En septiembre de 2025, una conversación entre Xi Jinping y Vladímir Putin captada al vuelo por los micrófonos de los medios llamó la atención del mundo. De camino a un desfile militar, el presidente ruso comentaba al líder chino que, gracias al desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos podrían trasplantarse constantemente, permitiendo a las personas “volverse más jóvenes, tal vez incluso inmortales”. A través de su traductor, Xi Jinping respondió aludiendo a las predicciones de que, para finales de este siglo, los seres humanos pueden llegar a vivir hasta 150 años.

Más allá de la anécdota, esta conversación casual entre dos de las personas más poderosas del mundo refleja el espíritu de una época. Aunque la humanidad ya fantaseó en el pasado sobre los elixires de la eterna juventud, solo el avance de la ciencia en las últimas décadas ha hecho posible esta obsesión de las élites por extender la vida y soñar incluso con la inmortalidad. Pero, ¿en qué situación estamos realmente y qué parte de verdad subyace en esta conversación de Putin y Xi Jinping? ¿Hasta qué punto hay una revolución en curso y cómo distinguimos los avances reales del solucionismo tecnológico o las fantasías de los líderes autoritarios?

Hace ahora alrededor de 15 años, un prestigioso científico español que trabajaba en California me dio un aviso: algunos empresarios del mundo de Silicon Valley estaban invitando a fiestas y reuniones privadas a expertos en longevidad como él para sacarles información. Parecían obsesionados con la idea de alargar sus vidas y el envejecimiento les parecía un problema de ingeniería, igual de resoluble que las dificultades a las que se enfrentan a diario en el mundo de la programación. En aquel momento, los científicos estaban consiguiendo avances asombrosos en los laboratorios, como alargar la vida de los ratones con reprogramación celular y probando prometedoras sustancias como la rapamicina, la metmorfina o los senolíticos. Estirar la vida más allá de los límites biológicos parecía al alcance de la mano.

El entusiasmo se contagió al movimiento ‘biohacker’, un grupo de chalados con conocimientos elementales de genética que aspiraban a aumentar sus capacidades por el procedimiento de “hágaselo usted mismo” en el garaje de su casa. La fiebre llegó al mundo de la ficción y, en 2014, la cadena HBO retrató aquella obsesión de los líderes tecnológicos por la eterna juventud en una serie llamada Silicon Valley. En ella, el CEO de una gran empresa tecnológica de California se hace acompañar de un ayudante joven, un ‘socio de transfusión’, cuya sangre se inyecta regularmente para retrasar el proceso de envejecimiento, un procedimiento conocido como ‘parabiosis’.

Esta idea estrafalaria se materializó en el mundo real cuando la empresa Ambrosia, con sede en Monterrey, empezó a ofrecer a sus clientes inyectarles un litro y medio de sangre joven para analizar después los biomarcadores en busca de mejoras medibles. En 2019, la agencia de medicamentos de Estados Unidos (FDA) declaró que estas transfusiones no tenían beneficio clínico probado y podían ser peligrosas. La empresa tuvo que cerrar, pero esto no detuvo los delirios vampíricos de algunos millonarios. En el reciente documental No te mueras: El hombre que quiere vivir para siempre (Netflix, 2025) vimos al empresario tecnológico Bryan Johnson intercambiar plasma sanguíneo con su propio hijo, como parte de una de las numerosas terapias y procedimientos a los que se somete para intentar vivir eternamente.

Moviendo las fronteras éticas

Visto con perspectiva, la ‘parabiosis’ no es el único planteamiento descabellado que amenaza con convertirse en realidad, en un terreno en el que la ciencia rigurosa y el puro disparate se entrecruzan a menudo. El ascenso imparable de los tecnoligarcas está empujando los límites éticos en numerosos campos. En el terreno de la biotecnología hay iniciativas que abogan de manera explícita por editar genéticamente embriones humanos para seleccionar sus características, en contra de los tratados de bioética y jugando con ideas que recuerdan mucho al movimiento eugenésico. Hay empresas que no solo ofrecen la selección del futuro bebé por su inteligencia, sino por los años que van a vivir, revelando la ambición de los millonarios de alcanzar la vida eterna y dejarla como un legado para sus descendientes.

Muchas de estas ideas se encuadran dentro de un movimiento llamado ‘pronatalismo’, que defiende la mejora genética de los individuos mediante herramientas biotecnológicas y parte de premisas profundamente racistas. Sus defensores más visibles son la pareja de Simone y Malcolm Collins, quienes abogan públicamente “promover tasas de natalidad más altas entre las poblaciones económica e intelectualmente productivas” gracias al cribado poligénico y la selección de embriones, en línea con la conocida ‘teoría del reemplazo’. “Solo las culturas con una fuerte motivación externa para tener hijos están muy por encima de la tasa de repoblación en este momento; todos los demás entrarán en el basurero de la historia”, defienden.

Privado y secreto

En este contexto, la ‘carrera privada contra el envejecimiento’ se ha convertido en una realidad palpable. Grandes figuras del mundo tecnológico y financiero han hecho de la longevidad un nuevo campo de inversión y han destinado miles de millones a biotecnologías que pretenden extender la vida y retrasar el envejecimiento. Los fundadores de Google, por ejemplo, crearon la empresa Calico, con alrededor de 1.500 millones de dólares para investigar en la materia y otros conglomerados como la Fundación Matusalén o el Fondo para la Longevidad inyectan dinero en empresas de biotecnología que abren nuevos campos de investigación. Más recientemente, Retro Biosciences, impulsada por Sam Altman (el CEO de la empresa responsable de Chat GPT), está reuniendo fondos para usar inteligencia artificial en revertir el envejecimiento celular y llevar candidatos terapéuticos a ensayos clínicos humanos.

En los últimos años, la advertencia que me había hecho mi fuente sobre la situación en Silicon Valley se ha ido convirtiendo en una realidad y estas empresas han empezado a fichar a los científicos más prominentes de su campo.

Un buen día llamé a dos de los referentes españoles en longevidad y ambos me contestaron por separado que a partir de aquel momento ya no podían contarme nada. Acababan de fichar por la empresa Altos Lab, fundada por el millonario ruso Yuri Milner con el apoyo de Jeff Bezos. El proyecto, para el que también han fichado a otros tres investigadores españoles, está envuelto en el más absoluto secretismo. Parece que las fiestas privadas en Silicon Valley acabaron dando su fruto.

Los sueldos y recursos ofrecidos por Altos Labs, muy superiores a los de la academia y los centros punteros de investigación, han atraído a investigadores de alto perfil que normalmente se han formado en universidades o centros públicos que hemos pagado entre todos. Aunque sus protagonistas defienden que este conocimiento llegará, de un modo u otro, al resto de la sociedad, lo cierto es que esta fuga de cerebros o migración de talento altamente cualificado podría interpretarse como una extracción del conocimiento colectivo con fines particulares. Como ha señalado la historiadora de la ciencia Naomi Oreskes, la integridad de la investigación se pone en cuestión cuando determinadas personas pueden influir en qué líneas avanzan más rápido simplemente porque ellos pueden pagarlas.

El club de los inmortales

Sobre la idea sugerida por Putin a su homólogo chino acerca de reemplazar órganos humanos de forma continua, como si fueran las piezas intercambiables de un automóvil, por suerte estamos todavía muy lejos. Los avances en xenotrasplantes (el uso de órganos procedentes de animales como los cerdos) han sido espectaculares y se trabaja en la aplicación de un tipo concreto de medicamentos, los llamados senolíticos, para eliminar las células senescentes de los órganos donados por personas mayores e implantarlos a receptores jóvenes.

Mientras la ciencia seria estudia vías para hacer frente a la escasez de donantes y el rechazo inmunológico, una rama fantasiosa del negocio sirve para embaucar a los millonarios tecnológicos y aprovechar su falta de escrúpulos. Unos meses después del comentario de Putin, supimos por el periodista Antonio Regalado, de la revista MIT Technology Review, que el neurocirujano italiano Sergio Canavero, conocido por su proyecto imposible de ‘trasplantar una cabeza’, se ha aproximado a estos entornos para seguir con su trabajo. Cuenta Regalado que este médico “ha asesorado a empresarios que buscan crear clones humanos sin cerebro como fuente de órganos compatibles genéticamente, que no serían rechazados por el sistema inmunitario del receptor”. “Puedo decirles que hay gente de universidades de primer nivel involucrada”, asegura. “Lo que les digo a los multimillonarios es ‘únanse’. Todos tendrán su parte, además de hacerse inmortales”.

El secreto de los supercentenarios

Al lado de esta locura, la afirmación de Xi Jinping sobre la posibilidad de vivir hasta los 150 años suena hasta cabal. Pero el objetivo de llegar a esa edad es más un reclamo motivacional que una realidad tangible. Somos muy buenos alargando la vida de los ratones, pero de momento no hemos conseguido ninguna terapia o tratamiento que haya extendido la vida humana, aunque haya resultados prometedores.

Algunos de los mayores ensayos clínicos, como los dos que están en marcha en Estados Unidos con la molécula llamada rapamicina, se están llevando a cabo en perros. Si se repite lo observado en ratones, dicen los expertos, nuestras mascotas podrían aumentar sus vidas hasta en un 30% o el equivalente a 24 años más de vida en humanos. Pero la rapamicina es un inmunosupresor y quizá sea demasiado arriesgado usarlo de manera crónica. O puede que aunque funcione en perros no tenga los mismos efectos en humanos.

Algunos especialistas, como Manuel Esteller, del Instituto de Investigación Sant Pau en Barcelona, estudian qué hace especiales a los supercentenarios —las personas que viven por encima de los 110 años— para ver si podemos copiar las estrategias en aplicaciones terapéuticas. El análisis de las muestras de sangre, orina y saliva cedidas por Maria Branyas antes de morir en 2024 a los 117, ofreció algunos datos prometedores. Su ADN tenía unas variantes que le daban protección cardiovascular, contra la demencia y contra enfermedades metabólicas como la diabetes. Esteller sospecha que la fisiología heredada y la forma en que lucha tu cuerpo contra el daño pueden ser las claves de esta superlongevidad. En otras palabras, Maria paró los golpes que a la mayoría nos matan por el camino.

La gran cuestión encima de la mesa es si los supercentenarios enferman menos porque envejecen menos o envejecen menos porque enferman menos. Los científicos no saben cuál es la respuesta, pero analizan ahora los genes y biomarcadores de las hijas de Maria Branyas y otras personas hiperlongevas en busca de más pistas. En el caso de esta mujer catalana hay otros factores como la alimentación y los hábitos saludables (no fumar o no beber) que han sido igual de importantes que sus genes. Cuando salió el estudio, todo el mundo se fijó en que comía un yogur al día, pero apenas prestamos atención a detalles como que hacía ejercicio físico moderado diario, que tuvo una dieta bastante frugal y que siempre vivió con un círculo de amistades y familiar que le daba mucho apoyo.

La investigación en este campo está en ebullición y, en fecha tan reciente como enero de 2026, una investigación publicada en la revista Science revelaba que llevamos mucho tiempo sobreestimando el papel del ambiente y que la genética explica aproximadamente el 55% de la longevidad, más del doble de lo que apuntaban estimaciones anteriores. Los megamillonarios que se pasan el día en el gimnasio, tomando complejos vitamínicos y untándose en cremas, deberían revisar el expediente médico de sus padres y abuelos antes de dejarse la fortuna y la vida en un esfuerzo inútil.

Lo paradójico del asunto es que las estrategias más influyentes para mejorar la esperanza de vida siguen siendo sota, caballo y rey: buena genética, ejercicio, dieta sana y descanso. O, como decía una profesora mía en EGB, “tranquilidad y buenos alimentos”. Por no hablar de algo que a menudo perdemos de vista: la existencia de un buen sistema de sanidad pública y preventiva que en España explica parcialmente por qué tenemos alrededor de 83 años de esperanza de vida. La verdadera transformación está sucediendo en silencio y no ocupa tantos titulares, pero está poniendo patas arriba la demografía a nivel global y puede que nuestras sociedades.

La bomba demográfica

Frente a la épica futurista de Silicon Valley, el verdadero salto en longevidad está ocurriendo de forma mucho más discreta en los laboratorios científicos de alto nivel. En muchos de estos centros trabajan algunos de los investigadores españoles que describen qué avances reales podrían representar un cambio de paradigma a la hora de plantear la medicina de este siglo, una transformación que nos puede llevar a vivir más años en mejores condiciones de salud.

Son los mismos científicos cuyos hallazgos han contribuido al aumento de la esperanza de vida en más de dos décadas desde 1960. Un cambio que ha sido posible gracias a las mejores condiciones de vida y el acceso a vacunas, antibióticos, agua potable, mejores partos, menos tabaco, control de la hipertensión y avances rutinarios en cardiología y oncología. Hoy no solo vivimos más, sino que llegamos a edades avanzadas en mejores condiciones funcionales que generaciones anteriores: menos infartos mortales, menos ictus y más años con autonomía.

Según Naciones Unidas y la OMS, la esperanza de vida mundial pasó de unos 52 años en 1960 a más de 73 en 2019, una ganancia de más de 21 años en apenas seis décadas; incluso tras el retroceso puntual de la covid-19, la tendencia de fondo sigue siendo ascendente. Este progreso lento y acumulativo —hecho de políticas públicas, medicina preventiva y pequeños avances clínicos— es, por ahora, el único ‘tratamiento antienvejecimiento’ que ha demostrado funcionar.

Desde ese punto de partida, el cambio adquiere ya una dimensión histórica. Nunca antes tantos seres humanos habían vivido tanto tiempo. El resultado es una transformación silenciosa de la pirámide poblacional: en 1950 había unos 200 millones de personas mayores de 60 años en el mundo; hoy son más de 1.100 millones, y para 2050 se espera que superen los 2.000 millones. Este envejecimiento masivo está alterando de raíz la demografía, el mercado laboral, el consumo, la política y, sobre todo, los sistemas de salud y de protección social.

El primer gran impacto se nota en la sanidad y los cuidados de larga duración. Vivimos más, pero no necesariamente libres de enfermedad. En algunos países con población envejecida el cáncer está superando a las enfermedades cardiovasculares como causa principal de muerte y las demencias están al alza. Los sistemas sanitarios, diseñados para tratar episodios agudos y poblaciones más jóvenes, se ven ahora desbordados por pacientes que requieren seguimiento continuo, medicación permanente y cuidados sociales más que hospitalarios. A esto se suma la presión financiera sobre las pensiones y la seguridad social: menos trabajadores por jubilado y jubilaciones más largas tensionan un equilibrio que funcionaba cuando la mayoría no llegaba a los 80.

Japón es el laboratorio de ese futuro. Con casi un 30% de su población por encima de los 65 años y una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, el país sufre una escasez crónica de cuidadores. En ese contexto han empezado a multiplicarse los casos de ancianos con Alzheimer u otras demencias que desaparecen de sus casas: algunos encontrados meses después a cientos de kilómetros, otros nunca localizados. Ni los robots sociales, ni los sensores domésticos, ni las pulseras con GPS han resuelto el problema de fondo: faltan personas que acompañen, vigilen y cuiden. Y la restrictiva política de inmigración no ha sido una ayuda.

Este aumento de la soledad, con millones de mayores que vivirán solos, también amenaza a España. Con una de las esperanzas de vida más altas del mundo y una natalidad a la baja, alrededor de tres de cada diez personas en nuestro país tendrán 65 años o más hacia 2050, según las proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los expertos advierten de un déficit de profesionales de cuidados y de un aumento fuerte de la dependencia severa. Todo ello en un escenario global de crisis climática en el que, según algunos especialistas, la despoblación global agravará los problemas: quedaremos menos para arreglar el desastre que ha provocado la humanidad en la Tierra. El gran desafío de la longevidad ya no será cómo vivir 120 años con salud, sino organizar una sociedad justa y sostenible en la que casi todos lleguemos a los 90 sin que el sistema colapse.

Frente a esta realidad demográfica, los aspavientos de algunos gurús de la vida eterna resultan todavía más ridículos. En octubre de 2025 se celebró en Madrid una Marcha por la Longevidad organizada por José Luis Cordeiro, ingeniero y promotor de ideas transhumanistas, que recorrió lugares como la Puerta del Sol al extemporáneo grito de “¡Muera la muerte!”. La idea que promueven estos vendehumos es que estamos en condiciones de hacer opcional la muerte o que “el primer humano que vivirá 1.000 años ya ha nacido”, afirmaciones que avergüenzan a los verdaderos expertos.

Ante un fenómeno real y complejo estas proclamas suenan como un reclamo circense. Mientras nos jugamos cómo sostener sistemas de salud, pensiones y cuidados en sociedades cada vez más longevas, es grotesco distraer el debate público con promesas de inmortalidad sin base empírica. Resulta aún más inquietante que algunos de los millonarios más influyentes del mundo tecnológico estén cayendo en estos cantos de sirena, financiando falsas promesas de inmortalidad y que estas fantasías hayan permeado las mentes de líderes mundiales como Putin y Xi Jinping. Mientras discutimos sobre repositorios de órganos o seres hipercentenarios, olvidamos que la verdadera revolución pasa por vivir más años con dignidad, salud y justicia social, que es el objetivo en el que trabajan quienes se dedican a la investigación. El grito que toca ahora es ¡viva la ciencia! y, desde luego, ¡muera la tontería!

Una investigación liderada por la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) estudiará el impacto de la enfermedad hepática por depósito graso no alcohólica en la inflamación del injerto y la ateromatosis tras el trasplante renal.

El proyecto Impacto de la enfermedad hepática por depósito graso no alcohólica sobre la inflamación del injerto y la ateromatosis tras el trasplante renal, busca profundizar en los mecanismos patogénicos inflamatorios que comprometen la salud de los pacientes trasplantados.

En un comunicado, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura ha detallado que la iniciativa ha resultado beneficiaria de la línea de ayudas para proyectos de I+D aplicada del Gobierno de Canarias, gestionada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura (CUCIC) a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

Asimismo, ha recordado que el trasplante renal (TR) representa actualmente la terapia de elección y de mayor efectividad para las personas que padecen enfermedad renal crónica (ERC).

Sin embargo, la supervivencia a largo plazo de estos tratamientos sigue afrontando importantes desafíos médicos: se estima que en torno al 50% de los injertos se pierden a los diez años del procedimiento, ya sea por el fallecimiento del propio paciente o debido a la aparición de la disfunción crónica del injerto (DCI).

Ante este escenario, el estudio de la FIISC explorará de forma pionera cómo influye la enfermedad hepática por depósito graso no alcohólica en los procesos de inflamación del órgano trasplantado y en el desarrollo de la ateromatosis (acumulación de grasa en las arterias).

Los resultados del proyecto pretenden abrir nuevas vías para mejorar el pronóstico clínico, perfeccionar el seguimiento postoperatorio y combatir una de las principales causas de pérdida de los injertos hídricos.

La consejería señaña que la propuesta de la FIISC obtuvo una destacada calificación de 76,07 puntos, lo que ha permitido asegurar una subvención institucional de 129.786,72 euros para su desarrollo.

El estudio se integra dentro de los 17 proyectos que integran esta convocatoria autonómica de I+D aplicada —dotada globalmente con más de 2,5 millones de euros— y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa FEDER Canarias 2021-2027.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado esta mañana el Laboratorio de Análisis Clínicos del Servicio Riojano de Salud, ubicado en el Hospital Universitario San Pedro desde donde presta servicio a todos los niveles asistenciales y casi todas las especialidades, aportando información básica para el diagnóstico, seguimiento y desarrollo de la medicina de precisión.

En los últimos dos años este centro ha experimentado una importante renovación tecnológica, con una inversión de 4,5 millones de euros, con la que ha incrementado sus tiempos de respuesta, así como la seguridad y trazabilidad del proceso analítico. Un esfuerzo económico importante en un servicio que anualmente implica un gasto en suministros (reactivos) de más de 14 millones de euros.

Durante la visita, el presidente ha señalado que esta inversión en tecnología “permite liberar tiempo para que estos profesionales de alta cualificación y especialización dejen de hacer trabajos repetitivos de muestras, de toma, de abrir cultivos…, para hacer más labor de investigación, de apoyo al facultativo, a la atención clínica y a la implantación de nuevos sistemas. En definitiva, ponemos todas esas capacidades que tiene nuestro personal al servicio de avanzar, de mejorar y de modernizar”.

“Este servicio, que es uno de los grandes pilares que sustentan nuestro sistema de salud, tiene una importancia fundamental, ya que recoge todas las muestras de analítica de cualquier riojano en cualquier punto de la región. De hecho, en torno al 70 % de las decisiones de diagnóstico y de atención clínica se amparan y se apoyan en alguno de los análisis y de las muestras que se analizan y desarrollan en estos laboratorios”, ha subrayado Gonzalo Capellán.

Asimismo, ha agradecido y reconocido el trabajo y la “buena coordinación, cooperación y colaboración de los 117 profesionales del laboratorio y del personal facultativo implicado en este servicio, así como su voluntad de mejora, de adaptación, de innovar y de cambiar hábitos de trabajo para incorporar esta tecnología que ayuda a tener todos los procesos con mayor rapidez, seguridad, trazabilidad y fiabilidad”.

El jefe del Ejecutivo ha estado acompañado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín Díez de Baldeón; el gerente del SERIS, Luis Ángel González; la gerente de Atención Hospitalaria, Corpus Gómez; el director de Gestión Económica y Servicios Generales, Eduardo Dulce; el jefe de Servicio de Análisis Clínicos, Iván Bernardo; y los jefes de sección de Genética y Microbiología, Samuel Martín y Mirian Blasco, además de otros responsables del Servicio Riojano de Salud y representantes de empresas tecnológicas, Roche Diagnostics y Becton Dickinson.

“Transformar muestras en datos para la toma de decisiones adecuadas”

Por su parte, el jefe de Servicio de Análisis Clínicos ha concretado que el trabajo del laboratorio “es transformar cualquier muestra biológica, de sangre u orina, en números y en datos útiles con los que se puedan tomar las decisiones más adecuadas. Una respuesta que tenemos que dar en tiempo y forma porque a veces hay vidas en juego que dependen de los resultados de este servicio”.

“Nuestro afán y nuestro espíritu es colaborar con el resto de servicios hospitalarios y de atención primaria para dar los mejores datos posibles con la mayor calidad posible y poder ayudar a todos los pacientes del sistema público de La Rioja”, ha finalizado Bernardo.

Este centro es el laboratorio hospitalario de referencia de La Rioja, con capacidad para ofrecer una respuesta homogénea a toda la población riojana. El Servicio de Análisis Clínicos puede entenderse como una cadena integrada que transforma muestras biológicas en información clínica útil. Su importancia estratégica se comprende al tener en cuenta que el 70 % de las decisiones clínicas se apoyan, en mayor o menor medida, en información procedente del laboratorio.

El Servicio, integrado por más de un centenar de profesionales, gestionó en 2025 549.896 peticiones y 11.810.608 pruebas, con una previsión de crecimiento para este año de cerca de un 7,5 % hasta alcanzar casi las 600.000 peticiones y los 12,7 millones de pruebas. Además del laboratorio general, el Servicio cuenta con dos secciones integradas (Microbiología y Genética). En 2024 acreditó su calidad según la norma ISO 15189, un compromiso con la excelencia que guía el proceso de innovación en el que en estos momentos se encuentra inmerso.

Durante el recorrido por las instalaciones se ha podido observar su organización en cuatro grandes bloques:

La profunda renovación tecnológica realizada en los últimos años, con un presupuesto de 4,5 millones de euros, se ha dirigido principalmente a tres líneas de inversión: la automación del Laboratorio de Microbiología, la adquisición de cuatro equipos de genómica y la renovación del Sistema Informático.

Un robot para el Laboratorio de Microbiología

El Laboratorio de Microbiología del Servicio Riojano de Salud (SERIS) se ha dotado de una solución integral de automatización para el procesamiento de muestras y el cultivo bacteriológico, por un importe de 2.153.998,24 euros (IVA incluido), en la modalidad de arrendamiento operativo con opción de compra para un período de cuatro años (2026-2029).

Este sistema de alta tecnología automatiza el ciclo completo del estudio bacteriológico: desde la inoculación y el etiquetado de muestras hasta la incubación inteligente, la digitalización de placas y la interpretación de imágenes asistida por inteligencia artificial.

El sistema garantiza una atención microbiológica continuada 24 horas los 7 días de la semana, reduciendo los tiempos de respuesta diagnóstica, mejorando la seguridad del paciente y optimizando la adecuación antibiótica, un aspecto crítico en el contexto de la resistencia antimicrobiana.

La inversión está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa FEDER La Rioja 2021-2027 (Objetivo 1.Y.1.2), en el marco del compromiso del Gobierno de La Rioja de atraer fondos europeos para la modernización de la sanidad pública regional.

Equipos de secuenciación y genómica

El Laboratorio de Genética del Hospital San Pedro ha incorporado en los dos últimos años cuatro equipos de vanguardia financiados con fondos europeos Next Generation EU, que en conjunto representan una inversión de casi 675.000 euros.

El más potente de ellos es un secuenciador de nueva generación, adquirido por 332.000 euros, capaz de analizar hasta ocho genomas humanos de forma simultánea, lo que sitúa al laboratorio riojano al nivel de los grandes centros de referencia nacionales en el diagnóstico de enfermedades hereditarias, cáncer familiar y enfermedades raras.

A él se suma un segundo equipo de secuenciación masiva, incorporado por 93.000 euros bajo un criterio de eficiencia y sostenibilidad, al tratarse de tecnología reacondicionada de última generación que prolonga la vida útil del equipamiento y reduce la huella ambiental.

Completan la dotación un escáner de fluorescencia para microarrays y un analizador de electroforesis, adquiridos conjuntamente por 151.000 euros. Ambos trabajan en tándem: el escáner detecta alteraciones cromosómicas, deleciones o duplicaciones de ADN en estudios prenatales, postnatales y oncológicos, mientras que el analizador verifica la calidad de las muestras antes de procesarlas, garantizando la fiabilidad de los resultados.

Por último, un analizador genético valorado en 97.000 euros amplía la capacidad de procesamiento del laboratorio, reduciendo los tiempos de espera para el diagnóstico de patologías de origen genético.

Dentro de este ámbito, hay también que recordar que justo hace un año que el Servicio de Análisis Clínicos puso en marcha una Consulta de Asesoramiento Genético para pacientes y familiares a los que se les realiza un análisis genómico a fin de que conozcan resultados, consecuencias, riesgos y beneficios de la prueba para tomar una decisión informada. Según los datos de la memoria de 2025, en los primeros meses de puesta en marcha de esta consulta se prestaron 587 asesoramientos. En total, se realizaron 2.445 estudios genéticos, un 18 % más de los registrados en 2024.

Renovación del Sistema Informático

De forma complementaria a la modernización tecnológica del equipamiento, el SERIS está renovando el Sistema de Información de Laboratorio (SIL), la plataforma digital que integra y gestiona toda la información analítica del laboratorio, desde la recepción de muestras hasta la emisión de resultados. El nuevo SIL garantiza la trazabilidad completa de cada determinación, la integración con la historia clínica electrónica y el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos por la norma ISO 15189. La inversión realizada alcanza 1,5 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation EU.

La actualización del SIL, que concluirá en otoño, es una pieza clave para mantener la acreditación del laboratorio y para soportar los nuevos flujos de trabajo automatizados del sistema de bacteriología y de los secuenciadores genómicos.

El equipo humano del Servicio de Análisis Clínico está compuesto por 117 profesionales: 34 médicos, incluidos jefe de Servicio y dos jefes de sección, (14 laboratorio general, 8 expertos en genética, 9 en microbiología y 3 residentes); 75 técnicos superiores de laboratorio (43 en el laboratorio general, 25 en microbiología y 6 en genética, más una coordinadora); 1 supervisora de enfermería; 1 auxiliar de enfermería y 6 auxiliares administrativos.

El Laboratorio Clínico Central, el organismo que da cobertura a seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, tiene una nueva empresa gestora: el gigante sanitario Quirón. El grupo ganó la adjudicación del Gobierno autonómico, valorada en 120 millones de euros para los próximos cinco años, después de que Ribera Salud estuviese gestionando el centro desde que abrió en 2008. Ahora, con el desembarco del nuevo grupo, trabajadores de laboratorio denuncian una situación de inestabilidad con la pérdida de antigüedad, contratos con condiciones diferentes y una “subrogación encubierta”.

Una vez Quirón ganó la adjudicación a Ribera, comenzó el conflicto entre las dos empresas. La Comunidad de Madrid aprobó una prórroga para Quirón de una semana para hacer la transición entre las dos empresas. Quirón acusó a Ribera de falta de colaboración, según publicó entonces El País, además de asegurar que Ribera Salud estaba intentando “instigar a la plantilla en contra” de la nueva empresa. Y en medio de ese choque, los trabajadores ya denunciaron un “limbo” y un futuro incierto que se ha terminado de materializar esta semana con una imagen, con los trabajadores intentando entrar en su puesto de trabajo y la negativa del nuevo equipo.

“En todo momento Ribera Salud nos ha estado informando a través de cartas de una subrogación en la que Quirón se iba a hacer responsable de nosotros”. Habla Marta (nombre ficticio), trabajadora del servicio de laboratorio del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que relata que cuando llegaron los nuevos contratos vio que las condiciones no eran las mismas, por lo que no las aceptó, como otros compañeros suyos. Este lunes, ha acudido como siempre a su puesto de trabajo y se ha encontrado con una situación inesperada que afecta a unos 30 trabajadores: “Algunos hemos llegado a trabajar, hemos fichado y en ese momento nos han dicho que no podíamos prestar servicios. Hemos llamado a la Policía y han hecho un informe”, relata.

Ese laboratorio, el del Hospital Infanta Sofía, proporciona servicio a otros cinco hospitales: el del Henares, en Coslada; el Infanta Cristina de Parla; el Infanta Leonor; el Sureste de Arganda del Rey; y el del Tajo, en Aranjuez. Aquí se procesan las muestras de laboratorio de cerca de 1,4 millones de pacientes de la región. Pero el testimonio de Marta no es el único. Otra trabajadora, E.F., denuncia que los trabajadores que llevaban muchos años en el centro, algunos hasta 17, han perdido toda la antigüedad. Por un lado, Ribera Salud no quiere indemnizarles porque entienden que es una subrogación. Por otro, Quirón argumenta que no lo es.

En conversación con este periódico, un portavoz del grupo sanitario asegura que están “siguiendo en todo momento las pautas del concurso” en cuanto a la antigüedad de los trabajadores, con quienes dice que hay un “diálogo permanente”.

Ahora, algunas personas que continúan trabajando en el laboratorio clínico relatan una situación de “falta de personal”. “Quirón tuvo que contratar a personal sin experiencia y a pesar de ello no damos abasto”, argumenta Marta en declaraciones a elDiario.es, que asegura que el grupo sanitario “necesita” a los trabajadores que no han firmado.

Ismael trabajaba en el laboratorio del Hospital Infanta Cristina de Parla, que procesa analíticas críticas. En su caso, la mayoría de los técnicos de laboratorio han decidido que no iban a firmar los nuevos contratos: “Nos dijeron que se nos iba a respetar todo”. “Todo muy bonito hasta el momento en el que dicen que lo que no nos van a respetar sería la antigüedad”, explica a través de conversación telefónica, lo que les lleva a rechazar los cambios. “Lo único que nos va a proteger el día de mañana es la antigüedad”, argumenta. El trabajador explica que, en algunos casos, quienes sí que han firmado se han visto obligados a hacerlo por estar en situación de vulnerabilidad. “Hoy han ganado ellos, nos quedamos fuera”, dicen sobre el resto, quienes, como E.F., también acudieron a su puesto de trabajo: “Nos dijeron que nos teníamos que ir”.

Tanto Ismael como Marta relatan otra consecuencia del caos laboral. Ya que Quirón argumenta que no es una subrogación, no pueden utilizar los equipos antiguos de Ribera Salud, aunque los trabajadores aseguran que en algunos casos sí se están utilizando. Ismael asegura que eso supone retrasos en las analíticas, mientras que el portavoz de Quirón asegura a este periódico: “Acabamos de hacernos cargo y tendremos que hacer cambios”.

Pero no solo hay críticas por el uso de equipos antiguos. Trabajadores como E.F. aseguran que cuando comenzó el nuevo equipo el lunes no se estaban procesando las muestras del viernes. Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid lo niegan asegurando que “no hay problemas asistenciales. Se está atendiendo todo”, dicen a elDiario.es.

Sin pruebas genéticas

La polémica no solo ha surgido por el “limbo” denunciado por los trabajadores. Con el nuevo pliego, se firmó también otro cambio: algunas áreas de alta especialización, como las pruebas relacionadas con genética constitucional y genética somática, que históricamente se venían realizando en el Laboratorio Clínico Central, ahora pasarán a ser asumidas por el sistema público de salud, una medida que fuentes de la consejería de Salud justifican en una “mayor eficiencia”. “Se está desarrollando una estrategia común para todo el SERMAS de medicina personalizada de precisión y la genética de estos pacientes entra dentro de la centralización”, explican en declaraciones a elDiario.es.

Esto supone un ahorro para la nueva empresa adjudicataria, Quirónsalud, teniendo en cuenta además que estas pruebas de laboratorio suelen ser las más caras.

Desde Izquierda Unida Madrid critican que el SERMAS continúe su “desprecio hacia la Sanidad Pública”: “Profundiza en la externalización de los laboratorios clínicos mientras asume las áreas menos rentables”, argumentan. Según el partido, la consecuencia es un modelo que supone una “socialización de las áreas menos rentables y más intensivas en conocimiento especializado, mientras se mantiene en manos privadas una parte sustancial de la actividad analítica de mayor volumen”. Y, en consecuencia, “un sistema en el que la sanidad pública asume las cargas estructurales y de personal necesarias” mientras financia “mediante contratos millonarios actividades que podrían prestarse directamente desde la propia red pública”.

También Comisiones Obreras ha denunciado la situación a través de un comunicado publicado este miércoles, en el que critican “irregularidades” en el traspaso a Quirón y ha exigido la intervención del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), “que conocen desde hace tiempo la problemática que afecta a la plantilla”.

El director de Cohorte Cantabria, Javier Crespo, ha dicho en el Parlamento de Cantabria que “la mayor parte de las personas no leen las condiciones que firman, es verdad, pero el consentimiento es totalmente lícito”, en relación a la cesión de los datos de los más de 50.000 voluntarios de Cohorte Cantabria a un laboratior de Estados Unidos para hacer estudios de genómica. “Está clarísimamente expresado que puede haber una cesión a terceras partes siempre con datos anonimizados”, ha insistido.

“Como voluntario de Cohorte que soy” -añadió su antecesor en el cargo, Marcos López Hoyos- “yo me siento totamente tranquilo y seguro de que esos datos van a estar siempre en el sistema público de Cantabria”. El actual director del Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (IDIVAL) afirmó también- en la comisión parlamentaria de sanidad- que en el consentimiento informado que dan los voluntarios “expresamente saben que vamos a hacer cesiones a terceros” porque es el objeto de una cohorte poblacional. La salvaguarda que hacen con ese consentimiento -precisó- es que sea “prácticamente imposible” la reidentificación de las personas.

Ambos expertos afirmaron que el responsable del control de los datos que se van a compartir con Regeneron son “Cantabria y el IDIVAL”. Lo harán a través de un convenio que está sin cerrar y que se enviará antes de la firma final al Comité de Investigación y Medicamentos de Cantabria. “El Comité si ha autorizado las muestras de Cohorte Cantabria y por lo tanto el consentimiento informado que firman los voluntarios sí ha pasado ese filtro”, desveló el responsable de Cohorte.

López Hoyos ha dicho que “esas cuestiones jurídicas” se someten a los servicios jurídicos propios y externos. “En eso nos ayuda gente experta en los procesos de pseudoanomización” de los datos que luego aplican “nuestros ingenieros informáticos”. Cantabria va a proporcionar al laboratorio privado una parte del ADN para el estudio genómico y una parte de plasma para el estudio proteómico. “Absolutamente nada más, y en las claúsulas se establece que una vez hecho el estudio se debe eliminar”, remachó.

A cambio, Regeneraton “nos devuelve el dato genómico, el análisis estadísticos y la interpretación, porque ellos tienen asociaciones clínicas y relaciones para poder comparar con otras poblaciones de otras etnias. Eso va a venir a nuestros servidores y lo vamos a conservar nosotros”, explicó el experto del IDIVAL. Lo que quiere el laboratorio es encontrar variables genéticas que le permitan desarrollar un medicamento, “pero nunca se va a permitir identificar directamente al voluntario con los datos y la titularidad de las muestras es de Cohorte o del Biobanco”.

Datos pseudoanonimizados

Ambos expertos han aludido al concepto de pseudoanonimización de los datos, que hasta ahora no se había utilizado. En su opinión tiene la ventaja para el voluntario de que se puede “revertir” ese proceso de anonimización por si se descubre alguna cuestión médica o clínica de la que hay que advertir a esa persona. Crespo explicó que si no no se podría retrotraer nunca la información para el individuo. Así, el dato es posible revertirlo pero exclusivamente a través de dos profesionales expertos en datos de Cohorte Cantabria a través de un código específico.

Crespo concluyó sus respuestas a las preguntas en el Parlamento del portavoz regionalista Pedro Hernando, diciendo que en Cantabria “no somos capaces” de hacer los análisis genómicos “porque no tenemos expertos, no tenemos personas capacitadas para hacerlo ni para entender el resultado de esos datos. ”Cantabria tiene que hacer una inversión enorme en personas, no en tecnologías“, ha insistido pero con la cartera de sueldos que tiene el IDIVL ”es un centro de entrenamiento para jóvenes que después se van a otro sitio“. Por ello, concluyó, hay que aprovechar los convenios ”que nos permiten aprovechar la tecnología de otros lugares“.

La Justicia ha absuelto a los dos trabajadores acusados de maltrato animal en el caso Vivotecnia, al considerar que no han quedado acreditados los hechos y que el delito de maltrato animal ha prescrito, aunque reconoce que las prácticas generaron “dolor y sufrimiento innecesario” a los animales.

El caso se destapó en 2021. Una investigación publicada en exclusiva por la ONG Cruelty Free International (CFI) mostraba actos crueldad contra los animales en el laboratorio madrileño Vivotecnia, organización dedicada a la investigación por contrato (CRO) para farmacéuticas y biotecnológicas. La empresa realizaba con los animales pruebas de toxicidad para la industria cosmética, química, agroquímica, biocidas y productos sanitarios.

En una nota, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid señala que la resolución judicial considera probado que uno de los acusados intervino en la eutanasia de un conejo “sin comprobar adecuadamente la correcta sedación y sujeción del animal, lo que provocó que éste saltara de la mesa de trabajo y cayera al suelo”. “No obstante, el magistrado concluye que no ha quedado acreditado que el animal sufriera lesiones graves ni que falleciera como consecuencia directa de dicha caída. La sentencia también destaca que no se pudo demostrar que el acusado fuese el responsable principal del procedimiento ni que conociera que el conejo no estuviera correctamente sedado”, añade.

Sobre el segundo acusado, la resolución declara probado que “realizó extracciones de sangre retro-orbitales a varias ratas sin que estuvieran adecuadamente anestesiadas, incumpliendo así el protocolo legal y técnico aplicable a la experimentación animal”. La sentencia entiende que con ello “generó dolor y sufrimiento innecesario a los animales”. Sin embargo, le absuelven “tampoco se ha podido acreditar con la certeza exigida en el proceso penal que dichas actuaciones causaran lesiones graves a las ratas”.

El juez considera que las grabaciones con las que se destapó el caso, realizadas por una trabajadora infiltrada en las instalaciones de Vivotecnia, no vulneraran el derecho a la intimidad de los acusados y añade que es “legítima su utilización como prueba en el procedimiento judicial, al haberse obtenido en un entorno profesional y por una persona que participaba directamente en los hechos grabados”.

Por todo ello, el juez concluye que no queda probado el delito de maltrato animal, pero que sí podría aplicarse un delito leve de maltrato cruel al segundo acusado “por haber actuado con indiferencia ante el sufrimiento de los animales al practicar técnicas invasivas sin anestesia efectiva”, pero añade que está prescrito “al haber transcurrido más de un año entre los hechos y la interposición de la denuncia”.

“Fue el 9 de abril de 2021 cuando la noticia se publicó aquí, en El caballo de Nietzsche, en elDiario.es. Aunque ya sabía qué era la experimentación animal y lo que le podrían hacer a los animales en los laboratorios, ver ese vídeo y leer el relato de cómo les trataban fue durísimo”. Así explica Yara, una activista por los derechos animales, el momento en el que supo de la existencia de Vivotecnia gracias a la investigación de la ONG Cruelty Free International (CFI). El ahora centro de experimentación animal más conocido de España realiza ensayos de toxicidad en fármacos con perros, roedores, conejos, etc. para la industria química, cosmética, biotecnológica, agroquímica o farmacéutica. Lo que se vio que hacían de puertas para adentro, gracias a las grabaciones con cámara oculta de una trabajadora infiltrada, lo cambió todo.

Primero, la reacción del movimiento de los derechos animales, que si bien siempre han puesto en tela de juicio la experimentación animal, tanto por la fiabilidad de sus resultados como por la ética de llevarla a cabo, denunciaron maltrato animal, contrario a las leyes actuales. Después vino la reacción de la opinión pública en general, que también mostró expreso rechazo a los golpes, los insultos, la crueldad contra animales indefensos que estos recibían en las instalaciones de Vivotecnia. Y, por último, llegaron el trabajo político y legal para impedir que eso siguiera sucediendo en ese centro de experimentación en animales madrileño, logrando que, cinco años después, dos trabajadores de Vivotecnia se enfrenten a un juicio por maltrato animal que se llevará a cabo los próximos días 7 y 8 de mayo.

“Aquellos primeros días, las activistas mostraron una actitud desafiante, presentándose a las puertas del laboratorio y exigiendo que salieran los animales. La indignación y la repulsa a aquellas imágenes les movilizaba”, recuerda para este medio Carmen, otra activista, también perteneciente a la Asamblea Antiespecista, que indica que se hicieron “pequeñas asambleas improvisadas, que se iban conformando según pasaban los días y mermaban la ilusión y la esperanza de que aquellos animales iban a salir de forma inmediata, pero no las ganas de seguir luchando por su liberación”. Estas reuniones organizativas, así como las concentraciones y manifestaciones, se centraron en Tres Cantos, municipio madrileño donde se encuentran las instalaciones de Vivotecnia, pero rápidamente se ampliaron a la Fiscalía de Medio Ambiente, competente para intervenir, al juzgado de Colmenar Viejo y a la Puerta del Sol, ante la sede de la Comunidad de Madrid.

De allí llegó una de las noticias más esperanzadoras: se anunció que sacarían a todos los animales de las instalaciones del laboratorio para protegerles ante las denuncias de maltrato. “Cuando llegó la convocatoria de ir a las puertas de Vivotecnia con la idea de sacar a los animales de allí, no me lo podía creer”, explica Yara, que asegura que al saber “cómo funcionan las leyes” pensó que no resultaría posible, aunque “siempre te queda algo de esperanza”. “Me acordé del Instituto Royal en Sâo Roque, en Brasil, cuando en 2013 un montón de activistas fueron a concentrarse y liberaron de manera espontánea a 200 beagles y a decenas de ratas”. Solo dos días después, un juzgado denegó el decomiso en Vivotecnia.

La alegría tampoco duró mucho cuando el Gobierno regional suspendía la actividad del centro ante las denuncias y las imágenes grabadas. El siguiente 1 de junio la Comunidad de Madrid levantó la suspensión decretada. Las asociaciones animalistas denunciaron al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por ocultar información de la situación que se vivía en esas instalaciones.

“En ningún momento pensamos que la intervención de la Comunidad de Madrid era la solución, ya que su respuesta entra en la lógica institucional, más teniendo en cuenta que habría elecciones autonómicas al mes siguiente”, explica Andrea, quien en abril de 2021 también estuvo a las puertas del centro de Tres Cantos. “La ‘suspensión de actividad’ de Vivotecnia ha llevado a mucha confusión, tanto entre activistas como entre la población en general: esta suspensión de tres meses solo hizo que el laboratorio no pudiera acceder a nuevas contrataciones, pero su actividad continuó durante ese tiempo con los encargos que estaban en marcha; por tanto, Vivotecnia siguió con su actividad y facturando por ello, independientemente de la postura de la Comunidad de Madrid tras la publicación de las imágenes del interior de la empresa”, concreta.

Esta frustración al ver que las autoridades no movían ficha tomaron dos vías: la de la movilización en la calle y la judicial. Esta última fue avanzada por diversas organizaciones como FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales), AnimaNaturalis, CFI (Cruelty Free International), adda o PACMA, quienes sientan en el banquillo ahora a Vivotecnia. De la mano de la movilización ciudadana llega la acción judicial en el quinto aniversario del caso. “Entendemos que es difícil mantener la movilización en el tiempo, sobre todo cuando el tema parece estancado y no hay novedades y parece que nada cambia”, comenta Yara, que cree que “este aniversario es diferente, tiene que ser diferente”. Por eso avanza que,en mayo, coincidiendo con el juicio, se convocarán más marchas de protesta. “Es necesario hacer el mayor ruido posible para que suene todo nuestro rechazo contra la experimentación animal”.

También hay una tercera vía, que es la defensa de lo que llevó a cabo la activista conocida como Carlota Saorsa. La ahora testigo protegida en el juicio contra Vivotecnia fue la encargada de grabar las imágenes que demuestran el maltrato que sufrieron los animales en el momento de la investigación. Como en casos similares, quien denuncia es puesto en el punto de mira, y eso es lo que ha pasado con la vida privada de esta ex trabajadora infiltrada en Vivotecnia.

Su caso, su historia y todo lo que pudo ver en ese centro de experimentación animal fue contado en el documental Infiltrada en el búnker. Ella estará presente en el juicio, cuya acusación será liderada por la abogada Ana Cal Estrela, quien actuará con el apoyo jurídico y la coordinación del área legal de FAADA.

Infiltración para concienciar a la opinión pública

“Pienso que el caso Vivotecnia está ayudando a hablar sobre la experimentación animal a dos niveles: en un primer nivel, dentro del propio activismo, poniendo de nuevo el foco en los laboratorios que experimentan con modelos animales, para señalar la barbarie que ocurre en su interior y desvelar el entramado del lobby de la experimentación animal”, reflexiona Andrea, quien explica que el segundo nivel de impacto se produjo en toda la ciudadanía que vio las imágenes de Carlota Saorsa. “El caso Vivotecnia está permitiendo concienciar poco a poco a la población, pero no solo por el escándalo del caso, sino por todo el trabajo activista que se está realizando desde entonces”.

Para Carmen, “Carlota demostró y corroboró lo que ya sabemos las activistas que estamos en el movimiento por la defensa de los demás animales; nos dio una herramienta para concienciar al resto de la sociedad y señalar la barbarie del infierno de los laboratorios”. Hay que recordar, afirma, que “el cambio no vendrá de la institución, sino de las personas que, concienciadas, demanden una ciencia con conciencia que deje atrás la experimentación en animales”. Por eso, Yara señala que “actualmente Vivotecnia ya no aparece en los medios, solo hablan de ella las activistas, es como si el resto de la sociedad se hubiera olvidado de lo que pasó”.

“Para que la experimentación animal vuelva al centro del debate”, indica Carmen de nuevo, “se necesitan más casos como Vivotecnia. Cada vez que un activista se infiltra en un laboratorio salen ejemplos de la violencia contra los animales, que contradicen ese discurso de transparencia y legalidad de la que tanto alardea la industria de la experimentación animal. Así fue lo que vimos en 2019 con el activista alemán en el laboratorio LPT o en Reino Unido con el caso de Huntingdon Life Sciences. Cuando la experimentación en animales deja de ser invisible, y sale de los muros que la esconden a los ojos de la sociedad, no deja de escandalizar a la sociedad. Creemos además que hablar de todos los métodos avanzados que se van desarrollando es muy importante también para conocer que hay futuro más allá de la explotación animal”.

El Hospital Universitario de Toledo reubicará a parte del personal del Laboratorio de Anatomía Patológica tras el informe emitido por la jefatura de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, motivado por la detección de resultados analíticos alterados en varios profesionales del servicio.

Así lo ha advertido este viernes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que asegura que ya advirtió en febrero que los trabajadores de la zona de laboratorios y Banco de Sangre, no solo los de Anatomía Patológica, “presentan analíticas con valores alterados de ácido acético, metanol, proteinogramas, bajos niveles de reticulocitos, disfunciones tiroideas e inflamaciones inespecíficas o ácido fórmico elevado”.

A la espera de conocer el contenido exacto de este informe, al cual de momento no ha tenido acceso, CSIF reclama la reubicación de todos los trabajadores de la zona de laboratorios y Banco de Sangre y denuncia que el Sescam “no está llevando a cabo todos los esfuerzos necesarios” para encontrar el foco de las intoxicaciones, un problema que se arrastra desde noviembre de 2024 con la aparición de los primeros síntomas.

Igualmente, CSIF lamenta la falta de celeridad, ya que las analíticas se llevaron a cabo entre diciembre de 2025 y enero de 2026 a cerca de 300 trabajadores. “El tiempo apremia, estamos hablando de la salud de los trabajadores, algunos de los cuales además tienen patologías de base. Se tendría que haber hecho mucho antes y ni siquiera haber esperado a las analíticas, ya que las intoxicaciones se están produciendo desde 2024”, señala Victoria Gutiérrez, responsable de CSIF Sanidad Toledo, que añade que “es más, políticos y responsables de la administración sanitaria incluso han acusado a los propios profesionales de sugestión, lo que supone un auténtico insulto ante lo que es un infierno para estos trabajadores. Desde el primer momento hemos denunciado lo que estaba sucediendo y el Sescam ha mirado hacia otro lado, al final el tiempo nos ha dado la razón”.

Por último, CSIF, que reclama al Sescam que mantenga informados de manera transparente a los trabajadores afectados, recuerda que mantiene la vía penal ante lo que considera una grave imprudencia, “pues es deber de la Administración garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores”.

Más de 1.000 horas de mediciones

Por su parte, desde la dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo han confirmado en un comunicado la puesta en marcha de nuevas actuaciones en el área de Anatomía Patológica del Hospital Universitario, entre las que se contempla “la posible reubicación de la actividad” del laboratorio.

También plantean la contratación de una empresa especializada para la realización de un análisis forense de esta área, “que permitirá ejecutar un estudio de mayor alcance de las condiciones ambientales, estructurales y de funcionamiento de estas instalaciones”.

La dirección asegura que, hasta el momento, se han registrado más de 1.000 horas de mediciones en el área de los laboratorios, con valores de exposición por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente.

El proyecto Cohorte Cantabria, una iniciativa para analizar la salud de más de 50.000 voluntarios cántabros, también ha sucumbido a la colaboración público-privada que defiende el Gobierno del PP en Cantabria en el ámbito de la sanidad. Tras la polémica privatización de servicios sanitarios durante 16 años prorrogables a 20 con el hospital privado Santa Clotilde por 256 millones de euros, el consejero de Salud, César Pascual (PP), anuncia ahora un acuerdo de Cohorte con la empresa estadounidense Regeneron Pharmaceuticals ubicada en Boston (Massachusetts), “responsable del mayor banco genómico del mundo occidental”. “Alcanzar 50.000 voluntarios no era el objetivo ni el final del proyecto. En realidad es el comienzo”, ha declarado Pascual.

El acuerdo, que se firmará en las próximas semanas, supone que Cohorte pone los datos sanitarios y sociodemográficos de los voluntarios cántabros a disposición de este laboratorio farmaceútico de Estados Unidos. Pascual ha precisado que “no es un acuerdo económico, sino de colaboración” y que “cada una de las partes corre con sus gastos”. En este sentido, ha puesto como ejemplo que enviar las muestras hasta la empresa con sede en Estados Unidos tiene un coste elevado que pagará Cohorte Cantabria. “No se pueden enviar por Amazon”, ha ironizado ante los medios de comunicación convocados para dar a conocer la noticia.

Por lo demás, no se han desvelado los aspectos concretos de la colaboración más allá de que el proyecto Cohorte va a entrar en una “segunda fase” en la que van a adquirir protagonismo las investigaciones vinculadas a la genómica de las muestras extraídas y que Cantabria obtendrá en un futuro —dado que los resultados serán a largo plazo— una información genómica de “primer nivel” para avanzar en el estudio de algunas enfermedades raras. En paralelo, se ha anunciado que a partir de abril se iniciará una fase de seguimiento de los voluntarios.

El director de Cohorte Cantabria, Javier Crespo, ha puesto como ejemplo que este futuro estudio permitirá conocer “si un diabético que tiene un determinado perfil genético, tiene un riesgo mayor o menor de desarrollar una insuficiencia renal o una ceguera”. A la vez, ha reconocido que muchos datos pertenecerán exclusivamente al ámbito de la investigación y tendrán que pasar muchos años antes de que tenga una repercusión clínica.

Crespo ha explicado que la combinación de esas más de 1.500 variables de datos de salud, pero también geográficos, demográficos e incluso catastrales, con un análisis “de máxima finura” molecular, va a permitir comprender con mayor profundidad por qué algunas personas desarrollan determinadas enfermedades, cómo evoluciona el riesgo a lo largo del tiempo y qué factores biológicos influyen en esa evolución, entre otros aspectos.

Crespo ha considerado prioritario poner en marcha las investigaciones ligadas a la genómica para, con los miles de datos que se van a reunir, establecer perfiles de riesgo en la población cántabra para que la medicina se adelante a la enfermedad y se transforme en una “medicina de prevención”. Con unas tecnologías que, según el consejero de Salud y los responsables científicos del proyecto, ahora mismo son “inalcanzables” de otra forma. “Cantabria no está capacitada para hacer esos estudios”, ha dicho Marcos López Hoyos, director del Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (IDIVAL), porque “van a ser cientos de miles de datos por cada voluntario y para manejar eso necesitas gente con el conocimiento que ayude en esa colaboración científica”, ha subrayado.

Viaje a Estados Unidos

En marzo del año pasado, el consejero de Salud y otros tres directivos sanitarios estuvieron seis días en Estados Unidos para establecer colaboraciones internacionales con el proyecto Cohorte. Un viaje que no se anunció y del que solo se informó días más tarde desde el Gobierno con una nota de prensa huérfana de imágenes gráficas. No se difundió ni una sola fotografía de las reuniones que mantuvieron al otro lado del Atlántico. Tampoco de los resultados de la misión.

La delegación estuvo integrada por el consejero de Salud, César Pascual; el director científico del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) y jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Marcos López Hoyos; el jefe del Servicio de Cardiología de Valdecilla, José María Fernández de la Torre; y el director de Gestión de IDIVAL y coordinador de la serie de visitas, Galo Peralta.

La agenda incluyó reuniones en centros de referencia internacional como el MedStar National Center for Human Factors in Healthcare y el MedStar Washington Hospital Center en Washington D.C., así como al Massachusetts Institute of Technology (MIT), el Johnson & Johnson Innovation Center y el Mass General Hospital en Boston.

Coste del proyecto

César Pascual ha recordado que para lograr la viabilidad económica de Cohorte Cantabria, el Gobierno autonómico lo declaró proyecto estratégico y ha reconocido que en esta nueva fase es previsible que se vayan incrementando los gastos, con lo que se espera un aumento del presupuesto, que ahora está en medio millón de euros.

Cohorte Cantabria alcanza aproximadamente al 20% de los cántabros con edades entre 40 y 70 años, lo que es “algo poco frecuente”, y la convierte en “una de las cohortes poblacionales más completa y avanzada en Europa”, lo que ofrece, además, una “gran disponibilidad de datos” y “marca la diferencia”, según sus responsables. El director científico del proyecto ha aclarado que la inscripción de voluntarios, una vez superada la cifra de 50.000, está limitada y se centra sobre todo en zonas de la comunidad donde la representación poblacional es baja.

Los directores del proyecto y el consejero de Salud han señalado que es ya la cohorte “más importante del sur de Europa” y que el reto ahora es convertirlo en una herramienta para “atraer talento” a Cantabria y lograr formar un 'hub' [centro de operaciones] en el ámbito sanitario.

“Afán privatizador del PP”

Hace apenas un mes, los responsables del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) y de Cohorte Cantabria comparecieron en rueda de prensa para recalcar que los datos de este proyecto de investigación biomédica, en el que participan más de 50.000 voluntarios, están “totalmente protegidos”. “No se vende, no se trafica, solo se colabora con investigadores e investigaciones”, señalaron entonces Marcos López Hoyos y Javier Crespo.

Estas declaraciones públicas se produjeron, según sus palabras, para zanjar lo que consideraron “especulaciones”, “falsedades” e “insidias” a raíz de unas declaraciones realizadas por el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, después de la reunión mantenida unas horas antes por el Gobierno de Cantabria con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). En este momento, los regionalistas denunciaron el “afán privatizador” del PP y rechazaron la “venta al mejor postor” del historial sanitario de los más de 50.000 cántabros inscritos en Cohorte.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado hoy, 27 de febrero, junto con la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, la evolución de las obras del nuevo Laboratorio Regional en la Finca La Grajera que cuenta con una inversión de 17.036.146,88 euros y que permitirán consolidar este espacio como un centro multidisciplinar de referencia en los ámbitos agroalimentario, sanitario y medioambiental, con tecnología de última generación y criterios bioclimáticos

Durante la visita, Gonzalo Capellán ha puesto en valor esta actuación que supone, ha enfatizado, “un paso hacia adelante para ser una región de vanguardia con una clara apuesta por la modernización de infraestructuras que, como esta, llamaba a gritos ser transformada, mejorada. Hemos tenido que esperar hasta 2024 para licitar un proyecto ambicioso para que La Rioja tenga los laboratorios modernos que se merece y necesita”. 

“Estamos entre olivos, entre viñedos, entre la tradición y la actividad agroalimentaria de La Rioja y su futuro, los laboratorios, los análisis, la inversión, los equipamientos de última generación. Eso es lo que quiere ser La Rioja, anclada en su tradición, en sus productos, en la calidad medioambiental, pero también mirando al futuro y apostando por infraestructuras modernas. A partir de ahí estamos hablando de ganar en funcionalidad y en espacios, mejorando como ya hemos hecho el equipamiento porque detrás de esta infraestructura está el servicio que se presta en un ámbito estratégico a todos los departamentos del Gobierno de La Rioja, también para clientes públicos y privados, en ámbitos fundamentales: análisis de aguas, suelos, en el ámbito vegetal, en el ámbito pecuario, en el ámbito medioambiental”. 

Esta actuación reafirma el compromiso del Ejecutivo autonómico para dotar a la Comunidad de infraestructuras científicas y técnicas de vanguardia, al servicio de la calidad agroalimentaria, la seguridad sanitaria y la protección medioambiental, fortaleciendo de esta manera el papel del Laboratorio Regional como herramienta clave en el desarrollo y la competitividad del sector primario y agroindustrial riojano.

Las obras, iniciadas en abril de 2025 y cuya finalización está prevista para 2027, permitirán dotar a La Rioja de un laboratorio moderno, preparado para los retos científicos y técnicos del futuro, con una superficie útil total de 7.937,03 metros cuadrados y una construida de 8.665,99 metros cuadrados. De ellos, 6.550,52 metros cuadrados útiles, que supondrán más que duplicar la superficie actual, estarán destinados a espacios de laboratorio y 1.386,51 metros cuadrados a aparcamiento.

Un proyecto estratégico para reforzar los servicios públicos

El nuevo edificio responde a la necesidad de actualizar y ampliar las actuales instalaciones del Laboratorio Regional, ubicado también en La Grajera en un inmueble construido en la década de los 80 y que cuenta con 2.520 metros cuadrados. Con una plantilla de 40 técnicos, el laboratorio realiza alrededor de 150.000 determinaciones anuales en los ámbitos agroalimentario, sanitario y medioambiental.

El centro está adscrito a la Dirección General de Desarrollo Rural y desarrolla su actividad en las áreas de Agricultura y Alimentación, Salud y Consumo y Medio Ambiente. Entre los principales productos analizados figuran aguas, alimentos, muestras de origen animal, material vegetal, suelos, fertilizantes, lodos y piensos.

La nueva infraestructura permitirá mejorar la capacidad de diagnóstico y análisis, reforzar la seguridad laboral y adaptar las instalaciones a los requisitos científicos actuales, consolidando al Laboratorio Regional como centro multidisciplinar de referencia.

Instalaciones especializadas y máxima seguridad

El nuevo edificio se organiza en tres plantas sobre rasante y un semisótano técnico, adaptándose a la topografía de la parcela y minimizando su impacto visual en el entorno natural de La Grajera.

En la planta baja se ubicarán los laboratorios de Biología (Vegetal, Alimentaria, Pecuaria y Especial); en la primera planta, los laboratorios de Química Alimentaria y de Producción; y en la segunda planta, el laboratorio de Química de Residuos. Además, contará con un laboratorio de contención biológica P3, diseñado para operar con agentes patógenos peligrosos con todas las garantías de seguridad.

El proyecto contempla tres accesos diferenciados por razones de funcionalidad y seguridad: uno principal para personal y recepción de muestras; un acceso específico para productos químicos y muestras voluminosas; y otro exclusivo para el área de Biología, destinado a la gestión de muestras potencialmente contaminadas. Asimismo, dispondrá de ascensor adaptado, montacargas para equipos, núcleos de evacuación independientes, espacios técnicos específicos y un volumen adosado para la dotación de gases técnicos como oxígeno, argón, hidrógeno o nitrógeno.

Edificio inteligente y sostenible

El nuevo Laboratorio Regional ha sido concebido bajo criterios bioclimáticos y de eficiencia energética. Incorporará una instalación fotovoltaica con 200 paneles solares y una potencia total de 88 kW pico, con una generación estimada de 96.645 kWh anuales destinados al autoconsumo del edificio.

Además, contará con un sistema de aerotermia de alta eficiencia para la producción de agua caliente sanitaria, depósito de aguas pluviales de aproximadamente 60 metros cúbicos para riego, iluminación LED con regulación automática y detectores de presencia, así como un sistema integral de control y monitorización que permitirá la gestión inteligente de las instalaciones mediante tecnología Smart Building y sistemas de medición avanzada de consumos.

Cuando ha transcurrido más de un año desde que surgieron los primeros casos de empleados enfermos, todavía no se ha dado con el motivo que aún hoy causa intoxicaciones a quienes trabajan en el Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo (HUT).

Después de que en diciembre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe que descartaba el riesgo radiológico ionizante, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Gerencia que lleve a cabo pruebas de radiación no ionizante, las cuales deben ser realizadas por alguna empresa especializada externa.

En un comunicado, CSIF ha lamentado que el Sescam continúe sin realizar mediciones de radiaciones no ionizantes en la zona de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo (HUT) como posible causa de las intoxicaciones que a día de hoy siguen sufriendo los trabajadores.

Por ello, ha sido el propio sindicato quien ha pedido presupuesto a una empresa especializada, cuyo coste para evaluar campos eléctricos alternos, campos magnéticos alternos, campos eléctricos continuos (electrostática), campos magnéticos continuos (magnetostática), ondas electromagnéticas e interferencias electromagnéticas de tensión/corriente en la instalación eléctrica sería de 544 euros.

“Es tremendamente indignante esta inacción. Ni siquiera estamos hablando de cantidades desorbitadas para seguir descartando factores de riesgo”, señala Victoria Gutiérrez, responsable de CSIF Sanidad Toledo. Es más, la Central Sindical asegura que está dispuesta a costear estas mediciones.

Trabajadores que siguen enfermando

Mientras tanto, “los trabajadores siguen enfermando y de hecho las analíticas a las que se someten muestran valores alterados de ácido acético, metanol, proteinogramas, bajos niveles de reticulocitos, disfunciones tiroideas e inflamaciones inespecíficas o ácido fórmico elevado”, explica CSIF.

Las primeras intoxicaciones se produjeron el 27 de noviembre de 2024, cuando dos trabajadores tuvieron que recibir atención sanitaria tras estar expuestos a una sustancia no identificada y se llegaron a presentar, en un primer momento, decenas de partes de accidente laboral por afecciones faríngeas, respiratorias, oculares o cutáneas.

Pese al cierre temporal de la sala de tallado, la restricción del uso del formaldehído, la aplicación de ventilación y protección química, la revisión de todo el sistema de climatización y el servicio de electromedicina, las mediciones de todas las máquinas y aparatos del Laboratorio y la búsqueda de sustancias químicas volátiles sin que haya habido resultados concluyentes, la sintomatología “persiste sin conocerse cuál es el foco de las intoxicaciones”, apuntaban desde el sindicato el pasado mes de noviembre.

Por eso, el sindicato ya ha reclamado que se proceda a reducir la periodicidad anual de la vigilancia de la salud a los profesionales de los laboratorios a analíticas trimestrales y que los resultados obtenidos se recojan en su historial clínico-laboral.

“No vamos a dejar que el infierno que están sufriendo los trabajadores caiga en el olvido, siguen enfermando. Es preciso conocer cuál es el foco de las intoxicaciones”, concluye Gutiérrez.

Vivimos rodeados de ruido. Tanto, que apenas somos conscientes de él. Motores, voces, electrodomésticos, notificaciones, pasos, zumbidos eléctricos. El sonido es un fondo permanente de nuestra vida cotidiana. Y, precisamente por eso, cuando desaparece por completo, el cerebro entra en crisis.

Existe un lugar en el planeta donde el silencio es tan absoluto que deja de ser relajante y se vuelve perturbador. Está en Estados Unidos y figura en el Libro Guinness de los Récords como el lugar más silencioso del mundo.

El silencio llevado al extremo

La habitación se encuentra en los Orfield Laboratories, en Minneapolis, y registra un nivel de ruido negativo: –24,9 decibelios. Para entenderlo, basta un dato: una biblioteca silenciosa ronda los 30 decibelios positivos. Aquí estamos muy por debajo del umbral de percepción habitual.

No es una sala cualquiera. La cámara está diseñada como una muñeca rusa arquitectónica: una estructura exterior de hormigón y acero, y dentro otra habitación aislada que descansa sobre muelles gigantes para absorber cualquier vibración. No hay suelo sólido, sino una rejilla suspendida, y paredes, techo y suelo están recubiertos de enormes cuñas de fibra de vidrio que “devoran” el sonido. No hay eco. No hay rebote. No hay refugio acústico.

Cuando el cuerpo se convierte en ruido

Al entrar, el primer impacto no es el silencio, sino lo que aparece en su lugar. Personas que han pasado por la cámara describen una experiencia inquietante: empiezan a escucharse a sí mismas. El flujo de la sangre, el parpadeo de los ojos, la respiración amplificada, pequeños zumbidos internos que nunca antes habían notado.

Steven J. Orfield, fundador del laboratorio, lo resumió con una frase que se ha hecho famosa: «En la cámara anecoica, tú te conviertes en el sonido».

El problema es que el cerebro humano no está diseñado para la ausencia total de estímulos. Tras unos minutos, muchas personas pierden el equilibrio, se desorientan y experimentan una sensación intensa de incomodidad. No es miedo, es algo más difícil de explicar: una especie de saturación mental provocada por el vacío.

El periodista que aguantó 45 minutos

Durante años circuló una historia que alimentó la leyenda del lugar. En 2012, una visita de periodistas a los laboratorios derivó en un reto informal: ver quién soportaba más tiempo dentro de la cámara. Uno de ellos permaneció 45 minutos, una marca que durante una década se repitió como si fuera un límite humano.

El propio Orfield admitía que él nunca había pasado de los 30 minutos porque empezaba a alucinar. Aquello bastó para que se instalara la idea de que nadie podía resistir más sin “perder la cabeza”.

La ciencia, sin embargo, es menos dramática. Experimentos de privación sensorial realizados en los años 50 y 60 mostraron efectos como estrés, desorientación temporal y confusión cognitiva, pero no un límite fisiológico claro. Años después, la periodista Caity Weaver, de New York Magazine, decidió comprobarlo y permaneció tres horas en la cámara. Salió incómoda, agotada, pero perfectamente cuerda.

¿Para qué sirve un lugar así?

Paradójicamente, estas cámaras no se construyen para estudiar el silencio, sino el sonido. En Orfield Laboratories se analizan desde motores de motocicletas hasta el ruido mínimo de dispositivos electrónicos. Empresas tecnológicas, fabricantes industriales e incluso el sector aeroespacial utilizan estas salas para medir cómo suenan —o cómo no deberían sonar— sus productos.

También se emplean para entrenar a astronautas, que deben acostumbrarse a la ausencia casi total de estímulos sonoros en el espacio, o para investigaciones sobre los efectos del ruido en la salud humana.

El silencio no siempre cura

En el Día Mundial de los Sonidos Curativos solemos pensar en música suave, frecuencias relajantes o paisajes sonoros naturales. Pero este lugar demuestra justo lo contrario: el silencio absoluto no es terapéutico, es antinatural. El oído no descansa; el cerebro se inquieta.

Quizá la lección sea más sencilla de lo que parece. No necesitamos eliminar el sonido, sino aprender a escucharlo. Porque cuando el ruido desaparece del todo, lo que emerge no es la paz, sino nosotros mismos. Y no siempre estamos preparados para tanto silencio.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado este domingo que el Consejo de Seguridad Nuclear haya descartado el riesgo radiológico ionizante para los trabajadores de la zona de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo (HUT) tras las mediciones llevadas a cabo el pasado 25 de noviembre, pero lo consideran insuficiente.

Creen que “es preciso seguir realizando pruebas para continuar descartando las posibles causas de las intoxicaciones que continúan sufriendo los trabajadores”.Y es que, remarcan, el informe emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se refiere específicamente a la exposición a radiaciones ionizantes y no proporciona información sobre radiaciones no ionizantes (como campos electromagnéticos, radiofrecuencia o láseres), la cual debe ser evaluada por empresas especializadas.

La radiación no ionizante es una energía de baja frecuencia capaz de atravesar el hormigón e interactuar con gases químicos causando efectos biológicos a nivel celular. “Es un riesgo acumulativo para la salud y seguridad de los trabajadores que es preciso analizar”, sugiere el sindicato. La radiación no ionizante en hospitales incluye la utilizada en resonancia magnética, ultrasonido (ecografías), láser (cirugía) y luz ultravioleta (UV) (esterilización).

CSIF celebra que se haya descartado el riesgo de radiación ionizante, la más peligrosa “pero es preciso seguir haciendo pruebas hasta llegar al foco que está provocando las intoxicaciones. Es una realidad que los trabajadores siguen enfermando, ya se han comunicado más de 600 partes de incidencia por cerca de un centenar de trabajadores diferentes”, explica Victoria Gutiérrez, responsable de CSIF Sanidad Toledo.

Asimismo, de acuerdo a las actuaciones reflejadas en el acta de inspección del CSN, no se ha llevado a cabo una evaluación de la radiación ionizante gamma, la cual también tiene un gran poder de penetración capaz de atravesar materiales densos como el cuerpo humano o el hormigón. También es importante comprobar si hay aparataje específico en el HUT que genere este tipo de radiación, y en caso de su existencia es preciso llevar a cabo mediciones.

Es una realidad que los trabajadores siguen enfermando, ya se han comunicado más de 600 partes de incidencia por cerca de un centenar de trabajadores diferentes

“Vamos a seguir reclamando todas las pruebas que sean necesarias. No en vano, desde la aparición de los primeros síntomas en noviembre de 2024, los trabajadores siguen sufriendo mareos, cefaleas intensas, vómitos, irritaciones respiratorias y cutáneas, úlceras oculares, sangrados nasales repentinos, alteraciones tiroideas o alteraciones de parámetros que tienen que ver con la médula o ferropenia, entre otros problemas”, concluye Gutiérrez.

Una fotografía realizada por los científicos Daniel García Ovejero y Javier Mazarío Torrijos, del laboratorio de Neuroinflamación y del Servicio de Microscopía y Análisis de Imagen del Hospital Nacional de Parapléjicos, respectivamente, ha sido galardonada con el segundo premio en la modalidad Micro de FOTCIENCIA21.

La imagen científica ha sido titulada como ‘Uzumaki’, que significa espiral en japonés, y se corresponde con una micrografía obtenida a partir de un corte de pocas micras de grosor que abarca 8,5 cm de intestino de rata, captada con un objetivo 10x, en la que se distinguen vellosidades y criptas intestinales dispuestas en una voluta o espiral.

Según informa la Consejería de Sanidad en un comunicado, “el intestino es un órgano complejo de analizar al microscopio por su forma tubular y su gran longitud”. Para abordar este reto, en histología se emplea la disposición de la muestra en “rollo suizo”, que consiste en enrollar cuidadosamente el tejido intestinal antes de realizar los cortes finos, generando preparaciones en las que el órgano aparece organizado en espiral.

Del laboratorio al público: exposición itinerante y catálogo

FOTCIENCIA busca acercar la ciencia a la ciudadanía mediante la fotografía científica y promover, dentro de la comunidad investigadora, la importancia de divulgar el trabajo científico, y está impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Tras la selección, las imágenes pasan a formar parte de una exposición itinerante y del catálogo que la acompaña en diversas localidades de todo el mundo, recorriendo museos, centros de ciencia, universidades y espacios culturales.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil registran este jueves el laboratorio del IRTA-CReSA, bajo sospecha por una posible fuga que estaría detrás del brote de peste porcina africana en Catalunya. Se trata de una actuación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès, que ha declarado como secretas las diligencias.

“La entrada y registro en estas instalaciones se está llevando a cabo siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación”, señalan los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

El brote de peste porcina afircana, declarado el pasado 28 de noviembre en la localidad barcelonesa de Cerdanyola del Vallès, ha sacudido al sector porcino en España. Inicialmente, la Generalitat pensó que su origen era la llegada de comida contaminada desde otro país, pero más tarde se conoció que la cepa del virus era compatible con la que se usa en laborarorios como el IRTA-CReSA y no con las que circulan por la Unión Europea.

Se da el caso además que los laboratorios de este centro de investigación en salud animal están a apenas un kilómetro de donde se hallaron los primeros jabalíes muertos por el virus.

Actualmente hay varias investigaciones abiertas sobre el origen del brote. Además de las indagaciones judiciales y policiales, el Departamento de Agricultura encargó una auditoría a un comité de expertos –dos de ellos, del propio IRTA-CReSA–, para revisar protocolos y procedimientos de sus laboratorios. También el Ministerio de Agricultura mantiene abierta una investigación paralela.

Por último, la Generalitat remitió esta semana las muestras del virus con que se trabaja en el IRTA-CReSA para que se secuencien en un laboratorio de la Unión Europea. Esto permitirá cotejar con más precisión si coincide con el que se halló en los jabalíes de Cerdanyola.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha desmentido que se estén produciendo retrasos en las pruebas que se realizan en los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo, al tiempo que ha negado la existencia de materiales tóxicos que estén afectando a sus trabajadores.

El titular de Sanidad, preguntado por los medios en Toledo, ha refutado de este modo a CSIF, que este miércoles señalaba, un año después de que comenzaran las presuntas intoxicaciones de los trabajadores, que se están dando retrasos en pruebas, como citologías o biopsias, y que continúan las incidencias por sintomatología.

Según Fernández Sanz, existe una “diferencia cuantitativa” en cuanto al número de pruebas que se hacía en el Virgen de la Salud, a las que ahora se realizan en el Universitario. “Hacemos al año 20.000 biopsias más. Hemos pasado de 38.000 a 58.000. Felicito a los trabajadores por el esfuerzo que están haciendo y, además, se lo agradezco”.

“No hay retrasos como decían --ha dicho en alusión a las críticas de CSIF--. Queremos transmitir tranquilidad a la ciudadanía. Somos transparentes y lo ponemos encima de la mesa en cada órgano de prevención en las que nos reunimos”.

Sin pruebas concluyentes, espera datos del CSN

Dicho esto, ha insistido en afirmar que no hay motivos parar pensar que en dicho espacio hay “intoxicación”, “porque no hay personas de baja por ello”.

“Seguimos midiendo por tres empresas diferentes y estamos por debajo de los niveles que recomiendan los estándares. En su día, el juez desestimó lo que habían propuesto --los sindicatos-- y no llegó a ser nada que tuviese que ver con algo que estuviésemos haciendo mal”.

No obstante, la Consejería está a la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear, que fue llamado por parte de los trabajadores, diga su dictamen. “Estamos expectantes. Somos respetuosos, pero no tenemos datos objetivos para pensar en eso”, ha insistido Fernández Sanz, que ha dicho que seguirán vigilando la seguridad de los trabajadores y si, llegado el momento, es preciso contar con la ayuda de otro laboratorio, como ya ocurrió con el del hospital de Talavera cuando estaba actuando la inspección de trabajo, “no tendrá ningún problema”.

De ahí que haya abundado en destacar la “normalidad” del funcionamiento de dichos laboratorios, pese a “lo que los trabajadores, a través de sus representantes, quieran manifestar”.

Aunque ha mostrado “máximo respeto” a las actuaciones y reivindicaciones de los sindicatos, ha matizado que “no siempre pudo ser así”.

Asturias continúa fortaleciendo su tejido científico y tecnológico. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 la inversión en investigación y desarrollo (I+D) creció un 10,4%, mientras que el personal investigador aumentó un 11,7%, situando al Principado por segundo año consecutivo entre las comunidades líderes en España en impulso científico.

El gasto total en I+D alcanzó los 308 millones de euros, con 5.264 personas contratadas a tiempo completo en actividades de ciencia e innovación. En términos relativos, Asturias pasó de representar el 1,2 % del gasto nacional en 2023 al 1,3 % en 2024, situándose como la tercera comunidad con mayor crecimiento en inversión, solo por detrás de Navarra (39,5 %) y Madrid (14,3 %).

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, valoró los datos y los vinculó a las políticas iniciadas en 2019: “Sabemos que invertir en ciencia es invertir en futuro, y que el talento científico es el motor que va a impulsar nuestra economía y a transformar nuestra industria. Asturias debe seguir apostando por la I+D para garantizar un futuro más próspero”.

Crecimiento del once por ciento

Los registros muestran un aumento sostenido de los recursos humanos en I+D. En 2024, la comunidad contaba con 5.264 personas equivalentes a jornada completa, un crecimiento del 11,7 por ciento respecto al año anterior. Estos resultados refuerzan la tendencia alcista de 2023, cuando el gasto se incrementó un 28,1 por ciento y el personal técnico e investigador un 30 por ciento. La inversión por habitante en 2024 se sitúa en torno a 302 euros, por encima de la media nacional del 6,9 por ciento.

Por ámbitos, sobresale el aumento del gasto empresarial, que pasó de 156,3 millones a 184 millones, así como en la enseñanza superior, con 80,3 millones frente a 77,8 millones del ejercicio anterior, consolidando a Asturias como un referente en la combinación de talento y recursos para la investigación científica.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Toledo ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por CSIF por un posible delito contra los derechos de los trabajadores en materia de salud laboral, según consta en una providencia con fecha 4 de noviembre que ha dado hoy a conocer CSIF. Lleva meses denunciando que los trabajadores de la zona de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo enferman, sin que se haya aclarado la causa.

Esta resolución permite al sindicato retomar la vía judicial gracias al recurso de apelación presentado contra el auto de archivo de las diligencias, al que se opuso la Fiscalía, para cerrar el Laboratorio de Anatomía Patológica.

CSIF considera que es necesario depurar responsabilidades y también “garantizar la protección de los trabajadores ante posibles secuelas permanentes”. A eso se suma “el miedo y del terrible desgaste físico y psicológico que están padeciendo los trabajadores” y la demora en pruebas diagnósticas como biopsias o citologías, “lo que supone un grave perjuicio a la ciudadanía”.

El sindicato señala que ni la Gerencia del centro hospitalario ni la Consejería de Sanidad “han llevado a cabo las medidas necesarias ni con la urgencia requerida para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores”.

La denuncia de la situación lleva sobre la mesa desde noviembre de 2024. La Consejería de Sanidad niega que haya datos “objetivos” que confirmen las intoxicaciones, pero el sindicato insiste en que la plantilla del Laboratorio de Anatomía Patológica, Genética, Microbiología, Bioquímica y Hematología “continúa a día de hoy sufriendo síntomas compatibles con intoxicaciones recurrentes: mareos, cefaleas intensas, vómitos, irritaciones respiratorias y cutáneas, sangrados nasales, alteraciones tiroideas o ferropenia, entre otros”.

Una sala del laboratorio cerrada, pero “siguen las intoxicaciones”

A pesar del tiempo transcurrido sigue sin conocerse el foco del problema, incide CSIF, que recuerda que pese al cierre de la sala de tallado del Laboratorio de Anatomía Patológica en febrero pasado, tras la detección de los niveles fuera de lo normal de formaldehído, y el traslado temporal de parte de los laboratorios, continúan las intoxicaciones.

CSIF entiende que la concesionaria del HUT, el Servicio de Salud regional (SESCAM) y la Consejería de Sanidad “tienen la obligación de salvaguardar la salud y seguridad” y consideran “absolutamente inadmisible que los trabajadores continúen enfermando sin que se aporten soluciones”.

El sindicato recuerda que también se ha dirigido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para descartar que no se esté producido una exposición radiológica o electromagnética en la zona de laboratorios.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha puesto en conocimiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), por su competencia en materia de protección radiológica, el posible riesgo de radiación o exposición electromagnética en la zona de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo (HUT) solicitando su evaluación y estudio.

Durante el último año, los trabajadores de los servicios de Anatomía Patológica, Genética, Microbiología, Bioquímica y Hematología han sufrido síntomas compatibles con intoxicaciones recurrentes como mareos, cefaleas intensas, vómitos, irritaciones respiratorias y cutáneas, sangrados nasales, alteraciones tiroideas o ferropenia, entre otros, según viene insistiendo el sindicato CSIF.

Pese a que los análisis llevados a cabo en enero de 2025 detectaron en su momento altos valores de formaldehído en el aire y se cerró temporalmente la sala de tallado, la sintomatología ha persistido incluso tras eliminar el uso de este gas y aplicar medidas de ventilación y protección química.

Desde entonces, la sociedad concesionaria y la Gerencia del hospital están realizando mediciones puntuales de elementos químicos en el aire, estudios de la calidad del aire y estudios del funcionamiento de la instalación de climatización. Hasta el momento, según consta en la documentación aportada por la concesionaria y la Gerencia, los valores de todas las mediciones se encuentran por debajo del límite de exposición ambiental.

“Ante la sospecha de que el origen del problema no sea la exposición al formaldehído, CSIF ha requerido la intervención del Consejo de Seguridad Nuclear, entidad independiente que tiene como fin primordial velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente, para descartar que no haya riesgo de estar sufriendo efectos de radiación o campos electromagnéticos, ya que encima de la zona de laboratorios (situados en la planta 0 del edificio E) se encuentra el Servicio de Radiodiagnóstico, donde se ubican las áreas de hemodinámica, radiología intervencionista y diagnóstico por imagen”, indican.

Por ello, el sindicato solicita al CSN una evaluación integral de la zona (E00 y E01) “para descartar cualquier riesgo de exposición radiológica o electromagnética, y garantizar que los materiales de separación entre plantas cumplen los requisitos de protección exigidos por la normativa”.

A finales de octubre, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, manifestó que su departamento sigue sin tener constancia de intoxicaciones en los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo tras las mediciones “objetivas” que se están realizando.

Nueva concentración de los trabajadores

El delegado de Prevención del Hospital Universitario de Toledo, José Ángel Díaz, ha pedido este lunes “acciones correctivas” por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en los laboratorios del centro tras persistir los síntomas de intoxicación --irritación de garganta, ojos o piel-- y después de que los últimos resultados de las mediciones realizadas no hayan arrojado valores de toxicidad por encima de los límites establecidos.

En declaraciones a los medios a las puertas del hospital, junto a los trabajadores de estas instalaciones que han protestado nuevamente como ya es habitual cada lunes, Díaz ha afirmado que desconocen el componente concreto que está causando estos síntomas, según recoge Europa Press.

“Si supiéramos lo que está concentrado en el ambiente se protegería a los trabajadores con el equipo adecuado. En las mediciones no sale ningún dato que sea por encima de los valores”, ha afirmado el delegado de prevención.

Actualmente se están analizando nuevas mediciones que les requirió la Instrucción de Trabajo y tienen que esperar a los resultados. Una sola persona de estos laboratorios estaba de baja y hoy mismo le han dado el alta. El último grupo de trabajadores afectados que han acudido a la mutua están cerca de la veintena.

La situación se produce “principalmente en el laboratorio de anatomía”, en el de microbiología y también “en el laboratorio de banco de sangre” donde hoy “están muy mal”. “Estaban con los ojos que no podían ni abrirlos”.

“Las compañeras y los compañeros trabajadores siguen acudiendo a la mutua. Les dicen que tienen irritación de garganta, de piel, de ojos. Y la situación es la misma. Están tomando mediciones pero no hay ningún tipo de acción correctiva sobre la instalación”, ha lamentado Díaz.

Se quejan de una contestación “genérica” del Sescam a un escrito de los trabajadores “para pedir a la Gerencia si les está garantizando su salud, porque aún con los EPI” que les han facilitado, no tienen garantizada su protección.

Los trabajadores continúan reclamando el cierre de los laboratorios, y que el Sescam tome medidas pertinentes como el traslado de los empleados a otros laboratorios.

Las concentraciones cada lunes continúan y no descartan los paros en este departamento. “No entendemos que sigan así después de un año”, añade el delgado de prevención, que ha recordado que esta situación se encuentra denunciada por vía judicial y en la Inspección de Trabajo, a la espera de contestación.

Este lunes han vuelto a concentrarse los delegados y delegadas de prevención del Área Sanitaria de Toledo del SESCAM ante las puertas del Hospital Universitario de Toledo para denunciar “la grave situación” que los trabajadores y trabajadoras del Laboratorio de Anatomía Patológica y el resto de laboratorios del centro sufren desde hace casi un año.

Aseguran que se está “poniendo su salud en juego cada día que acuden al centro de trabajo”, casi un año después de que se estén registrando “bajas laborales” de trabajadores que “enferman”, sin que se conozcan las causas y sin “las medidas oportunas” en su opinión. Mientras, hoy explicaban que “se obliga al personal a ponerse un tipo de mascarilla indicada para los trabajadores/as que están en contacto con amianto”.

Los delegados de los trabajadores, según UGT, han pedido a la gerencia que “certifique por escrito que el ambiente donde estamos trabajando es seguro para la salud de los trabajadores”, pero no han obtenido respuesta.

Testimonios de los trabajadores de los laboratorios

Patricia Ramos, trabajadora de los laboratorios ha trasladado que “se siguen produciendo intoxicaciones diarias”, y que “se obliga al personal a ponerse un tipo de mascarilla indicada para los trabajadores que están en contacto con amianto”. Mascarillas, dice, muy pesadas e “insufribles” para llevarlas durante toda la jornada laboral.

La trabajadora expone que “el viernes pasado tuvimos más 30 partes de intoxicación y alguna compañera tuvo que acudir a urgencias y a la mutua. Pero a pesar de todos estos casos, seguimos sin obtener ningún tipo de respuesta”.

“No entendemos cómo si la gerencia del hospital dice que en los laboratorios no pasa nada, ¿por qué tenemos que trabajar con esas mascarillas?”, se pregunta.

Ramos se muestra tajante y señala que “si realmente no pasa nada, queremos que nos lo certifiquen por escrito, y si no nos lo certifican que hagan algo para solucionarlo”.

En la misma línea ha hablado Inés Pedreño, delegada de prevención quien ha advertido que las movilizaciones continuarán hasta que no se dé una solución definitiva a estos trabajadores y trabajadoras. Y ha destacado no solo los problemas físicos que está situación está provocando, sino también la carga mental.

“Nuestros compañeros y compañeras enferman y no dan más de sí, es inhumano trabajar siete horas con estas mascarillas, no hay quien lo aguante. Los trabajadores y trabajadoras de los laboratorios están sufriendo un maltrato físico y mental. Por eso, pedimos el cierre de las instalaciones para su revisión completa y reparación de las deficiencias que pudieran encontrarse”, explica Pedreño.

Además, finaliza señalando que mientras la situación persista, “seguiremos saliendo a la calle y seguiremos denunciando ante la Inspección de Trabajo”.

La Consejería de Sanidad sigue sin ver indicios

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha manifestado que su departamento sigue sin tener constancia de intoxicaciones en los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo tras las mediciones “objetivas” que se están realizando.

Asegura que, la Consejería de Sanidad cuenta con “tres empresas diferentes midiendo lo que ocurre en el laboratorio y sigue sin haber ningún dato objetivo que manifieste niveles de intoxicación”. Aunque dice entender las protestas de las plantillas, insiste en que su departamento sigue “sin conocer intoxicaciones a través de salud laboral y también de las mediciones”.

El servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), está realizando mediciones “en el momento de mayor incidencia de síntomas”, tal como estableció la Inspección de Trabajo, ha insistido.

Tal y como informa Sanidad, el Hospital Universitario de Toledo ha registrado hasta el momento más de 850 horas de mediciones en el área de los laboratorios, y en los resultados que arrojan se obtienen valores de exposición por debajo de los valores límite ambientales establecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo.