Si quieren leer la última resolución del Tribunal Supremo en la que insiste en privar del derecho al voto a centenares de miles de españoles, les sugeriría que se pongan de música de fondo El aprendiz de brujo de Paul Dukas y se dejen cautivar por la agonía de quien, a medida que intenta tapar su desatino, ve multiplicarse las incongruencias y los charcos. Aquí tenemos a unos magistrados, vestidos de toga y capirote, que enredando entre calderos pretenden separar el agua dulce de la salada, y tienen muy poco tiempo, apenas nada, para hacerlo. Pillados en su imprevisión, se enfadan y retuercen, mientras chapotean en el agua que sale a borbotones por las rendijas de sus argumentos.  

Ya conocen ustedes el contexto, el ‘lore’ que dicen ahora. La Ley de Memoria Democrática ofreció la nacionalidad a los hijos y nietos de los exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencia u orientación sexual. Para facilitar la demostración de todo ello y ahorrar a los interesados pruebas imposibles de recabar, una Instrucción posterior incluyó una presunción: se presumirán exiliados todos los que abandonaron España en la posguerra, desde 1936 hasta finales de 1955. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (entre cuyos miembros no figuran muchos descendientes de exiliados o represaliados por el franquismo, dejémoslo ahí) está en desacuerdo con esta Instrucción, que considera excesiva. Opinan que la opción para recuperar la nacionalidad debería concederse únicamente a los nietos que demuestren fehacientemente que sus abuelos fueron perseguidos por Franco, olvidando que una dictadura persigue a todos sus ciudadanos, aunque solo castigue a los más débiles. Estos magistrados querrían quitar la nacionalidad a estos nietos, pero no pueden, al menos por ahora; nadie se lo ha pedido. Pero aprovechando que el azar ha puesto en su camino el recurso contra una decisión de la Junta Electoral Central, han borrado a estos nuevos españoles del censo de expatriados y les han quitado un derecho, el de votar, que está garantizado como fundamental en la Constitución que juraron respetar. 

Y aquí empieza el juego de los calderos, con estos aprendices brincando en un piélago inundado. Según el Instituto Nacional de Estadística, el censo electoral cerrado a primero de agosto de 2026 lo conforman 38,7 millones de personas. Dentro de este gran depósito se encuentra uno más pequeño, el llamado Censo Electoral de Residentes Ausentes, el famoso CERA, que integra a los españoles que residen fuera de España; este caldero tiene 2,7 millones de personas de las que, en realidad, votan bastantes pocos. Y dentro de esta tinaja del CERA pululan 163.020 españoles que han obtenido la nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. 

La música empieza a sonar. El 10 de septiembre pasado el Tribunal Supremo tomó la decisión de eliminar del CERA y suspender el derecho al voto a todos los españoles que hubieran obtenido su nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Democrática; al mismo tiempo, y para salvar la excepción que se disponen a aceptar, permitió la incorporación de aquellos nuevos españoles que hubieran demostrado que su padre o su abuelo habían sido efectivamente perseguidos. Debió de pensar el Supremo que la operación era tan fácil como meter el cazo en el caldero del CERA y retirar los garbanzos negros, pero alguien les susurró que en aquel potaje no era sencillo distinguir el solvente del soluto y que la cosa iba para largo.

¿Cómo se retira a estos españoles del censo? Habría que saber cómo han obtenido la nacionalidad, pero el Registro de Matrícula Consular no permite conocer este dato de manera inmediata; se necesita una comprobación manual para distinguir aquellos que optaron a la nacionalidad conforme a la Ley de Memoria Democrática del resto. La información necesaria para la inscripción en el CERA no incluye la relativa a cómo se adquirió la nacionalidad. ¿Se puede certificar el motivo que ofreció cada optante para obtenerla? Sin duda, pero el expurgo llevaría meses, porque habría que revisar uno a uno los expedientes de nacionalización, desperdigados en 172 oficinas consulares de España. 

Y en esto llegó Pedro Sánchez y convocó elecciones, con lo que las puertas del censo se cerraron inopinadamente. En cumplimiento de los plazos electorales, el 12 de octubre el censo se puso a disposición de ayuntamientos y consulados para consultas durante ocho días. Pasado ese plazo, el próximo 23 de octubre se publicará oficialmente y quedará bloqueado e inmodificable a todos los efectos. Entre el 24 y el 30 de octubre los inscritos en el CERA empezarán a recibir la documentación electoral. ¡Qué desastre!

El mismo día 12 de octubre el Supremo desestimó el recurso presentado contra su decisión de excluir del CERA a los nuevos españoles. Lo primero que llama la atención de este auto es, sin duda, el enfado con el que está redactado. Está firmado por hombres enormemente irritados, con todo el mundo: con la Abogacía del Estado, con los Registros Consulares, con el Instituto Nacional de Estadística... Y un juez enojado nunca dicta una buena sentencia. El verdadero motivo de su enfado es que el conflicto se les va de las manos, las escobas de brujo se multiplican y el agua se derrama por doquier. Ahora han comprobado que su decisión no se puede cumplir en el tiempo disponible; ahora han caído en la cuenta de que tienen que llamar al procedimiento a los 163.020 españoles a quienes han quitado el derecho a votar (se les ha convocado por tablón de anuncios porque se ignora quiénes son); ahora han advertido que sin revisar los expedientes no se puede conocer qué motivo dieron para optar a la nacionalidad. Pero huyen hacia adelante. 

Como único argumento para mantener contra viento y marea su decisión imposible, el Supremo reitera su anhelo de garantizar unas elecciones inmaculadas e impolutas: el auto reitera la necesidad de asegurar su limpieza (palabra que repite tres veces), pureza (se repite en dos ocasiones) y pulcritud (otras dos), en expresiones de mañana de domingo y ropa recién lavada, palabras que no dicen nada. Porque la única elección pura, limpia y pulcra es aquella donde pueden votar todos y no se deja a ningún español sin voz ni voto. 

Con estas reflexiones el Tribunal Supremo parece comprar el argumentario de la ultraderecha más rancia, que no solo desprecia a los extranjeros sino que, en su arrogancia, pretende decidir quiénes son españoles y quiénes no, para permitir el voto solo a los limpios, puros y pulcros... que viven aquí. ¿Será este el pulso que late en el fondo de esta falsa polémica? Tal vez: con la excusa de cuestionar la Instrucción de 2022, que no distingue entre residentes y ausentes, en realidad el Supremo se dispone a limitar el voto solo de quienes viven en el extranjero, dejando incólume el derecho al sufragio de los nuevos españoles que, aplicándoseles la misma Instrucción que tienen por sospechosa, residen en España. La Constitución reconoce en su artículo 68.5 el derecho al voto de los españoles que viven fuera de España, pero quienes reparten patentes de patriotas han decidido que esos españoles ausentes, hijos de exiliados, de represaliados o simples hijos del proletariado emigrado en una dictadura, no merecen participar en unas elecciones pulcras, limpias y puras. Es, de nuevo, el resentimiento de los vencedores. 

No se vayan, que hay más. Dentro de unos días, el Tribunal Supremo contemplará desolado que sus órdenes no se han podido cumplir y arderá Troya. Viendo que se ignora cuántos de estos 163.020 españoles inscritos en el CERA son nietos de represaliados y cuántos no, ya ha decidido que privará del derecho a todos ellos, que Dios reconocerá a los suyos. Pero todavía hay algo más grave, como recordó la Abogacía del Estado al Tribunal Supremo: esta cifra de 163.020 se conoce por información general estadística, pero no está individualizada. No hay un listado de estas personas ni se conocen sus nombres y apellidos, por lo que el proceso de extraerlos del CERA llevaría un tiempo que no tenemos, así que la única alternativa real es esta: o se suspende el derecho a votar a todos los españoles inscritos en el CERA o no se suspende a ninguno, porque es materialmente imposible el expurgo ordenado en el plazo del que se dispone. Claro que, en tal caso, en lugar de tener a ciento y pico mil afectados a sus puertas, el Supremo tendría que lidiar con más de dos millones y medio de afectados; más escobas acarreando agua entre sus tinajas. ¿Qué hará el Supremo? Nadie lo sabe. La experiencia enseña que un juez suele ser prudente cuando sabe que su fallo es irrecurrible; de estos magistrados, que saben que el Tribunal Constitucional revisará pronto sus decisiones, puede esperarse cualquier cosa.  

En la balada que inspiró a Paul Dukas su conocida melodía, Goethe advertía a los aprendices de brujo: cuidado con los espíritus que invocáis; os será difícil libraros de ellos. Sigan atentos a la pantalla, porque esto no ha terminado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo es considerada como uno de los departamentos estratégicos del Tribunal Supremo. Entre otros muchos asuntos, es la sala que fiscaliza al Gobierno y por sus manos pasa cualquier movimiento legislativo relevante del Consejo de Ministros. Una sala que quedó diezmada durante el bloqueo del PP a renovar el Consejo del Poder Judicial y que, durante la presidencia de Isabel Perelló, ha renovado una mayoría de magistrados de sensibilidad conservadora. Una de esas secciones es la que estos días ha paralizado de forma cautelar el derecho a voto de los nacionalizados con la ley de nietos.

Antonio Narváez. Fiscal desde 1982, fue designado magistrado del Tribunal Constitucional entre 2014 y 2023 a propuesta del Gobierno del PP y Mariano Rajoy. Fue uno de los integrantes del bloque conservador del tribunal que en 2022 impidió que el Senado votase la reforma que afectaba a la renovación del propio Constitucional siendo él uno de los afectados. Una vez terminado su mandato en el Constitucional volvió brevemente a la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde impulsó la condena del Gobierno por la devolución ilegal de menores a Marruecos en 2021, antes de ser designado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el año pasado.

El ponente de los dos autos que mantienen paralizado el derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos' ha mostrado su cercanía al Partido Popular y, en particular, a Alberto Núñez Feijóo. Tal y como reveló El País, asistió en abril de 2023 a una reunión de fiscales conservadores con el líder del PP en el Hotel Claridge de Madrid y fue uno de los fiscales de alto rango que tomó la palabra. Lo hizo, según El País, para apoyar expresamente la llegada de Feijóo a La Moncloa y cargar contra “la alianza de los socialistas con los filoetarras de Bildu”.

Narváez ha sido el ponente de los dos autos que han impuesto y mantenido las medidas cautelares que, en la práctica, impedirán votar a miles de personas nacionalizadas por la conocida como 'ley de nietos'. Hace unos meses también fue ponente de la sentencia que reclamó cambios legales para resolver más rápido los casos de eutanasia como el de la joven Noelia, entre críticas de una decena de sus compañeros que consideraron que su resolución “muta o devalúa el significado constitucional del derecho a la muerte digna” al permitir que familiares recurran este tipo de medidas.

Alicia Millán. Accedió a la magistratura en el año 2000 después de una década ejerciendo como profesora de derecho y letrada de la Generalitat Valenciana. Vinculada a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, entró al Tribunal Supremo en febrero de 2025 y fue ponente de la sentencia que avaló la retirada de la Medalla al Mérito en el Trabajo a Julio Fernández Gayoso, expresidente de Novacaixagalicia condenado por el cobro de prejubilaciones millonarias. También de la que impuso una multa de 3.000 euros a José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), por lanzar una encuesta sobre el periodo de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa en 2024.

Millán, de perfil progresista, ha sido la única magistrada del Tribunal Supremo en pronunciarse en contra de la decisión de sus compañeros de mantener la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. Un documento en el que entiende que la lesión al derecho de voto de miles de afectados es “irreversible” y que la prioridad debería ser “preservar el derecho de participación”.

Luis María Díez-Picazo. Hijo del jurista y exmagistrado del Constitucional de igual nombre, Luis María Díez-Picazo entró en la sala tercera del Tribunal Supremo en 2008 por el turno de juristas de reconocida competencia. Hasta entonces había ejercido como letrado del Ministerio de Justicia y como catedrático de Derecho Constitucional. El historial de polémicas de este magistrado, muy cercano a Carlos Lesmes y con una trayectoria impulsada por el sector conservador del Poder Judicial, arrancó hace más de una década, cuando fue nombrado presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

El sector conservador del Consejo impuso a Díez-Picazo con dos puntos de ventaja sobre el entonces presidente de esta sala estratégica del Supremo. Sucedió entre acusaciones contra Carlos Lesmes, entonces presidente del organismo, por maniobrar para ubicar al frente de esta sala a un magistrado más afín que Sieira. Tres asociaciones judiciales llevaron el nombramiento hasta Naciones Unidas. Llegó al puesto en 2015 y tres años después protagonizó la polémica que desembocó en la mayor crisis interna de la historia reciente del Tribunal Supremo: el impuesto hipotecario.

Fue en 2018 cuando una de las secciones de su sala estableció que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, conocido como el impuesto hipotecario, debía correr a cargo del banco y no del cliente, una decisión que afectaba a miles de personas con una carga de millones de euros. La gestión de la crisis por parte de Díez-Picazo –durante años profesor en CUNEF, la universidad de la banca– desembocó en el pleno más tenso que recuerdan en la Sala, dando finalmente y gracias a su voto la razón a los bancos y dejando un reguero de votos particulares. El propio Carlos Lesmes, en una decisión inédita, tuvo que salir a pedir perdón por la gestión “deficiente” de la crisis. Díez-Picazo no se presentó a la reelección dos años después.

José Luis Requero. Magistrado desde 1983, Requero accedió al Tribunal Supremo en 2014 después de dos décadas en el departamento contencioso de la Audiencia Nacional. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008 –uno de los mayores bloqueos de la historia del organismo–, época en la que puso de manifiesto su perfil ultraconservador en cuestiones relacionadas con los derechos del colectivo LGTBI. Propuso que los jueces del Registro Civil pudieran negarse a tramitar expedientes sobre matrimonios entre personas del mismo sexo y fue ponente de una propuesta de informe sobre la ley de matrimonio homosexual que comparaba esos matrimonios con la unión entre personas y animales. Recientemente ha firmado un voto particular en el que se opone a que los ayuntamientos puedan exhibir en sus fachadas banderas LGTBI durante la semana del Orgullo.

Manuel Delgado-Iribarren. Una de las últimas incorporaciones a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, nombrado a principios de 2025 por unanimidad del CGPJ y considerado de perfil conservador, Manuel Delgado-Iribarren es uno de los mayores expertos en derecho parlamentario del país. Letrado de las Cortes Generales y de la Junta Electoral Central y antiguo miembro del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), ha sido ponente de varias sentencias relevantes en el último año: anuló una multa del Tribunal de Cuentas a Vox por el sistema de donaciones y también rechazó el recurso de Abogados Cristianos contra el Consejo de Memoria Democrática.

Antonio Fonseca-Herrero. Magistrado desde 1985, llegó al Tribunal Supremo en 2012 después de años presidiendo la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Castilla y León. Poco después pasó a ocupar el puesto de Promotor de la Acción Disciplinaria en el CGPJ: el encargado de investigar y proponer sanciones disciplinarias para jueces. Un puesto en el que, entre otras cosas, archivó las diligencias abiertas a jueces de Madrid por cobrar de Indra para desarrollar una herramienta informática judicial o a los magistrados que en 2014 firmaron un manifiesto a favor del “derecho a decidir”, aunque impulsó una sanción al juez Santiago Vidal. También abrió un expediente a Victoria Rosell, víctima de lawfare, a petición de los autores de la guerra sucia contra la magistrada y exdiputada de Podemos, investigación revocada posteriormente por la Comisión Disciplinaria.

El activismo judicial en España ha dejado de guardar las formas. Ya no le hace falta el pudor de la toga ni el disimulo de los tecnicismos. La reciente decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de rechazar el recurso de la Abogacía del Estado y mantener la suspensión cautelar del voto para 163.020 españoles en el exterior no es un acto de prudencia jurídica. Es una intervención política (diseñada, eso sí, con escuadra y cartabón) en el campo de juego de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Con esta decisión, el Alto Tribunal no solo arbitra el partido: ha bajado al césped a rematar el córner en el minuto de descuento.

Para entender la magnitud del escándalo hay que desbrozar el camino de la infamia. La llamada Ley de Nietos nació amparada por una “Instrucción” del Ministerio de Justicia que aliviaba la carga de la prueba a los descendientes del exilio, presumiendo su condición si salieron del país en los años de plomo de la dictadura. Aquella norma contó en sus inicios con el perfil bajo y los matices del Partido Popular, que pretendía mantener su tradicional caladero de votos en el exterior, singularmente en Galicia y el norte peninsular. 

De hecho, Feijóo prometió en 2022 una ley específica para los descendientes de españoles y su programa de 2023 recogía ese compromiso. La contradicción es aún más llamativa si recordamos que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2015 una ley para facilitar la nacionalidad a los sefardíes: hasta finales de 2024 se habían concedido 72.209 nacionalidades por esa vía. Entonces se invocaba la reparación de un vínculo histórico. Vínculo que parece que no es relevante cuando se trata de descendientes de exiliados por el franquismo.

Pero la irrupción de Vox y ese artefacto judicial que es Iustitia Europa activaron las alarmas de la derecha. Los de Abascal llevaban tiempo alimentando la sospecha de que esta ley era, en realidad, una fábrica de votantes socialistas, así que cuando los populares se unieron a la nueva cruzada, la “integridad de la patria” exigió sacrificar los derechos de sus propios compatriotas. El PP viró en redondo y el Supremo acudió raudo al silbato.

La resolución es jurídicamente aberrante por una razón que el Supremo despacha con soberbia: los 163.020 afectados ya gozan de la nacionalidad española de pleno derecho. Tienen su pasaporte, constan en los registros del Estado y son ciudadanos a todos los efectos. Pero el Supremo, en una pirueta elitista, ha creado una ciudadanía de segunda categoría. El tribunal dictamina que el derecho de sufragio no es “absoluto” y congela el voto de miles de personas bajo la sospecha abstracta de que el trámite por el cual adquirieron su condición nacional fue “demasiado laxo”. Es un hito inaudito: un tribunal priva preventivamente de un derecho constitucional a ciudadanos legítimos para proteger una supuesta “limpieza del censo” que nadie ha demostrado alterada. El Supremo ha intervenido, pero siempre con mesura, ante fraudes localizados de empadronamiento municipal, el burdo “turismo electoral” de los caciques locales. Ahora no ha tenido reparos en aplicar una purga masiva a escala internacional a las puertas de unas generales.

Este movimiento no es sino es el enésimo capítulo de una trayectoria de resistencia numantina de la cúpula judicial contra el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Vivimos en ese país donde el Supremo se rebela contra el poder legislativo de forma sistemática. Hace apenas una semana, el Tribunal Constitucional tuvo que enmendarle la plana a la Sala de lo Penal y al juez Pablo Llarena por su insólita interpretación de la Ley de Amnistía, acusándolos de inventarse un “beneficio patrimonial” para no aplicar la norma al delito de malversación. 

Ahora la pelota vuelve a estar en el tejado de un Tribunal Constitucional obligado a actuar a contrarreloj. La Abogacía del Estado no tiene otra salida que presentar un recurso de amparo urgente invocando la vulneración flagrante del derecho al sufragio activo (artículo 23 de la Constitución) y la indefensión absoluta (artículo 24) que supone exigir la revisión individual de más de 160.000 expedientes consulares en un intervalo temporal mínimo. Una vulneración de derechos fundamentales de manual. La clave está en que el Constitucional tiene la facultad legal de resolver solicitudes de medidas “cautelarísimas” de 24 a 48 horas: podría suspender la resolución del Supremo antes del 23 de octubre, fecha límite e inamovible en la que la LOREG exige cerrar el censo definitivo.

Quizás en previsión de esta posibilidad, Vox y la parte más vociferante del PP –la inefable Ayuso— ya se han dedicado a embarrar el terreno de juego. Ahora se entienden mejor las constantes referencias al “pucherazo” electoral por parte de los de Abascal o que la de Chamberí saliera a las primeras de cambio a cuestionar el voto por correo. No seré yo quien diga que hay vasos comunicantes entre la derecha y el poder judicial, un conducto por el que la afinidad ideológica circula a presión constante. Pero no está de más recordar que los populares estuvieron a punto de firmar en noviembre de 2018 un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con un Sánchez que acababa de ganar una moción de censura por primera vez en democracia. Un preacuerdo que Ignacio Cosidó vendió como “extraordinario” porque permitiría al PP controlar “la Sala Segunda desde detrás”.

Una oportuna filtración periodística de este mensaje de WhatsApp dio al traste con aquel preacuerdo y así seguimos ocho años después: con un CGPJ sin renovar, oportunamente dominado por una mayoría conservadora, que no ha tenido a bien reprobar ninguna de las delirantes actuaciones del juez Peinado, por poner solo un ejemplo. España se asoma a un escenario de colisión institucional sin precedentes. Quienes se llenan la boca con la separación de poderes han acabado por convertir el Tribunal Supremo en el órgano, también supremo, de la oposición política.

El Tribunal Supremo mantiene las medidas cautelares que acordó el pasado septiembre y que, en la práctica, impedirán el derecho al voto de más 160.000 descendientes de represaliados del franquismo. En un auto, los magistrados determinan que sólo podrán votar quienes tengan un certificado que acredite que aportaron documentos del exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad. Según esta resolución quedan fuera, por tanto, quienes recurrieron a la instrucción que presumía la condición de exiliado para todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955 y sobre la que han puesto el foco los magistrados.

El Supremo obvia, en consecuencia, las alegaciones que realizó la Abogacía del Estado en representación de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística, de quien depende la Oficina de Censo Electoral (OCE), el órgano encargado de la formación del censo. Los servicios jurídicos del Estado advirtieron en un escrito previo al adelanto electoral que no era “factible” que los 16 consulados que aglutinan el 85% de las inscripciones las pudieran analizar antes del 1 de enero de 2027, cuando estaba previsto el cierre del censo para el ciclo electoral del próximo año. Y que, por tanto, no podían facilitar esos certificados que exige el Supremo para poder participar en las elecciones.

En otro escrito de la semana pasada señalaron que con la nueva fecha para las elecciones era “materialmente imposible” revisar esos expediente porque los datos que están en el censo no distinguen entre los distintos casos. “O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA [el censo de quienes viven en el extranjero] –pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna– o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone”, alegó la Abogacía del Estado.

Los magistrados afean al Ejecutivo que pretenda eludir el mandato judicial alegando falta de tiempo cuando hasta el momento no ha dado cuenta de qué medidas ha puesto en marcha para cumplirlo. “A la fecha del presente auto, cuando ya ha transcurrido un mes desde la adopción de las medidas cautelares encaminadas a que se garantice la corrección del censo electoral, la Sala y las partes en este procedimiento desconocen absolutamente, si se ha iniciado este desglose; de haberse iniciado, cuántos expedientes han sido ya clasificados conforme al criterio establecido en el Auto, así como la trazabilidad de los mismos, para que esta Sala pudiera valorar el grado de cumplimiento de las órdenes cursadas”, dicen los magistrados.

Así, cuestionan que “el nivel de cumplimiento de lo ordenado [...] es inexistente o, al menos, desconocido porque la representación de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística, a los que incumbe la ejecución de lo acordado en la resolución de esta Sala, no han aportado ningún documento que acredite cuántos expedientes han sido desglosados o, al menos, cuál es el grado de cumplimiento alcanzado”.

Los magistrados soslayan, por tanto, las alegaciones de la Abogacía del Estado, que se basaban en informe de la Dirección General de Asuntos Consulares. En un escrito del 18 de septiembre, este ente dependiente del Ministerio de Exteriores explicaba que ni el censo exterior ni el Registro de Matrícula Consular recogen a través de sus herramientas informáticas la vía de adquisición de la nacionalidad. Así que para cumplir el requerimiento del Supremo es imprescindible identificar y examinar manualmente 163.020 expedientes, una tarea que exige revisar tanto los libros físicos del Registro Civil como las aplicaciones informáticas que empezaron a utilizarse entre mediados de 2024 y de 2025. 

Además, en muchos casos el consulado del lugar de nacimiento del elector (donde custodiaron el expediente de nacionalidad) no coincide con el consulado de su residencia actual (donde está dado de alta en el CERA). Esto obliga, por tanto, a un intercambio de solicitudes y un cotejo entre embajadas y consulados de distintos países. Hay, además, algunos casos de alta concentración de expedientes. Rosario y Buenos Aires superan los 20.000 expedientes cada una y La Habana se aproxima a 30.000, según este informe.

Los magistrados insisten, sin embargo, en que “el riesgo de que se constituya irregularmente un Censo de Electores, en este caso el CERA, sin las exigencias de exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia que exige la celebración de un proceso electoral en una democracia parlamentaria representativa como es la española, sigue persistiendo con la misma intensidad”.

El Supremo ha tomado esta decisión sin dar audiencia a las miles de personas afectadas. Los magistrados acuerdan ahora la publicación del auto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Tablón Edictal Judicial Único y las sedes consulares y les otorgan cinco días hábiles para que puedan personarse en la causa con abogado y procurador.

Cada 12 de octubre, España celebra su Fiesta Nacional, una jornada festiva en todo el país que también se conoce popularmente como Día de la Hispanidad. Sin embargo, esta fecha no siempre ha recibido el mismo nombre ni ha tenido el mismo reconocimiento oficial. Su origen está relacionado con un acontecimiento de hace más de cinco siglos, mientras que su establecimiento como fiesta nacional se remonta a 1918.

La elección del día tiene una explicación histórica. El 12 de octubre de 1492, la expedición encabezada por Cristóbal Colón llegó a una isla del Caribe, después de haber partido de la península ibérica en busca de una ruta marítima hacia Asia. Aquel viaje marcó el inicio del contacto permanente entre Europa y América y abrió un periodo de exploración, conquista y colonización que transformó la historia de ambos continentes.

Del Día de la Raza a la Fiesta Nacional

Aunque el acontecimiento ocurrió en 1492, tuvieron que pasar cuatro siglos para que comenzara a conmemorarse oficialmente en España. En 1892 se organizaron celebraciones por el cuarto centenario del viaje de Colón, un precedente importante de la festividad actual. Posteriormente, en 1918, durante el reinado de Alfonso XIII, el 12 de octubre fue declarado fiesta nacional y pasó a conocerse popularmente como Día de la Raza.

La celebración se mantuvo durante las décadas siguientes, aunque su denominación fue cambiando. Durante el franquismo se consolidó como una fecha oficial y en 1958 pasó a denominarse Fiesta de la Hispanidad.

Con la llegada de la democracia también se revisó su denominación. En 1982, un real decreto estableció el 12 de octubre como Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad. Cinco años después, la Ley 18/1987 fijó oficialmente el 12 de octubre como Día de la Fiesta Nacional de España, nombre que continúa vigente.

¿Cómo se celebra actualmente el 12 de octubre?

La ley de 1987 explica que la fecha recuerda un momento en el que España comenzó una etapa de expansión cultural y lingüística fuera de Europa. Desde entonces, el 12 de octubre es un festivo de ámbito estatal, y su acto institucional más conocido es el desfile militar que se celebra en Madrid, con la presencia de los reyes y representantes de las principales instituciones del Estado.

La jornada coincide también con la festividad de la Virgen del Pilar, especialmente importante en Zaragoza, donde se celebran las tradicionales Fiestas del Pilar.

Así, aunque la fecha sigue siendo la misma desde sus primeras conmemoraciones, su significado y su nombre han evolucionado con el tiempo. En España, la denominación legal actual es Fiesta Nacional, mientras que Día de la Hispanidad continúa siendo una expresión ampliamente utilizada.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tratado de recuperar terreno frente a otros partidos con un discurso centrado en los impuestos y en la criminalidad en un acto del PP catalán en el parque Turó Caritg de Badalona. Allí, ha cargado de nuevo contra los “excesivos” impuestos y les ha culpado del incremento de la inflación, que en su último dato de agosto alcanzaba el 4,3%, según los datos del INE.

“Entre cotizaciones sociales y el incremento de impuestos hemos pagado en el año 25 180.000 millones más. Y los precios no han dejado de subir”, cuestionaba el líder de la oposición después de asegurar que “la gente sabe que las cosas no funcionan” y de pedir una Catalunya “líder en la reconstrucción de España”.

Feijóo, quien ha dicho no querer “una Cataluña en el bucle permanente sentado (sic.) en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es”, ha defendido que los catalanes no pueden ser “los que más impuestos pagan en España” y los que reciben “peores servicios”. “No podéis tener un Rodalies que a veces da miedo y otras vergüenza. No podéis tener la peor educación de España junto con Ceuta y Melilla”, ha arengado el gallego, tras las intervenciones del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y del líder del PP catalán, Alejandro Fernández.

Tras comprometerse a “mantener la industria catalana por encima de todo”, en referencia a Seat y a las centrales nucleares, Feijóo ha cuestionado el discurso optimista del Gobierno en lo económico y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “salga a la calle sin filtros”. “Venga conmigo a la calle. A ver si encontramos una familia normal que soporte todo esto”, le ha retado.

El líder 'popular' ha aprovechado el incremento de precios provocado por el recrudecimiento de la guerra entre Estados Unidos e Irán en el golfo pérsico para cargar contra los impuestos: “Lo que en verano fue la gasolina, ahora en otoño es la compra. En diciembre será la calefacción. Si le sumamos la hipoteca, la vuelta al cole y el alquiler a ver a quién le salen los números. Aquí no hay quien viva y tenemos que hacer algo y para eso estamos aquí. Para trabajar y disminuir realmente los precios que nos ahogan y los impuestos que nos asfixian”.

Núñez Feijóo ha descrito el problema inflacionario como “estructural” y ha afirmado que se soluciona “con reformas estructurales para disminuir los costes de producción”. Tras ello, ha cuestionado que el Ejecutivo gobierne sin presupuestos porque, ha dicho, sin ellos “no hay política económica”. “No se puede vivir permanentemente en la improvisación”, ha añadido.

Y, una vez más, el presidente del PP ha cargado contra los impuestos: “Necesitamos contener esta escalada permanente de impuestos”. Feijóo ha asegurado que llevamos “cien subidas de impuestos con Sánchez y una inflación superior a los países de la eurozona”. Sin embargo, aunque en el último mes la inflación sí ha sido superior a las grandes economías (Alemania, 2,9%; Francia, 2,6%; e Italia, 3,2%), hay varios países europeos como Rumanía, Lituania, Chipre o Bulgaria que han alcanzado tasas de inflación superiores a España en el último mes.

El aumento de los precios en la eurozona ha venido provocado principalmente por el encarecimiento de la energía a causa de la guerra en Irán, cuyos precios se dispararon un 14,3% en comparación con agosto del pasado año, mientras que el precio los servicios aumentó un 3%, el de los alimentos frescos un 2,7%, el de los bienes industriales no energéticos un 1,2% y el de los alimentos procesados un 0,5%.

Feijóo se acuerda de Zapatero

Tras asegurar que esta mañana ha hecho “un ejercicio de demoscopia” en una cafetería y que, gracias a él, ha visto que Albiol “volverá a conseguir la mayoría absoluta”, Feijóo ha remarcado que “no estaba invitado Zapatero” a la fiesta del PP catalán y que eso “le quita mucho morbo”.

“Me soplan que, contra pronóstico, tampoco ha ido a la fiesta del PSC”, ha añadido Feijóo, que ha dicho que el expresidente del Gobierno “está buscando el origen de sus joyas y aún no lo ha alcanzado”. Y ha añadido: “Vamos a tener que ayudarle a encontrarlo”.

Acto seguido, el líder del PP ha descrito un país en el que “todo está orientado a servir un proyecto de poder personalísimo”, en el que “las decisiones se toman para salvar a un solo hombre”, las instituciones “se ocupan para ponerlas a su servicio” y en el que el dinero público se utiliza “para sus intereses perosnales”. “Eso es lo que hay que cambiar. Porque mientras tanto para la gente normal la vida se ha puesto imposible”, ha zanjado el líder de la oposición.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo en Badalona una política migratoria “ordenada”, que sea abierta “a aquellos que quieran venir a trabajar” pero cerrada “a cal y canto” para aquellos que “vengan a saltarse la ley”, y ha defendido revisar la legislación tanto para la concesión de la nacionalidad española como para su pérdida en caso de delitos graves.

Feijóo, que ha defendido que el problema de seguridad “es lamentable” en Catalunya, ha insistido en que las familias catalanas tienen derecho a “vivir tranquilamente”. “El que tenga una vivienda tiene derecho a salir de su vivienda sabiendo que nadie se la va a ocupar”, ha dicho el diputado 'popular', tras cuestionar que “el 40% de la ocupación de vivienda” esté en la comunidad autónoma. “Y eso no lo podemos aceptar. En ningún caso”.

Núñez Feijóo ha afirmado que su voluntad es que España sea “el país más seguro de la Unión Europea” y, para ello, ha puesto como ejemplo la ciudad de Badalona. Ha defendido una España abierta “a todos los que estáis aquí, a todos los hispanos que nos habéis saludado, abierta a aquellos que quieran venir a trabajar”. Y ha comparado las actuales migraciones con cuando los españoles fueron “en su momento a América y a Europa. A trabajar, a cumplir las leyes. A tener los mismos derechos pero también los mismos deberes”.

Y acto seguido ha cuestionado que alguien pueda “venir a un país a infringir la ley”. “No se puede venir a un país a vivir a costa de los demás. No se puede y no lo vamos a permitir”, ha dicho Feijóo, quien ha asegurado que es un “sinsentido” que “sea más fácil entrar de forma irregular que entrar con un contrato de trabajo”. “Aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto”, ha resumido el líder del PP, quien también ha cuestionado que se “regale” la nacionalidad a “millones” de personas.

El líder de la oposición ha dicho que el país debe ser “exigente” tanto con los ciudadanos nacidos en él como “con los ciudadanos que vengan a vivir aquí”. Y ha remarcado que es “mucho más sencillo de lo que lo quieren hacer”. “Vivir en España tiene derechos. Y esos derechos los poderes públicos los tienen que garantizar. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley”, ha explicado.

Tras ello, Núñez Feijóo ha exclamado que el pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y “si no, no hay pasaporte”. Tras ello ha insistido en la medida que anunció la semana pasada de que, si llega al gobierno, el Partido Popular revisará “cómo se concede la nacionalidad”, “cómo se mantiene la nacionalidad” y acreditará “cómo se puede perder la nacionalidad”. Y lo ha justificado afirmando que “es justo, es lo razonable” y que la voluntad de su partido es “ser iguales ante la ley”.

Feijóo también se ha referido a Ceuta. Después de decir que España “necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte”, ha dicho que “si no fuese algo tan serio parecería una broma”. El líder del PP cree que “se ha normalizado” que el Gobierno abandone a los ciudadanos cuando hay un problema.

“Y lo último que le ha dicho a Vivas 'eso es de Vivas', o sea, que la invasión de 80.000 ciudadanos de Ceuta es de Vivas. Es una vergüenza que no podemos aceptar”, ha criticado Feijóo, que ha acusado al Ejecutivo de abandonar sus responsabilidades. Después ha dicho que ver plazas llenas por todo el país en apoyo a Ceuta es lo que refleja que España es “una nación”.

Delincuencia y ocupación, prioridades del PP de Badalona

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha arrancado su discurso en la comida organizada por el PP catalán en Badalona afirmando que están “transformando la ciudad” y que se sienten “muy orgullosos” de ella. Acto seguido, Albiol ha pasado a su único tema discursivo: la criminalidad. Para ello se ha apoyado en los datos del Ministerio del Interior de 2025 según los cuales la criminalidad de Badalona disminuyó el año pasado y lo hizo “por encima de la media” catalana.

La criminalidad en Badalona se redujo un 9,8%, por encima de la reducción media de los crímenes en Catalunya, que disminuyeron un 7,4%. Sin embargo, la ciudad barcelonesa se mantiene aún como la número 18 con mayor cantidad de crímenes por habitante de la comunidad autónoma y la tercera en números absolutos, solo por detrás de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat.

García Albiol, quien ha descrito a su partido como una fuerza política municipal “para resolver los problemas”, ha dicho que los datos de reducción de criminalidad de Badalona “señalan que estamos haciendo bien el trabajo”, pero ha añadido que no estará satisfecho hasta que en la ciudad “no se cometa ni un solo delito”.

Tras ello, Albiol ha querido aprovechar la visita de Núñez Feijóo para pedirle que pueda solucionarse la “ocupación ilegal” en 48 horas “como tú ya te comprometiste hace unos meses”. “Una vivienda tiene un propietario y la ley tiene que proteger al propietario y al resto de vecinos que viven en la finca. No puede ser de ninguna manera que una persona pierda su vivienda y recuperar la vivienda sea un laberinto”, ha defendido el alcalde.

Después le ha solicitado al líder de su partido un compromiso contra la multirreincidencia, que ha descrito como “un problema real” y del que ha dicho que “mientras no lo afrontemos no se va a resolver”.

“Y lo digo muy claro. Y lo digo aquí delante de miles de personas. El delincuente español multirreincidente, respuesta penal efectiva y cumplimiento de las penas. Y el delincuente extranjero multirreincidente, impulsar las reformas para hacer efectiva su expulsión de manera inmediata”, ha exclamado García Albiol, tras lo que ha recibido los primeros aplausos de la mañana de los asistentes.

Y ha diferenciado, como luego haría Feijóo, entre los inmigrantes que vienen a España “a trabajar, a sacar adelante una familia, a cumplir las normas” y aquellos que hacen “de la delincuencia” su día a día.

Alejandro Fernández dedica unas palabras a Ceuta

Antes, Alejandro Fernández ha dedicado su discurso a los “hermanos ceutíes”, a quienes ha descrito como “humillados y abandonados por quien debería defenderles y protegerles”. “Ceuta es tan española como Badalona, Madrid o Toledo”, ha exclamado Fernández, quien ha asegurado que el PP no los abandonará “nunca”.

Tras ello, ha defendido que a los 'populares' no les temblará “el pulso” para cumplir con sus obligaciones. “No nos temblará el pulso para garantizar seguridad, orden, libertad y una España fuerte, sólida, unida, que se va a comer el mundo. Porque unidos nos comemos el mundo”, ha asegurado, en un breve discurso previo a la intervención de Núñez Feijóo.

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de las personas que viven en el extranjero y han obtenido la nacionalidad española gracias a la Ley de Nietos, aprobada en 2022 en el marco de la Ley de Memoria Democrática. PP y Vox llevan meses agitando el miedo ante un posible fraude electoral, ante un presunto amaño del censo por la inclusión de estas personas. Esta decisión, valorada ahora por la justicia como una opción posible, deja en el limbo a 400.000 personas, hijos y nietos de republicanos exiliados españoles… Que son españoles… pero que no tienen derecho a voto. 

Lo analizamos con la periodista de elDiario.es, Elena Herrera y con el catedrático de derecho constitucional, Joaquín Urías.

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Gorgui Lamine vive con su mujer, Gana, y sus cuatro hijos en un piso en el barrio periférico de La Torre (València). Baja vestido de azul brillante, con un traje africano parecido al que llevaba puesto en diciembre de 2019, cuando vendía pulseras y collares en la localidad turística de Dénia (Alicante), y donde un día de diciembre que iba caminando vio salir un humo muy negro de un balcón.

“No lo pensé, simplemente subí porque había gritos y decían que había un hombre dentro, no pude aguantar”, cuenta este senegalés. Una vez pudo rescatarlo —con dificultad, porque el hombre iba en silla de ruedas y tenía problemas de movilidad— bajó a la calle, cansado, satisfecho de haber salvado una vida gracias a una escalera que alguien proporcionó, pero un poco en shock. “Los vecinos me dejaron agua para lavarme y vi una mujer grabando”.

“Empezaron a decirme que qué había hecho, que eso no se podía hacer así, que me había arriesgado, que era peligroso”. Gorgui, que había llegado a España en 2017, después de una travesía internacional por la que una mafia le había cobrado un dineral que había conseguido de la venta de un piso en su país, pensó inmediatamente que le iban a detener o deportar. “Tuve miedo, entendí que había hecho algo que estaba prohibido por la ley o algo así y que podía buscarme problemas con la policía, así que cogí mis cosas y me fui”.

Gorgui, que en ese momento no tenía papeles de residencia y estaba en situación de irregularidad, cogió el bus de vuelta a Gandia, la localidad en la que vivía en una habitación con su mujer y su bebé. “Pensé que mejor si no iba por Dénia unos días, y me fui a Castellón a vender”.

En la localidad alicantina, efectivamente, la policía le buscaba, el alcalde le buscaba, la persona a la que había salvado le buscaba. Para darle las gracias y hacerle un reconocimiento. Finalmente, a través de amigos y conocidos dieron con él. “Me llamó un policía para que fuera a Dénia, me dijo que necesitaban a hablar conmigo”. Gorgui ni fue ni volvió a coger el teléfono, aterrorizado con una detención. “Cuando volví a casa, había cámaras de televisión, me explicaron todo, que no me iba a pasar nada malo, y ahí ya sí fuimos a Dénia”.

En la localidad fue considerado un héroe, le paraban por la calle, salió en las noticias e incluso en medios internacionales como The Guardian. El Ayuntamiento (entonces en manos del PSOE) le hizo una recepción oficial el 13 de diciembre y el alcalde, Vicente Grimalt, anunció que se le haría un homenaje en el Día de la Policía Local: “Gorgui demostró al jugarse la vida sin pensárselo dos veces para salvar la de otra persona. Y la que todas y todos deberíamos tener con tantas y tantas personas que como él y su familia llegan a nuestro país en busca de un buen futuro al que tienen derecho”, dijo en su discurso.

El Gobierno tramitó sus papeles de manera “excepcional” a petición del Ayuntamiento. Los consiguió a los seis meses, lo que le ha permitido trabajar de manera intermitente como “carretillero, en carga y descarga en almacenes, de peón... También en el campo, pero ahí es muy duro porque hay intermediarios y te acaban engañando”. Cuenta que en el consistorio le prometieron trabajo y una vivienda, “pero nunca supe más”, dice Gorgui mientras toma una tónica en una cafetería. El Ayuntamiento de Dénia asegura que se le “proporcionó un trabajo y residencia fuera de Dénia”, pero no ha dado detalles para poder confirmarlo a las repreguntas de elDiario.es.

Este senegalés, que viajó con “una mafia” siendo menor de edad por medio mundo, vivió en Madrid, en Gandia y recaló en València en 2020 con su familia para intentar tener más ingresos, ya que la venta de pulseras no da para alimentar a sus cuatro hijos (hoy de 7, 6, 3 años y una bebé de 5 meses). Acabó en el barrio de La Torre, uno de los más baratos entonces para vivir, en una de las ciudades de España donde más rápido se ha tensionado el mercado de la vivienda (con subidas del 45% desde la pandemia).

El 29 de octubre de 2024, Gorgui y su familia estaban en la plaza de este barrio del sur cuando empezaron a ver bajar el agua. “Subimos rápido, afortunadamente vivimos en un primer piso y pudimos salvarnos, solo se inundó un poco la entrada. A la mañana siguiente todo era barro y destrucción”. Pero tampoco estar en una zona inundable ha moderado los precios.

“Pagaba 550 y ahora me lo han subido a 610 euros al mes”, cuenta sobre su casa, una modesta vivienda de unos 60 metros sin ascensor con dos estancias para seis personas y camas en el salón. “Aun así, el dueño tiene mucha paciencia, porque a veces no puedo pagar, o me ayuda con el alquiler una amiga que también me ha pagado el carné de conducir para que pueda buscar mejores trabajos. El dueño podría echarnos y sacar más dinero aún”, admite.

Aunque su vida ha mejorado respecto al día que salvó a aquel hombre, ya que ahora no lo pueden detener ni deportar y tiene la documentación para trabajar, Gorgui sobrevive como puede, con la vista puesta en lo laboral. “Aquí está muy duro conseguir trabajo bueno, a veces no tenemos más que para pagar el piso. Me gustaría cambiar mi vida, trabajar en el puerto por ejemplo ahora que tengo carné de conducir, para tener mi vida bien y mantener a mis tres niñas y mi niño en España, un trabajo que sea estable”. No descartan volver a Senegal, aunque España es un lugar donde han encontrado oportunidades “y gente muy buena”.

España juega la semifinal del Mundial contra Francia… y a Mariano Rajoy se le ha ocurrido escribir esto: “Francia tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. ¿Qué significa eso de una Francia sin franceses? ¿Lo dice porque muchos jugadores son negros? ¿Lo dice porque cree que no han nacido en Francia? Lo increíble es este dato: solo hay tres jugadores de los 26 que han ido al Mundial no han nacido en Francia. Otro dato llamativo: En este Mundial, uno de cada cuatro futbolistas juega en la selección de un país en el que no ha nacido… Pero esos jugadores no juegan, precisamente, con Francia. Más bien, con selecciones como Marruecos: 20 de sus 26 futbolistas nacieron fuera de Marruecos.

Lo analizamos con el director de Cordópolis, Alfonso Alba, que además ha escrito sobre estos temas durante el Mundial en la cobertura de elDiario.es. Además, con la colaboradora de elDiario.es y directora del medio África Mundi Soraya Aybar Laafou analizamos lo que está pasando en selecciones como la marroquí y de qué manera hay nuevos lazos y conexiones entre el fútbol africano y el europeo.

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La presidenta de la Fundación Juan Negrín, Carmen Negrín, ha decidido, por coherencia con sus principios republicanos, no acogerse a la ley que le permitiría solicitar la nacionalidad española, pero defiende esa vía de reparación frente a las críticas de PP y Vox, que cree “mezquinas”. “Yo me lo he planteado varias veces”, confiesa. Sin embargo, siempre ha pesado en su decisión la coherencia con los postulados de su abuelo, de modo que solo solicitará ser española “cuando se permita a los españoles decidir si quieren un rey o una república”.

A su juicio, “esa es la gran cuenta pendiente de la Transición”, que no se preguntó a los españoles si querían recuperar la República y se sometió a referéndum una Constitución que ya incorporaba la Monarquía.

La depositaria del legado del último presidente del Gobierno de la Segunda República ha confirmado a EFE este lunes que parte de los descendientes de Juan Negrín (1892-1956) han recuperado el pasaporte español en las diferentes oportunidades que se han abierto desde el final de franquismo, la última de ellas con la Ley de Memoria Democrática de 2022, entre ellas sus hijas, como ha adelantado La Provincia.

Y ello, explica, porque la familia Negrín nunca ha perdido la conexión con España y con lo que significa ser español, aunque su vida se haya desarrollado en los países adonde se exiliaron el político republicano y sus tres hijos tras la Guerra Civil, Juan Jr., Rómulo y Miguel: México, Estados Unidos, Francia o el Reino Unido.

Carmen Negrín subraya que, en realidad, su padre (el aviador republicano Rómulo Negrín Mijailov, 1917-2004) siempre mantuvo en México su pasaporte español, porque los gobierno de Lázaro Cárdenas y sus sucesores no reconocían la legitimidad del régimen de Franco.

Desde París, donde reside, Carmen Negrín sigue estos días la polémica abierta por las críticas del PP y Vox, que recelan de que la llamada 'ley de nietos' busque tener un impacto electoral.

“Decir eso es mezquino”, sentencia. “Es absurdo pensar que todos los hijos de los exiliados van a votar automáticamente a la izquierda. Entre los hijos de los exiliados hay de todo, algunos votarán a la izquierda y otros a la derecha”, argumenta.

De hecho, recuerda, en Francia hay descendientes de exiliados españoles que “hoy son alcaldes con la extrema derecha”.

La presidenta de la Fundación Juan Negrín censura especialmente al Partido Popular por sumarse a esos postulados.

“Dicen que puede provocar un fraude electoral. El fraude son ellos. No tienen ni una idea original. O copian a Franco, o copian a Trump”, opina.

“Estos días azules y este sol de la infancia…”

El último verso de Antonio Machado viajó con él en su camino más trágico. El poeta fue uno más entre el casi medio millón de exiliados. El 22 de enero de 1939 abandonó Barcelona, ante la inminente entrada en la ciudad de las tropas sublevadas. Primero en una ambulancia, por las carreteras colapsadas, hasta la frontera cerrada con Francia. Después a pie, entre el frío y la lluvia del invierno. De noche y sin más equipaje que el asma.

Machado, viejo y enfermo, aunque solo tenía 63 años. Huía con su hermano, con su cuñada y con su madre, una mujer octogenaria que en su delirio pensaba que volvían a Sevilla. Tardaron seis días en escapar desde Barcelona hasta Francia. Llegaron para morir. El poeta, a las tres semanas; la madre, tres días más tarde.

Fue su hermano quien encontró en la chaqueta de Machado un papel arrugado con ese último verso, ese poema inconcluso: “Estos días azules y este sol de la infancia”.

En su camino al exilio, según distintos relatos, Machado llevó también un puñado de tierra desde España. Un trozo de su país con el que pidió ser enterrado.

Antonio Machado era tan español como Maruja Mallo. Como Luis Buñuel. Como Rafael Alberti. Como Pau Casals. Como Rosa Chacel. Como Clara Campoamor. Como Juan Ramón Jiménez. Como Arturo Barea. Como María Zambrano. Como todos los cientos de miles de víctimas de la represión franquista y del exilio republicano.

Como Antonio Machado, en 1939, solo hacia Francia escaparon 440.000 españoles. Al otro lado les esperaba un país hostil que los encerró en campos de internamiento. Algunos de esos republicanos acabarían luchando por esa misma Francia frente a la Alemania hitleriana. Miles fueron apresados y deportados a campos de concentración nazis, sobre todo a Mauthausen; allí murieron más de 4.000 españoles. Franco se desentendió de ellos: los despreció como apátridas.

Aquella España era cruel y miserable.

“Yo soy español integral, y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más”, decía Lorca en su última entrevista, solo dos meses antes de que lo asesinaran. “Canto a España y la siento hasta la médula; pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política”.

Lorca tampoco creía en esa “madre patria” que pide a sus hijos que mueran por ella. “En todo caso una madrastra como la de Cenicienta”, escribió en su juventud, en un texto contra el patriotismo. “¡Nunca puede ser madre nuestra la que según decís tenemos que dar la última gota de nuestra sangre por ella! (...) Eso no lo ordena ninguna madre. (...) Lo que nos envía a matar hombres contra la razón no puede ser madre. Hay que ser hijos de la verdadera patria. La patria del amor y de la igualdad”.

Esa España del amor y la igualdad no cabía en la España del dictador Franco. Los nietos de aquellos exiliados, al parecer, tampoco caben en la España que quiere Vox.

Cuesta entender ciertas lógicas. Fue el PP, en 2015, quien concedió la nacionalidad española a los herederos de los judíos expulsados por Isabel la Católica. Fue Vox, en 2021, quien acusó al Gobierno de “antisemitismo” por no aprobar todas las solicitudes de supuestos sefardíes. Unas víctimas sufrieron a Franco, hace noventa años. Otras, a los Reyes Católicos, hace más de cinco siglos. ¿Por qué los nietos de las primeras tienen menos derechos que los descendientes remotos de las segundas?

Tampoco hubo queja alguna durante la tramitación parlamentaria de la hoy llamada “ley de nietos”. PP y Vox se opusieron a la Ley de Memoria Democrática, que tacharon de “totalitaria”. Pero en 15 meses de debates y enmiendas en el Congreso y el Senado, no plantearon una sola crítica a este asunto que hoy tanto les preocupa: conceder la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados por el franquismo.

Durante años, el PP en general y Alberto Núñez Feijóo en particular defendieron la nacionalidad para los descendientes de todos los españoles emigrados. También su derecho al voto. Algunas de las mayorías del PP gallego se ampliaron gracias a ese voto emigrante, que ronda el 30% del censo de la provincia de Ourense y movió escaños a favor del PP en distintas elecciones autonómicas. Esa “ingeniería electoral” que Feijóo ahora denuncia la aprendió del fundador de su partido. “Te pagaban 50 dólares para ir a votar y todos fuimos a votar a Fraga”, contó un hijo de la emigración gallega en Argentina.

Es un ejercicio constante de incoherencia, un campeonato mundial de hipocresía.

Es también un ataque a los cimientos del sistema democrático, que se basa en la confianza. La misma estrategia de Trump o de Bolsonaro: sembrar la duda sobre la limpieza de las elecciones para después, si las urnas no acompañan, no reconocer el resultado.

Como siempre, estas insidias se basan en bulos. Es falso que el Gobierno pueda asignar a estos nuevos españoles a las provincias que prefiera de manera arbitraria. Es falso que esto sea una improvisación de última hora. Es falso que vaya a tener un impacto determinante en las próximas generales. Es falso que vayamos a tener 2,5 millones de nuevos votantes.

La ley es de octubre de 2022. La instrucción sobre su aplicación –que amplió la medida a los hijos y nietos de emigrantes españoles– es de ese mismo mes. Hace casi cuatro años que este proceso está en marcha. Las embajadas y consulados no van deprisa: más bien están colapsados. Hay 2,5 millones de solicitudes, sí, pero solo se han aprobado alrededor de medio millón; la mayor parte no llegará a tiempo para las próximas elecciones. La inmensa mayoría tampoco votará, aunque consiga la nacionalidad a tiempo. En las generales de 2023, apenas participó el 10% de los españoles en el extranjero –y esto incluye el voto de los emigrados más recientes, que tienen mayor interés en la política española–. El impacto real en las elecciones probablemente será escaso.

La única vez en que este voto exterior tuvo alguna relevancia en unas elecciones generales fue en 2023. Ya había entonces 2,3 millones de españoles en el censo electoral de residentes en el extranjero. En Madrid, el voto exterior decantó un escaño. Fue a favor del PP, no de la izquierda.

Esos 2,5 millones de solicitantes son los hijos y nietos de los cientos de miles que se fueron. Pero esto no va de números. Va de personas. Es probable que en la derecha se hayan quedado sorprendidos por el alto número de solicitudes; nunca han asumido la magnitud de aquel naufragio. Aquella España de 1939 se desangró, víctima de una guerra civil provocada por la sublevación de unos militares contra el Gobierno elegido en las urnas.

Cada una de esas solicitudes de nacionalidad es una historia familiar: un abuelo que cruzó a pie los Pirineos, una abuela que embarcó en Alicante o en Cartagena o en Valencia hacia Buenos Aires o La Habana, alguien que se fue porque en su país no había libertad, o pan, o las dos cosas. Gente que trabajó toda su vida con España en la memoria, que les habló de España a sus hijos y a sus nietos, que soñó con volver pero murió muy lejos de su tierra. Son esos nietos a los que ahora se señala como sospechosos; como cómplices de un pucherazo.

Machado cruzó la frontera con un puñado de tierra de su país en el bolsillo. Pidió ser enterrado con él, y así descansa desde hace 87 años en el pequeño cementerio de Collioure, en una tumba que aún hoy se llena de flores y banderas republicanas.

Machado no tuvo hijos, tampoco nietos. Pero sus herederos son también todos aquellos descendientes de quienes le acompañaron en ese último y doloroso viaje hacia el exilio, mientras el poeta soñaba con días azules y el sol de su infancia.

Ellas y ellos son tan españoles como Max Aub. Como María Teresa León. Como Manuel Chaves Nogales. Como León Felipe. Como Victoria Kent. Como Luis Cernuda. Como María Casares. Como Margarita Xirgu. Como Pablo Picasso. Como Antonio Machado.

En los últimos días hemos escuchado a dirigentes del PP acusar a Pedro Sánchez de fraude electoral por la ley de Memoria Democrática, que abre las puertas de la nacionalidad a los nietos de los exiliados españoles en la dictadura. Esas personas, si consiguen ese derecho, podrán votar en las elecciones generales. Este discurso de la derecha española contrasta con lo que el propio Feijóo decía hace no tanto tiempo. En 2022, cuando se tramitaba la ley, el PP no hizo mención al asunto. De hecho, algo muy similar llevó en su programa electoral de 2023. Por no hablar de todas las elecciones en las que el PP gallego, con Feijoo y también con Fraga a la cabeza (visitando a Fidel Castro en Cuba para dejarse ver), se benefició del voto exterior.

Ahora, que todo vale para la confrontación, repasamos esa táctica del PP gallego con el periodista de elDiario.es, Luis Pardo y analizamos de qué manera el censo electoral ha sido, históricamente, un campo de batalla, el mayor que ha habido. Lo hacemos con el analista político y profesor en la Carlos III, Lluís Orriols.

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“Te pagaban 50 dólares para ir a votar y todos fuimos a votar a Fraga”. La anécdota la relató en la radio en 2020 el pianista Juan Carlos Cambas, hijo de la emigración gallega en Argentina. El suyo es uno de tantos testimonios que atestiguan la importancia que, históricamente, ha tenido para el PP de Galicia el voto de la diáspora. Por su volumen –casi 500.000 votantes en las últimas autonómicas, más que en las provincias de Ourense o Lugo– puede mover escaños y, en un escenario ajustado, cambiar gobiernos. Una lección que Alberto Núñez Feijóo no tardó en aprender de su predecesor al frente del partido, por eso, desde que se hizo con los mandos, nunca descuidó a la parroquia del otro lado del mar.

Feijóo sucedió a Fraga en enero 2006 al frente del PPdeG y pronto comenzó a trabajar en rehacer los lazos con una emigración. “No tiene sentido que un nieto de españoles tenga menos derechos que un inmigrante”, decía ese mismo mayo desde el Hogar Español de Ancianos en Montevideo (Uruguay). “Hoy por hoy, España se lo puede permitir”, así que pidió “un esfuerzo”.

Junto con las romerías, los actos festivos y, más recientemente, las becas y las ayudas al retorno, la atención sanitaria siempre fue uno de los puntales de la presencia de Galicia en la diáspora. El hospital del Centro Gallego de Buenos Aires es, quizá, el más simbólico, también por su recorrido: después de que la Xunta saliese de su gestión en 2011 –ya con Feijóo al frente–, fue adquirido por el grupo Basa y, hace casi una década, vendido a Ribera Salud.

“El tema de la emigración no es político”, aseguraba entonces, en una visita en la que lo acompañaban varios cargos del PP, entre los que destacaba el presidente de la Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, presidente de la RFEF. En un momento en el que en España arreciaba el debate territorial, Feijóo destacaba que “la ideología de los emigrantes es ser gallego y español”.

“Nos podemos jugar que un partido gobierne Galicia”

Feijóo temía que una comunidad tan dependiente de las ayudas institucionales pudiera dejarse influir por el color de los gobiernos socialistas de Madrid y Santiago. “La colectividad es de centro y no socialista”, porfiaba en febrero de 2008, cuando viajó a Argentina a hacer campaña por un Mariano Rajoy que volvería a perder frente a Rodríguez Zapatero. Y eso que su hombre en Galicia prometió que, si ganaba, “equilibrará las pensiones de los emigrados, brindará asistencia sanitaria, ampliará la posibilidad de ciudadanía y dignificará el voto de los residentes extranjeros”.

A final de ese año, Feijóo regresó, pero ya en nombre propio. Era su primer asalto a la Xunta, sólo un lustro después de dejar la presidencia de Correos, pero ya empezaba a sembrar dudas sobre la limpieza del proceso. “En la transparencia del voto en Argentina nos podemos jugar la mayoría absoluta, nos podemos jugar que un partido –el PPdeG– o una coalición –socialistas y nacionalistas– gobiernen en Galicia”, afirmó tras reunirse con el que era ministro de Interior, Florencio Randazzo. De esa campaña data su promesa de un voto en urna que permitiese “al diez por ciento de la población gallega”, los residentes en el exterior, votar “con las mismas garantías y fiabilidad” que el 90 por ciento restante. Tras ganar, le trasladó esa demanda a Zapatero en su primera reunión institucional.

Feijóo retomó esa antorcha en su primer viaje como presidente a América Latina, apenas unos meses después de tomar posesión. Un periplo que lo llevó a tres países clave: Brasil, Uruguay y Argentina. Tan pronto como puso un pie en tierra, Feijóo insistió en “la equiparación de derechos de los emigrantes, tanto sociales, en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales, como en la equiparación de derechos fundamentales, como es el derecho al voto” para que pudiesen ejercerlo en “urna de cristal”, un “voto occidental”, que es lo propio de una “democracia como la gallega”.

Las sospechas sobre la limpieza del voto emigrante no desaparecieron. A compras masivas, como la que relataba Cambas, aderezadas con cientos de kilos de pulpo o churrasco, se sumaban las denuncias sobre suplantación de identidad, lo que permitía en ocasiones ejercer el derecho después de fallecer. “Los muertos no votan”, se había esforzado en intentar negarlo Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces también ministro de Interior, en una comparecencia en Compostela. Para aumentar las garantías, PP y PSOE –con el apoyo de CiU– decidieron implantar el voto rogado, es decir, la obligación de solicitar que le sea concedido.

La Guerra Civil, “pelea de abuelos”

Como consecuencia, la participación se desplomó a mínimos históricos y los colectivos de la diáspora pusieron el grito en el cielo. En 2015, Feijóo –de nuevo desde el Cono Sur– exigía la reforma del sistema electoral para eliminarlo y garantizar que los emigrantes pudiesen tomar decisiones “en las mismas condiciones que el resto de los españoles”. Lo hacía en la precampaña de las andaluzas para apoyar a Moreno Bonilla –“hay 200.000 andaluces viviendo fuera de España”, aseguraba el secretario ejecutivo del PP en el exterior– y reclamando “consenso” al PSOE porque la ley “siempre ha sido consensuada entre los dos grandes partidos”.

El fin del voto rogado llegaría, finalmente, en 2022, tras un acuerdo, sí, pero entre PSOE y Podemos. En octubre de ese mismo año entró en vigor la ley de nietos y, apenas unos días después, Feijóo –ya líder del PP estatal– viajó a Argentina, se reunió con la junta directiva de su partido en el país y participó en eventos como Buenos Aires celebra a España y Portugal. Allí, criticó la medida del Gobierno y se comprometió a impulsar otra norma “específica” para que los descendientes de españoles recuperasen la nacionalidad, ya que consideraba “un grave error” incluir un “derecho civil” dentro de una legislación “ideológica”.

“Tenemos que hacer una ley limpia en la que la nacionalidad no puede depender del plazo en el que el antecesor estuvo fuera de España ni tampoco de la causa”. Era la época en la que se refería a la Guerra Civil como el tiempo en que “nuestros abuelos se pelearon”.

Hoy resulta imposible imaginar cómo asistiría a estas contradicciones el predecesor de Feijóo, un Fraga que se despidió de la Xunta tal y como había llegado dieciséis años antes: pendiente de las papeletas de la emigración. En 2005, después de arrebatarle la mayoría absoluta en las urnas gallegas por un único escaño, la izquierda no ocultaba su preocupación por un hipotético voto conservador de la diáspora que diese al anciano presidente una legislatura más; pero no sucedió.

Fue justo lo contrario de lo que pudo haber ocurrido en 1989 cuando el León de Vilalba decidió abandonar el tablero estatal para competir en la política autonómica. La impresión que quedó de aquel proceso fue que Felipe González le puso un puente de plata. No sólo evitó todo lo que pudo apoyar a su candidato, Fernando González Laxe; meses después, con Fraga ya en la Xunta, “aparecieron unas sacas de correos con los votos de la emigración que le habrían dado el poder” al socialista. “Y no pasó nada”. Así lo cuenta el escritor Alfredo Conde, conselleiro de Cultura en aquel tripartito, en su libro A propósito de lo político.

Alberto Núñez Feijóo, líder del principal partido de la oposición, el PP, ha lanzado a gran parte de su partido contra la Ley de Memoria Democrática y la disposición que incluye esta norma para que los descendientes de exiliados por la dictadura franquista obtengan la nacionalidad. Los populares acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “fabricar dos millones y medio de votantes” y alientan el bulo de un hipotético “pucherazo electoral”.

Pues bien, no hace demasiado tiempo, en noviembre de 2022, apenas seis meses después de sustituir a Pablo Casado como presidente del partido político conservador, Feijóo viajaba hasta Buenos Aires y celebraba su encuentro con “la colectividad española” en la capital argentina. Allí les trasladó su “compromiso” para impulsar “una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior” a la vez que aseguraba que derogaría la Ley de Memoria Democrática.

Varios ministros socialistas del Gobierno, como el titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no han tardado en recuperar esta publicación de 2022. El ministro Bolaños, que ha recordado que la Ley de Memoria se aprobó ese mismo año 2022, se ha mostrado “totalmente de acuerdo con el Feijóo de 2022”.

Algo más allá ha ido el ministro de Transportes y Agenda Urbana, Óscar Puente, quien después de recordar el mismo tuit de Núñez Feijóo con el irónico y breve mensaje “os doy mi palabra” ha hecho otra publicación en la que recuperaba el punto 344 del programa electoral del Partido Popular liderado por Feijóo para las elecciones generales de 2023. En ese punto, el expresidente gallego proponía una “ley de acceso a la nacionalidad de los nietos reformada” para atender esta demanda así como un refuerzo del personal de los consulados.

También ha entrado al trapo el diputado autonómico y portavoz del PSPV en las Cortes valencianas José Muñoz, quien ha señalado sarcásticamente a Feijóo por hacer “ingeniería electoral para fabricar nuevos votantes”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “fabricar dos millones y medio de votantes” con las nacionalizaciones de los descendientes de exiliados por la dictadura franquista ante el riesgo de “perder las elecciones” generales, previstas para 2027. Así lo ha asegurado en una entrevista en Murcia en la que ha reclamado detener el procedimiento, abierto desde 2022 y que ya estaba vigente en los comicios que ganó el propio Feijóo en 2023.

Feijóo ha negado que él y su partido estén denunciando un “pucherazo” electoral, aunque tanto de sus palabras como de las pronunciadas por otros dirigentes de la derecha sí se colige que el PP está alertando al respecto. Ya lo hicieron también en 2023 y de la mano de Vox, tanto entonces como ahora.

El líder del PP ha dicho que Sánchez ha “fabricado la ley”, vigente desde hace años, para “hacer una modificación sustancial del censo electoral”. “Esto no se puede hacer sin el consenso adecuado, sin el cuidado exquisito, sin acreditar si esas personas o no tienen derecho a esa nacionalidad y sin buscar una fórmula de cómo impacta esto en el censo electoral”, ha añadido.

“Las encuestas le dicen que va a perder las elecciones con los votantes que tiene actualmente” y, por eso, “lo que va a fabricar son 2 millones y medio de votantes”, ha sostenido el líder de la oposición.

“El pucherazo es una cosa y lo que estamos denunciando es otra”, ha intentado zafarse Feijóo, quien ha concretado algunas de sus pegas al procedimiento: “Denunciamos que hay ingeniería electoral con la 'ley de nietos', que se hace de forma unilateral por parte del Gobierno [fue aprobada por la mayoría absoluta del Congreso], que se amplía el número de personas que tienen derecho a pasaporte mediante una instrucción de un ministerio, no por ley”.

Feijóo ha reclamado detener el proceso de nacionalización: “Debe de estudiarse, debe meditarse y en mi opinión no puede seguir”.

El pionero en los Mundiales fue Benito Mussolini. Pero no el primero. Italia, como siempre, fue la primera selección cuyos colores vistió un futbolista que no había nacido en el país. En 1914, el argentino Eugenio Mosso disputó un partido con los azzurri. Nació en Mendoza, pero su padre era turinés. Fue el primer oriundi, el término italiano que popularizó el fascismo italiano en su mundial de 1934 para nacionalizar a cuatro argentinos y un brasileño. Habían nacido fuera de Italia, pero por ascendencia tenían el corazón azzurri. 

La España del franquismo también fichó a futbolistas extranjeros para la selección, que poco o nada tenían que ver con el país antes de venir a jugar aquí. Kubala, Di Stefano o Puskas defendieron los colores de la selección española. Lo hicieron tras nacionalizarse. Todos habían jugado antes con sus respectivas selecciones.

Pero lo que siempre fue poco habitual es que jugadores nacidos en España acabasen jugando en otras selecciones de otros países. En el Mundial 2026 se podría hacer un equipo entero. Once futbolistas que han nacido en España representan a otros países en la competición. Algunos de ellos son estrellas mundiales. Sus historias retratan una realidad social, la de la inmigración y, también, la de la propia emigración.

El capitán de Marruecos

Marruecos es, con diferencia, la selección en la que juegan más futbolistas nacidos en España. Su gran estrella y capitán nació en Getafe hace 27 años. Achraf Hakimi es hijo de padres marroquíes que emigraron a España buscando un futuro mejor; su madre limpiaba casas y su padre era vendedor ambulante. Hoy es una de las grandes estrellas del fútbol europeo Se formó en la cantera del Real Madrid y, tras pasar por el Borussia Dortmund y el Inter de Milán, es hoy una estrella consagrada del Paris Saint-Germain con el que ganó las dos últimas Champions League. Está pendiente de ser juzgado en Francia, acusado de una violación a una joven en 2023.

Achraf sí tiene la nacionalidad española, pero su caso evidencia cómo en España el nacimiento en el país no te la da automáticamente (como ocurre en Estados Unidos). Para ser español de nacimiento, se necesita que uno de los padres sea español (o nacionalizado). Si ambos son extranjeros sin nacionalizar, no la obtendría hasta los 18 años, aunque podría tramitarla antes.

Quien sí que es español de nacimiento y nacionalizado es otra de las estrellas de Marruecos: Brahim Díaz. Nació en Málaga. Su padre es melillense de ascendencia marroquí y su madre es malagueña. Brahim creció en la cantera del Málaga CF antes de fichar por el Manchester City, pasar por el AC Milan y recalar en el Real Madrid. Aunque jugó amistosos con España en el pasado, a principios de 2024 tomó la decisión definitiva de representar a los Leones del Atlas. Brahim esperó hasta el último minuto la llamada del seleccionador español, Luis de la Fuente, que nunca se produjo. Su primera opción era España, pero finalmente se inclinó por Marruecos. Díaz quería seguir los pasos de las actuales estrellas de la selección española, como Lamine Yamal o Nico Williams. Los dos nacidos en España de padres extranjeros.

Por Marruecos también juega Munir Mohamedi, de 37 años. Nació en Melilla y ha desarrollado gran parte de su carrera en clubes españoles como el Numancia y el Málaga. Por sus raíces familiares, eligió a Marruecos desde sus inicios, siendo el portero titular en el Mundial de 2018 y una pieza clave de experiencia en la actual convocatoria.

También ha sido convocado Chadi Riad (22 años), nacido en Palma de Mallorca de padres marroquíes. Este espigado central se formó en la academia del RCD Mallorca y del FC Barcelona. Tras destacar en el Real Betis, dio el salto al fútbol europeo. Siempre tuvo claro su compromiso con las categorías inferiores de Marruecos hasta llegar a la absoluta.

Una de las grandes promesas de Marruecos es Ayoube Amaimouni (21 años). Nacido el 30 de noviembre de 2004 en Vic (Barcelona), creció en esta ciudad catalana y tiene ascendencia marroquí por parte de sus padres. Actúa como extremo y, tras pasar por equipos juveniles en Alemania, fichó por el Eintracht Frankfurt a principios de 2026, firmando un contrato hasta 2031. 

Un caso diferente es el de Ismael Saibari (25 años), que nació en Terrassa (Barcelona), pero cuando tenía solo seis años su familia se mudó a Bélgica. A pesar de formarse futbolísticamente entre Bélgica y los Países Bajos (actualmente es un jugador clave en el PSV Eindhoven), el centrocampista optó por el país de origen de sus padres.

Un emigrante en el partido inaugural

Otro caso singular es el de Álvaro Fidalgo, titular en el partido inaugural del Mundial 2026 con México y uno de sus jugadores más destacados. Fidalgo nació hace 29 años en Hevia (Asturias). Su abuelo Rafael Fidalgo fue futbolista profesional y despuntó en el Real Oviedo. Fidalgo nieto se formó en la cantera del Real Madrid desde 2012 e incluso debutó con el primer equipo en 2018. Su vida cambió cuando fichó por el Club América de México, donde se convirtió en un ídolo ganando tres ligas. Tras obtener la nacionalidad mexicana y al no haber debutado con la selección absoluta española, la FIFA aprobó su cambio de federación en febrero de 2026. Ese mismo año regresó al fútbol español para jugar en el Real Betis.

También está en Argentina Nico Paz, una de las grandes irrupciones del fútbol albiceleste en los últimos años. El mediapunta nació hace 21 años en Santa Cruz de Tenerife, cuando su padre, el exfutbolista argentino Pablo Paz, jugaba en el CD Tenerife. Formado en la cantera del Real Madrid, Nico llegó a debutar con el primer equipo blanco antes de continuar su carrera en Italia, ahora en las filas del Como. Aunque pasó por las categorías inferiores de España, el peso de la historia familiar y su estrecha vinculación con Argentina hicieron que se decantara por la vigente campeona del mundo para jugar al lado de Messi.

La historia de los Williams es una de las más simbólicas del Mundial. Nació en Bilbao hace 31 años después de que sus padres emprendieran una durísima ruta migratoria desde Ghana hasta España en busca de una vida mejor. El delantero del Athletic Club llegó a debutar en un amistoso con la selección española, pero en 2022 decidió representar al país de origen de su familia. Desde entonces se ha convertido en uno de los referentes de las Estrellas Negras y en un símbolo de la diáspora africana. Su hermano, Nico, eligió la roja y fue uno de los jugadores más destacados en la Eurocopa donde España fue campeona.

Uruguay cuenta también con un futbolista nacido en España. Rodrigo Zalazar, de 26 años, vino al mundo en Albacete, donde su padre, el histórico internacional uruguayo José Luis Zalazar, era el ídolo absoluto del equipo manchego. El centrocampista desarrolló gran parte de su carrera en Alemania y Portugal, pero siempre tuvo claro que seguiría la tradición familiar defendiendo la camiseta celeste.

El último caso es el de Jeremy Sarmiento, internacional con Ecuador. El extremo nació hace 24 años en Madrid, aunque siendo todavía un niño se trasladó con su familia primero a Ecuador y posteriormente a Inglaterra. Formado en las categorías inferiores del Charlton Athletic, el Benfica y el Brighton, se ha consolidado como uno de los futbolistas más desequilibrantes de la selección ecuatoriana. Su elección por la Tri estuvo marcada por las raíces familiares y por el tiempo que pasó en el país sudamericano durante su infancia.

Cinco voces para un mismo mensaje: no a las guerras, sí a la paz. Muy parecido al que el Papa León XIV está abanderando en sus mensajes durante su visita a España, pero en este caso, desde oraciones pronunciadas en cinco religiones diferentes: la católica, la católica grecolatina, la musulmana, la ortodoxa y la evangélica-protestante.

Ha sido con motivo del nuevo encuentro interreligioso que los Servicios Sociales de Villamalea, en Albacete, han organizado por segundo año consecutivo, como ejemplo de convivencia entre diferentes credos. Un reflejo de las múltiples nacionalidades, más de una treintena, que conviven en este municipio de la comarca de la Manchuela y que ha propiciado que sea muy conocido incluso fuera de las fronteras españolas.

El acto, celebrado en la Iglesia Nuestra Señora de la Anunciación, comenzó con la intervención de Floren Alfaro, trabajador social de la localidad, quien destacó que en un mundo “lleno de ruido, divisiones y enfrentamientos”, resulta “profundamente revolucionario” que todas estas voces se unan por la paz.

“Somos diferentes en nuestra forma de rezar, en nuestras lenguas, en nuestras historias y en algunas de nuestras creencias, pero estamos unidos por algo mucho más grande: la convicción de que la paz es un don sagrado y una responsabilidad compartida”, argumentó.

Tras lamentar que el odio, la violencia, el fanatismo o la indiferencia producen miles de muertes el todo el mundo, también señaló a aquellos que “intentan convencernos de que quienes son diferentes deben vivir separados, desconfiar unos de otros o incluso enfrentarse”.

Frente a esa idea, este encuentro interreligioso demuestra “exactamente lo contrario”. Porque, según resaltó el trabajador social, cuando se abren los libros sagrados de las distintas religiones, “encontramos un mensaje que se repite una y otra vez”.

Somos diferentes en nuestra forma de rezar, en nuestras lenguas, en nuestras historias y en algunas de nuestras creencias, pero estamos unidos por algo mucho más grande: la convicción de que la paz es un don sagrado y una responsabilidad compartida

Puso como ejemplo que en el Evangelio se encuentra la famosa frase “la paz os dejo y mi paz os doy”, una paz que “no nace de la imposición ni de la fuerza, sino del encuentro, del amor y de la reconciliación”. Por su parte, en el Corán, añadió, se enseña que “los siervos del misericordioso son aquellos que caminan por la tierra con humildad y que cuando los ignorantes les hablan con agresividad, responden con palabras de paz”.

Asimismo, precisó que la tradición ortodoxa conserva las palabras del salmo que proclama la búsqueda de la paz, “no como una actitud pasiva, sino como una tarea constante que exige compromiso y perseverancia”.

También mencionó a las iglesias evangélicas, que recuerdan las palabras del apóstol Santiago: “Los que procuran la paz, siembran en paz para recoger frutos de justicia, porque no puede existir una paz verdadera si no está acompañada de justicia y fraternidad”.

Finalmente, la tradición grecocatólica, “heredera de la riqueza espiritual de Oriente y Occidente”, proclama en sus celebraciones “paz para todos”, recordando que esta última “no conoce fronteras, pueblos ni lenguas” y está destinada “a toda la familia humana”.

“Son cinco caminos distintos que se enfocan en una misma verdad: la paz no es debilidad, es valentía, y exige tender la mano cuando otros levantan muros, exige escuchar cuando otros gritan y encontrarse cuando otros quieren separarnos”, resumió el trabajador social.

Por eso destacó que el acto tiene un valor que va “más allá” de la iglesia que lo ha acogido. “Demuestra que la convivencia no es una teoría, es una realidad y la diversidad no es un problema que haya que resolver, sino una riqueza que podemos generar”.

Así, desde ese pequeño rincón de la Manchuela, defendió las diferentes voces para lanzar un mensaje “sencillo, pero poderoso” basada que “es posible convivir, respetarse, caminar juntos desde la diferencia”.

De la llamada del imán a la convivencia del protestantismo

Tras las palabras de Floren Alfaro, subieron al atril seis personas. Uno de ellos fue Abderrahman Louizi, imán que desde ese altar religioso realizó en árabe una llamada al rezo. De leer el Corán, en representación de la comunidad musulmana, se encargó Zakiya Louizi, con pasajes centrados en el pacifismo, la humildad y el respeto.

En representación de la religión protestante, Julia Estela Morales Villa rescató varios versículos de la Biblia centrados en la paz espiritual y en la necesidad de la convivencia.

Mensaje muy similar al promulgado por Anca Mariana Mititelu, en representación de los ortodoxos. Posteriormente, la voz de la religión grecocatólica la puso Maríya Bila Kryvetska, con un claro mensaje destinado principalmente la convivencia y el respeto por la diversidad.

Finalmente, Javier Cano, párroco de Villamalea, recordó el acto previo a la Eucaristía en las misas católicas, cuando se insta a los fieles a darse la paz entre ellos, destacando esa parte de la misa como una de las más importantes por ser el reflejo de la convivencia entre todas las personas.

Con motivo de este encuentro, los Servicios Sociales de Villamalea destacan que la diversidad de orígenes, idiomas, culturas y creencias convierte la convivencia cotidiana “en un mensaje visible y colectivo”. “Fue un acto religioso también de convivencia, de respeto, de comunidad. Una demostración de que es posible encontrarse, escucharse y caminar juntos sin renunciar a lo que cada uno es”.

Y bajo ese mensaje, instan a todas las personas a seguir “encontrándose en la plaza, en las calles, en las tiendas, en el fútbol” y “seguir convivir no es solo vivir juntos, es construir juntos”.

Un pueblo con proyección internacional

De esta forma, Villamalea ha vuelto a conseguir mostrarse como un crisol de diversidad religioso, un hecho del que ya se hicieron eco algunos medios internacionales, entre ellos el periódico inglés The Guardian, cuando este municipio, gobernado por el PP, aprobó, junto con la localidad vecina de Tarazona de la Mancha, una moción para pedir la regularización extraordinaria de migrantes.

Ya entonces, Floren Alfaro mostró su “orgullo y emoción” por el eco que recibió la iniciativa dado por un medio internacional de prestigio a la moción presentada -y aprobada por unanimidad- en ambos consistorios. “No puedo sentir otra cosa que orgullo. Orgullo de nuestros pueblos, de la gente que cree en una sociedad más justa, más humana y más decente”.

Este periódico destacó de los vecinos y vecinas de Villamalea llegados de otras partes del mundo, su “constante aporte de mano de obra” que “ha ayudado a convertir al municipio en una potencia agrícola”, entre otras cosas porque cerca de un 70% de los champiñones vendidos en España proceden de esta localidad albaceteña. Villamalea.

Este pueblo de Albacete ha seguido dando muestras de su espíritu humanitario. El pasado mes de octubre PP, PSOE e IU aprobaron, de nuevo por unanimidad, una moción en apoyo al pueblo palestino y en defensa de los derechos humanos en Gaza.

El PP rompió el aclamado consenso político

No obstante, el pasado mes de mayo ese consenso se rompió cuando en un pleno de la Diputación de Albacete, el segundo teniente de alcalde de Villamalea, Antonio Martínez, que también es diputado provincial, presentó una moción en la que arremetía contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, algo que su Ayuntamiento, del PP, había defendido meses antes desmarcándose de la tónica del partido a nivel nacional.

Los argumentos del teniente de alcalde fueron que se trata de un proceso “caótico”, con “falta de recursos” para los ayuntamientos y que, además, “anima a las mafias”, mensaje este último muy parecido al que defienden los discursos de ultraderecha capitaneados por Vox.

Los socialistas de la localidad albaceteña se echaron las manos a la cabeza por este viraje del equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Aunque la moción fue rechazada por la mayoría absoluta del PSOE en la Diputación, este partido arremetió duramente contra el PP, que “durante meses quiso aparecer como defensor de la regularización de personas migrantes”.

“El mismo que firmó una moción conjunta con PSOE y Unidas Podemos, y aprovechó la repercusión nacional e internacional que tuvo nuestro pueblo como ejemplo de convivencia, ha terminado mostrando cuál era realmente su posición. Los conocemos (al PP) y sabemos que lo de Villamalea ha sido un postureo de carácter electoralista, sin importarles para nada el bienestar de las personas”, argumentaron.

Margot se acercó al consulado de Londres a principios de año para renunciar a la ciudadanía estadounidense, pero la mandaron de vuelta. La lista de espera en Reino Unido, donde vive desde hace más de 30 años, era de más de 14 meses. Así que fue al consulado de Gante, en Bélgica. Allí el vestíbulo estaba adornado con una foto del puerto de Boston, donde nació, junto a retratos de Donald Trump, JD Vance y Marco Rubio. Le pareció que los rostros desprendían un triunfalismo sádico, aunque tal vez fuera cosa de la iluminación. Margot se sintió dividida. De un vistazo examinó todo lo que amaba de su país y todo lo que odiaba.

Margot entró y juró que sabía lo que estaba haciendo, que nadie la coaccionaba y que no renunciaba para evadir impuestos. El tono del funcionario era neutro, ligeramente aburrido. Las preguntas estaban en una tarjeta plastificada y el juramento era solo una formalidad. El consulado retuvo el pasaporte. Una vez aprobada la solicitud es posible pedir que lo devuelvan, debidamente perforado para que quede claro que ya no es válido.

Un semestre de espera para la cita

La lista de espera para renunciar a la ciudadanía estadounidense llega a los seis meses en muchas ciudades europeas. En los consulados de Sídney y de la mayoría de las grandes ciudades canadienses, la espera se alarga y es similar a la de Londres. En la primera década del siglo XXI, eran cientos los que renunciaban cada año a la ciudadanía estadounidense. Desde 2014, se cuentan por miles y para 2026 se prevé un récord comparable al de 2020, cuando se concedieron más de 6.000 renuncias: este año, las tasas del Gobierno de EEUU por la renuncia han pasado de 2.350 a 450 dólares tras una acción legal colectiva que terminó con éxito.

El coste se eleva notablemente con la necesaria contratación de un abogado. Según Alexander Marino, director del despacho de abogados Moody’s (el mayor del mundo en este tema, y que gestiona una de cada cuatro solicitudes de renuncia con asesoramiento legal), la suma puede ascender hasta un total de entre 7.000 y 10.000 dólares si no hay complicaciones.

¿Por qué pasa?

Pero, ¿por qué querría nadie renunciar a la ciudadanía? Hace tiempo que los estadounidenses bromean con hacerse pasar por canadienses cuando viajan al extranjero, simplemente por la vergüenza de venir de un país que se caracteriza por su arrogancia y excepcionalismo. Pero los recientes acontecimientos de EEUU, el ambiente que se vive en el país, las divisiones internas y la política exterior, lo han llevado a otro nivel.

Este noviembre [en las elecciones legislativas de mitad de mandato] sabremos si este Gobierno está dispuesto a ceder el poder de manera democrática. Tengo serias dudas de que vayan a ceder el poder

Joseph — Exestadounidense

Mary, de 73 años, lleva en Canadá desde 1987. En 2006, le dieron también la nacionalidad canadiense, pero nunca pensó en renunciar a la estadounidense. Dice que el punto de inflexión llegó, “literalmente, la noche de las elecciones de 2016”. “Estaba en casa de mi hijo, y hacia la medianoche me dije: ‘Dios mío, ese hombre va a ganar’... Al final me quedé dormida, el vodka tampoco es infalible. Cuando a las 2:00 de la madrugada me desperté, en la pantalla gigante de la casa de al lado lo único que se leía era ‘Trump, Trump, Trump’”.

Paul, de 55 años y que vive en Helsinki, tuvo que viajar al consulado de Milán para renunciar a la ciudadanía. Le tocó el día de su cumpleaños número 51. “Me regalé el divorciarme del Tío Sam”, dice. “Fue a finales de 2020, cuando Trump nombró a Amy Coney Barrett para el Tribunal Supremo. Hay una foto de la ceremonia de juramento, en la que ella sale con esa sonrisa entusiasta en la cara. Eso, lo primero. Lo segundo fue la sonrisa asquerosa y narcisista de Trump, con los ojos apenas abiertos; no es una sonrisa de alegría, no es una sonrisa de ‘oye, qué bien que ha pasado esto’, sino de ‘hago con vosotros lo que quiero’. Vi esa foto y cinco minutos después estaba tecleando en Google ‘abogado especializado en renuncias a la ciudadanía’. A los cinco minutos, ya les había enviado un correo electrónico”.

Desde Noruega, Joseph, de 36 años, es igual de directo: “No quiero ser ciudadano de una dictadura. Creo que mucha gente piensa que la prueba de fuego del sistema estadounidense llegará en las próximas elecciones presidenciales y creo que se equivocan. Este noviembre [en las elecciones legislativas de mitad de mandato] sabremos si este Gobierno está dispuesto a ceder el poder de manera democrática. Tengo serias dudas de que vayan a cederlo”.

Ella tiene 66 años y vive en Alemania desde hace 34. Llevaba una década queriendo renunciar a la ciudadanía estadounidense, pero su marido se lo desaconsejaba. “Él nació en Rumanía, de padres alemanes, y durante muchos años quiso volver a Alemania sin poder hacerlo. Había vivido en carne propia lo que significaba quedarse atrapado en un país del que no te permiten salir; me decía: ‘Si hay guerra en Europa, querremos poder vivir en EEUU”. En 2021, ella renunció por fin a la ciudadanía. Ahora parece bastante improbable que su país natal le ofrezca un refugio estable, y lo más probable es que sea EEUU quien inicie una guerra.

Las renuncias se cuentan por miles desde 2014 y para 2026 se prevé un récord comparable al de 2020, cuando se concedieron más de 6.000

Casi todas las personas con las que ha hablado The Guardian para este artículo pidieron que no se publicaran sus nombres reales, y con razón. El Gobierno de EEUU tiene la potestad de rechazar por completo la renuncia a la ciudadanía cuando se cumplen unas circunstancias muy limitadas. Pero un resultado mucho más común es que te cataloguen fiscalmente como “expatriado encubierto”, y eso es un desastre financiero. La categoría dura para siempre, tus hijos tendrán que pagar el impuesto de sucesiones estadounidense y EEUU podrá denegarte la reentrada al país o interrogarte en la frontera. Si tienes un ser querido en EEUU que no pueda viajar porque está demasiado enfermo, es posible que no vuelvas a verlo nunca más.

Una vez que has completado el proceso de renuncia, la ley no permite que EEUU te persiga, pero pocos de los entrevistados confiaban en que eso se cumpla en la práctica. Aunque todo el mundo prefiere pasar desapercibido y mantenerse al margen, cada trimestre se publica en Internet un listado oficial con las renuncias. “Algunos lo han bautizado como el juego de la vergüenza, no tiene ninguna finalidad jurídica”, dice Marino.

El ejército y el fisco, al acecho

Todo el mundo mantiene un perfil bajo y solo los abogados piensan en el futuro. Tal vez por eso Marino sea el único de los entrevistados en mencionar la legislación que entra en vigor en diciembre y vuelve automático el registro de los ciudadanos estadounidenses para el servicio militar obligatorio. El Sistema de Servicio Selectivo crea una base de datos de ciudadanos aptos, de entre 18 y 25 años, a los que se podría llamar a filas en caso de reclutamiento.

Aunque en EEUU la ley no causó mucho revuelo cuando se aprobó, los que tengan hijos de 18 años criados en Europa pueden estar subiéndose por las paredes cada vez que lean sobre la guerra en Irán. Sinclair, de 54 años, vive en Australia desde que tenía 22 años y renunció hace poco a la ciudadanía estadounidense. Pero tiene una hija que acaba de cumplir los 17. “No puedes renunciar a la ciudadanía en nombre de tu hija”, dice.

EEUU y Eritrea son los únicos dos países del mundo que gravan la ciudadanía y no la residencia. Esta regulación genera situaciones curiosas, como la siguiente: si un ciudadano estadounidense que reside en el extranjero se divorcia de un ciudadano no estadounidense y se reparten los bienes, el ciudadano estadounidense tendrá que pagar impuestos sobre la parte de su ex. En virtud de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras promulgada durante el Gobierno de Barack Obama, todos los bancos extranjeros tienen la obligación de identificar a los clientes estadounidenses y facilitar sus datos a las autoridades estadounidenses. “Ningún otro país del mundo podría obligar a otros países a firmar algo así”, dice Marino.

No se trata solo de millonarios y multimillonarios aferrándose a sus riquezas. La medida afecta a personas de todos los niveles de ingresos, como Ella, que es investigadora científica. “Me ofrecieron un trabajo en Suiza, con un sueldo realmente bueno, y no pude aceptarlo porque ningún banco suizo me abría una cuenta”, dice. En 2008, EEUU introdujo un impuesto de salida que llevó a algunos estadounidenses a renunciar a su ciudadanía antes de acumular un patrimonio neto de dos millones de dólares, equivalente a 1,7 millones de euros (eso es lo que se dice, nadie admite formalmente haberlo hecho para evitar futuros impuestos).

Cada proceso de renuncia es diferente. Según Sinclair, el vicecónsul de EEUU fue “quizás un poco brusco y se respiraba un aire de desprecio, algo como ‘oh, idiota, ¿por qué haces esto? ¿Por qué renunciaría nadie a su ciudadanía estadounidense?’”. Mary no pudo conseguir cita en Toronto, su ciudad natal, así que la agendó en Halifax, Nueva Escocia, y organizó “lo que llaman unas ‘vacaciones para renunciar’”.

Sinclair cuenta que el proceso fue absolutamente decepcionante. “Lo tenía todo preparado, llevaba un bonito conjunto y me había memorizado todas las frases. Entré en el consulado, que parecía la tercera planta de unos grandes almacenes, no tenía nada de aspecto gubernamental”, dice. A Tom Geller, de 57 años, también le llamó la atención el mal estado del consulado en Ámsterdam. El ruido, el caos y el hecho de que nada funcionara. “Una sensación como de volver instantáneamente a Estados Unidos”, dice.

Pero renunciar a la nacionalidad no siempre es sencillo. Joseph trabaja en Ciencia de Datos para una empresa que colabora con el Gobierno noruego. “Si eres iraní, no puedes trabajar con datos confidenciales porque se te considera un riesgo para la seguridad. Así que cuando surgen temas como [la amenaza de Trump de invadir] Groenlandia, me preocupo, ¿perderé mi trabajo si lo lleva adelante?”. Si Estados Unidos hubiera invadido realmente Groenlandia, la lealtad de Noruega estaría sin duda del lado de Dinamarca, lo que podría convertir a Joseph en enemigo del Estado noruego.

“Mi arrepentimiento es existencial”

Joseph se enfrenta a un dilema. Todo lo que hace el Gobierno de Estados Unidos le parece deplorable y, si sigue siendo ciudadano estadounidense, su trabajo corre peligro. Pero también ha formado parte del ejército estadounidense. Se alistó en 2011 para pagarse la matrícula de la universidad, un contrato de tres años que terminó extendiéndose durante una década. “El ejército estadounidense tiene una forma estupenda de hacerte sentir que todo lo que haces tiene importancia mundial, aunque solo sea barrer el suelo”, dice. “Realmente sientes que tu vida tiene sentido”. “Aunque quizá no siempre hiciéramos lo correcto [en Afganistán], al menos teníamos las intenciones correctas”. No piensa lo mismo de Irán. Y tampoco de Groenlandia.

Todavía no ha hablado con sus padres sobre la renuncia: “Creo que mi padre no se lo tomará muy a pecho, pero mi madre es nacionalista cristiana de extrema derecha, seguidora acérrima del [movimiento] MAGA. Ella lo vería como una declaración política y montaría una discusión por el tema”. Joseph es una persona políticamente activa: “Como ciudadano estadounidense, ahora mismo puedo criticar a mi Gobierno, puedo manifestarme, puedo oponer resistencia a lo que veo y tengo peso político y social. Renunciar a mi ciudadanía es admitir que ya no creo tener la capacidad de cambiar nada”. Otros piensan como Joseph, pero no son muchos. “Mi hermana es la única que me dijo: ‘Podías haberte quedado y luchado’. Pero nadie más dice eso”, afirma Mary.

Tal vez sea el famoso sesgo de optimismo humano. Ese que hace que sintamos como correctas nuestras decisiones, una vez que las hemos tomado. Pero ninguno de los que han renunciado echan de menos su ciudadanía. “Mi arrepentimiento es existencial”, dice Geller que añade que le hubiera encantado “crecer y vivir en un país en el que creer”: “Hay ciertas cosas que echo de menos, como la forma en que conducir atravesando la nada durante seis horas cambia tu cerebro, o ciertas comidas, o la cadena [de restaurantes] del Medio Oeste Steak’n Shake... Pero si no vuelvo a ir a Estados Unidos nunca más, no me supone absolutamente ningún problema”.

Algunos nombres se han cambiado.

Traducción de Francisco de Zárate

Tres años ha estado en vigor la vía extraordinaria abierta por la Ley de Memoria Democrática para que los hijos y nietos de españoles que se hubieran exiliado o emigrado pudieran adquirir la nacionalidad española. El aluvión de solicitudes fue tal que el Gobierno tuvo que ampliar un año el plazo, cerrado definitivamente el pasado octubre con un enorme flujo de peticiones pendiente de tramitar por los consulados, que se han visto desbordados: en total, más de un millón de personas (1.170.999) han ejercido este derecho desde 2021, de las que más de la mitad, en concreto 632.670, siguen esperando una decisión. Solo el 25% del total de solicitudes están a día de hoy finalmente inscritas.

Son los datos que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores a febrero de 2026, los últimos disponibles, a los que elDiario.es ha accedido a través de una solicitud de acceso a la información realizada a través del Portal de Transparencia. Las cifras revelan la incapacidad de los consulados de España en el extranjero para gestionar el volumen de solicitudes. Argentina, Cuba, Brasil y México concentran el mayor número de peticiones y también la mayor cifra de inscripciones: solo entre los cuatro países acumulan el 72% de las personas que han pedido la nacionalidad.

Del total de peticiones ya resueltas, la práctica totalidad han sido aceptadas hasta la fecha y solo hay un 1,32% de denegaciones. El cuello de botella está en que un 54% de las solicitudes esperan todavía en un cajón y por eso, el paso siguiente, el de hacer la nacionalidad plenamente efectiva y que sea anotada definitivamente en el Registro Civil consular, va con tanto retraso. La situación mantiene en un limbo a miles de personas, que llevan en muchos casos esperando más de un año solo para lograr pedir cita y que denuncian sentirse atrapados en un laberinto que parece no tener fin. Preguntado por la situación, el Ministerio de Exteriores no ha respondido a este medio, pero fuentes del Gobierno apuntan a que se ha hecho “un esfuerzo enorme” para reforzar el personal de los consulados como medida para atajar la situación.

“Esto se ha convertido para muchas familias en una pesadilla burocrática y un vía crucis de papeleos, silencios administrativos y desgaste emocional”, señala desde La Habana Roberto, que ha pedido la nacionalidad junto a su madre, sus hermanas y sus primos y que está en contacto con decenas de afectados a través de los grupos de Telegram en los que se han organizado. Las experiencias de unos y otros, dice, son “muy similares” y retratan esperas “interminables” para obtener la credencial con la que después podrán pedir cita, expedientes “que desaparecen” o solicitudes que “son devueltas para empezar de cero”.

En su caso, inició el proceso en junio de 2024 con la reclamación de una credencial vía correo electrónico, que era la vía estipulada antes de que el sistema cambiara a un formulario telemático. En la respuesta, el consulado advertía: “IMPORTANTE. Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos tiempos de espera mayores. Es posible que reciba sus credenciales con una demora de HASTA SEIS MESES”, reza el correo electrónico automático que recibió. Lo que iba a ser medio año, sin embargo, se ha convertido en más de año y medio y no ha sido hasta este febrero cuando ha recibido la clave con la que ya ha tenido una cita para entregar la documentación.

“Nos dicen que ahora tendremos que esperar otro año y medio”, apunta este hombre, nieto de un canario que salió de España hacia Cuba en 1908 huyendo del servicio militar obligatorio y de “una situación política compleja” que en esa época “castigaba a las clases humildes”. La familia intentó acogerse a la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ya abrió por primera vez una vía excepcional para otorgar la nacionalidad en estos casos, pero no logró encontrar la partida de nacimiento de los abuelos.

La ley de 2022 nació con vocación de superar las lagunas que de la anterior legislación y reconoce varios supuestos: podrán acogerse a ella los hijos y nietos de exiliados por “razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual” que perdieran o renunciaran a la nacionalidad, también los hijos de mujeres que la perdieron por casarse con un extranjero —algo que ocurría antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978— y los hijos de quienes adquirieran la nacionalidad en virtud de la ley de 2007. Sin embargo, la instrucción posterior que desarrolla la norma extiende su aplicación a los “nacidos de padres o abuelos originariamente españoles”, es decir, de quienes emigraron independientemente del motivo.

Argentina, a la cabeza

Las peticiones de nacionalidad salpican prácticamente a todos los países, pero unos pocos concentran la inmensa mayoría de las mismas. A la cabeza está Argentina, donde hay registradas 462.815 peticiones en los cinco consulados de España en el país, seguida de Brasil (137.322), México (116.785) y Cuba, en cuyo único consulado en La Habana se acumulan 137.770 expedientes. Estados Unidos y Chile también registran por encima de las 50.000 solicitudes y Francia supera las 25.000.

Todos ellos son igualmente los países que más demandas tienen pendientes de gestionar. “Se ha generado una avalancha internacional de solicitudes y saturación de oficinas consulares con especial incidencia en América Latina. Es un auténtico colapso que está provocando que haya grandes bolsas de solicitantes a la espera de cita. Harán falta muchos años para que puedan completarse todos los expedientes y se llegue al último paso, el de la inscripción, en todos los casos”, lamenta Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes en el Mundo.

De los países con más solicitudes sin tramitar, Estados Unidos, Cuba y México tienen entre 54.000 y 64.000 peticiones pendientes, México supera las 100.000 y Argentina es el país con más atasco con 229.653 instancias sin respuesta. Sin embargo, la proporción de personas que han podido finalmente inscribirse varía, aunque casi ninguno de los países supera la mitad de inscripciones, solo Cuba, que roza el 52%. En Argentina, únicamente han sido anotadas de forma definitiva el 16% de todas las peticiones y le siguen Chile, Uruguay y Brasil como países con menor porcentaje de inscripciones.

Manuel Camejo, abogado de Camejo Law Firm, está asesorando a muchas de estas personas en Buenos Aires, un consulado en el que “hay un caos total”, asegura. Los obstáculos principales tienen que ver con personas a las que no les llegan las credenciales reclamadas o con quienes, una vez que las tienen, “no están pudiendo acceder a un turno” mientras que las peticiones que se están ahora resolviendo fueron presentadas en el verano de 2023, señala el abogado.

Consciente del atasco, el consulado reconoce que los sistemas informáticos “no permiten procesar con la velocidad necesaria” el número de solicitudes y apunta a que “se están ampliando la velocidad y la capacidad de las líneas de conectividad existentes”, señala en un boletín informativo publicado el pasado marzo, en el que el consulado avanza que ha decidido externalizar “la carga de los datos en papel de los expedientes” y que actualmente “se están cerrando los detalles” de este nuevo sistema, que entrará en vigor “en breve”.

Sobre la situación que atraviesan los trámites de nacionalidad ha alertado el Defensor del Pueblo por segundo año consecutivo en su informe anual, publicado la semana pasada. En él apunta a que el funcionamiento de los registros civiles consulares ha sido “un año más” la cuestión que ha provocado un mayor número de quejas ciudadanas debido en parte al “impacto” que ha tenido la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, por la que el organismo abrió una actuación de oficio ante la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del ministerio.

El Defensor del Pueblo recalca el “indudable esfuerzo” del personal de las oficinas y señala algunas medidas que se han ido adoptando en los distintos consulados para acelerar los trámites, incluyendo “la habilitación de nuevos espacios y el aumento de plantillas”. Esto sumado a la plena implementación del plan de digitalización consular “podría permitir a medio plazo resolver algunas de las dificultades identificadas”.

Aun así, al cierre del informe, el organismo remarca que las actuaciones ante el Gobierno siguen abiertas a la espera de recibir información sobre el sistema de citas, las “demoras” en el envío de credenciales, los obstáculos para que todas las personas puedan presentar solicitudes en plazo y sobre el número de expedientes pendientes y la gran cantidad de inscripciones que están aún en el aire.