EH Bildu continúa presionando al consejero de Salud, Alberto Martínez, para que aclare qué ha pasado con el Registro del Cáncer de Euskadi en los últimos años. Como adelantó este periódico en diciembre tras consultar documentos internos de Osakidetza, no se dispone de información sobre incidencia desde 2019 y recientes explicaciones ofrecidas en el Parlamento Vasco constatan que las series estadísticas no se actualizan desde ese momento. El cáncer es la principal causa de muerte en varones y menores de 15 años, y la segunda en mujeres.

La coalición pidió amparo a la Mesa la pasada semana al ver que no se le habían enviado informes sobre la prevalencia de los diferentes tipos de cáncer en los últimos años, como había requerido. Poco después, el consejero ofreció una respuesta “complementaria” con algunas consideraciones adicionales. En ella, sí se alude a entregas de datos recientes, pero con “los datos procesados más actualizados”, sin aclarar el detalle de las fechas.

Ahora la portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera, ha registrado una nueva iniciativa para que Martínez aclare qué material envió realmente Euskadi al REDECAN, el registro estatal, en octubre del pasado año. Y también desea conocer qué se compartió con el ENCR europeo en 2024. En enero de 2026 estaba prevista también una entrega al IACR internacional.

El consejero Martínez, por el contrario, insiste en que “Euskadi es de las pocas comunidades que han aportado datos durante el año 2025”. En todo caso, defiende la calidad del Registro del Cáncer de Euskadi, el “único” con “información integrada de la incidencia en hospitales y atención primaria”. Según el consejero, es “un referente en la detección, la atención, el seguimiento, el registro y la transparencia en información oncológica”.

EH Bildu ha solicitado amparo a la Mesa del Parlamento Vasco después de que el consejero de Salud, Alberto Martínez, no haya enviado datos sobre la incidencia del cáncer en Euskadi más actuales que los de 2019. La parlamentaria Rebeka Ubera había requerido información sobre tres tipos de cáncer en menores de 50 años entre 2020 y 2024, pero el informe entregado hace referencia solamente al período comprendido entre 2001 y 2019.

En el fondo de este debate está que el denominado Registro del Cáncer de Euskadi, como publicó este periódico en diciembre, no dispone de información más reciente. La oficina fue creada en 1986 y cuelga del Departamento de Salud, pero no tiene información actualizada sobre la prevalencia real de la patología que es la principal causa de muerte en varones y menores de 15 años y la segunda en mujeres. Los últimos datos consolidados de toda la comunidad autónoma son precisamente de 2019. En aquel momento, a finales de 2025, la comunidad autónoma no pudo entregar los requeridos por el sistema REDECAN, la red española de registros autonómicos, y estaban en el aire las solicitudes tanto europea (ENCR) como mundial (IACR).

Sobre este asunto, a comienzos de 2026 el consejero Martínez, precisamente a preguntas de EH Bildu, indicó en la Cámara que “a partir del primer trimestre” se empleará “exclusivamente” un nuevo sistema informático llamado “AC59” para poder transmitir en tiempo y forma los datos de la incidencia del cáncer tanto al registro estatal REDECAN como a los sistemas europeo y mundial. El presupuesto para la actualización tecnológica ha sido de 421.000 euros. Públicamente, Martínez ha defendido que Euskadi dispone de uno de los mejores sistemas estadísticos sobre cáncer de España. Esto se suma a que Euskadi no actualiza desde 2015 otro registro, el de las anomalías congénitas.

Desde la oposición, EH Bildu quiere ahora que el Parlamento pida expresamente al Gobierno que atienda la solicitud de datos. Recuerda que el reglamento de la Cámara faculta a los parlamentarios a recibir información del Ejecutivo en los términos que se deseen. “No es de la información por la que había preguntado”, protesta Ubera en su escrito a la Mesa. En el órgano de dirección del Parlamento, eso sí, tienen mayoría PNV y PSE-EE, los partidos del Ejecutivo. No obstante, hay un precedente muy reciente en el que se le dio la razón a EH Bildu al serle denegada información solicitada a la Diputación de Bizkaia.

La portavoz sanitaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, ha elevado el listón y ha pedido ya “responsabilidades” en la cúpula del Departamento de Salud por la crisis de las vacunas caducadas. Esta semana ha trascendido que ha habido casos desde 2017. En la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco, Ubera ha remarcado que mes y medio después de que desde un ambulatorio de Errenteria se diera la primera alerta no se ha abierto un solo expediente. “¿Quién va a asumir las responsabilidades? ¿La directora de Osakidetza? ¿Usted? ¿Quién es el responsable de este caos? ¿Aquí nadie ha sentido la necesidad de abrir un expediente?”, ha lanzado desde la tribuna. Se da la circunstancia de que otra fuerza de la oposición, el PP, ya había manifestado también esta semana la necesidad de que se depuren “responsabilidades” en el Servicio Vasco de Salud.

Ubera ha lamentado que el Gobierno siga llamando “incidencia” a un problema que es “estructural” y que se repite desde hace años. Ha indicado, asimismo, que el comité de investigación creado 'ad hoc' solamente ha revisado los problemas con un tipo de inyección, la hexavalente, cuando los ha habido también con la triple vírica, una tetravalente y una pentavalente. La mayoría de receptores de esas dosis son bebés y niños de muy corta edad. “Incidencia, incidencia, incidencia. Minimizan un problema sistemático. Lo esconden con medias verdades”, ha insistido la parlamentaria de EH Bildu, que fue quien informó públicamente del asunto antes de que lo hiciera la propia Osakidetza.

El consejero, Alberto Martínez, no se ha salido del guion y ha insistido en que “el 99,85%” de las vacunas administradas en 2025 fueron correctas. “No resto importancia a lo sucedido, pero simplemente lo sitúo en su dimensión. No ha habido daño [para la salud de los afectados] y no consta dolo”, ha agregado en la Cámara.

Martínez ha indicado que la cifra más desfavorable de casos estaría “por debajo” de la horquilla más baja de afectados por vacunas caducadas en el único país que ha hecho un estudio similar, el Reino Unido. Además, ha defendido que se irán adoptando “medidas correctoras” para intentar hacer desaparecer los fallos. Ha apelado a que los profesionales tengan en cuenta los “siete correctos” -siete pasos que hay que cumplir- a la hora de inocular una vacuna,ha recordado que en mayo habrá una cartilla totalmente digital con alertas frente a los procedimientos manuales que se puedan mantener y ha asegurado que logísticamente se trabajará para ofrecer antes las dosis que tengan una fecha más corta.

Según Martínez, el Gobierno ha sido “proactivo” en la resolución de la “incidencia”. Ha insistido en que tras la alerta en Errenteria se pasó a mirar si el problema se había podido dar en los cerca de 400 ambulatorios de Osakidetza y que, en vez de quedarse con los “dos meses” en que estuvo circulando la hexavalente pasada de fecha, se miraron 170.000 actos vacunales de 2025 y, sin que haya aclarado el cómo, también de años anteriores. “En ningún país del mundo se ha hecho”, ha recalcado.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha abierto un expediente informativo a uno de los responsables del área de Emergencias, Asier López, según confirman fuentes oficiales. El motivo principal es que López, con plaza en propiedad en el parque móvil de Bilbao, ejerció durante meses como gerente de la empresa de ambulancias de Bizkaia, denominada Bizkanb, valiéndose de una excedencia “para el cuidado de familiares”. El expediente está ya “en marcha” y comunicado y analizará todas las circunstancias antes de que se adopten posibles medidas.

En paralelo, el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha informado recientemente al Parlamento Vasco, en respuesta a una iniciativa de Rebeka Ubera de EH Bildu sobre la trayectoria profesional a caballo entre la Sanidad pública y la privada de López, que tomó posesión en marzo de 2024 de su plaza como “personal estatutario fijo” de Emergencias, lograda en la OPE de vacantes de 2018 y 2019. Después, a las 24 horas, “inició el desempeño de funciones de superior categoría” al ser nombrado “jefe de área de Servicios Generales”. Ocupó ese puesto hasta el 26 de enero de 2025. El 28 de enero hizo efectiva una “situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares”.

Entre medias, en noviembre de 2024 se creó la empresa Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) y la local Baztan-Bidasoa. Esta marca se constituyó 'ad hoc' para gestionar el servicio de ambulancias externalizadas de Osakidetza en Bizkaia, tanto la red de transporte urgente como la del programado. Y es que se rescindió precipitadamente el acuerdo con la anterior contratista, la catalana Grup La Pau, que arrastraba un cúmulo de infracciones, impagos y otras irregularidades. La figura del último gerente de Grup La Pau también generó controversia al ser igualmente un excargo de Salud, en este caso Ibon Etxeberria, que en su momento tuvo que dimitir por saltarse las restricciones de la pandemia de la COVID-19 por ir a jugar al golf.

En diciembre de 2025, este periódico publicó una reestructuración de Bizkanb y la salida de López. Sanir, en una carta, destacaba la labor “ejemplar” de su anterior gerente, pero optaba por un nuevo equpo. Así las cosas, el 12 de ese mes se dio por finalizada la excedencia y el 13 López se reincorporó a Emergencias como “conductor”. Eso sí, según otras fuentes, en las últimas semanas López ha asumido tareas de mayor responsabilidad. Por ejemplo, ha participado en el proceso de integración en la red de Osakidetza de las ambulancias privadas de Elgoibar y Tolosa como apoyo a la gerencia, tareas similares a sus anteriores funciones de responsable de parque móvil.

Estas fuentes internas indican que fue el propio responsable de Emergencias, Eleder Ríos, que lleva pocos meses en el cargo, el que comunicó personalmente la apertura de la investigación a López el pasado viernes. Osakidetza confirma oficialmente la incoación del expediente informativo. EH Bildu, en su iniciativa, hacía constar también que ya antes López había ocupado cargos de responsabilidad en otra contrata, Ambulancias Bizkaia, con idas y venidas de la Administración. Ahora mismo está abierto un proceso selectivo la provisión 'de iure' de la jefatura de parque móvil de Emergencias y López es uno de los candidatos.

Se da la circunstancia de que este viernes, en el Parlamento Vasco, el consejero Martínez tuvo que dar explicaciones, a instancias del PP, por el caso del exjefe de Seguridad de Osakidetza, que tuvo que ser apartado porque había falsificado su título universitario. El ertzaina había ejercido durante dos años. Ahora ha sido denunciado en los tribunales. En esa comparecencia, el titular dijo que opera con “tolerancia cero ante cualquier caso de fraude”. “El sistema público vasco detecta, corrige y denuncia la corrupción, venga de donde venga y afecte a quien afecte. Ése es el compromiso de este Gobierno”, señaló también.

Después de casi tres semanas sin respuesta a la primera notificación, la Fiscalía ha optado por enviar a la Ertzaintza a la dirección general de Osakidetza para que le sea entregada con carácter inmediato toda la documentación relativa a la crisis de las vacunas caducadas. El ministerio fiscal abrió una investigación tras una petición de la entidad de Madrid Defensor del Paciente, que estima que la administración de productos pasados de fecha puede comportar riesgos de salud y, por lo tanto, constituir un delito.

“No habíamos llegado a recibir la notificación”, ha argumentado el consejero de Salud, Alberto Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación. A la luz del requerimiento en mano de este miércoles, según ha expuesto, este mismo jueves “se va a mandar todo”. Y se hará por dos vías, telemáticamente y en papel, para que no haya problemas. “Disposición a todo lo que haga falta”, ha agregado el titular de Salud.

Según 'El Mundo', fue un agente de Policía el que entregó en mano a Lore Bilbao, la directora general del Servicio Vasco de Salud, el segundo requerimiento. Fuentes judiciales “quieren entender” que, en efecto, la primera notificación se perdió en el sistema telemático y confían en que, ahora sí, puedan recabar los datos requeridos. El plazo máximo es de diez días pero, a la luz de las explicaciones del Gobierno, se resolverá mucho más rápido.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía y Osakidetza ya tuvieron un encontronazo en otra causa penal de relevancia. En 2018, cuando arrancó la investigación por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas, la misma fiscal ahora lidera estas diligencias, Carmen Adán, pidió la información relativa a las actuaciones internas sobre los exámenes. En aquel caso, el equipo del entonces consejero, Jon Darpón, le envió una conclusiones propias exculpatorias y no el contenido íntegro de sus entrevistas y actuaciones, donde había testimonios que alertaban de la existencia de irregularidades.

Debate parlamentario

Martínez ha dado estas explicaciones justo antes del arranque de la sesión parlamentaria de este jueves en la que, como primer punto, EH Bildu y PP planteaban precisamente nuevas medidas para evitar casos como el sucedido. Por el contrario, la mayoría del Gobierno, PNV y PSE-EE, han contraprogramado con un texto genérico. En él se apunta a “agilizar” las medidas ya anunciadas por el consejero esta semana en la propia Cámara, en la comisión de Salud. “Ante hipotéticos casos de incidencias sanitarias vinculadas a vacunas, [se insta a] establecer un protocolo de comunicación ciudadana en el que se garanticen criterios científicos, de seguridad sanitaria y de prudencia, con el fin de transmitir una máxima confianza y seguridad hacia el sistema de salud, evitando incertidumbre que pudiera generar una alarma desproporcionada e innecesaria”, se puede leer en la resolución.

Desde la oposición, Rebeka Ubera de EH Bildu, quien destapó el asunto, ha insistido en que el Ejecutivo intentó “tapar” que existían estas vacunas caducadas. “Ni siquiera se ha habilitado un teléfono para las familias”, ha asegurado. Por eso, no confía en que esas medidas correctoras vaya a implementarse. Laura Garrido, del PP, ha criticado la falta de colaboración con la Fiscalía por parte de Osakidetza. “El asunto es grave”, ha apostillado, desde Sumar, Jon Hernández.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, y buena parte de su equipo han presentado este lunes en el Parlamento Vasco las primeras conclusiones de la revisión de 168.841 vacunas administradas por Osakidetza en 2025 -todas salvo las de la COVID-19 y la gripe estacional- a raíz de la crisis abierta hace unas semanas cuando trascendió que se habían inoculado hasta tres lotes caducados (de la hexavalente, de una tetravalente y de la triple vírica) durante los últimos meses. Por el momento, hay 19 casos nuevos confirmados y 137 “potenciales”. El Gobierno autonómico se queda en que, en el peor de los escenarios, serían 160 casos por cada 100.000 actos vacunales, por debajo de un estudio del NHS británico (con datos de 2013 a 2015) que dejaba ese indicador entre 170 y 250 y más alto incluso en la capital, en Londres.

Sin embargo, las “incidencias” iniciales que motivaron este estudio integral eran ya 115 en 2025. Aunque muchas menos que los 253, 49 y 29 casos, en función de la vacuna, que se estimaron en un primer momento, superan con creces los 19 supuestos indicados. En concreto, se administraron 132 vacunas caducadas de la hexavalente, tetravalente y triple vírica, 115 en 2025 y 17 en los primeros días de 2026. De ellos, 84 han optado por la revacunación, 40 hexavalentes, 30 tetravalentes y 14 de la triple vírica.

El Ejecutivo insiste en la tesis de que hay más problemas de registro que de vacunas pasadas de fecha. Por eso hay casos potenciales que luego se descartan, los que ahora se están investigando. El consejero Martínez, de hecho, ha presentado en la Cámara, con ayuda de una pantalla, algunos vídeos de cómo se hacen los registros de vacunas en Osakidetza para mostrar que pueden cometerse errores tanto por motivos humanos -que se introduzcan mal los datos- como porque el sistema 'recomienda' lotes ya introducidos.

Martínez ha despejado también la responsabilidad de los servicios centrales de Osakidetza. “En todos los casos, caducaron en los centros de salud”, ha señalado. Y ha agregado que las dosis caducadas se han “concentrado” en un punto concreto, el ambulatorio de Iztieta de Errenteria. Allí hay una cuarentena de casos, muchos más que en otros ambulatorios tanto de Donostialdea como del resto de la red. Se da la circunstancia de que es desde allí desde donde partió el 15 de enero el aviso de este problema, lanzado por una enfermera, cuando el lote circuló por doce de las trece comarcas de la red de Osakidetza. Los hechos trascendieron doce días después, el 27 de enero, y solamente después de que EH Bildu, desde la oposición, presentara unas preguntas en el Parlamento Vasco.

El viceconsejero Gontzal Tamayo, uno de los acompañantes de Martínez, ha indicado que “en el momento de distribución” a los ambulatorios se ofrecen lotes con “al menos doce meses” de vigencia. Es más, “si el período es inferior a seis meses” por alguna circunstancia, debería registrarse como “deficiencia mayor”, con “posibilidad de rechazar” o el pedido o, de lo contrario, un compromiso de “ajustarse” a la fecha con pulcritud.

Con todo, establecidas las conclusiones, Martínez ha señalado igualmente que “no ha existido ninguna actuación voluntaria por parte de nadie” en este caso, así como efectos negativos para la salud de los pacientes, bebés en su gran mayoría. “Se trata de un sistema que se halla en manos de humanis. Permite cometer errores. No es perfecto”, ha insistido el titular de Salud. Ha defendido también el “rigor” con que se ha respondido a la crisis, incluyendo consultas a organismos como la AEMPS (Agencia Española del Medicamento), el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE) o el fabricante de la primera vacuna caducada que trascendió, Vaxelis.

Acto seguido, el consejero ha enumerado una batería de 21 medidas para mejorar el sistema vacunal. Se precisará una inversón de 1,5 millones para implementarlas, ha expuesto. Algunas, en puridad, no son nuevas, ya que él mismo ha indicado que ya fueron comprometidas en verano, antes de la crisis, como parte de los acuerdos del denominado Pacto de Salud.

Entre lo planteado, ha indicado que habrá una garantía “FEFO”, siglas en inglés de 'first expired, first out', para que en el almacén “en primera línea” estén los lotes “con fecha de caducidad más próxima”. Quiere un modelo de “total trazabilidad”, aunque siempre desde la premisa de que, como en la aviación o la carretera -comparaciones reales escuchadas en la comisión- es imposible evitar accidentes. Se pedirán, igualmente, “notificaciones obligatorias”, incluso cuando haya incidencias “sin daño”. Se buscará un “control en tiempo real”, un “sistema de vacunación aún más robusto, con mayor capacidad de detección temprana de errores, trazabilidad digital completa y una cultura de seguridad compartida en todos los niveles”, ha indicado. Se establecerá una “cartilla digital de vacunación”.

Desde la oposición, no han convencido las explicaciones de Martínez. Rebeka Ubera, protagonista de este asunto al ser ella la que impulsó las explicaciones, ha definido como “caótica” la gestión de la crisis. Ha ironizado que un Eroski tiene controles totalmente automatizados de su logística para evitar distrubuir productos caducados y que no es razonable que Osakidetza, con mucha más responsabilidad, no lo tenga. “Nos preocupa que resten importancia” al asunto, ha estimado, y ha llegado a decir que ha habido centros de salud que han tenido que requerir la presencia de la Ertzaintza ante el malestar generado.

Desde el PP, Laura Garrido, con un tono muy duro en el que ha recordado que la Fiscalía ha abierto diligencias penales sobre este asunto, entiende que “para nada se puede decir que la situación esté bajo control” y ha lamentado que falten datos “concretos”. “¿Nos van a decir ya la verdad?”, se ha preguntado. También ha lamentado que se minimicen los efectos de salud de ofrecer dosis pasadas de fecha. Finalmente, Vox ha pedido que “no se haga de las enfemeras las cabezas de turco” y que las responsabilidades se asuman en la cúpula. Sumar no ha participado.

El PSE-EE, socio del PNV, no está haciendo sangre en este asunto. Aroa Jilete ha agradecido que se asuman “errores”, pero ha pedido no generar “alarmas” innecesarias. “Debilitar esa confianza [en Osakidetza] tiene consecuencias. Entendemos que se puedan pedir explicaciones, pero se ha de ser extremadamente cuidados. Pueden acabar conectando con marcos propios de los movimientos antivacunas”, ha indicado. El propio Eneko Andueza ya blindó expresamente al nacionalista Martínez en un contexto en el que mantienen tensiones por otras muchas materias.

En su último turno, el consejero Martínez ha insistido en su honestidad en esta crisis. “He llegado a la política muy tarde. Sólo hay una cosa que me importe, que es mi palabra. Yo no miento”, ha usado como cierre de la larga sesión parlamentaria, de más de tres horas, como respuesta a las acusaciones de la oposición.

Repasando sus notas separados únicamente por un escaño vacío y casi solos en el hemiciclo, el consejero, Alberto Martínez, y la sombra de los cuatro últimos titulares de Salud del PNV desde la oposición, Rebeka Ubera, de EH Bildu, han velado armas durante unos pocos -pero a la vez larguísimos- minutos antes de que arrancara a las 9.30 horas la primera sesión de control al Gobierno en el Parlamento Vasco de 2026, monopolizada en su primera parte por la crisis de las vacunas caducadas, principalmente destinadas a bebés. El asunto, aunque estaba constatado desde el 15 de enero, se destapó el 27 después de una conversación telefónica entre ambos, a la que siguió el anuncio por parte de EH Bildu de las primeras incidencias. Martínez, ya en la tribuna, le ha dicho a Ubera que se valió de “información privilegiada” para obtener réditos políticos. “Una injerencia se cruzó en el protocolo sanitario”, ha dicho después. El lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido expresamente la gestión de Martínez.

Fue una enfermera de Osakidetza la que, desde Errenteria, alertó de que un lote de la hexavalente de Vaxelis. Ocurrió el 15 de enero, cuando las dosis llevaban administrándose seis semanas ya caducadas. Constan actuaciones internas durante los siguientes días, si bien la comunicación pública y a las familias no llegó hasta después de que lo hiciera público EH Bildu. Ubera se ha preguntado qué habría pasado si su formación no hubiese dado el paso de comunicarlo.

“No se confunda. El problema no lo tiene con EH Bildu. Lo tiene con su modelo de gestión”, ha añadido Ubera, que ha usado mayoritariamente el castellano en sus intervenciones en el debate con Martínez. A su juicio, esta crisis ha mostrado que los problemas “estructurales” que arrastraba Osakidetza antes de la llegada del nuevo equipo “siguen ahí”, a pesar de los intentos de construir un “relato” y del “marketing”. “Se trata de que tenemos niños y niñas desprotegidos. Tenemos familias preocupadas. Tenemos trabajadoras muy afectadas”, ha diagnosticado la portavoz de la coalición abertzale. Y ha agregado que, aunque se insista en que las vacunas pasadas no generan “efectos nocivos”, sí dejan sin barreras a menores frente a las enfermedades ante las que inmunizan, como el sarampión.

“Desde mi condición de médico [pido que] no caigamos en alarmismos forzados y sobreactuados”, ha manifestado Martínez a lo largo de la sesión, en la que ha dado por controlada totalmente la “incidencia” y, además, recordando que los afectados finalmente son menos de los previstos. Esto es debido a que, en paralelo, se han descubierto errores generalizados en los registros informáticos, de modo que se asignó a muchas más personas que las que realmente lo recibieron el lote de Vaxelis pasado de fecha. Eso sí, después ha trascendido que, además de la hexavalente, otros dos tipos de vacunas han tenido también lotes caducados, la triple vírica y otra inyección tetravalente. Ahora, según Martínez, “es el momento de analizar las causas”. Se ha creado un comité de investigación 'ad hoc'.

Si Ubera -y también Vox- ha preguntado por el asunto directamente al consejero Martínez, el PP ha sacado el tema a relucir en una interpelación dirigida al propio lehendakari. Pradales, valiéndose de un titular favorable de 'Redacción Médica', ha recalcado que Martínez “ha dado la cara”, actuando “con transparencia” y “celeridad”. En una intervención que ha recordado poderosamente a las que hacía en la pasada legislatura Iñigo Urkullu cuando la oposición cercaba la gestión de Gotzone Sagardui en Osakidetza, ha tirado de una larga lista de datos para señalar las fortalezas de los servicios públicos vascos o poniendo en valor cómo se responde, deslizando que cuando las comunidades del PP tienen problemas sanitarios se reacciona de otra manera.

El líder del PP, Javier de Andrés, se ha preguntado en voz alta si el caso se habría ocultado de no haber estallado como lo hizo. Ha aludido al “profundo deterioro” de la Sanidad vasca y ha mencionado también que Pradales pidió perdón como “aita”, lo que no le parece suficiente. “Se ha querido poner el traje de aita, pero va siendo hora de que se ponga el de lehendakari”, ha demandado. Según Vox, el caso ha inoculado a la sociedad “grandes dosis de desconfianza”. Igualmente, Sumar ha lamentado en la Cámara vasca que las explicaciones ofrecidas no han sido suficientes. En su respuesta, Pradales ha usado su turno para atacar a la ministra de Sanidad, Mónica García, que es de esa coalición de izquierdas.

El Registro de Anomalías Congénitas de Euskadi (conocido por las siglas RACAV) está abandonado desde hace años y no hay información actualizada de posibles casos de cardiopatías, incidencias cromosómicas como el síndrome de Down o problemas de visión, entre muchos otros, en “nacidos vivos, mortinatos e interrupciones voluntarias del embarazo”. La última memoria, con estadísticas de 2010 a 2015, fue publicada en 2019, con Jon Darpón de consejero. Y no hay planes para actualizarla ya que, según expone en el Parlamento Vasco el actual responsable de Salud, Alberto Martínez, no es “obligatorio”.

La representante de EH Bildu Rebeka Ubera, que ya en diciembre presentó iniciativas ante la falta de información actualizada de la incidencia del cáncer, cuyos últimos indicadores eran de 2019, como publicó este periódico, había registrado en el Parlamento Vasco una pregunta para conocer la situación de otros registros de Salud Pública. Y, en su respuesta, Martínez confirma que ni siquiera hay planes de elaborar la memoria sobre anomalías congénitas que correspondería al sexenio 2016-2021 y de enviar esa infomación a la base de datos europea, llamada EUROCAT.

El denominado RACAV está “operativo” en Euskadi desde finales de la década de de 1980, recuerda el titular de Salud, pero insiste en que “la normativa vigente no establece la obligación de elaborar ni publicar informes periódicos, ni fija una cadencia para su actualización”. Cita un reglamento de 1994 y otro de 2005 que “no contemplan mandatos de reporte periódico, ni obligaciones formales”. Da a entender Martínez que la Sanidad vasca ha priorizado otros registros más “relevantes” o “estratégicos”, “cuya calidad, continuidad y reconocimiento externo resultan esenciales para la planificación sanitaria del país”.

Se da la circunstancia de que Salud mete como el primero de esa lista de estadísticas prioritarias al Registro del Cáncer, para el que se ha prometido una inversión de 421.000 euros en 2026. Además, ello contrasta con la conclusión reflejada en la última memoria del RACAV, la publicada en 2019. “Es importante seguir trabajando para mantener la calidad del Registro de Anomalías Congénitas de la comunidad autónoma del País Vasco, ya que se trata de una herramienta imprescindible de vigilancia para detectar cambios que podrían indicar nuevos riesgos de salud”, se podía leer.

Martínez le indica a Ubera, con quien mantiene tiranteces en las últimas semanas a cuenta de la gestión de las vacunas caducadas, que “el informe correspondiente al período 2016-2021 no ha sido elaborado, al no existir obligación normativa para ello y disponerse de la información mediante las herramientas corporativas de explotación de datos”. Asimismo, agrega que “la participación en EUROCAT es voluntaria” y que “no existe normativa estatal que obligue a la remisión periódica de datos por parte de las comunidades autónomas”.

Fuentes conocedoras del funcionamiento del RACAV lamentan la situación de abandono del registro. Exponen que en ámbitos con prevalencias bajas es más relevante que nunca cruzar datos con otras comunidades autónomas y países para poder detectar problemas. Hace unos años estos registros permitieron alertar de que un producto antiepiléptico que tomaban mujeres en edad fértil, el ácido valproico o Depakine en su nombre comercial, podía generar malformaciones en el feto o incluso autismo si se quedaban embarazadas. En la última memoria aparecieron 3.440 casos en seis años (menos de 300 por cada 10.000 nacimientos), con una prevalencia en tendencia ascendente pero por debajo, en aquel momento, de las medidas europeas.

El del doctor Alberto Martínez (Trápaga, 1964) para ser consejero de Salud fue un fichaje personal del lehendakari, Imanol Pradales, de quien es vecino en el pequeño núcleo de poder en que se ha convertido Portugalete en los últimos años. Jefe de Anestesia en el hospital más grande de Osakidetza, el de Cruces en Barakaldo, afiliado al PNV y algo remiso al inicio a aceptar el encargo para la cartera con más presupuesto de la Administración vasca, en menos de dos años ha sido capaz de desinflamar el problema de gestión que supuso la Sanidad pública en la anterior legislatura, con Gotzone Sagardui en el equipo de Iñigo Urkullu y ahora al frente de una clínica privada en Vitoria. Martínez, para muchos dentro y fuera del Gobierno, era el consejero estrella, con capacidad de comunicación y cercanía. Pero la crisis de las vacunas caducadas le ha propinado la semana más difícil desde que accedió al cargo en el verano de 2024. Y todavía quedan capítulos de este expediente, incluida una investigación penal abierta por la Fiscalía.

Hace dos años Martínez era muy poco conocido en la Euskadi política. Apenas algunas apariciones como experto durante la pandemia de la COVID-19, cuando aún ejercía con bata blanca, y las menciones a su rol en los tribunales de las oposiciones médicas de 2018. Al llegar al Ejecutivo, supo enmendar algunas decisiones polémicas de la anterior etapa, como el cierre de las Urgencias del centro de Vitoria o de otros equipamientos y el cisma con la cirugía cardíaca en Bilbao. También se celebraron elecciones sindicales en Osakidetza por primera vez en trienios. En noviembre de 2024, se expulsó a la principal contratista de ambulancias, Grup La Pau, después de meses de defensa de su “solvencia” a pesar de las denuncias sindicales, impagos, actas de la Inspección de Trabajo y otros problemas adelantados meses antes por este periódico. Montó una mesa de la que se siente especialmente orgulloso para trabar un pacto de salud con el que mejorar la Sanidad vasca.

Martínez, el único de los consejeros de Pradales que tomó posesión del cargo solamente en castellano y que ha confesado que cambiaría su tesis por saber la otra lengua oficial, se ha mostrado como una persona cercana y don de gentes. “Es el mejor”, suelen repetir desde el entorno de Pradales. Hasta EH Bildu, que hizo bandera de la oposición en materia de Sanidad, le ofreció una tregua al PNV. El problema sanitario se ha desinflamado en Euskadi: la vivienda ya es ahora el principal reto.

Sin embargo, en los últimos meses han ido emergiendo algunos debates. Antes de las vacaciones de 2025, por ejemplo, Martínez relevó a toda la cúpula de la Sanidad vasca. Cambió a los dos viceconsejeros, la dirección general de Osakidetza y otros cargos intermedios. Y a finales de año llegaron movimientos internos por los cambios proyectados en salud mental y por la falta de estadísticas actualizadas de la incidencia del cáncer. El año 2026 ya arrancó con tensiones con el personal de Tolosa y Elgoibar por la publificación del servicio de ambulancias medicalizadas, las UVI móvil.

Sin embargo, nada de todo eso ha alcanzado a la gestión de las vacunaciones, que ha copado titulares y también conversaciones de WhatsApp, porque la mayoría de los afectados son bebés y ha cundido la preocupación en las familias. ¿Cómo se gestó todo? El martes a mediodía, el doctor Martínez recibió una llamada. Era Rebeka Ubera, portavoz en temas de Salud de EH Bildu y que ha conocido a todos sus predecesores del PNV desde hace legislaturas, Jon Darpón, Nekane Murga y la propia Gotzone Sagardui. Ubera le expuso que habían conocido que se habían administrado vacunas caducadas a bebés. Y el consejero le confirmó los hechos.

La parlamentaria registró una pregunta por escrito en el Parlamento, exponiendo la situación. No es nada extraordinario. De hecho, es la iniciativa número 454 en la legislatura firmada por Ubera. O la 30 de este año, tantas como días han pasado desde el cambio de calendario. Nadie ha presentado más iniciativas que ella y el siguiente en la lista, Álvaro Gotxi del PP, está a un centenar de distancia. El consejero siente que EH Bildu ha “manipulado” el asunto y los datos que se le proporcionaron. Otras fuentes del Gobierno, en cambio, asumen que Ubera ha hecho exactamente lo que tenía que hacer.

La realidad es que el Gobierno tenía desde el día 15 de enero constancia de que había inoculado dosis de la hexavalente de la casa Vaxelis fuera de fecha por el aviso de una enfermera de Errenteria, la única del medio centenar de sanitarios que había manejado el producto que lo advirtió. Y la otra realidad es que la primera nota informativa de Osakidetza al respecto es del 27 de enero a las 17.56 horas, apenas unos minutos después de que las preguntas que había registrado EH Bildu en el Parlamento empezaran a circular.

Ésa fue la primera versión que se dio. En aquel momento, martes por la tarde, se dijo que las dosis caducadas habían “afectado a 253 personas”, que “todas y cada una” estaban “perfectamente identificadas” y que como el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi recomendaba revacunación ya se habían empezado a gestionar las citas. Se trataba de viales del lote X019675 de la vacuna Vaxelis, un antídoto hexavalente contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y haemophilus influenzae tipo B. Lo reciben bebés de dos, cuatro y once meses, aunque también algunos adultos con clínica especial. Esa misma noche, el consejero Martínez estuvo en Hora 25 de la Cadena Ser. Y otros cargos de Salud pasaron por Radio Euskadi o Euskadi Irratia. La clave: en ningún caso habá efectos adversos entre quienes recibieron los viales del lote afectado.

El miércoles 28, a las 10.30 horas, el consejero tenía prevista una comparecencia en Salvatierra-Agurain, en Álava, para hablar de la gripe y de atención primaria. Todo quedó opacado por las vacunas. Martínez llevó a su rueda de prensa un informe de la Agencia Española del Medicamento. Es la segunda versión de lo ocurrido. Se indicó que los pinchazos fueron 261 pero, un matiz muy relevante, que aunque la fecha de caducidad del envasado fuera finales de octubre se entendía que la real era finales de noviembre. Conclusión: 103 personas afectadas únicamente y, sobre todo, ninguna recibió dos veces el mismo lote, ya que las dosis pasadas de fecha fueron las comprendidas entre diciembre y mediados de enero.

Pero, además, se alentó la tesis de que no sería necesaria la revacunación porque las dosis pasadas eran igual de válidas. No obstante, se iba a pedir otro dictamen al Consejo Asesor de Vacunación de Euskadi, ya que ellos sí pedían revacunar a 253. Las citas que supuestamente se habían dado el día anterior quedaban en el limbo. Algunas radios se llenaban de testimonios de familias irritadas. El lote se había distribuido en doce de las trece comarcas sanitarias (OSI, en la jerga interna), todas salvo la minúscula de la Rioja Alavesa. También se habían enviado un centro privado.

Sin embargo, ese mismo día, a las 19.18 horas, Salud anunció una comparecencia extraordinaria del consejero Martínez y de la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, para las 19.45 horas en Bilbao. La mayor pasión de Martínez es el Athletic Club -nunca ha ido en listas electorales pero sí ha sido candidato a la directiva rojiblanca- y minutos antes de un decisivo partido de Champions League en San Mamés quería aportar novedades. Es la tercera versión. Los expertos autonómicos determinaron -y así lo asumía la dirección política- que en efecto los afectados eran 103 pero que, a diferencia de lo que se planteaba horas antes, sí era necesario “lo antes posible” citarlos para ofrecerles una nueva inyección. “Aunque es probable que la vacuna conserve potencia tras un breve tiempo fuera de validez, no se puede garantizar la protección a largo plazo”, arguyeron.

El Athletic Club se despidió de la Champions League y llegó el jueves. A mediodía, la Fiscalía incoó diligencias para determinar si estas vacunaciones han supuesto un riesgo. De ser así, es un delito tipificado en el Código Penal (artículo 361), incluso castigado con cárcel. El Defensor del Paciente, una asociación, había formulado una denuncia en este sentido. Al poco tiempo, a las 12.54 horas, nuevo aviso de Osakidetza: Martínez y Bilbao volverían a dar una rueda de prensa, la tercera en 36 horas, nuevamente en Bilbao.

Aquí, a las 17.00 horas, llegó la cuarta versión de los hechos. En primer lugar, los afectados no eran ni 253, ni 261 ni 103. Se dijo que bajaban a una treintena. ¿Por qué? El consejero Martínez explicó que han descubierto errores generalizados en el registro de las vacunas. Básicamente, el sistema informático 'anima' a repetir el código de una administración anterior y eso hizo que muchos casos que parecían afectados por el lote caducado no lo fueran en realidad. El consejero ironizó que hubiese sido preciso un vídeo para poder explicarse mejor. Él mismo se sintió alambicado. Llegó a confundirse y decir que había “niños caducados” en vez de vacunas.

Sin embargo, el titular de la comparecencia fue otro. Se habían detecado dos lotes de otras dos vacunas igualmente caducados. 49 y 29 afectados potenciales, registros mediante, se avisó. Se trata de una vacuna tetravalente y de la triple vírica. De nuevo, a concertar citas. De nuevo, son productos que se ofrecen a niños muy pequeños. Según se explicó, una “madre” y personal de Farmacia habían detectado estos dos nuevos casos. De nuevo titulares, incluso en medios de comunicación que nunca siguen el día a día de Osakidetza.

Se anunció, igualmente, la creación de un comité de “investigación y trazabilidad” para intentar esclarecer todo lo sucedido. Lo presidirá David Cantero y de él formarán parte Laura García, Borja Domingo, Marga Viciola, Lander Hijona, Josune Iribar, Peio Latasa y Pedro Carrascal. Según Martínez, Osakidetza ha operado en todo momento con “celeridad” y “rigor”, aunque públicamente solamente se han dado pasos desde el 27 de enero y no desde el 15 de enero. Eso sí, el consejero guarda mensajes con los directivos de las diferentes OSI gestionando la comunicación del asunto.

El lunes 2 de febrero el Parlamento Vasco retoma la normalidad tras el parón de Navidad, que se ha estirado todo enero. La primera sesión es una comisión de Salud, nuevamente solamente con iniciativas de Ubera de EH Bildu. Ahora bien, el orden del día aparecen eutanasia o COVID-19 persistente, pero no el asunto de las vacunas. El PNV, el partido de Martínez, sigue confiando plenamente en el doctor. También el PSE-EE, según las fuentes consultadas. Por el contrario, además de EH Bildu, PP, Sumar y hasta Podemos, que no tiene representación en el Parlamento Vasco, están exigiendo más explicaciones.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha rectificado y anuncia ahora que ha iniciado la búsqueda de una “ubicación adecuada” para instalar un nuevo ambulatorio en el sur de Vitoria, una zona de crecimiento hasta ahora atendida por el centro de salud de Olarizu. Si hace menos de un año indicó en el Parlamento Vasco que no era necesario un traslado, ahora, de nuevo en la Cámara y de nuevo en respuesta a una pregunta de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera, anuncia “la construcción de una nueva infraestructura que dé servicio a los barrios de Olarizu y Goikolarra”.

La petición del nuevo equipamiento se la hizo al Gobierno vasco la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, del PSE-EE, socio del PNV, al igual que EH Bildu y el PP desde la oposición y colectivos vecinales y sociales. La coalición abertzale, que es la que ha preguntado por el asunto al consejero Martínez nuevamente, explicó en 2024 que Olarizu da ya servicio “a más de 20.000 personas, una cantidad en aumento por el crecimiento del nuevo barrio de Goikolarra” pese a que se concibió para una zona mucho más reducida. “El centro de salud da servicio a día de hoy a más de 5.600 personas mayores de 65 años. Y existen unos 3.000-4.000 pacientes con dolencias crónicas y/o que presentan pluripatología. En el otro lado de la balanza, nos encontramos con las carencias en materia de pediatría para cubrir las necesidades del barrio joven de Goikolarra”, indicaron desde EH Bildu.

En diciembre, Salud ya incluyó este proyecto en su plan de infraestructuras para Euskadi, que fue presentado precisamente en Vitoria. Se apuntaba a 2031 como una referencia para la puesta en marcha efectiva. Martínez remarca ahora que el Parlamento Vasco instó a garantizar una atención sanitaria “de calidad” en “todos los barrios” de la capital y añade que “teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento” de esa zona, con promociones en la antigua Esmaltaciones, en Arechavaleta, en Gardelegi y en otros espacios, la “alternativa nueva” es disponer de un nuevo ambulatorio. De momento, “la única iniciativa adoptada hasta la fecha ha sido el inicio de la búsqueda de una ubicación adecuada en colaboración con el Ayuntamiento”, expone Martínez.

Hace solamente nueve meses, el propio consejero dijo en el mismo foro y ante la misma pregunta que era consciente de las “solicitudes” en el sur de Vitoria, pero dijo haber “comprobado” que el personal de Olarizu no estaba saturado y que el crecimiento de la población puede ser atendido correctamente desde allí mismo. Se insistía en que “ningún cupo médico” superaba los límites razonables. “Actualmente, el centro está dotado de los espacios necesarios para albergar todas las necesidades asistenciales de la población de su zona sanitaria de referencia. En el actual centro de salud no se producen carencias estructurales que impidan una correcta atención a la demanda asistencial en tiempo y forma”, concluía para poner en valor las “obras” para “adaptar” el actual recurso.

En esta legislatura, Osakidetza ha revertido en Vitoria el cierre del segundo PAC, el de San Martín, y de las Urgencias de Santiago. Fueron decisiones adoptadas en la pasada legislatura por la predecesora de Martínez, Gotzone Sagardui. El responsable de la OSI Araba, la comarca sanitaria que engloba a los hospitales de Vitoria y de buena parte de Álava, Enrique Bárez, suele exponer en sus intervenciones que no solamente se trata de ofrecer un buen servicio sino de ofrecer también una “sensación” de que es así.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) estuvo administrando dosis caducadas de la vacuna hexavalente contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y haemophilus influenzae tipo B en diciembre y parte de enero en doce de sus trece comarcas sanitarias (conocidas por la siglas OSI). Se trata del lote X019675 de la casa Vaxelis. Fue una enfermera de Errenteria, en Gipuzkoa, la que lanzó la alerta, luego de que más de medio centenar de profesionales hubiesen trabajado con ellas, así como el personal de distribución. Sin embargo, ahora se rebaja a 103 las dosis “realmente fuera de fecha”, cuando inicialmente se hablaba de 253, y se duda de la conveniencia de revacunar cuando aparentemente ya se estaban dando citas.

Los datos oficiales indican que hubo 261 administraciones, pero fueron 103 las ofrecidas después de la caducidad del lote en cuestión. Las dosis inoculadas en noviembre se dan por buenas. En detalle, fueron 18 bebés de dos meses (primera dosis), 29 bebés de cuatro meses (segunda dosis), 51 bebés de once o doce meses (dosis de recuerdo) y cinco adultos (entre 42 y 69 años). Un matiz relevantes es que aunque la fecha de caducidad del lote era noviembre, según Osakidetza, “en el envase de la vacuna figura la fecha 30 de octubre de 2025”.

EH Bildu, que denunció el caso desde la oposición, sostiene que puede haber casos de doble vacunación caducada en lactantes. “Se han identificado cinco posibles casos duplicados en los registros. Sin embargo, las comprobaciones realizadas confirman que ninguna persona recibió dos dosis caducadas del mismo lote”, ha expuesto el consejero Martínez.

El asunto ha motivado un informe de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS), a quien Osakidetza consultó. Según las conclusiones del dictamen, hechas públicas por el Gobierno vasco, “no es necesario revacunar a los niños que hayan recibido alguna de las dosis de primovacunación (dos o cuatros meses) del lote X019675 después de su fecha de caducidad”. “Se espera que la potencia de la vacuna permanezca adecuada y que la respuesta inmunológica completa se mantenga con normalidad tras el ciclo de primovacunación”, se indica.

En el caso de las dosis de recuerdo, “tampoco es necesaria la revacunación de los lactantes que recibieron la dosis de recuerdo entre los once y doce meses, pues la vacuna genera memoria inmunológica suficiente para garantizar la protección”. En personas adultas, aunque la AEMPS “desconoce la causa de su vacunación con Vaxelis”, “se recomienda que los médicos responsables valoren individualmente la necesidad de revacunación según el estado de salud y el riesgo de cada paciente”. “En caso de considerarse necesario, la nueva dosis debería administrarse tras un intervalo mínimo de un mes desde la administración anterior”, apunta el mismo informe.

Osakidetza, que inicialmente dijo que se iba a revacunar, ha convocado al Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi “para que se pronuncie al respecto” y comunicará su decisión. Textualmente, se había dicho: “Tras el estudio realizado, el CAVE recomienda administrar una nueva dosis de la vacuna para asegurar la máxima protección. Los centros sanitarios han comenzado ya hoy a contactar a las familias para una nueva cita”.

“Reconocemos que el error cometido en la gestión de estas vacunas ha sido grave y pedimos disculpas a las familias afectadas. Dada la gravedad de lo ocurrido, hemos abierto una investigación interna para esclarecer y detectar el eslabón de la trazabilidad donde se haya podido producir el error y así aplicar medidas correctoras que eviten la repetición de hechos como este”, ha señalado el consejero Martínez en una rueda de prensa en la localidad alavesa de Salvatierra-Agurain.

Martínez ha destacado que ha formalizado una petición 'motu proprio' de una comparecencia en el Parlamento para dar explicaciones, aunque ya EH Bildu se las había demandado antes de que Osakidetza informara del asunto. Pasaron doce días desde la denuncia de Errenteria hasta la nota oficial, que solamente llegó después de que la parlamentaria Rebeka Ubera, desde la oposición, preguntara por el asunto. Por otro lado, la entidad Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía que abra una investigación ante la gravedad de los hechos.

Osakidetza ha administrado a bebés vacunas de un lote que había expirado “recientemente”. Según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado publicado este martes, la administración de las vacunas caducadas no ha tenido “ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso”. De acuerdo con sus datos, han sido 253 las personas afectadas por el error, “la mayoría bebés”, pertenecientes a doce comarcas sanitarias diferentes, la mayor parte de la red. “Todos y cada uno de los casos están perfectamente identificados y se está contactando con las familias para informarles de manera directa y ofrecer las indicaciones necesarias”, se señala.

Se trata de la vacuna hexavalente, que, como su nombre indica, brinda protección ante seis enfermedades: difteria, tétanos, tosferina, haemophilus B, polio y hepatitis B. Las tres dosis previstas en el calendario de vacunación se administran a los dos, cuatro y once meses. La Dirección de Salud Pública ha consultado la situación con la Agencia Española de Medicamentos, Productos Sanitarios y el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi y el fabricante. Según informa en el comunicado, el consejo asesor ha recomendado administrar una nueva dosis, de tal manera que se asegure una “máxima protección”. Salud Pública ha insistido en trasladar un mensaje de “tranquilidad”: “Según los expertos, no se prevén efectos adversos por la administración de esta dosis. Todos los casos están controlados, y se están siguiendo las recomendaciones de los organismos expertos de salud pública”.

EH Bildu ha denunciado la situación y en la tarde de este martes, antes de la publicación del comunicado del Departamento de Salud, ya había registrado una batería de preguntas para el consejero de Salud, Alberto Martínez. Aseveraba en ese escrito que las familias no habían recibido aún información de lo sucedido. “Estos menores se encuentran desprotegidos frente a esas seis enfermedades, que pueden llegar a ser graves”, lamenta la coalición abertzale. “No se ha tratado de un error aislado. Al contrario, ha existido un grave problema de organización y funcionamiento dentro de Osakidetza”, se quejan desde EH Bildu. “De hecho, no se ha realizado un seguimiento de la trazabilidad de la caducidad de las vacunas y no se han cumplido los procedimientos y protocolos establecidos”, abunda la coalición abertzale, que, además de “informar a las familias”, exige “adoptar medidas acordes a la situación de cada menor”.

En la batería de preguntas registrada por Rebeka Ubera, parlamentaria de EH Bildu, se solicita información sobre el número de menores que han recibido la vacuna caducada, cuántos de ellos han recibido también una segunda dosis y en qué comarcas sanitarias. También pide saber a cuántos de los menores afectados se ha llamado ya para administrarles una segunda dosis, esta vez ya de la vacuna correcta. Por último, dado que la vacuna hexivalente también se administra a adultos de grupos de riesgo, EH Bildu ha preguntado si hay adultos que hayan recibido dosis de la vacuna caducada.

Desde el palacio de La Moncloa, el lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado a la “calma”, tanto en castellano con en euskera. “Lo hemos dado a conocer nosotros. Está monitorizado y controlado perfectamente [...]. Se ha planteado una revacunación. Se están poniendo los medios [...]. Mañana el consejero dará las explicaciones oportunas, pero, desde luego, calma”, ha señalado a los medios de comunicación.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha informado al Parlamento Vasco de que “a partir del primer trimestre de 2026” se empleará “exclusivamente” un nuevo sistema informático llamado “AC59” para poder transmitir en tiempo y forma los datos de la incidencia del cáncer tanto al registro estatal REDECAN como a los sistemas europeo (ENCR) y mundial (IACR). El presupuesto para la actualización tecnológica ha sido de 421.000 euros, según la documentación trasladada a la Cámara en respuesta a preguntas sobre el correcto funcionamiento del Registro del Cáncer formuladas por la portavoz sanitaria de EH Bildu, Rebeka Ubera.

Este periódico pudo saber de fuentes internas que, a finales de 2025, los últimos datos consolidados del Registro del Cáncer en Euskadi eran de 2019, es decir, que no disponía de información actualizada. También que en octubre no se pudieron enviar al sistema estatal REDECAN estadísticas actualizadas o que se dudaba de que se fueran a poder atender los requerimientos de ENCR e IACR. ¿El motivo? Falta de personal y problemas con otros medios materiales, incluido también con el sistema informático, siempre según esas fuentes internas. El Registro del Cáncer es una explotación exclusivamente cuantitativa y no afecta a las labores asistenciales.

En sus respuestas a EH Bildu, el consejero Martínez se felicita de que “Euskadi es una de las pocas comunidades que han aportado datos” en 2025. Con apoyo de un mapa de España, se expone que únicamente Baleares, Canarias, Navarra, Asturias y Murcia son las autonomías con información, al igual que las provincias sueltas de Castellón, Girona Tarragona y Salamanca. Pero no precisa qué tipo de envío se hizo al REDECAN, si de datos nuevos o antiguos. De hecho, se señala que “con respecto al envío de información a diferentes instituciones”, en octubre de 2025 se remitieron “datos” al REDECAN del Ministerio de Sanidad y que se hizo lo propio “en el 2024” al ENCR. “Con respecto a la IARC de la OMS, en 2021 se enviaron los datos disponibles a esa fecha, cuando se soliciten, se enviará el siguiente quinquenio”, compromete Martínez.

Frente a las dudas de la oposición y a las informaciones publicadas, Martínez agrega que “Euskadi es también la única que dispone de información integrada de la incidencia de cáncer en hospitales y atención primaria, además de ser un referente en la detección, la atención, el seguimiento, el registro y la transparencia en información oncológica”. También recalca que el Gobierno ha aprobado ya refuerzos de personal para el Registro del Cáncer, además de la “validación” del nuevo “AC59”.

En este sentido, se explica que hasta ahora se ha empleado el sistema “K43”. “Este 'software' ha sido la herramienta principal utilizada hasta la fecha para la gestión y registro de los datos relacionados con el cáncer. Sin embargo, debido a sus limitaciones tecnológicas (componentes obsoletos) y a la necesidad de evolucionar funcionalmente, se está llevando a cabo una transición hacia una nueva aplicación, denominada AC59”, indica Salud.

“[En] La AC59 se han corregido errores detectados en el antiguo sistema y se han implementado nuevas funcionalidades no contempladas en la K43. Actualmente, se están revisando los últimos cambios. Estos ajustes forman parte del proceso habitual para poner en marcha aplicaciones complejas que manejan datos históricos. El objetivo del Departamento es culminar la transición ordenada al nuevo sistema, minimizando riesgos y asegurando que las validaciones y explotaciones cumplan con los estándares de calidad de los diferentes registros de cánceres”, abunda el consejero en su respuesta a Ubera.

De las cerca de 436.000 citas que Osakidetza dio con el médico de cabecera en Vitoria entre enero y septiembre de 2025, 136.000 fueron concedidas para antes de que transcurrieran 24 horas, mientras que los pacientes de las otras 300.000 tuvieron que esperar más de un día. El 68,8% de las citas concedidas en los quince centros de salud de la capital alavesa no fueron para el día. En el caso de la enfermería, el porcentaje de las personas que tuvieron que esperar más de un día para ser atendidos por un profesional desciende en diez puntos, hasta el 59%. Fueron 104.500 con más de un día de espera y 72.600 en un plazo de menos de 24 horas.

Los datos los ha aportado ante el Parlamento Vasco el consejero de Salud, Alberto Martínez, tras una solicitud de información presentada por Rebeka Ubera, de EH Bildu. Junto a la documentación aportada, hay una nota en la que Salud matiza que “frecuentemente, es la propia persona quien solicita la cita para una fecha más a largo plazo; ocurre también que, tras la primera visita, el o la profesional de referencia fija una segunda cita más a largo plazo; finalmente, hay que destacar que a aquellos casos que demandan ser atendidos en el mismo día, se les da respuesta mediante gestión interna de manera telefónica o presencial”. ¿Cómo? “Para este tipo de cita en el día se reservan varios huecos en agendas que permiten ofrecer dicha asistencia”, abunda el consejero Martínez.

La documentación pone números al volumen de citas en la atención primaria de Vitoria. Entre enero y septiembre, el ambulatorio de Olaguíbel fue el que más citas con el médico de cabecera acumuló, 58.870, seguido de San Martín (con 49.704) y Lakuabizkarra (con 39.295). En el otro extremo, Abetxuko (con apenas 7.580) registró el número más bajo. Las 177.181 citas de enfermería se repartieron en un orden similar, con Olaguíbel a la cabeza con 21.114 y Abetxuko a la cola con 3.391. Por fechas, el mes de agosto se dibuja como un profundo valle frente al resto de meses y sobre todo en comparación con los tres primeros del año. Así, si en agosto se concedieron en total 32.648 citas de medicina familiar en Vitoria, enero, febrero y marzo no bajaron de las 53.000.

El Registro del Cáncer de Euskadi, una oficina creada en 1986 y que cuelga del Departamento de Salud, no dispone de información actualizada sobre la prevalencia real de patología que es la principal causa de muerte en varones y menores de 15 años y la segunda en mujeres, según documentación recabada por este periódico. Los últimos datos consolidados de toda la comunidad autónoma son de 2019, siempre según estas referencias. Fuentes internas abundan que esta falta de datos ya ha hecho que la comunidad autónoma no haya podido entregar en octubre de 2025 los datos requeridos por el sistema REDECAN, la red española de registros autonómicos, ni podrá responder de aquí a enero de 2026 a las solicitudes tanto europea (ENCR) como mundial (IACR).

REDECAN indica que el Registro del Cáncer es una herramienta fundamental para “conocer la incidencia de la enfermedad del cáncer, su tendencia, su supervivencia y su prevalencia epidemiológica, catalogada por localización o área geográfica, grupos de edad, sexo u otras caracterizaciones que puedan resultar de utilidad”. Debería reunir datos tanto de Osakidetza como de centros privados. También “facilita el análisis de la evolución clínica de los distintos tipos de cáncer” y permite “contribuir al desarrollo de la investigación”. En el reciente Plan Oncológico, de octubre, se hacía mención a “potenciar la colaboración del Registro del Cáncer de Euskadi con registros nacionales e internacionales”, sobre todo en lo tocante a casos infantiles pero los datos de incidencia se mostraban para el período de 2001 a 2019.

A la luz de la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Euskadi lleva años arrastrando un problema en esta materia. Se mezcla la falta de personal, desarrollos informáticos incompletos -a pesar de la ayuda anual de 50.000 euros que recibe la comunidad autónoma del Ministerio de Sanidad al menos desde 2024- y la aparente desatención de las quejas internas que se vienen sucediendo desde hace meses. El problema es especialmente acuciante en Bizkaia, pero el registro de datos presenta también problemas en Álava. La situación es mejor en Gipuzkoa.

Un ejemplo: el caso de la IACR. La International Association of Cancer Registries solicita información cada cuatro años. La última petición fue de 2021 y se aportaron datos de 2017. Ahora solamente habría posibilidad de facilitar los existentes hasta 2019. Más datos: en 2010 había el equivalente a 4,5 profesionales en el Registro del Cáncer y ahora son 3 y en Álava ya no queda ninguna.

“Los datos están registrados en todos los hospitales, de asistencia, de tratamientos, de pacientes, … Todo. Sin ninguna duda, están todos los datos registrados”, responden fuentes de Salud. El equipo del consejero Alberto Martínez indica, eso sí, “que la aplicación que se utilizaba de volcado de datos era de más de hace 15 años” y que se está “modernizando” con el ánimo de “garantizar una plataforma más segura, eficiente y adaptada a las necesidades actuales”. “La anterior se estaba quedando obsoleta”, exponen desde Salud. Achacan a ello las posibles “dificultades técnicas” en la “interoperabilidad” de datos. Indican también que se ha reforzado la plantilla y que no hay que devolver ningún tipo de línea de ayudas al Estado.  

En el Parlamento Vasco, la portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera, ya había registrado a comienzos de diciembre varias preguntas para que el consejero dé explicaciones sobre este asunto, tanto en lo tocante a los envíos a REDECAN, ENCR e IARC como a las aplicaciones informáticas. Salud dispone de plazo hasta comienzos de 2026 para ofrecer la información.

De 2020 en adelante, la principal empresa adjudicataria —hasta su salida a finales de 2024— de las ambulancias de Álava y de Bizkaia, la catalana Grup La Pau, copó la mayor parte de los expedientes sancionadores abiertos en el sector por la Inspección de Trabajo vasca. En ese periodo, de entre las sanciones firmes, se registraron tres leves, 66 graves y una muy grave, por un importe total que ascendió a los 210.000 euros, y el 85% correspondieron a esa empresa. La mayor parte de esas sanciones terminaron siendo firmes precisamente porque la empresa afrontó el pago de la sanción.

Los datos se desprenden de una comparencia conjunta en el Parlamento Vasco este lunes de la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y de la subdirectora de la Inspección de Trabajo, Icíar González Carrasco. Ha habido sanciones por incumplir los tiempos de trabajo, por atentar contra los derechos de los representantes de los trabajadores, por riesgos laborales, por contratos de trabajo y por obstrucción. Volviendo a incidir en que casi nueve de cada diez casos correspondieron a La Pau —aunque no se ha referido a la empresa por su nombre en ningún momento—, ha recalcado que esas circunstancias se dieron durante la huelga en el sector de las ambulancias privatizadas.

La viceconsejera ha dicho que el hecho de que una empresa acumule muchas denuncias tiene “una doble cara”. Puede ser, ha defendido, que exista un conflicto o que la empresa esté incumpliendo, pero también es posible que se deba a que es un sector sindicado, que defiende los derechos de los trabajadores a los que representa. “Ojala pudiéramos decir de otros sectores lo mismo. Y son los propios sindicatos los que saben cómo tienen que actuar y actúan en este sector de manera prácticamente inmediata cuando se produce cualquier tipo de incumplimiento por parte de las empresas”, ha abundado. Se ha felicitado, además, de que no quede ninguna denuncia pendiente por investigar y ha prometido que, de volver a haberlas, se actuará “con el rigor de siempre”.

Entre 2020 y 2025, se han llevado a cabo en total 1.010 actuaciones inspectoras; en 167 de esos casos, se han emitido requerimientos de subsanación, mientras que 84 han acabado con un acta de infracción, que da comienzo al procedimiento sancionador. Como algunas no eran competencia de la autoridad laboral vasca —y eran, en cambio, de la Seguridad Social—, fueron 73 las que dieron lugar a expedientes. En su alocución ante la Comisión de Economía, Trabajo y Empleo, la subdirectora de la Inspección de Trabajo ha subrayado que se han detectado irregularidades en un 25% de las actuaciones de inspección; de entre esas irregularidades, más de un 16% las corrigen las empresas, mientras que el 8,3% derivan en una propuesta de sanción.

La comparecencia la había solicitado EH Bildu. Rebeka Ubera, de la coalición abertzale, ha insistido en que el sector no cuenta con condiciones dignas. Ha subrayado que la comparecencia se pidió en julio, hace ya cinco meses, y que, desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. Ha aseverado que los trabajadores les han trasladado que, antes de acometerse una inspección, se da aviso para que todo esté listo. “Con los años, vemos que el nombre de la empresa cambia, pero se mantienen las mismas carencias”, ha lamentado. Mientras cambian los jefes, ha incidido, las ambulancias son las mismas y van envejeciendo y deteriorándose. También ha sostenido Ubera que se siguen sin cotizar las horas extraordinarias como se debería, que los problemas con los turnos no están subsanados y que se incumplen los planes de prevención de riesgos laborales.

¿Cómo se podría mejorar en este ámbito? Las mejoras pasan por “exigir el cumplimiento normativo por parte de las empresas, actualizar los convenios colectivos”, de tal manera que “se dignifiquen las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras del sector”, ha señalado Pérez Barredo. Ante las críticas de Ubera, la viceconsejera ha incidido en la efectividad de la Inspección de Trabajo. Ha sostenido que está en contacto con los trabajadores y con sus representantes y, como prueba del trabajo de la Inspección, ha aludido a las diez sanciones que se han impuesto por obstruir la labor inspectora. “El sistema tiene mecanismos para pelear a favor de los derechos de los trabajadores”, ha remachado.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, defiende el “acierto” de haber recuperado el formato de los 'vacunódromos' que se usaban contra la COVID-19 para reforzar la inmunización contra la influenza, dada la gripe “temprana, intensa y con riesgo” de esta temporada. En el Parlamento Vasco, en respuesta a preguntas de Rebeka Ubera de EH Bildu, indica que el coste que ha supuesto habilitar el pabellón de La Casilla de Bilbao como “centro de refuerzo de vacunación” -se esquiva la palabra 'vacunódromo'- ha sido de 177.800 euros y que, a cambio, se han logrado importantes incrementos de dosis inoculadas en comparación con otros años y llegar a más población diana. “El 40,94% de las personas que se vacunaron en el centro de La Casilla lo hacían por primera vez”, indica.

En cifras, en La Casilla se han administrado 16.500 vacunas. De ellas, 13.451 eran contra las diferentes variedades de gripe -es una fórmula multivalente contra varias cepas del virus- y 3.018 contra la COVID-19. Desde hace años se simultanean ambas patologías. Esas 13.451 son algo menos del 15% del total de personas vacunadas en la comarca sanitaria de Bilbao, la OSI Bilbao Basurto. Con todo, Osakidetza insiste en que fue un “acierto” volver a ese formato.

¿Por qué? En los tres primeros días se vacunaron 3.953 personas, “un 18,65% de incremento” solamente por la apertura, estima el Servicio Vasco de Salud. En los siete días siguientes “se administraron 6.970 vacunas, un incremento del 33,73%”. En la tercera semana, ya con la campaña abierta en el conjunto de los ambulatorios, “el incremento de la vacunación fue del 21,94%”. La tesis es que cuatro de cada diez personas que pasaron por allí era la primera vez que se acercaban a la campaña contra la gripe estacional.

EH Bildu había solicitado los costes de la puesta en marcha. Son 89.064 euros por la “apertura”, incluidos “53.434 en productos farmacéuticos”, y 88.736 euros más en “coste de contratación” de 44 profesionales. En total, la OSI Bilbao Basurto incorporó a 57 personas para la campaña de refuerzo, con lo que la factura por este concepto sube realmente a 105.976 euros. Ni Vitoria ni Donostia han tenido este servicio.

El sindicato LAB ha expuesto este lunes en el Parlamento Vasco que las privatizaciones en Osakidetza van más mucho allá de la cifra de alrededor de 300 millones que suele manejar el consejero Alberto Martínez y que se refieren a las derivaciones o conciertos. La central ha alertado de grandes subcontratas de electromedicina, limpieza, informática o mantenimiento y ha señalado que hay jefes de esas empresas externas que cobran hasta 97.000 euros anuales, casi tanto como el propio Martínez o que el lehendakari, Imanol Pradales, y “mucho más que el mejor cirujano” de la casa.

El delegado de LAB en Osakidetza Jesús Oñate ha intervenido en la comisión de Salud de la Cámara. Ha explicado que el sindicato lleva años recurriendo por sistema los contratos de externalización de servicios no asistenciales. Ha cuantificado en alrededor de 40 los recursos presentados y ha señalado que en más de la mitad de los casos o el OARC (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales) o los tribunales les han dado la razón. Ha asegurado que en muchos supuestos las justificaciones para la externalización son vagas, de apenas una frase que explica la ausencia de medios propios.

Según Oñate, los cálculos que ofrece el Gobierno sobre privatizaciones y los compromisos adquiridos para irlas acotando -en 2026 se ha planteado una bajada del 1% con cambios en las derivaciones de abortos o en algunas ambulancias en Gipuzkoa- son “un juego de niños” porque en esas estimaciones no se incluyen servicios “periféricos” a los puramente sanitarios pero que son igual claves para una Sanidad “integral” de calidad. Ha puesto el ejemplo del personal de mantenimiento al que se vacía de contenido cuando, en 2020, “levantaron en nada una UCI” en Txagorritxu. Solamente la electromedicina de Bizkaia es una adjudicación de 120 millones de euros, según LAB. “¿Eso es 'hacer país'? Se alimenta a empresas con dinero público y los aumentos presupuestarios son una trampa”, ha manifestado.

En una comisión con escasísima asistencia de parlamentarios, PNV y PSE-EE han puesto en valor tanto la acción del Gobierno como el pacto de salud de verano. LAB fue una de las organizaciones que no lo firmaron y, según Oñate, las discrepancias sobre las privatizaciones fueron un factor determinante. EH Bildu, el único otro partido que ha participado y tomado la palabra, ha agradecido la labor del sindicato y sus recursos.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha comprado medicamentos por valor de al menos 5,5 millones de euros a la farmacéutica israelí Teva desde 2023, según los datos remitidos por el consejero Alberto Martínez, del PNV, al Parlamento Vasco en respuesta a una solicitud de documentación de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera. A diferencia de Asturias y de Navarra, Osakidetza aún no se ha pronunciado sobre la posibilidad de rescindir esos contratos en aquellos productos que no sean exclusivos de esta marca, que es una de las grandes del sector en el mundo. Hay otras comunidades que también son clientes, como el Sacyl castellanoleonés.

La documentación muestra que, en el período analizado, 2025 es el año con más compras a Teva, 1,89 millones hasta la fecha del informe, 27 de octubre. En 2023 fueron 1,84 y en 2024 1,77. La organización sanitaria que aglutina al hospital de Cruces, el mayor de la red, es la que más ha contratado a Teva, con 1,3 millones. En primavera, dos centenares de trabajadores recogieron firmas contra esta empresa. También el hospital Donostia ha destinado 1,19 millones a sus productos.

¿Cuáles son? Son 54 los medicamentos adquiridos por Osakidetza. En la larga lista aparecen Reslizumab y Fremanzumab como los más costosos. Son inmunoterapias, según fuentes médicas. Eso sí, Teva también ha entregado a la Sanidad vasca arsénico, codeína, fentanilo o hierro.

“La grandísima mayoría de los medicamentos adquiridos por Osakidetza a Teva tienen alternativas en el mercado, muchas de ellas en forma de genérico y con origen europeo”, sostiene el sindicato LAB, que ha pedido por escrito y en persona expresamente a la dirección de Osakidetza, ahora en manos de Lore Bilbao, que corte las compras con esta compañía y “deje de financiar el genocidio palestino”. Fuentes de Osasunbidea, el equivalente a Osakidetza en la comunidad foral navarra, indican que sí es posible cambiar de proveedor en muchos casos. En diciembre y enero el Gobierno navarro irá rescindiendo acuerdos con Teva salvo uno “de un medicamento que es exclusivo” y que es necesario para garantizar la atención a los pacientes, indican desde el Servicio Navarro de Salud, cuyo nuevo director general, Jon Guajardo, ha ocupado durante años cargos de dirección en Osakidetza.

Attenti no es de Israel, según San José

Otro grupo de la oposición, Sumar, preguntó al Gobierno de Imanol Pradales por sus contratos con la empresa Attenti, adelantados por este periódico. Esta tecnológica israelí proporciona el sistema de control telemático a las Prisiones vascas para casos de internos con regímenes de semilibertad. La adjudicación la hizo en su día el Ministerio del Interior pero, en 2021, las cárceles de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa fueron transferidas a la Administración autonómica y este servicio externalizado se subrogó. Ahora bien, en 2024 y en 2025, en septiembre, el Ejecutivo vasco ha prorrogado este acuerdo, cuya vigencia final ahora es 2026.

La consejera María Jesús San José, de la parte del PSE-EE de la coalición con el PNV y responsable de Justicia y Derechos Humanos, insiste en que la empresa “fue adquirida” por un grupo “con sede central en Londres” y que “en la actualidad es una empresa estadounidense” con “algunas oficinas” en Israel, como en muchos otros países que se enumeran. Sin embargo, las facturas de este servicio se hacen desde Tel Aviv y el teléfono de referencia tiene también prefijo de Israel. Lo llamativo de la información facilitada por San José es que completa la respuesta a Sumar asegurando que “desconoce” si el Ejecutivo vasco “tiene relación” con otras compañías de Israel.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) no abonó la nómina en tiempo y forma en 367 ocasiones este verano. Les ocurrió a 156 de sus trabajadores en junio, a 111 en julio y a 100 en agosto, según un informe entregado al Parlamento Vasco por el consejero Alberto Martínez como respuesta a una petición de información de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera. Como referencia, a comienzos de verano, en junio, Osakidetza tenía dadas de alta 47.260 personas y gestionó 54.226 nóminas (un mismo sanitario puede tener varios destinos temporales en un mismo mes) y a finales de agosto eran 47.428 profesionales y 49.362 recibos.

En respuesta a las preguntas de Ubera motivadas por quejas ante retrasos e impagos en verano, Martínez insiste en que “Osakidetza siempre paga de forma puntual a su personal”. “No obstante, en algunas ocasiones, puede darse la circunstancia de que algunas personas no cobren su nómina el mismo mes de inicio de su relación contractual, sino al siguiente”, admite. No ha superado en verano el 0,34% del total en ninguno de los tres meses del período, según la estadística oficial.

En junio, el grueso de los retrasos salvo 3 se deben a tomas de posesión o nombramientos ocurridos después del cierre de la nómina y antes del día de pago. En julio hubo 9 casos imputables a “retrasos de mecanización” y en agosto fueron 5. ¿Y cómo se desglosa laboralmente la plantilla de la mayor empresa vasca? De las 47.428 personas dadas de alta a finales de agosto, el último dato conocido, 42.013 estaban a jornada completa, 2.310 con algún tipo de reducción inferior al 50%, 2.319 a media jornada, 647 a un tercio y 139 con otros tiempos.