madrid aplicó la norma estatal añadiendo como excepción a los pacientes de las llamadas enfermedades de declaración obligatoria, que incluyen dolencias infecciosas o de salud mental. No obstante, el nuevo procedimiento no incluye de momento estos casos.

"Barreras a un problema gravísimo de salud pública"

"En el fondo, están poniendo barreras a un problema gravísimo de salud pública", denuncia el portavoz de Refugiados sin Fronteras, que señala que "todo el mundo quiere ayudar, pero la Comunidad de Madrid les cierra el paso". Desde que se publicó el nuevo procedimiento para atender a personas sin papeles hace apenas una semana, denuncia que ya ha acompañado a dos personas con VIH al Hospital Ramón y Cajal, donde no les atendían pese a ser uno de los centros que sí solían tramitar las altas.

Castillo explica el caso de la primera mujer que no pudo ser atendida en este centro y que hizo que saltaran todas las alarmas. Se trata de una mujer peruana que acudió al hospital acompañada por un representante de la ONG para realizar el procedimiento de alta. "En admisión no pudieron porque no está empadronada" por lo que en este momento "tiene VIH, pero no tiene tratamiento", lamenta.     

Pérez Meliá explica que en el último año ha detectado también otros 13 casos de personas a las que se les interrumpió el tratamiento al caducarles el alta en el sistema, que se puede renovar si se siguen cumpliendo los requisitos, o tras denegárseles la protección internacional. Once de ellos, dice, en la Fundación Jiménez Díaz, de gestión privada. "Era el único hospital con el que teníamos problemas, porque nunca lo renovaban (el alta en el sistema o DAR)", coincide Velayos.

Interrupción del tratamiento sin previo aviso

Fran (nombre ficticio) lleva dos años en Madrid. "Me atendieron muy bien en cuanto a salud y me daban la medicación en la Fundación Jiménez Díaz", explica. Hasta el pasado jueves, cuando fue a farmacia hospitalaria a recoger sus pastillas y se encontró con un 'no'. "En el sistema aparece que te dieron de baja. No aparece nada", explica que le dijeron. Sin una razón para el parón, le derivaron a su centro de salud. "Después de mucho rato revisando, me dijeron que tenía que estar cotizando", cuenta. Nacho Revuelta, de Yo Sí Sanidad Universal, advierte de que el nuevo procedimiento para dar el acceso sanitario a este colectivo ha acarreado "un gran número de bajas" en el sistema. Según los casos recibidos, algunas personas son dadas de baja "sin previo aviso", mientras que otras han recibido cartas en las que se les pide renovar su documento sanitario en las nuevas unidades.

Con la doble negativa y sin tratamiento, Fran acudió a su especialista de medicina interna. "Me dijo que no podía hacer nada y me envió a una ONG", Apoyo Positivo, continúa contando. Las entidades que trabajan con personas con VIH suelen contar con fármacos que donan otros usuarios cuando les cambian el tratamiento. Un salvavidas que sirve como último recurso en casos como este, en los que los pacientes son abandonados por la administración. "Es una ayuda parcial", reconoce.

Desde la Consejería de Sanidad madrileña aseguran a esta redacción que se han ido sustituyendo los antiguos códigos DAR "de oficio y sin periodo de interrupción", pero reconocen que ha sido necesaria una labor de "actualización de datos mediante llamadas telefónicas a los ciudadanos afectados" y que desde mediados de octubre se ha procedido a la baja de aquellos que ya no estaban en situación irregular, que no residen en la Comunidad o que no hubieran solicitado la renovación de acceso a la asistencia". No detallan a cuántas personas se ha dado de baja. 

Alfonso se encontró en una situación similar hace algo más de un año. Llegó a España desde Chile en 2018, cuando tenía 31 años y llevaba seis en terapia antirretroviral. Su única condición para contar su caso es que no se utilice su nombre real. "Yo nunca había interrumpido mi tratamiento. Al venirme, los primeros meses tenía medicamento, pero después no. Me puse en contacto con algunas fundaciones para que me asesoraran y me dijeron que tenía que ir a la Jiménez Díaz. Allí me lo dieron durante un año –en aquel momento estaba empadronado–. Después me dijeron que necesitaba un número de la Seguridad Social, pero les expliqué mi situación, que era irregular. Continuaron dándomelo, pero a los tres meses se negaron", explica. "Cada vez que iba, sabía que iba a ser una pelea", recuerda.

Desde este hospital le mandaron a su centro de salud, en la calla Palma. "De ahí me mandaban a regularizar el NIE", explica. "Entonces existía muy poca información y te empiezan a hablar del NIE, del NIF. Yo no sabía qué era eso. Es una situación angustiosa porque ves que no te están intentando solucionar nada", continúa. En todo este tiempo de gestiones sin resultado, Alfonso no estaba recibiendo tratamiento para el VIH de la sanidad pública madrileña. Eran las últimas semanas de 2019 y tuvo que recurrir, como Fran, a la ayuda de una ONG. "Me daban el tratamiento que le sobraba a otro", explica este afectado, que estuvo en esta situación durante tres meses.

Finalmente, acudió al Hospital Infanta Leonor a principios de 2020. "Allí no tuve ningún problema. Me cogió un doctor a primera hora, me pidió los análisis, me ingresó en el sistema con mi pasaporte y desde entonces me hacen una revisión cada seis meses y cita en farmacia cada dos, con mi número de historia clínica", indica. Pero aquellos tres meses sin tratamiento supusieron para él "un golpe bajo": "Venía de Chile y se supone que aquí en Europa las cosas funcionan distinto y que se respeta la diversidad. Amo España, pero fue muy angustioso que teniendo VIH me dejaran sin terapia". Los expertos consultados destacan la dificultad de documentar todos estos casos porque desde la administración no dejan por escrito que no pueden atenderles.

La vocal de la junta directiva de GeSIDA y médica de La Paz, Luz Martín-Carbonero, indica que en su hospital no ha detectado "problemas con gente a la que se le caduca la tarjeta", aunque "no quiere decir que no exista en otros". No obstante, sí reconoce que hasta que las personas migrantes en situación irregular tienen acceso al sistema sanitario pueden pasar "meses o años". ¿Cómo lo resuelven? "Una vez que llegan al hospital sabemos los mecanismos que existen", como recurrir a ONG o a vías alternativas "hasta que la administración se lo da".

Estas vías alternativas dependen de la buena voluntad del personal de los hospitales. "Como médicos, hemos visto a personas que vienen en una situación de abandono de VIH por razones administrativas, porque cuando llegan no tienen acceso a los tratamientos", señala el especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Infanta Leonor Pablo Ryan. En su mayoría, estas personas, indica, "no llegan a través del circuito tradicional, sino de ONG o circuitos ‘alternativos’" por lo que su prioridad es "ponerles en tratamiento", aunque estén en situación administrativa irregular. "Estamos tapando un problema, pero ¿qué hago? Mi obligación como médico es dar el tratamiento", señala este médico. Sobre las nuevas oficinas de tramitación, Ryan señala que "habrá que ver cómo funcionan" pero considera que se trata de una barrera de acceso: "Lo ideal es que no haya que cumplir unos requisitos administrativos para acceder al tratamiento de algo infectocontagioso, que es un tema de salud pública".   

"En riesgo de muerte"

"Las personas migrantes suelen ser las más vulnerables y las que llegan más tarde al tratamiento por su situación social", explica Martín-Carbonero. La falta de acceso a los fármacos "los pone en riesgo de muerte", explica tajante. En el caso de interrumpir el tratamiento, los riesgos no son menores. "Si llevas años en tratamiento y lo suspendes, aumenta la carga viral y, aunque no bajen inmediatamente las defensas, sí hace que sean más propensas a otras enfermedades no vinculadas al VIH, como un cáncer o una enfermedad cardiovascular", pone como ejemplo.

El porcentaje de la población clave con acceso a los servicios de prevención de VIH, en la que se incluyen las personas migrantes, es uno de los indicadores para medir el progreso de la estrategia de ONUSIDA para 2030.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida se ha marcado el objetivo 95-95-95: que el 95% de las personas infectadas conozcan su estado serológico, que el 95% estén en tratamiento y que el 95% tengan menos de 200 copias de VIH por mililitro de sangre, que equivale a la supresión viral. Los avances científicos en materia de VIH han permitido que las personas infectadas en terapia antirretroviral, con carga indetectable, no sean sexualmente infecciosas. Es decir, existe sobrada evidencia científica que demuestra que no pueden transmitir el virus, aun realizando prácticas de riesgo. Por eso, impedir el acceso a personas con VIH al tratamiento aleja el objetivo de ONUSIDA y plantea un problema de salud pública.

"Deberíamos verlo con un enfoque de Derechos Humanos, pero vamos a verlo como un factor clave de salud pública. Si estás en tratamiento eres indetectable y no lo puedes transmitir. Si dejas el tratamiento, lo puedes transmitir. Todas las recomendaciones y guías dicen que las personas tienen que estar en tratamiento. Si no, el VIH se va a seguir expandiendo", señala el responsable de salud de Acción Triángulo y Refugiados Sin Fronteras. Apunta a otra casuística particular: algunos de los usuarios que acuden a estas entidades practican el trabajo sexual y sus clientes les ofrecen más dinero por mantener relaciones sin protección. Desde un punto de vista "egoísta", coincide la doctora Martín-Carbonero, impedir los tratamientos hace que se vean "más diagnósticos".

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha convocado este miércoles una reunión con las principales entidades que trabajan con población migrante o con VIH en la región para abordar "el abandono de la salud sexual en la Comunidad": tanto la saturación del Centro Sanitario Sandoval, de referencia en ITS, las listas de espera para la PrEP y el caso de las personas con VIH y en situación administrativa irregular. El diputado y responsable de asuntos LGTBI en el grupo, Santiago Rivero, ha anunciado que pedirá la comparecencia del Consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, "para que dé cuentas de por qué" se está "negando la asistencia sanitaria, que es universal en España, a personas en situación administrativa irregular" lo que, a su juicio, "puede ser un problema de salud pública" en el caso de las personas con VIH.  

En 2020, un equipo de especialistas en VIH capitaneado por el doctor Ryan presentó una comunicación en el Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) sobre personas solicitantes de protección internacional infectadas por VIH. El estudio analizó 72 casos y concluyó que el 40% de los pacientes "no presentaban control virológico y mantienen conductas sexuales de riesgo". "Las barreras para el acceso al tratamiento antirretroviral son los principales responsables de dicho problema", indicaba.

En España, el Plan Nacional sobre el Sida ya se marcaba entre sus objetivos "garantizar el correcto seguimiento del paciente y la continuidad asistencial entre niveles asistenciales" y "garantizar la igualdad en el acceso a la prevención y la atención socio-sanitaria de las personas con el VIH". Pero no solo eso. "En 1948, España firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se comprometió a garantizar el derecho a la salud de las personas residentes en España", recuerda Pérez Meliá. Para la presidenta de Apoyo Positivo, el problema en Madrid es de voluntad política: "En la Comunidad nunca ha habido voluntad para acabar con el VIH, por eso no hay prevención, ni para atender a las personas que ya lo tienen".

Si tienes información sobre este caso u otros similares, escríbenos a pistas@eldiario.es

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Publicado el
16 de noviembre de 2021 - 22:31 h

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