Gorgui Lamine vive con su mujer, Gana, y sus cuatro hijos en un piso en el barrio periférico de La Torre (València). Baja vestido de azul brillante, con un traje africano parecido al que llevaba puesto en diciembre de 2019, cuando vendía pulseras y collares en la localidad turística de Dénia (Alicante), y donde un día de diciembre que iba caminando vio salir un humo muy negro de un balcón.

“No lo pensé, simplemente subí porque había gritos y decían que había un hombre dentro, no pude aguantar”, cuenta este senegalés. Una vez pudo rescatarlo —con dificultad, porque el hombre iba en silla de ruedas y tenía problemas de movilidad— bajó a la calle, cansado, satisfecho de haber salvado una vida gracias a una escalera que alguien proporcionó, pero un poco en shock. “Los vecinos me dejaron agua para lavarme y vi una mujer grabando”.

“Empezaron a decirme que qué había hecho, que eso no se podía hacer así, que me había arriesgado, que era peligroso”. Gorgui, que había llegado a España en 2017, después de una travesía internacional por la que una mafia le había cobrado un dineral que había conseguido de la venta de un piso en su país, pensó inmediatamente que le iban a detener o deportar. “Tuve miedo, entendí que había hecho algo que estaba prohibido por la ley o algo así y que podía buscarme problemas con la policía, así que cogí mis cosas y me fui”.

Gorgui, que en ese momento no tenía papeles de residencia y estaba en situación de irregularidad, cogió el bus de vuelta a Gandia, la localidad en la que vivía en una habitación con su mujer y su bebé. “Pensé que mejor si no iba por Dénia unos días, y me fui a Castellón a vender”.

En la localidad alicantina, efectivamente, la policía le buscaba, el alcalde le buscaba, la persona a la que había salvado le buscaba. Para darle las gracias y hacerle un reconocimiento. Finalmente, a través de amigos y conocidos dieron con él. “Me llamó un policía para que fuera a Dénia, me dijo que necesitaban a hablar conmigo”. Gorgui ni fue ni volvió a coger el teléfono, aterrorizado con una detención. “Cuando volví a casa, había cámaras de televisión, me explicaron todo, que no me iba a pasar nada malo, y ahí ya sí fuimos a Dénia”.

En la localidad fue considerado un héroe, le paraban por la calle, salió en las noticias e incluso en medios internacionales como The Guardian. El Ayuntamiento (entonces en manos del PSOE) le hizo una recepción oficial el 13 de diciembre y el alcalde, Vicente Grimalt, anunció que se le haría un homenaje en el Día de la Policía Local: “Gorgui demostró al jugarse la vida sin pensárselo dos veces para salvar la de otra persona. Y la que todas y todos deberíamos tener con tantas y tantas personas que como él y su familia llegan a nuestro país en busca de un buen futuro al que tienen derecho”, dijo en su discurso.

El Gobierno tramitó sus papeles de manera “excepcional” a petición del Ayuntamiento. Los consiguió a los seis meses, lo que le ha permitido trabajar de manera intermitente como “carretillero, en carga y descarga en almacenes, de peón... También en el campo, pero ahí es muy duro porque hay intermediarios y te acaban engañando”. Cuenta que en el consistorio le prometieron trabajo y una vivienda, “pero nunca supe más”, dice Gorgui mientras toma una tónica en una cafetería. El Ayuntamiento de Dénia asegura que se le “proporcionó un trabajo y residencia fuera de Dénia”, pero no ha dado detalles para poder confirmarlo a las repreguntas de elDiario.es.

Este senegalés, que viajó con “una mafia” siendo menor de edad por medio mundo, vivió en Madrid, en Gandia y recaló en València en 2020 con su familia para intentar tener más ingresos, ya que la venta de pulseras no da para alimentar a sus cuatro hijos (hoy de 7, 6, 3 años y una bebé de 5 meses). Acabó en el barrio de La Torre, uno de los más baratos entonces para vivir, en una de las ciudades de España donde más rápido se ha tensionado el mercado de la vivienda (con subidas del 45% desde la pandemia).

El 29 de octubre de 2024, Gorgui y su familia estaban en la plaza de este barrio del sur cuando empezaron a ver bajar el agua. “Subimos rápido, afortunadamente vivimos en un primer piso y pudimos salvarnos, solo se inundó un poco la entrada. A la mañana siguiente todo era barro y destrucción”. Pero tampoco estar en una zona inundable ha moderado los precios.

“Pagaba 550 y ahora me lo han subido a 610 euros al mes”, cuenta sobre su casa, una modesta vivienda de unos 60 metros sin ascensor con dos estancias para seis personas y camas en el salón. “Aun así, el dueño tiene mucha paciencia, porque a veces no puedo pagar, o me ayuda con el alquiler una amiga que también me ha pagado el carné de conducir para que pueda buscar mejores trabajos. El dueño podría echarnos y sacar más dinero aún”, admite.

Aunque su vida ha mejorado respecto al día que salvó a aquel hombre, ya que ahora no lo pueden detener ni deportar y tiene la documentación para trabajar, Gorgui sobrevive como puede, con la vista puesta en lo laboral. “Aquí está muy duro conseguir trabajo bueno, a veces no tenemos más que para pagar el piso. Me gustaría cambiar mi vida, trabajar en el puerto por ejemplo ahora que tengo carné de conducir, para tener mi vida bien y mantener a mis tres niñas y mi niño en España, un trabajo que sea estable”. No descartan volver a Senegal, aunque España es un lugar donde han encontrado oportunidades “y gente muy buena”.

España juega la semifinal del Mundial contra Francia… y a Mariano Rajoy se le ha ocurrido escribir esto: “Francia tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. ¿Qué significa eso de una Francia sin franceses? ¿Lo dice porque muchos jugadores son negros? ¿Lo dice porque cree que no han nacido en Francia? Lo increíble es este dato: solo hay tres jugadores de los 26 que han ido al Mundial no han nacido en Francia. Otro dato llamativo: En este Mundial, uno de cada cuatro futbolistas juega en la selección de un país en el que no ha nacido… Pero esos jugadores no juegan, precisamente, con Francia. Más bien, con selecciones como Marruecos: 20 de sus 26 futbolistas nacieron fuera de Marruecos.

Lo analizamos con el director de Cordópolis, Alfonso Alba, que además ha escrito sobre estos temas durante el Mundial en la cobertura de elDiario.es. Además, con la colaboradora de elDiario.es y directora del medio África Mundi Soraya Aybar Laafou analizamos lo que está pasando en selecciones como la marroquí y de qué manera hay nuevos lazos y conexiones entre el fútbol africano y el europeo.

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La presidenta de la Fundación Juan Negrín, Carmen Negrín, ha decidido, por coherencia con sus principios republicanos, no acogerse a la ley que le permitiría solicitar la nacionalidad española, pero defiende esa vía de reparación frente a las críticas de PP y Vox, que cree “mezquinas”. “Yo me lo he planteado varias veces”, confiesa. Sin embargo, siempre ha pesado en su decisión la coherencia con los postulados de su abuelo, de modo que solo solicitará ser española “cuando se permita a los españoles decidir si quieren un rey o una república”.

A su juicio, “esa es la gran cuenta pendiente de la Transición”, que no se preguntó a los españoles si querían recuperar la República y se sometió a referéndum una Constitución que ya incorporaba la Monarquía.

La depositaria del legado del último presidente del Gobierno de la Segunda República ha confirmado a EFE este lunes que parte de los descendientes de Juan Negrín (1892-1956) han recuperado el pasaporte español en las diferentes oportunidades que se han abierto desde el final de franquismo, la última de ellas con la Ley de Memoria Democrática de 2022, entre ellas sus hijas, como ha adelantado La Provincia.

Y ello, explica, porque la familia Negrín nunca ha perdido la conexión con España y con lo que significa ser español, aunque su vida se haya desarrollado en los países adonde se exiliaron el político republicano y sus tres hijos tras la Guerra Civil, Juan Jr., Rómulo y Miguel: México, Estados Unidos, Francia o el Reino Unido.

Carmen Negrín subraya que, en realidad, su padre (el aviador republicano Rómulo Negrín Mijailov, 1917-2004) siempre mantuvo en México su pasaporte español, porque los gobierno de Lázaro Cárdenas y sus sucesores no reconocían la legitimidad del régimen de Franco.

Desde París, donde reside, Carmen Negrín sigue estos días la polémica abierta por las críticas del PP y Vox, que recelan de que la llamada 'ley de nietos' busque tener un impacto electoral.

“Decir eso es mezquino”, sentencia. “Es absurdo pensar que todos los hijos de los exiliados van a votar automáticamente a la izquierda. Entre los hijos de los exiliados hay de todo, algunos votarán a la izquierda y otros a la derecha”, argumenta.

De hecho, recuerda, en Francia hay descendientes de exiliados españoles que “hoy son alcaldes con la extrema derecha”.

La presidenta de la Fundación Juan Negrín censura especialmente al Partido Popular por sumarse a esos postulados.

“Dicen que puede provocar un fraude electoral. El fraude son ellos. No tienen ni una idea original. O copian a Franco, o copian a Trump”, opina.

“Estos días azules y este sol de la infancia…”

El último verso de Antonio Machado viajó con él en su camino más trágico. El poeta fue uno más entre el casi medio millón de exiliados. El 22 de enero de 1939 abandonó Barcelona, ante la inminente entrada en la ciudad de las tropas sublevadas. Primero en una ambulancia, por las carreteras colapsadas, hasta la frontera cerrada con Francia. Después a pie, entre el frío y la lluvia del invierno. De noche y sin más equipaje que el asma.

Machado, viejo y enfermo, aunque solo tenía 63 años. Huía con su hermano, con su cuñada y con su madre, una mujer octogenaria que en su delirio pensaba que volvían a Sevilla. Tardaron seis días en escapar desde Barcelona hasta Francia. Llegaron para morir. El poeta, a las tres semanas; la madre, tres días más tarde.

Fue su hermano quien encontró en la chaqueta de Machado un papel arrugado con ese último verso, ese poema inconcluso: “Estos días azules y este sol de la infancia”.

En su camino al exilio, según distintos relatos, Machado llevó también un puñado de tierra desde España. Un trozo de su país con el que pidió ser enterrado.

Antonio Machado era tan español como Maruja Mallo. Como Luis Buñuel. Como Rafael Alberti. Como Pau Casals. Como Rosa Chacel. Como Clara Campoamor. Como Juan Ramón Jiménez. Como Arturo Barea. Como María Zambrano. Como todos los cientos de miles de víctimas de la represión franquista y del exilio republicano.

Como Antonio Machado, en 1939, solo hacia Francia escaparon 440.000 españoles. Al otro lado les esperaba un país hostil que los encerró en campos de internamiento. Algunos de esos republicanos acabarían luchando por esa misma Francia frente a la Alemania hitleriana. Miles fueron apresados y deportados a campos de concentración nazis, sobre todo a Mauthausen; allí murieron más de 4.000 españoles. Franco se desentendió de ellos: los despreció como apátridas.

Aquella España era cruel y miserable.

“Yo soy español integral, y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más”, decía Lorca en su última entrevista, solo dos meses antes de que lo asesinaran. “Canto a España y la siento hasta la médula; pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política”.

Lorca tampoco creía en esa “madre patria” que pide a sus hijos que mueran por ella. “En todo caso una madrastra como la de Cenicienta”, escribió en su juventud, en un texto contra el patriotismo. “¡Nunca puede ser madre nuestra la que según decís tenemos que dar la última gota de nuestra sangre por ella! (...) Eso no lo ordena ninguna madre. (...) Lo que nos envía a matar hombres contra la razón no puede ser madre. Hay que ser hijos de la verdadera patria. La patria del amor y de la igualdad”.

Esa España del amor y la igualdad no cabía en la España del dictador Franco. Los nietos de aquellos exiliados, al parecer, tampoco caben en la España que quiere Vox.

Cuesta entender ciertas lógicas. Fue el PP, en 2015, quien concedió la nacionalidad española a los herederos de los judíos expulsados por Isabel la Católica. Fue Vox, en 2021, quien acusó al Gobierno de “antisemitismo” por no aprobar todas las solicitudes de supuestos sefardíes. Unas víctimas sufrieron a Franco, hace noventa años. Otras, a los Reyes Católicos, hace más de cinco siglos. ¿Por qué los nietos de las primeras tienen menos derechos que los descendientes remotos de las segundas?

Tampoco hubo queja alguna durante la tramitación parlamentaria de la hoy llamada “ley de nietos”. PP y Vox se opusieron a la Ley de Memoria Democrática, que tacharon de “totalitaria”. Pero en 15 meses de debates y enmiendas en el Congreso y el Senado, no plantearon una sola crítica a este asunto que hoy tanto les preocupa: conceder la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados por el franquismo.

Durante años, el PP en general y Alberto Núñez Feijóo en particular defendieron la nacionalidad para los descendientes de todos los españoles emigrados. También su derecho al voto. Algunas de las mayorías del PP gallego se ampliaron gracias a ese voto emigrante, que ronda el 30% del censo de la provincia de Ourense y movió escaños a favor del PP en distintas elecciones autonómicas. Esa “ingeniería electoral” que Feijóo ahora denuncia la aprendió del fundador de su partido. “Te pagaban 50 dólares para ir a votar y todos fuimos a votar a Fraga”, contó un hijo de la emigración gallega en Argentina.

Es un ejercicio constante de incoherencia, un campeonato mundial de hipocresía.

Es también un ataque a los cimientos del sistema democrático, que se basa en la confianza. La misma estrategia de Trump o de Bolsonaro: sembrar la duda sobre la limpieza de las elecciones para después, si las urnas no acompañan, no reconocer el resultado.

Como siempre, estas insidias se basan en bulos. Es falso que el Gobierno pueda asignar a estos nuevos españoles a las provincias que prefiera de manera arbitraria. Es falso que esto sea una improvisación de última hora. Es falso que vaya a tener un impacto determinante en las próximas generales. Es falso que vayamos a tener 2,5 millones de nuevos votantes.

La ley es de octubre de 2022. La instrucción sobre su aplicación –que amplió la medida a los hijos y nietos de emigrantes españoles– es de ese mismo mes. Hace casi cuatro años que este proceso está en marcha. Las embajadas y consulados no van deprisa: más bien están colapsados. Hay 2,5 millones de solicitudes, sí, pero solo se han aprobado alrededor de medio millón; la mayor parte no llegará a tiempo para las próximas elecciones. La inmensa mayoría tampoco votará, aunque consiga la nacionalidad a tiempo. En las generales de 2023, apenas participó el 10% de los españoles en el extranjero –y esto incluye el voto de los emigrados más recientes, que tienen mayor interés en la política española–. El impacto real en las elecciones probablemente será escaso.

La única vez en que este voto exterior tuvo alguna relevancia en unas elecciones generales fue en 2023. Ya había entonces 2,3 millones de españoles en el censo electoral de residentes en el extranjero. En Madrid, el voto exterior decantó un escaño. Fue a favor del PP, no de la izquierda.

Esos 2,5 millones de solicitantes son los hijos y nietos de los cientos de miles que se fueron. Pero esto no va de números. Va de personas. Es probable que en la derecha se hayan quedado sorprendidos por el alto número de solicitudes; nunca han asumido la magnitud de aquel naufragio. Aquella España de 1939 se desangró, víctima de una guerra civil provocada por la sublevación de unos militares contra el Gobierno elegido en las urnas.

Cada una de esas solicitudes de nacionalidad es una historia familiar: un abuelo que cruzó a pie los Pirineos, una abuela que embarcó en Alicante o en Cartagena o en Valencia hacia Buenos Aires o La Habana, alguien que se fue porque en su país no había libertad, o pan, o las dos cosas. Gente que trabajó toda su vida con España en la memoria, que les habló de España a sus hijos y a sus nietos, que soñó con volver pero murió muy lejos de su tierra. Son esos nietos a los que ahora se señala como sospechosos; como cómplices de un pucherazo.

Machado cruzó la frontera con un puñado de tierra de su país en el bolsillo. Pidió ser enterrado con él, y así descansa desde hace 87 años en el pequeño cementerio de Collioure, en una tumba que aún hoy se llena de flores y banderas republicanas.

Machado no tuvo hijos, tampoco nietos. Pero sus herederos son también todos aquellos descendientes de quienes le acompañaron en ese último y doloroso viaje hacia el exilio, mientras el poeta soñaba con días azules y el sol de su infancia.

Ellas y ellos son tan españoles como Max Aub. Como María Teresa León. Como Manuel Chaves Nogales. Como León Felipe. Como Victoria Kent. Como Luis Cernuda. Como María Casares. Como Margarita Xirgu. Como Pablo Picasso. Como Antonio Machado.

En los últimos días hemos escuchado a dirigentes del PP acusar a Pedro Sánchez de fraude electoral por la ley de Memoria Democrática, que abre las puertas de la nacionalidad a los nietos de los exiliados españoles en la dictadura. Esas personas, si consiguen ese derecho, podrán votar en las elecciones generales. Este discurso de la derecha española contrasta con lo que el propio Feijóo decía hace no tanto tiempo. En 2022, cuando se tramitaba la ley, el PP no hizo mención al asunto. De hecho, algo muy similar llevó en su programa electoral de 2023. Por no hablar de todas las elecciones en las que el PP gallego, con Feijoo y también con Fraga a la cabeza (visitando a Fidel Castro en Cuba para dejarse ver), se benefició del voto exterior.

Ahora, que todo vale para la confrontación, repasamos esa táctica del PP gallego con el periodista de elDiario.es, Luis Pardo y analizamos de qué manera el censo electoral ha sido, históricamente, un campo de batalla, el mayor que ha habido. Lo hacemos con el analista político y profesor en la Carlos III, Lluís Orriols.

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“Te pagaban 50 dólares para ir a votar y todos fuimos a votar a Fraga”. La anécdota la relató en la radio en 2020 el pianista Juan Carlos Cambas, hijo de la emigración gallega en Argentina. El suyo es uno de tantos testimonios que atestiguan la importancia que, históricamente, ha tenido para el PP de Galicia el voto de la diáspora. Por su volumen –casi 500.000 votantes en las últimas autonómicas, más que en las provincias de Ourense o Lugo– puede mover escaños y, en un escenario ajustado, cambiar gobiernos. Una lección que Alberto Núñez Feijóo no tardó en aprender de su predecesor al frente del partido, por eso, desde que se hizo con los mandos, nunca descuidó a la parroquia del otro lado del mar.

Feijóo sucedió a Fraga en enero 2006 al frente del PPdeG y pronto comenzó a trabajar en rehacer los lazos con una emigración. “No tiene sentido que un nieto de españoles tenga menos derechos que un inmigrante”, decía ese mismo mayo desde el Hogar Español de Ancianos en Montevideo (Uruguay). “Hoy por hoy, España se lo puede permitir”, así que pidió “un esfuerzo”.

Junto con las romerías, los actos festivos y, más recientemente, las becas y las ayudas al retorno, la atención sanitaria siempre fue uno de los puntales de la presencia de Galicia en la diáspora. El hospital del Centro Gallego de Buenos Aires es, quizá, el más simbólico, también por su recorrido: después de que la Xunta saliese de su gestión en 2011 –ya con Feijóo al frente–, fue adquirido por el grupo Basa y, hace casi una década, vendido a Ribera Salud.

“El tema de la emigración no es político”, aseguraba entonces, en una visita en la que lo acompañaban varios cargos del PP, entre los que destacaba el presidente de la Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, presidente de la RFEF. En un momento en el que en España arreciaba el debate territorial, Feijóo destacaba que “la ideología de los emigrantes es ser gallego y español”.

“Nos podemos jugar que un partido gobierne Galicia”

Feijóo temía que una comunidad tan dependiente de las ayudas institucionales pudiera dejarse influir por el color de los gobiernos socialistas de Madrid y Santiago. “La colectividad es de centro y no socialista”, porfiaba en febrero de 2008, cuando viajó a Argentina a hacer campaña por un Mariano Rajoy que volvería a perder frente a Rodríguez Zapatero. Y eso que su hombre en Galicia prometió que, si ganaba, “equilibrará las pensiones de los emigrados, brindará asistencia sanitaria, ampliará la posibilidad de ciudadanía y dignificará el voto de los residentes extranjeros”.

A final de ese año, Feijóo regresó, pero ya en nombre propio. Era su primer asalto a la Xunta, sólo un lustro después de dejar la presidencia de Correos, pero ya empezaba a sembrar dudas sobre la limpieza del proceso. “En la transparencia del voto en Argentina nos podemos jugar la mayoría absoluta, nos podemos jugar que un partido –el PPdeG– o una coalición –socialistas y nacionalistas– gobiernen en Galicia”, afirmó tras reunirse con el que era ministro de Interior, Florencio Randazzo. De esa campaña data su promesa de un voto en urna que permitiese “al diez por ciento de la población gallega”, los residentes en el exterior, votar “con las mismas garantías y fiabilidad” que el 90 por ciento restante. Tras ganar, le trasladó esa demanda a Zapatero en su primera reunión institucional.

Feijóo retomó esa antorcha en su primer viaje como presidente a América Latina, apenas unos meses después de tomar posesión. Un periplo que lo llevó a tres países clave: Brasil, Uruguay y Argentina. Tan pronto como puso un pie en tierra, Feijóo insistió en “la equiparación de derechos de los emigrantes, tanto sociales, en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales, como en la equiparación de derechos fundamentales, como es el derecho al voto” para que pudiesen ejercerlo en “urna de cristal”, un “voto occidental”, que es lo propio de una “democracia como la gallega”.

Las sospechas sobre la limpieza del voto emigrante no desaparecieron. A compras masivas, como la que relataba Cambas, aderezadas con cientos de kilos de pulpo o churrasco, se sumaban las denuncias sobre suplantación de identidad, lo que permitía en ocasiones ejercer el derecho después de fallecer. “Los muertos no votan”, se había esforzado en intentar negarlo Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces también ministro de Interior, en una comparecencia en Compostela. Para aumentar las garantías, PP y PSOE –con el apoyo de CiU– decidieron implantar el voto rogado, es decir, la obligación de solicitar que le sea concedido.

La Guerra Civil, “pelea de abuelos”

Como consecuencia, la participación se desplomó a mínimos históricos y los colectivos de la diáspora pusieron el grito en el cielo. En 2015, Feijóo –de nuevo desde el Cono Sur– exigía la reforma del sistema electoral para eliminarlo y garantizar que los emigrantes pudiesen tomar decisiones “en las mismas condiciones que el resto de los españoles”. Lo hacía en la precampaña de las andaluzas para apoyar a Moreno Bonilla –“hay 200.000 andaluces viviendo fuera de España”, aseguraba el secretario ejecutivo del PP en el exterior– y reclamando “consenso” al PSOE porque la ley “siempre ha sido consensuada entre los dos grandes partidos”.

El fin del voto rogado llegaría, finalmente, en 2022, tras un acuerdo, sí, pero entre PSOE y Podemos. En octubre de ese mismo año entró en vigor la ley de nietos y, apenas unos días después, Feijóo –ya líder del PP estatal– viajó a Argentina, se reunió con la junta directiva de su partido en el país y participó en eventos como Buenos Aires celebra a España y Portugal. Allí, criticó la medida del Gobierno y se comprometió a impulsar otra norma “específica” para que los descendientes de españoles recuperasen la nacionalidad, ya que consideraba “un grave error” incluir un “derecho civil” dentro de una legislación “ideológica”.

“Tenemos que hacer una ley limpia en la que la nacionalidad no puede depender del plazo en el que el antecesor estuvo fuera de España ni tampoco de la causa”. Era la época en la que se refería a la Guerra Civil como el tiempo en que “nuestros abuelos se pelearon”.

Hoy resulta imposible imaginar cómo asistiría a estas contradicciones el predecesor de Feijóo, un Fraga que se despidió de la Xunta tal y como había llegado dieciséis años antes: pendiente de las papeletas de la emigración. En 2005, después de arrebatarle la mayoría absoluta en las urnas gallegas por un único escaño, la izquierda no ocultaba su preocupación por un hipotético voto conservador de la diáspora que diese al anciano presidente una legislatura más; pero no sucedió.

Fue justo lo contrario de lo que pudo haber ocurrido en 1989 cuando el León de Vilalba decidió abandonar el tablero estatal para competir en la política autonómica. La impresión que quedó de aquel proceso fue que Felipe González le puso un puente de plata. No sólo evitó todo lo que pudo apoyar a su candidato, Fernando González Laxe; meses después, con Fraga ya en la Xunta, “aparecieron unas sacas de correos con los votos de la emigración que le habrían dado el poder” al socialista. “Y no pasó nada”. Así lo cuenta el escritor Alfredo Conde, conselleiro de Cultura en aquel tripartito, en su libro A propósito de lo político.

Alberto Núñez Feijóo, líder del principal partido de la oposición, el PP, ha lanzado a gran parte de su partido contra la Ley de Memoria Democrática y la disposición que incluye esta norma para que los descendientes de exiliados por la dictadura franquista obtengan la nacionalidad. Los populares acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “fabricar dos millones y medio de votantes” y alientan el bulo de un hipotético “pucherazo electoral”.

Pues bien, no hace demasiado tiempo, en noviembre de 2022, apenas seis meses después de sustituir a Pablo Casado como presidente del partido político conservador, Feijóo viajaba hasta Buenos Aires y celebraba su encuentro con “la colectividad española” en la capital argentina. Allí les trasladó su “compromiso” para impulsar “una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior” a la vez que aseguraba que derogaría la Ley de Memoria Democrática.

Varios ministros socialistas del Gobierno, como el titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no han tardado en recuperar esta publicación de 2022. El ministro Bolaños, que ha recordado que la Ley de Memoria se aprobó ese mismo año 2022, se ha mostrado “totalmente de acuerdo con el Feijóo de 2022”.

Algo más allá ha ido el ministro de Transportes y Agenda Urbana, Óscar Puente, quien después de recordar el mismo tuit de Núñez Feijóo con el irónico y breve mensaje “os doy mi palabra” ha hecho otra publicación en la que recuperaba el punto 344 del programa electoral del Partido Popular liderado por Feijóo para las elecciones generales de 2023. En ese punto, el expresidente gallego proponía una “ley de acceso a la nacionalidad de los nietos reformada” para atender esta demanda así como un refuerzo del personal de los consulados.

También ha entrado al trapo el diputado autonómico y portavoz del PSPV en las Cortes valencianas José Muñoz, quien ha señalado sarcásticamente a Feijóo por hacer “ingeniería electoral para fabricar nuevos votantes”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “fabricar dos millones y medio de votantes” con las nacionalizaciones de los descendientes de exiliados por la dictadura franquista ante el riesgo de “perder las elecciones” generales, previstas para 2027. Así lo ha asegurado en una entrevista en Murcia en la que ha reclamado detener el procedimiento, abierto desde 2022 y que ya estaba vigente en los comicios que ganó el propio Feijóo en 2023.

Feijóo ha negado que él y su partido estén denunciando un “pucherazo” electoral, aunque tanto de sus palabras como de las pronunciadas por otros dirigentes de la derecha sí se colige que el PP está alertando al respecto. Ya lo hicieron también en 2023 y de la mano de Vox, tanto entonces como ahora.

El líder del PP ha dicho que Sánchez ha “fabricado la ley”, vigente desde hace años, para “hacer una modificación sustancial del censo electoral”. “Esto no se puede hacer sin el consenso adecuado, sin el cuidado exquisito, sin acreditar si esas personas o no tienen derecho a esa nacionalidad y sin buscar una fórmula de cómo impacta esto en el censo electoral”, ha añadido.

“Las encuestas le dicen que va a perder las elecciones con los votantes que tiene actualmente” y, por eso, “lo que va a fabricar son 2 millones y medio de votantes”, ha sostenido el líder de la oposición.

“El pucherazo es una cosa y lo que estamos denunciando es otra”, ha intentado zafarse Feijóo, quien ha concretado algunas de sus pegas al procedimiento: “Denunciamos que hay ingeniería electoral con la 'ley de nietos', que se hace de forma unilateral por parte del Gobierno [fue aprobada por la mayoría absoluta del Congreso], que se amplía el número de personas que tienen derecho a pasaporte mediante una instrucción de un ministerio, no por ley”.

Feijóo ha reclamado detener el proceso de nacionalización: “Debe de estudiarse, debe meditarse y en mi opinión no puede seguir”.

El pionero en los Mundiales fue Benito Mussolini. Pero no el primero. Italia, como siempre, fue la primera selección cuyos colores vistió un futbolista que no había nacido en el país. En 1914, el argentino Eugenio Mosso disputó un partido con los azzurri. Nació en Mendoza, pero su padre era turinés. Fue el primer oriundi, el término italiano que popularizó el fascismo italiano en su mundial de 1934 para nacionalizar a cuatro argentinos y un brasileño. Habían nacido fuera de Italia, pero por ascendencia tenían el corazón azzurri. 

La España del franquismo también fichó a futbolistas extranjeros para la selección, que poco o nada tenían que ver con el país antes de venir a jugar aquí. Kubala, Di Stefano o Puskas defendieron los colores de la selección española. Lo hicieron tras nacionalizarse. Todos habían jugado antes con sus respectivas selecciones.

Pero lo que siempre fue poco habitual es que jugadores nacidos en España acabasen jugando en otras selecciones de otros países. En el Mundial 2026 se podría hacer un equipo entero. Once futbolistas que han nacido en España representan a otros países en la competición. Algunos de ellos son estrellas mundiales. Sus historias retratan una realidad social, la de la inmigración y, también, la de la propia emigración.

El capitán de Marruecos

Marruecos es, con diferencia, la selección en la que juegan más futbolistas nacidos en España. Su gran estrella y capitán nació en Getafe hace 27 años. Achraf Hakimi es hijo de padres marroquíes que emigraron a España buscando un futuro mejor; su madre limpiaba casas y su padre era vendedor ambulante. Hoy es una de las grandes estrellas del fútbol europeo Se formó en la cantera del Real Madrid y, tras pasar por el Borussia Dortmund y el Inter de Milán, es hoy una estrella consagrada del Paris Saint-Germain con el que ganó las dos últimas Champions League. Está pendiente de ser juzgado en Francia, acusado de una violación a una joven en 2023.

Achraf sí tiene la nacionalidad española, pero su caso evidencia cómo en España el nacimiento en el país no te la da automáticamente (como ocurre en Estados Unidos). Para ser español de nacimiento, se necesita que uno de los padres sea español (o nacionalizado). Si ambos son extranjeros sin nacionalizar, no la obtendría hasta los 18 años, aunque podría tramitarla antes.

Quien sí que es español de nacimiento y nacionalizado es otra de las estrellas de Marruecos: Brahim Díaz. Nació en Málaga. Su padre es melillense de ascendencia marroquí y su madre es malagueña. Brahim creció en la cantera del Málaga CF antes de fichar por el Manchester City, pasar por el AC Milan y recalar en el Real Madrid. Aunque jugó amistosos con España en el pasado, a principios de 2024 tomó la decisión definitiva de representar a los Leones del Atlas. Brahim esperó hasta el último minuto la llamada del seleccionador español, Luis de la Fuente, que nunca se produjo. Su primera opción era España, pero finalmente se inclinó por Marruecos. Díaz quería seguir los pasos de las actuales estrellas de la selección española, como Lamine Yamal o Nico Williams. Los dos nacidos en España de padres extranjeros.

Por Marruecos también juega Munir Mohamedi, de 37 años. Nació en Melilla y ha desarrollado gran parte de su carrera en clubes españoles como el Numancia y el Málaga. Por sus raíces familiares, eligió a Marruecos desde sus inicios, siendo el portero titular en el Mundial de 2018 y una pieza clave de experiencia en la actual convocatoria.

También ha sido convocado Chadi Riad (22 años), nacido en Palma de Mallorca de padres marroquíes. Este espigado central se formó en la academia del RCD Mallorca y del FC Barcelona. Tras destacar en el Real Betis, dio el salto al fútbol europeo. Siempre tuvo claro su compromiso con las categorías inferiores de Marruecos hasta llegar a la absoluta.

Una de las grandes promesas de Marruecos es Ayoube Amaimouni (21 años). Nacido el 30 de noviembre de 2004 en Vic (Barcelona), creció en esta ciudad catalana y tiene ascendencia marroquí por parte de sus padres. Actúa como extremo y, tras pasar por equipos juveniles en Alemania, fichó por el Eintracht Frankfurt a principios de 2026, firmando un contrato hasta 2031. 

Un caso diferente es el de Ismael Saibari (25 años), que nació en Terrassa (Barcelona), pero cuando tenía solo seis años su familia se mudó a Bélgica. A pesar de formarse futbolísticamente entre Bélgica y los Países Bajos (actualmente es un jugador clave en el PSV Eindhoven), el centrocampista optó por el país de origen de sus padres.

Un emigrante en el partido inaugural

Otro caso singular es el de Álvaro Fidalgo, titular en el partido inaugural del Mundial 2026 con México y uno de sus jugadores más destacados. Fidalgo nació hace 29 años en Hevia (Asturias). Su abuelo Rafael Fidalgo fue futbolista profesional y despuntó en el Real Oviedo. Fidalgo nieto se formó en la cantera del Real Madrid desde 2012 e incluso debutó con el primer equipo en 2018. Su vida cambió cuando fichó por el Club América de México, donde se convirtió en un ídolo ganando tres ligas. Tras obtener la nacionalidad mexicana y al no haber debutado con la selección absoluta española, la FIFA aprobó su cambio de federación en febrero de 2026. Ese mismo año regresó al fútbol español para jugar en el Real Betis.

También está en Argentina Nico Paz, una de las grandes irrupciones del fútbol albiceleste en los últimos años. El mediapunta nació hace 21 años en Santa Cruz de Tenerife, cuando su padre, el exfutbolista argentino Pablo Paz, jugaba en el CD Tenerife. Formado en la cantera del Real Madrid, Nico llegó a debutar con el primer equipo blanco antes de continuar su carrera en Italia, ahora en las filas del Como. Aunque pasó por las categorías inferiores de España, el peso de la historia familiar y su estrecha vinculación con Argentina hicieron que se decantara por la vigente campeona del mundo para jugar al lado de Messi.

La historia de los Williams es una de las más simbólicas del Mundial. Nació en Bilbao hace 31 años después de que sus padres emprendieran una durísima ruta migratoria desde Ghana hasta España en busca de una vida mejor. El delantero del Athletic Club llegó a debutar en un amistoso con la selección española, pero en 2022 decidió representar al país de origen de su familia. Desde entonces se ha convertido en uno de los referentes de las Estrellas Negras y en un símbolo de la diáspora africana. Su hermano, Nico, eligió la roja y fue uno de los jugadores más destacados en la Eurocopa donde España fue campeona.

Uruguay cuenta también con un futbolista nacido en España. Rodrigo Zalazar, de 26 años, vino al mundo en Albacete, donde su padre, el histórico internacional uruguayo José Luis Zalazar, era el ídolo absoluto del equipo manchego. El centrocampista desarrolló gran parte de su carrera en Alemania y Portugal, pero siempre tuvo claro que seguiría la tradición familiar defendiendo la camiseta celeste.

El último caso es el de Jeremy Sarmiento, internacional con Ecuador. El extremo nació hace 24 años en Madrid, aunque siendo todavía un niño se trasladó con su familia primero a Ecuador y posteriormente a Inglaterra. Formado en las categorías inferiores del Charlton Athletic, el Benfica y el Brighton, se ha consolidado como uno de los futbolistas más desequilibrantes de la selección ecuatoriana. Su elección por la Tri estuvo marcada por las raíces familiares y por el tiempo que pasó en el país sudamericano durante su infancia.

Cinco voces para un mismo mensaje: no a las guerras, sí a la paz. Muy parecido al que el Papa León XIV está abanderando en sus mensajes durante su visita a España, pero en este caso, desde oraciones pronunciadas en cinco religiones diferentes: la católica, la católica grecolatina, la musulmana, la ortodoxa y la evangélica-protestante.

Ha sido con motivo del nuevo encuentro interreligioso que los Servicios Sociales de Villamalea, en Albacete, han organizado por segundo año consecutivo, como ejemplo de convivencia entre diferentes credos. Un reflejo de las múltiples nacionalidades, más de una treintena, que conviven en este municipio de la comarca de la Manchuela y que ha propiciado que sea muy conocido incluso fuera de las fronteras españolas.

El acto, celebrado en la Iglesia Nuestra Señora de la Anunciación, comenzó con la intervención de Floren Alfaro, trabajador social de la localidad, quien destacó que en un mundo “lleno de ruido, divisiones y enfrentamientos”, resulta “profundamente revolucionario” que todas estas voces se unan por la paz.

“Somos diferentes en nuestra forma de rezar, en nuestras lenguas, en nuestras historias y en algunas de nuestras creencias, pero estamos unidos por algo mucho más grande: la convicción de que la paz es un don sagrado y una responsabilidad compartida”, argumentó.

Tras lamentar que el odio, la violencia, el fanatismo o la indiferencia producen miles de muertes el todo el mundo, también señaló a aquellos que “intentan convencernos de que quienes son diferentes deben vivir separados, desconfiar unos de otros o incluso enfrentarse”.

Frente a esa idea, este encuentro interreligioso demuestra “exactamente lo contrario”. Porque, según resaltó el trabajador social, cuando se abren los libros sagrados de las distintas religiones, “encontramos un mensaje que se repite una y otra vez”.

Somos diferentes en nuestra forma de rezar, en nuestras lenguas, en nuestras historias y en algunas de nuestras creencias, pero estamos unidos por algo mucho más grande: la convicción de que la paz es un don sagrado y una responsabilidad compartida

Puso como ejemplo que en el Evangelio se encuentra la famosa frase “la paz os dejo y mi paz os doy”, una paz que “no nace de la imposición ni de la fuerza, sino del encuentro, del amor y de la reconciliación”. Por su parte, en el Corán, añadió, se enseña que “los siervos del misericordioso son aquellos que caminan por la tierra con humildad y que cuando los ignorantes les hablan con agresividad, responden con palabras de paz”.

Asimismo, precisó que la tradición ortodoxa conserva las palabras del salmo que proclama la búsqueda de la paz, “no como una actitud pasiva, sino como una tarea constante que exige compromiso y perseverancia”.

También mencionó a las iglesias evangélicas, que recuerdan las palabras del apóstol Santiago: “Los que procuran la paz, siembran en paz para recoger frutos de justicia, porque no puede existir una paz verdadera si no está acompañada de justicia y fraternidad”.

Finalmente, la tradición grecocatólica, “heredera de la riqueza espiritual de Oriente y Occidente”, proclama en sus celebraciones “paz para todos”, recordando que esta última “no conoce fronteras, pueblos ni lenguas” y está destinada “a toda la familia humana”.

“Son cinco caminos distintos que se enfocan en una misma verdad: la paz no es debilidad, es valentía, y exige tender la mano cuando otros levantan muros, exige escuchar cuando otros gritan y encontrarse cuando otros quieren separarnos”, resumió el trabajador social.

Por eso destacó que el acto tiene un valor que va “más allá” de la iglesia que lo ha acogido. “Demuestra que la convivencia no es una teoría, es una realidad y la diversidad no es un problema que haya que resolver, sino una riqueza que podemos generar”.

Así, desde ese pequeño rincón de la Manchuela, defendió las diferentes voces para lanzar un mensaje “sencillo, pero poderoso” basada que “es posible convivir, respetarse, caminar juntos desde la diferencia”.

De la llamada del imán a la convivencia del protestantismo

Tras las palabras de Floren Alfaro, subieron al atril seis personas. Uno de ellos fue Abderrahman Louizi, imán que desde ese altar religioso realizó en árabe una llamada al rezo. De leer el Corán, en representación de la comunidad musulmana, se encargó Zakiya Louizi, con pasajes centrados en el pacifismo, la humildad y el respeto.

En representación de la religión protestante, Julia Estela Morales Villa rescató varios versículos de la Biblia centrados en la paz espiritual y en la necesidad de la convivencia.

Mensaje muy similar al promulgado por Anca Mariana Mititelu, en representación de los ortodoxos. Posteriormente, la voz de la religión grecocatólica la puso Maríya Bila Kryvetska, con un claro mensaje destinado principalmente la convivencia y el respeto por la diversidad.

Finalmente, Javier Cano, párroco de Villamalea, recordó el acto previo a la Eucaristía en las misas católicas, cuando se insta a los fieles a darse la paz entre ellos, destacando esa parte de la misa como una de las más importantes por ser el reflejo de la convivencia entre todas las personas.

Con motivo de este encuentro, los Servicios Sociales de Villamalea destacan que la diversidad de orígenes, idiomas, culturas y creencias convierte la convivencia cotidiana “en un mensaje visible y colectivo”. “Fue un acto religioso también de convivencia, de respeto, de comunidad. Una demostración de que es posible encontrarse, escucharse y caminar juntos sin renunciar a lo que cada uno es”.

Y bajo ese mensaje, instan a todas las personas a seguir “encontrándose en la plaza, en las calles, en las tiendas, en el fútbol” y “seguir convivir no es solo vivir juntos, es construir juntos”.

Un pueblo con proyección internacional

De esta forma, Villamalea ha vuelto a conseguir mostrarse como un crisol de diversidad religioso, un hecho del que ya se hicieron eco algunos medios internacionales, entre ellos el periódico inglés The Guardian, cuando este municipio, gobernado por el PP, aprobó, junto con la localidad vecina de Tarazona de la Mancha, una moción para pedir la regularización extraordinaria de migrantes.

Ya entonces, Floren Alfaro mostró su “orgullo y emoción” por el eco que recibió la iniciativa dado por un medio internacional de prestigio a la moción presentada -y aprobada por unanimidad- en ambos consistorios. “No puedo sentir otra cosa que orgullo. Orgullo de nuestros pueblos, de la gente que cree en una sociedad más justa, más humana y más decente”.

Este periódico destacó de los vecinos y vecinas de Villamalea llegados de otras partes del mundo, su “constante aporte de mano de obra” que “ha ayudado a convertir al municipio en una potencia agrícola”, entre otras cosas porque cerca de un 70% de los champiñones vendidos en España proceden de esta localidad albaceteña. Villamalea.

Este pueblo de Albacete ha seguido dando muestras de su espíritu humanitario. El pasado mes de octubre PP, PSOE e IU aprobaron, de nuevo por unanimidad, una moción en apoyo al pueblo palestino y en defensa de los derechos humanos en Gaza.

El PP rompió el aclamado consenso político

No obstante, el pasado mes de mayo ese consenso se rompió cuando en un pleno de la Diputación de Albacete, el segundo teniente de alcalde de Villamalea, Antonio Martínez, que también es diputado provincial, presentó una moción en la que arremetía contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, algo que su Ayuntamiento, del PP, había defendido meses antes desmarcándose de la tónica del partido a nivel nacional.

Los argumentos del teniente de alcalde fueron que se trata de un proceso “caótico”, con “falta de recursos” para los ayuntamientos y que, además, “anima a las mafias”, mensaje este último muy parecido al que defienden los discursos de ultraderecha capitaneados por Vox.

Los socialistas de la localidad albaceteña se echaron las manos a la cabeza por este viraje del equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Aunque la moción fue rechazada por la mayoría absoluta del PSOE en la Diputación, este partido arremetió duramente contra el PP, que “durante meses quiso aparecer como defensor de la regularización de personas migrantes”.

“El mismo que firmó una moción conjunta con PSOE y Unidas Podemos, y aprovechó la repercusión nacional e internacional que tuvo nuestro pueblo como ejemplo de convivencia, ha terminado mostrando cuál era realmente su posición. Los conocemos (al PP) y sabemos que lo de Villamalea ha sido un postureo de carácter electoralista, sin importarles para nada el bienestar de las personas”, argumentaron.

Margot se acercó al consulado de Londres a principios de año para renunciar a la ciudadanía estadounidense, pero la mandaron de vuelta. La lista de espera en Reino Unido, donde vive desde hace más de 30 años, era de más de 14 meses. Así que fue al consulado de Gante, en Bélgica. Allí el vestíbulo estaba adornado con una foto del puerto de Boston, donde nació, junto a retratos de Donald Trump, JD Vance y Marco Rubio. Le pareció que los rostros desprendían un triunfalismo sádico, aunque tal vez fuera cosa de la iluminación. Margot se sintió dividida. De un vistazo examinó todo lo que amaba de su país y todo lo que odiaba.

Margot entró y juró que sabía lo que estaba haciendo, que nadie la coaccionaba y que no renunciaba para evadir impuestos. El tono del funcionario era neutro, ligeramente aburrido. Las preguntas estaban en una tarjeta plastificada y el juramento era solo una formalidad. El consulado retuvo el pasaporte. Una vez aprobada la solicitud es posible pedir que lo devuelvan, debidamente perforado para que quede claro que ya no es válido.

Un semestre de espera para la cita

La lista de espera para renunciar a la ciudadanía estadounidense llega a los seis meses en muchas ciudades europeas. En los consulados de Sídney y de la mayoría de las grandes ciudades canadienses, la espera se alarga y es similar a la de Londres. En la primera década del siglo XXI, eran cientos los que renunciaban cada año a la ciudadanía estadounidense. Desde 2014, se cuentan por miles y para 2026 se prevé un récord comparable al de 2020, cuando se concedieron más de 6.000 renuncias: este año, las tasas del Gobierno de EEUU por la renuncia han pasado de 2.350 a 450 dólares tras una acción legal colectiva que terminó con éxito.

El coste se eleva notablemente con la necesaria contratación de un abogado. Según Alexander Marino, director del despacho de abogados Moody’s (el mayor del mundo en este tema, y que gestiona una de cada cuatro solicitudes de renuncia con asesoramiento legal), la suma puede ascender hasta un total de entre 7.000 y 10.000 dólares si no hay complicaciones.

¿Por qué pasa?

Pero, ¿por qué querría nadie renunciar a la ciudadanía? Hace tiempo que los estadounidenses bromean con hacerse pasar por canadienses cuando viajan al extranjero, simplemente por la vergüenza de venir de un país que se caracteriza por su arrogancia y excepcionalismo. Pero los recientes acontecimientos de EEUU, el ambiente que se vive en el país, las divisiones internas y la política exterior, lo han llevado a otro nivel.

Este noviembre [en las elecciones legislativas de mitad de mandato] sabremos si este Gobierno está dispuesto a ceder el poder de manera democrática. Tengo serias dudas de que vayan a ceder el poder

Joseph — Exestadounidense

Mary, de 73 años, lleva en Canadá desde 1987. En 2006, le dieron también la nacionalidad canadiense, pero nunca pensó en renunciar a la estadounidense. Dice que el punto de inflexión llegó, “literalmente, la noche de las elecciones de 2016”. “Estaba en casa de mi hijo, y hacia la medianoche me dije: ‘Dios mío, ese hombre va a ganar’... Al final me quedé dormida, el vodka tampoco es infalible. Cuando a las 2:00 de la madrugada me desperté, en la pantalla gigante de la casa de al lado lo único que se leía era ‘Trump, Trump, Trump’”.

Paul, de 55 años y que vive en Helsinki, tuvo que viajar al consulado de Milán para renunciar a la ciudadanía. Le tocó el día de su cumpleaños número 51. “Me regalé el divorciarme del Tío Sam”, dice. “Fue a finales de 2020, cuando Trump nombró a Amy Coney Barrett para el Tribunal Supremo. Hay una foto de la ceremonia de juramento, en la que ella sale con esa sonrisa entusiasta en la cara. Eso, lo primero. Lo segundo fue la sonrisa asquerosa y narcisista de Trump, con los ojos apenas abiertos; no es una sonrisa de alegría, no es una sonrisa de ‘oye, qué bien que ha pasado esto’, sino de ‘hago con vosotros lo que quiero’. Vi esa foto y cinco minutos después estaba tecleando en Google ‘abogado especializado en renuncias a la ciudadanía’. A los cinco minutos, ya les había enviado un correo electrónico”.

Desde Noruega, Joseph, de 36 años, es igual de directo: “No quiero ser ciudadano de una dictadura. Creo que mucha gente piensa que la prueba de fuego del sistema estadounidense llegará en las próximas elecciones presidenciales y creo que se equivocan. Este noviembre [en las elecciones legislativas de mitad de mandato] sabremos si este Gobierno está dispuesto a ceder el poder de manera democrática. Tengo serias dudas de que vayan a cederlo”.

Ella tiene 66 años y vive en Alemania desde hace 34. Llevaba una década queriendo renunciar a la ciudadanía estadounidense, pero su marido se lo desaconsejaba. “Él nació en Rumanía, de padres alemanes, y durante muchos años quiso volver a Alemania sin poder hacerlo. Había vivido en carne propia lo que significaba quedarse atrapado en un país del que no te permiten salir; me decía: ‘Si hay guerra en Europa, querremos poder vivir en EEUU”. En 2021, ella renunció por fin a la ciudadanía. Ahora parece bastante improbable que su país natal le ofrezca un refugio estable, y lo más probable es que sea EEUU quien inicie una guerra.

Las renuncias se cuentan por miles desde 2014 y para 2026 se prevé un récord comparable al de 2020, cuando se concedieron más de 6.000

Casi todas las personas con las que ha hablado The Guardian para este artículo pidieron que no se publicaran sus nombres reales, y con razón. El Gobierno de EEUU tiene la potestad de rechazar por completo la renuncia a la ciudadanía cuando se cumplen unas circunstancias muy limitadas. Pero un resultado mucho más común es que te cataloguen fiscalmente como “expatriado encubierto”, y eso es un desastre financiero. La categoría dura para siempre, tus hijos tendrán que pagar el impuesto de sucesiones estadounidense y EEUU podrá denegarte la reentrada al país o interrogarte en la frontera. Si tienes un ser querido en EEUU que no pueda viajar porque está demasiado enfermo, es posible que no vuelvas a verlo nunca más.

Una vez que has completado el proceso de renuncia, la ley no permite que EEUU te persiga, pero pocos de los entrevistados confiaban en que eso se cumpla en la práctica. Aunque todo el mundo prefiere pasar desapercibido y mantenerse al margen, cada trimestre se publica en Internet un listado oficial con las renuncias. “Algunos lo han bautizado como el juego de la vergüenza, no tiene ninguna finalidad jurídica”, dice Marino.

El ejército y el fisco, al acecho

Todo el mundo mantiene un perfil bajo y solo los abogados piensan en el futuro. Tal vez por eso Marino sea el único de los entrevistados en mencionar la legislación que entra en vigor en diciembre y vuelve automático el registro de los ciudadanos estadounidenses para el servicio militar obligatorio. El Sistema de Servicio Selectivo crea una base de datos de ciudadanos aptos, de entre 18 y 25 años, a los que se podría llamar a filas en caso de reclutamiento.

Aunque en EEUU la ley no causó mucho revuelo cuando se aprobó, los que tengan hijos de 18 años criados en Europa pueden estar subiéndose por las paredes cada vez que lean sobre la guerra en Irán. Sinclair, de 54 años, vive en Australia desde que tenía 22 años y renunció hace poco a la ciudadanía estadounidense. Pero tiene una hija que acaba de cumplir los 17. “No puedes renunciar a la ciudadanía en nombre de tu hija”, dice.

EEUU y Eritrea son los únicos dos países del mundo que gravan la ciudadanía y no la residencia. Esta regulación genera situaciones curiosas, como la siguiente: si un ciudadano estadounidense que reside en el extranjero se divorcia de un ciudadano no estadounidense y se reparten los bienes, el ciudadano estadounidense tendrá que pagar impuestos sobre la parte de su ex. En virtud de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras promulgada durante el Gobierno de Barack Obama, todos los bancos extranjeros tienen la obligación de identificar a los clientes estadounidenses y facilitar sus datos a las autoridades estadounidenses. “Ningún otro país del mundo podría obligar a otros países a firmar algo así”, dice Marino.

No se trata solo de millonarios y multimillonarios aferrándose a sus riquezas. La medida afecta a personas de todos los niveles de ingresos, como Ella, que es investigadora científica. “Me ofrecieron un trabajo en Suiza, con un sueldo realmente bueno, y no pude aceptarlo porque ningún banco suizo me abría una cuenta”, dice. En 2008, EEUU introdujo un impuesto de salida que llevó a algunos estadounidenses a renunciar a su ciudadanía antes de acumular un patrimonio neto de dos millones de dólares, equivalente a 1,7 millones de euros (eso es lo que se dice, nadie admite formalmente haberlo hecho para evitar futuros impuestos).

Cada proceso de renuncia es diferente. Según Sinclair, el vicecónsul de EEUU fue “quizás un poco brusco y se respiraba un aire de desprecio, algo como ‘oh, idiota, ¿por qué haces esto? ¿Por qué renunciaría nadie a su ciudadanía estadounidense?’”. Mary no pudo conseguir cita en Toronto, su ciudad natal, así que la agendó en Halifax, Nueva Escocia, y organizó “lo que llaman unas ‘vacaciones para renunciar’”.

Sinclair cuenta que el proceso fue absolutamente decepcionante. “Lo tenía todo preparado, llevaba un bonito conjunto y me había memorizado todas las frases. Entré en el consulado, que parecía la tercera planta de unos grandes almacenes, no tenía nada de aspecto gubernamental”, dice. A Tom Geller, de 57 años, también le llamó la atención el mal estado del consulado en Ámsterdam. El ruido, el caos y el hecho de que nada funcionara. “Una sensación como de volver instantáneamente a Estados Unidos”, dice.

Pero renunciar a la nacionalidad no siempre es sencillo. Joseph trabaja en Ciencia de Datos para una empresa que colabora con el Gobierno noruego. “Si eres iraní, no puedes trabajar con datos confidenciales porque se te considera un riesgo para la seguridad. Así que cuando surgen temas como [la amenaza de Trump de invadir] Groenlandia, me preocupo, ¿perderé mi trabajo si lo lleva adelante?”. Si Estados Unidos hubiera invadido realmente Groenlandia, la lealtad de Noruega estaría sin duda del lado de Dinamarca, lo que podría convertir a Joseph en enemigo del Estado noruego.

“Mi arrepentimiento es existencial”

Joseph se enfrenta a un dilema. Todo lo que hace el Gobierno de Estados Unidos le parece deplorable y, si sigue siendo ciudadano estadounidense, su trabajo corre peligro. Pero también ha formado parte del ejército estadounidense. Se alistó en 2011 para pagarse la matrícula de la universidad, un contrato de tres años que terminó extendiéndose durante una década. “El ejército estadounidense tiene una forma estupenda de hacerte sentir que todo lo que haces tiene importancia mundial, aunque solo sea barrer el suelo”, dice. “Realmente sientes que tu vida tiene sentido”. “Aunque quizá no siempre hiciéramos lo correcto [en Afganistán], al menos teníamos las intenciones correctas”. No piensa lo mismo de Irán. Y tampoco de Groenlandia.

Todavía no ha hablado con sus padres sobre la renuncia: “Creo que mi padre no se lo tomará muy a pecho, pero mi madre es nacionalista cristiana de extrema derecha, seguidora acérrima del [movimiento] MAGA. Ella lo vería como una declaración política y montaría una discusión por el tema”. Joseph es una persona políticamente activa: “Como ciudadano estadounidense, ahora mismo puedo criticar a mi Gobierno, puedo manifestarme, puedo oponer resistencia a lo que veo y tengo peso político y social. Renunciar a mi ciudadanía es admitir que ya no creo tener la capacidad de cambiar nada”. Otros piensan como Joseph, pero no son muchos. “Mi hermana es la única que me dijo: ‘Podías haberte quedado y luchado’. Pero nadie más dice eso”, afirma Mary.

Tal vez sea el famoso sesgo de optimismo humano. Ese que hace que sintamos como correctas nuestras decisiones, una vez que las hemos tomado. Pero ninguno de los que han renunciado echan de menos su ciudadanía. “Mi arrepentimiento es existencial”, dice Geller que añade que le hubiera encantado “crecer y vivir en un país en el que creer”: “Hay ciertas cosas que echo de menos, como la forma en que conducir atravesando la nada durante seis horas cambia tu cerebro, o ciertas comidas, o la cadena [de restaurantes] del Medio Oeste Steak’n Shake... Pero si no vuelvo a ir a Estados Unidos nunca más, no me supone absolutamente ningún problema”.

Algunos nombres se han cambiado.

Traducción de Francisco de Zárate

Tres años ha estado en vigor la vía extraordinaria abierta por la Ley de Memoria Democrática para que los hijos y nietos de españoles que se hubieran exiliado o emigrado pudieran adquirir la nacionalidad española. El aluvión de solicitudes fue tal que el Gobierno tuvo que ampliar un año el plazo, cerrado definitivamente el pasado octubre con un enorme flujo de peticiones pendiente de tramitar por los consulados, que se han visto desbordados: en total, más de un millón de personas (1.170.999) han ejercido este derecho desde 2021, de las que más de la mitad, en concreto 632.670, siguen esperando una decisión. Solo el 25% del total de solicitudes están a día de hoy finalmente inscritas.

Son los datos que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores a febrero de 2026, los últimos disponibles, a los que elDiario.es ha accedido a través de una solicitud de acceso a la información realizada a través del Portal de Transparencia. Las cifras revelan la incapacidad de los consulados de España en el extranjero para gestionar el volumen de solicitudes. Argentina, Cuba, Brasil y México concentran el mayor número de peticiones y también la mayor cifra de inscripciones: solo entre los cuatro países acumulan el 72% de las personas que han pedido la nacionalidad.

Del total de peticiones ya resueltas, la práctica totalidad han sido aceptadas hasta la fecha y solo hay un 1,32% de denegaciones. El cuello de botella está en que un 54% de las solicitudes esperan todavía en un cajón y por eso, el paso siguiente, el de hacer la nacionalidad plenamente efectiva y que sea anotada definitivamente en el Registro Civil consular, va con tanto retraso. La situación mantiene en un limbo a miles de personas, que llevan en muchos casos esperando más de un año solo para lograr pedir cita y que denuncian sentirse atrapados en un laberinto que parece no tener fin. Preguntado por la situación, el Ministerio de Exteriores no ha respondido a este medio, pero fuentes del Gobierno apuntan a que se ha hecho “un esfuerzo enorme” para reforzar el personal de los consulados como medida para atajar la situación.

“Esto se ha convertido para muchas familias en una pesadilla burocrática y un vía crucis de papeleos, silencios administrativos y desgaste emocional”, señala desde La Habana Roberto, que ha pedido la nacionalidad junto a su madre, sus hermanas y sus primos y que está en contacto con decenas de afectados a través de los grupos de Telegram en los que se han organizado. Las experiencias de unos y otros, dice, son “muy similares” y retratan esperas “interminables” para obtener la credencial con la que después podrán pedir cita, expedientes “que desaparecen” o solicitudes que “son devueltas para empezar de cero”.

En su caso, inició el proceso en junio de 2024 con la reclamación de una credencial vía correo electrónico, que era la vía estipulada antes de que el sistema cambiara a un formulario telemático. En la respuesta, el consulado advertía: “IMPORTANTE. Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos tiempos de espera mayores. Es posible que reciba sus credenciales con una demora de HASTA SEIS MESES”, reza el correo electrónico automático que recibió. Lo que iba a ser medio año, sin embargo, se ha convertido en más de año y medio y no ha sido hasta este febrero cuando ha recibido la clave con la que ya ha tenido una cita para entregar la documentación.

“Nos dicen que ahora tendremos que esperar otro año y medio”, apunta este hombre, nieto de un canario que salió de España hacia Cuba en 1908 huyendo del servicio militar obligatorio y de “una situación política compleja” que en esa época “castigaba a las clases humildes”. La familia intentó acogerse a la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ya abrió por primera vez una vía excepcional para otorgar la nacionalidad en estos casos, pero no logró encontrar la partida de nacimiento de los abuelos.

La ley de 2022 nació con vocación de superar las lagunas que de la anterior legislación y reconoce varios supuestos: podrán acogerse a ella los hijos y nietos de exiliados por “razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual” que perdieran o renunciaran a la nacionalidad, también los hijos de mujeres que la perdieron por casarse con un extranjero —algo que ocurría antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978— y los hijos de quienes adquirieran la nacionalidad en virtud de la ley de 2007. Sin embargo, la instrucción posterior que desarrolla la norma extiende su aplicación a los “nacidos de padres o abuelos originariamente españoles”, es decir, de quienes emigraron independientemente del motivo.

Argentina, a la cabeza

Las peticiones de nacionalidad salpican prácticamente a todos los países, pero unos pocos concentran la inmensa mayoría de las mismas. A la cabeza está Argentina, donde hay registradas 462.815 peticiones en los cinco consulados de España en el país, seguida de Brasil (137.322), México (116.785) y Cuba, en cuyo único consulado en La Habana se acumulan 137.770 expedientes. Estados Unidos y Chile también registran por encima de las 50.000 solicitudes y Francia supera las 25.000.

Todos ellos son igualmente los países que más demandas tienen pendientes de gestionar. “Se ha generado una avalancha internacional de solicitudes y saturación de oficinas consulares con especial incidencia en América Latina. Es un auténtico colapso que está provocando que haya grandes bolsas de solicitantes a la espera de cita. Harán falta muchos años para que puedan completarse todos los expedientes y se llegue al último paso, el de la inscripción, en todos los casos”, lamenta Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes en el Mundo.

De los países con más solicitudes sin tramitar, Estados Unidos, Cuba y México tienen entre 54.000 y 64.000 peticiones pendientes, México supera las 100.000 y Argentina es el país con más atasco con 229.653 instancias sin respuesta. Sin embargo, la proporción de personas que han podido finalmente inscribirse varía, aunque casi ninguno de los países supera la mitad de inscripciones, solo Cuba, que roza el 52%. En Argentina, únicamente han sido anotadas de forma definitiva el 16% de todas las peticiones y le siguen Chile, Uruguay y Brasil como países con menor porcentaje de inscripciones.

Manuel Camejo, abogado de Camejo Law Firm, está asesorando a muchas de estas personas en Buenos Aires, un consulado en el que “hay un caos total”, asegura. Los obstáculos principales tienen que ver con personas a las que no les llegan las credenciales reclamadas o con quienes, una vez que las tienen, “no están pudiendo acceder a un turno” mientras que las peticiones que se están ahora resolviendo fueron presentadas en el verano de 2023, señala el abogado.

Consciente del atasco, el consulado reconoce que los sistemas informáticos “no permiten procesar con la velocidad necesaria” el número de solicitudes y apunta a que “se están ampliando la velocidad y la capacidad de las líneas de conectividad existentes”, señala en un boletín informativo publicado el pasado marzo, en el que el consulado avanza que ha decidido externalizar “la carga de los datos en papel de los expedientes” y que actualmente “se están cerrando los detalles” de este nuevo sistema, que entrará en vigor “en breve”.

Sobre la situación que atraviesan los trámites de nacionalidad ha alertado el Defensor del Pueblo por segundo año consecutivo en su informe anual, publicado la semana pasada. En él apunta a que el funcionamiento de los registros civiles consulares ha sido “un año más” la cuestión que ha provocado un mayor número de quejas ciudadanas debido en parte al “impacto” que ha tenido la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, por la que el organismo abrió una actuación de oficio ante la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del ministerio.

El Defensor del Pueblo recalca el “indudable esfuerzo” del personal de las oficinas y señala algunas medidas que se han ido adoptando en los distintos consulados para acelerar los trámites, incluyendo “la habilitación de nuevos espacios y el aumento de plantillas”. Esto sumado a la plena implementación del plan de digitalización consular “podría permitir a medio plazo resolver algunas de las dificultades identificadas”.

Aun así, al cierre del informe, el organismo remarca que las actuaciones ante el Gobierno siguen abiertas a la espera de recibir información sobre el sistema de citas, las “demoras” en el envío de credenciales, los obstáculos para que todas las personas puedan presentar solicitudes en plazo y sobre el número de expedientes pendientes y la gran cantidad de inscripciones que están aún en el aire.

Inga Oleksiuk, periodista polaca de familia ucraniana; Kim Economides, académico de origen chipriota residente en Australia, y Deena Poll, fisioterapeuta norteamericana de Los Ángeles, tienen algo en común: la nacionalidad española. La tienen desde el pasado 5 de noviembre por una razón hasta ahora insólita: sus antepasados, sus padres o abuelos, integraron las Brigadas Internacionales que combatieron durante la Guerra Civil española contra las tropas franquistas. 

El Gobierno español concedió por primera vez la nacionalidad a 171 descendientes de brigadistas internacionales. Nombres y apellidos como el de Oleksiuk, Economides y Poll aparecen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, de 2022, que regula la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los hijos y nietos de esos combatientes extranjeros que acrediten una labor de difusión de la memoria histórica.

“Hay pocos beneficios materiales”, reconoce por correo electrónico Kim Economides, que como chipriota ya es ciudadano de la Unión Europa. “La solicitud tiene únicamente que ver con que así se honra la memoria de mi padre y de otros brigadistas”. 

A Inga Oleksiuk, la noticia la cogió justamente en Catalunya, adonde viaja desde Varsovia regularmente porque sigue buscando a su abuelo, que desapareció y lo dieron por muerto en la batalla del Segre. Lo hace a través del programa Alvah Bessie, de la dirección general de Memoria Histórica de la Generalitat, que identifica los restos de los brigadistas hallados en fosas comunes (dos nietos de Bessie, el novelista y guionista norteamericano que fue voluntario en la Guerra Civil, también están en la lista).

Para Inga, recibir la nacionalidad por carta de naturaleza supone “completar un sueño de tres generaciones”. Su padre, hijo del brigadista Mihail Oleksiuk, murió en 2024 y no ha vivido para verlo. “Mi abuelo pensaba en España como un lugar donde luchar por la democracia y la justicia social”, explica su nieta.

En el caso de Deena Poll, se dio también la coincidencia de que le comunicaron la nacionalización justo antes de volar a España para visitar a su hijo, que trabaja en Valencia. Al pasar por Barcelona, la familia decidió retratarse con la bandera republicana española en la avenida Diagonal, la misma por la que desfiló bajo la misma enseña su abuelo Harry Poll el 28 de octubre de 1938, durante el homenaje de la retirada de estos combatientes 

“Para mí la nacionalidad española significa no olvidar nunca y defender la humanidad”, proclama, emocionada, Deena. “Especialmente en los momentos que vivimos, es importante no olvidar esta historia”, afirma por videollamada desde Los Ángeles. 

Entre los brigadistas a los que se ha concedido esta medida, tras un proceso de solicitud que ha durado varios meses, se cuentan ciudadanos norteamericanos, franceses, cubanos, británicos, albaneses, serbios, australianos, polacos… Además, el real decreto que lo facilita supone dar continuidad al de 1996, que otorgaba la nacionalidad a los propios integrantes de las Brigadas Internacionales. 

Pese a las polémicas y desencantos que también rodearon las Brigadas, la historiadora Lourdes Prades las describe como “un fenómeno de solidaridad internacional sin precedentes en la historia y que difícilmente se volverá a repetir, con gente de todo el mundo que dejó su país para ir a luchar contra el fascismo en España”. De los más de 30.000 combatientes extranjeros que se estima que integraron sus unidades, cerca de 10.000 murieron en los distintos frentes de la contienda que acabaron perdiendo. 

Prades es la coordinadora del Sidbrint, un repositorio digital de la Universitat de Barcelona (UB) que elabora y almacena fichas de decenas de miles de brigadistas, con información de las unidades que integraron y dónde combatieron. La mayoría de los datos proceden de los archivos soviéticos o de la brigada norteamericana Abraham Lincoln. En los últimos meses, sus documentos han servido para elaborar certificados para numerosos descendientes en el proceso abierto por el Gobierno para las nacionalizaciones.

Economides, el chipriota que recitaba a Alberti

Michael Economides, el padre de Kim, nació en 1910 en Chipre, todavía colonia de Reino Unido. Ateo y de familia pobre y víctima de la discriminación británica, se politizó de joven, explica su hijo. Tras instalarse en Londres, se afilió al Partido Comunista. Y cuando estalló la Guerra Civil, a los 26 años, no dudó en enrolarse en las filas republicanas, lo que acabaría consiguiendo en diciembre de 1936. Su hijo define esa decisión como un “paso lógico” dada su trayectoria política

Economides resultó herido en dos ocasiones durante la contienda. Primero en la batalla del Jarama, como integrante de la brigada conocida como La Marsellesa, por lo que tuvo que ser ingresado en el Hospital de Castelló. Más adelante, en 1938, fue herido en el pecho mientras combatía en la batalla del Ebro dentro del Batallón Británico, y de nuevo acabó ingresado en un hospital, en Mataró. 

Entre medio, ejerció como comisario político. En el Castillo de Sant Ferran, en Figueres, fue responsable de supervisar la llegada de voluntarios. “Se aseguraba de que los aventureros y otros que no eran serios y podían no contribuir a ganar la guerra, fueran devueltos”, explica Kim, que define a su padre como “pragmático”. “Veía claro que la prioridad era ganar la guerra contra los fascistas de Franco antes que llevar a cabo la revolución o reformas sociales o agrarias”, desarrolla su hijo, que tiene 71 años y actualmente es profesor emérito de Derecho en la Flinders University de Australia. 

Tras abandonar España con el desmantelamiento de las Brigadas, y a pesar de no poder pisarla hasta la muerte del dictador, Michael Economides mantuvo una “fuerte conexión” con el país. Recitaba de memoria poemas de Federico García Lorca y sobre todo de Rafael Alberti, por quien sentía devoción y a quien conoció en 1976 en Florencia, en un encuentro del 40º aniversario de las Brigadas Internacionales. Fueron sus versos los que escogió para el acto en el que le concedieron la ciudadanía española. Fue en 1996, poco antes de fallecer. 

Padre e hijo tuvieron tiempo de viajar por España en 1985. Kim retrató a Michael frente al Valle de los Caídos. “Para mí, esto simboliza su victoria definitiva sobre el fascismo de Franco”, afirma, y recuerda sus ideas sobre el legado de las Brigadas. “Decía que contribuyeron no solo a la caída final de Hitler al dar más tiempo a los Aliados, sino también al establecer un ejemplo para cualquiera que elija enfrentarse a los opresores y oponerse a la injusticia en cualquier lugar”, concluye su hijo Kim. 

En busca del brigadista Oleksiuk en el frente de Lleida

Inga Oleksiuk se interesó por la figura de su abuelo, Mihail Oleksiuk, de adolescente. Pero no fue hasta la treintena que se puso a buscar documentación. Nacido en 1898 en territorio austrohúngaro, en lo que hoy sería el oeste de Ucrania, justo antes de estallar la Guerra Civil estaba en prisión. Según refiere su nieta, militaba en un partido de izquierdas que acabó siendo ilegalizado por Stalin. 

Al salir, decidió combatir en España. “Tenía la sensación de que a su alrededor no había democracia, desde Alemania a Hungría y de Rusia a Rumanía, y España era un reducto en el que muchos militantes de izquierdas depositaban sus esperanzas”, expone Inga. De su abuelo sabe en realidad poco. Que integró el Batallón Palafox y que desapareció mientras luchaba en la batalla del Segre, en abril de 1938. 

La fecha la saben más o menos porque la última carta que Mihail envió a su mujer, embarazada en París, fue el 31 de marzo de 1938. “Allí le dice que está debajo de un árbol después de cavar trincheras, y que hace tanto calor que va vestido como Adan”, relata Inga. Semanas después de no tener noticias de él, su mujer mandó cartas a las Brigadas y a la Cruz Roja, pero no logró saber qué le había ocurrido. Al cabo de medio año, dio a luz a su hijo, el padre de Inga. 

Miembro de la Resistencia francesa, la abuela de Inga acabó exiliándose a Moscú, donde su padre acabó en un orfanato para niños extranjeros. “Él fue quien me impulsó a pedir la ciudadanía española, para él este país fue siempre un sueño muy presente, pero murió en enero de 2024, cuando ya preparábamos la documentación”, detalla esta mujer polaca. 

Desde hace años, Inga viaja a Lleida en busca de respuestas y de reparación para su abuelo. En su última visita, instalaron en la localidad de Almacelles una placa en homenaje a los brigadistas internacionales polacos caídos en la batalla del Segre. 

Poll, un intérprete en la batalla

Deena Poll, de 61 años, lleva años cruzándose correos electrónicos con Alan Warren, historiador especializado en las Brigadas Internacionales, para conocer más sobre un abuelo al que apenas conoció. Nacido en Rumanía en 1910 y emigrado a Chicago, Harry Poll tenía una facilidad por los idiomas que le llevó a aprender “solamente en la calle” hasta siete lenguas, según refiere su nieta. 

Integrante del Partido Comunista, nunca habló demasiado sobre esa etapa de su vida, explica Deena. De su participación en la Guerra Civil, sabe que integró la Brigada Abraham Lincoln, de voluntarios norteamericanos, y que combatió en la batalla de Teruel. Con todo, su tarea fue principalmente la de intérprete –además de tesorero– de la brigada. 

Al ser traductor, frecuentó círculos dirigentes del ejército, y por ello conserva varias fotos de él de su paso por la Guerra Civil. La más icónica, para la revista The Volunteer for Liberty, es una en la que sujeta una gran bandera republicana entregada por el Frente Popular de Madrid a los combatientes de las brigadas americanas e inglesas. “La mayor parte de la guerra no estuvo en el frente”, señala Deena. 

Harry Poll puso fin a su periplo en la guerra española cuando se ordenó la retirada de los brigadistas, en otoño de 1938. Desfiló con los demás combatientes extranjeros por la Diagonal de Barcelona en el homenaje Caballeros de la libertad del mundo: ¡buen camino!, entre decenas de miles de ciudadanos que acudieron a despedirles. Cuando su nieta Deena se enteró de la posibilidad de pedir la ciudadanía, decidió hacerlo como “legado”, afirma. “Esa es para mí la palabra más importante, honrar la historia y no olvidarla nunca”, concluye.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Málaga una organización criminal que, presuntamente, se dedicaba a facilitar a ciudadanos extranjeros la obtención de la nacionalidad española a través de certificados fraudulentos acreditativos de la condición de sefardíes. Además, han detenido a seis personas.

El entramado presentaba en nombre de esos ciudadanos, a cambio de cantidades que oscilaban entre 6.000 y 8.000 euros, solicitudes de nacionalidad española bajo el amparo de la Ley 12/2015 que regula la concesión de la misma a los sefardíes originarios de España, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

España aprobó en 2015 una ley para facilitar la obtención de la nacionalidad a aquellos ciudadanos que acreditasen la condición de sefardíes descendientes de los expulsados del país en 1.492. En un principio, el plazo para hacerlo fue de tres años, luego prorrogado un año más, hasta marzo de 2019.

Sin embargo, aún es posible la obtención de la nacionalidad en un plazo reducido si se acredita la condición de sefardí y la residencia legal en España durante dos años (en lugar de diez). También se puede obtener por carta de naturaleza, en casos muy excepcionales.

Más de 1.200 certificados fraudulentos intervenidos

La investigación dio comienzo en el mes de marzo de 2021 cuando se tuvo conocimiento, a través de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de una serie de irregularidades en torno a las solicitudes de nacionalidad española por parte de personas extranjeras, acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 12/2015 de 24 de junio que regula la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.

Tras las gestiones de investigación y el análisis de miles de expedientes de nacionalidad por parte de los investigadores, se pudo determinar la existencia de una organización criminal afincada en la provincia de Málaga, pero con incidencia en todo el territorio nacional, cuyo objetivo era la obtención de cuantiosas ganancias económicas presentando solicitudes de nacionalidad española al amparo de la citada ley, utilizando para ello certificados fraudulentos, acreditativos de la condición de sefardí, requisito este imprescindible y recogido en la propia ley.

El pasado mes de mayo se llevó a cabo un operativo policial en el que se detuvo en la provincia de Málaga a tres de los integrantes de la organización criminal investigada, las cuales llevaban a cabo las actividades descritas de forma recurrente y mediante un claro reparto de roles, haciendo para ello uso de estructuras empresariales como gestorías y fundaciones, desde la cuales tramitaban las propias solicitudes fraudulentas de nacionalidad.

Así, durante el operativo policial se han llevado a cabo cuatro registros en los domicilios de los principales integrantes de la organización criminal ubicados en la provincia de Málaga, fruto de las cuales se ha procedido a la intervención de 1.237 certificados acreditativos de la condición de sefardíes fraudulentos, 59.500 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cuatro terminales móviles, tres ordenadores portátiles, un ordenador de sobremesa y diverso material informático conteniendo información relativa a la investigación.

De igual modo, se ha llevado a cabo la correspondiente investigación patrimonial, fruto de la cual se ha procedido al bloqueo de activos financieros a nombre de los investigados por importe superior a 3.200.000 euros y se ha realizado al embargo preventivo de diez inmuebles.

El centro escénico ‘San Isidro’ acogerá, por segundo año consecutivo, el próximo 30 de mayo la VIII edición del Festival Intercultural de Tarancón. Está organizado por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales y la asociación Asiem, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y cuenta con la colaboración de diferentes colectivos y asociaciones, como el Centro de Mayores, la asociación Hispano Rumana de la provincia de Cuenca, la asociación Mujeres Musulmanas, Auparte, la asociación de mujeres Arco de la Malena, la Iglesia Evangélica 'Nueva Vida', la asociación Anakerando, el grupo flamenco Sakamargo, así como diferentes colectivos latinos, y la colaboración de recursos como la ludoteca municipal enmarcada en el Plan Corresponsables. 

“Con esta actividad, consolidada en la programación comunitaria dentro de Servicios Sociales, se consigue aunar a todos los colectivos interculturales del municipio, que tendrán la oportunidad de exponer su cultura y gastronomía, y compartirla con toda la población”, ha explicado hoy en la presentación del VIII Festival Intercultural la concejala de Educación, Servicios Sociales y Políticas Inclusivas, Raquel Benavente. En este sentido, ha detallado que “cada año crece en actividades y cada edición también se incorporan colectivos nuevos”. 

Convivencia de 50 nacionalidades

El 30 de mayo, de 18 a 21 horas, se quiere visibilizar gracias a esta iniciativa la diversidad cultural que existe en Tarancón, donde conviven personas de más de 50 nacionalidades diferentes, así como la labor de integración que se lleva a cabo desde Servicios Sociales y cada uno de los colectivos colaboradores. Junto a la degustación de comidas típicas en las distintas culturas participantes, habrá juegos y talleres infantiles, y exhibiciones musicales, de baile, cante o artesanía. 

Como preludio, durante los días 26, 27 y 28 de mayo se llevarán a cabo en la Biblioteca Municipal Luis Rius y el parque del Centro Joven diferentes actividades y talleres, como lecturas del mundo, olimpiadas o un trivial intercultural, dirigidos a escolares (de 3º y 5º de Educación Primaria y 1º de ESO) de los diferentes centros educativos de la ciudad. 

El Ayuntamiento agradece la colaboración de todos los profesionales, colectivos y particulares que hacen posible que año tras año esta actividad se desarrolle. 

Por la inclusión social

En los próximos días se divulgará la esencia de esta cita intercultural a través del vídeo promocional realizado por el taranconero Sergio Martínez. 

El Consejo Intercultural, un nuevo órgano de Participación Ciudadana, nació en noviembre del año pasado a raíz del citado festival. Asimismo, Tarancón forma parte del Programa de Municipios por la Tolerancia, una iniciativa de la Fundación Pluralismo y Convivencia y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). 

En el IES Clara Campoamor de La Solana, en Ciudad Real, apuestan por actividades que enriquecen la cultura de los alumnos y alumnas, así como sus valores. Este viernes 9 de mayo se celebra el Día de Europa y en el centro cuentan con proyectos que buscan inculcar aptitudes morales que posibilitan el mejor funcionamiento de la sociedad.

Y es que, en la actualidad en muchos países de Europa están 'cerrando' sus fronteras y siendo más restrictivos con las políticas migratorias. “No quiero ser positiva ni negativa, pero a veces en las aulas escuchas comentarios de odio que no sabes de dónde los sacan, si en casa o por redes sociales. Hay que enseñarles a tener un pensamiento crítico”, explica María Pilar Moreno, profesora de francés e inglés del centro educativo en la entrevista que ha mantenido con elDiario.es Castilla-La Mancha.

En el instituto en el que trabaja, desde el año 2008 llevan desarrollando varios proyectos para favorecer la integración de valores en los alumnos y alumnas como la igualdad, la fraternidad, e igualmente desarrollar un buen juicio sobre las noticias que reciben a través de redes sociales.

“Estamos viviendo y presenciando en redes muchos comentarios xenófobos, racistas, y es una cosa que tenemos que trabajar con los alumnos, que no hay que tener prejuicios y abrir la mente y respetar al otro. Y esto se trabaja, evidentemente, en nuestras aulas”, mirando hacia España pero también hacia el conjunto de la Unión Europea.

Un proyecto europeo con alumnado francés

El IES Clara Campoamor es fiel a su compromiso de trabajo con centros educativos de otros países de la Unión Europea, y desde septiembre de 2024 desarrolla e impulsa un proyecto colaborativo con el liceo francés Jacques Cartier de la localidad de Saint Malo de Francia que se ha desarrollado durante todo el curso escolar. Lo han hecho a través de la Plataforma Europea Docente e-Twinning que permite el trabajo entre alumnos y alumnas de los diferentes países.

En este caso, el proyecto 'Fauna y Flora: ¡Protejamos nuestros entornos naturales!', tiene unos claros objetivos: compartir conocimientos sobre la biodiversidad de nuestras comarcas, sensibilizar al alumnado para que aprendan a valorar su entorno natural y su cultura, mejorar las diferentes destrezas comunicativas en la lengua francesa y española y sobre todo, entablar lazos de amistad y unión entre alumnos y alumnas de diferentes partes de nuestro continente.

Esto último se consigue a través de las cartas que se envían por correo ordinario los alumnos de los dos institutos. “Ellos escriben las cartas de su puño y letra, y el objetivo es que, además de dejar a un lado los elementos digitales, se origine ahí un poquito de amistad entre ellos para terminar, si puede ser, con un intercambio el curso que viene o cuando proceda”, explica Pilar Moreno.

Favorecer la integración, el “pensamiento crítico” y conocer Europa

En el IES Clara Campoamor cuentan con estudiantes de intercambio o que llegan a La Solana y se escolarizan en él. “Tenemos alumnos de muchos países, por ejemplo de Rumanía, o el año pasado un alumno que venía de China. En este último caso controlaba poco el idioma, así que le dejábamos utilizar el teléfono móvil para tener una traducción más rápida. Se van adaptando poco a poco, pero muy bien porque hablan mezclando idiomas, o usando gestos”, detalla Pilar Moreno.

Asimismo, los alumnos del propio instituto tienen integrados los valores que persigue la Unión Europea para sus ciudadanos. La profesora Pilar Moreno destaca que “cada vez más los alumnos y alumnas conocen más de Europa y los valores que ensalza la cultura Europea, bien por los viajes que impulsamos desde el instituto, así como proyectos europeos como los Erasmus Plus, donde se marchan a estudiar a modo de intercambio. Reconocen los símbolos como la moneda, la bandera, o incluso el Festival de Eurovisión que tenemos tan cerca, pero hay que trabajar más”.

En este día tan singular, el objetivo para este centro educativo es simbolizar el compromiso de esta unión con los valores fundacionales de la Unión Europea: la paz, la solidaridad, la democracia, los derechos humanos y la cooperación entre los pueblos. “Teniendo en cuenta los mensajes de odio e intolerancia a los que están expuestos nuestros jóvenes, consideramos importante que como docentes sigamos transmitiendo a nuestros alumnos y alumnas unos valores a través de la educación y la información”, explican desde este centro de Ciudad Real.

“Tenemos que seguir trabajando con los alumnos con constancia, con paciencia, porque las redes sociales igual que se pueden usar para bien, también tienen muchos peligros, como las fake news, y tenemos que ayudarles a detectar qué es verdadero y qué no, a tener un buen juicio y pensamiento crítico de lo que leen o ven”, zanja Pilar Moreno.

Ni el viaje de fin de curso a Gibraltar, ni el Erasmus que planeaba, ni crecer siendo una más. Fati Mohamed enumera todo aquello que perdió durante sus primeras dos décadas en España, adonde migró con nueve años acogida por una familia española, por carecer primero de los papeles y después de la nacionalidad en España.

“Daba igual el tiempo que llevaba aquí. Tanto hablan de integración, que la cumplía con creces, pero luego me discriminan por proceder de los campamentos de refugiados saharauis, cuando parte de la responsabilidad de que naciese allí era de España”, dice con rabia cuando recuerda sus largos años de espera para conseguir la nacionalidad española.

Su generación no ha nacido en el Sáhara Occidental, pero conoce bien la historia del lugar del que procede; sabe la relación de España con la que fue su provincia número 53, porque desde niños han sufrido el impacto del abandono español, la consiguiente ocupación marroquí y el exilio que aún perdura. Por eso, los saharauis que llevan años viviendo en España, como Fati Mohamed, muchos acogidos por familias españolas, dicen sentir una rabia añadida cuando se chocan con los dilatados trámites de extranjería a los que se enfrentan para conseguir, primero la residencia y, después, la nacionalidad.

Desde hace décadas, la comunidad saharaui, las organizaciones que los apoyan y distintos partidos políticos piden, dadas las conexiones históricas de España y el Sáhara Occidental, la reducción de los plazos solicitados para la concesión de la nacionalidad española por residencia, igualándola a otros países como Latinoamérica, Guinea Ecuatorial o Filipinas, a los que se exige menos años debido a, entre otras razones, su pasado colonial. 

Es uno de los objetivos de la ley propuesta por Sumar que obtuvo este martes en el Congreso el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PSOE, que votó en contra, y Vox, que se abstuvo. Además de otorgar la nacionalidad a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental bajo la administración española, la iniciativa también incluye rebajar de diez a dos años el periodo de residencia en España exigido a los ciudadanos saharauis para conceder la nacionalidad. 

La diputada Tesh Sidi defendió en el hemiciclo la iniciativa apelando a su propia historia. Ella, como tantos niños saharauis, también llegó a España acogida por una familia española. Vivió casi toda su vida en suelo español, su padre tenía DNI español al nacer en el Sáhara Occidental durante la época colonial, pero pasaron 20 años hasta que obtuvo la ciudadanía. Según sus cifras, la medida podría beneficiar a “15.000 niños saharauis”.

Para obtener la nacionalidad española por residencia, los saharauis tienen que haber vivido en el país un mínimo de 10 años. Frente a esa década, hay nacionalidades a las que se les exigen otros tiempos más reducidos, debido a los lazos históricos o culturales existentes con España. Entre ellos están los ciudadanos latinoamericanos -por su pasado colonial y la lengua común-, Guinea Ecuatorial, Filipinas -también excolonias españolas - Portugal, Andorra o los sefardíes. Pero el Sáhara Occidental, pese las décadas de administración española, no forma parte de los beneficiados de la rebaja en los requisitos. 

“Sería de justicia poder equipararnos a esos países, porque los saharauis somos eternamente una excepción en la política exterior”, critica Fati Mohamed. “España, además de negarle el derecho a la autodeterminación, como tuvieron todos los pueblos colonizados, no se conforma con no cumplir su responsabilidad histórica, sino que quienes vivimos aquí seguimos sufriendo su discriminación: no nos equipara al resto de países que fueron excolonias, ni a los sefardíes, nos tiene excluidos. Somos también la excepción como migrantes en España”, continúa.

“Si aún nos la dieran a los diez años… ”, añade Fati Mohamed. “Pero la mayoría de saharauis no la hemos obtenido antes de los 16 o 20 años, después de un desgaste increíble, el gasto en abogados, el sufrimiento de nuestras familias de acogida…”, lamenta. 

Ella llegó a España con solo nueve años en el verano de 1997, gracias al programa de Vacaciones en Paz, a través del que desde hace décadas decenas de niños saharauis pueden darse un respiro de las extremas condiciones del desierto argelino donde vive desterrada una parte de la población tras la ocupación marroquí de su territorio. “Me quedé porque tenía ataques de epilepsia y anemia. Y mi familia de acogida y la saharaui decidieron que me podía quedar para recibir tratamiento médico y estudiar”, cuenta Fati Mohamed. 

La primera batalla fue obtener la residencia, dado que pese a ser una niña y estar acogida por una familia española, pasó “muchos años” sin papeles. “Fue bastante complicado. Cuando iba a solicitar la residencia con mi familia de acogida me ponían trabas, no me la dieron inmediatamente. En 2003 me la dieron, pero siempre dependía del pasaporte argelino y, si caducaba, lo perdía.  Estuve más tiempo sin documentos que con ellos”, recuerda la saharaui. 

Su primer intento para obtener la residencia fue en 2010. Llevaba 13 años en España. “Aporté la documentación de haber estado escolarizada, de haber estado tutelada en una familia de acogida, aporté hasta el DNI de mi abuelo español. Y no me contestaban”, describe Mohamed. En aquella época, había cientos de expedientes de nacionalidad de ciudadanos saharauis que estuvieron bloqueados durante cinco años. “Me vine a estudiar a Madrid y necesitaba la nacionalidad. Quería hacer un Erasmus, moverme por Europa para estudiar idiomas y no podía. Me obsesioné mucho”, recuerda. 

Tanta frustración y rabia acumulaba que, todos los viernes Fati Mohamed se plantaba en el registro de la Calle Bolsa, en Madrid, para preguntar personalmente si había una resolución. “Me propuse ir todas las semanas para presionar, para que me viesen, y ponía una reclamación”, relata. “Un viernes nunca se me olvidará. Quería hablar con el responsable y me quedé en la puerta esperando y, de la desesperación, le seguí hasta el coche para preguntarle por nuestros casos”.  

La respuesta llegó en 2015, tras cinco años de larga espera. Y fue negativa. “Me respondieron que no se admitía porque mi partida de nacimiento estaba expedida por ‘la autoproclamada República Árabe Saharaui, un Estado no reconocido por el Reino de España’. Fue humillante, cuando España sabe las razones de por qué estamos en los campamentos de refugiados, fue parte del problema.  No me conformé y seguí luchando, y tras un recurso me la acabaron concediendo”, explica la saharaui. Durante aquellos años, la Administración no admitía la documentación expedida en los campamentos de refugiados saharauis, pero ese criterio se revirtió tras un litigio judicial impulsado por la Asociación Profesional de Abogados Saharauis de España (APASE). 

“Es un desgaste horrible. Te genera mucho resentimiento. Esos problemas me recordaban siempre que no era de aquí aunque llegué con nueve años. Da igual lo que hagas y te esfuerces. Yo el racismo no lo he sufrido por la gente sino por parte de las instituciones”, reflexiona Fati Mohamed. 

“Recuerdo que siendo adolescente, íbamos a ir en fin de curso con mi clase a Gibraltar. Iba toda mi clase y yo no podía ir por los documentos, no tenía los mismos derechos. Son cosas que pueden ser frívolas pero para mí era importante. El Erasmus me hubiese encantado y no pude. Estudiar inglés fuera. Hasta el estrés de perder los papeles y el trabajo si no renovaba mi pasaporte argelino a tiempo”, detalla la saharaui. 

Tras 17 años en Alicante, Abdelaziz aún espera la obtención de la nacionalidad española. El saharaui nació en el Sáhara Occidental en 1975, cuando aún se encontraba bajo la administración española. Tenía apenas unos meses cuando, pocos días antes de morir Franco, Marruecos inició la invasión del territorio saharaui y España abandonó su antigua colonia sin culminar el proceso de descolonización. Abdelaziz juró junto a su madre y sus hermanos a los campamentos de refugiados saharauis. Su padre, después de hacer varios viajes para sacar a su familia de los territorios ocupados en plena guerra, se quedó atrapado en la zona controlada por Marruecos. 

En 2008, después de pasar una temporada estudiando en Cuba como muchos saharauis, migró a España, donde vivían cuatro de sus hermanos. Abdelaziz obtuvo la tarjeta de residencia por arraigo familiar, dado que su padre tenía documentación española al haber vivido en el Sáhara bajo administración española. Sus hermanos, por esta misma razón, obtuvieron la nacionalidad española por ser hijo de españoles de origen. Pero cuando intentó pedirla Abdelaziz era tarde: la Justicia se lo denegó tras un cambio de criterio en la interpretación jurídica. 

“En diciembre de 2020, como tenía residencia legal desde enero de 2009, casi 12 años residiendo, pidió la nacionalidad por residencia. Pero en diciembre de 2023 le notifican que le deniegan la nacionalidad, supuestamente porque no tenía residencia legal y continuada por 10 años, pese a que cuando pide la nacionalidad ya juntaba 12 años, casi”, explica su abogado, Sidi Talebbuia Hassan. 

“Nos afecta mucho. Llevar tanto tiempo aquí y tener todos los documentos para poder optar a una ciudadanía, si te lo rechazan es porque algo pasa. Algo pasa que no entiendo qué es”, se queja el saharaui. 

Cinco días después de la ceremonia de inauguración del presidente Donald Trump en la que su asesor Elon Musk realizó el saludo nazi, me hallaba yo a una sala en la corte de San Diego, California. A la entrada, me pasaron una bandera de barras y estrellas, y un librillo como esos que dan en las iglesias para rezar. 

Cuatro días antes de que Trump pausara la financiación de subvenciones y préstamos federales hasta nuevo aviso, me senté frente a un juez magistrado con otras 114 personas de 24 países. 

Tres días antes de que Trump declarase que las personas trans no pueden servir en el ejército de Estados Unidos, me levanté, me puse la mano en el corazón y prometí tomar armas por los Estados Unidos si así me lo requirieran. 

Dos días después de que Trump pusiera en pausa todas las actividades de los Institutos Nacionales de Salud, juré defender la Constitución de Estados Unidos contra enemigos extranjeros y nacionales. 

Un día después de que un juez bloqueara la orden de Trump de suspender la ciudadanía por nacimiento, me hicieron ciudadana de un país que se ha convertido en una distopía. 

Debajo de las sonrisas, en el rabillo del ojo, se notaba que algo no iba bien. Esta no era una ceremonia de ciudadanía como todas las demás.

A pesar de lo que había ocurrido en Washington en los días precedentes (y lo que estaba a punto de pasar), el ambiente en mi ceremonia de naturalización era festivo y congratulatorio. Un crisol de distintos idiomas, formas de vestir, tonos de piel y rasgos faciales, pero todos sonrientes, todos con una sensación de haber cruzado la línea de meta. 

Sin embargo, debajo de las sonrisas, en el rabillo del ojo, se notaba que algo no iba bien. Esta no era una ceremonia de ciudadanía como todas las demás. 

La primera evidencia vino cuando la representante del Registro de Votantes Rebecca Lee comenzó su discurso citando al presidente saliente. “Biden nos advirtió de los peligros de convertirnos en una oligarquía. Queremos defender nuestra democracia y un gobierno de las personas para las personas”, aseguró Lee, animando a los presentes a registrarse y participar en las próximas elecciones.

Poco después, el juez magistrado Daniel Butcher prosiguió nombrando cada uno de los 24 países originarios de las personas que allí nos encontrábamos para jurar la bandera yanki. Cuando dijo España, yo fui la única que me levanté. Cuando dijo México, tembló el suelo al paso alante de media sala. 

A pesar de los ominosos titulares y esta desastrosa primera semana de gobierno de Trump, me niego a decir, pensar o sentir que este país es solo malo

No voy a mentir diciendo que no sentí nada, que tan solo fue un trámite, pues una no es de piedra. Que al escuchar las líneas del himno que dicen The land of the free, and the home of the brave (la tierra de los libres y la casa de los valientes) no se me removió algo por dentro. Porque sí.

Y es que a pesar de los ominosos titulares y esta desastrosa primera semana de gobierno de Trump, me niego a decir, pensar o sentir que este país es solo malo. Que el hecho de que 77 millones de personas votaran por un señor naranja que dice estar en contra de inmigrantes, latinos, progres, gays, trans y wokes hacen que este lugar no merezca la pena. 

Quizás sea porque vivo en una esquina donde si me subo al tejado de mi casa en un día claro veo México, las colinas bulliciosas de Tijuana y la bandera verde, roja y blanca. Porque trabajo en una universidad donde florecen personas como yo. Porque junto a mis vecinos somalíes, vietnamitas, mexicanos y brasileños convivimos en paz y armonía, celebrando juntos cumpleaños y saludándonos a la hora de llevar a los niños a la escuela. 

En definitiva, porque mis hijos han nacido aquí y con todas sus fallas, creo que hay muchas razones para quedarse en estos Estados Unidos y luchar por los que vienen detrás. Por quienes llegan a la frontera desesperados y sueñan con un día convertirse en ciudadanos distópicos, como yo.

Un total de 18 unidades familiares originarias de Colombia, Marruecos, Brasil, Rumanía, El Salvador, Inglaterra y España compartirán platos típicos, tradiciones y vivencias en el proyecto de Cáritas La Rioja “Te invito a comer”, que se celebra este domingo. Cinco de estas familias abrirán las puertas de su hogar para actuar como anfitrionas, recibiendo a otras familias y fomentando un intercambio cultural enriquecedor. Como novedad, este año la entidad social organizará de forma paralela otro encuentro en sus instalaciones, donde se reunirán cinco unidades de convivencia sin menores y otras personas que se han inscrito individualmente en la actividad. En total, esta segunda edición contará con la participación de 62 personas, de las cuales 24 son menores.

Esta iniciativa nació en 2023 desde el programa de Alojamientos Temporales de Cáritas La Rioja para fomentar la integración de las personas y familias usuarias de este programa. “En muchas ocasiones sufren aislamiento social y las consecuencias de los prejuicios. Con esta actividad les ayudamos a tejer redes sociales y fomentamos un intercambio cultural que resulta muy enriquecedor para todos los participantes”, explica Marina Unzalu, educadora social de este programa.

Antes de llevar a cabo la actividad, los técnicos de Cáritas La Rioja se han reunido con los participantes para explicarles la iniciativa y asegurarse de que la experiencia será gratificante. “Este domingo se encontrarán familias con unos orígenes, hábitos y cultura distintos, pero que tienen en común la ausencia de prejuicios y las ganas de conocer otras formas de vivir. Alrededor de la mesa compartirán la comida típica de sus países y muchas otras cosas enriquecedoras”, asegura Marina Unzalu.  

En la primera edición participaron 16 familias, formadas por 46 personas (25 adultos y 21 niños), que se distribuyeron en cinco hogares. Así recuerda su experiencia una de las participantes: “Es un privilegio poder recibir a gente de otros países, es una manera de viajar sin moverse de casa. En nuestro caso, fue muy gratificante recordar los viajes por Colombia y esas culturas de América Latina que nos encantaron. Además, con la familia invitada compartimos un interés común, la música, concretamente el saxofón, así que tocamos canciones de San Asensio, nuestro pueblo. Fue una suerte poder compartir nuestras tradiciones de esta manera”. 

Programa de Alojamientos Temporales: el primer paso hacia una vida autónoma

El programa de Alojamientos Temporales de Cáritas La Rioja nació en 2011 con la misión de proporcionar a familias que lo necesitan un alojamiento digno durante entre tres meses y dos años. Además, durante la estancia se les apoya con un acompañamiento integral para poder lograr su plena autonomía personal y erradicar la situación de exclusión o vulnerabilidad social. 

Desde el año 2022 hasta la actualidad, en el proyecto se ha trabajado con 35 familias, lo que supone un total de 139 beneficiarios, 74 de ellos menores de edad. “De las 35 familias a las que hemos acompañado, 13 empezaron en situación administrativa irregular. Actualmente, 12 han conseguido el permiso de residencia y trabajo, y otra familia está en trámites de regular su situación –cuenta Marina Unzalu–. Además, 18 familias han conseguido acceder al alquiler normalizado y ser independientes con contratos de trabajo indefinidos”. 

Actualmente, el recurso cuenta con 20 viviendas, unas propias y otras cedidas por parroquias y el Gobierno de La Rioja. En ellas, desde principios de este año hasta la actualidad, Cáritas La Rioja ha atendido a 23 familias, lo que supone haber beneficiado a 87 personas, 46 de ellas menores de edad. Entre estas cifras destaca que diez familias están conformadas por mujeres con hijos e hijas a cargo sin redes familiares y sociales de apoyo.

“Las personas a las que acompañamos presentan diversas problemáticas y, por ello, en este proyecto trabajamos desde distintos ámbitos (situación formativa y/o laboral; apoyo familiar, psicosocial y educativo; apoyo en la organización doméstica; vivienda; creación de vínculos, etc.) –detalla la educadora social de Cáritas–. Hemos constatado que las personas aún no disponen de las suficientes herramientas para una vida independiente y, por lo tanto, es necesario realizar un acompañamiento integral para lograr el objetivo principal de este proyecto: que alcancen la autonomía e independencia plena”.

En el marco de una operación abierta desde el 2022, agentes de la Policía Nacional han estado realizando controles en diversas academias de idiomas de Valencia donde se celebran exámenes para la obtención del certificado del dominio de la lengua española –DELE-, y han sido detenidas un total de 28 personas, en su mayoría hombres de entre 25 y 40 años, de origen pakistaní, hindú, nigeriano y maliense principalmente como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil.

La investigación comenzó en 2022 cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia tuvieron indicios de posibles suplantaciones de alumnos y falsificaciones de documentos de identidad en las pruebas organizadas por el Instituto Cervantes para la obtención de los diplomas de dominio de la lengua española –DELE-, requisito indispensable para la consecución de la nacionalidad española.

Con motivo de la instauración de estas pruebas para obtener la nacionalidad española, se ha detectado que, en ocasiones, diferentes personas, a cambio de dinero, generalmente cantidades en torno a los 400 euros, suplantaban la identidad de los aspirantes a las mismas y de esta manera el aspirante acababa obteniendo la nacionalidad española de forma fraudulenta, careciendo de los conocimientos mínimos del idioma ya que otra persona se había presentado a las pruebas en su nombre.

Controles en los centros de exámenes

Por ello, los investigadores han venido realizando controles en los centros de exámenes con el objetivo de detectar posibles suplantaciones y falsedades documentales, deteniendo en las últimas semanas a un ciudadano de origen nigeriano, de 54 años, como presunto autor de un delito de falsedad documental y usurpación de estado civil al haber suplantado a otro compatriota como aspirante a la prueba de conocimiento de la lengua española presentando para ello documentación falsificada así como un pasaporte a nombre de otra persona.

En total, desde que comenzó la investigación se han realizado 22 controles y se han detenido a 28 personas. La investigación continúa abierta y en colaboración con el Instituto Cervantes proseguirán los controles durante la realización de estas pruebas, no descartándose nuevas detenciones.