El Gobierno vasco prorroga un año más su contrato de control telemático de presos con una empresa tecnológica de Israel

El Gobierno de Imanol Pradales ha prorrogado hace unos días, a finales de agosto, el contrato que mantiene desde 2022 con la empresa israelí Attenti Electronic Monitoring, actualmente parte del grupo estadounidense Allied Universal, para el control telemático de presos en semilibertad, una tecnología que permite no solamente una geolocalización permanente, sino incluso hacerles controles de alcoholemia y de otras sustancias a distancia en caso de necesidad. Es el contrato más relevante del Ejecutivo vasco en Israel al margen de su participación como accionista en la empresa CAF, que construye un tranvía en Jerusalén.

El área de Justicia y Derechos Humanos, una de las cinco carteras en manos del PSE-EE en el Ejecutivo de coalición con el PNV, abonará en los próximos doce meses otros 780.000 euros a esta empresa, según consta el expediente de la contratación y han confirmado a este periódico fuentes oficiales. Exactamente 30 presos vascos llevaban a 31 de agosto estos dispositivos de control, pulseras o tobilleras, según estas mismas fuentes.

El contrato de “monitorización, seguimiento y vigilancia remotos de presencia, consumo de alcohol y ubicación de personas sujetas a control” tiene su origen en 2018, cuando el Gobierno central realizó una primera adjudicación a Attenti Electronic Monitoring, con sede en Tel Aviv. Instituciones Penitenciarias, que entonces gestionaba todas las cárceles de España salvo las catalanas, en manos de la Generalitat, firmó una segunda adjudicación con la misma empresa en 2021, valorada en unos 25 millones de euros en total. El 1 de octubre de ese mismo año se produjo la transferencia de Prisiones y Euskadi pasó a gestionar los centros de Zaballa en Álava, de Basauri en Bizkaia y de Martutene en Gipuzkoa. Entre las materias cedidas por el Ministerio del Interior, además de los edificios y el personal, se incluía la subrogración del contrato de monitorización continua de presos, que se formalizó en abril 2022.

Desde entonces, el responsable del servicio es exclusivamente el Ejecutivo autonómico. El área de Prisiones ha tenido en ese tiempo tres consejeras, dos del PNV y la actual del PSE-EE. Son Beatriz Artolazabal, Nerea Melgosa y María Jesús San José. El contrato expiraba el 31 de agosto de 2024 y se formalizó una primera prórroga de un año por 780.000 euros. Ahora, nuevamente, se ha optado por una extensión para otros doce meses, hasta el 31 de agosto de 2026 y por la misma cantidad. La resolución se publicó el pasado viernes, 5 de septiembre.

Fuentes del área de Prisiones indican que “es un contrato que viene de una subrogación de otra Administración, de antes de la transferencia”, y que “la empresa ha cambiado” en estos años porque “ahora es americana”, de Estados Unidos. Sin embargo, se admite que Attenti Electronic Monitoring gestiona el servicio “desde una sede que tiene en Israel”. “Las facturas llegan desde Tel Aviv”, confirman desde el Ejecutivo. En el expediente también consta un teléfono con prefijo 972, el de Israel, como referencia principal.

Son 30 los presos en semilibertad que, a 31 de agosto, estaban controlados con la tecnología israelí. “Se usa para saber que la persona está donde tiene que estar”, recalcan desde el Ejecutivo. Añaden, en todo caso, que la prórroga firmada ahora “es ya la última”. La Administración ultima una nueva licitación para sacar a concurso el sistema de monitorización de presos. “Pero no hay muchas más empresas. Es una tecnología tan sofisticada y limitada que podrían volver a ganar”, indican las fuentes consultadas.

La existencia y los detalles de este contrato fueron adelantos por este periódico en 2023, cuando se inició el genocidio en Gaza después de los atentados de Hamás en octubre de ese año. El parlamentario de IU Íñigo Martínez Zatón pidió al entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, una relación de contratos del Gobierno vasco con empresas israelíes y éste es el único que apareció, aunque ya por entonces su capital formal era estadounidense.

Controles por sudoración

Son técnicos de la empresa suministradora los que instalan las bases de control en los domicilios de los presos a los que se les implanta esta medida telemática. A partir de ahí, el centro penitenciario o de inserción social de referencia es el que recibe la señal y monitoriza las posibles incidencias. Attenti Electronic Monitoring, además de la geolocalización, publicita en sus dispositivos un sistema de control de sustancias que se llama SCRAM (Secure Continuous Remote Alcohol Monitoring o, en castellano, control remoto continuo y seguro del consumo de alcohol).

Según los folletos publicitarios de sus creadores, la tecnología permite tomar muestras de la sudoración cada 30 minutos desde la tobillera y también detectar posibles obstrucciones o manipulaciones del aparato para condicionar los resultados. Ni siquiera bajo el agua deja de funcionar. Según sus propias cifras, 1.000.384 personas han sido “monitorizadas” en todo el mundo y se han realizado 4.900.000.000 de pruebas, con un 99,1% de resultados satisfactorios.