Tres años ha estado en vigor la vía extraordinaria abierta por la Ley de Memoria Democrática para que los hijos y nietos de españoles que se hubieran exiliado o emigrado pudieran adquirir la nacionalidad española. El aluvión de solicitudes fue tal que el Gobierno tuvo que ampliar un año el plazo, cerrado definitivamente el pasado octubre con un enorme flujo de peticiones pendiente de tramitar por los consulados, que se han visto desbordados: en total, más de un millón de personas (1.170.999) han ejercido este derecho desde 2021, de las que más de la mitad, en concreto 632.670, siguen esperando una decisión. Solo el 25% del total de solicitudes están a día de hoy finalmente inscritas.

Son los datos que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores a febrero de 2026, los últimos disponibles, a los que elDiario.es ha accedido a través de una solicitud de acceso a la información realizada a través del Portal de Transparencia. Las cifras revelan la incapacidad de los consulados de España en el extranjero para gestionar el volumen de solicitudes. Argentina, Cuba, Brasil y México concentran el mayor número de peticiones y también la mayor cifra de inscripciones: solo entre los cuatro países acumulan el 72% de las personas que han pedido la nacionalidad.

Del total de peticiones ya resueltas, la práctica totalidad han sido aceptadas hasta la fecha y solo hay un 1,32% de denegaciones. El cuello de botella está en que un 54% de las solicitudes esperan todavía en un cajón y por eso, el paso siguiente, el de hacer la nacionalidad plenamente efectiva y que sea anotada definitivamente en el Registro Civil consular, va con tanto retraso. La situación mantiene en un limbo a miles de personas, que llevan en muchos casos esperando más de un año solo para lograr pedir cita y que denuncian sentirse atrapados en un laberinto que parece no tener fin. Preguntado por la situación, el Ministerio de Exteriores no ha respondido a este medio, pero fuentes del Gobierno apuntan a que se ha hecho “un esfuerzo enorme” para reforzar el personal de los consulados como medida para atajar la situación.

“Esto se ha convertido para muchas familias en una pesadilla burocrática y un vía crucis de papeleos, silencios administrativos y desgaste emocional”, señala desde La Habana Roberto, que ha pedido la nacionalidad junto a su madre, sus hermanas y sus primos y que está en contacto con decenas de afectados a través de los grupos de Telegram en los que se han organizado. Las experiencias de unos y otros, dice, son “muy similares” y retratan esperas “interminables” para obtener la credencial con la que después podrán pedir cita, expedientes “que desaparecen” o solicitudes que “son devueltas para empezar de cero”.

En su caso, inició el proceso en junio de 2024 con la reclamación de una credencial vía correo electrónico, que era la vía estipulada antes de que el sistema cambiara a un formulario telemático. En la respuesta, el consulado advertía: “IMPORTANTE. Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos tiempos de espera mayores. Es posible que reciba sus credenciales con una demora de HASTA SEIS MESES”, reza el correo electrónico automático que recibió. Lo que iba a ser medio año, sin embargo, se ha convertido en más de año y medio y no ha sido hasta este febrero cuando ha recibido la clave con la que ya ha tenido una cita para entregar la documentación.

“Nos dicen que ahora tendremos que esperar otro año y medio”, apunta este hombre, nieto de un canario que salió de España hacia Cuba en 1908 huyendo del servicio militar obligatorio y de “una situación política compleja” que en esa época “castigaba a las clases humildes”. La familia intentó acogerse a la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ya abrió por primera vez una vía excepcional para otorgar la nacionalidad en estos casos, pero no logró encontrar la partida de nacimiento de los abuelos.

La ley de 2022 nació con vocación de superar las lagunas que de la anterior legislación y reconoce varios supuestos: podrán acogerse a ella los hijos y nietos de exiliados por “razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual” que perdieran o renunciaran a la nacionalidad, también los hijos de mujeres que la perdieron por casarse con un extranjero —algo que ocurría antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978— y los hijos de quienes adquirieran la nacionalidad en virtud de la ley de 2007. Sin embargo, la instrucción posterior que desarrolla la norma extiende su aplicación a los “nacidos de padres o abuelos originariamente españoles”, es decir, de quienes emigraron independientemente del motivo.

Argentina, a la cabeza

Las peticiones de nacionalidad salpican prácticamente a todos los países, pero unos pocos concentran la inmensa mayoría de las mismas. A la cabeza está Argentina, donde hay registradas 462.815 peticiones en los cinco consulados de España en el país, seguida de Brasil (137.322), México (116.785) y Cuba, en cuyo único consulado en La Habana se acumulan 137.770 expedientes. Estados Unidos y Chile también registran por encima de las 50.000 solicitudes y Francia supera las 25.000.

Todos ellos son igualmente los países que más demandas tienen pendientes de gestionar. “Se ha generado una avalancha internacional de solicitudes y saturación de oficinas consulares con especial incidencia en América Latina. Es un auténtico colapso que está provocando que haya grandes bolsas de solicitantes a la espera de cita. Harán falta muchos años para que puedan completarse todos los expedientes y se llegue al último paso, el de la inscripción, en todos los casos”, lamenta Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes en el Mundo.

De los países con más solicitudes sin tramitar, Estados Unidos, Cuba y México tienen entre 54.000 y 64.000 peticiones pendientes, México supera las 100.000 y Argentina es el país con más atasco con 229.653 instancias sin respuesta. Sin embargo, la proporción de personas que han podido finalmente inscribirse varía, aunque casi ninguno de los países supera la mitad de inscripciones, solo Cuba, que roza el 52%. En Argentina, únicamente han sido anotadas de forma definitiva el 16% de todas las peticiones y le siguen Chile, Uruguay y Brasil como países con menor porcentaje de inscripciones.

Manuel Camejo, abogado de Camejo Law Firm, está asesorando a muchas de estas personas en Buenos Aires, un consulado en el que “hay un caos total”, asegura. Los obstáculos principales tienen que ver con personas a las que no les llegan las credenciales reclamadas o con quienes, una vez que las tienen, “no están pudiendo acceder a un turno” mientras que las peticiones que se están ahora resolviendo fueron presentadas en el verano de 2023, señala el abogado.

Consciente del atasco, el consulado reconoce que los sistemas informáticos “no permiten procesar con la velocidad necesaria” el número de solicitudes y apunta a que “se están ampliando la velocidad y la capacidad de las líneas de conectividad existentes”, señala en un boletín informativo publicado el pasado marzo, en el que el consulado avanza que ha decidido externalizar “la carga de los datos en papel de los expedientes” y que actualmente “se están cerrando los detalles” de este nuevo sistema, que entrará en vigor “en breve”.

Sobre la situación que atraviesan los trámites de nacionalidad ha alertado el Defensor del Pueblo por segundo año consecutivo en su informe anual, publicado la semana pasada. En él apunta a que el funcionamiento de los registros civiles consulares ha sido “un año más” la cuestión que ha provocado un mayor número de quejas ciudadanas debido en parte al “impacto” que ha tenido la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, por la que el organismo abrió una actuación de oficio ante la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del ministerio.

El Defensor del Pueblo recalca el “indudable esfuerzo” del personal de las oficinas y señala algunas medidas que se han ido adoptando en los distintos consulados para acelerar los trámites, incluyendo “la habilitación de nuevos espacios y el aumento de plantillas”. Esto sumado a la plena implementación del plan de digitalización consular “podría permitir a medio plazo resolver algunas de las dificultades identificadas”.

Aun así, al cierre del informe, el organismo remarca que las actuaciones ante el Gobierno siguen abiertas a la espera de recibir información sobre el sistema de citas, las “demoras” en el envío de credenciales, los obstáculos para que todas las personas puedan presentar solicitudes en plazo y sobre el número de expedientes pendientes y la gran cantidad de inscripciones que están aún en el aire.

Inga Oleksiuk, periodista polaca de familia ucraniana; Kim Economides, académico de origen chipriota residente en Australia, y Deena Poll, fisioterapeuta norteamericana de Los Ángeles, tienen algo en común: la nacionalidad española. La tienen desde el pasado 5 de noviembre por una razón hasta ahora insólita: sus antepasados, sus padres o abuelos, integraron las Brigadas Internacionales que combatieron durante la Guerra Civil española contra las tropas franquistas. 

El Gobierno español concedió por primera vez la nacionalidad a 171 descendientes de brigadistas internacionales. Nombres y apellidos como el de Oleksiuk, Economides y Poll aparecen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, de 2022, que regula la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los hijos y nietos de esos combatientes extranjeros que acrediten una labor de difusión de la memoria histórica.

“Hay pocos beneficios materiales”, reconoce por correo electrónico Kim Economides, que como chipriota ya es ciudadano de la Unión Europa. “La solicitud tiene únicamente que ver con que así se honra la memoria de mi padre y de otros brigadistas”. 

A Inga Oleksiuk, la noticia la cogió justamente en Catalunya, adonde viaja desde Varsovia regularmente porque sigue buscando a su abuelo, que desapareció y lo dieron por muerto en la batalla del Segre. Lo hace a través del programa Alvah Bessie, de la dirección general de Memoria Histórica de la Generalitat, que identifica los restos de los brigadistas hallados en fosas comunes (dos nietos de Bessie, el novelista y guionista norteamericano que fue voluntario en la Guerra Civil, también están en la lista).

Para Inga, recibir la nacionalidad por carta de naturaleza supone “completar un sueño de tres generaciones”. Su padre, hijo del brigadista Mihail Oleksiuk, murió en 2024 y no ha vivido para verlo. “Mi abuelo pensaba en España como un lugar donde luchar por la democracia y la justicia social”, explica su nieta.

En el caso de Deena Poll, se dio también la coincidencia de que le comunicaron la nacionalización justo antes de volar a España para visitar a su hijo, que trabaja en Valencia. Al pasar por Barcelona, la familia decidió retratarse con la bandera republicana española en la avenida Diagonal, la misma por la que desfiló bajo la misma enseña su abuelo Harry Poll el 28 de octubre de 1938, durante el homenaje de la retirada de estos combatientes 

“Para mí la nacionalidad española significa no olvidar nunca y defender la humanidad”, proclama, emocionada, Deena. “Especialmente en los momentos que vivimos, es importante no olvidar esta historia”, afirma por videollamada desde Los Ángeles. 

Entre los brigadistas a los que se ha concedido esta medida, tras un proceso de solicitud que ha durado varios meses, se cuentan ciudadanos norteamericanos, franceses, cubanos, británicos, albaneses, serbios, australianos, polacos… Además, el real decreto que lo facilita supone dar continuidad al de 1996, que otorgaba la nacionalidad a los propios integrantes de las Brigadas Internacionales. 

Pese a las polémicas y desencantos que también rodearon las Brigadas, la historiadora Lourdes Prades las describe como “un fenómeno de solidaridad internacional sin precedentes en la historia y que difícilmente se volverá a repetir, con gente de todo el mundo que dejó su país para ir a luchar contra el fascismo en España”. De los más de 30.000 combatientes extranjeros que se estima que integraron sus unidades, cerca de 10.000 murieron en los distintos frentes de la contienda que acabaron perdiendo. 

Prades es la coordinadora del Sidbrint, un repositorio digital de la Universitat de Barcelona (UB) que elabora y almacena fichas de decenas de miles de brigadistas, con información de las unidades que integraron y dónde combatieron. La mayoría de los datos proceden de los archivos soviéticos o de la brigada norteamericana Abraham Lincoln. En los últimos meses, sus documentos han servido para elaborar certificados para numerosos descendientes en el proceso abierto por el Gobierno para las nacionalizaciones.

Economides, el chipriota que recitaba a Alberti

Michael Economides, el padre de Kim, nació en 1910 en Chipre, todavía colonia de Reino Unido. Ateo y de familia pobre y víctima de la discriminación británica, se politizó de joven, explica su hijo. Tras instalarse en Londres, se afilió al Partido Comunista. Y cuando estalló la Guerra Civil, a los 26 años, no dudó en enrolarse en las filas republicanas, lo que acabaría consiguiendo en diciembre de 1936. Su hijo define esa decisión como un “paso lógico” dada su trayectoria política

Economides resultó herido en dos ocasiones durante la contienda. Primero en la batalla del Jarama, como integrante de la brigada conocida como La Marsellesa, por lo que tuvo que ser ingresado en el Hospital de Castelló. Más adelante, en 1938, fue herido en el pecho mientras combatía en la batalla del Ebro dentro del Batallón Británico, y de nuevo acabó ingresado en un hospital, en Mataró. 

Entre medio, ejerció como comisario político. En el Castillo de Sant Ferran, en Figueres, fue responsable de supervisar la llegada de voluntarios. “Se aseguraba de que los aventureros y otros que no eran serios y podían no contribuir a ganar la guerra, fueran devueltos”, explica Kim, que define a su padre como “pragmático”. “Veía claro que la prioridad era ganar la guerra contra los fascistas de Franco antes que llevar a cabo la revolución o reformas sociales o agrarias”, desarrolla su hijo, que tiene 71 años y actualmente es profesor emérito de Derecho en la Flinders University de Australia. 

Tras abandonar España con el desmantelamiento de las Brigadas, y a pesar de no poder pisarla hasta la muerte del dictador, Michael Economides mantuvo una “fuerte conexión” con el país. Recitaba de memoria poemas de Federico García Lorca y sobre todo de Rafael Alberti, por quien sentía devoción y a quien conoció en 1976 en Florencia, en un encuentro del 40º aniversario de las Brigadas Internacionales. Fueron sus versos los que escogió para el acto en el que le concedieron la ciudadanía española. Fue en 1996, poco antes de fallecer. 

Padre e hijo tuvieron tiempo de viajar por España en 1985. Kim retrató a Michael frente al Valle de los Caídos. “Para mí, esto simboliza su victoria definitiva sobre el fascismo de Franco”, afirma, y recuerda sus ideas sobre el legado de las Brigadas. “Decía que contribuyeron no solo a la caída final de Hitler al dar más tiempo a los Aliados, sino también al establecer un ejemplo para cualquiera que elija enfrentarse a los opresores y oponerse a la injusticia en cualquier lugar”, concluye su hijo Kim. 

En busca del brigadista Oleksiuk en el frente de Lleida

Inga Oleksiuk se interesó por la figura de su abuelo, Mihail Oleksiuk, de adolescente. Pero no fue hasta la treintena que se puso a buscar documentación. Nacido en 1898 en territorio austrohúngaro, en lo que hoy sería el oeste de Ucrania, justo antes de estallar la Guerra Civil estaba en prisión. Según refiere su nieta, militaba en un partido de izquierdas que acabó siendo ilegalizado por Stalin. 

Al salir, decidió combatir en España. “Tenía la sensación de que a su alrededor no había democracia, desde Alemania a Hungría y de Rusia a Rumanía, y España era un reducto en el que muchos militantes de izquierdas depositaban sus esperanzas”, expone Inga. De su abuelo sabe en realidad poco. Que integró el Batallón Palafox y que desapareció mientras luchaba en la batalla del Segre, en abril de 1938. 

La fecha la saben más o menos porque la última carta que Mihail envió a su mujer, embarazada en París, fue el 31 de marzo de 1938. “Allí le dice que está debajo de un árbol después de cavar trincheras, y que hace tanto calor que va vestido como Adan”, relata Inga. Semanas después de no tener noticias de él, su mujer mandó cartas a las Brigadas y a la Cruz Roja, pero no logró saber qué le había ocurrido. Al cabo de medio año, dio a luz a su hijo, el padre de Inga. 

Miembro de la Resistencia francesa, la abuela de Inga acabó exiliándose a Moscú, donde su padre acabó en un orfanato para niños extranjeros. “Él fue quien me impulsó a pedir la ciudadanía española, para él este país fue siempre un sueño muy presente, pero murió en enero de 2024, cuando ya preparábamos la documentación”, detalla esta mujer polaca. 

Desde hace años, Inga viaja a Lleida en busca de respuestas y de reparación para su abuelo. En su última visita, instalaron en la localidad de Almacelles una placa en homenaje a los brigadistas internacionales polacos caídos en la batalla del Segre. 

Poll, un intérprete en la batalla

Deena Poll, de 61 años, lleva años cruzándose correos electrónicos con Alan Warren, historiador especializado en las Brigadas Internacionales, para conocer más sobre un abuelo al que apenas conoció. Nacido en Rumanía en 1910 y emigrado a Chicago, Harry Poll tenía una facilidad por los idiomas que le llevó a aprender “solamente en la calle” hasta siete lenguas, según refiere su nieta. 

Integrante del Partido Comunista, nunca habló demasiado sobre esa etapa de su vida, explica Deena. De su participación en la Guerra Civil, sabe que integró la Brigada Abraham Lincoln, de voluntarios norteamericanos, y que combatió en la batalla de Teruel. Con todo, su tarea fue principalmente la de intérprete –además de tesorero– de la brigada. 

Al ser traductor, frecuentó círculos dirigentes del ejército, y por ello conserva varias fotos de él de su paso por la Guerra Civil. La más icónica, para la revista The Volunteer for Liberty, es una en la que sujeta una gran bandera republicana entregada por el Frente Popular de Madrid a los combatientes de las brigadas americanas e inglesas. “La mayor parte de la guerra no estuvo en el frente”, señala Deena. 

Harry Poll puso fin a su periplo en la guerra española cuando se ordenó la retirada de los brigadistas, en otoño de 1938. Desfiló con los demás combatientes extranjeros por la Diagonal de Barcelona en el homenaje Caballeros de la libertad del mundo: ¡buen camino!, entre decenas de miles de ciudadanos que acudieron a despedirles. Cuando su nieta Deena se enteró de la posibilidad de pedir la ciudadanía, decidió hacerlo como “legado”, afirma. “Esa es para mí la palabra más importante, honrar la historia y no olvidarla nunca”, concluye.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Málaga una organización criminal que, presuntamente, se dedicaba a facilitar a ciudadanos extranjeros la obtención de la nacionalidad española a través de certificados fraudulentos acreditativos de la condición de sefardíes. Además, han detenido a seis personas.

El entramado presentaba en nombre de esos ciudadanos, a cambio de cantidades que oscilaban entre 6.000 y 8.000 euros, solicitudes de nacionalidad española bajo el amparo de la Ley 12/2015 que regula la concesión de la misma a los sefardíes originarios de España, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

España aprobó en 2015 una ley para facilitar la obtención de la nacionalidad a aquellos ciudadanos que acreditasen la condición de sefardíes descendientes de los expulsados del país en 1.492. En un principio, el plazo para hacerlo fue de tres años, luego prorrogado un año más, hasta marzo de 2019.

Sin embargo, aún es posible la obtención de la nacionalidad en un plazo reducido si se acredita la condición de sefardí y la residencia legal en España durante dos años (en lugar de diez). También se puede obtener por carta de naturaleza, en casos muy excepcionales.

Más de 1.200 certificados fraudulentos intervenidos

La investigación dio comienzo en el mes de marzo de 2021 cuando se tuvo conocimiento, a través de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de una serie de irregularidades en torno a las solicitudes de nacionalidad española por parte de personas extranjeras, acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 12/2015 de 24 de junio que regula la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.

Tras las gestiones de investigación y el análisis de miles de expedientes de nacionalidad por parte de los investigadores, se pudo determinar la existencia de una organización criminal afincada en la provincia de Málaga, pero con incidencia en todo el territorio nacional, cuyo objetivo era la obtención de cuantiosas ganancias económicas presentando solicitudes de nacionalidad española al amparo de la citada ley, utilizando para ello certificados fraudulentos, acreditativos de la condición de sefardí, requisito este imprescindible y recogido en la propia ley.

El pasado mes de mayo se llevó a cabo un operativo policial en el que se detuvo en la provincia de Málaga a tres de los integrantes de la organización criminal investigada, las cuales llevaban a cabo las actividades descritas de forma recurrente y mediante un claro reparto de roles, haciendo para ello uso de estructuras empresariales como gestorías y fundaciones, desde la cuales tramitaban las propias solicitudes fraudulentas de nacionalidad.

Así, durante el operativo policial se han llevado a cabo cuatro registros en los domicilios de los principales integrantes de la organización criminal ubicados en la provincia de Málaga, fruto de las cuales se ha procedido a la intervención de 1.237 certificados acreditativos de la condición de sefardíes fraudulentos, 59.500 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cuatro terminales móviles, tres ordenadores portátiles, un ordenador de sobremesa y diverso material informático conteniendo información relativa a la investigación.

De igual modo, se ha llevado a cabo la correspondiente investigación patrimonial, fruto de la cual se ha procedido al bloqueo de activos financieros a nombre de los investigados por importe superior a 3.200.000 euros y se ha realizado al embargo preventivo de diez inmuebles.

El centro escénico ‘San Isidro’ acogerá, por segundo año consecutivo, el próximo 30 de mayo la VIII edición del Festival Intercultural de Tarancón. Está organizado por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales y la asociación Asiem, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y cuenta con la colaboración de diferentes colectivos y asociaciones, como el Centro de Mayores, la asociación Hispano Rumana de la provincia de Cuenca, la asociación Mujeres Musulmanas, Auparte, la asociación de mujeres Arco de la Malena, la Iglesia Evangélica 'Nueva Vida', la asociación Anakerando, el grupo flamenco Sakamargo, así como diferentes colectivos latinos, y la colaboración de recursos como la ludoteca municipal enmarcada en el Plan Corresponsables. 

“Con esta actividad, consolidada en la programación comunitaria dentro de Servicios Sociales, se consigue aunar a todos los colectivos interculturales del municipio, que tendrán la oportunidad de exponer su cultura y gastronomía, y compartirla con toda la población”, ha explicado hoy en la presentación del VIII Festival Intercultural la concejala de Educación, Servicios Sociales y Políticas Inclusivas, Raquel Benavente. En este sentido, ha detallado que “cada año crece en actividades y cada edición también se incorporan colectivos nuevos”. 

Convivencia de 50 nacionalidades

El 30 de mayo, de 18 a 21 horas, se quiere visibilizar gracias a esta iniciativa la diversidad cultural que existe en Tarancón, donde conviven personas de más de 50 nacionalidades diferentes, así como la labor de integración que se lleva a cabo desde Servicios Sociales y cada uno de los colectivos colaboradores. Junto a la degustación de comidas típicas en las distintas culturas participantes, habrá juegos y talleres infantiles, y exhibiciones musicales, de baile, cante o artesanía. 

Como preludio, durante los días 26, 27 y 28 de mayo se llevarán a cabo en la Biblioteca Municipal Luis Rius y el parque del Centro Joven diferentes actividades y talleres, como lecturas del mundo, olimpiadas o un trivial intercultural, dirigidos a escolares (de 3º y 5º de Educación Primaria y 1º de ESO) de los diferentes centros educativos de la ciudad. 

El Ayuntamiento agradece la colaboración de todos los profesionales, colectivos y particulares que hacen posible que año tras año esta actividad se desarrolle. 

Por la inclusión social

En los próximos días se divulgará la esencia de esta cita intercultural a través del vídeo promocional realizado por el taranconero Sergio Martínez. 

El Consejo Intercultural, un nuevo órgano de Participación Ciudadana, nació en noviembre del año pasado a raíz del citado festival. Asimismo, Tarancón forma parte del Programa de Municipios por la Tolerancia, una iniciativa de la Fundación Pluralismo y Convivencia y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). 

En el IES Clara Campoamor de La Solana, en Ciudad Real, apuestan por actividades que enriquecen la cultura de los alumnos y alumnas, así como sus valores. Este viernes 9 de mayo se celebra el Día de Europa y en el centro cuentan con proyectos que buscan inculcar aptitudes morales que posibilitan el mejor funcionamiento de la sociedad.

Y es que, en la actualidad en muchos países de Europa están 'cerrando' sus fronteras y siendo más restrictivos con las políticas migratorias. “No quiero ser positiva ni negativa, pero a veces en las aulas escuchas comentarios de odio que no sabes de dónde los sacan, si en casa o por redes sociales. Hay que enseñarles a tener un pensamiento crítico”, explica María Pilar Moreno, profesora de francés e inglés del centro educativo en la entrevista que ha mantenido con elDiario.es Castilla-La Mancha.

En el instituto en el que trabaja, desde el año 2008 llevan desarrollando varios proyectos para favorecer la integración de valores en los alumnos y alumnas como la igualdad, la fraternidad, e igualmente desarrollar un buen juicio sobre las noticias que reciben a través de redes sociales.

“Estamos viviendo y presenciando en redes muchos comentarios xenófobos, racistas, y es una cosa que tenemos que trabajar con los alumnos, que no hay que tener prejuicios y abrir la mente y respetar al otro. Y esto se trabaja, evidentemente, en nuestras aulas”, mirando hacia España pero también hacia el conjunto de la Unión Europea.

Un proyecto europeo con alumnado francés

El IES Clara Campoamor es fiel a su compromiso de trabajo con centros educativos de otros países de la Unión Europea, y desde septiembre de 2024 desarrolla e impulsa un proyecto colaborativo con el liceo francés Jacques Cartier de la localidad de Saint Malo de Francia que se ha desarrollado durante todo el curso escolar. Lo han hecho a través de la Plataforma Europea Docente e-Twinning que permite el trabajo entre alumnos y alumnas de los diferentes países.

En este caso, el proyecto 'Fauna y Flora: ¡Protejamos nuestros entornos naturales!', tiene unos claros objetivos: compartir conocimientos sobre la biodiversidad de nuestras comarcas, sensibilizar al alumnado para que aprendan a valorar su entorno natural y su cultura, mejorar las diferentes destrezas comunicativas en la lengua francesa y española y sobre todo, entablar lazos de amistad y unión entre alumnos y alumnas de diferentes partes de nuestro continente.

Esto último se consigue a través de las cartas que se envían por correo ordinario los alumnos de los dos institutos. “Ellos escriben las cartas de su puño y letra, y el objetivo es que, además de dejar a un lado los elementos digitales, se origine ahí un poquito de amistad entre ellos para terminar, si puede ser, con un intercambio el curso que viene o cuando proceda”, explica Pilar Moreno.

Favorecer la integración, el “pensamiento crítico” y conocer Europa

En el IES Clara Campoamor cuentan con estudiantes de intercambio o que llegan a La Solana y se escolarizan en él. “Tenemos alumnos de muchos países, por ejemplo de Rumanía, o el año pasado un alumno que venía de China. En este último caso controlaba poco el idioma, así que le dejábamos utilizar el teléfono móvil para tener una traducción más rápida. Se van adaptando poco a poco, pero muy bien porque hablan mezclando idiomas, o usando gestos”, detalla Pilar Moreno.

Asimismo, los alumnos del propio instituto tienen integrados los valores que persigue la Unión Europea para sus ciudadanos. La profesora Pilar Moreno destaca que “cada vez más los alumnos y alumnas conocen más de Europa y los valores que ensalza la cultura Europea, bien por los viajes que impulsamos desde el instituto, así como proyectos europeos como los Erasmus Plus, donde se marchan a estudiar a modo de intercambio. Reconocen los símbolos como la moneda, la bandera, o incluso el Festival de Eurovisión que tenemos tan cerca, pero hay que trabajar más”.

En este día tan singular, el objetivo para este centro educativo es simbolizar el compromiso de esta unión con los valores fundacionales de la Unión Europea: la paz, la solidaridad, la democracia, los derechos humanos y la cooperación entre los pueblos. “Teniendo en cuenta los mensajes de odio e intolerancia a los que están expuestos nuestros jóvenes, consideramos importante que como docentes sigamos transmitiendo a nuestros alumnos y alumnas unos valores a través de la educación y la información”, explican desde este centro de Ciudad Real.

“Tenemos que seguir trabajando con los alumnos con constancia, con paciencia, porque las redes sociales igual que se pueden usar para bien, también tienen muchos peligros, como las fake news, y tenemos que ayudarles a detectar qué es verdadero y qué no, a tener un buen juicio y pensamiento crítico de lo que leen o ven”, zanja Pilar Moreno.

Ni el viaje de fin de curso a Gibraltar, ni el Erasmus que planeaba, ni crecer siendo una más. Fati Mohamed enumera todo aquello que perdió durante sus primeras dos décadas en España, adonde migró con nueve años acogida por una familia española, por carecer primero de los papeles y después de la nacionalidad en España.

“Daba igual el tiempo que llevaba aquí. Tanto hablan de integración, que la cumplía con creces, pero luego me discriminan por proceder de los campamentos de refugiados saharauis, cuando parte de la responsabilidad de que naciese allí era de España”, dice con rabia cuando recuerda sus largos años de espera para conseguir la nacionalidad española.

Su generación no ha nacido en el Sáhara Occidental, pero conoce bien la historia del lugar del que procede; sabe la relación de España con la que fue su provincia número 53, porque desde niños han sufrido el impacto del abandono español, la consiguiente ocupación marroquí y el exilio que aún perdura. Por eso, los saharauis que llevan años viviendo en España, como Fati Mohamed, muchos acogidos por familias españolas, dicen sentir una rabia añadida cuando se chocan con los dilatados trámites de extranjería a los que se enfrentan para conseguir, primero la residencia y, después, la nacionalidad.

Desde hace décadas, la comunidad saharaui, las organizaciones que los apoyan y distintos partidos políticos piden, dadas las conexiones históricas de España y el Sáhara Occidental, la reducción de los plazos solicitados para la concesión de la nacionalidad española por residencia, igualándola a otros países como Latinoamérica, Guinea Ecuatorial o Filipinas, a los que se exige menos años debido a, entre otras razones, su pasado colonial. 

Es uno de los objetivos de la ley propuesta por Sumar que obtuvo este martes en el Congreso el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PSOE, que votó en contra, y Vox, que se abstuvo. Además de otorgar la nacionalidad a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental bajo la administración española, la iniciativa también incluye rebajar de diez a dos años el periodo de residencia en España exigido a los ciudadanos saharauis para conceder la nacionalidad. 

La diputada Tesh Sidi defendió en el hemiciclo la iniciativa apelando a su propia historia. Ella, como tantos niños saharauis, también llegó a España acogida por una familia española. Vivió casi toda su vida en suelo español, su padre tenía DNI español al nacer en el Sáhara Occidental durante la época colonial, pero pasaron 20 años hasta que obtuvo la ciudadanía. Según sus cifras, la medida podría beneficiar a “15.000 niños saharauis”.

Para obtener la nacionalidad española por residencia, los saharauis tienen que haber vivido en el país un mínimo de 10 años. Frente a esa década, hay nacionalidades a las que se les exigen otros tiempos más reducidos, debido a los lazos históricos o culturales existentes con España. Entre ellos están los ciudadanos latinoamericanos -por su pasado colonial y la lengua común-, Guinea Ecuatorial, Filipinas -también excolonias españolas - Portugal, Andorra o los sefardíes. Pero el Sáhara Occidental, pese las décadas de administración española, no forma parte de los beneficiados de la rebaja en los requisitos. 

“Sería de justicia poder equipararnos a esos países, porque los saharauis somos eternamente una excepción en la política exterior”, critica Fati Mohamed. “España, además de negarle el derecho a la autodeterminación, como tuvieron todos los pueblos colonizados, no se conforma con no cumplir su responsabilidad histórica, sino que quienes vivimos aquí seguimos sufriendo su discriminación: no nos equipara al resto de países que fueron excolonias, ni a los sefardíes, nos tiene excluidos. Somos también la excepción como migrantes en España”, continúa.

“Si aún nos la dieran a los diez años… ”, añade Fati Mohamed. “Pero la mayoría de saharauis no la hemos obtenido antes de los 16 o 20 años, después de un desgaste increíble, el gasto en abogados, el sufrimiento de nuestras familias de acogida…”, lamenta. 

Ella llegó a España con solo nueve años en el verano de 1997, gracias al programa de Vacaciones en Paz, a través del que desde hace décadas decenas de niños saharauis pueden darse un respiro de las extremas condiciones del desierto argelino donde vive desterrada una parte de la población tras la ocupación marroquí de su territorio. “Me quedé porque tenía ataques de epilepsia y anemia. Y mi familia de acogida y la saharaui decidieron que me podía quedar para recibir tratamiento médico y estudiar”, cuenta Fati Mohamed. 

La primera batalla fue obtener la residencia, dado que pese a ser una niña y estar acogida por una familia española, pasó “muchos años” sin papeles. “Fue bastante complicado. Cuando iba a solicitar la residencia con mi familia de acogida me ponían trabas, no me la dieron inmediatamente. En 2003 me la dieron, pero siempre dependía del pasaporte argelino y, si caducaba, lo perdía.  Estuve más tiempo sin documentos que con ellos”, recuerda la saharaui. 

Su primer intento para obtener la residencia fue en 2010. Llevaba 13 años en España. “Aporté la documentación de haber estado escolarizada, de haber estado tutelada en una familia de acogida, aporté hasta el DNI de mi abuelo español. Y no me contestaban”, describe Mohamed. En aquella época, había cientos de expedientes de nacionalidad de ciudadanos saharauis que estuvieron bloqueados durante cinco años. “Me vine a estudiar a Madrid y necesitaba la nacionalidad. Quería hacer un Erasmus, moverme por Europa para estudiar idiomas y no podía. Me obsesioné mucho”, recuerda. 

Tanta frustración y rabia acumulaba que, todos los viernes Fati Mohamed se plantaba en el registro de la Calle Bolsa, en Madrid, para preguntar personalmente si había una resolución. “Me propuse ir todas las semanas para presionar, para que me viesen, y ponía una reclamación”, relata. “Un viernes nunca se me olvidará. Quería hablar con el responsable y me quedé en la puerta esperando y, de la desesperación, le seguí hasta el coche para preguntarle por nuestros casos”.  

La respuesta llegó en 2015, tras cinco años de larga espera. Y fue negativa. “Me respondieron que no se admitía porque mi partida de nacimiento estaba expedida por ‘la autoproclamada República Árabe Saharaui, un Estado no reconocido por el Reino de España’. Fue humillante, cuando España sabe las razones de por qué estamos en los campamentos de refugiados, fue parte del problema.  No me conformé y seguí luchando, y tras un recurso me la acabaron concediendo”, explica la saharaui. Durante aquellos años, la Administración no admitía la documentación expedida en los campamentos de refugiados saharauis, pero ese criterio se revirtió tras un litigio judicial impulsado por la Asociación Profesional de Abogados Saharauis de España (APASE). 

“Es un desgaste horrible. Te genera mucho resentimiento. Esos problemas me recordaban siempre que no era de aquí aunque llegué con nueve años. Da igual lo que hagas y te esfuerces. Yo el racismo no lo he sufrido por la gente sino por parte de las instituciones”, reflexiona Fati Mohamed. 

“Recuerdo que siendo adolescente, íbamos a ir en fin de curso con mi clase a Gibraltar. Iba toda mi clase y yo no podía ir por los documentos, no tenía los mismos derechos. Son cosas que pueden ser frívolas pero para mí era importante. El Erasmus me hubiese encantado y no pude. Estudiar inglés fuera. Hasta el estrés de perder los papeles y el trabajo si no renovaba mi pasaporte argelino a tiempo”, detalla la saharaui. 

Tras 17 años en Alicante, Abdelaziz aún espera la obtención de la nacionalidad española. El saharaui nació en el Sáhara Occidental en 1975, cuando aún se encontraba bajo la administración española. Tenía apenas unos meses cuando, pocos días antes de morir Franco, Marruecos inició la invasión del territorio saharaui y España abandonó su antigua colonia sin culminar el proceso de descolonización. Abdelaziz juró junto a su madre y sus hermanos a los campamentos de refugiados saharauis. Su padre, después de hacer varios viajes para sacar a su familia de los territorios ocupados en plena guerra, se quedó atrapado en la zona controlada por Marruecos. 

En 2008, después de pasar una temporada estudiando en Cuba como muchos saharauis, migró a España, donde vivían cuatro de sus hermanos. Abdelaziz obtuvo la tarjeta de residencia por arraigo familiar, dado que su padre tenía documentación española al haber vivido en el Sáhara bajo administración española. Sus hermanos, por esta misma razón, obtuvieron la nacionalidad española por ser hijo de españoles de origen. Pero cuando intentó pedirla Abdelaziz era tarde: la Justicia se lo denegó tras un cambio de criterio en la interpretación jurídica. 

“En diciembre de 2020, como tenía residencia legal desde enero de 2009, casi 12 años residiendo, pidió la nacionalidad por residencia. Pero en diciembre de 2023 le notifican que le deniegan la nacionalidad, supuestamente porque no tenía residencia legal y continuada por 10 años, pese a que cuando pide la nacionalidad ya juntaba 12 años, casi”, explica su abogado, Sidi Talebbuia Hassan. 

“Nos afecta mucho. Llevar tanto tiempo aquí y tener todos los documentos para poder optar a una ciudadanía, si te lo rechazan es porque algo pasa. Algo pasa que no entiendo qué es”, se queja el saharaui. 

Cinco días después de la ceremonia de inauguración del presidente Donald Trump en la que su asesor Elon Musk realizó el saludo nazi, me hallaba yo a una sala en la corte de San Diego, California. A la entrada, me pasaron una bandera de barras y estrellas, y un librillo como esos que dan en las iglesias para rezar. 

Cuatro días antes de que Trump pausara la financiación de subvenciones y préstamos federales hasta nuevo aviso, me senté frente a un juez magistrado con otras 114 personas de 24 países. 

Tres días antes de que Trump declarase que las personas trans no pueden servir en el ejército de Estados Unidos, me levanté, me puse la mano en el corazón y prometí tomar armas por los Estados Unidos si así me lo requirieran. 

Dos días después de que Trump pusiera en pausa todas las actividades de los Institutos Nacionales de Salud, juré defender la Constitución de Estados Unidos contra enemigos extranjeros y nacionales. 

Un día después de que un juez bloqueara la orden de Trump de suspender la ciudadanía por nacimiento, me hicieron ciudadana de un país que se ha convertido en una distopía. 

Debajo de las sonrisas, en el rabillo del ojo, se notaba que algo no iba bien. Esta no era una ceremonia de ciudadanía como todas las demás.

A pesar de lo que había ocurrido en Washington en los días precedentes (y lo que estaba a punto de pasar), el ambiente en mi ceremonia de naturalización era festivo y congratulatorio. Un crisol de distintos idiomas, formas de vestir, tonos de piel y rasgos faciales, pero todos sonrientes, todos con una sensación de haber cruzado la línea de meta. 

Sin embargo, debajo de las sonrisas, en el rabillo del ojo, se notaba que algo no iba bien. Esta no era una ceremonia de ciudadanía como todas las demás. 

La primera evidencia vino cuando la representante del Registro de Votantes Rebecca Lee comenzó su discurso citando al presidente saliente. “Biden nos advirtió de los peligros de convertirnos en una oligarquía. Queremos defender nuestra democracia y un gobierno de las personas para las personas”, aseguró Lee, animando a los presentes a registrarse y participar en las próximas elecciones.

Poco después, el juez magistrado Daniel Butcher prosiguió nombrando cada uno de los 24 países originarios de las personas que allí nos encontrábamos para jurar la bandera yanki. Cuando dijo España, yo fui la única que me levanté. Cuando dijo México, tembló el suelo al paso alante de media sala. 

A pesar de los ominosos titulares y esta desastrosa primera semana de gobierno de Trump, me niego a decir, pensar o sentir que este país es solo malo

No voy a mentir diciendo que no sentí nada, que tan solo fue un trámite, pues una no es de piedra. Que al escuchar las líneas del himno que dicen The land of the free, and the home of the brave (la tierra de los libres y la casa de los valientes) no se me removió algo por dentro. Porque sí.

Y es que a pesar de los ominosos titulares y esta desastrosa primera semana de gobierno de Trump, me niego a decir, pensar o sentir que este país es solo malo. Que el hecho de que 77 millones de personas votaran por un señor naranja que dice estar en contra de inmigrantes, latinos, progres, gays, trans y wokes hacen que este lugar no merezca la pena. 

Quizás sea porque vivo en una esquina donde si me subo al tejado de mi casa en un día claro veo México, las colinas bulliciosas de Tijuana y la bandera verde, roja y blanca. Porque trabajo en una universidad donde florecen personas como yo. Porque junto a mis vecinos somalíes, vietnamitas, mexicanos y brasileños convivimos en paz y armonía, celebrando juntos cumpleaños y saludándonos a la hora de llevar a los niños a la escuela. 

En definitiva, porque mis hijos han nacido aquí y con todas sus fallas, creo que hay muchas razones para quedarse en estos Estados Unidos y luchar por los que vienen detrás. Por quienes llegan a la frontera desesperados y sueñan con un día convertirse en ciudadanos distópicos, como yo.

Un total de 18 unidades familiares originarias de Colombia, Marruecos, Brasil, Rumanía, El Salvador, Inglaterra y España compartirán platos típicos, tradiciones y vivencias en el proyecto de Cáritas La Rioja “Te invito a comer”, que se celebra este domingo. Cinco de estas familias abrirán las puertas de su hogar para actuar como anfitrionas, recibiendo a otras familias y fomentando un intercambio cultural enriquecedor. Como novedad, este año la entidad social organizará de forma paralela otro encuentro en sus instalaciones, donde se reunirán cinco unidades de convivencia sin menores y otras personas que se han inscrito individualmente en la actividad. En total, esta segunda edición contará con la participación de 62 personas, de las cuales 24 son menores.

Esta iniciativa nació en 2023 desde el programa de Alojamientos Temporales de Cáritas La Rioja para fomentar la integración de las personas y familias usuarias de este programa. “En muchas ocasiones sufren aislamiento social y las consecuencias de los prejuicios. Con esta actividad les ayudamos a tejer redes sociales y fomentamos un intercambio cultural que resulta muy enriquecedor para todos los participantes”, explica Marina Unzalu, educadora social de este programa.

Antes de llevar a cabo la actividad, los técnicos de Cáritas La Rioja se han reunido con los participantes para explicarles la iniciativa y asegurarse de que la experiencia será gratificante. “Este domingo se encontrarán familias con unos orígenes, hábitos y cultura distintos, pero que tienen en común la ausencia de prejuicios y las ganas de conocer otras formas de vivir. Alrededor de la mesa compartirán la comida típica de sus países y muchas otras cosas enriquecedoras”, asegura Marina Unzalu.  

En la primera edición participaron 16 familias, formadas por 46 personas (25 adultos y 21 niños), que se distribuyeron en cinco hogares. Así recuerda su experiencia una de las participantes: “Es un privilegio poder recibir a gente de otros países, es una manera de viajar sin moverse de casa. En nuestro caso, fue muy gratificante recordar los viajes por Colombia y esas culturas de América Latina que nos encantaron. Además, con la familia invitada compartimos un interés común, la música, concretamente el saxofón, así que tocamos canciones de San Asensio, nuestro pueblo. Fue una suerte poder compartir nuestras tradiciones de esta manera”. 

Programa de Alojamientos Temporales: el primer paso hacia una vida autónoma

El programa de Alojamientos Temporales de Cáritas La Rioja nació en 2011 con la misión de proporcionar a familias que lo necesitan un alojamiento digno durante entre tres meses y dos años. Además, durante la estancia se les apoya con un acompañamiento integral para poder lograr su plena autonomía personal y erradicar la situación de exclusión o vulnerabilidad social. 

Desde el año 2022 hasta la actualidad, en el proyecto se ha trabajado con 35 familias, lo que supone un total de 139 beneficiarios, 74 de ellos menores de edad. “De las 35 familias a las que hemos acompañado, 13 empezaron en situación administrativa irregular. Actualmente, 12 han conseguido el permiso de residencia y trabajo, y otra familia está en trámites de regular su situación –cuenta Marina Unzalu–. Además, 18 familias han conseguido acceder al alquiler normalizado y ser independientes con contratos de trabajo indefinidos”. 

Actualmente, el recurso cuenta con 20 viviendas, unas propias y otras cedidas por parroquias y el Gobierno de La Rioja. En ellas, desde principios de este año hasta la actualidad, Cáritas La Rioja ha atendido a 23 familias, lo que supone haber beneficiado a 87 personas, 46 de ellas menores de edad. Entre estas cifras destaca que diez familias están conformadas por mujeres con hijos e hijas a cargo sin redes familiares y sociales de apoyo.

“Las personas a las que acompañamos presentan diversas problemáticas y, por ello, en este proyecto trabajamos desde distintos ámbitos (situación formativa y/o laboral; apoyo familiar, psicosocial y educativo; apoyo en la organización doméstica; vivienda; creación de vínculos, etc.) –detalla la educadora social de Cáritas–. Hemos constatado que las personas aún no disponen de las suficientes herramientas para una vida independiente y, por lo tanto, es necesario realizar un acompañamiento integral para lograr el objetivo principal de este proyecto: que alcancen la autonomía e independencia plena”.

En el marco de una operación abierta desde el 2022, agentes de la Policía Nacional han estado realizando controles en diversas academias de idiomas de Valencia donde se celebran exámenes para la obtención del certificado del dominio de la lengua española –DELE-, y han sido detenidas un total de 28 personas, en su mayoría hombres de entre 25 y 40 años, de origen pakistaní, hindú, nigeriano y maliense principalmente como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil.

La investigación comenzó en 2022 cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia tuvieron indicios de posibles suplantaciones de alumnos y falsificaciones de documentos de identidad en las pruebas organizadas por el Instituto Cervantes para la obtención de los diplomas de dominio de la lengua española –DELE-, requisito indispensable para la consecución de la nacionalidad española.

Con motivo de la instauración de estas pruebas para obtener la nacionalidad española, se ha detectado que, en ocasiones, diferentes personas, a cambio de dinero, generalmente cantidades en torno a los 400 euros, suplantaban la identidad de los aspirantes a las mismas y de esta manera el aspirante acababa obteniendo la nacionalidad española de forma fraudulenta, careciendo de los conocimientos mínimos del idioma ya que otra persona se había presentado a las pruebas en su nombre.

Controles en los centros de exámenes

Por ello, los investigadores han venido realizando controles en los centros de exámenes con el objetivo de detectar posibles suplantaciones y falsedades documentales, deteniendo en las últimas semanas a un ciudadano de origen nigeriano, de 54 años, como presunto autor de un delito de falsedad documental y usurpación de estado civil al haber suplantado a otro compatriota como aspirante a la prueba de conocimiento de la lengua española presentando para ello documentación falsificada así como un pasaporte a nombre de otra persona.

En total, desde que comenzó la investigación se han realizado 22 controles y se han detenido a 28 personas. La investigación continúa abierta y en colaboración con el Instituto Cervantes proseguirán los controles durante la realización de estas pruebas, no descartándose nuevas detenciones. 

Lola es española. Bueno, en realidad Lola nació en España…. pero no es oficialmente española. Nacida en España hace 30 años y sin derecho a la nacionalidad española. Tiene la nacionalidad nigeriana, que heredó de su padre. En este episodio nos cuenta el periplo burocrático que tiene que vivir una persona como ella para conseguir la nacionalidad. Un camino que pasa por una convocatoria por Facebook de la policía nigeriana en un polígono industrial de Barcelona.

Aclaramos todas las dudas de este caso con la jefa de Desalambre en elDiario.es Gabriela Sánchez.

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Al Congreso de los diputados ha llegado una propuesta para dar la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1976. Es curioso porque es una propuesta de Sumar a la que el PSOE ya ha mostrado su oposición. Pero primero entendamos el contexto histórico. Lo que al pueblo saharaui le pasó en 1975 es diferente pero no tanto de lo que ahora nos aterra que puedan hacer con el pueblo de Gaza. Hace 50 años el Sáhara Occidental era una provincia española, la provincia 53. Un territorio pendiente de descolonizar. 

Y entonces llegó la Marcha Verde, un movimiento en el que cientos de miles de marroquíes invadieron lo que era soberanía española. España en el año 75, por lo que sea, estaba a otras cosas y abandonó a su suerte a hombres y mujeres que en el bolsillo tenían un documento de identidad español. Lo que se busca ahora, a través de la política, es reparar a estas personas. 

Lo hacemos con la periodista de elDiario.es que ha cubierto las últimas noticias del conflicto saharaui, Gabriela Sánchez. Además, hablamos con Tesh Sidi. En esta historia cumple dos perfiles a la vez. Tesh Sidi es saharaui. Tesh Sidi es diputada. Nació en un campamento de refugiados en el desierto y vivió su propio periplo para conseguir la nacionalidad española. Ahora, impulsa desde Sumar esta ley para nacionalizar a saharauis no como ella, que nació en 1994, sino como sus mayores. Hablamos con uno de esos mayores: Bucharaya Ahamed deida Bahi, que nació en el Sáhara cuando era una provincia española. 

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Ilia Topuria es un luchador profesional y acaba de ganar en su categoría, el peso pluma, el campeonato del mundo del torneo UFC, el más importante de este deporte de combate. Los titulares de la prensa deportiva dicen: un español, campeón del mundo. Pero, realmente, ha sido ahora cuando por carta de naturaleza, una medida discrecional del Gobierno, ha obtenido la nacionalidad española.

Le preguntamos por esta situación excepcional al periodista y activista antiracista Moha Gerehou y a la jefa de Desalambre en elDiario.es Gabriela Sánchez.

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Es difícil no cruzarse últimamente con el nombre de Ilia Topuria. Fue proclamarse campeón de la UFC y convertirse en omnipresente en noticias, redes sociales, vídeos de YouTube y hasta en columnas de medios. Consumí algo de ese contenido con curiosidad y lejanía hasta que un titular de Topuria llamó mi atención: “Cuando aterricé tuve que pasar por donde pasan todos los extranjeros y no los españoles”.

Busqué el vídeo y escuché las declaraciones. Encontré su biografía y leí pinceladas de su vida. Esa historia me sonaba. Me sentí como un detective de película en busca de un asesino en serie que ha vuelto a matar tras un tiempo desaparecido. Las pruebas eran claras y mi temor se confirmaba: Ilia Topuria era un nuevo caso de un español en el éxito, pero extranjero en todo lo demás. Dejé de lado mis quehaceres y me puse a escribir.

Resulta que el último héroe del deporte nacional es lo que muchos, sin ver su currículum deportivo, catalogarían como un inmigrante. Ilia Topuria nació en Alemania, creció en Georgia y a los 15 años aterrizó en España junto a su familia. Pero ahora, con 27 años, casi siempre es descrito como hispanogeorgiano o directamente como español. ¿Cómo es posible? Busco en Google ‘primer campeón español de la UFC’ y la lista de resultados es amplia y variada: RTVE, El Mundo, La Gaceta o La Voz de Galicia titulan así.

Sigo con la investigación para probar mi tesis: ¿Será cierto que es español en el éxito pero extranjero para todo lo demás? Tecleo las palabras ‘inmigrante georgiano’ en el buscador y hago clic en el apartado de noticias. De Topuria apenas hay unas declaraciones en las que, sorpresa, responde a quienes dudan de su españolidad. ¡Alto! No todo el mundo está tan impresionado con su victoria como para nombrarlo español de facto.

En el resto de resultados de la búsqueda, la normalidad del racismo: Marlaska sellando un acuerdo para deportar a georgianos en situación administrativa irregular o la noticia de un “inmigrante georgiano” multado con 225€ por robar chocolate valorado en 11,40€ en un supermercado de Zaragoza. No es un ladrón, es un inmigrante georgiano, lo que en la noticia parecen ser sinónimos.

La primera prueba sostiene la teoría de que estamos ante un nuevo caso de un español en el éxito, pero extranjero en todo lo demás. Vamos a por la segunda. Topuria aterrizó en Barajas con el cinturón de campeón sobre el hombro y España en la boca. Pero nada, derechito a la fila de inmigrantes. Mi tesis se tambalea. Los logros deportivos parece que no tienen valor cuando de una frontera se trata. Por sus declaraciones, Topuria esperaba que el campeonato ganado en nombre de España le indultara, pero no. Ahí solo sirve el color del pasaporte, donde el español es el más poderoso. Y tuvo suerte, porque entre los migrantes hay clases y clases: en ese mismo aeropuerto malviven durante semanas familias con niños en las salas de asilo de Barajas. Escuchen sus historias.

Pero esta historia ya nos la conocemos e Ilia Topuria pronto cruzará la frontera del aeropuerto por la fila de los españoles. Así se lo confirmó el propio Pedro Sánchez después de que el luchador lo pidiera en ‘El Hormiguero’, que debe ser la nueva oficina de Extranjería. No hay camino más rápido a la españolidad que el éxito deportivo. Ya hemos visto en el pasado en más de 100 ocasiones cómo las habituales trabas de la Ley de Extranjería desaparecen cuando llega un deportista que beneficia los intereses de España a través del deporte.

Respiro tranquilo. Bueno, no tanto cuando leo que a Topuria le ha patrocinado una empresa de desokupación de esas que hacen el trabajo sucio de los buitres inmobiliarios. Pero la segunda prueba no falla y la teoría está más que comprobada: estamos ante otro caso de un español en el éxito, pero extranjero en todo lo demás.

Con su victoria, Ilia Topuria recibió la nacionalidad española del éxito: la que te otorgan los medios cuando te bautizan como ‘el primer campeón español de la UFC’ y no como un ‘inmigrante georgiano’, aunque cruces la frontera española como tal. La que otorgan administrativamente las autoridades cuando ven que a través de ti pueden llenar de trofeos las vitrinas del deporte español.

Es el caso de un derecho que se reparte como si fuera un privilegio, la historia de la gruesa línea entre una vida abocada al tormento del racismo estructural y el pasaporte más poderoso del mundo. Y de cómo todo lo puede decidir el éxito deportivo, un criterio que sigue sin aparecer en la carta de los Derechos Humanos porque no todo el mundo puede ser campeón de la UFC. Hasta aquí la investigación. Caso cerrado.

Juan Manuel de Hoz, portavoz del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), ya tiene su DNI español. Lo recogía en la comisaría central de la Policía Nacional de Oviedo esta misma semana. “Ha sido un momento muy lindo pero a la vez extraño”, comentaba con eldiario.es desde Llanes, una de las paradas de su viaje veraniego a España. Ese que repite cada año y que este mes de agosto lo lleva por tierras gallegas, asturianas, cántabras y vascas.

De Hoz lleva más de 12 años luchando para conseguir la nacionalidad española como nieto de emigrantes a Argentina. Al margen de todos los procesos administrativos y el papeleo necesario para hacerse ciudadano de pleno derecho en España, para él el DNI es “el documento de uso corriente que uno puede llevar a todos los sitios en su billetera” y que demuestra que es español.

“Tengo sentimientos positivos pero muy cruzados, con mucha carga emocional”, asegura. Cuando inició su cruzada para conseguir la modificación de la ley española que le permitiese nacionalizarse, lo hizo por sus abuelos y también por sus padres, a los que ha perdido en los últimos cuatro años. Por eso para él este momento es como “un homenaje” a sus antepasados, “es una cuestión identitaria muy fuerte para quienes vivimos al otro lado del charco”.

El amor por el “terruño”

Manuel de Hoz Calzada y Joaquina Calzada Miñor embarcaron en 1921 hacia Argentina. La situación de pobreza en la que vivían en Castro Urdiales les llevó a abandonar España. Volvieron dos años después pero no pudieron quedarse porque la situación política, con el golpe de Estado de Primo de Rivera, se agravó. Así que volvieron a cruzar el Atlántico y se instalaron definitivamente en Buenos Aires donde formaron su familia dedicándose a la agricultura y el comercio.

En esos mismos años abandonaron España José Usubiaga y María Antonia Gracia, de origen navarro-catalán. Se instalaron en el barrio de Palermo donde construyeron una nueva vida con su peluquería y su vinagrería.

Ellos eran los abuelos paternos y maternos de Juan Manuel. A los primeros no los conoció, pero su padre se encargó de transmitirle todo lo que ellos le habían contado de Cantabria. Los segundos le inculcaron desde niño el amor por España. “Es algo que se mama”, asegura, “sabemos que es difícil entender esta España exterior que es la que se creó fuera de las fronteras, con envío de remesas, apertura de clubes, centros asturianos donde muchos se conocieron”.

De Hoz, que se considera un afortunado porque pudo disfrutar mucho de ellos, ya que fallecieron a los 90 y 96 años, recuerda con cariño los “hornazos que su abuela preparaba cada domingo” cuando él iba a comer con sus padres y hermanos, y “las papas con bacalao, que había que desalar durante dos días, para Semana Santa porque claro en esas fechas carne no, siempre pescado (ríe)”.

También cómo le hablaban de su cultura, de su afecto, y del gusto que le inculcó por ir a los centros españoles donde aprendió danzas en las “xuntanzas” que disfrutaban en comunidad, en grandes mesas en las que degustaban también empanada gallega. “No tengo antepasados gallegos pero la empanada me sale muy bien”, comenta.

Con el tiempo lo que más le sorprende a este nieto de emigrantes es ese amor por España, por un país que dejaron a causa de la pobreza, por la búsqueda de una vida mejor. “Recuerdo los comentarios de que venían de tierras donde excavaban para cultivar pero era muy difícil sacar nada. Sobre todo, los que venían de la zona de Navarra, en condiciones muy hostiles”, cuenta y se pregunta, “¿y ese amor hacia un lugar que les había expulsado?”.

Siempre estuvieron orgullosos de sus orígenes y tuvieron la añoranza del volver. Pero Juan Manuel habla de “ese cruce de sensaciones que uno tiene con el destierro que genera la emigración”. “Obviamente vas a extrañar”, afirma, “pero ya te has traído a los tuyos y aunque el sentimiento de haberte ido te hace amar a tu tierra, volver para ver cómo cambió todo, eso no les tiró”.

La búsqueda del cambio normativo

Del matrimonio de Manuel y Joaquina, nació Miguel Ángel de Hoz, y del de Jose y Maria Antonia, Claudia Inés Usubiaga, los padres de Juan Manuel. Los dos eran descendientes de migrantes, ella psicóloga, él rector. Cuando a ella le tocó hacer prácticas “se enamoraron profundamente y no se soltaron nunca más”, cuenta su hijo.

Como descendientes directos de españoles obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica de 2007, cuando Juan Manuel ya era mayor de edad, por lo que no pudo acceder. “Sólo te la concedían si estabas bajo patria potestad de un español y al tener más de 18 pues ya no encajaba en el supuesto”, nos cuenta.

Esta situación fue la que lo llevó a contactar con gente que se encontraba en su misma situación. Había casos en los que, por la cuestión de la edad, un hermano obtenía la nacionalidad pero otro no. “Empezamos a crecer poco a poco, a través de blogs, contando historias personales de lo que había pasado en el consulado. Con Facebook y otras redes nos empezamos a organizar y a pedir entrevistas con políticos españoles que visitaban Argentina, México, Uruguay, Chile,...”, y es así como nace CeDEU.

Después de muchas conversaciones, de mucha presión mediática, consiguen que se presente una proposición de ley para incluir nuevos supuestos para la concesión de la nacionalidad a descendientes de emigrantes . El Partido Popular, entonces en el gobierno, sólo acepta la cuestión sefardí. Pero cae la legislatura en 2019 y se convocan elecciones anticipadas en España. El nuevo gobierno de coalición pone en marcha, un año después, la tramitación de la Ley de Memoria Democrática que se aprueba a finales de 2022.

Esta ley abre un plazo de dos años, desde octubre del año pasado a octubre de 2024 (con posible prórroga a 2025), para solicitar la nacionalidad todos los nacidos fuera de España “de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. Además también podrán iniciar la tramitación “los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la anterior Ley de Memoria Democrática”.

Para Juan Manuel de Hoz es una ley que “no deja cabos sueltos y pone a España a la altura de países como Portugal o Italia, que también tuvieron emigración”. Está muy agradecido al gobierno español actual “que llevaron la delantera y decidieron terminar con estas asimetrías que se daban dentro de las mismas familias”.

Fueron muchos los que los apoyaron en el camino pero De Hoz tiene un agradecimiento especial para el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, para Pilar Cancela, secretaria de Cooperación Internacional, y para “muchos otros funcionarios de gobierno que hicieron de esto una realidad”.

500.000 nuevos españoles

Desde que arrancó la nueva ley Buenos Aires tiene aproximadamente 145.000 solicitudes en marcha. Según las cifras que maneja el portavoz de CeDEU en Cuba las cifras son similares, unos 110.000 descendientes de españoles quieren la nacionalidad. En Uruguay y Venezuela la cifra es menor, unos 50.000 en el primero y 80.000 en el segundo. “En definitiva creemos que entre 400.000 y 500.000 nuevos españoles se verían beneficiados en este plazo de dos años”, afirma.

La gran mayoría de los que residimos en el exterior somos personas con título universitario, con trabajo establecido y si la persona siente la necesidad de emigrar, con todo lo que ello implica, dejar familia, trabajo, serían aportes positivos

“España tiene actualmente dos millones cien mil residentes en el exterior, cifras que con las legislaciones que hubo en estos últimos 30 años, no ha supuesto ningún efecto llamada”, asegura De Hoz, “no se ha visto en ningún momento un proceso migratorio inverso”. De hecho, con la anterior Ley de Memoria Histórica se nacionalizaron 300.00 personas y “según datos de Instituto Nacional de Estadística emigraron un 20%”, afirma.

“La gran mayoría de los que residimos en el exterior somos personas con título universitario, con trabajo establecido”, dice, “y si la persona siente la necesidad de emigrar, con todo lo que ello implica, dejar familia, trabajo, serían aportes positivos para una España que está creciendo y que a futuro puede llegar a necesitar de gente preparada y formada”, comenta. De Hoz recuerda que la población en nuestro país envejece y las previsiones hablan de desequilibrio entre “aportantes y jubilados”.

No niega en ningún momento que contar con la nacionalidad española “da facilidades” para viajar, para venir a formarse, por eso dice que “estamos profundamente agradecidos, además de que es muy sentimental el poder sentirnos ciudadanos españoles”.

Juan Manuel asegura que desde octubre hay consulados que están aplicando la legislación “tremendamente bien” y hace especial mención al trabajo del cónsul general de Buenos Aires, Fernando García Casas, y a su adjunto, Juan Merino, del consulado de Buenos Aires, “tienen muchísimo conocimiento en materia de nacionalidad”, afirma. También destaca la labor de los consulados de Montevideo o de México DF, “aunque tenemos todavía algunos consulados que creemos que son mejorables en cuanto a que acaten algunos cónsules la instrucción”.

El deseo de una circunscripción propia

El camino iniciado hace 13 años ha dado sus frutos. Juan Manuel de Hoz ya es ciudadano español y en su cartera ya lleva el DNI que lo acredita. Pero cree que aún quedan pasos por dar. Una de las aspiraciones de los descendientes de españoles emigrados es evitar los plazos y que el acceso a la nacionalidad no esté limitado en el tiempo. Y tienen también otros objetivos.

La eliminación del voto rogado facilita a los españoles que viven en el extranjero participar en los procesos electorales del país con más facilidades burocráticas y según De Hoz “se va a empezar a dar un nuevo fenómeno, el del peso del voto exterior, que será más importante”. No debemos olvidar que el recuento de este voto en Madrid hizo cambiar la aritmética de la investidura del próximo presidente del gobierno.

“Hay una idea muy bonita que lanzó hace meses desde el Principado de Asturias su presidente Adrián Barbón, la creación de una circunscripción extranjera”, recuerda Juan Miguel. Una idea que él considera que “con el tiempo” va a ser necesaria. “Existe el Consejo de Residentes Españoles en el Exterior”, dice, “pero habrá que tener por lo menos un grupo de diputados y senadores que puedan manifestar en las Cortes aquellas cuestiones y problemáticas que tienen los españoles en el exterior. Italia, Francia y Portugal ya cuentan con ellas”, comenta convencido.

Esta nueva circunscripción evitaría, según De Hoz, una espera de 12 años para lograr “esta hermosa ley”, porque sería más resolutiva a nivel político, “no será un mero órgano consultivo”.

Por ahora, este argentino de 37 años que lleva inoculado en la sangre el amor a nuestro país, que ahora también es el suyo, se conforma con la nueva ley y espera que las amenaza de derogación que en la última campaña electoral se lanzaron desde los partidos de la derecha, no se produzca. No olvida que cuando sus peticiones llegaron al gobierno popular cayeron en saco roto y se negaron a tenerlas en cuenta.

“Estamos muy agradecidos. Esperamos que se siga avanzando en un futuro en esta misma instrucción y se pueda meter, cuando finalicen estos tres años de proceso, una nueva reforma del Código Civil”, repite, “es positivo para los dos lados del charco”.

Hace tres años el Tribunal Supremo cerró la puerta a que la población del Sáhara Occidental nacida antes de 1976 obtuviera la nacionalidad española. Una sentencia que estableció que los ciudadanos de ese territorio nunca fueron españoles y que, si no lo solicitaron en plazo, ya no había nada que hacer. Ahora una nueva decisión de los tribunales madrileños confirma ese criterio y rechaza la petición de un hombre nacido en el Sáhara en 1967, pero uno de los jueces firma un voto particular en el que defiende que la población saharaui sí era española y sus descendientes también pueden serlo.

El Estado español abandonó el Sáhara Occidental en un proceso de descolonización basado en dos leyes: una de 1975 que autorizaba al ejecutivo para “llevar a cabo la descolonización del territorio no autónomo del Sáhara, salvaguardando los intereses españoles”. Y un segundo Real Decreto de 1976 que permitía a los saharauis optar a la nacionalidad española, pero con un plazo extremadamente corto: tenían solo un año para pedirlo.

En la práctica esto implicó la declaración de apátrida de una parte de la población del Sáhara Occidental, que en pleno proceso de descolonización no acudió al juzgado en el plazo de un año que le había dado España. Muchos de ellos, que en ese momento eran niños o menores de edad, acudieron a la justicia y se encontraron con que el Tribunal Supremo les cerraba la vía judicial en 2020.

Ese primer caso fue el de una mujer nacida en Agwanit tres años antes de la descolonización. Su familia se trasladó a los campamentos de refugiados de Tindouf y, según explicó ella misma, pedir la nacionalidad en los plazos marcados por España no era fácil. Ella era menor de edad y sus padres “carecían de información” en plena migración. El resultado: una mujer apátrida residente en Ibiza con un permiso de viaje de Argelia como lo más parecido a un pasaporte.

Ese fue el caso que cortó el paso al resto de saharauis que querían optar a la nacionalidad y que, según alegaron, merecían por haber nacido allí o porque sus padres la hubieran tenido. Recursos que exponían, por ejemplo, que no tenía sentido negar que hubieran tenido la nacionalidad antes de 1975 cuando podían ser funcionarios españoles, tenían un DNI e incluso habían podido votar en el referéndum franquista de 1966 unos pocos años antes.

La respuesta del Tribunal Supremo fue tajante: el Sáhara Occidental nunca formó parte de España, aunque fuera una colonia, y por tanto ni ellos ni sus padres tuvieron nunca la nacionalidad española. Un portazo a poder ampararse en el artículo 17 del Código Civil que reconoce la nacionalidad a los hijos de españoles o, en todo caso, a los nacidos de padres extranjeros si el niño no tiene nacionalidad. “No son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que fue colonia española”, zanjaron los jueces.

Esa sentencia de 2020 marcó el comienzo de una cascada de decisiones en el Registro Civil, en juzgados y en tribunales negando la nacionalidad a personas en situaciones similares: nacidos en el Sáhara Occidental cuando todavía estaba bajo dominio español pero demasiado pequeños para pedir ellos mismos la nacionalidad en el año de plazo legal o con una familia en una situación tan complicada que eso no formaba parte de sus prioridades.

La última de estas resoluciones ha sido dictada recientemente por la Audiencia Provincial de Madrid. Una de sus secciones de lo civil ha rechazado la petición de un hombre nacido en el Sáhara en 1967 y que, por tanto, tenía menos de 10 años cuando se produjo la descolonización. La sentencia repite lo que ya dijo el Supremo en 2020 y refleja lo que establece la ley: que si quería optar a la nacionalidad española él o sus padres tendrían que haberlo pedido, como muy tarde, el 10 de agosto de 1977.

Diversidad de opiniones entre magistrados

Una sentencia del Tribunal Supremo, dictada con unanimidad o sin ella, tiene el poder de marcar el camino al resto de asuntos judiciales similares y muy pocas cosas pueden provocar un giro en la jurisprudencia. Este fue uno de esos casos en los que la sala de lo civil no resolvió el caso de manera unánime, y esa discrepancia también se arrastra hasta la actualidad.

En 2020, cuando el Supremo negó la nacionalidad española a la mujer nacida en el Sáhara en 1973, tres miembros de la sala primera redactaron un voto particular apostando por otorgársela. Los propios magistrados, encabezados por Ángeles Parra, reconocieron que su postura era una “innovación jurisprudencial” pero entendían que las normas que regularon la descolonización vulneraban abiertamente los derechos de la población saharaui.

En el caso de la joven residente en Ibiza, estos jueces discrepantes tenían claro que si ella no era reconocida como española, sus padres sí debían serlo. “Era española porque nació de padres españoles, nacidos a su vez en el Sáhara Occidental y a quienes el Estado español había dotado de la documentación que solo otorgaba a los españoles”, dice el Supremo, recordando que tenían un DNI y un libro de familia expedido por el Registro Civil.

La jurisprudencia del Supremo corta el paso a cualquier recurso pero este voto particular también colea en las sentencias que resuelven estas peticiones, como es el caso del hombre nacido en el Sáhara en 1967 y cuya petición de nacionalidad acaba de ser rechazada por la Audiencia de Madrid. Uno de los integrantes de la Audiencia de Madrid, Miguel Ángel Lombardía, entiende que se le debería haber concedido.

Una descolonización como la que ejecutó España sobre el Sáhara Occidental, explica este magistrado, puede implicar que el territorio sea “un espacio diferenciado” pero no que sus habitantes “puedan verse privados de una nacionalidad que hasta ese momento ostentaban” al haber nacido allí.

En el fondo, duras críticas a la normativa firmada un día antes de la muerte del dictador Francisco Franco: “El Real Decreto puso fin a la condición personal de la población saharaui, suponiendo una indebida privación de la nacionalidad española”, recuerda este magistrado.

La política de España sobre el Sáhara

La denuncia de la población saharaui y los grupos que muestran su apoyo es constante desde la década de los años 70: la desbandada española dejó desprotegidas a miles de personas y a merced de Marruecos. Un conflicto que ha vuelto a la primera línea de la política española con el viraje del Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez sobre el triángulo formado por España, Marruecos y el Sáhara.

Un cambio que llegó los primeros meses de 2022, después de varios desencuentros graves entre España y Marruecos, la crisis migratoria y la estancia en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, entre otros. Después de más de cuatro décadas ciñéndose a las resoluciones de Naciones Unidas, Pedro Sánchez anunció que la propuesta de autonomía de Marruecos como la solución “más seria, realista y creíble”.

En el plano legal, la nacionalidad de los antiguos habitantes del Sáhara ha vuelto este año al Congreso de los Diputados. En febrero echó a rodar en la cámara baja una propuesta de Unidas Podemos –que en pleno debate sobre la nueva posición de España en el conflicto consiguió el apoyo del PP y la abstención de Vox– para dar la nacionalidad “por carta de naturaleza” a la población saharaui nacida “bajo soberanía de España” antes de 1976 y aunque no tengan residencia legal.

Hay pocas cosas más fijas en la vida que el lugar donde naciste y el lugar en el que te criaste. Y parece que se convierten en parte inamovible de nuestra identidad:

—¿De dónde eres?

Esa identidad asociada a un territorio:

—Soy de Málaga, aunque nací en Cádiz.

Ese territorio, en el que se habla una lengua, con un acento, con una tonalidad, que a su vez, asociamos a nuestra identidad. 

—¿De dónde es tu acento?

Pero a veces, se usa la lengua como vara de medir una identidad:

—¿Por qué no hablas chino si tus padres son chinos?

Recuerdo cuando perdí mi acento andaluz, aunque en Madrid la gente dice que tengo un deje malagueño. En Andalucía consideran que mi acento es madrileño. Y yo considero que, aunque me da mucha pena haber perdido mi acento, es consecuencia lógica de los 15 años que he vivido Madrid. De vuelta en Málaga, la ironía es que me resulta más extraño escuchar a mi alrededor andaluz que madrileño.

Mi relación con el chino es compleja. Hablo un dialecto. Lo aprendí al escucharlo en mi familia. Mucho tiempo me sentí mal, porque pensaba que era “malo” no hablar chino mandarín. Recientemente, en un viaje a EEUU aprendí los términos “Heritage learner” y “Heritage speaker” (“Aprendiz por herencia” y “Hablante de herencia”), para los que saben una lengua por su familia. Y me hizo feliz saber que había un término para mí, sin yo tener que conocerlo más o menos, sino que el lenguaje recogía lo que había en la calle.

Silvia es de Granada, pero lleva 30 años viviendo en EEUU. Silvia dice que siente una puñalada en el corazón cuando va a Granada y le comentan:

—¡Qué bien hablas español!

Pero es consciente de que su forma de hablar ha cambiado, su sintaxis está inevitablemente influenciada por sus 30 años de hablar cotidianamente inglés, e incluso “la musiquilla” con la que hablan en Graná ya no la tiene, me decía. Yo la escuchaba, y sonreía cuando, al hablar, hacía una pausa para pensar y decía: “Uhm…”. Una onomatopeya muy anglosajona comparado con el español “eeh”.

Silvia a veces habla en spanglish y a veces en un castellano anglosajonizado (que no es spanglish, ya que, en este caso, se usa el castellano pero con una sintaxis influenciada por el inglés). 

Sandra es de Reus, pero lleva ya casi una década en Madrid. Me expresaba con pena que su catalán se ha quedado “como en el momento en el que se fue de Cataluña”. Que volvía a Reus y había expresiones que no se usan ya o, al revés, nuevas formas de decir las cosas. Dice que es una pena que use el diccionario catalán para corroborar si lo que ha escrito está bien. Se sentía mal, me decía; quizás hasta un poquito culpable, notaba yo. Pero como absolutamente todas sus amistades hablamos castellano y todo lo que lee es en castellano, había perdido nivel su catalán.

Sandra a veces dice cosas como “crosta” en vez de costra. 

“Agua pasada no mueve molinos”, me suele decir mi compañero, pero el tiempo pasado parece que sí nos ancla a una identidad: la granaína, la catalana, la malagueña. Y la lengua, viva y cambiante, nos recuerda cada día, cada vez que abrimos la boca y nos comunicamos, que hay algo que ya no está. Que ya no eres la granaína, la catalana, la malagueña. Que hay una nueva palabra, una nueva onomatopeya, una nueva expresión de moda y tú ya no estás ahí para haber visto el cambio, para haber mantenido tu acento. Y que es imposible hablar un slang callejero de un lugar en el que no vives.

Yo creo que es un duelo. El duelo por esa persona que fuimos en ese pasado (que quizás idealizamos). Porque en la evolución, en el cambio, hay algo que se deja atrás. Y eso duele y da pena, e incluso lo podemos interpretar como una traición a nosotros mismos. La primera vez que me di cuenta que se me escapó un laismo (“Que la pasa”) pensé: ¡Cómo he caído yo en esto!

Creo que está bien sentir pena o tristeza por ello, porque lo que fue importante para nosotras, es lógico que duela. Pero que el duelo no nos impida ver que, en esencia, seguimos siendo nosotras mismas, que una escala en el nivel del lenguaje o acento para intentar ser más tú es una idiotez, porque tú ya eres tú.

El pasado mes de octubre entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, y una de las sus medidas más celebradas en los países receptores de la inmigración española de la Guerra Civil y posguerra fue la nueva triple puerta de acceso a la nacionalidad española que se abrió por un periodo de dos años, hasta octubre de 2024. Por un lado, para descendientes de exiliados hasta segundo grado, incluyendo a nietos, pero también para quienes hubieran salido de España por otros motivos (como puede ser la búsqueda de prosperidad económica), entre 1936 y 1955; en segundo lugar, para aquellas hijas e hijos nacidos fuera de España de madres que perdieron su nacionalidad española por haberse casado con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978; y, finalmente, para descendientes mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad de acuerdo a la norma anterior, la derogada Ley de Memoria Histórica en 2007. 

Este triple acceso se frenaría en seco en el caso de que el Partido Popular ganase las próximas elecciones generales el 23 de julio, ya que la norma de octubre sería derogada por el nuevo gobierno, tal y como ha reiterado el candidato Alberto Núñez Feijóo esta misma semana en una entrevista en Onda Cero.

Las primeras estimaciones del Ministerio de la Presidencia, proponente de la Ley, cifraban en 350.000 las potenciales personas beneficiarias de estas medidas. Seis meses después, hasta el 31 de marzo de 2023, se habían aprobado en las oficinas consulares en total 26.477 solicitudes de adquisición de la nacionalidad española al amparo de la nueva Ley, mayoritariamente en Argentina, México y Cuba. 

La respuesta de los diferentes consulados al momento de recibir peticiones  de acuerdo a esta triple posibilidad no está siendo igual en todos los lugares. A la inicial esperanza de miles de descendientes de emigrantes, en algunos países se están dando casos de retraso en las tramitaciones, silencio administrativo o, incluso, denegaciones basadas en interpretaciones contrarias a la norma que comienzan a generar desconfianza y decepción en las familias.

elDiario.es ha podido hablar con varios solicitantes en distintos países. Remiten falta de recursos humanos, de organización y también de actitud contraria a la aplicación de la nueva normativa. Los nombres han sido cambiados o reducidos a iniciales a petición de las personas entrevistadas, siendo un pensamiento común el “miedo a que se retrase aún más mi petición de nacionalidad si se publica mi nombre”.

“A finales de mayo ya se habrán cumplido seis meses y no tengo información sobre mi trámite”, remite Antonio, hijo de un exiliado de la posguerra, desde México. Explica así la falta de respuesta desde la oficina consular de Monterrey a la solicitud que comenzó a cursar en noviembre, recién entrada en vigor la Ley. Fue de los primeros: “Me dijeron que posiblemente para marzo o abril estaría listo mi trámite por ser el más sencillo como hijo de español, no nieto, pero no me están respondiendo los mails”.

Opina que lejos de ser un tema de falta de personal, “acaba siendo un tema de pésima atención al ciudadano. Pareciera que te están haciendo un favor con algún trámite, cuando en realidad es un servicio al ciudadano”. Le angustia pensar que pasen los meses y se cumpla el plazo de dos años abierto por el Gobierno español para estas nacionalizaciones de hijos y nietos de emigrantes sin que consiga su pasaporte. 

En Sao Paolo, Brasil, sí están respondiendo, escudándose eso sí, en la falta de personal. En una respuesta fechada hace escasos días, con firma del consulado general de esta ciudad, se confirma que desde el 13 de diciembre no se están adjudicando credenciales para las nuevas solicitudes de nacionalidad que llegan. “Mientras se mantenga la actual fuerza laboral de este consulado general, (la espera) superará varios meses y quizás años” se puede leer en el correo electrónico.

A continuación se transmite al ciudadano una queja que parece destinada a instancias superiores. “Mientras algunos consulados han obtenido autorización para contratar con carácter temporal varias decenas de trabajadores, este consulado ha debido hacer frente al incremento de trabajo con cuatro bajas en su plantilla” y se añade que “dentro de menos de un mes, una nueva baja voluntaria volverá a dejar al consulado en una situación crítica”.

Descendientes de emigrantes brasileños están localizando estos días a autoridades españolas del Ministerio de Exteriores en sus redes sociales, solicitando su amparo. P.B, bisnieto de gallegos y andaluces y que está intentando tramitar la nacionalidad de su padre, ha conseguido que le respondan desde Twitter y tras varios intentos ha recibido un escueto “estamos en ello. Gracias por tu mensaje”.

En Mendoza, en la región de Cuyo en Argentina, la oficina consular española solo da seis citas al día para rectificar errores. En los papeles de Sagrario, al apellido de su abuelo paterno español le sobraba una letra o en los documentos argentinos que hace que no coincidieran con los documentos españoles, y tuvo que hacer hace poco noche en la puerta junto con otras cincuenta personas, para ser una de las seis personas agraciadas y solucionarlo. A su madre de 82 años le faltan también papeles, pero no quiso llevársela esa noche. Pasó miedo, tuvieron que llamar en la madrugada a la policía, hacían guardias para no dormirse. 

“Fue totalmente desmoralizante, pasar toda la noche, entregar los papeles, que vean que a la partida de nacimiento que había salido de España no le habían puesto la fecha. Volví a casa devastada, llorando del cansancio”, explica. Ha conseguido que vuelvan a enviar la partida directamente desde España al consulado y que no tenga que volver a pernoctar en la puerta.  “Realmente esto te tira abajo. Pienso, ¿cuánta gente dejará así de insistir, de pedir por su derecho? Es una pena.”

El Ministerio de Hacienda autorizó a finales de abril la contratación de hasta 460 efectivos en consulados y embajadas españolas que responderán a las necesidades de refuerzo para gestionar esta derivada de la Ley de Memoria Democrática, así como la tramitación del voto exterior para las elecciones autonómicas y generales de este año 2023. De ellos, de momento se han incorporado 150 funcionarios y funcionarias en varias embajadas del continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá. 

Esta situación no se da de forma generalizada. “Se está actuando muy bien, por ejemplo, en Buenos Aires y Rosario en Argentina; Montevideo en Uruguay, en Caracas (Venezuela) y en La Habana (Cuba)” explica al teléfono Juan Manuel de Hoz desde el Centro de Descendientes Españoles Unidos, Ce.DEU, asociación que negoció activamente en la elaboración del texto final que amplía las posibilidades de nacionalización en la norma aprobada en noviembre, que se conoce en Latinoamérica como la Ley de Nietos. Han detectado errores en Santiago de Chile, Mendoza y Monterrey en México, Salvador de Bahía y Río de Janeiro en Brasil y, fuera de Latinoamérica, en Montreal (Canadá) y Amsterdam (Países Bajos).  

Tres ministerios han sido consultados para recabar la valoración sobre qué puede estar pasando: Exteriores, Justicia y Presidencia, de donde cuelga la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Ninguno ha emitido ningún tipo de juicio sobre la situación. De Hoz, por su parte, lo atribuye a posible falta de conocimiento de parte del cuerpo funcionarial que ocupan puestos jerárquicos,  falta de lectura de las instrucciones o incluso de coordinación interministerial entre Exteriores, de quien depende el personal diplomático, y Justicia, encargada de emitir la instrucción que explica los pasos a seguir en la tramitación de todos los supuestos. Caso aparte son las graves irregularidades de interpretación de la norma que han detectado en Montreal, en Canadá, y que atribuye a “una cuestión de índole ideológica contraria a la aplicación de la ley o instrucción”. 

¿Español? El que nace en España 

“Se entiende que tanto la Ley 20/2022 como la interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y del espíritu de la ley, es refundar los dos supuestos distintos de opción que se refieren en todo momento a situaciones de expatriación o de exilio, es decir, de personas originariamente españolas, entendiendo como tales las nacidas en España”. El párrafo anterior es un extracto de la resolución negativa de petición de nacionalidad española al amparo de la nueva ley firmada por el cónsul de Montreal Ernesto de Zulueta Habsburgo-Lorena el pasado 18 de mayo. En él, se reduce la condición de “personas originariamente españolas” a las nacidas en España, lo que contraviene directamente el artículo 17 del  Código Civil, en el que se define claramente que españoles de origen son los nacidos de padre o madre española, sin necesidad de que el nacimiento sea en territorio nacional. De ser asumible la argumentación del diplomático, él mismo, nacido en Nueva York en 1961 no podría contar con pasaporte español, ni tampoco, por citar un ejemplo conocido, el rey emérito Juan Carlos, nacido en Roma en 1938.

Desde el Ministerio de Exteriores no han querido entrar a valorar este escrito, y se limitan a remitir al derecho de recurso ante el Ministerio de Justicia, responsable de la aplicación de la normativa del registro civil.

“La instrucción de Justicia sobre la aplicación de la Ley no obliga  a que se haya nacido en España para ser víctima de expatriación”, explica Juan de la Hoz. “Simplemente ser hijo o nieto de alguien originariamente español”. Este texto ha motivado una carta de queja enviada desde la asociación Ce.DEU al ministro de exteriores José Manuel Albares. “No es posible consentir ni tolerar semejantes excesos que cruzan y vulneran la delgada línea de la legalidad por parte de un funcionario jerárquico del servicio exterior de España”, reza la carta. Han recibido respuestas informales del entorno del ministro y del partido socialista asegurando que “estaban en ello”. 

No es el único caso del consulado de Montreal. Daniel acaba de recibir el mismo tipo de respuesta desde el consulado, reinterpretando los supuestos de la ley. “No quieren reconocer la nacionalidad española de mi abuela por haber nacido en Argelia, cuando sus dos padres eran españoles”, explica en conversación desde Canadá. Ha aportado el certificado de nacimiento español de sus bisabuelos siguiendo la normativa, pero no ha servido. “Entendemos que su abuela no nació en España, por lo que no respondería a los requisitos exigidos por la Ley de Memoria Democrática”, le contestaron en un email, añadiendo que, por tanto, “su abuela no habría perdido la nacionalidad española como consecuencia de haber padecido exilio”. De nuevo, ni la Ley ni su posterior instrucción de aplicación exigen primero, que los antepasados hayan nacido en España, sino que sean españoles, ni que hayan sufrido exilio o expatriación.  

En el caso de Daniel, se da la circunstancia de que su hermana desde París y con la misma documentación sí ha conseguido tramitar su solicitud de nacionalidad, y que haya sido aceptada con los mismos papeles que a él en Montreal le han rechazado. Ambos ya cuentan con pasaporte europeo, ya que poseen la  nacionalidad francesa por parte de madre, por lo que añade, “no es cuestión de que yo necesite nacionalidad española, pero tengo derecho de tenerla, es la historia de mi familia. Quiero mi derecho de ser español porque me siento así también”. Recuerda a su padre y abuelo que “no pudieron tener la nacionalidad nunca. Es un derecho, mi derecho”.

Cuando Safia El Aaddam (Tarragona, 1995) cumplió 18 años pensó en aquellas nuevas experiencias que podría experimentar al alcanzar la mayoría de edad. Con ilusión, pero sin darle entonces demasiada importancia, apareció en su mente el derecho al voto. No fue hasta un tiempo después, con la aproximación de la fecha de las siguientes elecciones, cuando se enteró de que ella no podría acudir a las urnas. Entendió entonces que votar también puede ser un privilegio.

El Aaddam no pudo elegir a sus representantes, mientras lo hacían el resto de sus compañeros de clase. Tampoco ha tenido ese derecho en ninguna de las siguientes convocatorias electorales durante sus siguientes nueve años de vida.

En España, un bebé no recibe la nacionalidad por el hecho de haber nacido en suelo español, sino que hereda la nacionalidad de sus padres −salvo excepciones−. Y Safia obtuvo el mismo pasaporte de sus padres: el marroquí. Alcanzada la mayoría de edad, comenzó el proceso para obtener la ciudadanía española, pero las constantes trabas administrativa retrasaron el trámite hasta el año pasado.

La activista y trabajadora social Safia El Aaddam, conocida como Hija de Migrantes, consiguió el pasaporte español con 27 años. Por primera vez, podrá votar con su nombre y apellidos el próximo 28 de mayo.

Aunque El Aaddam ya pudo elegir una papeleta en anteriores comicios y votar gracias a la iniciativa 'Te cedo mi voto', impulsada por ella misma en 2019. La campaña conecta a personas que prefieren abstenerse con ciudadanos inmigrantes o hijos de inmigrantes sin derecho a voto. Además de permitir a miles de personas sin nacionalidad escoger a sus representantes, el movimiento se ha convertido en una herramienta para denunciar la falta de acceso al voto de la población migrante en España.

Tras casi diez años de batalla administrativa para conseguir la nacionalidad española, se la han reconocido. Después de lanzar la campaña 'Te cedo mi voto' para denunciar la falta de acceso al voto de personas migrantes o hijos de migrantes, las próximas elecciones del 28 de mayo podrá acudir a las urnas por primera vez. ¿Cómo se siente?

Es un sentimiento agridulce porque llevo demasiado tiempo luchando por un derecho que me han arrebatado desde el nacimiento. Porque yo nací en España, pero he conseguido la nacionalidad española a los 27 años. Me parece injusto porque sé que hay miles y miles de personas que van a seguir sin poder votar, van a seguir encontrándose muchísimas trabas en las oficinas de extranjería. Queda mucho por hacer.

Ya no voy a ir a votar con la ilusión con la que quería votar cuando cumplí los 18 años, porque me encontré con ese muro que he tenido que saltar muchas veces. El 28M podré votar, pero eso no me quita la rabia. Votaré con la conciencia de elegir a quien de verdad esté comprometido con el antirracismo y con los derechos de las personas migrantes. 

¿Cómo recuerda las primeras elecciones después de haber cumplido la mayoría de edad? 

Sentí una impotencia tremenda porque no entendía por qué mi amigo Juanito sí podía votar, sí tenía la nacionalidad española, y yo tenía que seguir un proceso totalmente distinto y tenía que esperar no sé cuántos años, someterme a unos exámenes para la nacionalidad española, pese a haber nacido aquí, pagar por ellos, no poder votar… Los dos habíamos nacido en el mismo país. La diferencia era que sus padres eran españoles y los míos no.

Da impotencia saber que los políticos se dejan fuera a más de cinco millones de personas, entre ellas, hijas de inmigrantes que han nacido en España. Da impotencia ser consciente de que, básicamente, ni se dirigen a nosotras, nos arrebatan la voz y no podemos decidir en el país en el que hemos nacido, en el que hemos decidido vivir, residir, formar familias o lo que sea.

No estamos hablando de turistas, estamos hablando de gente que ha nacido en España y de gente que lleva años aquí y que cumple con todas las obligaciones. Se le exige cumplir con todas las obligaciones. ¿Entonces? ¿Esto es una democracia? Para mí no lo es.

¿Cómo explicaría cómo puede ser que una persona que haya nacido en España no pueda votar y no tenga una nacionalidad?

Esta situación es una realidad. Es bastante común en los márgenes. Parece una anécdota porque no se habla de ello habitualmente en los medios y la gente desconoce que estos problemas existen.

Cuando empecé con el activismo, había muchísima gente que no sabía que nacer en España no te hacía automáticamente española. Pero es así. Y, si no tienes la nacionalidad española, no puedes votar. En España no puedes votar porque si tú heredas el estatus legal de tus padres, es decir, si tus padres están en situación irregular, tú vas a estar en situación irregular pese a que hayas nacido en España. Y si tus padres no están empadronados, no pueden empadronarse porque viven en la calle, porque viven en donde sea, tú tampoco vas a estar empadronada. Entonces vas a estar en una pescadilla que se muerde la cola sin poder regularizar tu situación. Y si tus padres tienen residencia, un NIE, pero no la nacionalidad, tú tienes que heredar el NIE y, con ello, la nacionalidad de tus padres. Eso implica que tú no vas a poder votar hasta que solicites la nacionalidad española. 

Y solicitar la nacionalidad tampoco es fácil ni rápido.

Solicitar la nacionalidad española conlleva cumplir con una serie de requisitos, ingresos, empadronamiento y que tus padres también conozcan el idioma, conozcan todos estos entramados burocráticos y que tengan pasta para poder meterse en ello. Porque hay que pagar unas tasas que no son baratas. Y, además, pedir al país de origen unos certificados de antecedentes penales y una documentación que tampoco son baratos. Luego la nacionalidad por cabeza te puede salir por 400 euros fácilmente. 

Hay personas que no la han pedido porque no podían asumirlo económicamente o porque no tenían la información suficiente.

Además, antes, muchos funcionarios decían que tener un NIE permanente era lo mismo que tener la nacionalidad española. Lo decían porque a nosotros no nos situaban en la política, no nos situaban como sujetos políticos activos ni pasivos. Y luego nos dábamos cuenta de que tener un NIE no es lo mismo que tener la nacionalidad española, porque hay muchísimos derechos que tienes recortados: no puedes trabajar para el Estado, votar, hacer el Erasmus en los países en los que lo hacen tus compañeros, no puedes recibir algunas becas…

¿Cuándo decide arrancar la campaña 'Te cedo mi voto'? ¿Por qué lo hace? 

A mí me interesa la política desde siempre, toda mi familia es muy política. Mis familiares son del Rif y siempre han tenido un papel fundamental en política y en relación a la resistencia colonial. 

Iban a celebrarse las elecciones generales de 2019, yo estaba haciendo activismo por redes sociales y me solían invitar a programas a hablar del voto migrante, cuando yo no era migrante. Entonces, llega un punto en el que exploto de impotencia y en el que cuento a través de redes sociales la situación de las hijas de inmigrantes sin nacionalidad. Y, en ese momento, empezó a escribirme gente que se le ocurría cederme el voto por redes sociales para denunciar toda esta problemática de que no podía votar. 

Empecé a ver que había más de una persona que quería ceder el voto y pensé que quizás sería buena idea ponerla en contacto con otras personas. Así salieron miles de votos cedidos y miles de personas que pudieron votar a través de la campaña que, a día de hoy, sigue activa. Para las próximas elecciones ya hay 300 personas que ceden su voto. 

Les llegarán muchísimas historias de gente que no puede votar… ¿recuerda alguna?

Fue muy bonito porque la gente iba a votar junta. Empecé a recibir mensajes de personas que llevaban 30 o 40 años en España y que nunca habían podido votar. Algunas, además, huían de países gobernados por una dictadura donde nunca habían podido votar y, al llegar aquí, se toparon con otra dictadura: la dictadura del racismo.

Con la campaña, han podido votar. Para mí es súper bonito y se suma a la denuncia de cientos de colectivos que desde hace años denuncian el derecho a voto de las personas migrantes. Con esta campaña nos sumamos a esa denuncia pero, además, actuamos. Y esto llama mucho la atención, sobre todo a partidos de extrema derecha que salen con amenazas. 

¿Recibió amenazas con la campaña?

He recibido todo tipo de amenazas cuando salió la campaña de 'Te cedo mi voto'. Amenazas de muerte y amenazas de denuncias. Vox me llegó a denunciar en las últimas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, pero la denuncia se archivó porque se concluyó que era una campaña simbólica. Interior concluyó que no había delito, no me estaba lucrando, ni se estaban vendiendo votos ni comprando votos.

En las elecciones autonómicas y generales no se puede votar sin tener la nacionalidad española. En las municipales, en cambio, sí pueden votar algunos ciudadanos extranjeros, pero solo los europeos y los nacionales de aquellos países que cuentan con un acuerdo de reciprocidad con España. Así, el 28M podrán acudir a las urnas personas de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago −si se han apuntado en el censo previamente−. ¿Cómo valora ese criterio para elegir quién puede votar y quién no?

No tiene ningún sentido que sea por reciprocidad. Esa lista se aleja mucho de la realidad migratoria que hay en España. Las nacionalidades que más tienen presencia en este país son las que no pueden votar. Y, además, incluso los ciudadanos procedentes de estos 13 países tienen que apuntarse en el censo, en unos plazos determinados y se chocan con falta de información y trabas administrativas para hacerlo.

El cónsul general de España en la provincia argentina de Mendoza, Ramón Blecua, le ha trasladado a la presidenta de Navarra, María Chivite, que en las últimas semanas se ha registrado bastante demanda“ de solicitudes de la nacionalidad española por parte de argentinos descendientes de navarros amparándose en la ley de Memoria Democrática.

La nueva norma, que está en vigor desde el pasado octubre, amplía las solicitudes de la nacionalidad española a descendientes de padres, madres, abuelos o abuelas que originariamente eran españolas pero que perdieron o renunciaron a esta nacionalidad como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual durante la Guerra Civil y el franquismo.

La jefa del Ejecutivo foral ha señalado que estas nuevas solicitudes conllevarán la necesidad de “establecer vínculos todavía más estrechos de los que había hasta ahora”.  En este sentido, María Chivite, ha destacado que la presencia del Gobierno de Navarra estos días en Argentina, con motivo del encuentro de colectividades navarras en este país, “es más importante si cabe” y ha remarcado también las políticas de retorno del talento puestas en marcho por el Ejecutivo. 

Innovación de la industria vitivinícola

Chivite y Ramón Blecua también han coincidido en fortalecer los lazos económicos entre ambas regiones con nuevos proyectos de futuro relacionados con la innovación de la industria vitivinícola, que se enfrenta al reto de la sostenibilidad y de la digitalización. 

En el encuentro también han participado la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, y el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, así como una docena de representantes del ámbito institucional, económico y universitario de Mendoza. 

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de Navarra ha destacado la necesidad de buscar “puntos de encuentro que beneficien económicamente a ambas regiones”. En este sentido, además del vino, el cónsul en Mendoza ha señalado otros sectores donde es posible la colaboración entre Navarra y Mendoza como la nueva oferta turística ligada a la gastronomía o la economía del conocimiento. 

Uno de los proyectos que se han puesto en común es el desarrollado recientemente en Navarra mediante una modelización, conocida como gemelos digitales, que permite realizar simulaciones virtuales de una situación real. Así, ha sido posible formar a estudiantes de ingeniería y de formación profesional sobre cómo debe realizarse la poda de los sarmientos para que la vid sea lo más productiva posible. 

No habrá recurso y la pequeña será española. Aunque la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, un organismo estatal dependiente del Ministerio de Justicia y que históricamente había sido conocido como Dirección General de Registros, había dado la orden por escrito a la Abogacía del Estado de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para tratar de revocar la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que concedía la nacionalidad española a una niña de madre camerunesa que nació en su trayecto migratorio, en concreto en la ciudad marroquí de Agadir, el Gobierno ha tomado la decisión política de no recurrir, según recalcan fuentes oficiales.

Antes, fuentes conocedoras de este procedimiento habían indicado que el recurso ante el alto tribunal sería presentado la semana que viene. La sentencia de segunda instancia se ha conocido esta semana pero fue emitida a mediados de mayo, por lo que el plazo para la presentación de recursos ante el Supremo expiraba en breve. El Gobierno subraya ahora que ni la ministra, Pilar Llop, ni el secretario de Estado ni otros altos cargos habían dado tal orden de presentar un recurso a la Abogacía del Estado.

La niña entró en España por Tarifa en patera como apátrida con su familia el 8 de mayo de 2018 y la madre se instaló inicialmente en la localidad cordobesa de Montilla y, fruto de la mediación de Cáritas, luego se trasladó a Donostia. Ni Camerún ni Marruecos ni España habían accedido a registrar el nacimiento de la niña. En el caso español, el Registro Civil rechazó la demanda y, después, el Estado se ha opuesto cuando el caso saltó a un juzgado de primera instancia de Donostia y después ante la Audiencia Provincial. Ahora se ha conocido que no seguirá pleiteando ante el Supremo a pesar de la posición técnica favorable a hacerlo.

La resolución judicial, firmada por los magistrados Luis Blánquez, Felipe Peñalba y Ane Garay, remarca que la “apatridia” había hecho que el Ayuntamiento donostiarra denegase también el empadronamiento y, con ello, no ha sido posible “cambiar de centro escolar, [...] cursar actividades extraescolares y [obtener] tarjeta sanitaria” de Osakidetza“. Desde ámbitos sociales se había considerado este fallo como ”pionero“ al dar contenido a los tratados internacionales que se refieren a los derechos de la infancia y al dar resolución a un laberinto administrativo entre tres países. Se había utilizado el derecho ”para solucionar problemas sociales“, en palabras de Cristina Manzanedo, coordinadora del Proyecto Odös, que ha dado apoyo a la madre en el proceso.

Según las fuentes consultadas, inicialmente se esgrimía formalmente que existen acuerdos bilaterales con Camerún que establecen con claridad que los descendientes de cameruneses tienen esa nacionalidad y se remarcaba que la niña no nació en territorio español, lo que sí supondría automáticamente la concesión de la nacionalidad. Sin embargo, había también como argumento de fondo un posible “efecto-llamada” de madres migrantes que lleguen a las costas españolas con hijos pequeños y que esgriman este precedente “dudoso” por el papel de Marruecos para obtener la nacionalidad.

Asimismo, a lo largo del proceso, el Ministerio de Justicia explicaba también que “no se ha producido vulneración de ninguno de los derechos fundamentales” ya que “los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que garantiza” la Constitución “en los términos establecidos por los tratados y la ley”. El “mero hecho de ser apátrida” no da derecho a la nacionalidad, argumentaban, e insistían en que “la menor no ha nacido en España, sino en Marruecos”.

En el proceso, en todo caso, ya había quedado patente la dificultad para acceder a la nacionalidad de Camerún. La embajada de este país africano en España propone que la familia o acuda a la embajada en Marruecos o bien a la propia Camerún para hacer el papeleo. Pero se alegaba que una menor sin documentación tiene imposible cruzar fronteras o embarcar en un avión, por ejemplo. La sentencia de primera instancia indicaba, además, que se estaba empujando “de facto” a que la madre “abandone” a la niña en España para “iniciar un proceso judicial” en África “que tampoco garantizaría la adjudicación de la nacionalidad”, a lo que se añade que esta familia no dispone de recursos económicos para poderlo afrontar.