El Ayuntamiento de Tolosa, gobernado por EH Bildu, se resiste a recibir a la unidad móvil de la Policía Nacional para tramitar 'in situ' DNI y pasaportes, como en otras localidades de Gipuzkoa o de Euskadi, algunas de ellas gobernadas también por la coalición abertzale. El asunto lleva siendo objeto de discusión en algunos de los últimos plenos porque la oposición local, PNV y PSE-EE, recalca que es un servicio necesario para evitar desplazamientos a la comisaría del cuerpo en Donostia, la más cercana.

Xarles Iturbe, portavoz del PNV en Tolosa, ha llegado a hacer un vídeo en Instagram en los últimos días para denunciar la situación. “¿Te gustaría poder renovar Documento Nacional de Identidad o el pasaporte sin tener que ir a Donostia? Yo sí. Nosotros, desde luego, sí. Desde noviembre, venimos pidiendo al Gobierno de EH Bildu que solicite para Tolosa este servicio público itinerante que la Delegación del Gobierno [de España] pone a disposición de todos los municipios. Los argumentos que utiliza EH Bildu para no traer este servicio a Tolosa son meras excusas”, sostiene en la grabación.

En la última sesión plenaria, la de finales de enero, el único concejal socialista, José María Villanueva, se valió del turno de ruegos y preguntas para plantear de nuevo la cuestión. “¿Es problema de ideología?”, lanzó. Acto seguido, en euskera, le espetó al alcalde Andu Martínez de Rituerto que tiene la bandera de España colgada en el balcón y que ahora está haciendo todo lo posible para que no aparezca por el pueblo una furgoneta de la Policía Nacional que tiene otra enseña “pequeñita” en la rotulación, cuando es un servicio gratuito.

El regidor, en sus sucesivas comparecencias sobre este asunto, ha ofrecido la comisaría de la Ertzaintza para tramitar los documentos y se ha quejado de la carga burocrática que comportaría para el Ayuntamiento tener que preparar listados con citas para que luego sean despachadas por la Policía Nacional. “¿Por qué no contratan ellos a alguien cuando vengan a Tolosa?”, se ha preguntado Martínez de Rituerto, que insiste en que tampoco accedería a que una furgoneta de la Hacienda foral que permita hacer la declaración de la renta 'in situ' se instale en Tolosa si eso supusiera tener que meter más carga de trabajo al personal municipal.

Ha llegado a tal punto el enfrentamiento que tanto Villanueva como Iturbe se han ofrecido a hacer ellos mismos, en primera persona, los listados de los interesados, convencidos de que hay demanda entre los vecinos de esta localidad de 20.000 habitantes a 28 kilómetros de la capital. Recuerdan, en todo caso, que Tolosa tiene una plantilla de dos centenares de funcionarios, muchos más que pueblos como Alegia, donde se ha activado el programa.

Sobre la Ertzaintza, el PSE-EE ha recordado que la tramitación de la documentación identificativa es competencia exclusiva de la Policía Nacional. De lo contrario, se podría ofrecer también como espacio el cuartel de la Guardia Civil, ironizó en su intervención en el pleno. Desde el PNV han llegado a decir que es un contrasentido que el municipio ponga en marcha planes para compartir vehículos o reducir desplazamientos en nombre del medio ambiente y luego no quiera “no mandar coches” a Donostia para las gestiones del DNI y los pasaportes. “Hagan una prueba. Vamos a evaluarlo, sí, pero después de haber hecho el camino. Se ha hecho en otros pueblos”, demandó Iturbe. El alcalde no descartó buscar una fórmula, pero también dejó claro que “toda la vida” se ha ido a Donostia a hacer este trámite.

En efecto, el Gobierno de España ha ofrecido una furgoneta de la Policía Nacional llamada VIDOC (por 'vehículo integral de documentación') para ir a los pueblos que no tienen comisaría del DNI. Actualmente, son Vitoria, Bilbao, Donostia, Barakaldo, Sestao, Portugalete, Basauri, Irún y Eibar las localidades con despliegue de esta unidad de la Policía. El servicio itinerante se presentó en Gipuzkoa en noviembre -después de haberse instaurado ya en el resto de la comunidad autónoma- hasta mediados de enero ya había pasado por ocho localidades, algunas de ellas gobernadas por EH Bildu.

Es el caso de Arrasate-Mondragón, que vio cómo se “agotaron” los turnos el 18 de noviembre “en pocas horas” y habilitó una nueva fecha el 10 de diciembre. Ahora, mediante un formulario en la web municipal, donde la iniciativa se ilustra con una fotografía de un pasaporte de otro reino, del de los Países Bajos, se puede obtener un hueco para el 10 de febrero. Las otras localidades pequeñas por donde ha pasado la Policía Nacional son Zumarraga, Lasarte-Oria, Deba, Legazpia, Urnieta y Alegia. En Bizkaia, Durango, con Gobierno del PNV, ya se han anunciado tres nuevas llegadas de la furgoneta. También circula por el norte de Navarra. “Esta medida responde al éxito y la gran demanda recibida en convocatorias anteriores, y tiene como objetivo facilitar la renovación de la documentación personal sin necesidad de desplazarse fuera del municipio”, ha expuesto el Ayuntamiento.

Las vacaciones son un momento esperado para descansar y descubrir nuevos lugares, sin embargo, perder documentos personales como el DNI, el pasaporte o las tarjetas bancarias puede transformar esa experiencia en una situación complicada. Este tipo de pérdida genera una preocupación inmediata, pues estos documentos son esenciales para la identificación, el acceso a servicios y la movilidad, tanto dentro como fuera del país. Ante este contratiempo, resulta imprescindible conocer cuáles son los pasos a seguir para minimizar las dificultades y retomar el viaje con la mayor normalidad posible.

El proceso ante la pérdida de documentos requiere una actuación rápida y ordenada, que comienza con la denuncia ante las autoridades competentes del lugar donde ocurrió el incidente. En muchos casos, especialmente cuando se está en el extranjero, contactar con el Consulado o Embajada española es el paso siguiente, pues estos organismos pueden facilitar la obtención de documentación provisional necesaria para regresar a España o continuar el viaje. Además, el bloqueo inmediato de tarjetas bancarias u otros documentos relacionados con el dinero es fundamental para evitar fraudes o usos indebidos.

La información y la asistencia oficial proporcionadas por la Policía, el Ministerio de Asuntos Exteriores y los consulados españoles están diseñadas para guiar al ciudadano en este tipo de situaciones. Seguir sus recomendaciones y procedimientos es clave para resolver el problema de forma eficiente y segura, evitando complicaciones legales o administrativas.

Pasos iniciales para actuar ante la pérdida

El primer paso tras la pérdida o robo de documentos durante las vacaciones es presentar una denuncia ante la Policía Local del lugar donde se encuentre el viajero. Esta denuncia es un requisito indispensable para acreditar oficialmente la pérdida y proteger la identidad del afectado frente a posibles usos fraudulentos. Se recomienda conservar el documento que acredite la denuncia, pues será necesario para otros trámites posteriores, incluyendo la emisión de documentos provisionales.

Cuando la pérdida se produce fuera de España, es imprescindible comunicarse con el Consulado o la Embajada española más cercana. Estas oficinas proporcionan atención a los ciudadanos españoles en el extranjero y pueden emitir documentos de viaje temporales, que permiten regresar a España o continuar el viaje bajo una situación legal.

Para obtener estos documentos es necesario presentar la denuncia policial, además de un documento que acredite la identidad del solicitante o una foto reciente. En algunos casos, si no se cuenta con otra identificación, el consulado evaluará la situación para facilitar la documentación provisional.

Paralelamente, es recomendable bloquear las tarjetas bancarias y otros documentos que contengan información financiera mediante el contacto con los bancos o entidades emisoras. Esta medida es fundamental para prevenir el uso fraudulento de los datos y evitar cargos no autorizados. Muchos bancos ofrecen líneas de atención telefónica y aplicaciones móviles para realizar estos bloqueos de manera rápida y sencilla, lo que permite minimizar el riesgo económico tras la pérdida.

Recuperación y gestión de documentos para continuar el viaje

Una vez realizada la denuncia y contactado el Consulado o Embajada si estás en el extranjero, el siguiente paso es gestionar la expedición de documentos provisionales que faciliten la movilidad y garanticen la identidad del viajero. Los documentos de viaje temporales emitidos por los consulados suelen tener validez limitada y están destinados exclusivamente para regresar a España o para realizar desplazamientos dentro de países con acuerdos especiales. Es importante verificar las condiciones y restricciones de estos documentos para evitar inconvenientes en aeropuertos o fronteras.

A la llegada a territorio nacional, el ciudadano debe acudir a una oficina de expedición oficial para tramitar la renovación definitiva del DNI o del pasaporte, según corresponda. Este trámite requiere cita previa y la presentación de la documentación complementaria que permita acreditar la identidad, entre ellos, la denuncia o documento provisional entregado en el extranjero. En caso de pérdida dentro de España, la denuncia se realiza ante la Policía Nacional y el proceso de renovación se gestiona en las oficinas habilitadas para ello.

Para minimizar riesgos futuros, se aconseja que los viajeros lleven copias digitales y físicas de los documentos importantes guardadas en lugares diferentes de los originales. Además, tener a mano números de emergencia y direcciones de consulados o embajadas en el destino puede facilitar una respuesta rápida en caso de emergencia. La planificación y el conocimiento de los procedimientos oficiales permiten afrontar este tipo de incidentes con mayor seguridad y eficacia.

La instructora del Juzgado Número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha confirmado que no procede la retirada del pasaporte a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como pedían las acusaciones populares en la causa abierta por su contratación en la Diputación de Badajoz, a la vez que ha asegurado que si este tuviera previsto “fugarse” de la acción de la justicia, “podría haberlo hecho ya”.

En su auto firmado el 9 de agosto y al que ha tenido acceso EFE este lunes, la jueza da por “comprobada” la disposición de Sánchez a comparecer ante este juzgado “cada vez que ha sido citado para ello” y para lo cual, su “vinculación” con el extranjero “por el momento no ha sido obstáculo”.

De esta forma ratifica su resolución del pasado 28 de julio en la que rechaza la petición de las acusaciones populares, que habían interpuesto un recurso de reforma contra dicho auto, ahora desestimado por la jueza.

En dicho auto, la titular del juzgado de instrucción sí pedía a Sánchez que informase si había cambiado o pensaba cambiar de residencia.

Un requerimiento al que la defensa contestó que, a efectos de notificaciones o de cualquier otra incidencia procesal, se mantiene el que consta en este procedimiento, sito en Elvas (Portugal), y “no tiene previsto variarlo” para vivir en Japón, como argumentó la acusación popular para pedir que se le retirase el pasaporte.

“En ningún momento se ha solicitado medida cautelar que conlleve la limitación de su derecho fundamental a la libertad deambulatoria, que en todo caso ha de tener carácter excepcional”, ha expuesto ahora la jueza.

A su juicio, “menos aún procede” la adopción de esta medida cautelar cuando se ha comunicado “oficialmente” al juzgado, por su representación procesal y tras ser requerido para ello, “que el investigado ”no ha cambiado de domicilio“, que no tiene previsto variarlo y que si así fuera se pondría en inmediato conocimiento del juzgado o Tribunal que conozca de la causa”, recoge la resolución.

Asimismo, la magistrada recuerda que a finales de mayo le fue notificado personalmente a Sánchez por el Juzgado de Badajoz el auto de apertura de juicio oral, “siendo muy significativo lo anterior, pues, no trabajando ya en esta localidad, si tuviera previsto ”fugarse“ de la acción de la justicia, podría haberlo hecho ya desde ese momento, cuando sus circunstancias personales alegadas por la otra parte (familia cercana de origen japonés) serían similares a las presentes”.

La propia defensa de David Sánchez impugnó el pasado 7 de agosto el recurso de las acusaciones populares contra la decisión de la jueza de no retirarle el pasaporte.

En las alegaciones presentadas al recurso, la defensa expresó que éste se plantea “de manera escueta, breve, y puede decirse hasta lacónica, fundándose únicamente en una interpretación absolutamente subjetiva y libérrima de lo manifestado por esta parte procesal en su escrito de 31 del pasado julio”, en el que comunicaba que no había cambiado su residencia de Elvas, el cual dio por bueno la jueza, y por tanto no procedió a retirar el pasaporte a David Sánchez.

Hace años que el servicio exterior denuncia una carencia de financiación de la red consular de España, pero los diplomáticos temen ahora no dar abasto, entre el aumento del número de españoles en el exterior —900.000 a principios de siglo, más de tres millones en la actualidad— y la avalancha prevista de solicitudes de nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que permitirá el acceso a descendientes de exiliados republicanos.

Hace falta tanto personal como simple espacio físico en las oficinas para dar servicio. Pero como la asignación en los presupuestos generales no aumenta, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) propone una solución creativa: subir el precio de las tasas por los trámites consulares y quedarse con una parte. De aplicarse la iniciativa, el coste de un pasaporte, que está fijado en 30 euros, podría multiplicarse casi por cuatro.

“Solo es una de las alternativas”, defiende el presidente de ADE, Alberto Virella, que remite al documento de propuesta de financiación de la red consular, en el cual se define el estado de esta como “lamentable”. Pero es el propio texto el que señala como “solución más realista y de más fácil ejecución” que la financiación se nutra de las las tasas, y para ello propone un aumento de estas, poniendo ejemplos comparados: si en Portugal un pasaporte cuesta 75 euros (un 150% más) y en Italia 116 (un 286% sobre el precio actual), equiparar la tasa que cobra España con la de uno de estos dos países reportaría anualmente 17,4 millones de euros o 33,2 millones, respectivamente.

La ADE cuenta entre sus afiliados a seis de cada 10 diplomáticos de carrera, según Virella. De naturaleza sindical, está presente en la junta de personal del servicio exterior (como parte de Fedeca) junto a CSIF y CCOO. En la central obrerista se han llevado las manos a la cabeza con la propuesta. “El servicio exterior no puede sostenerse cobrando a quienes menos tienen”, opone Osmany Llanes, secretario general de la sección sindical de CCOO en el departamento. “Y menos aún en un contexto de precariedad creciente, de inflación global, de deterioro de los servicios públicos. Es extremadamente injusto que se quiera trasladar esto a la ciudadanía española en el exterior”, insiste.

Llanes coincide con Virella, no obstante, en que existe una “dejación de funciones” de la Administración por “ignorar” durante décadas la infrafinanciación de la red, pero afea que ADE pretenda “mercantilizar los servicios consulares”, lo que denota una visión “elitista”.

“Hemos visto que otros actores protestan, y yo lo entiendo perfectamente, [porque] se haga cargar a ciudadanos españoles con un aumento del coste de los servicios, pero las tasas se aplican a españoles y no españoles”, matiza Virella. También insiste en que el informe presenta otras alternativas para incrementar los ingresos; por ejemplo, abrir consulados en países con amplia demanda turística, o bien cobrar un extra por los visados nacionales (de trabajo y de estudios) a extracomunitarios. Subiendo tasas en este capítulo y el de las legalizaciones de documentos se podrían lograr unos 11 millones anuales. Pero esta cantidad está lejos de los montantes que reportarían las subidas de los pasaportes, según los propios cálculos de la ADE.

Aumento de servicios sin aumento de recursos

“La primera alternativa que damos en el informe [es] destinar recursos de los presupuestos generales del Estado [... Pero] todos sabemos que los recursos son limitados y hay muchas otras necesidades”, reflexiona Virella, que insiste en que las carencias son muchas y lo serán aún más cuando la red asuma otras funciones. “Los servicios que deben prestar embajadas y consulados no paran de aumentar y es lógico que así sea. Por ejemplo, desde hace unos años también la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Y, hace aproximadamente un mes, el Gobierno también acordó que se expedirá el DNI a españoles en el exterior. Aumentan los servicios, que me parece muy bien, pero no aumentan los recursos humanos para prestarlos. Y yo creo que para todo el mundo esto es un problema”, defiende.

Llanes, de CCOO, cree que corresponde al Gobierno implicarse y rechaza de plano el incremento de precios: “Esto es precarizar completamente el servicio exterior. Aquí la Administración tiene que mojarse y asumir la responsabilidad que le corresponde. Invertir en toda la red de edificios que tiene en el exterior, que es bastante extensa. Se están haciendo esfuerzos, no quiero decir que el Ministerio no sea consciente del problema, lo que pasa es que no tiene recursos suficientes. Función Pública y Hacienda fundamentalmente no son conscientes de esta necesidad”, denuncia.

Tampoco es que haya una fotografía clara de las necesidades. “La ley de acción exterior y servicio exterior de 2014 establece que deben elaborarse a los seis meses de su entrada en vigor y después cada dos años informes sobre el estado de los recursos y medios que tiene [...]. No se ha hecho ninguno”, critica Virella.

Un portavoz señala que el Ministerio de Asuntos Exteriores rechaza la propuesta de ADE, en línea con el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) —organismo de representación de las comunidades en el extranjero cuyo presidente elige el Ministerio de Migraciones—, que “se ha opuesto con firmeza” a la iniciativa.

El CGCEE plantea, entre otros motivos, que subir tasas podría reducir los registros consulares y fomentar la inequidad. “Medidas como la propuesta podrían tener un efecto disuasorio sobre la inscripción consular y la realización de trámites consulares. Esto podría llevar a que parte de la ciudadanía opte por evitar gestiones en los consulados generales, bien postergándolas, bien realizándolas en España si tienen la posibilidad de viajar, lo que introduce una desigualdad basada en la capacidad económica y la movilidad”, alega en un comunicado.

Virella indica, por su parte, que nadie del Gobierno ha acusado recibo del planteamiento, que sí ha tenido cierta acogida en las Cortes: “Entregamos este informe a la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados [...] el pasado 27 de mayo y les interesó porque la situación es realmente muy difícil, muy grave. Estamos hablando de listas de espera enormes. Por ejemplo, en el marco de la Ley de Memoria Democrática, hay 600.000 ciudadanos en Buenos Aires que quieren presentar su solicitud de adquisición de la nacional española. El consulado va a tardar décadas en tramitarlas”.

La Administración del Estado ofrecerá a partir del 8 de abril en Euskadi un servicio itinerante de expedición de DNI y pasaportes con un vehículo que se desplazará por distintas localidades y que comenzará en Bizkaia, en Ermua, y se extenderá posteriormente a Álava y Gipuzkoa. La presentación de la unidad itinerante ha tenido lugar este jueves en Bilbao a cargo de la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, quien ha destacado el avance que supone “que la Administración del Estado se acerque a cada territorio y localidad vasca, a través de un servicio tan importante como la expedición del DNI que ofrece la Policía Nacional”.

El objetivo del nuevo servicio, ha resaltado, es “mejorar su eficacia y acercarse más al territorio y a la ciudadanía vasca”, de cara a ofrecer la posibilidad de realizar el DNI y el pasaporte en sus propias localidades, especialmente en municipios alejados de las capitales y de pequeño y mediano tamaño. Las gestiones se realizarán a través de un vehículo de la Policía Nacional especialmente habilitado para esta tramitación, que irá recorriendo diferentes pueblos y comarcas, según recoge Europa Press.

La iniciativa comenzará el próximo martes en Bizkaia, con una primera cita en Ermua, a la que seguirán Muskiz (9 de abril), Karrantza (10) y Mungia (11). El recorrido por territorio vizcaíno seguirá en Balmaseda (28 de abril), Gorliz (8 de mayo), Durango o Gernika, que tendrán también acceso a este servicio de expedición móvil del DNI y el pasaporte. Posteriormente, y tal y como ha confirmado Garmendia, este servicio se extenderá a Álava y Gipuzkoa. Tal y como ha señalado la delegada del Gobierno de España en Euskadi, “con esta iniciativa, la Administración del Estado refuerza su cercanía con la ciudadanía vasca, ofreciendo un servicio esencial, como la expedición y renovación del DNI y el pasaporte, a pie de calle”.

Se plantea así, ha proseguido, “acercar a la Policía Nacional a municipios y comarcas de toda Euskadi” con la intención de “facilitar este trámite a muchas personas de una forma cómoda y rápida, sin tener que desplazarse a la capital del territorio o las localidades con oficinas de expedición del documento”. Para Garmendia, que ha estado acompañada en la presentación del nuevo vehículo VIDOC en Bilbao del Jefe Superior de Policía, Jesús Herranz, esta iniciativa “supone un paso adelante muy importante para mejorar los servicios públicos que la AGE presta en Euskadi a las vascas y vascos, servicios que son fundamentales en el día a día de la ciudadanía y que tienen que ser cercanos, eficaces y de calidad”.

Garmendia ha animado a los ayuntamientos vascos a solicitar en sus municipios la prestación de este servicio móvil de tramitación de documentos “tan útil para sus vecinas y vecinos, especialmente para las personas que tienen más dificultades de desplazamiento”. Asimismo ha confiado en que esta iniciativa de la Policía Nacional “tenga éxito y tengamos muchas peticiones para que el vehículo llegue a cuántos más municipios, mejor”, ha concluido.

El VIDOC es un vehículo tipo furgoneta policial, que, según ha explicado el Jefe Superior de Policía, Jesús Herranz, “permite realizar en su interior tanto la expedición del DNI como la del Pasaporte, así como la actualización de las claves del DNI en el Puesto de Actualización de Documentación (PAD) incorporado al mismo vehículo. Todo se tramita del mismo modo como se haría en las actuales oficinas fijas de expedición”.

El vehículo, que se ubicará en el lugar público que cada ayuntamiento determine, contará con acceso adaptado para personas con cualquier tipo de discapacidad, dispondrá de un dispositivo con el que actualizar los certificados digitales de los documentos y, permitirá tanto el pago en efectivo como mediante tarjeta de crédito, facilitando y agilizando así los trámites a quienes lo demanden. Este dispositivo itinerante para la realización del DNI se une al nuevo proyecto de DNI digital en el teléfono móvil, aprobado esta misma semana por el Consejo de Ministros. En ese sentido, en el VIDOC se podrá generar un código QR firmado y sellado por la Policía Nacional para poder acreditar la identidad en el dispositivo móvil, así como actualizar certificados.

Si estás pensando en ir de viaje próximamente o tienes previsto desplazarte a otro país es esencial que recuerdes comprobar la documentación necesaria y que esté en regla. Se debe intentar que dichas comprobaciones se hagan lo antes posible porque tanto para expedir el pasaporte por primera vez como para renovarlo es imprescindible solicitar cita previa a través de la página web de la Dirección General de la Policía. Además de pedir la cita, es necesario que dispongas de una serie de documentos para poder realizar estos trámites. A continuación, te explicamos cuáles son los requisitos para obtener y renovar el pasaporte.

Solicitar cita previa es de total importancia. Te recomendamos que no lo dejes para última hora porque puede que te encuentres con que haya lista de espera, sobre todo durante las temporadas con más afluencia de desplazamientos, como pueda ser el verano o la Navidad. La solicitud la podrás realizar a través de este enlace. Una vez dentro, solamente es necesario seleccionar el trámite que se necesita hacer con la fecha y hora que haya disponible y se prefiera. Cuando lo hagas, es recomendable que tengas tu documentación a mano, como es el caso del DNI, porque para entrar el sistema deberás identificarte introduciendo los datos del documento. En caso de no disponer de los datos por pérdida o sustracción del DNI, la Policía Nacional facilita otra vía a través de este otro enlace.

Qué documentación se necesita para el pasaporte

El pasaporte ordinario español es un documento público, personal, individual e intransferible, expedido por los órganos competentes de la Administración General del Estado. Este documento acredita, fuera de España, la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles y, dentro del territorio nacional, las mismas circunstancias de aquellos españoles no residentes.

Los ciudadanos españoles tendrán derecho de obtener el pasaporte siempre y cuando no cumplan alguna de las estas circunstancias:

En caso contrario, al elegir la fecha y hora de la cita previa, también se tendrá que especificar la Oficina expedidora donde se realizará la obtención o renovación del pasaporte. Según el portal del Ministerio del Interior, los peticionarios deberán personarse en la oficina elegida con la documentación oportuna.

Imprescindible acudir personalmente

Para la expedición del pasaporte será imprescindible la presencia física de la persona a quien se le vaya a expedir, el abono de la tasa legalmente establecida, en la oficina de expedición o pago a través de vía telemática, y la presentación de los siguientes documentos:

Sacar el pasaporte a un menor de edad

El Ministerio del Interior y la Sede Electrónica de la Policía Nacional ofrecen información de interés sobre los menores de edad y tutelados. Cuando la persona que solicite la expedición del pasaporte fuera menor de edad y no poseyera el documento nacional de identidad, al no ser obligada su obtención, se deberá facilitar una certificación literal de nacimiento. Este documento podrá ser solicitado y expedido por el Registro Civil correspondiente con una antelación máxima de seis meses a la fecha de presentación de la solicitud del pasaporte.

Para la expedición del pasaporte a los menores de edad deberá constar el consentimiento expreso de quienes tengan atribuido el ejercicio de la patria potestad o tutela. El consentimiento debe ser prestado por todas las personas que ostenten la patria potestad. Lo que quiere decir que, en el caso de que la patria potestad o tutela venga dada por ambos progenitores, el consentimiento ha de ser prestado por los dos.

Por otro lado, en los supuestos de residentes en el extranjero que soliciten el pasaporte en las Representaciones Diplomáticas o Consulares, el documento nacional de identidad podrá ser sustituido por la presentación del pasaporte en vigor o pendiente de renovar. También tendrá la opción de presentar la certificación literal de nacimiento del Registro Civil o Consulado en que se halle inscrito el solicitante.

La Policía Nacional especifica que la certificación literal de nacimiento tendrá que haber sido expedida con una antelación máxima de seis meses, y su presentación será preceptiva cuando existan dudas sobre la nacionalidad española del solicitante.

Las vacaciones en familia pueden traer consigo recuerdos inolvidables, pero requieren preparación. Es posible que, enfrascado en cerrar itinerarios y reservas de hotel, hayas olvidado preparar la documentación necesaria para los más pequeños de la casa. El pasaporte es un documento clave, especialmente si viajas fuera de la Unión Europea, por lo que es vital que los menores lo tengan al día.

Solicitar la expedición de un pasaporte para un menor de edad es un trámite sencillo, pero recuerda que es estrictamente necesaria la presencia de los dos progenitores o de todos los individuos que posean la patria potestad del menor. Para que el trámite sea más fácil, recomendamos que en primer lugar identifiques quién o quiénes tienen la patria potestad del menor:

Independientemente de su edad, también es necesario que acuda el menor cuando tenga lugar la tramitación del pasaporte, por lo que recuerda llevarlo contigo.

Cómo pedir cita para sacar el pasaporte a un menor

Una vez aclarado quién puede solicitar la expedición del pasaporte de un menor de edad, recuerda que deberás pedir cita en tu oficina expedidora más cercana, ya sea a través del teléfono 060 o en la página web de la Policía Nacional. Si solicitas la cita a través de Internet, deberás seguir los siguientes pasos:

Documentación necesaria para sacar el pasaporte a un menor

A la hora de sacar el pasaporte a un menor, recuerda que debes llevar contigo la documentación necesaria para formalizar este trámite:

Requisitos para viajar con un menor al extranjero

A la hora de viajar con menores al extranjero, existen una serie de requisitos específicos. Con el fin de proteger a los más pequeños de la casa, la policía de fronteras realiza controles exhaustivos. Si el menor viaja solo, con un único progenitor o con terceros, debes asegurarte de que acudes con toda la documentación necesaria:

Un vehículo de la Policía Nacional recorrerá los pueblos de La Rioja para renovar los DNI y pasaportes en un solo trámite y en un tiempo aproximado de 10 minutos. El objetivo es que facilitar este trámite a las personas que viven en núcleos alejados de la ciudad, además de que supone un ahorro de tiempo y recursos.

El primer vehículo integral de documentación (VIDOC) se ha presentado este jueves en Logroño, en un acto en el que ha participado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda y el jefe superior de Policía, Manuel Laguna Cencerrado. Arraiz ha puesto en valor que “esta unidad móvil ofrece un servicio público más cercano a los riojanos y riojanas que residen en el entorno rural”.

Estas furgonetas de la Policía Nacional suponen dos mejoras importantes, una es el tiempo, pues en 10 minutos se habrá expedido el documento y la reducción a un solo trámite para la obtención de los documentos y, la segunda es la posibilidad de poder expedir el pasaporte, lo que antes solo podía realizarse en las Oficinas de Documentación físicas.

El acceso a estos vehículos será adaptado para personas con movilidad reducida, puesto que cuenta con una rampa de acceso sin ninguna barrera física. En el interior de la furgoneta además de poder expedir en un solo paso el DNI o el Pasaporte, también se podrán renovar las claves del Certificado Digital en un Punto de Actualización de Documentación (PAD).

La Policía Nacional contará con un total de 80 Vehículos distribuidos en todos los puntos del territorio nacional para facilitar los trámites de la renovación y expedición de los DNI y de los pasaportes a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los que residen en zonas alejadas de los núcleos urbanos.

También se va a llevar a cabo durante el mes de febrero, la puesta en funcionamiento de los Puntos de Actualización de Documentación (PAD) en diferentes municipios de la zona rural de La Rioja. Se trata de equipos que permitirán la actualización de la contraseña y del certificado del DNI electrónico y evitar así tener que hacerlo en las instalaciones de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. 

La Policía Nacional está desarrollando líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, previsto para el periodo 2021-2025, cuyo objetivo es mejorar la eficacia y la eficiencia de la Administración pública y la accesibilidad de los servicios públicos digitales a la ciudadanía y a las empresas.

Se ha planteado un conjunto de proyectos dentro del denominado Plan de Identidad Digital (PID) que, mediante la actualización de los medios técnicos existentes, permitirán dinamizar y extender el uso de la identidad digital. Uno de los proyectos más relevantes son los VIDOC, que han sido financiados íntegramente por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un coste unitario de 1.584.500 euros.

Su desarrollo ha sido realizado con la colaboración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) en un ejercicio de mutua colaboración con el Ministerio del Interior, que ha dado como resultado la producción y materialización de estos proyectos.

El Tribunal Supremo ha hecho firme la ilegalidad de la aplicación del denominado pasaporte COVID en Euskadi durante la Navidad de 2021 como medida para contener la expansión de los contagios asociada a la variante ómicron del Sars-Cov-2. El alto tribunal, en una resolución de octubre adelantada por 'Gara', ni siquiera ha admitido a trámite el recurso de casación del Gobierno de Iñigo Urkullu a la primera sentencia desfavorable de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), cuyo presidente es el magistrado Luis Garrido y que fue la bestia negra del Ejecutivo durante aquellas oleadas de la pandemia al tumbar varias restricciones propuestas.

El consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha confirmado la recepción del fallo y que el Ejecutivo lo acatará porque no tiene posibilidad de mayores recursos. Ha indicado que el alto tribunal ni siquiera ha entrado al fondo del asunto ya que no tiene sentido iniciar ahora una disquisición jurídica sobre unos hechos que se produjeron hace dos años y que ya se dan por superados. Con todo, Zupiria ha querido recalcar que Euskadi operó siguiendo la estela de otras comunidades autónomas y ha insistido en que otros tribunales sí dieron luz verde al uso de este instrumento.

Ha defendido que se consideró “factible” incorporar un certificado de vacunación para el acceso a determinados espacios dada la mayor probabilidad de contagios en lugares cerrados, si bien el pasaporte COVID se podía obtener también sin la pauta completa e incluso los mecanismos de control eran fácilmente superables ya que un mismo pasaporte fotocopiado era validado por la aplicación suiza que se empleaba. Y ha apuntado que los efectos económicos en forma de indemnizaciones o similares no serán altos, a diferencia de otros pleitos perdidos por la Administración vasca que generaron una cascada de peticiones de la hostelería.

La instauración del pasaporte COVID no estuvo exenta de polémica. Euskadi afrontó la ola con más presión hospitalaria desde el confinamiento en aquella Navidad de 2021 y, habiendo renunciado ya al cierre de la hostelería y a otras medidas ensayadas con anterioridad, puso todos los huevos en la cesta del pasaporte COVID, del que había renegado apenas unas semanas atrás. Primero se implantó en unos espacios y luego se generalizó. El Superior lo tumbó de modo cautelar -con una polémica sentencia que remarcaba que incluso cantar en una karaoke era un derecho fundamental que no podía ser limitado no siendo obligatoria la vacunación- pero el Supremo lo autorizó provisionalmente hasta resolver el fondo del asunto. Sin embargo, los incumplimientos fueron generalizados. Todavía en enero se intentó prorrogar, pero la Justicia no lo permitió.

El fallo del Supremo conocido ahora destaca que este documento se creó en la Unión Europea para garantizar el tránsito entre países y no para otros fines. Ha sido ponente la magistrada María del Pilar Teso y conforman la sala también Pablo Lucas Murillo, Eduardo Calvo, Francisco José Navarro y Fernando Román.

El 15 de abril estallaron los combates en la capital sudanesa entre tropas del Ejército y miembros de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dando comienzo a un conflicto que ya ha causado más de 700 muertos y 5.000 heridos, y más de un millón de desplazados internos y refugiados. Las Embajadas extranjeras, incluida la española, no tardaron mucho en evacuar a su personal y sus nacionales, pero no se llevaron los documentos de los sudaneses que habían solicitado un visado e, incluso, los destruyeron de acuerdo con los protocolos de seguridad.

Es el caso de Estados Unidos que, una semana después del estallido de la violencia, abandonó la sede diplomática y destruyó los documentos que contenían información sensible, incluidos los pasaportes de muchos sudaneses, que ahora se encuentran atrapados en el país en guerra. Otros han tenido más suerte, como Maher Elfiel, que había dejado su documento en la Embajada de España unos 20 días antes de que el personal diplomático y ciudadanos españoles residentes en Sudán fueron evacuados en un avión del Ejército del Aire.

El joven sudanés relata a elDiario.es que, cuando empezaron los choques armados, no pensó que fuera el comienzo de una guerra. No se preocupó por su pasaporte hasta que saltaron las noticias de los preparativos para las evacuaciones de extranjeros; entonces intentó contactar por teléfono y correo electrónico la Embajada española sin éxito. Otras personas que estaban en su misma situación sí obtuvieron una respuesta poco satisfactoria: les comunicaron que la legación estaba cerrada y no podían recuperar sus pasaportes, y que solicitaran unos nuevos a las autoridades locales, ocupadas en una sangrienta lucha por el poder. “¿Te lo puedes creer? Nos pareció una respuesta poco responsable”, afirma Elfiel desde una localidad fronteriza de Sudán con Egipto, adonde han huido más de 113.000 sudaneses desde mediados de abril hasta mediados de mayo.

“La Embajada había sido saqueada”

Muchos residentes de Jartum han abandonado la ciudad, donde se concentra la violencia, que ha afectado también a las embajadas extranjeras, como la de Qatar, asaltada y saqueada. Según Elfiel y otro ciudadano sudanés, también irrumpieron en la legación española. “Nos enteramos a través de las redes sociales que habían entrado en la Embajada y encontrado nuestros pasaportes. Me puse en contacto con un tipo (un sudanés, que no vestía uniforme ni estaba aparentemente afiliado a ninguno de los dos bandos en conflicto) que accedió a devolverme el pasaporte por una pequeña cantidad de dinero (unos 28 euros)”, detalla el joven. “Estoy muy contento de haber recuperado mi pasaporte”, asegura, aunque sus planes de viajar a España en julio para unas vacaciones han cambiado. Se siente doblemente bendecido porque ha recuperado su pasaporte y tiene un visado egipcio válido hasta agosto: ahora solo necesita encontrar un billete de autobús para llegar a Egipto.

Fuentes del Ministerio de Exteriores no pueden confirmar que la Embajada española en Jartum haya sido asaltada y los documentos, sustraídos, ya que no queda personal diplomático sobre el terreno que pueda constatarlo. Las fuentes agregan que el correo electrónico de la Embajada en Sudán sigue operativo y, a través de esta vía, “se está ofreciendo toda la ayuda necesaria a los sudaneses cuyos pasaportes se quedaron dentro” de la legación en Jartum. “Se están emitiendo certificados que acreditan las solicitudes de visados que se quedaron pendientes, a todos aquellos que lo están solicitando”, afirman a elDiario.es las fuentes, que no pueden revelar el número de solicitudes que estaban siendo tramitadas en Jartum.

“Entiendo totalmente que hay cosas que no están en manos de las autoridades españolas, pero no respondieron a mis peticiones de información, no se molestaron en prestarme ningún tipo de atención”, denuncia Elfiel. “Lo que me ha decepcionado es que las autoridades españolas no priorizaron la seguridad de los ciudadanos sudaneses, como la de los españoles, y de hecho nos privaron de un derecho básico, que es el derecho al movimiento”, ya que sin pasaporte él y otros se quedaron bloqueados en Jartum. El joven agrega que, después de esta mala experiencia, no va a volver a confiar en ninguna Embajada. “No sé si voy a solicitar otro visado, voy a guardar mi pasaporte en mi bolsillo las 24 horas”, dice nervioso entre risas.

Otro ciudadano sudanés, Ashraf Malik, también pudo recuperar su pasaporte de entre los abandonados en la Embajada española, corroborando la versión ofrecida por Elfiel. “Alguien posteó en Facebook (la red social más popular en Sudán) que la Embajada había sido saqueada y las puertas estaban abiertas, y que los pasaportes estaban tirados allí”, relata a elDiario.es. Su pasaporte le fue devuelto por la misma persona, pero Malik no quiere revelar cuánto pagó por él. Se siente afortunado porque su documento estaba entre los 400 que acabaron en manos de esa persona, según él mismo le dijo, pero “algunos pasaportes no fueron encontrados y se perdieron”.

Bloqueados y desesperados

No todos han tenido la misma suerte: otros sudaneses están desesperados porque no tienen en sus manos los pasaportes que les permitirían abandonar el país y ponerse a salvo, y no saben cuándo van a poder hacerlo. Toda la familia de Abdelazim Abdelgadir se ha quedado bloqueada en Sudán, después de que el personal de la Embajada estadounidense triturara sus pasaportes, antes de abandonar la sede diplomática a bordo de helicópteros. Muchos documentos fueron destruidos, incluidos pasaportes de empleados sudaneses de la propia Embajada que iban a viajar a EEUU o que prefirieron guardarlos en ese lugar seguro antes que en sus viviendas, tal y como informó el New York Times.

“Nuestros pasaportes no son documentos sensibles o de inteligencia, no hay razones para destruirlos, no es lógico”, se lamenta Abdelgadir desde EEUU, donde trabaja como ingeniero en una empresa del sector inmobiliario desde hace seis años. Su mujer y sus cuatro hijos habían solicitado un “visado de reunificación familiar” en marzo, explica a elDiario.es, y estaban terminando los trámites en abril. “El proceso había empezado hacía unos 25 días cuando estallaron los choques, mis hijos estaban haciendo los análisis médicos y vacunas que les pidieron en la Embajada”, cuenta.

“Mi hijo mayor (de 19 años) llamó y le dijeron que nuestros visados no eran urgentes, lo urgente era evacuar a los ciudadanos y al personal estadounidense”, dice indignado el hombre. Él mismo se puso en contacto con la Embajada, mandó varios emails, y con el Departamento de Estado en Washington, pero solo ha obtenido “respuestas vacías y sin sentido” a través del correo electrónico. Admite que es “muy frustrante” esta situación porque la única solución que les han ofrecido es viajar a Egipto y continuar el proceso en la legación diplomática en El Cairo. “En la frontera puedes obtener un documento para cruzar pero mi hijo no puede”, porque los varones entre 16 y 49 años necesitan un visado de Egipto, agrega el padre desesperado, afirmando que continuará luchando hasta que EEUU le dé una alternativa a su familia.

En una situación similar se encuentra Alhaj Sharaf, un estudiante sudanés de 25 años que estaba esperando un visado para cursar un máster de Informática en EEUU. “Tenía que recoger mi visado el día 16 y el 15 cerró la Embajada” estadounidense por los fuertes combates. “Me informaron del cierre, pero durante una semana y media no obtuve ninguna respuesta” sobre el paradero del pasaporte. Casi un mes después, el 17 de mayo, recibió una respuesta automática por email: “Es un procedimiento estándar en una operación de retirada no dejar atrás ningún documento, materiales o información que puede caer en las manos equivocadas y ser mal empleados”. “Nuestra embajada en Jartum tenía pasaportes de ciudadanos sudaneses y de terceros países que estaban tramitando sus solicitudes de visado, y de ciudadanos estadounidenses que solicitaron servicios consulares. Debido a que las condiciones de seguridad no permitieron devolver esos pasaportes de forma segura, seguimos nuestro procedimiento para destruirlos, antes que dejarlos atrás sin seguridad”, reza el texto, que ha podido ver elDiario.es.

Ahora, “todos mis pensamientos están centrados en buscar soluciones y un plan B”, afirma el estudiante, que no ha podido comenzar su máster a principios de mayo pero la Universidad le permitirá hacerlo en agosto, siempre y cuando obtenga un nuevo pasaporte. Si finalmente consigue salir de Sudán, tendrá que acompañar primero a su padre -“que es mayor y no puede moverse”- hasta Dubái o Doha, en el Golfo Pérsico, donde residen otros miembros de su familia. Tanto para Sharaf como para la familia Abdelgadir, disponer de los medios económicos y de la posibilidad de huir de la guerra no lo es todo, porque sin un documento no pueden irse a un país seguro.

Residentes conquenses en Argentina han dado la voz de alarma ante las dificultades que están sufriendo para renovar su pasaporte, principal documento legal para ellos en ese país, porque el servicio de citas del Consulado de Buenos Aires les da cita para dentro de un año.

La belmonteña Rocío Araque es una de las españolas afectadas por la saturación de los servicios de renovación de pasaportes en el Consulado Español de Buenos Aires, con tiempos de espera de más de un año en algunos casos para un trámite necesario para la movilidad entre los dos países.

Este servicio del Consulado cerró durante la pandemia y no ha vuelto a funcionar hasta hace unos meses, según aseguran residentes en el país sudamericano. “Están totalmente colapsados, porque además tienen falta de personal”.

Hay ejemplos esgrimidos por los afectados que revelan que a los españoles que quieren renovar su pasaporte les están dando cita para diciembre de 2023, como es el caso de la conquense afincada en Buenos Aires, e incluso para los primeros meses de 2024.

Rocío Araque contactó por correo electrónico con el Consulado para preguntar la forma de adelantar su cita. Esta institución respondió que, cada vez que se abre el sistema de solicitudes, se vuelven a ofrecer las anuladas, así que es posible conseguir una fecha más cercana, pero la demanda es altísima y se agotan rápidamente.

Además, se trata de una jugada de riesgo si ya se tiene una cita, porque para pedir una nueva hay que anular la anterior, con el riesgo de que finalmente haya que conformarse con una cita todavía más lejana.

Araque, que llegó a Argentina en el año 2013 con su pareja, no entiende la razón por la cual comparten lista de espera los españoles que tienen doble pasaporte, y por tanto no tienen problemas para viajar; con los que solo tienen una nacionalidad, lo que dificulta su salida del país sin este documento. A su juicio, debería darse prioridad a estas personas.

El hijo de Rocío Araque tiene doble pasaporte, porque es español por nacimiento y argentino por opción, así que tiene más facilidades para moverse.

A su madre, en cambio, le preocupa la situación, porque sus padres son mayores y, si tiene que viajar de urgencia a España, tendría que solicitar un salvoconducto para salir, extremo que según relatan no es sencillo porque se exigen documentos como justificantes médicos o certificados de defunción para concederlo.

“Somos cientos de españoles los que estamos así”, apunta la belmonteña, que conoce varios casos. Por ejemplo, cita el caso de otra conquense, en este caso de Las Pedroñeras, que lleva intentando renovar su pasaporte y el de sus hijos, sin éxito, desde el año 2020.

Llevan desde el año 2015 sin poder desplazarse a España y su intención era viajar en enero de 2024, pero su turno para renovar el pasaporte no llegará hasta diciembre del próximo año.

Araque reconoce la suerte que tuvo de poder viajar el pasado mes de febrero a España, antes de que se le caducara la documentación, pero hay otros españoles que todavía no han viajado a su país natal desde antes de la pandemia.

La comunidad española en Argentina ha conseguido trasladar el problema al ministro de Asuntos Exteriores. “Unos amigos estuvieron con él y todo fueron buenas palabras, pero soluciones pocas”, comenta Araque.

La 'Ley de Nietos' podría complicarlo

La situación puede complicarse todavía más, ya que hace unas semanas se aprobó la Ley de Nietos, que permite acceder a la nacionalidad española a los descendientes de españoles exiliados por la Guerra Civil y la Dictadura, lo que supondría más carga de trabajo para el Consulado, “que tiene como 30.000 peticiones”, según esta española. “Esto es una olla a presión que en cualquier momento termina de estallar”.

“Los españoles que estamos aquí necesitamos tener una salida y renovar el pasaporte que es nuestro único documento legal que nos acredita fuera de nuestro país, porque el DNI no sirve”, insiste la belmonteña.

El Gobierno vasco ha informado este domingo que recurrirá la sentencia que tumba la regulación del pasaporte COVID en Euskadi durante la pasada Navidad. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidida por el magistrado Luis Garrido, ha dado la razón a un particular, Joseba Andoni B.C., y ha considerado la implantación del pasaporte COVID-19 para poder entrar a prácticamente todos los espacios de ocio en Euskadi como medida “no proporcionada” debido a que que vulneraba derechos básicos y no era verdaderamente eficaz para combatir los contagios del virus. Ahora, el Gobierno de Iñigo Urkullu continuará la batalla en los tribunales e interpondrá un recurso de casación.

En un comunicado, el Ejecutivo vasco ha informado de que “el propio TSJPV avaló la extensión” del llamado pasaporte COVID implantado por el Gobierno vasco. Por ello, consideran “llamativo que una medida que se entendió como justificada y proporcionada en el momento de su autorización, el mismo Tribunal y Sección considere ahora, 10 meses después, que no era así y que realmente se trataba de una medida desproporcionada”. Según el Gobierno vasco, la decisión del Superior de Justicia es “contradictoria”, mientras que describe a la medida impulsada en el decreto publicado para prevenir contagios como “idónea, necesaria, justificada y proporcionada.

“El fallo se soporta en un informe obtenido a instancias del demandante y sirve a la Sala de lo Contencioso-Administrativo para fundamentar su decisión de anular el Decreto. Se trata de un documento de dos páginas de la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero que nunca fue incluido en el orden del día, ni aprobado por la Comisión de Salud Pública de dicho Consejo y sobre el que el Gobierno vasco no ha podido efectuar alegación ni valoración alguna. Resulta sorprendente, por tanto, que el cambio de criterio se sustente sobre dichas bases”, critica el escrito publicado este domingo.

En el fallo en el que se da la razón al particular, del que no se hace ninguna referencia, el individuo acusa al Ejecutivo de querer regular con un decreto materias que afectan a derechos básicos y por lo tanto necesarias de una norma de rango superior. Cita afecciones a “datos personales sanitarios”, a la “igualdad”, a la “libertad ideológica” y al derecho de libre circulación. Además, consideraba que pedir el pasaporte COVID supuso “una sanción encubierta por no vacunarse” y “sin cobertura legal”, aunque el documento era posible obtenerlo también o tras haber pasado la enfermedad o con una prueba diagnóstica negativa validada.

Ahora, el Gobierno vasco dispone de 30 días para preparar un recurso que justifique que la medida tomada para evitar la propagación de los contagios de coronavirus en diciembre del año pasado y que, regulaba la entrada de los ciudadanos vascos a bares, cines, discotecas y otros espacios de ocio sin el pasaporte COVID, era proporcionada, estaba justificada y no afectaba a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Enésimo varapalo judicial a la arquitectura normativa del Gobierno de Iñigo Urkullu para combatir la pandemia. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidida por el magistrado Luis Garrido, ha dado la razón a un particular, Joseba Andoni B.C., y ha anulado un decreto adoptado antes de Navidad para hacer extensivo a casi todos los espacios de ocio el denominado pasaporte COVID. Este tribunal, que quiso frenar su implantación en Euskadi pero fue reconvenido por el Supremo, entiende en un fallo plagado de errores de redacción que es una medida no “proporcionada” porque vulnera derechos básicos y no era verdaderamente eficaz para combatir los contagios, entonces disparados por la llegada de la variante ómicron del Sars-Cov-2.

El particular, del que no se da ninguna referencia, presentó un recurso acusando al Ejecutivo de haber querido regular con un decreto materias que afectan a derechos básicos y por lo tanto necesarias de una norma de rango superior. Cita afecciones a “datos personales sanitarios”, a la “igualdad”, a la “libertad ideológica” y al derecho de libre circulación. Consideraba que pedir el pasaporte COVID supuso “una sanción encubierta por no vacunarse” y “sin cobertura legal”, aunque el documento era posible obtenerlo también o tras haber pasado la enfermedad o con una prueba diagnóstica negativa validada.

La representación jurídica del Gobierno vasco, que en la pandemia se ha enfrentado a incontables recursos contra las medidas sanitarias y que ahora está recibiendo una oleada de peticiones de indemnizaciones por parte de los hosteleros, defendió que aquellas decisiones se aplicaron en un contexto de repunte de la COVID-19, ya que la incidencia era de casi 800 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días -el doble de lo considerado ya como alerta roja- y en los hospitales había casi 300 ingresados, 73 de ellos en la UCI. Además, se apuntaba a que otros países europeos y comunidades autónomas españolas lo estaban implantando también. Deslizaba que podía incentivar la vacunación, “significativamente inferior” en las capas más jóvenes de la sociedad.

Sin embargo, la sala da más validez a otro informe, en este caso del Ministerio de Sanidad, de su ponencia de alertas, aunque admite abiertamente que “no llegó a ser [...] aprobado” por la comisión interterritorial que sienta a la ministra, Carolina Darias, con los consejeros autonómicos, incluida la vasca Gotzone Sagardui. Este documento apunta “aspectos a favor” del pasaporte COVID pero también algunos puntos en contra. Entre ellos se cita que “no hay evidencia” de su eficacia para cortar la transmisión y que “no refleja realmente el estado inmunitario” porque “equipara el estar vacunado con estar inmunizado y esto no se ajusta a la realidad”. “Existe un claro riesgo de que su utilización pueda suponer la relajación de medidas de prevención en interiores (sobre todo una disminución en la utilización de la mascarilla)”, parafrasea la sentencia, que apunta también a las dificultades para el control efectivo de los documentos.

Aunque el fallo no tiene más efectos prácticos que sentar jurisprudencia y propinar un nuevo puntapié a la gestión vasca de la pandemia, es posible recurrirlo en el Supremo. De hecho, es ahí adonde tuvo que acudir el Ejecutivo de Urkullu -después de renunciar a ello- para ponerlo en marcha ya que el Superior se lo frenó con una polémica sentencia en la que incluso consideraba que ir a un karaoke era un derecho básico que no se podía limitar. Sin embargo, sí logró evitar la última de las prórrogas que se anuncio, a principios de febrero, y que Urkullu desistiera de mantener esta medida. Además, era una evidencia que muchos locales no estaban aplicando los controles del documento. Ni siquiera se entregó una herramienta oficial de verificación y se empleaba o una revisión visual o una aplicación de Suiza fácilmente manipulable ya que bastaba con una captura de pantalla para conseguir un duplicado de un certificado origina.

El Departamento de Salud dio entrada en el Parlamento Vasco el 9 de febrero -exactamente a las 12.50 horas, según el sello del registro- a un documento firmado por la consejera, Gotzone Sagardui, en el que se habla del pasaporte COVID como una medida para “procurar ámbitos más seguros en cuanto al riesgo de transmisión del virus”. Se da la circunstancia de que esta herramienta llevaba ya varios días desactivada del todo, desde el 4 de febrero. Además, consta como fecha de elaboración del informe el 1 de febrero, que fue el día en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) denegó la autorización judicial para la prórroga exigencia de este documento en la mayoría de locales. En ningún momento se menciona esta circunstancia.

El informe fue enviado a instancias de una pregunta de Rebeka Ubera, parlamentaria de EH Bildu. Pedía también a Salud que le respondiera a una pregunta concreta. “A la vista de las conclusiones identificadas por el Departamento de Salud desde su entrada en vigor, ¿cuál es la intención del Departamento de Salud en relación al mantenimiento del certificado?”, planteaba. La respuesta es la siguiente: “Es el consejo asesor del Labi, tras informe del Labi técnico, el que revisa las medidas en función de la situación epidemiológica”. Ni la instauración inicial del pasaporte COVID, ni su primera ampliación, ni la petición de prórroga solicitada al Superior ni, finalmente, la derogación total pasaron por el Labi. Tampoco hay menciones a que, días atrás, con un comunicado, Euskadi dio por terminado el uso de esta herramienta más allá de su función original, viajar entre países.

“La exigencia de certificado COVID es una medida que está siendo utilizada en muchos sectores de actividad por un buen número de países de nuestro entorno. Ha sido considerada como una medida para convivir con la COVID-19 y reducir el riesgo de transmisión en entornos de elevado riesgo, y también una medida dirigida a minimizar el riesgo en el caso de personas con un riesgo alto de complicaciones graves por COVID-19”, explica Sagardui, por el contrario.

La respuesta de la consejera se completa con una 'Memoria justificativa relativa a la ampliación de la exigencia de certificado digital COVID para la participación en determinadas actividades'. Fue un documento utilizado después del puente de diciembre para justificar la ampliación a toda la hostelería, a los eventos culturales y deportivos, a los gimnasios y a las visitas a hospitales, residencias o prisiones del control del pasaporte. En él, la directora de Salud Pública, Itziar Larizgoitia, remarca también que “se propone como una medida preventiva eficaz para mitigar la actual progresión” porque “posibilita el desarrollo de dichas actividades de manera más segura”.

La información enviada a la Cámara se completa con una tabla de la evolución de primovacunaciones -personas con al menos una dosis- desde que se anunció que se iba a controlar el pasaporte COVID en algunas actividades el 17 de noviembre hasta el 5 de enero, cuando está registrada la pregunta de EH Bildu. En niños de 12 a 15 años subió del 89,6% al 96,5%, en adolescentes de 16 a 19 años del 89,4% al 93,1%, en veinteañeros del 80,9% al 85%, en treintañeros del 84,4% al 87,1% y en cuarentañeros del 91,5% al 92,8%. En los más mayores la diferencia es de menos de un punto porcentual.

320 rastreadores en la última ola

También a instancias de Ubera, Salud dio entrada doce segundos antes a otro documento sobre las “zonas de contagio” durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021. Según estos, datos en octubre aparecieron 75 brotes, en noviembre 303 y en diciembre 849. De ellos se derivaron 510, 1.798 y 4.237 casos, respectivamente. El 69% de los focos registrados se dieron en centros educativos, 847 de 1.227. También 157 en el ámbito sociosanitario (residencias). Por el contrario, en el ámbito “social” apenas se identifican 38. ¿No hay brotes en bares, gimnasios o eventos o es que se rastrea mejor en colegios y residencias? En cuanto a Osakidetza, registró en el mismo período en sus centros 38 brotes, con 126 profesionales afectados.

Los datos aportados al Parlamento por Sagardui muestran también que Osakidetza dio de baja 11.419 contratos antes de la última ola. No obstante, eso no implica que se diera de baja a un número equivalente de personas. En cuanto a contrataciones, en noviembre había en nómina 1.093 profesionales para “tareas COVID” y en diciembre eran 1.224. En cuanto a la red de rastreo, ha afrontado esta oleada con 320 profesionales. En diciembre eran 364, en enero del pasado año fueron 529 personas y en julio eran 527. El lehendakari, Iñigo Urkullu, aseguró que esta unidad ha llegado a contar con 700 efectivos. No obstante, en esta ola los protocolos han cambiado de raíz el seguimiento de la pandemia. Solamente se ha hecho rastreo de personas vulnerables (mayores, crónicos, embarazadas o no vacunados) y ha desaparecido la figura de los contactos, de modo que se descongestionó la red de rastreo por la vía de reducir sus atribuciones.

En las últimas horas Navarra ha notificado siete fallecidos de personas con COVID-19 y nueve ingresos hospitalarios, uno de ellos en la UCI. Con los nuevos ingresos, en total, 145 personas se encuentran hospitalizadas, 21 de ellas en estado grave en la UCI, según los datos ofrecidos este sábado por el Gobierno foral.

Los casos de coronavirus registrados durante la jornada del viernes han sido 409, tras haber realizado 1.781 pruebas, lo que hace que la tasa de positividad se sitúe en el 23%. Según recuerda Europa Press, las cifras del último día representan un descenso respecto a los 432 casos del día anterior con una positividad del 22,5%. El miércoles se detectaron 545 (29,7%), el martes fueron 473 (21,9%), el lunes 757 (28%), el domingo 394 casos con una positividad del 40,5%, el sábado 395 positivos (34,5%) y el viernes de la semana pasada fueron 738 casos (31,6%).

En cuanto a la vacunación, en las últimas 24 horas se han administrado 2.623 dosis, con lo que el total de administradas asciende a 1.370.747. Por lo tanto, las personas con pauta completa son 547.618.

Este se trata del último fin de semana con restricciones en la hostelería navarra puesto que, a partir del 15 de febrero, se pone fin al horario de cierre establecido a la 1.00 para bares y discotecas, la prohibición del consumo en barra y el límite máximo de 10 comensales por mesa. “Llevamos cinco semanas en las cuales claramente hay un descenso de la incidencia y está habiendo, de manera consolidada, una disminución en la presión hospitalaria y en las UCI. Estamos en otro momento epidemiológico y es lo que nos lleva a esta flexibilización”, defendía el pasado miércoles la consejera de Salud, Santos Induráin, quien ha consideró además que se trata este del “inicio de una transición a un nuevo escenario en el manejo de la COVID-19”, aunque “no es el final de la pandemia”. Junto con el fin de las restricciones en hostelería, Navarra acaba también con la obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID-19 para acceder a lugares como bares, discotecas, gimnasios o residencias y tan solo será obligatorio para viajar al extranjero.

El Gobierno vasco ha nadado siempre a contracorriente en todo lo relacionado con el pasaporte COVID. De desecharlo pasó a considerarlo como la única medida cuando la última ola empezaba a convertirse en tsunami y ahora, tras sopesar su retirada en la línea de Asturias, Catalunya o la vecina Cantabria, ha decidido no solamente mantenerlo (hasta el 13 de febrero) sino exigirlo igualmente en hoteles y otros establecimientos turísticos y en salones de juego, hasta ahora exentos. La medida ha suscitado contestación social -quizás más que ninguna otra en los últimos meses- y se incumple de manera flagrante en muchos locales, particularmente en la hostelería. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido confianza en las decisiones de las autoridades sanitarias: “Todos nos sentimos capacitados para hacer valoraciones cuando corresponde en todo caso a las autoridades sanitarias. Dejemos de ser los más expertos en lo más desconocido y dejemos que sean las autoridades sanitarias las que marquen el camino”.

El Ejecutivo ha enviado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) este viernes por la mañana la solicitud de la preceptiva autorización judicial, ya que afecta a derechos constitucionales. Se indica en el escrito remitido que el control del pasaporte COVID se fundamenta en la “intensidad de la circulación epidémica” y en el “consiguiente índice de ocupación de camas hospitalarias”. Se confía en que la sala de lo contencioso-administrativo del Superior, liderada por el magistrado Luis Garrido, se pronuncie en 72 horas. Sin embargo, fuentes judiciales ya han adelantado que esas 72 horas se interrumpen por el fin de semana, por lo que decaerían el 1 de febrero la mayoría de supuestos en que se pide el documento -quedaría para el ocio nocturno a partir de las 22.00 horas y para los restaurantes de más de 50 comensales de aforo- y habría un limbo legal de unas horas. Ésta es la cronología de los acontecimientos.

16 de noviembre de 2021

Algunos cargos institucionales vascos, como el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, del PNV como Urkullu, lanzan como globo sonda la necesidad de imitar a Francia y a algunas comunidades que empiezan a coquetear con la implantación del pasaporte COVID. Ese 16 de noviembre, el lehendakari se reúne con el ministro-presidente de Flandes, Jan Jambon, y recalca que las comunidades autónomas no tienen competencias para ello y que no es conveniente una decisión no “uniforme” para toda España. Hasta entonces, el argumentario repetido por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, era claro. Este sistema fue concebido para viajar con seguridad entre países y no para acceder o no al ocio. Asimismo, se enfatizaba la dificultad de convertir en controladores de documentos sanitarios a particulares o pequeñas entidades privadas. “¿Hasta qué punto podemos poner limitaciones con algo que no es obligatorio?”, se llegó a preguntar el consejero-portavoz, Bingen Zupiria, sobre la vacunación.

17 de noviembre de 2021

En rueda de prensa, los consejeros Sagardui y Zupiria anuncian que Euskadi quiere pedir autorización judicial para iniciar la implantación del pasaporte COVID en medio de la sorpresa general. Mientras la incidencia acumulada supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, se pediría en el ocio nocturno desde las 22.00 horas y en los restaurantes de más de 50 plazas. En este caso, la medida tenía la peculiaridad de que uno con 49 plazas al 100% quedaría exento pero uno con 50 con un solo ocupante no. 

22 de noviembre de 2021

El Superior, que en otras fases de la pandemia había tumbado medidas propuestas por el Gobierno vasco para contener la COVID-19, rechaza la implantación del pasaporte COVID en Euskadi. Lo hace en una muy polémica resolución en la que se alude a que poner barreras a determinados locales supone, por ejemplo, limitar la libertad artística de quienes quieren ir a un karaoke. El fallo tuvo incluso el voto particular del presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, Garrido, antes bestia negra del Ejecutivo. “Tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, el Gobierno vasco no judicializará esta gestión. No presentará recurso a este autor. Lo que verdaderamente es urgente sigue siendo establecer medidas que sirvan para controlar la extensión de la pandemia”, respondió el Gobierno tras el varapalo judicial, aunque con la oposición interna del socio minoritario, el PSE-EE.

24 de noviembre de 2021

En un nuevo viraje de 180 grados, el Ejecutivo anuncia que recurrirá ante el Tribunal Supremo para lograr la puesta en marcha del pasaporte COVID. Se agarra ahora a una sentencia de Galicia -ya conocida cuando rechazaba pelear en los tribunales- y a que “en los casos de Catalunya y Murcia” la Justicia había autorizado en esos mismos días la nueva medida, al igual que en Navarra. El lehendakari, en el Parlamento, defendió el cambio de postura tratando de ofrecer naturalidad.

30 de noviembre de 2021

El Tribunal Supremo adelanta que dará luz verde al pasaporte COVID en Euskadi, como ocurrió en Galicia, aunque no envía la sentencia en su totalidad, lo que impide la puesta en marcha de las medidas validadas.

2 de diciembre de 2021 (mañana)

El Gobierno vasco sigue a la espera de la sentencia del Supremo para activar el pasaporte COVID. Cuando la reciba -se anuncia- se reactivará la emergencia sanitaria por tercera vez en la pandemia. Esta figura permite la creación de la mesa de crisis de seguimiento, el denominado Labi, y abre la puerta a adoptar restricciones siempre que no colisionen con derechos que solamente pueden ser suspendidos en estados de alarma o excepción. En todo caso, Urkullu adelanta ya su deseo de extender el uso del pasaporte a más supuestos.

2 de diciembre de 2021 (tarde)

Urkullu cambia de planes. La sentencia no termina de llegar, se acerca el puente de la Constitución y de la Inmaculada, y activa el engranaje para volver a la emergencia sanitaria independientemente del fallo del Supremo. Se desea disponer de un marco para poder adoptar medidas adicionales cuanto antes.

3 de diciembre de 2021 (mañana)

Llega al fin el fallo del Supremo. Como se esperaba, valida la implantación del pasaporte COVID en Euskadi, que puede entrar en vigor el sábado 4 de diciembre, como así ocurrió. Hay un voto particular que cuestiona algunos extremos. “No se justifica esta medida cuando existen, con total claridad, otras menos lesivas como, sin duda, lo fueron las que llegó a adoptar la misma Administración en situaciones diferentes”, indica el magistrado Antonio Jesús Fonseca.

3 de diciembre (tarde)

Se reúne en Labi por vez primera en la emergencia sanitaria y en puertas de un puente que se había convertido en preocupación por el incremento de las interacciones y de la movilidad. La reunión acaba sin que el lehendakari comparezca ante los medios de comunicación y sin que se adopte ninguna medida, aunque sí se confirma que se analizará una ampliación del uso del pasaporte COVID.

4 de diciembre

Entra en vigor el pasaporte COVID. Los hosteleros no disponen de ninguna herramienta oficial para controlarlo, por lo que se recomienda -como en Navarra- una aplicación de Suiza. Ésta, sin embargo, no verifica más que el documento exhibido esté vigente, no lo cruza con la identidad de quien lo porta. Además, un mismo QR se puede validar una y otra vez e incluso lee como buenas copias infinitas de un original.

10 de diciembre de 2021

En Pamplona, en una rueda de prensa conjunta con María Chivite, Urkullu pide no llamar al documento “pasaporte COVID” y sí “certificado de vacunación”. Orilla que se puede obtener igualmente tras haber pasado la enfermedad o con una prueba negativa en determinadas circunstancias sin necesidad de recibir la inmunización. En la comparecencia, detalla en qué supuestos se extenderá el pasaporte COVID. Se pedirá en el conjunto de la hostelería, en eventos culturales o deportivos (también al aire libre), en gimnasios y centros deportivos y en las visitas a hospitales, cárceles o residencias. No se contemplan más restricciones que ésta.

13 de diciembre de 2021

El Gobierno vasco remite un documento con respuestas a dudas frecuentes sobre el pasaporte COVID en vigor desde diez días atrás. Se precisa ahí que es necesario aportar el DNI junto con el QR para que en los establecimientos se verifique la identidad del titular.

14 de diciembre de 2021

El Superior acepta esta vez la petición de uso del pasaporte COVID en su segunda fase. Reniega de ella, como en la anterior ocasión, pero se pliega a la jurisprudencia del Supremo. En todo caso, veta que pueda ser requerido en eventos al aire libre, básicamente estadios de fútbol, porque sobre ello no hay un criterio definido y el riesgo de contagios es mucho menor que en interiores. 

15 de diciembre de 2021

La extensión a toda la hostelería entra en vigor con dudas y algunos incumplimientos en el arranque. Nuevamente, no existe un sistema de control oficial y todo queda o en manos de la aplicación Suiza o de revisiones visuales. “Me parece estupendo que pongan medidas para contener el virus si es por nuestra salud, pero la forma en que lo han implantado, de la noche a la mañana, considero que no es la adecuada”, explicaba la encargada de un gimnasio.

18 de enero de 2022

Este periódico publica testimonios de cómo, en Navidad, las peticiones del certificado habían empezado a desaparecer poco a poco, particularmente en la hostelería. La consejera Sagardui lo niega: “No sé en qué basa usted la evidencia, dado que yo no soy una gran usuaria de espacios de ocio. Allí donde he ido puedo asegurar que me lo han pedido. Ha habido un control”. La titular de Salud, además, defendió que la medida había activado las “primovacunaciones” de una manera “sensible”, esto es, que había movilizado a personas rezagadas.

26 de enero de 2022

En Bilbao, el lehendakari pone voz a lo que en privado trasladaban fuentes de su Gobierno: no hay una decisión tomada pero se analiza la retirada del pasaporte COVID en línea con lo ocurrido en otras autonomías. Este asunto copa los titulares de muchos medios de comunicación. Queda la duda del alcance de la decisión, porque la segunda fase sí tenía una fecha de final pero no la primera, que es indefinida hasta que la tasa de incidencia baje de los 150 puntos.

27 de enero de 2022

El Gobierno vasco, con un escueto comunicado de un párrafo, establece lo siguiente: “Valorando otras decisiones como la adoptada ayer en el Consejo Interterritorial, solicitará la ampliación de la vigencia del certificado COVID [de los supuestos que expiran el 31 de enero] hasta el 13 de febrero. Solicitará también autorización para ampliar su uso en hoteles, alojamientos turísticos y salones de juego, además de lo que hasta ahora estaba contemplado en el decreto vigente”. 

28 de enero de 2022 (mañana)

El Ejecutivo envía al Superior la petición de ampliación del pasaporte COVID y las memorias justificativas en la confianza de obtener una respuesta para el 31 de enero, en 72 horas. Fuentes judiciales responden que los festivos no son días hábiles y fija para deliberar el 1 de febrero, lo que supondrá que la normativa decaiga al menos durante unas horas salvo el paquete inicial presentado en noviembre.

28 de enero de 2022 (tarde)

La consejera Sagardui urge a la Justicia a que actúe con “celeridad” para resolver el futuro del pasaporte COVID. Sobre la medida en sí, Sagardui insiste en su utilidad: “Está siendo utilizada en muchos sectores y por un buen número de países para potenciar la vacunación en la población”. Sobre los incumplimientos, remarca que es “responsabilidad de todos” que las normas sean observadas. “Todos tenemos en nuestra mano la decisión de hacer frente a esta pandemia”, asevera.

31 de enero de 2022

La Fiscalía, en su preceptivo informe ante la tramitación de la regulación del pasaporte COVID ante el Superior, ve pertinente la extensión de la medida hasta el 13 de febrero, como el conjunto de las restricciones de aforos y horarios, pero entiende que no hay base para ampliarlo a más locales como hoteles o salones de juego. Afea a las autoridades sanitarias que no se ofrezcan datos objetivos para justificar semejante paso.

1 de febrero de 2022 (mañana)

La jornada arranca con la normativa decaída con excepción del ocio nocturno (a partir de las 22.00 horas) o los restaurantes de más de 50 plazas de aforo. Al mediodía, el Superior rechaza la petición del Gobierno vasco, no solamente el extenderlo a nuevos establecimientos sino también de mantener el marco actual hasta el 13 de febrero. También los jueces afean al Ejecutivo que no haya dado datos justificativos suficientes para mantener una medida afecta a derechos básicos.

1 de febrero de 2022 (tarde)

El Gobierno asegura acata pero no comparte la resolución pero, al mismo tiempo, renuncia a recurrirla en el Supremo. Se queja de que haya base para mantener el primer paquete básico del pasaporte COVID y que esos mismos argumentos no valgan para el resto de supuestos.

3 de febrero de 2022

El Ejecutivo vuelve a cambiar el paso y retira del todo el pasaporte COVID. Ya no lo considera necesario ni en el ocio nocturno desde las 22.00 horas ni en los restaurantes más grandes. Se apunta a que “la actual evolución epidemiológica y sanitaria de la pandemia” hacen posible retirarlo cuando una semana atrás parecía imprescindible.

El hecho de que el Gobierno de Iñigo Urkullu haya apurado los plazos al extremo para solicitar autorización al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para prorrogar en el tiempo la vigencia del pasaporte COVID y para ampliar su uso a otros locales como hoteles, alojamientos y salones de juego va a suponer que Euskadi se quede unas horas o incluso días la próxima semana sin marco legal en vigor para pedir este certificado en la mayoría de locales y eventos, según confirman fuentes judiciales. Inicialmente, se valoraba la retirada de la medida, como se ha hecho en Asturias, Cantabria o Catalunya, pero finalmente se optó no sólo por mantenerla en el tiempo sino por extenderla a más supuestos. Pero lo ajustado de los tiempos tras haber tomado la decisión generará ahora un contratiempo inesperado para el Ejecutivo.

Como publicó este periódico, el Gobierno ha enviado este viernes por la mañana la petición para la validación judicial, así como las memorias justificativas. El área de Gobernanza Pública y Autogobierno, dirigida por la consejera Olatz Garamendi y de la que dependen los servicios jurídicos, ha confirmado a las 12.05 horas que ya había completado ese trámite, en el que también han trabajado los letrados del Departamento de Salud. Se indica en el escrito remitido que el control del pasaporte COVID se fundamenta en la “intensidad de la circulación epidémica” y en el “consiguiente índice de ocupación de camas hospitalarias” y se defiende la necesidad de mantenerlo en vigor.

El plazo de tramitación mínimo es de 72 horas, según las estimaciones del propio Ejecutivo. Este jueves, fuentes del Gobierno confiaban en que se habilitara el sábado y el domingo y que la resolución llegaría el lunes. Sin embargo, ésa es una prerrogativa del tribunal, que este viernes ha admitido a trámite el asunto y ha dado un plazo de 24 horas a la Fiscalía para exponer sus alegaciones. Sin embargo, esas 24 horas expiran el lunes a las 12.30 horas considerando como festivos los días del fin de semana. Así las cosas, la sala deliberará este martes y emitirá su fallo o ese “a última hora” o ya el miércoles, indican las fuentes consultadas. Se da la circunstancia de que la prórroga es solamente para el 13 de febrero, por lo que de admitirse se habrá completado todo el proceso para menos de dos semanas.

El pasaporte COVID está regulado por dos reglamentos diferentes. Por un lado, hay un paquete inicial que lo establece para el acceso al ocio nocturno a partir de las 22.00 horas y para restaurantes grandes, de más de 50 comensales de aforo. Esa regulación -una orden de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui- es indefinida mientras la incidencia supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Ahora el dato supera los 3.000 con holgura. Sin embargo, cuando se amplió en diciembre -mediante un decreto del lehendakari, Iñigo Urkullu- se fijó una doble limitación, por un lado la incidencia (y en 300, no en 150) y, por otro, un tope temporal que acaba el 31 de enero.

Así las cosas, a falta de autorización para la prórroga, en la medianoche del lunes decaerá el decreto de Urkullu y con ella el grueso de los locales en que se puede exigir el certificado, ya que fue ahí donde se introdujo a toda la hostelería, a todos los eventos culturales y deportivos en espacios cerrados, a los gimnasios y centros deportivos y a las visitas a residencias, hospitales o prisiones. Fuentes del Gobierno, en todo caso, aseguran a este periódico que la normativa procesal de la jurisdicción contencioso-administrativa obliga a la sala a responde en 72 horas “naturales” y no “hábiles”.

Quien quiera obtener el pasaporte COVID de recuperación en Euskadi tendrá que hacerse una PCR en una clínica privada. Así lo ha explicado Osakidetza en respuesta al auto del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Donostia que aceptó el viernes pasado adoptar medidas cautelares para que el Servicio Vasco de Salud realice una prueba a una mujer y a su hijo para poder recibir el pasaporte COVID de recuperación, según ha adelantado el diario 'Gara'. El certificado por haber padecido la enfermedad autorizado por la Unión Europea establece que es válida una PCR positiva pero no una prueba de antígenos.

El caso de una familia guipuzcoana ha llegado a los juzgados. Según adelantó el viernes pasado 'Gara', la familia llevó a los tribunales la negativa de Osakidetza a realizar una prueba PCR a la solicitante y a su hijo para poder acceder a un pasaporte COVID de recuperación. De ese modo, el juzgado ordenó la adopción de medidas cautelares. Sin embargo, Osakidetza ha presentado un escrito de alegación, según 'Gara', con un “tono áspero”. “En estos momentos se está priorizando, por motivos clínicos, el test de antígenos”, asegura Osakidetza. Por ello, “no existe la posibilidad de que el paciente elija uno u otro a su criterio, sino que tiene que indicarlo un profesional sanitario siguiendo lo establecido en los protocolos de Salud Pública”. Así, si una persona quiere hacerse una PCR para obtener el pasaporte COVID, “puede hacérsela en un centro acreditado”. Precisamente, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui ha defendido este martes el aumento del uso de pruebas de antígenos, que “ha supuesto conocer los resultados con mayor rapidez” en un contexto en el que la explosión de ómicron ha causado más de cien fallecidos en la última semana, si bien ha anunciado un “cambio de tendencia” en la incidencia de la COVID-19.

La Unión Europea estableció al regular el pasaporte COVID que “para evitar obstáculos a la libre circulación, los certificados deben expedirse gratuitamente”. Si Osakidetza obliga a los ciudadanos vascos a someterse a una PCR en una clínica privada para la obtención del certificado, no garantiza su gratuidad. Además, el reglamento también dicta que no debe haber “discriminación basada en la posesión de una categoría específica de certificado”. Por ello, Osakidetza alega en el escrito que “en caso de entender que dicha prueba debe ser costeada con fondos públicos, se podría acudir a obtener el reintegro del coste de dicho servicio”. No obstante, 'Gara' asegura que no se especifica cómo hacerlo.

Asimismo, Osakidetza ha argumentado que la solicitante de la prueba PCR está actualmente vacunada, por lo que puede hacer uso del pasaporte COVID de vacunación, y que el certificado no es un requisito para los menores de 12 años. Así, considera que, “a efectos prácticos”, lo solicitado “es completamente innecesario”. También advierte de que la obligación del Servicio Vasco de Salud es “prestar la debida asistencia sanitaria con los recursos disponibles” y que aceptar la exigencia de “cambiar los protocolos” para facilitar la obtención del pasaporte COVID “vendría a favorecer una inadecuada utilización de los recursos públicos”.

El pasado 4 de diciembre, se implantó el pasaporte COVID para el ocio nocturno a partir de las 22:00 o para restaurantes de más de 50 comensales tras la autorización del Tribunal Supremo. El 15 de ese mismo mes, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio luz verde a extender la exigencia del pasaporte COVID a toda la hostelería, en cines y teatros, en eventos deportivos, en gimnasios o en las visitas a residencias, hospitales o cárceles. Sin embargo, en la práctica, el pasaporte COVID ha ido desapareciendo, al menos, en parte de la hostelería. La titular de Salud, aun así, ha asegurado que el certificado no es una “filfa”.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que invita a la administración a ser menos rígida a la hora de conceder la nacionalidad a mujeres que procedan de países donde han sido víctimas de la desigualdad. Los jueces estiman el recurso de una mujer nacida en Marruecos que vive en España desde hace más de dos décadas, a quien le fue negada la nacionalidad por no tener conocimientos sobre instituciones, política, cultura y geografía española. Para el Supremo, el proceder de un país donde las mujeres sufren un mayor aislamiento social no es una carta blanca para obtener la nacionalidad española pero es una circunstancia que debe ser tenida en cuenta por la administración.

La sala tercera ha estudiado el caso de Zahia, una mujer que llegó a España en el verano del año 2000 cuando tenía 25 años y que solicitó la nacionalidad cuando llevaba ya 12 años en nuestro país. Fue examinada por el juez encargado del Registro Civil de Manresa en 2015 y la resolución fue rechazar su petición: no había contestado correctamente a preguntas sobre instituciones, política, cultura o geografía de España. El artículo 22.4 del Código Civil exige que los que quieran obtener la nacionalidad española justifiquen “suficiente grado de integración en la sociedad española”, aspecto que se articula a través de cuestionarios.

En este caso, el cuestionario que no consiguió acertar incluía preguntas como nombrar al menos dos presidentes de la Generalitat de Catalunya o la definición de democracia.

La mujer, defendida por el abogado César Manuel Pinto, el que consiguió la anulación de la venta de 3.000 viviendas públicas a fondos buitre en Madrid, llevó su caso sin éxito ante la Audiencia Nacional y finalmente ante el Tribunal Supremo. La sala de lo contencioso-administrativo, con el magistrado Wenceslao Olea como ponente, llega a la conclusión de que esta exigencia de conocimientos no es discriminatoria pero que debe ser analizada a través del prisma de la Ley de Igualdad de 2007. En este caso ni la administración ni la Audiencia Nacional tuvieron en cuenta las circunstancia de esta mujer y el Supremo ordena concederle la nacionalidad española.

Los jueces recuerdan que se tienen que examinar el contexto de la persona que pide la nacionalidad. “Ha de estarse a las circunstancias personales del solicitante sin que puedan establecerse criterios objetivos sobre dicha integración”, dice el Supremo. Reconoce que el hecho de proceder de una sociedad donde las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres debe ser tenido en cuenta, aunque rechaza que suponga un aval directo para obtener la nacionalidad: “No pueden considerarse la procedencia de ambientes socioculturales discriminatorios de mujeres migrantes pueda servir para relajar la exigencia de la integración en la sociedad española para la concesión de la nacionalidad por residencia”, dice el Supremo. Pero matiza: “Sí que esa integración no puede desconocer esa procedencia de ambientes de contexto socioculturales discriminatorios y acomodar la exigencia legal a tales circunstancias”.

Los jueces llaman, por tanto, a examinar caso por caso y tener en cuenta las circunstancias de estas mujeres. “No puede existir un estándar generalizado de integración válido para todos los solicitantes, sino que debe valorarse las propias circunstancias personales, entre ellos, indudablemente el déficit de formación cultural por la escasa formación prestada”, especifica el alto tribunal.

En este caso concreto, la sala opta por estimar el recurso de la mujer, que tiene una consecuencia directa: “Se declara el derecho de la recurrente a la obtención de la nacionalidad española por residencia”, dice la sentencia en su fallo. “Ninguna de las mencionadas circunstancias han sido valoradas por la Administración a la hora de decir sobre la petición, limitándose a razonar la resolución la propuesta realizada en el expediente en base a un cuestionario de preguntas (...) que ya en su propio contenido hace abstracción de la escasa formación de la solicitante y sin consideración al estilo de vida españoles que cabría concluir de su integración en una familia de miembros españoles”, explica el Tribunal Supremo.

Los asesores científicos para el seguimiento de la pandemia en Catalunya tienen sobre la mesa el encargo de la Generalitat de evaluar la utilidad del pasaporte COVID-19. El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha confirmado este lunes que ha trasladado a este organismo independiente la necesidad de elaborar un informe sobre la eficacia del certificado frente a la variante ómicron.

Argimon ha confirmado durante su visita a los laboratorios de Hipra, que trabajan en la elaboración de la vacuna contra la COVID-19, que ha hecho la solicitud al Comité Científico Asesor de la COVID-19 “que revise esta necesidad del certificado” en las actuales circunstancias, con una variante que, según ha afirmado, “cambia el panorama”.  Los estudios publicados hasta ahora detectaron que ómicron escapa con mayor facilidad de la protección de la vacuna en cuanto a reinfecciones, especialmente con solo dos dosis, pero no tanto con la tercera. 

La necesidad de mostrar el pasaporte COVID-19 para acceder a determinados recintos está vigente en Catalunya desde finales de noviembre, con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Están obligados a mostrarlo todos los mayores de 12 años que quieran acceder a restaurantes, bares, gimnasios y residencias de gente mayor.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y Argimon han visitado este lunes las instalaciones de la farmacéutica Hipra de Amer (Selva). Aragonès ha defendido que están evaluando la idoneidad de las restricciones para frenar la propagación de la COVID-19: “Las medidas que hemos tomado sabemos que son contundentes pero no deben durar un día más de lo necesario”. 

Este mismo lunes se reúne la Comisión Delegada de la COVID-19 de la Generalitat para decidir la actualización de las restricciones vigentes. La semana pasada la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ya dio por hecho que se pondría fin al toque de queda si los datos de la pandemia no empeoraban. Falta ver si se mantiene el cierre del ocio nocturno y los distintos aforos reducidos en la hostelería y las actividades culturales.