EH Bildu pierde en el Parlamento Vasco a uno de sus 'pesos pesados', Julen Arzuaga, portavoz en la comisión de Seguridad y uno de los únicos tres que se mantenían desde que se creó la coalición en 2012 junto con Eva Blanco y Rebeka Ubera. El propio Arzuaga ha confirmado su salida en X con un mensaje en el que explica que “ha llegado el momento” de renunciar a las responsabilidades políticas para iniciar otra etapa laboral tras haber logrado una plaza en una convocotaria pública para una agencia de desarrollo rural de Durangaldea.

Arzuaga recuerda que se cumplen ahora doce años de su estreno y del de EH Bildu en la Cámara vasca. Fue en 2012 con un equipo capitaneado por Laura Mintegi. Desde el inicio asumió la portavocía en temas como víctimas, todo lo relacionado con ETA y Seguridad. También ha coordinado esas mismas labores a nivel orgánico. Se ha convertido en azote de varios consejeros con críticas al modelo de la Ertzaintza. “He llevado temas delicados y de gran proyección mediática. Queda mucho por hacer pero estamos bastante mejor que hace doce años. Quiero pensar que he puesto mi pequeño grano de arena para que haya habido pasos hacia adelante”, indica.

Arzuaga, en su nota de adiós, da las gracias a quienes han coincidido con él en la Cámara durante tres legislaturas y en el inicio de una cuarta y también a quienes “sueñan con la libertad de Euskal Herria”. Afirma que continuará como “humilde militante” pero “con la misma determinación” e indica que vuelve a sus orígenes y su pasión, el desarrollo rural. La siguiente en la lista es la exparlamentaria Pazis García Ortega, pero no se ha concretado aún un relevo que no será inmediato.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha informado al Parlamento Vasco de que la unidad especializada en la investigación de delitos de corrupción de la Ertzaintza tiene únicamente nueve efectivos. En los últimos días ha trascendido que la UCO de la Guardia Civil, que ejerce funciones equivalentes, tiene del orden de 600. Asimismo, ha indicado también que el equipo dedicado a luchar contra los delitos ambientales y urbanísticos dispone de once ertzainas. El Seprona del mismo cuerpo supera los 1.800.

El portavoz de EH Bildu en la comisión de Seguridad, Julen Arzuaga, había solicitado al Gobierno de Imanol Pradales datos concretos sobre estas dos unidades clave de la Ertzaintza. La información revela que ambas suman 19 agentes en total, ocho y once, incluidos los dos mandos que las dirigente. Representan menos del 1% del total de 2.169 asignados a labores de Investigación en el cuerpo, según la última estructura de la Policía vasca dada a conocer en abril de 2024.

En el caso de la sección de delitos económicos -Zupiria recuerda que el concepto de “corrupción” no está tipificado como tal en el Código Penal- se indica que los casos “en atención a su grado de dificultad” pueden ser asumidos por unidades locales, territoriales o centrales. El consejero da a entender que los 2.169 efectivos de Investigación están capacitados para ello. Sin embargo, admite que el equipo central, el que es convocado para las causas más “complejas”, “se organiza estructuralmente en un jefe de sección y siete agentes especialistas de la escala básica en régimen de dedicación absoluta”.

Pregunta EH Bildu si esa plantilla permite “afrontar con suficiencia” la investigación de estos delitos y Zupiria es tajante en la respuesta afirmativa. Añade que, “como otras unidades, servicios y jefaturas de la Ertzaintza, la evolución significativa de determinados delitos conlleva modificaciones y adaptaciones estructurales de la organización”. “Es un proceso vivo y en constante análisis”, indica el nuevo consejero de Seguridad, que ha tomado el relevo de Josu Erkoreka, sobre posibles ampliaciones.

En cuando a la sección contra los delitos medioambientales, ya se han escuchado desde la oposición y desde grupos ecologistas críticas a su escasa dotación. Además, la Fiscalía alertó en su reciente memoria de que los últimos concursos de traslados han motivado la salida de muchos de los agentes especializados, con la consiguiente pérdida de capital humano. Excepcionalmente, se acordó que los ertzainas que habían llevado la causa del derrumbe del vertedero de Zaldibar siguieran con ella aunque estuvieran ya fuera de este grupo. En años anteriores el ministerio fiscal ya ha mostrado su preferencia por encargar determinados casos al Seprona de la Guardia Civil, aunque el PNV introdujo un punto en el acuerdo de investidura con Pedro Sánchez para priorizar a la Policía vasca en casos que no excedan del ámbito territorial autonómico.

De nuevo, Zupiria argumenta que este grupo está bien dotado. “Dispone de un jefe de sección y tiene ocupadas todas sus plazas, diez ertzainas”, indica. “Actualmente, no hay vacantes. [...] No obstante, dentro de los derechos que les corresponde a los agentes de la Ertzainza a solicitar nuevos destinos cuando son ofertados por medio de las convocatorias de concurso de traslados que pudieran hacerse [...], pudieran darse cambios del personal”, explica preguntado por el baile de personas asignadas a esta sección en los últimos meses.

El consejo de dirección del Instituto de la Memoria (Gogora), presidido por el lehendakari, se había configurado como una especie de oasis en el que todos los partidos políticos, desde EH Bildu al PP, se sentaban juntos para hablar de políticas sobre ETA, los GAL, las víctimas policiales o la Guerra Civil y el franquismo. Es algo que nunca lograron las sucesivas ponencias creadas en el Parlamento Vasco tras el final del terrorismo en 2011, por ejemplo, como tampoco se consigue en las conmemoraciones anuales del 10 de noviembre. En esta legislatura y tras renegociar el acuerdo de coalición, el PNV ha pasado el control de esa cartera al PSE-EE, con María Jesús San José como consejera y Alberto Alonso como director de Gogora, que han relevado a Nerea Melgosa y Aintzane Ezenarro, respectivamente. Este equilibrio queda ahora en entredicho al haber manifestado EH Bildu en una rueda de prensa celebrada minutos después de la designación de los cinco vocales independientes del consejo que se “replanteará” su “actitud” e incluso su “presencia” en Gogora, en palabras de Julen Arzuaga.

Con el cambio de legislatura, el Parlamento está procediendo a poner a punto los diferentes organismos y nombramientos que le corresponden. En el caso de Gogora, este miércoles se votaban en comisión los cinco asientos cedidos por ley a independientes y este jueves el pleno nombrará a los que corresponden a los partidos como tal, siempre que tengan grupo propio (es decir, Sumar y Vox no tienen posibilidad de acceder al consejo). La nueva normativa vasca de memoria histórica hizo que pasaran de tres a cinco estas plazas para expertos, víctimas o académicos. Los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, que técnicamente podrían haber copado los cinco puestos al gozar de mayoría absoluta, comunicaron a EH Bildu que le cederían un asiento para uno de sus dos candidatos independientes. Los socialistas dirigen la cartera y querían tener dos nombramientos y el PNV, como fuerza mayoritaria, no quería ser menos. Eso solamente dejaba un quinto puesto para la coalición abertzale aunque tenga tantos escaños como los nacionalistas (27) y quince más que los socialistas (12).

Y se han votado las candidaturas. Han salido adelante las dos candidatas del PNV, María Jauregi -hija del exgobernador civil socialista de Gipuzkoa asesinado por ETA y de Maixabel Lasa, exdirectora de Víctimas con Juan José Ibarretxe y Patxi López- y Eider Landaberea -de la Universidad de Deusto-, los dos del PSE-EE -Josu Elespe, hijo también de otra víctima de ETA- y José Antonio Pérez -historiador- y el primero de los dos de la dupla de EH Bildu, el prestigioso forense Francisco Etxebarria, que entre otros casos fue clave para esclarecer el crimen fundacional de los GAL, el de Lasa y Zabala. Jauregi, Elespe y Etxebarria eran ya los tres vocales independientes de la anterior legislatura propuestos por los mismos partidos que ahora. Ha quedado fuera Pilar Garaialde, de Egiari Zor e hija de un asesinado de la ultraderechista Triple A en 1982. Las votaciones se han realizado a mano alzada. PNV y PSE-EE han apoyado con sus votos a Etxebarria y no a Garaialde. La coalición abertzale, de su lado, ha votado en contra de la entrada de Pérez en Gogora, aunque la previsión era una abstención.

Acto seguido, Arzuaga ha comparecido en la sala de prensa del Parlamento y ha criticado que se haya quedado fuera la única víctima que no era de ETA. “Discriminan otra vez a las víctimas de Estado”, ha afirmado el parlamentario de EH Bildu, que es precisamente el vocal de la formación en Gogora. Ha calificado de “vergonzoso” el resultado de las votaciones y ha remarcado que ellos sí han apoyado a quienes eran víctimas del terrorismo, Elespe y Jauregi. “Las víctimas de ETA estaban ya en Gogora -y está bien- pero PNV y PSE-EE han querido expulsar a las víctimas del Estado”, ha agregado. Entiende que este gesto “gravísimo” ahonda en la consideración de este grupo como víctimas “de segunda” y ha mostrado su temor por el nuevo “carácter” que adoptará Gogora tras el cambio político de esta legislatura, aunque su director, Alonso, trazó una gran relación de complicidad con miembros de EH Bildu en su etapa anterior en el Parlamento. Como final a su comparecencia, Arzuaga ha afirmado que analizarán si cambian su “actitud” o incluso si renuncian a su “presencia” en el instituto.

El PNV, tras la comparecencia, ha manifestado que “había un acuerdo” con EH Bildu para mantener a quienes ya formaban parte del consejo, incluido Etxebarria. Según fuentes de las formaciones gubernamentales, no obstante, se les dejó la opción de que 'decidieran' a quién enviaban a Gogora en función del orden en que presentara la lista con dos nombres por si querían primar otra opción.

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto una investigación al agente O. de P., destinado en la comisaría de Irún, por ser instructor en actividades formativas -en concreto de la modalidad de lucha 'grappling'- de la organización ultaderechista Desokupa. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha indicado en el Parlamento Vasco en respuesta a preguntas de EH Bildu que “tras tener conocimiento de estos hechos”, que el agente publicita con naturalidad en redes sociales y medios de comunicación y que son sobradamente conocidos en el cuerpo, se analizará si incurre en una vulneración del régimen de incompatibilidades.

Matiza Zupiria ante la petición de información del abertzale Julen Arzuaga que los hechos “están en fase de investigación y comprobación” y que, por lo tanto, aún no hay base para adelantar si habrá o no un expediente disciplinario. El consejero remarca que los ertzainas se han de atener a a la normativa de 1984, como el resto de los funcionarios. Preguntado si le preocupan las conexiones de miembros de la Policía vasca con organizaciones ultras, Zupiria indica que le inquietan “todos los aspectos” que afecten al “óptimo funcionamiento de la Ertzaintza”, sin entrar en más consideraciones.

O. de P. ha participado y ganado medallas en campeonatos de lucha. Tras ganar el campeonato de España de 'grappling' subió al podio con una camiseta de la Guardia Civil y una bandera de España que tenía también un emblema de esa institución. Se da la circunstancia, además, de que O. de P. se ha jactado igualmente de haberse registrado como mujer en España valiéndose de la reciente reforma legislativa para la comunidad trans. En su país de origen es hombre y ejerce como tal públicamente en el día a día, por ejemplo en las competiciones en las que participa. Este caso suscitó gran controversia porque las mujeres de su comisaría se quejaron de que quisiera cambiarse en sus vestuarios. Finalmente se habilitó un tercer espacio para su uso exclusivo.

Hay otro caso de un hombre agente de la Ertzaintza que se ha registrado como mujer. Este policía fue arrestado en agosto por agresión a su pareja. El asunto, finalmente, ha sido derivado a un juzgado de violencia contra la mujer al entender la Fiscalía que el cambio registral fue fraudulento y para evitar precisamente los agravantes de violencia de género. Informa Zupiria igualmente en el Parlamento que el ertzaina ya ha sido expedientado y que no tendrá abogados costeados por la Administración en este proceso penal. Eso sí, sigue cobrando “sus retribuciones básicas y ayuda familiar” aunque esté suspendido de sus funciones de manera cautelar.

Es la misma posición en la que se halla otro funcionario que está acusado de triple intento de homicidio por haber esgrimido su arma de fuego en Treviño, cerca de Vitoria pero técnicamente jurisdicción de Burgos. Inicialmente, denunció en julio haber sido víctima de un asalto y explicó que intentó perseguir a los tres presuntos ladrones, versión que desmontó Asuntos Internos. Recientemente se conoció que la unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza, que supervisa una plantilla de unos 7.400 efectivos ahora mismo, ha abierto 78 expedientes disciplinarios por faltas “graves” o “muy graves” desde 2022 y hasta el 26 de junio de 2024.

En un breve documento enviado al Parlamento Vasco y recogido antes por 'Gara', el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha informado de la apertura por parte de la unidad de Asuntos Internos de una “investigación interna” por la participación de un agente de la Ertzaintza de paisano y fuera de servicio en las protestas de la derecha y de la ultraderecha contra la nueva investidura de Pedro Sánchez. Aparentemente, por los datos faciltados, ese policía habría recibido dos denuncias en aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'.

En respuesta a una pregunta del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, Erkoreka indica que Seguridad “tiene constancia” de la “identificación” de un funcionario en esas movilizaciones, pero no precisa ni el lugar ni el día. Por ello, el equipo de Asuntos Internos está analizando los hechos “para dirimir la existencia de conductas que pudieran resultar merecedoras de reproche disciplinario”, además de las multas aparejadas a las denuncias en vía administrativa. Se da la circunstancia de que Seguridad solicitó una ampliación del plazo de respuesta a esta pregunta a pesar de que el informe final no pasa de los dos párrafos.

En su pregunta, Arzuaga detalla que los hechos se produjeron “el 12 de noviembre”, ya que había convocatorias en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa contra el nuevo Gobierno de España. “En la concentración celebrada en Vitoria-Gasteiz, participaron varios ertzainas, supuestamente fuera de servicio, incitando cortes de la vía pública y disturbios, y en actitudes de liderazgo”, explica el portavoz de EH Bildu en la comisión de Seguridad, que tampoco indica muchos más detalles. Erkoreka no ha sido muy extenso en sus respuestas ya que se le pedía también, por ejemplo, información de los “resultados” de las pesquisas.

Ese 12 de noviembre era domingo y las convocatorias principales de la jornada las hizo el PP. En el caso de Vitoria, de la mano del periodista de TVE Miguel Ángel Idígoras, se dio lectura a un manifiesto contra la ley de Aministía y el Gobierno de Sánchez. Una convocatoria posterior ante la sede del PSE-EE alavés, auspiciada por Vox, no tuvo eco alguno. Durante toda aquella mañana, la Brigada Móvil (antidisturbios) se mantuvo desplegada en el centro de la capital.

En la que ha sido su primera comparecencia en el Parlamento Vasco, los representantes de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, encabezados por su presidente, el exmagistrado Juan Luis Ibarra, han insistido en la necesidad de dotar a los agentes de la Ertzaintza de videocámaras en sus uniformes para que graben todas las actuaciones, particularmente las que impliquen arrestos o uso de la fuerza. Sin embargo, justamente hace una semana en el mismo foro, en la Cámara, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, informó de que estos aparatos, aunque estaban prometidos para 2023, llegarán “a finales” de 2024 y “no a toda la Ertzaintza sino a unas pocas comisarías”.

“Las cámaras de cuerpo son elementos clave. El acta es mucho menos fiable que una retransmisión videográfica. Es de una eficacia tremenda”, ha descrito Ibarra en el Parlamento. Ha indicado que existe cierto rechazo policial al uso de esta tecnología -“nadie quiere que le vean y le oigan”- pero ha manifestado que los 'pros' son claramente superiores a los 'contras'.

La propuesta partió del que fue el primer gran caso de este foro de reciente creación. La comisión revisó la detención de un ciudadano en Bilbao en la que se denunciaron excesos en el uso de la fuerza. Aunque el caso quedó archivado en la Justicia ordinaria, sí fue la base para que este grupo de trabajo realizara una lista de recomendaciones para evitar abusos en las intervenciones, una de ellas la de las cámaras.

Aquel informe se conoció a mediados de octubre de 2022 y también constató que la Ertzaintza no había investigado diligentemente las denuncias por posibles abusos. En apenas dos semanas, Erkoreka hizo el anuncio de la compra de “1.387” cámaras de tipo 'bodycam' y de un presupuesto de 3 millones de euros. Un año después, coincidiendo con la presentación de los presupuestos, EH Bildu interpeló a Erkoreka por el desarrollo de la iniciativa y fue ahí cuando admitió el retraso y que, además, se destinarán 0,5 millones. “En verdad, toca reconocer que el proceso de contratación se está retrasando”, señaló.

Ibarra ha explicado que la comisión que dirige “necesita avanzar en su institucionalización” después de un “comienzo precario”. No tiene capacidad, por ejemplo, de actuar de oficio para analizar algunos casos. Hasta ahora, ha operado a requerimiento tanto de Seguridad, en el caso de Bilbao y más recientemente en el del movimiento asindical Ertzainas en lucha, o el de algunos Ayuntamientos como el de Vitoria, donde se analiza la persecución a un menor que acabó lesionado. El expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha destacado que su función es complementaria con la de la Justicia ordinaria y con la de Asuntos Internos. Ha destacado que, por el momento, no han encontrado “injerencias” por parte de la Ertzaintza aunque sí ha indicado que han rechazado personal administrativo proporcionado por el Gobierno vasco para preservar su autonomía.

La comparecencia había sido solicitada por Elkarrekin Podemos-IU. Iñigo Martínez Zatón ha recordado que la actuación policial ha de estar “alineada” con principios constitucionales, democráticos e internacionales. EH Bildu, en su turno de intervención, ha indicado que el presupuesto para este organismo ha bajado de 35.000 a 22.000 en sus dos años de vida. Desde el PNV, Jon Andoni Atutxa ha destacado que este organismo es pionero en España y que persigue “reforzar la legitimidad” de la Policía en sus actuaciones, y ha defendido que el Gobierno atiende las propuestas planteadas aunque algunas requieran “un mayor plazo de tiempo”.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha mostrado visiblemente enojado con la situación convulsa que vive la Ertzaintza en las últimas semanas, donde ha brotado un movimiento “asindical” que solamente cuenta ahora con el respaldo de uno de los cuatro sindicatos con representación legal, Euspel. El tono que ha empleado en las respuestas a las preguntas de casi toda la oposición en la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco, la última hasta octubre por el parón estival, ha sido notablemente más alto que en otras intervenciones sobre otros temas. “Cualquier trabajador tiene todo su derecho a exigir mejoras laborales. Ahora bien, condicionar la vida de la ciudadanía, cortar la circulación del tranvía o generar atascos, no es una actitud acorde con los principios de la Ertzaintza”, ha afirmado tras leer fragmentos del código deontológico de la Policía vasca. Sin embargo, ha anunciado que en los próximos días hará una oferta de mejoras laborales que no ha concretado. Será a días de la celebración del Tour de Francia en Euskadi, un evento en el punto de mira de las movilizaciones “asindicales” y que es una prioridad institucional en Euskadi por su proyección internacional.

El lehendakari, siempre en tono grave, ha afirmado ante las protestas internas que los ertzainas tienen “trabajo asegurado” para toda la vida y que cobran un salario “10.000 euros superior” de media al de “cualquier trabajador en la empresa privada”. Ante la denuncia de que llevan doce años sin convenio, ha dicho también que en esa década ha subido la nómina de media un 17% y que en 2022 se acordó una subida adicional del 10% en concepto de carrera profesional. “Ahora piden 1.100 euros brutos. Es legítimo querer mejorar, pero sin perder el principio de realismo”, ha recalcado el lehendakari.

Con todo, ha insistido en que la “puerta” a negociar sigue “abierta”, aunque únicamente con los sindicatos con representación legal. “Se han logrado muchos acuerdos”, ha dicho sobre lo ocurrido desde que él llegó al cargo en 2012. Sobre las nuevas ofertas, no ha ofrecido ni cifras ni detalles, pero ha avisado de que las subidas salariales son solamente posibles por “normativa estatal”, dando a entender que no se podrán abordar en esa mesa de negociación, y ha añadido que todo lo que se pacte se hará “sin hipotecar” las arcas de la Administración.

Salvo Elkarrekin Podemos-IU, todos los grupos de la oposición han llevado este asunto a la sesión plenaria. No ha acudido a ella el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, que se halla en Bilbao reunido con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el marco de la Junta de Seguridad que sienta a los Gobiernos central y vasco. Sí han asistido como invitados los representantes de las centrales de la Ertzaintza, incluido el líder del sindicato mayoritario, Sergio Gómez de Segura de Erne. Ni esta organización ni Esan ni Sipe van ya de la mano del nuevo colectivo 'Ertzainas en lucha', al que acusan de querer suplantar la legitimidad lograda por las centrales en las recientes elecciones internas.

Ha abierto fuego Carlos Iturgaiz, de PP+CS, que ha ironizado que no solamente hay 'Ertzainas en lucha' sino también “sanitarios o educadores en lucha”. Hay “un país harto ante su arrogancia y su mala gestión”, ha sintetizado el líder 'popular', que ha añadido que “con pan y Tour” no se “engaña” a la sociedad sobre los problemas en los servicios públicos y sobre el “modo soberbio” de gestionarlos. “Ante el incendio en la Ertzaintza, actúan como jefes de los pirómanos”, ha apostillado Iturgaiz, quien cree que no hay que buscar “fantasmas” ni “conspiraciones” ni “delirios de tricornios con txapela”. Y luego ha intervenido la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, que ha descolocado al lehendakari con una defensa cerrada de la Ertzaintza, a lo que Urkullu ha respondido preguntando retóricamente si la ultraderecha no quiere ya suprimir la autonomía vasca o sustituir a este cuerpo por la Guardia Civil o el Ejército.

El propio Urkullu ha admitido que su tono ha sido elevado. De hecho, ha arrancado la respuesta a EH Bildu con un “volveré a mi tono habitual”. “A veces hay que subir el tono”, se ha autojustificado aludiendo a “malignidades” que se han sucedido en torno a este debate. Desde la bancada de la coalición abertzale, su portavoz habitual en asuntos policiales, Julen Arzuaga, ha denunciado la infiltración de la “ultraderecha” en el cuerpo autonómico y el “lenguaje bélico” y la “actitud chantajista” del nuevo movimiento. “Tengo dudas de la misión que le estamos dando a la Ertzaintza. Hay algunas cosas que, lo siento mucho, no en mi nombre. No quiero verles obstaculizando servicios públicos en manada. O con actitudes ultraviolentas en desahucios o contra trabajadores”, ha señalado igualmente. El debate en la Ertzaintza ha removido tanto los cimientos que Arzuaga ha dicho estar de acuerdo con el análisis de la situación que ha hecho el exjefe del cuerpo, Jorge Aldekoa, que era el comisario en Bilbao cuando se produjo la carga policial en la que murió por una pelota de goma Íñigo Cabacas y cuya dimisión demandó durante varias ocasiones.

Urkullu, con todo, no ha querido aceptar la mano tendida de la izquierda abertzale para repensar el “modelo policial vasco”. “Ustedes nunca han guardado consideración a la Ertzaintza. No creo que tengan el mínimo precio a esta institución del autogobierno vasco y de su valor”, le ha dicho el lehendakari Arzuaga. Tras la sesión, Gómez de Segura, en nombre de todos los sindicatos, ha emplazado al Gobierno a que abra una “negociación real”, que lleguen pasos “reales”. Y ha avisado de que no basta con mejoras económicas sino que se necesitan respuestas organizativas “globales”.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha anunciado este viernes en el Parlamento Vasco la apertura de diligencias de investigación para, en su caso, “depurar responsabilidades” por la protesta del colectivo asindical 'Ertzainas en lucha' en la que sus colegas uniformados del dispositivo de seguridad, encabezados por un intendente con galones dorados, no actuaron en ningún momento a pesar de que se produjeron hechos que en otros momentos han motivado requerimientos, despliegue de antidisturbios o incluso cargas. Según ha explicado Erkoreka, las actuaciones son de dos tipos. Para los manifestantes se estudiarán posibles multas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana (la conocida como 'ley mordaza') y los uniformados desplegados podrían exponerse a expedientes disciplinarios.

'Ertzainas en lucha' se ha ido gestando en las últimas semanas y ha cristalizado en un movimiento que moviliza a altos porcentajes de la plantilla de la Ertzaintza. Reclaman un convenio tras más de una década con el acuerdo regulador caducado, subidas de al menos 1.100 euros y otras mejoras organizativas. Su gran amenaza es bloquear la salida del Tour de Francia desde Euskadi. Han realizado ya manifestaciones o caravanas de coches y ayer reunieron a entre 700 y 1.400 frente al Parlamento Vasco, cortaron el servicio de tranvías durante casi una hora y pudieron superar la línea autorizada sin respuesta por parte de la fuerza movilizada, encabezada por altos mandos policiales. Los agentes en servicio hicieron fotografías, secundaron las protestas, aplaudieron a los intervinientes o hicieron sonar cláxones.

La investigación incluye la revisión de todas las cámaras de seguridad del entorno del Parlamento, que recogieron en detalle tanto la movilización como el papel de la fuerza desplegada. En ellas se constata, por ejemplo, cómo algunos estaban tomando café en establecimientos cercanos, según fuentes policiales. Erkoreka ha afirmado que es legítimo que este colectivo reclame su dimisión -“lo acepto”- pero ha recalcado que analizarán los posibles excesos cometidos.

Erkoreka ha dado estas explicaciones en respuesta a una pregunta de EH Bildu. Su portavoz en materias policiales, Julen Arzuaga, ha ironizado que no puede haber “intocables de Elliot Ness” en el cuerpo. Ha enfatizado que son legítimas las reivindicaciones laborales y necesarias las mejoras, pero que no puede haber un movimiento que altere la representación legal y legítima que tienen los sindicatos. “Adoptar un camino paralelo al policial es el camino parapolicial. Me alegro de que ustedes intervengan”, ha señalado Arzuaga, quien ha deslizado que este colectivo es próximo a Jusapol o similares del entorno de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Fuentes de Seguridad ya indicaron a este periódico ante la anterior protesta que el Ejecutivo “mantiene abierta la negociación sobre un nuevo convenio de relaciones laborales con todos los sindicatos”, es decir, en el marco de la mesa sectorial resultante de las elecciones, en la que están Erne, Esan, Euspel y Sipe. “En el marco de esta negociación se han mantenido decenas de reuniones (la última el pasado martes, con los cuatro sindicatos con representación) y convocatorias de mesas sectoriales que ha conseguido grandes avances en las condiciones laborales de la Ertzaintza como, por ejemplo, el acuerdo de carrera profesional (firmado el año pasado) que supuso una importante mejora salarial para la plantilla”, señalan. “El Departamento de Seguridad mantiene su compromiso con los sindicatos y continuará negociando con ellos el nuevo convenio. Espera y desea un pronto acuerdo que continúe mejorando las actuales condiciones laborales de la totalidad de la plantilla”, abundan.

La representación legal de la plantilla, por su parte, está organizando una protesta para denunciar la situación en la Ertzaintza para este martes, coincidiendo con un Consejo de Gobierno extraordinario en Urdaibai. Los sindicatos Erne, Esan, Euspel y Sipe -que son los que tienen representatividad ahora mismo- llevan años con movilizaciones y ahora tienen el reto de ver si son capaces de tener un músculo similar al de 'Ertzainas en lucha'.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado, principalmente la Guardia Civil, han realizado en Euskadi 626 controles en 2021 y 2022. De ellos, 506 tuvieron lugar en el término municipal de Irún, localidad guipuzcoana que es fronteriza con Francia y donde la presencia policial es muy recurrente. En concreto, fueron 218 controles en 2021 y 288 en 2022. El mes con más intervenciones fue junio de 2022, con 37 operativos, más de uno al día en esa zona concreta.

Los datos están recogidos en un informe enviado por el Departamento de Seguridad al Parlamento Vasco. A instancias del portavoz en asuntos policiales de EH Bildu, Josu Arzuaga, el vicelehendakari y consejero del ramo, Josu Erkoreka, ha entregado un listado con las actuaciones comunicadas y no comunicadas de los dos últimos años completos desglosadas por meses y por municipios. Son un total de 626 movimientos de las Fuerzas de Seguridad del Estado los que aparecen en la documentación en poder de la Ertzaintza, que abarca dos años. Son únicamente tres de la Policía Nacional y el resto, 623, son de la Guardia Civil. Euskadi estima que 27 de esos controles (el 4,31%) no fueron debidamente comunicados. Hace un lustro, hubo 539 controles solamente en un ejercicio. 

Los datos reflejan con claridad que es Irún la localidad con más controles de la Guardia Civil en toda la comunidad autónoma. En la frontera, la competencia de extranjería y migraciones es de la Policía Nacional, que de hecho tiene allí la única comisaría fuera de las capitales, pero es habitual la presencia de este cuerpo en actuaciones de “resguardo fiscal del Estado”, que es de una de sus competencias además de los delitos que exceden al ámbito vasco. Asimismo, en los últimos años se han permanentes también las actuaciones de la Policía Nacional francesa, que realiza controles sistemáticos de entrada a Hendaya a pesar de ser zona Schengen de libre circulación. Ello se ha traducido en un muro 'de facto' para migrantes en tránsito y en devoluciones en caliente. Según la información oficial, ha habido controles en Azkoitia, Azpeitia, Arrasate-Mondragón, Bergara, Donostia, Elgoibar o Zarautz en Gipuzkoa, en Barrika, Zaldibar, Lekeitio u Orozko en Bizkaia y en Laguardia, Salvatierra-Agurain o Zigoitia en Álava. Incluso sin el factor distorsionador de Irún, son mayoritarias las actuaciones en Gipuzkoa.

La Ertzaintza “no tiene constancia” de que la presencia de la Guardia Civil en Euskadi esté siendo “más intensa en los últimos tiempos”, según afirma en el Parlamento Vasco el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, en respuesta a una pregunta de EH Bildu. La iniciativa venía motivada por una revisión del subsuelo en Bilbao que generó, en pleno centro de la ciudad, un importante despliegue de este cuerpo, algo inusual porque el grueso de las competencias son de las Policías autonómica y local e incluso fuera de Euskadi el cuerpo urbano principal es la Policía Nacional.

Erkoreka confirma que en la “base de datos” de la Ertzaintza consta una intervención de la Guardia Civil los días 8 y 9 de febrero. En concreto, apunta a una revisión del subsuelo en el entorno del Banco de España con la participación de la Policía de Bilbao como apoyo para el control del tráfico rodado en la superficie. Ante las dudas sobre las “competencias” de las Fuerzas de Seguridad del Estado para llevar a cabo este tipo de servicios, Erkoreka elude polémicas y los enmarca en la normalidad del reparto de funciones acordado en la Junta de Seguridad que sienta a los Gobiernos central y vasco. “Las Fuerzas de Seguridad del Estado pueden realizar labores rutinarias de vigilancia en edificios o instituciones de titularidad estatal, como el Banco de España”, señala el consejero, aunque remarca que “siempre” se hará en “coordinación” con las Policías vascas.

Destaca Seguridad en respuesta a las preguntas sobre la “presencia armada” y el posible “perjuicio” al tránsito de la ciudad, según consta en la iniciativa registrada por Julen Arzuaga, que “el operativo [...] se llevó a cabo de forma que se generó el menor perjuicio posible a la ciudadanía”. “A la Ertzaintza no le consta queja alguna por parte de la ciudadanía a este respecto”, añade Erkoreka. En todo caso, incide en que es este cuerpo el que ejerce como “Policía integral”, también en la vigilancia del subsuelo. De hecho, apunta a que existe dentro de la UDE o Unidad de Desactivación de Explosivos un equipo NRBQ de subsuelo especializado en estas misiones. “La UDE cuenta con los recursos humanos, materiales y técnicos precisos para llevar a cabo todas aquellas actividades relacionadas con su ámbito competencial”, abunda.

En enero, coincidiendo con la toma de posesión de José Antonio Mingorance como nuevo general-jefe de la Guardia Civil en Euskadi, se cuantificó en 2.200 la plantilla desplegada en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Junto con la Policía Nacional, tiene competencias exclusivas en materias como fronteras, costas, puertos, aeropuertos, extranjería, expedición de DNI y pasaportes, control de armas y explosivos, vigilancia de edificios, escolta de personalidades y, en general, todos aquellos delitos de ámbito “supracomunitario”, esto es, que afecten a más territorios que a Euskadi, lo que abarca investigaciones antiterroristas o contra el crimen organizado.

“El Departamento de Seguridad desconoce la reunión por la que se interesa su señoría”. Con esta breve frase y sin más aderezos, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, despacha la pregunta de EH Bildu en el Parlamento Vasco sobre un viaje oficial a Qatar en 2011 del entonces lehendakari, el socialista Patxi López. La coalición, coincidiendo con la celebración del campeonato mundial de fútbol masculino en aquel país, quiso conocer más detalles de los acuerdos alcanzados entonces por la delegación vasca, que incluían una posible colaboración en materia policial dada la experiencia vasca contra el terrorismo de ETA.

Aunque el viaje fue ampliamente publicitado y aunque existen vídeos, fotografías y documentos oficiales de las reuniones, Erkoreka ha optado por un escueta respuesta en la que no se da información alguna sobre el viaje a Qatar y sus derivadas. Cuando este periódico, días antes de la final entre Argentina y Francia, publicó la pregunta de EH Bildu, una fuente con altas responsabilidades en el área de Seguridad en aquel Gobierno de López no recordaba ni una sola acción vinculada a ese convenio firmado. Y otra fuente, ya de la etapa de Urkullu afirmaba también no haberse reunido ni encontrado nunca con autoridades cataríes en Euskadi.

El promotor de la pregunta, Julen Arzuaga, portavoz en la comisión de Seguridad, ha mostrado su malestar en Twitter. “Pregunto a Erkoreka por una información que aparece en Irekia [la web institucional] y me dice que nada, que no sabe a qué me refiero. Le puse hasta el enlace. Antes que Seguridad, llevaba Transparencia. Menuda pasada”, señala Arzuaga, que acompaña el mensaje de etiquetas como “soberbia”. Fuentes de la coalición indican que solicitarán amparo a la Mesa de la Cámara, un órgano de cinco miembros en el que los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, tienen mayoría frente a la oposición. No es la primera vez esta legislatura en que los diferentes partidos se quejan de que el Ejecutivo no entrega toda la información a su alcance al Parlamento.

En todo caso, es conocido que a principios de 2011, hace ahora doce años, López y buena parte de su equipo realizaron una gira por el golfo pérsico. La parada en Qatar, un país del que se ponderaba su potencial económico y que era invitado a devolver la visita, permitió reuniones de los responsables vascos de las áreas económicas con miembros del “Ministerio Plenipotenciario” y citas del propio López con la jequesa Sheika Moat Bint Nasser Al Missned, con el príncipe heredero Sheikh Tamim Bin Hammad Al Thani o con el entonces ministro de Interior y luego primer ministro Sheik Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al Thani. Las crónicas oficiales recordaban que López hizo entrega de una carta firmada por el entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, para apoyar los negocios de empresas vascas y, sobre el apartado concreto del Mundial, se aludía a una posible “colaboración”. Ello, aparentemente, iba a lo “desembocar en reuniones entre ambos Ejecutivos para analizar esta materia”.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha anunciado este viernes en el Parlamento Vasco que 922 patrullas de la Ertzaintza de los “principales núcleos urbanos”, lo que incluye a Vitoria, Bilbao y Donostia, 300 efectivos de la Brigada Móvil (antidisturbios) y 100 unidades de Tráfico recibirán desde 2023 cámaras de grabación en vídeo que se sujetarán al uniforme y cuyas imágenes serán almacenadas “con todo el rigor”. Es la respuesta más inmediata del Departamento de Seguridad a las conclusiones de un informe de la nueva comisión de control policial adelantado por este periódico y que planteó esta medida como una recomendación para evitar casos como las patadas y golpes que recibieron en Bilbao dos jóvenes detenidos.

Erkoreka ha preferido acudir a la Cámara con un anuncio -en realidad el desarrollo de un plan piloto probado precisamente en Bilbao y que costará 3 millones de euros- ante las quejas compartidas por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que han coincidido en señalar en sendas interpelaciones en la sesión de control al Gobierno la gravedad de los hechos descritos en el documento de un organismo dirigido por expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, en el que también se señala a la cúpula de la Ertzaintza por no haber investigado internamente lo sucedido. El vicelehendakari ha afeado a Julen Arzuaga e Íñigo Martínez, portavoces de la oposición, que hayan omitido que el caso “está judicialmente resuelto”, esto es, que la vía penal ha quedado ya cerrada para los agentes implicados. Ha llegado a afirmar que no se puede hablar con “ligereza” de que haya habido agresiones.

El caso surgió por un vídeo en el que se aprecia la paliza -así lo constata la comisión de control y antes lo hizo el juez que investigaba a los detenidos por atentado contra los agentes, que pidió a una colega que revisara el propio arresto- pero Erkoreka ha enfatizado que la Cámara no puede hacer consideraciones sobre una grabación a la que no han tenido acceso y que sí ha sido revisada por la magistrada al cargo del sumario, que no ha visto ningún delito. Es la juez de Bilbao Ana Torres, la misma que dirigió la causa por el fallecimiento en una carga con pelotas de goma del aficionado del Athletic Club de Bilbao Íñigo Cabacas. “Se olvidan −probablemente de manera deliberada− de lo que dice el auto que es definitivo a este respecto y que define unos hechos que son los que vinculan a la Administración. Bien, lo han pasado por alto, pero yo no lo puedo pasar por alto”, ha recalcado Erkoreka sobre una resolución que ha implicado también que Asuntos Internos haya cerrado su expediente sin consecuencia disciplinaria alguna.

En sus explicaciones, Erkoreka ha querido recalcar también que el caso fue enviado a la comisión de control por parte de la propia Ertzaintza y que fue él el consejero que constituyó este organismo nuevo que supervisa los operativos policiales. Ha ironizado también que dos fuerzas políticas que no secundaron la reforma de la Ley de Policía de la pasada legislatura que incorporaba la creación de esta comisión sean las que se agarren a su primer dictamen para atacar al Gobierno. Este caso, ha concluido el titular de Seguridad, no puede convertirse en “una suerte de causa general contra la Ertzaintza o ya por el mismo precio contra el Gobierno vasco, el Estatuto de Gernika, el régimen de 1978 o incluso el sistema capitalista”.

Erkoreka, en todo caso, ha enfatizado que no solamente acatará la recomendación de incrementar el uso de cámaras para grabar las detenciones. Ha prometido también que se mejorarán los “aspectos formativos” de los policías, esto es, que se “reforzará” en la academia de Arkaute el conocimiento del “código deontológico”, de la “gestión de conflictos” o del “autocontrol”. Ha prometido también revisar los protocolos de realización de las detenciones.

En cuanto a las cámaras, Seguridad indica que su despliegue será “paulatino” y que en las comisarías habrá que hacer ajustes para la “descarga automatizada” de lo grabado y la carga de las baterías. El plan es que haya 106 cámaras en Vitoria, 100 en Bilbao, 88 en Donostia, 36 en Irún y entre 20 y 50 en el resto de demarcaciones. Avisa el Gobierno que estos aparatos tienen que respetar también la normativa sobre videovigilancia y protección de datos.

La oposición recuerda otros casos

Desde la bancada de EH Bildu, Arzuaga ha sido muy contundente con este caso y ha asegurado que no es el único de similares características. “Se emplea la famosa técnica de la denuncia cruzada. Es decir, la Ertzaintza presenta una denuncia contra estos jóvenes, porque saben que tienen más motivos para denunciar a la propia Ertzaintza. Es decir, los que son víctima se muestran como agresores y los que son agresores quieren aparecer como víctima. Y ésta es una práctica que es habitual y que siempre, además, aparece luego favorable al agente por la presunción de la veracidad de la autoridad que hará el resto en este relato”, ha afirmado. También ha asegurado que queda desmontada la tesis de que Asuntos Internos no puede actuar mientras el expediente esté en los tribunales. “Esto es demoledor, señor Erkoreka. Lo que se está diciendo es no solamente que se puede investigar internamente estos hechos sino que se debe investigar internamente. Pero no se quiere”, ha apostillado el portavoz abertzale en asuntos policiales, que ha admitido que era “escéptico” inicialmente por el papel que iba a tener un órgano de control surgido del propio Departamento de Seguridad pero al que ahora aplaude por su trabajo. Ha pedido también a Erkoreka que “condene” expresamente esta actuación policial.

Martínez ha visto, por su parte, algunas iniciativas “positivas” en las medidas planteadas por Seguridad como consecuencia de este caso, aunque cree que ha respondido de modo “insuficiente”. “El informe es suficientemente contundente como para que el Departamento se lo tome con muchísima más fuerza para poder realizar cambios profundos en el cuerpo. Nunca vamos a hacer una causa general, pero estamos hablando de mala praxis policial. Repite: mala praxis policial. Tenemos que detectar lo que funciona mal para proteger los derechos de la ciudadanía”, ha señalado. Y ha añadido también: “En este Parlamento no es el primer caso de estas características que tratamos. En esta Cámara hemos escuchado, en la misma zona [de Bilbao en que se produjeron estos hechos], múltiples denuncias ciudadanas y de SOS Racismo, por ejemplo, sobre este tipo de este tipo de actuaciones policiales”.

El comentario que acaparaba los mentideros políticos se confirmó y EH Bildu propuso al fin a Maddalen Iriarte como candidata en Gipuzkoa en las elecciones forales de mayo de 2023. Es una apuesta fuerte para la batalla que se antoja más cerrada en los comicios. Sin embargo, la portavoz de la coalición en el Parlamento Vasco y, por ende, jefa de la oposición continuará al menos unos meses más en sus actuales funciones, en las que podrá mantener su proyección pública.

Este viernes, de hecho, Iriarte intervendrá con absoluta normalidad en la sesión de control al Gobierno, la primera en 105 días después del largo parón estival. En su 'cara a cara' ya tradicional con el lehendakari, Iñigo Urkullu, la formación abertzale insistirá en presionar al PNV para que explique si ha renunciado a una superación del actual Estatuto, algo que pactaron en 2018. “¿Es suficiente el cumplimiento del Estatuto de Gernika para responder a las necesidades de autogobierno que tenemos como pueblo?”, interpelará Iriarte, según consta en el orden del día. En la actualidad, Urkullu se halla más cómodo en la reclamación del cumplimiento del actual marco que en la reivindicación de uno nuevo.

Fuentes de EH Bildu indican que la designación de Iriarte -que aún ha de ser refrendada por las bases- no ha supuesto ningún cambio inmediato en el grupo parlamentario que encabeza desde hace seis años y que es la segunda fuerza de la Cámara. También continúan con sus tareas habituales otros dos candidatos, el de Bizkaia, Iker Casanova, y el que será 'número dos' en las municipales de Vitoria, Unai Fernández de Betoño. Además, es totalmente compatible ser cargo electo foral o municipal y parlamentario. La peneuvista María Eugenia Arrizabalaga, por ejemplo, es juntera en Gipuzkoa y parlamentaria autonómica o sus colegas José Antonio Suso o Laura Pérez alcaldes en pueblos de la Rioja Alavesa.

Entretanto, este jueves la Cámara ha retomado también tres meses después sus plenos ordinarios. Y lo ha hecho con la mayoría del Gobierno (PNV y PSE-EE) rechazando el grueso de iniciativas de la oposición. Particularmente, han decaído tres de EH Bildu. En concreto, no se ha aprobado iniciar los trabajos para una ley que recoja el “bienestar energético” como “derecho subjetivo”, tampoco un texto compartido con Elkarrekin Podemos-IU para no permitir parques eólicos o solares con más potencia que 5 MW en espacios naturales protegidos o la iniciativa contra los recortes en la cirugía cardíaca en Bizkaia. En este último punto, la parlamentaria Rebeka Ubera ha lamentado que el PNV haya olvidado la “gobernanza colaborativa” y la apelación a los acuerdos lanzada en el pleno de política general con el que la pasada semana se inició el curso político.

En el resto del orden del día, la Cámara ha aprobado una declaración institucional de repulsa por el más reciente asesinato de violencia de género. Aunque se produjo en la localidad alicantina de Benidorm, la víctima, María Luisa Larrañaga, era natural de Gipuzkoa. “El Parlamento Vasco condena esta muerte violenta, así como toda manifestación de violencia contra las mujeres o de discriminación sexual. La violencia sexista es la expresión más grave de las desigualdades entre mujeres y hombres”, ha proclamado el Parlamento, que ha guardado un minuto de silencio antes del inicio de la sesión.

La “enérgica condena” a la agresión sufrida por un ertzaina en la noche del Día del Blusa y de la Neska de Vitoria (25 de julio) no ha sido apoyada, sin embargo, por EH Bildu. Es común que esta formación no se sume a iniciativas con este término. Su portavoz en materia de Seguridad, Julen Arzuaga, sí ha señalado que rechazan “las agresiones, actos de violencia y acoso que sufra cualquier ciudadano, en este caso un ertzaina”. Lo ha hecho extensivo al caso de una joven agente que fue vetada en las fiestas de Mutriku.

Y ha afeado a PP+Cs que haya querido sacar la cabeza sometiendo a votación esta cuestión meses después de los hechos. “El diputado Jon Iñarritu solicitó recientemente al Gobierno de Madrid [en referencia al de España] la estadística de atentados contra agentes de la autoridad. En los dos últimos años, 2020 y 2021, son más de 21.000 casos de atentados contra la autoridad en todo el Estado. Solamente en Madrid, que aparece a la cabeza, son 6.328 ataques en 2020 y 2021. Es decir, más de 3.000 ataques al año. Oigan, ¿han llevado alguna iniciativa al Ayuntamiento de Madrid? ¿Han llevado alguna iniciativa al Parlamento autonómico? ¿Al Congreso? ¿Han condenado con total rotundidad 3.000 casos en Madrid? ¿Han sugerido que la sociedad madrileña está enferma? ¿Han sugerido que detrás hay una mano negra abertzale?”, le ha espetado.

Luis Gordillo, promotor del debate, ha lamentado que EH Bildu haya evitado el 'sí' por el uso de una palabra. “Creo que es importante en este tipo de declaraciones el empleo de la palabra 'condena'. Con la palabra 'rechazo' pueden surgir dudas sobre que no les gustan las formas, pero no decimos nada sobre los fines que se persigue. La palabra 'condena' no solamente supone una censura de lo que ha sucedido en este caso de una agresión, sino también que es censurable ese odio, esa negación de la legitimidad, esa deshumanización que se produce sobre nuestra fuerza de seguridad, sobre nuestra Policía, sobre la Ertzaintza”, ha señalado.

El cuadragésimo sexto aniversario del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, jornada en que la Policía Armada posfranquista irrumpió a tiros en una asamblea obrera que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, se ha vivido al menos con diez homenajes separados a fallecidos y heridos por la mañana, con una manifestación sindical no unitaria por la tarde y con la aprobación en el Parlamento Vasco de un texto para que se investigue el papel del entonces ministro Rodolfo Martín Villa aprobado con el apoyo expreso de menos de la mitad de la Cámara, 27 de los 75 electos. Las instituciones -excepto el Gobierno de España- ya trabajan en la apertura de un Memorial en la propia iglesia y que se confía inaugurar antes de 2026, el año del quincuagésimo aniversario, aunque la iniciativa no está exenta de críticas por parte de las asociaciones de víctimas, que reclaman más participación.

Los primeros en acudir a Zaramaga han sido los representantes del PSE-EE. La secretaria general en Álava, Cristina González, ha aprovechado el acto para defender la reciente reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez y la subida del SMI. “El mejor homenaje que se puede hacer a las víctimas del 3 de marzo es poner medidas para mejorar la calidad del empleo. Comprobamos que ha sido un error de partidos y sindicatos nacionalistas no apoyar la reforma laboral”, ha señalado González. Unos minutos después el homenaje ha corrido a cargo de otra socialista, la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia. Ha explicado que el primer tributo institucional del Gobierno vasco a estas víctimas se celebró hace diez años, en 2012, siendo ella la titular de Justicia. El sindicato UGT ha sido otro de los presentes.

Se de la circunstancia de que, hora y media después, otra consejera del Gobierno vasco ha realizado su propia ofrenda floral. Era Beatriz Artolazabal, titular de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales -el área con competencias en materia de Derechos Humanos y que promueve el Memorial- y es del ala del PNV en el gabinete autonómico. La consejera, que era una niña vecina de Zaramaga cuando se produjeron los hechos, ha recordado a los cinco fallecidos, José Castillo, Bienvenido Pereda, Romualdo Barroso, Francisco Aznar y Pedro María Martínez Ocio. La ha acompañado su equipo, José Antonio Rodríguez Ranz, Monika Hernando y Aintzane Ezenarro. Minutos antes, el PNV ha hecho un acto diferenciado. “Hace 46 años quedó escrita con sangre sobre las losetas de las inmediaciones de la iglesia de San Francisco la palabra 'justicia'. Hoy el PNV vuelve a exigir el derecho a la verdad, al reconocimiento y a la memoria viva de las víctimas”, ha señalado su presidente en Álava, José Antonio Suso. Con él ha estado el alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran, y el diputado general, Ramiro González.

Entre socialistas y nacionalistas han visitado el monolito en memoria de los fallecidos y heridos CCOO, IU y el PCE y, finalmente, Podemos. También lo ha hecho el sindicato LAB, cuya sede está allí mismo. Esta central ha recordado “los conflictos laborales abiertos” y ha lamentado que “la lucha de la clase obrera está plagada de sufrimientos y de esfuerzos”. Arnaldo Otegi ha encabezado la delegación de EH Bildu, cuyo homenaje ha tenido lugar a las 12.30 horas. “Detrás de aquello hubo una operación contra los trabajadores vascos, como hicieron en los Sanfermines [de 1978]”, ha afirmado en euskera el líder de la coalición. Y también ha mencionado la situación de Ucrania: “Somos hijos de Gernika, somos del país que dijo 'no' a la OTAN, somos la nación vasca. Hoy decimos no a la guerra”.

La agenda de convocatorias de prensa muestra que la mañana ha sido un carrusel. Había citas a las 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.20, dos a las 11.30, a las 11.35 y a las 12.30. Ya por la tarde, LAB de nuevo y también ELA, ESK y Steilas, que conforman la mayoría sindical vasca, han celebrado una manifestación desde Zaramaga, pero como ya es tradición no ha sido unitaria.

Según informa Europa Press, la movilización ha reunido a centenares de personas por las calles de la ciudad y se han escuchado gritos de “Policía asesina”. También se han suscitado críticas al Memorial proyectado. Las entidades Martxoak 3 y Memoria Gara ya habían denunciado que desean participar con más intensidad en su gestación. No puede ponerse en marcha “sin la participación de las víctimas ni de la sociedad civil”, extremo que rechaza de plano el Gobierno vasco, que ha señalado ya que tiene reservado un espacio en el patronato de la nueva fundación que se creará.

El Parlamento señala a Martín Villa

Simultáneamente a los homenajes matinales, el Parlamento Vasco ha debatido una iniciativa sobre el 3 de marzo de 1976 a instancias de EH Bildu. El texto ha quedado aprobado con el respaldo también de Elkarrekin Podemos-IU. A pesar de no sumar mayoría en la Cámara (27 de 75 escaños), la abstención del PNV ha posibilitado su aprobación. Sus socios de Gobierno han votado 'no', aunque lo habitual es que vayan de la mano en todos los plenos. De hecho, esta misma semana se ha destacado la “buena salud” de la coalición.

La resolución aprobada mira Martín Villa, que en el momento de los hechos era ministro de Relaciones Sindicales y que ahora tiene 88 años. Se ha instado “al Gobierno de Madrid” -en referencia al de España y no al de Isabel Díaz Ayuso- “a poner en vigor los mecanismos necesarios para que se investigue y esclarezca la responsabilidad política y penal de Rodolfo Martín Villa en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976”. La propuesta apoya también la investigación judicial abierta en Argentina por éste y otros hechos de la Transición.

“[Hubo] Una dictadura terrorista cuyos delitos no se investigaron, cuyas atrocidades no se esclarecieron, cuyos perpetradores no se depuraron, cuyas responsabilidades penales, administrativas o políticas se taparon”, ha señalado Julen Arzuaga, de EH Bildu. Y ha añadido sobre el exministro: “En sus tres años como ministro de Gobernación [accedió al cargo después del 3 de marzo] sucedieron decenas de muertes perpetradas por grupos policiales y parapoliciales en todo el Estado. Aquí son conocidos, casos, nombres, vivencias, personas como Noemi Mentxaca, Josu Zabala, Rafael Gómez Jauregi, Clemente del Caño, José Luis Cano, Gregorio Maritxalar, Luis Santamaría, Manuel Fuentes, Francisco Javier Núñez, Kepa Josu Etxandi, Felipe Suárez, Gonzalo Pequeño, Efrén Torres, José Emilio Fernández, Felipe Carro, Diego Alfaro, Francisco Caballero, Mikel Arregi, y, cómo no, entre ellos, los sucesos del 3 de marzo de 1976 o los de San Fermín de 1978”. “La persecución de la disidencia política fue sistemática y respondió a la voluntad planificada de la dictadura. Y uno de los colectivos a los que se dirigieron estos crímenes fue el movimiento obrero organizado e ilegalizado por la dictadura. Y en ese contexto se sitúan los crímenes del 3 de marzo”, le ha secundado Jon Hernández, secretario general del PCE, miembro de IU y parlamentario de la coalición Elkarrekin Podemos-IU.

Y ahí se han agotado los apoyos. El PNV ha defendido la larga trayectoria del Parlamento en la aprobación de resoluciones sobre la materia y también el trabajo del Gobierno de Urkullu con el nuevo Memorial. “No alcanzamos, por tanto, a ver el sentido real de esta proposición no de ley. La misma no cambia ni mejora lo ya aprobado hasta ahora en reiteradas ocasiones. La proposición se ha presentado sin haberla contrastado con ningún otro grupo. Las formas y el momento de su presentación y de debate le dan cierto tono propagandístico o cosmético. Y en lo relativo a las víctimas y sus derechos, hemos procurado siempre actuar desde el consenso. Buscando y tejiendo complicidades entre los grupos y huyendo del debate partidario”, ha lamentado Iñigo Iturrate.

La abstención del PNV ha posibilitado, en todo caso, la aprobación del texto por concitar más 'síes' que los 'noes' de PSE-EE, PP+Cs y Vox. “Les parecerá coherente decirse socialista, decirse obrero, y abandonar a trabajadores que sufrieron delitos de lesa humanidad”, ha reprochado Arzuaga a los socialistas. “Pues sí, señor Arzuaga, Partido Socialista Obrero y Español. Y podemos decir con orgullo que hemos avanzado en esos derechos, y que, cuando se ha intentado que retrocediéramos, como en la reforma laboral de 2013 del Gobierno del PP, también hemos seguido trabajando hasta llegar a esta nueva reforma laboral, cuya importancia y efectos para los trabajadores vascos y del conjunto de España muchos han intentado minimizar por todos los medios posibles. Y ahí nos van a encontrar a los socialistas siempre: recuperando derechos -recuperando derechos perdidos- y ampliando esos derechos. Y eso se hace en los boletines oficiales”, ha replicado la exconsejera de Trabajo y ahora parlamentaria María Jesús San José.

“El señor Martín Villa puede ser despreciable, puede ser persona 'non grata' o puede ser falto de empatía con las víctimas, pero de lo que hoy estamos hablando es que se le juzga. Se le juzga si es o no un genocida y tiene delitos de lesa humanidad. Y, de momento, los tribunales no lo aprecian”, ha aseverado Carmelo Barrio (PP+Cs) para argumentar su rechazo a la iniciativa. Vox ha preferido centrar el debate en ETA. Ha condenado la matanza del 3 de marzo de 1976 y ha lamentado que otras formaciones no hagan lo mismo con el terrorismo de ETA. Además, Amaia Martínez Grisaleña, ha parafraseado al difunto líder del PCE Santiago Carrillo: “Queremos hacer cruz y raya sobre la Guerra Civil de una vez para siempre. La amnistía debe de ser para todos, los de un lado y los de otro”.

Tres agentes de la Ertzaintza han sido expulsados del cuerpo en la última década por condenas de narcotráfico en firme, según los datos enviados al Parlamento Vasco por el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, en respuesta a una pregunta del representante de EH Bildu Julen Arzuaga. Dos de los casos se dieron en 2013 -uno de ellos ofrecía la droga a menores y el otro manejaba grandes cantidades- y el tercero es de 2015.

La solicitud de información -que el Gobierno ha querido que no se ofreciera en abierto en la ‘web’ de la Cámara aunque no se ofrece ningún dato personal y las resoluciones judiciales son públicas- vino motivada por una operación policial desarrollada en mayo en la localidad vallisoletana de Medina del Campo. La actuación conjunta de fuerzas de España y de Portugal desarticuló una banda de traficantes de droga que importaban el material desde Colombia vía Lisboa con un complejo sistema de ocultación y que, al parecer, tenía como destino tierras vascas, en concreto Bilbao. Ocultaba la cocaína en carbón.

Entre los arrestados estaba un agente de la Ertzaintza, que responde a las iniciales G.M., y otras personas de origen vasco, como el empresario J.A.P.A. Este funcionario autonómico entró en prisión preventiva, según la prensa castellanoleonesa. Al conocerse estos hechos, el Departamento que dirige Erkoreka recalcó que las normas deontológicas internas del cuerpo “no toleran y son tajantes respecto a este tipo de conductas”. Se prometió la “máxima contundencia” en caso de que se confirmen las acusaciones.

Como antecedentes, Erkoreka sitúa tres casos, dos de 2013 y uno de 2015. El primero afecta a un varón con la categoría de agente raso y que estaba destinado en Bizkaia. Fue condenado como responsable de un delito contra la salud pública y también por haber ofrecido la droga a menores. Su separación del servicio fue firme desde el 4 de marzo de 2013 al ser considerados los hechos como una “falta disciplinaria de carácter muy grave”. Lo mismo ocurrió unas semanas después, el 15 de mayo de ese año, con otro agente de una comisaría de Bizkaia. En su caso, se reseña que la condena por narcotráfico venía acompañada del manejo de cantidades “de notoria importancia”.

El tercer agente expulsado fue separado del servicio el 23 de diciembre de 2015. En su caso, estaba destinado en Gipuzkoa. Como los dos anteriores era también ertzaina raso. Se especifican que las sustancias con las que traficaba “no causan grave daño a la salud”, aunque igualmente se consideró que su infracción disciplinaria era “muy grave”. Todos los casos coinciden en que solamente después de una condena firme se resuelven los expedientes internos, que quedan paralizados si media una investigación penal. Ocurre así con otro tipo de delitos. 

Este martes, el PNV ha denunciado nuevos ataques contra sus 'batzokis' y mira a la izquierda abertzale en busca de una condena. Son ya 14 las sedes sociales nacionalistas en las que han aparecido pintadas o carteles solamente en Bizkaia. Desde el arranque del mes de mayo ha habido acciones de este tipo en Urduliz, Getxo (en Algorta), Bilbao (en Bilbao La Vieja y en la sede central, Sabin Etxea), Galdakao, Mungia, Lemoa, Bedia, Erandio, Elorrio, Ondarroa, Zaldibar, Sondika y Derio, estos dos en las últimas 24 horas. En Álava ha habido también episodios similares en Amurrio y en dos locales de Vitoria, el del centro y el del barrio de Lakua y el PNV refiere igualmente centros asaltados en Gipuzkoa.

Los 'jeltzales' constatan un “evidente incremento de estas acciones intolerables e intolerantes que están fuera de tiempo, lugar y entendimiento”. Alude a una campaña de “acoso, amenaza y coacción”. En muchos casos, a las pintadas contra el PNV se suman críticas a la Ertzaintza y ya la pasada semana, en el Parlamento Vasco, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, avisó de que había acciones rayanas con el “delito de odio” cuando el representante de EH Bildu, Julen Arzuaga, cuestionó actuaciones policiales recientes y la organización juvenil de la izquierda abertzale, Ernai, hizo públicos informes médicos de lesiones producidas en cargas policiales. Se han abierto diligencias y el PNV llegó a destacar como EH Bildu de Getxo llegó a darle 'Me gusta' a un mensaje de Ernai con su sabotaje al 'batzoki' de Algorta. Entretanto, dirigentes de la coalición abertzale -incluido Arnaldo Otegi- llevan semanas abogando por un cambio de modelo policial en Euskadi.

Mientras la Ertzaintza tiene ya diligencias en marcha, según confirmó el propio Erkoreka este lunes, el PNV sostiene que “estos hechos únicamente demuestran la debilidad política y la falta de cultura democrática de algunas personas que insisten en devolver a la sociedad vasca a tiempos pasados”. Sin menciones directas a la izquierda abertzale, el comunicado del partido que preside Andoni Ortuzar indica que “no han caído aún en la cuenta de que la ciudadanía vasca ha apostado por la convivencia y el respeto al diferente, y ha rechazado de plano cualquier actuación que alimente la crispación y el conflicto”. “No es plato de buen gusto estar, un día sí y otro también, viendo ese tipo de ataques”, manifestó el propio Ortuzar, que ve aún “más grave” que la izquierda abertzale “los haga suyos, los suba a las redes y les ponga música de biribilketa”.

Se da la circunstancia de que en 2020, justamente también en el mes de mayo, hubo otra oleada de ataques contra sedes del PNV y también de los dos partidos que conforman el Gobierno de España, PSOE y Unidas Podemos, o contra la vivienda de la ahora vicelehendakari, Idoia Mendia. En aquella ocasión, el contexto era de movilizaciones de grupos de la disidencia abertzale con el pretexto de una huelga de hambre del preso de ETA Patxi Ruiz.

Escaramuza parlamentaria entre EH Bildu y el PNV a cuenta de la Ertzaintza y su modelo policial. El lehendakari, Iñigo Urkullu, le ha pedido a la portavoz de coalición abertzale, Maddalen Iriarte, que reclame a “todos los sectores que viven bajo la égida” de la izquierda abertzale que cumplan las medidas contra la COVID-19. Mientras, el parlamentario Julen Arzuaga ha denunciado las “agresivas” y “vergonzosas” actuaciones policiales, fotografía incluida de un agente con pulseras de Jusapol y Blue Lives Matter.

Arzuaga ha mencionado las concentraciones de la semana pasada convocadas por Ernai en Vitoria y Bilbao, que concluyeron, según ha apuntado, con más de 65 jóvenes heridos y ocho detenidos, cuatro de los cuales tuvieron que ser atendidos en un hospital. Ellos mismos han llevado al Parlamento sus partes médicos. EH Bildu ha calificado de “vergonzosas e inaceptables” las “cargas injustificadas” que se produjeron en esas “movilizaciones pacíficas”, en las que se vieron “imágenes dantescas” de una violencia “arbitraria y desproporcionada”. Ha aludido también a otras actuaciones que, a su juicio, han sido también exageradas, informa Europa Press.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha afirmado que no existen en la Ertzaintza actitudes grupales de “animadversión” a ningún colectivo. Y ha contraatacado con una fotografía de una campaña de Erna contra la Policía. “Están en las puertas del delito de odio del artículo 510 del Código Penal”, ha clamado. Erkoreka ha acusado a Arzuaga de hacer planteamientos “demasiados generales a la hora de hacer sus valoraciones” porque la Ertzaintza hace “miles de iniciativas” en distintos ámbitos como puede ser aclarar delitos, proteger a mujeres o proteger el tráfico, y todo ello supone más del 90% de su actividad y “no hay ni el más mínimo espacio para la violencia o la agresividad”.

El consejero de Seguridad ha añadido que, cuando hay comportamientos o situaciones concretas en las que se “vulneran las normas” hay que analizarlos y, si es preciso “depurar responsabilidades, no hay problema”. Para ello, según ha apuntado, hay mecanismos como quejas o denuncias, tanto ante la administración como los tribunales. “Todas se estudian y se tramitan para aclarar la verdad o depurar responsabilidades en su caso”, ha agregado.

No ha quedado ahí el debate, ya que Arzuaga ha acusado a Erkoreka de mentir al Parlamento cuando hace dos semanas dijo que no habían tenido “ningún tipo de contacto” con la empresa “ultraderechista Desokupa” y “horas después dan imágenes poniéndole en entredicho y dejándole en evidencia”. “Lamentablemente tienen más credibilidad hoy estos matones que un vicelehendakari, demostrando que la verdadera patraña es la que contó en el Parlamento”, ha añadido Arzuaga. Erkoreka se ha mostrado sorprendido con la “campaña increíble” a esta empresa a través de los medios de comunicación, que ha hecho “sea conocida por más gente demandante de sus servicios”.

¿Qué hacía un equipo de Intervención de la Ertzaintza en la capilla del museo de San Telmo de Donostia en la madrugada del día de de San Sebastián? ¿Qué relación puede tener todo ello con la lucha contra el yihadismo? Las preguntas vienen motivadas por el disparo fortuito que uno de los agentes realizó dentro del lugar en aquella actuación. El tiró dañó un lienzo de 1930 valorado en un millón de euros. La reparación concreta supondrá al Departamento de Seguridad una indemnización de 25.780 euros y Asuntos Internos tiene abierta una investigación para estudiar posibles medidas disciplinarias.

El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha enviado al Parlamento Vasco -a solicitud de EH Bildu- una explicación sobre unos hechos que ocurrieron a principios de año (la festividad de San Sebastián es el 20 de enero) pero que no trascendieron hasta después del verano. Según el informe, “el nivel 4 de alerta antiterrorista decretado en el Estado” desde hace más de cuatro años por la amenaza yihadista “conlleva una serie de medidas específicas de prevención y protección”. Como fiesta que reúne a una gran masa de personas, la tamborrada donostiarra obligó a la comisaría local a pedir “cobertura” a este grupo de elite.

La Policía hizo un “análisis previo” de “posibles ubicaciones” para acantonarse con seguridad y, al tiempo, proporcionar un tiempo de respuesta rápido “a las zonas donde se congrega la multitud y son susceptibles de la comisión de atentados”. La elección fue una capilla. “Se consideró adecuada la ubicación del museo y concretamente la capilla por tener un acceso directo a la calle de Santa Corda, muy próxima a la plaza de la Constitución”, que es el corazón de la fiesta. “Se procuran utilizar edificios públicos pero, en ocasiones, por parámetros de idoneidad, se utilizan locales privados. En todos los casos se realizan las gestiones oportunas con los titulares o responsables de los lugares para solicitar las autorizaciones pertinentes y este caso no fue una excepción”, explica Erkoreka en respuesta a las preguntas del parlamentario Julen Arzuaga.

La Ertzaintza cree que el lugar también proprocionaba “condiciones adecuadas” para el almacenaje del armamento que acompaña a los equipos de Intervención, que no es ni mucho menos el ordinario de las patrullas de Seguridad Ciudadana. Pero, a la hora de retirar el operativo y cargar con los equipos, el agente que protagonizó el suceso se colocó al hombro una bolsa y la escopeta que había en su interior se disparó de forma fortuita, según explicó en su día Seguridad. Asuntos Internos se puso “inmediatamente” a investigar lo ocurrido. Erkoreka señala que el expediente abierto se halla “en fase de investigación” y que todo el asunto se ha tratado “en los márgenes de transparencia y garantía procesal que presiden la actuación de esta Administración”.

El Parlamento Vasco ha aprobado en el breve pleno de este jueves y por amplia mayoría –pero no por unanimidad– una resolución de rechazo a los “actos de reconocimiento con ostentación pública a los presos de ETA que salen de prisión”, ya que suponen una “revictimización” para los afectados por el terrorismo y son una “dificultad añadida para la construcción de una convivencia democrática”. El texto ha partido del PP y se ha logrado una redacción conjunta apoyada también por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos. Sólo EH Bildu se ha desmarcado del acuerdo. Según su portavoz, Julen Arzuaga, “los 'ongi etorri' no tienen ninguna voluntad de burlarse de las víctimas o de incrementar su sufrimiento”, al tiempo que ha defendido el silogismo de que, sin presos o con otra política penitenciaria, no habría este tipo de recibimientos.

Arzuaga, que es abogado de profesión, ha intervenido en la tribuna de la Cámara al modo de un penalista en un juicio, buscando un debate jurídico frente al resto de portavoces, que pedían a EH Bildu y singularmente a Sortu una valoración ética. Ha asegurado Arzuaga que en las reflexiones de otros partidos y medios de comunicación sobre este particular “se mezclan términos”. Ha indicado que “homenajear es un delito” y que “eso no ocurre” con los expresos de ETA que terminan su condena –con algunos, ya que los arrepentidos que se acogieron a la 'vía Nanclares' no tienen la misma bienvenida–. “Se acoge a una persona, no se homenajea nada”, ha repetido para asegurar que estos actos “simplemente” denuncian las “condiciones muy duras en la cárcel” de determinadas personas que son “algo más” que un mero “currículum criminal”.

“Son expresiones de acogida a la persona. No se pueden vincular con la apología de organizaciones que afortunadamente ya no existen”, ha continuado Arzuaga, que incluso ha subrayado que la Audiencia Nacional todavía no tiene un criterio fijo a la hora de castigar los 'ongi etorri' aunque ha advertido que “un amigo de un preso” ya ha sido imputado por participar en uno de ellos. Ha añadido que la izquierda abertzale reconoce a “todas las víctimas”. En ese sentido, ha asegurado que los presos de ETA también lo son porque han sufrido “incomunicación, torturas, aislamiento, dispersión y denegación de permisos”.

“Hoy es un día malo para usted y para lo que usted representa. Con su discurso lo que trata es de manipular la realidad”, le ha afeado a Arzuaga el representante del PP, Carmelo Barrio, que ha lamentado que en Euskadi se “jalee” a los terroristas y que este verano se haya producido un repunte. Ha aportado un dato: desde que en febrero de 2018 la Cámara debatió sobre este particular se han celebrado otros 80 homenajes. “Si antes era la violencia terrorista, ahora es la radicalidad lo que más aleja al País Vasco de la convivencia”, ha apostillado.

El PP ha hecho un “llamamiento” a las instituciones para que impidan este tipo de actos. En la propuesta original, en efecto, se recogía el verbo “impedir”. Pero la redacción final cerrada por los 'populares' con PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos plantea más en genérico que los poderes públicos deberán “garantizar las políticas de reconocimiento, verdad, justicia y reparación debidas a las víctimas” y “redoblar los esfuerzos para promover activamente la deslegitimación del uso de la violencia”.

Desde la bancada del PSE-EE, Txarli Prieto ha articulado un discurso muy contundente, en la línea de las reflexiones del delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Euskadi, Jesús Loza, que alertó de que este tipo de recibimientos, singularmente por la participación de jóvenes en ellos, pueden conducir a un “rebrote” de la violencia. Según Prieto, Sortu y “parte de EH Bildu” mantienen “connivencia” y “cercanía” con el terrorismo de ETA. Son “residuos de intolerancia y fanatismo” que prueban, a su juicio, el “doble juego de una parte de la representación política de este país”. “Mientras unos están en las tumbas, otros están satisfechos de que así ocurriera y hacen una fiesta pública”, ha remachado.

Arzuaga ha entrado al trapo y ha reprochado a los socialistas los homenajes a excargos del Estado condenados por los GAL como Rafael Vera y José Barrionuevo. Sobre los niños y jóvenes, ha indicado que también hay que tener en cuenta a los que “todos los fines de semana” tienen que “preparar la mochila” para recorrer miles de kilómetros para visitar a sus familiares presos.

La reducción del debate a una mera disquisición jurídica ha irritado también al portavoz del PNV, Iñigo Iturrate. “No todo lo moralmente reprobable es delito y cualquier sociedad tiene que tener una mínima ética compartida”, ha expresado para reiterar que “matar estuvo mal” y que todo el mundo debería asumir ese principio. “Homenajear o ensalzar es absolutamente rechazable y avergüenza a cualquier sociedad decente. No se trata del 'derecho al abrazo'”, ha añadido recordando unas reflexiones de Arnaldo Otegi sobre estos actos y destacando que no son precisamente bienvenidas improvisadas, sino eventos organizados y preparados.

A Otegi también lo ha citado José Ramón Becerra, representante de Equo y de la coalición Elkarrekin Podemos, pero para recordar que en 2001 era tremendamente beligerante con los homenajes a los GAL. “Arzuaga nos ha querido llevar a un debate terminológico. Pero la clave es para qué se juntan y cuál es el resultado respecto de las víctimas. ¿Aplicamos diferentes consideraciones éticas [a los GAL y a ETA]? No aceptan con estas palabras que matar estuvo mal. ¿Lamentan el daño causado a las víctimas en los homenajes de este verano o no?”, ha manifestado Becerra.

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, se verá obligada a dar explicaciones en el Parlamento Vasco por el trato de favor que un comisario de la Ertzaintza y dos agentes dispensaron a la exdirectora general del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), María Jesús Múgica, que pudo acceder al Palacio de Justicia de Vitoria esquivando a la prensa el día en que fue citada a declarar como testigo en la investigación abierta por las irregularidades en las oposiciones médicas de 2018, un privilegio que no han tenido ninguno de los otros protagonistas, ni acusados ni testigos. Los grupos parlamentarios de EH Bildu y Elkarrekin Podemos han adelantado que registrarán una batería de preguntas por escrito para conocer la versión de Beltrán de Heredia. Entretanto, fuentes oficiales indican que Seguridad da por resuelto el incidente con un “apercibimiento” a los funcionarios a su cargo, a los que se les ha recordado la necesidad de cumplir los protocolos.

Como ha adelantado este periódico, la investigación interna llevada a cabo por el juez decano de Vitoria, José Luis Núñez Corral, ha revelado que Múgica telefoneó a un comisario el día en que fue llamada a declarar, en mayo. Este trasladó a un agente de la Policía Judicial destinado en los juzgados el deseo de la exalto cargo -había dimitido por este caso seis meses atrás- y el funcionario informó a su superior, la coordinadora de seguridad. Múgica y otra persona pudieron entrar en coche por el garaje, ubicado en la trasera del edificio. La explicación ofrecida es que Múgica llegaba tarde y no iba a encontrar aparcamiento.

El portavoz de EH Bildu en la comisión de Seguridad, Julen Arzuaga, ha registrado diez preguntas para su respuesta escrita sobre el incidente de Múgica. Entre ellas, se interesa por las medidas disciplinarias adoptadas por la Ertzaintza contra las tres personas señaladas en la investigación del decanato. El asunto fue elevado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) pero se limitó a instar al Gobierno vasco a que adoptara las medidas “oportunas” ya que no tiene capacidad disciplinaria contra funcionarios no judiciales que son. También plantea EH Bildu si se darán instrucciones para que no se repita un episodio similar.

“Lo más preocupante es que ya no cause sorpresa ver cómo altos cargos del Gobierno utilizan las instituciones como si fuesen suyas. Vamos a realizar una serie de preguntas a la consejera para que pueda dar explicaciones acerca de esta forma de proceder de alguien que ni siquiera es en ese momento alto cargo”, señala, por su parte, Cristina Macazaga, la representante de Elkarrekin Podemos que ha hecho seguimiento a este caso. Uno de los puntos que quiere aclarar Macazaga es si “tuvo algo que ver el Departamento de Salud” en lo ocurrido.

En el proceso judicial de la OPE de Osakidetza hay dos sindicatos personados. Uno es ESK, que lamenta que “el PNV sigue utilizando los servicios públicos como si fuesen de su propiedad”. El otro es LAB, y es de la misma opinión: “No nos sorprende la utilización de los recursos públicos para beneficio propio. Todas las actuaciones hechas por Osakidetza en torno a la OPE han ido dirigidas a ocultar información. En este caso, si para ocultar la foto de la exdirectora general de Osakidetza entrando a los juzgados en calidad de testigo se utilizan todos esos recursos públicos de manera irregular, es fácil imaginar los recursos que se han podido malgastar para ocultar las filtraciones de la OPE 2016-17 en especialistas médicos”, explican desde la central. Y añaden: “Por esa razón LAB es acusación popular en este proceso, porque sostenemos que las implicaciones de estas filtraciones van mas allá de las personas que las realizaron”.

Esta información también ha causado hondo malestar en algunos sectores de la Policía vasca. El sindicato Erne, en este sentido, pide a Beltrán de Heredia que “abra una investigación y depure responsabilidades en caso de que haya habido un abuso de poder” y un trato “diferenciado” respecto “al resto de personas de esa causa y al resto de los ciudadanos”. Erne, en todo caso, diferencia entre la actuación del mando y de los subordinados porque “no tienen por qué no obedecer una orden de sus superiores”.