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Un particular hace que la Justicia tumbe la regulación del pasaporte COVID en Euskadi durante la pasada Navidad

Una clienta, mostrando el pasaporte COVID en un local de Vitoria

Enésimo varapalo judicial a la arquitectura normativa del Gobierno de Iñigo Urkullu para combatir la pandemia. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidida por el magistrado Luis Garrido, ha dado la razón a un particular, Joseba Andoni B.C., y ha anulado un decreto adoptado antes de Navidad para hacer extensivo a casi todos los espacios de ocio el denominado pasaporte COVID. Este tribunal, que quiso frenar su implantación en Euskadi pero fue reconvenido por el Supremo, entiende en un fallo plagado de errores de redacción que es una medida no “proporcionada” porque vulnera derechos básicos y no era verdaderamente eficaz para combatir los contagios, entonces disparados por la llegada de la variante ómicron del Sars-Cov-2.

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El particular, del que no se da ninguna referencia, presentó un recurso acusando al Ejecutivo de haber querido regular con un decreto materias que afectan a derechos básicos y por lo tanto necesarias de una norma de rango superior. Cita afecciones a “datos personales sanitarios”, a la “igualdad”, a la “libertad ideológica” y al derecho de libre circulación. Consideraba que pedir el pasaporte COVID supuso “una sanción encubierta por no vacunarse” y “sin cobertura legal”, aunque el documento era posible obtenerlo también o tras haber pasado la enfermedad o con una prueba diagnóstica negativa validada.

La representación jurídica del Gobierno vasco, que en la pandemia se ha enfrentado a incontables recursos contra las medidas sanitarias y que ahora está recibiendo una oleada de peticiones de indemnizaciones por parte de los hosteleros, defendió que aquellas decisiones se aplicaron en un contexto de repunte de la COVID-19, ya que la incidencia era de casi 800 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días -el doble de lo considerado ya como alerta roja- y en los hospitales había casi 300 ingresados, 73 de ellos en la UCI. Además, se apuntaba a que otros países europeos y comunidades autónomas españolas lo estaban implantando también. Deslizaba que podía incentivar la vacunación, “significativamente inferior” en las capas más jóvenes de la sociedad.

Sin embargo, la sala da más validez a otro informe, en este caso del Ministerio de Sanidad, de su ponencia de alertas, aunque admite abiertamente que “no llegó a ser [...] aprobado” por la comisión interterritorial que sienta a la ministra, Carolina Darias, con los consejeros autonómicos, incluida la vasca Gotzone Sagardui. Este documento apunta “aspectos a favor” del pasaporte COVID pero también algunos puntos en contra. Entre ellos se cita que “no hay evidencia” de su eficacia para cortar la transmisión y que “no refleja realmente el estado inmunitario” porque “equipara el estar vacunado con estar inmunizado y esto no se ajusta a la realidad”. “Existe un claro riesgo de que su utilización pueda suponer la relajación de medidas de prevención en interiores (sobre todo una disminución en la utilización de la mascarilla)”, parafrasea la sentencia, que apunta también a las dificultades para el control efectivo de los documentos.

Aunque el fallo no tiene más efectos prácticos que sentar jurisprudencia y propinar un nuevo puntapié a la gestión vasca de la pandemia, es posible recurrirlo en el Supremo. De hecho, es ahí adonde tuvo que acudir el Ejecutivo de Urkullu -después de renunciar a ello- para ponerlo en marcha ya que el Superior se lo frenó con una polémica sentencia en la que incluso consideraba que ir a un karaoke era un derecho básico que no se podía limitar. Sin embargo, sí logró evitar la última de las prórrogas que se anuncio, a principios de febrero, y que Urkullu desistiera de mantener esta medida. Además, era una evidencia que muchos locales no estaban aplicando los controles del documento. Ni siquiera se entregó una herramienta oficial de verificación y se empleaba o una revisión visual o una aplicación de Suiza fácilmente manipulable ya que bastaba con una captura de pantalla para conseguir un duplicado de un certificado origina.

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