La Fundación Jiménez Díaz (FJD) es la joya de la corona del grupo sanitario Quirón en Madrid, la empresa que controla cuatro de los cinco hospitales públicos de gestión privada que hay en la Comunidad. En el oeste de la ciudad, con una población asignada de medio millón de personas y 4.531 empleados, según sus últimas memorias, la Fundación se ha convertido en el hospital que más partido ha sacado de la libre elección, una idea que puso en marcha Esperanza Aguirre con una ley de 2009 y que consiste en que cada paciente pueda elegir a qué hospital quiere acudir, sea para ver a un especialista, para ser operado o para dar a luz.

Según datos oficiales que maneja la Comunidad de Madrid y a los que ha podido acceder elDiario.es, en 2024 superó todos los récords anteriores y consiguió absorber 97.587 pacientes de otros hospitales. Destaca sobre todo la especialidad de traumatología, con la que atrajo a 38.247 personas. Por contra, salieron de la Fundación hacia otros hospitales 6.453 madrileños que estaban asignados a este hospital de Quirón, pero que prefirieron ser tratados en un centro distinto. El balance neto final, según datos que maneja la Consejería de Sanidad, es que la Fundación ha ganado 91.134 pacientes, un saldo cinco veces mayor que el que conseguía hace una década. Fuentes de la Consejería, que no han confirmado ni desmentido la cifra, han señalado a elDiario.es que la información de libre elección “se publicará”, aunque no lo haya hecho en la última memoria del Sermas, como era lo habitual. De momento, solo hay datos publicados hasta 2023. Fuentes de Quirón tampoco han confirmado la cifra de 2024 ni la han desmentido. Ese número consta en una documentación oficial de Sanidad a la que ha tenido acceso este medio.

Con la libre elección, el gobierno de Aguirre puso al sistema hospitalario madrileño a competir entre sí, pese a las diferentes naturalezas de la pública y la privada: en los hospitales de gestión pública hay barreras legales y administrativas que no tienen los cinco hospitales de gestión privada. Por ejemplo, la ley de contratos del sector público que obliga a licitar y comprar por un sistema garantista y mucho más lento, los derechos y contrataciones de empleados o los controles económicos. Como ejemplo, las auditorías que hace Sanidad a Quirón y Ribera Salud —los dos grupos que prestan servicio sanitario en Madrid— para comprobar que la facturación es correcta están basadas en un muestreo, no en el total de facturas, como se puede comprobar en los documentos oficiales.

El resultado del sistema, implementado y acelerado por los distintos gobiernos del PP, es que cada año hay una salida de pacientes desde muchos hospitales públicos a los de gestión privada, donde pueden establecer estrategias para que las listas de espera sean algo más bajas que en la pública, sin pasarse para que no salga muy caro (como defendía el CEO de Torrejón) y captar así a pacientes “no cápita”, por los que se cobra un plus. Esa “eficiencia” que defiende Ayuso puede existir pero a veces, como en el caso de Torrejón, porque se priorice el beneficio económico por encima de la salud y a los pacientes de la libre elección en las listas de espera sobre la población asignada. Otras veces, los hospitales promocionan servicios que son muy rentables, como los partos, e instalan bañeras o parto humanizado, como también hizo Ribera Salud en Torrejón, aunque sus matronas denunciaron que no pueden dar un buen servicio porque son tres para ocho paritorios. Aun así, reciben el doble de parturientas que las asignadas por zona. La Comunidad, aunque defiende la gestión indirecta, no ha publicado estudios que muestren que es más eficiente teniendo en cuenta las mismas variables.

Los hospitales de gestión indirecta (privada) cobran un fijo por la población que tienen asignada (la llamada cápita, que en Torrejón, por ejemplo es de 581 euros por habitante) y facturan aparte los servicios que prestan a los pacientes que captan con la libre elección. El caso del modelo de negocio de la Fundación Jiménez Díaz es especial, ya que es concertado. Por una parte, presta un servicio a la sanidad pública pero también tiene un circuito privado y de aseguradoras en el mismo centro. Pero, además, tiene un “concierto singular” que data de 2006. Gracias a este sistema ad hoc, la Fundación cobra y factura por la asistencia que da a los pacientes, sin cobrar el fijo de la cápita. En términos absolutos es, con mucha diferencia, el hospital que más dinero recibe de los cinco de gestión indirecta en Madrid. Sin embargo, saber el total del montante no es tan fácil. Tanto la Consejería de Sanidad como fuentes de Quirón se remiten a que está todo “publicado”.

Por una parte, está lo presupuestado cada año por el Gobierno de Ayuso. En 2024 preveía gastar en la Jiménez Díaz 450 millones en facturas para atender a la población. Según los datos oficiales de liquidación de gastos, le acabó pagando 877 millones, casi el doble. Lo mismo pasó con el resto de hospitales de Quirón, que tienen unos presupuestos mucho menores que la Fundación —de los 116 millones del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles a los 72 millones que gasta en el de Villalba y Valdemoro— y por los que Madrid acabó abonando el doble de lo previsto. Esta cifra final puede incluir o no desembolsos que le hace la Comunidad a Quirón por pagos atrasados o procesos judiciales que han sido favorables al grupo. Por ejemplo, en 2020 Madrid pagó de manera extraordinaria 903 millones que debía a operadores sanitarios privados, una deuda que arrastra desde la época de Cristina Cifuentes y cuyo montante no ha desvelado la Comunidad de manera desglosada. Durante 2022 también hubo un acelerón de pagos por facturas atrasadas a Quirón por fuera del presupuesto y, en tres meses, el gobierno de Ayuso —cuya pareja es proveedor de una rama del grupo, Quirónprevención— desembolsó 400 millones a través del sistema excepcional de “convalidación de gastos”.

Un informe de la Cámara de Cuentas de 2018 halló que lo que se pagaba a Fundación Jiménez Díaz de Madrid supone un coste “considerablemente más elevado” de lo que se pagaba al resto de hospitales de gestión privada y calculaba el exceso de coste en “desviaciones de hasta el 743%”, especialmente en las cirugías ambulatorias, las operaciones más frecuentes que no requieren ingreso (intervenciones menores de rodilla, de pie, de ojos, de varices...). Precisamente traumatología es una de las especialidades que encajan en esas cirugías y la que más pacientes ha recibido la Fundación en 2024. El grupo Quirón no ha contestado sobre si hay una estrategia de captación o si se prioriza a pacientes de libre elección en estas operaciones para resultar más atractivos, como ha hecho Ribera Salud en Torrejón, pero achaca esa enorme llegada de pacientes de esta especialidad al hecho de que “traumatología sea a la que más pacientes se derivan desde la Atención Primaria en el conjunto de la región”.

El apéndice del informe de la Cámara de Cuentas que evidenciaba la pérdida de dinero para las arcas públicas por el concierto singular de la Jiménez Díaz fue finalmente retirado, tras las alegaciones que hizo en su momento Javier Lasquetty, el ex consejero de Sanidad que intentó convertir hospitales públicos en privados durante el Gobierno de Ignacio González y que más tarde fue consejero de Hacienda con Isabel Díaz Ayuso.

Obviamente, cuanto más pacientes tienen en su área o más personas reciben de libre elección, más dinero ingresan de la partida de los presupuestos las empresas privadas, que han ido aumentando la facturación y los conciertos con la sanidad pública madrileña de manera exponencial desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, ese dinero no se compensa exactamente con el ahorro que supone tener menos pacientes en los hospitales de gestión pública, que siguen afrontando gastos fijos estructurales (edificios, personal, material), aunque pierdan pacientes.

En un aula cerrada a cal y canto, un profesor ha decidido impartir su clase de una manera especial. Con el objeto de criticar la intervención estatal sobre la economía, el catedrático levanta una auténtica nube de billetes de curso legal que queda esparcida por la clase. Se trata del ‘helicóptero monetario’: una lluvia de dinero que, según algunos exponentes del anarcoliberalismo, el Estado promueve cada vez que el crecimiento se resfría. Una solución pública que, para este experto, mantiene crónicamente enfermo al Occidente cristiano. 

Al término de la sesión, el docente recoge hasta el último billete. Las puertas pueden ya abrirse. El alumnado, que probablemente albergue una amplia diversidad ideológica y de creencias, habrá quedado impactado. El Estado desbarata la naturaleza del intercambio económico; la inflación viene necesariamente de la impresión de billetes; dejar hacer al mercado es, además de lo moderno y avanzado, lo más moral; y el dinero está en nuestros bolsillos mejor que en ningún otro lugar. 

Como en el punk rock, la fórmula dominante en esta sociedad del espectáculo, la seducción y la prisa es la de tres acordes como mucho y la verdad. Una imagen resultona habla mejor que muchas subordinadas seguidas. La evidencia que los ciudadanos tienen de la economía dura minutos o segundos de aprendizaje. Y lo gráfico resiste todo tipo de revisión posterior.  

Este profesor no es una raya en el agua, sino más bien un síntoma. Se llama Jesús Huerta de Soto y lleva 45 años en ejercicio. Su cátedra, en la Universidad pública Rey Juan Carlos, se ha convertido en un lugar de notable influencia. Mientras los investigadores en Economía y otras ciencias sociales publican artículos que figuran en revistas de máximo nivel pero apenas circulación, docentes como el mencionado multiplican su mensaje por treinta, cuarenta o cincuenta oyentes al día. Sus vídeos en Youtube, además, son de amplia circulación, y han inspirado a dirigentes políticos como el presidente argentino Javier Milei.   

Huerta de Soto preside España Sociedad Anónima, una aseguradora fundada por su abuelo en 1928. Puede llegar a fin de mes sin sus lecciones magistrales en la Universidad pública, pero su labor docente se acerca ya a casi medio siglo, y se extiende también a las de producción científica y editorial. Una misión a la que se han ido incorporando numerosos discípulos. 

Uno de estos es Juan Ramón Rallo, doctorando de Huerta de Soto y conocido experto y tertuliano. Con cientos de miles de seguidores, Rallo ejerce sus actividades de docencia en distintas universidades privadas, como el centro OMMA, la Universidad de las Hespérides y el IE Business School. 

Otro es Gabriel Calzada, que defendió su tesis doctoral bajo la misma dirección. Tanto Rallo como Calzada son extremadamente educados en el trato y eruditos en su ámbito de especialización. 

Calzada y Rallo impartieron clases también en la pública Rey Juan Carlos, que ofrece un máster en Economía de la Escuela Austríaca, la tendencia a la que estos y su maestro, Huerta de Soto, pertenecen. La familia de Calzada diversifica sus negocios entre distintos sectores de la economía canaria; uno de estos es la citada universidad de las Hespérides, centro privado de reciente creación en el que el pensamiento ultraliberal ocupa un lugar prioritario. 

De estos y otros promotores nació el Instituto Juan de Mariana en 2005, un centro de pensamiento y divulgación anarcocapitalista que ha dado un nuevo enfoque a las doctrinas liberales de autores como Adam Smith o David Ricardo. Su presentación en sociedad se celebró precisamente en la Universidad Rey Juan Carlos. En ella se realizaron duras críticas a los sectores que denuncian el cambio climático, los “calentólogos”, en la jerga que el instituto empleaba. Dicha presentación contó con Esperanza Aguirre, entonces presidenta autonómica.

El primer inspirador político de Aguirre, Pedro Schwartz, catedrático de Economía, dirigió la tesis de Huerta de Soto. Aguirre ha contado con representantes de este enfoque económico para sus gobiernos, como también lo ha hecho su sucesora Isabel Díaz Ayuso. Uno de estos es Javier Fernández Lasquetty, que fue consejero de Inmigración y Cooperación y de Sanidad con Aguirre e Ignacio González, y de Economía, Hacienda y Empleo con la presidenta autonómica actual. 

En 2014, Lasquetty se encontraba agotado: la justicia había detenido el proceso de externalización de los hospitales de Madrid y el entonces máximo responsable de la Sanidad dimitió. “Ser liberal en España es llorar”, afirmaba unos meses después en el portal Libertad Digital, periódico dirigido por Federico Jiménez Losantos que alberga desde su fundación a distintos creadores de opinión de la escuela austríaca. 

Una vez abandonado el Gobierno regional en 2014, Lasquetty pasó a ser vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, donde Gabriel Calzada estaba a cargo del rectorado. La Francisco Marroquín otorgaría el Doctorado Honoris Causa en 2006 al expresidente José María Aznar y en 2009 a Jesús Huerta de Soto. Lasquetty, desde que dejó su puesto en el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, se ha incorporado al consejo de diversas empresas privadas y a la mencionada Universidad de las Hespérides. 

Lo que se describe con los perfiles aquí mostrados es una red social que se extiende a distintos centros de pensamiento y estudio, instituciones públicas y privadas clave. El periodista Antonio M. Vélez ha profundizado recientemente sobre estas conexiones, que están haciendo emerger un verdadero establishment anarcocapitalista y que alberga fundaciones y think tanks, universidades privadas presenciales y online que surgen en medio de un boom con permiso autonómico, así como administraciones regionales y partidos políticos. 

Los propios defensores de esta tendencia ideológica han reconocido estar sobrerrepresentados, pero también que su función es importante, pues supone establecer un contrapeso ideológico a las tentaciones izquierdistas. Pero, con la victoria electoral de Javier Milei en Argentina, estos podrían dar un paso adelante que dejaría la revolución thatcherista como una anécdota. Si poderes internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional terminan transigiendo con las decisiones de Milei, la influencia anarcoliberal se hará más trasversal aún. 

La relevancia de este fenómeno se manifiesta ya en su influencia en políticos de tendencias moderadas. Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, apoyó públicamente la candidatura de Milei en las pasadas elecciones a la presidencia de la República de Argentina . Cristina Cifuentes contó como expresidenta madrileña con la asesoría financiera de Daniel Lacalle, próximo si no miembro del Instituto Juan de Mariana. La Comunidad de Madrid alberga en distintos organismos autónomos y en su propio gobierno a antiguos colaboradores del mencionado instituto de pensamiento. El propio Luis Pérez, ‘Alvise’, en un primer momento militante de UPyD y jefe de gabinete de Toni Cantó –en su fase como diputado de Ciudadanos– en el Parlamento valenciano, se ha definido en numerosas ocasiones como simpatizante de esta tendencia ideológica.  

En estos tiempos de radical incertidumbre, las creencias y las supersticiones van camino de ser la nueva fe. Las soluciones extremistas, como la de Milei en Argentina, han supuesto una esperanza para muchos. Las ideas para que este y otros visionarios del futuro ganen audiencia llevan muchas décadas gestándose. La derecha ha dominado, hasta el momento, el lenguaje de la metáfora económica; y el anarcocapitalismo, su versión extrema, no le va a la zaga. Las izquierdas, frecuentemente enfangadas en la lucha por los matices, deberían prestar más atención a estas lecciones. 

Javier Fernández-Lasquetty vuelve al negocio de la educación privada, en el que ya aterrizó en su anterior etapa fuera de la política en 2015. El ex gurú económico de Isabel Díaz Ayuso ha sido nombrado “director de Formación Continua” de la Universidad de las Hespérides. Este centro privado y online ha sido lanzado recientemente por el lobista y empresario Gabriel Calzada, fundador y presidente del Instituto Juan de Mariana, el think tank ultraliberal que invitó en junio a un homenaje en Madrid al presidente argentino, Javier Milei.

En esa universidad privada con sede en Canarias y conexión con Madrid es accionista el Juan de Mariana. El nuevo puesto de Lasquetty figura en la nota en la que otro lobby ultraliberal, Civismo, confirmó su nombramiento como patrono, que adelantó elDiario.es. Es otra muesca en el entramado de relaciones, lobbies y entidades alimentados por la nueva derecha madrileña en los últimos años.

“Madrid es la nueva Viena”, proclamó hace tiempo el excéntrico Jesús Huerta de Soto, gurú de Milei y el denominado anarcocapitalismo, ultracatólico, multimillonario y dueño de una aseguradora (España SA) que heredó de su padre y fundó su abuelo. Huerta de Soto lleva años usando su cátedra en una universidad pública (la Rey Juan Carlos) como altavoz para sus ideas “libertarias” y de desmontaje del Estado de bienestar. Y varios de sus ex alumnos están o han estado vinculados al Juan de Mariana y a satélites afines.

Suyo fue el “encomio” con el que agasajó a Milei en junio en Madrid. “Sueño, en suma, con un mundo en el que el ser humano se libre por fin de las cadenas del estatismo y pueda optar por Dios, si así lo desea, con total libertad”, dijo eufórico antes de lanzar el ya manido “Viva la libertad, carajo”, dijo eufórico ante Lasquetty, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, Santiago Abascal, Federico Jiménez Losantos o Daniel Lacalle.

Lasquetty, uno de los artífices de eso que llaman “liberalismo a la madrileña” y de las privatizaciones sanitarias de Esperanza Aguirre, cesó en junio de 2023 como consejero de Hacienda y Economía de la Comunidad de Madrid para dedicarse al sector privado. Desde entonces acumula una larga lista de fichajes por diversas empresas y entidades. 

“Quien pueda hacer que haga, quien pueda contribuir que contribuya”, dijo su antiguo jefe, José María Aznar, en noviembre, cuando trascendió su nombramiento como asesor de la multimillonaria Alicia Koplowitz en su sicav. Luego recaló en la distribuidora farmacéutica Cofares. Se ha convertido en vicepresidente para Relaciones Institucionales de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) del nobel Mario Vargas Llosa. Y en patrono de la Fundación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que en marzo denunció a la Fiscalía por revelar datos que desmentían la versión de Miguel Ángel Rodríguez sobre los delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.

Todo esto, sin hacer ascos a seguir cobrando de lo público: el Ayuntamiento de Las Rozas, feudo del PP, lo nombró a principios de año consejero en una empresa municipal que le paga una dieta de 1.183,23 euros netos por reunión, como contó El País. Ahora el también patrono de la FAES de Aznar (de la que fue secretario general) se ha incorporado a la Universidad de las Hespérides y a Civismo. Esta entidad, cuyo presidente compara a Pedro Sánchez con el propagandista nazi Goebbels, tiene un patronato muy distinto al del Juan de Mariana, donde no hay empresarios dignos de mención.

En Civismo, que financian ultrarricos como Juan Abelló, Helena Revoredo, dueña de Prosegur, o Víctor de Urrutia, primera fortuna de Álava, todos ellos patronos de la fundación, el secretario general es Francisco Cabrillo, catedrático y ex presidente de Libertad Digital. Ayuso le ha puesto este año un sueldo público de más de 100.000 euros en la Cámara de Cuentas que preside Joaquín Leguina.

Como en 2015

Ahora los caminos de Lasquetty y Calzada vuelven a cruzarse en la Universidad de las Hespérides. El canario era rector de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, centro privado vinculado a la ultraliberal Mount Pelerin Society, cuando en 2015 nombró vicerrector al ex consejero madrileño de Hacienda o Sanidad.

La Marroquín tiene desde 2018 un campus en Madrid, pero no está en el listado de universidades del Ministerio de Educación. Sí figura la Universidad de las Hespérides, que aprobó en 2019 (en el descuento de esa legislatura) un gobierno autonómico de Coalición Canaria y recibió el visto bueno definitivo en marzo de 2023, con los socialistas aún gobernando el archipiélago. 

El centro tiene dos sedes físicas en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. En Madrid está asociada a la escuela de negocios OMMA, que cede su sede al Juan de Mariana y fundaron en 2012 la familia Calzada, responsables de la Marroquín y, entre otros, Juan Rallo (ex director del Juan de Mariana, ex alumno de Huerta de Soto y decano de la Escuela de Grado en las Hespérides) y Francisco García Paramés, conocido inversor y otro ultrarrico que ha financiado Civismo.

Gabriel Calzada, conocido por negar el cambio climático o defender la privatización completa del sistema de salud, lleva más de una década en el negocio de la educación privada. Fue profesor en la Rey Juan Carlos, donde se doctoró en 2004 dirigido por Huerta de Soto. Su tesis la evaluaron Carlos Rodríguez Braun o Juan Iranzo, condenado por las tarjetas ‘black’. En 2005 fundó el Juan de Mariana, que preside desde entonces. Entre 2013 y 2021 fue rector de la Marroquín.

La Universidad de las Hespérides se basa en un modelo de enseñanza 100% online, pero este verano también ha hecho negocio con la presencialidad. Aprovechando el tirón mediático de la “Cena de la Libertad” en Madrid con Milei, montó junto al Juan de Mariana sus cursos de verano en Puerto del Carmen (Lanzarote), con alojamiento y actividades de ocio en los modestos establecimientos turísticos de la familia Calzada, subvencionados con cuantiosas ayudas públicas.

En la Universidad de las Hespérides, que no ha respondido a una petición de información de elDiario.es, Calzada es rector y presidente. En el consejo de administración le acompañan, entre otros, su padre, el empresario turístico y ex naviero Gabriel Calzada Fiol (vicepresidente), y su hermana, Inés Calzada. 

Esta última trabajaba en 2017 como “coordinadora de proyectos” del Juan de Mariana, como explicó entonces el instituto en respuesta a un duro texto que uno de sus fundadores, el periodista Fernando Díaz Villanueva, publicó tras darse de baja como socio. Bajo el título de “Instituto Gabriel Calzada (de asuntos familiares)”, decía que “desde sus orígenes” todo en el centro giró en torno a Calzada, “un zascandil canario, injerto de carencia y vanidad, de ideas tan cortas como su estatura, pero sobrado de labia y metido en el difícil empeño de hacer política sin acusar el desgaste de la política activa”.

El texto cargaba contra “la proliferación de familiares en cargos de responsabilidad” en el instituto. “Que si la hermana, que si el primo, que si la novia, que si el padre con su garrota”... El think tank ya entonces (2017) “organizaba (y organiza) unos cursos de verano que se celebraban en un apartotel que la familia Calzada posee en Lanzarote”.

“Supersostenible”

Siete años después, el clan tienen en marcha su universidad online, ahora con Lasquetty en su equipo. Su vicerrector es otro miembro del Juan de Mariana y cofundador de OMMA, Gonzalo Melián. Arquitecto y doctor en Económicas (su tesis la codirigieron Gabriel Calzada y Huerta de Soto), hace unos meses compareció a propuesta de Vox en el Parlamento canario para asegurar que el turismo allí es “supersostenible” y que lo que necesita el archipiélago es seguir el modelo del paraíso fiscal de Jersey o construir minirreactores nucleares, vieja obsesión de la formación ultraderechista.

Otro impulsor de la Universidad de las Hespérides es el empresario canario Oliver Alonso. Preside un consejo Asesor del que forman parte entre otros el expresidente de CEOE Juan Rosell y el presidente de la aerolínea Binter, Rodolfo Núñez.

Domingo Alonso Group, líder en el sector de la automoción en el archipiélago (y que hace años fichó como consejero al ex ministro del PP José Manuel Soria) es una de las empresas canarias en las que ofrece prácticas esta universidad junto a Binter, la hotelera Lopesan, la heladera Kalise o Atlas Network. Este lobby ultraconservador y negacionista del cambio climático aglutina a decenas de think tanks libertarios con gran influencia en Estados Unidos y América Latina.

Un reciente informe del Observatorio de las Multinacionales lo relaciona con multimillonarios y entidades de derecha como la Fundación Koch, la Heritage Foundation y Templeton, y grandes corporaciones del petróleo, el tabaco o farmacéuticas. Entre las entidades con las que ha colaborado está el Juan de Mariana, cuyo director general es Manuel Llamas, viceconsejero de Economía madrileño hasta que Lasquetty dejó la política. Los cursos del Juan de Mariana los promociona un empresario tecnológico que ha cobrado millones de la Administración en contratos y ayudas públicas.

Récord de gastos en 2022, más de un millón de euros en ingresos desde 2019 y Prosegur, Juan Abelló o un primo de Esperanza Aguirre entre sus donantes. Son datos de las cuentas de Fundación Civismo, lobby que acaba de fichar a Javier Fernández-Lasquetty como patrono y cuyo presidente, Julio Pomés, ha comparado a Pedro Sánchez con el nazi Goebbels.

La entidad, que tiene en su patronato a Abelló, la dueña de la multinacional de la seguridad privada, Helena Revoredo, o al financiero Claudio Aguirre, primo de la expresidenta madrileña, no publica datos económicos de su actividad en su web.

elDiario.es ha tenido acceso a sus cuentas de 2020 a 2022, depositadas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, donde está inscrita, y que reflejan que entre 2019 y 2022 sus ingresos (en su mayoría, donaciones privadas) sumaron 1.096.849,54 euros.

Mientras, sus gastos fueron de 936.180,44 euros. Pasaron de cero euros en 2018 a un récord de 304.677 euros en 2022, cuando se produjo una fuerte desviación del gasto respecto a los 245.000 euros inicialmente presupuestados.

En 2021, sus ingresos se dispararon hasta 417.662,63 euros, frente a 280.638,91 euros en 2020, último ejercicio en el que sus cuentas detallaban las donaciones recibidas: 253.779 euros de personas jurídicas y otros 21.275 euros de 17 personas físicas a las que no identificaba. 

Entre las empresas, la mayor aportación en 2020 (50.000 euros) vino de Alpireva Investments SL, holding que, según información del Registro Mercantil disponible a través de Insight View, pertenece al empresario hortofrutícola francés Alexandre Pierron D´Arbonne, vicepresidente de Civismo y muy vinculado a Navarra, como la fundación.

El segundo mayor donante en 2020, con 30.000 euros, fue Asua Inversiones SL, de otro patrono de Civismo, Víctor de Urrutia, primera fortuna de Álava. Máximo accionista de las bodegas CVNE, exvicepresidente de Iberdrola o socio del gigante de la educación privada Proeduca Altus (Universidad Internacional de La Rioja), Urrutia acaba de comprar un 5% de LLYC, una de las principales firmas de consultoría y lobby de España.

20.000 euros aportó en 2020 a Civismo Inverlasa, de Víctor Ruiz Rubio, fundador de la quebrada ingeniería Eurofinsa (accionista de Libertad Digital), principal accionista de Azkoyen y con fuertes intereses en el ladrillo madrileño. Y otros 20.000 euros donó Armor Acquisitions SA, de Prosegur Cash, filial de efectivo del gigante de la seguridad privada. En 2023 esa sociedad fue absorbida por Juncadella Prosegur Internacional SL, según sus últimas cuentas anuales.

También aportó 20.000 euros en 2020 la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), think tank impulsado por el catedrático de Filosofía del Derecho y ex diputado del PP Andrés Ollero y el ex parlamentario del PSOE Javier Paniagua, partidario de una gran coalición entre esos dos partidos.

Otro tanto aportó la Fundación Open Value, impulsada por el conocido inversor Francisco García Paramés, una de las personas tras OMMA Business School, escuela de negocios íntimamente vinculada a la nueva derecha madrileña. Este centro privado cede su sede en la capital al Instituto Juan de Mariana (el think tank ultra que invito a Javier Milei en su última visita a Madrid) y está asociado a la Universidad Francisco Marroquín, centro privado en Guatemala del que Lasquetty fue vicerrector en 2015 y que tiene un campus en la capital.

10.000 euros aportó a Civismo en 2020 Torreal SA, el holding de Juan Abelló. Histórico en los rankings de mayores fortunas españolas, este martes ha visto cómo el Consejo de Ministros vetaba, por “riesgos para la seguridad nacional”, la opa de un grupo húngaro cercano al ultraderechista Viktor Orbán sobre Talgo.

Los tres principales socios de Talgo, Torreal, el fondo Trilantic y la familia Oriol, dueños de un 40,22% mediante un vehículo en Luxemburgo, llevan años intentando vender y eran favorables a la opa, que valoraba Talgo en 619 millones y conllevaba una prima del 41% sobre la cotización del semestre previo a su presentación.

También aportaron 10.000 euros a Civismo en 2020 la Fundación Renta 4, del banco de inversión que pilota el financiero Juan Carlos Ureta, y Timac Agro SA, empresa navarra de fertilizantes que pertenece al grupo francés Roullier. Con cifras inferiores figuran Arofa SL (6.000 euros), empresa hortofrutícola de la familia navarra Arotzarena, o, con 5.000 euros, Mármara Capital SL, primer accionista (20,41%) de Altamar CAM Parterns, la firma de inversiones que preside Claudio Aguirre Pemán.

El primo de Esperanza Aguirre, relacionado con operaciones de especulación inmobiliaria en Madrid o Barcelona, es también consejero de Prosegur Cash. Allí coincide con los Revoredo, una de cuyas herederas (Chantal Revoredo) oculta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) inversiones millonarias en Islas Caimán. O con Ana Sainz de Vicuña Bemberg, una de las mayores fortunas españolas y accionista de Altamar a través de una de sus sociedades, Miscante H1 España (5,34%).

Casado, Vargas Llosa y un candidato de Vox

Entre los donantes de Civismo en 2020 figuraban también, ya con pequeñas sumas, la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que preside el Nobel peruano Mario Vargas Llosa y de la que Lasquetty es vicepresidente (350 euros); o, con 200 euros, el Club Liberal Español, al que pertenecen, según su web, el anterior líder del PP, Pablo Casado, o el también vicepresidente de Civismo, Pedro Schwartz, entre otros autoproclamados liberales.

Con 100 euros figuraba Poland Invest Real Estate, inmobiliaria creada en 2017 por Rodolfo Alústiza, ex candidato del carlismo ultra que en 2019 fue cabeza de lista de Vox al Congreso por Navarra.

En 2021, tras disparar sus ingresos un 48% en un año, Civismo dejó de precisar sus donantes, pero incluía en sus cuentas 9.514,15 euros en “ayudas económicas” del “Intitute of Economic” [sic], cuyo nombre remite a un veterano lobby británico de orientación conservadora, el Institut of Economic Affairs (IEA).

En sus cuentas de 2022, contabilizaba 326.624,57 euros depositados en Bankinter. Ese año organizó eventos en Pamplona con Rosa Díez y Cayetana Álvarez de Toledo para presentar sus libros Maquetos y Políticamente indeseable. Y con Lasquetty, entonces todavía consejero de Ayuso, y su conferencia “Más libertad y menos impuestos. Por qué ha crecido la economía en la Comunidad de Madrid”.

Fue, explica Civismo en su memoria, “un llamamiento que trató de dar respuesta sobre el crecimiento económico de la capital española y la necesidad de más libertad y menos impuestos asfixiantes a los ciudadanos españoles”. La entidad tiene entre sus estudios más conocidos su “Día de la Liberación Fiscal”, cuándo calcula que un español deja de pagar impuestos cada año.

Civismo realiza “todo tipo de actividades dirigidas al fomento de la libertad en la economía y en la sociedad españolas”. Con una dotación fundacional de 30.000 euros, sus estatutos señalan que ningún patrono obtendrá retribución por las actividades realizadas a favor de la Fundación al ser cargos honoríficos, salvo gastos de desplazamiento para asistir a las reuniones u otros que se les causen en el cumplimiento de cualquier misión concreta que se les confíe a nombre o en interés de la Fundación.

Sin embargo, el Patronato podrá fijar una retribución “adecuada” a los patronos que le presten servicios distintos de los que implica el desempeño de esa función.

La entidad anunció el 4 de agosto en una nota el fichaje de Lasquetty, que adelantó elDiario.es. Destacó que en su carrera como “servidor público” el ex directivo de la FAES de José María Aznar “ha destacado por un enfoque multidisciplinar y por hacer valer políticas públicas innovadoras siempre bajo una perspectiva de defensa de la libertad individual y la iniciativa privada”.

La fundación tiene como presidente desde su creación a Pomés, doctor en Químicas que pasó de dar clases en la Universidad Pública de Navarra a reciclarse como lobista a principios de siglo. Primero con un think tank allí (Institución Futuro) y luego con Civismo, cuya primera sede estuvo unos años en Navarra, a la que está muy vinculado: su hermano, Javier Pomés, ex eurodiputado de UPN-PP aceptó en 2018 una condena de 16 meses de cárcel por alzamiento de bienes al ayudar a un jeque árabe a eludir una deuda millonaria con la Seguridad Social.

Poco después, trascendía que Julio Pomés pedía por carta a empresarios de Navarra dinero para financiar un informe contrario al gobierno que entonces lideraba Uxue Barcos, nacionalista de izquierdas. El actual director de Civismo, Albert Guivernau, fue número dos en 2023 en las listas al Ayuntamiento de Barcelona por Valents, extinto y efímero partido conservador y constitucionalista.

A su conexión con Abelló, Revoredo y otros ultrarricos como los Huarte, herederos del constructor navarro Félix Huarte, que se hizo de oro durante la dictadura y construyó el Valle de los Caídos, o Carlos Espinosa de los Monteros, ex Comisionado de la Marca España, se suman las fuertes relaciones de Civismo con el gobierno de Ayuso, a quien entregó en 2021 su premio anual por convertir a la Comunidad de Madrid en “un reducto de libertad”.

Su secretario general es un catedrático de la Complutense, Francisco Cabrillo, al que Ayuso nombró en marzo consejero de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid junto al expresidente Joaquín Leguina. Cabrillo cobra en ese puesto un sueldo público de 101.059,32 euros anuales. En 2004 ya fue colocado por Aguirre como presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Poco después de su cese (en 2012) presidió brevemente Libertad Digital.

Entre las personas que han asesorado a Civismo están Daniel Lacalle (ex “jefe de Estrategia”), Álvarez de Toledo, Fernando del Pino (de la familia dueña de Ferrovial), José María Rotellar, actual asesor a tiempo parcial del gobierno madrileño, o Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director de la Agencia Tributaria con Aznar y columnista en medios de derechas.

En esa extensa nómina también figuran los históricos de CEOE José Luis Feito y Juan Iranzo, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid; Fernando Becker (ex directivo de Iberdrola y muy vinculado al PP), el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, el exdiplomático Inocencio Arias, los catedráticos Benito Arruñada y Rafael Pampillón, Luis María Linde, ex gobernador del Banco de España con el PP, y Fernando Eguidazu, consejero del supervisor y alto cargo en Exteriores con Mariano Rajoy.

Un patronato con multimillonarios como Juan Abelló o la dueña de Prosegur, Helena Revoredo, un consejo asesor por el que han pasado Daniel Lacalle, Fernando del Pino (hermano del presidente de Ferrovial) o Cayetana Álvarez de Toledo, y un presidente que compara a Pedro Sánchez con el nazi Goebbels.

Es Civismo, fundación sin ánimo de lucro que se define como “think tank o catalizador de ideas que trabaja en la defensa de la libertad”. Esta entidad ha fichado como patrono a Javier Fernández-Lasquetty, impulsor de eso que Isabel Díaz Ayuso llama “liberalismo a la madrileña”. El nombramiento lo aprobó su patronato en su última reunión hace unas semanas, confirma su director general, Albert Guivernau.

El ex gurú económico de Ayuso e ideólogo de la privatización sanitaria de Esperanza Aguirre se ha mostrado muy activo desde que hace un año dejó la política. “Quien pueda hacer que haga, quien pueda contribuir que contribuya”, dijo su antiguo jefe, José María Aznar, en noviembre.

Entonces trascendió el fichaje de Lasquetty, patrono de la FAES, como asesor de la multimillonaria Alicia Koplowitz en su sicav. Luego recaló en la farmacéutica Cofares. Se ha convertido en vicepresidente para Relaciones Institucionales de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) del nobel Mario Vargas Llosa. O patrono de la Fundación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que en marzo denunció a la Fiscalía por revelar datos que desmentían la versión de Miguel Ángel Rodríguez sobre los delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.

Sin hacer ascos a seguir cobrando de lo público (el Ayuntamiento de Las Rozas, feudo del PP, lo nombró consejero en una empresa municipal que le paga una dieta de 1.183,23 euros netos por reunión, como contó El País), Lasquetty se ha unido ahora al patronato de Civismo, que dice promover “una sociedad civil activa, que se involucre en el diseño de unas políticas públicas hechas a la medida del ciudadano, de modo que éste pueda ejercer su libertad individual, contribuyendo así a la prosperidad colectiva”.

Civismo, cuyos “principales valores” son “la primacía de la persona, la tolerancia, el Estado limitado y representativo, el imperio de la ley, la propiedad privada y el libre mercado”, viene a ser otro satélite del universo de autoproclamados defensores de la libertad que han proliferado en Madrid en los últimos años, vinculados a organizaciones internacionales ultraliberales como el Cato Institute, Atlas Network o la Mont Pelerin Society.

Simpatiza con los postulados del argentino Javier Milei, sin abrazar el “anarcocapitalismo” por el que abogan a ultranza el argentino y su admirado Jesús Huerta de Soto. Este excéntrico multimillonario empresario español de los seguros y catedrático en una universidad pública madrileña (la Rey Juan Carlos) lleva años instando a los acólitos de la denominada Escuela Austríaca de economía a convertir Madrid en “la nueva Viena”.

“Indicios positivos” con Milei

El director general de Civismo discrepa de las “formas” de Milei pero cree “interesante” el debate abierto con su llegada al poder “sobre medidas económicas más liberales”. El “reto”, dice al teléfono Guivernau, es “ver la efectividad de esas medidas”. Él ve “indicios positivos”: “Se está empezando a dar crédito en Argentina por primera vez en años” y eso es una “muestra de confianza en la economía”, defiende.

El tono de Civismo es menos agresivo que el del Instituto Juan de Mariana, que dirige un pupilo de Lasquetty y ex alto cargo de Ayuso, Manuel Llamas. Este otro think tank es el que invitó al presidente argentino en su última visita a Madrid. En teoría tampoco tiene ánimo de lucro, pero participa en el negocio de la educación privada (es accionista de una universidad recién creada). Y la familia de su presidente y fundador hace caja con sus cursos de verano en modestos negocios turísticos mientras cobra importantes subvenciones públicas.

Más allá de formas y fondo, en los órganos de dirección del Juan de Mariana no hay ninguna figura empresarial relevante. Y en el patronato de Civismo hay varios ultrarricos: personas cuyo patrimonio (sin contar la primera vivienda) supera con mucho los 30 millones de dólares. Junto a Abelló y Revoredo, también es patrono la primera fortuna de Álava, Víctor de Urrutia, máximo accionista de las bodegas CVNE, exvicepresidente de Iberdrola o socio del gigante de la educación privada Proeduca Altus (Universidad Internacional de La Rioja). Urrutia acaba de comprar un 5% de LLYC, una de las principales firmas de consultoría y lobby de España.

Le acompaña otro multimillonario poco conocido, Víctor Ruiz, principal accionista de la cotizada Azkoyen y fundador de la ingeniería Eurofinsa. Ruiz todavía era socio de esa empresa (tenía el 50% y lo vendió antes de su quiebra) cuando se convirtió en accionista relevante de Libertad Digital, la emisora de Federico Jiménez Losantos.

El cuartel general del holding de Ruiz está en el edificio Eurocentro, frente al estadio Santiago Bernabéu. En él ondea estos días una bandera venezolana. Está a pocos metros de la sede de Civismo, cuyo presidente, Julio Pomés, es una persona con escaso bagaje empresarial.

En la última memoria anual del think tank (de 2022), en la que no hay datos de los fondos que maneja ni cómo se financia, Pomés se despacha contra Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia: “Ningún gobierno europeo aplicó un confinamiento tan largo y salvaje en toda la Unión Europea” como el socialista, que “salvando las distancias, recordaba la figura del ministro de la propaganda nazi Joseph Goebbels” y “se permitió presumir de que era nuestro protector, mediante un adoctrinamiento masivo en sus largas comparecencias en los informativos”.

Pomés, que en los 90 daba clases de Química (disciplina de la que es doctor) en la Universidad Pública de Navarra, se recicló a principios de siglo como lobista. Primero montó un think tank allí (Institución Futuro) y luego creó Civismo, cuya primera sede estuvo durante años en Navarra, a la que está muy vinculado: su hermano es Javier Pomés, ex eurodiputado de UPN-PP que en 2018 aceptó una condena de 16 meses de cárcel por alzamiento de bienes al ayudar a un jeque árabe a eludir una deuda millonaria con la Seguridad Social. Poco después, trascendía que Julio Pomés estaba pidiendo por carta a empresarios de Navarra dinero para financiar un informe contrario al gobierno que entonces lideraba Uxue Barcos, nacionalista de izquierdas.

Tras dejar Pamplona, Civismo se trasladó a la sede que ocupó hasta hace poco, en el 114 del Paseo de la Castellana. En el 116 está el edificio Huarte, que toma su nombre de una familia muy vinculada a Navarra, al franquismo y al think tank. El patriarca, el constructor Félix Huarte, procurador franquista y vicepresidente de la Diputación Foral de Navarra de 1964 a 1971, se hizo de oro con las concesiones de la dictadura y construyó el Valle de los Caídos o el Santiago Bernabéu.

En los 80, constructora Huarte se vendió al recientemente fallecido Juan Miguel Villar Mir (de ahí surgió OHL) y los herederos gestionan actualmente Uriel Inversiones, presidido por Juan Félix Huarte, vicepresidente de Civismo, al que lleva vinculado desde su creación en 2009. Su holding opera en renovables, comercio de café, inmobiliario o la recogida de residuos sólidos urbanos a través de Aborgase, concesionaria de ese servicio en Sevilla.

Juan Félix Huarte es también miembro del Consejo Empresario Asesor de la FIL y patrono de la ultraconservadora Fundación Neos, presidida por el exministro Jaime Mayor Oreja. Desde el edificio Huarte (donde está la sede de Uriel), la extrema derecha desplegó en mayo de 2020 una enorme pancarta contra Pedro Sánchez y el confinamiento. La campaña la difundió en esos días en redes un agitador ultraderechista entonces poco conocido y hoy eurodiputado, Alvise Pérez.

En Civismo, Lasquetty ha cubierto la vacante del aristócrata y empresario Carlos Espinosa de los Monteros, ex comisionado de la Marca España con Mariano Rajoy y consejero de Uriel Inversiones, de los Huarte. El padre del ultraderechista y ex diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros llegó a ser vicepresidente de Civismo. Estuvo vinculado a ella desde sus inicios.

Otros patronos son el financiero Claudio Aguirre, primo de Esperanza Aguirre, o el empresario Fernando Jorro Sainz de Rozas, de una familia históricamente vinculada a la industria del tabaco (fueron socios del banquero y contrabandista Juan March) y a la constructora Ginés y Navarro, germen de la actual ACS.

Civismo tan pronto critica el intervencionismo del gobierno sobre el sector del vapeo como arremete contra el impuesto a bancos y energéticas, “la mayor agresión fiscal que ha sufrido nuestra joven democracia”, según su presidente. Tiene entre sus estudios más conocidos su “Día de la Liberación Fiscal”: cuándo calcula que un español deja de pagar impuestos cada año. Su última estimación, publicada el pasado lunes, sitúa esa fecha en el 30 de julio, 17 días más que en 2021.

Su último informe denuncia la “inconsistencia en las políticas fiscales” y el “ahogamiento estructural” de los españoles. Dice que “desde 2018 la fiscalidad familiar no ha parado de crecer” por “las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional” y “la modificación de tramos y tipos en impuestos tanto de ámbito nacional como autonómico y municipal”.

A su conexión con varios ultrarricos se suman sus fuertes relaciones con el gobierno de Ayuso, a la que Civismo entregó en 2021 su premio anual por convertir a la Comunidad de Madrid en “un reducto de libertad”. Su secretario general es un catedrático de la Complutense, Francisco Cabrillo, al que Ayuso nombró en marzo consejero de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid junto al expresidente Joaquín Leguina. Cobra en ese puesto un sueldo público de 101.059,32 euros anuales.

En 2004 Cabrillo ya fue colocado por Aguirre como presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Poco después de su cese (en 2012) presidió brevemente Libertad Digital. Entre los ex del patronato de Civismo figura Mauricio Toledano, el otro cofundador de Eurofinsa, ex patrono de la FAES de Aznar, tesorero del Real Madrid entre 1989 y 1994 y ex secretario general de las comunidades judías en España. Toledano lleva tiempo caído en desgracia. Eurofinsa, en liquidación, ha entrado con fuerza en la última lista de morosos. Debe más de 71 millones de euros a Hacienda.

A los patronos se suman los asesores de Civismo: los ya citados Lacalle (ex “jefe de Estrategia”), Álvarez de Toledo o Fernando del Pino, y José María Rotellar, actual asesor a tiempo parcial del gobierno madrileño, o Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director de la Agencia Tributaria con Aznar y columnista en medios de derechas.

En esa extensa nómina también figuran los históricos de CEOE José Luis Feito y Juan Iranzo, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid; Fernando Becker (ex directivo de Iberdrola y muy vinculado al PP), el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, el exdiplomático Inocencio Arias o los catedráticos Benito Arruñada y Rafael Pampillón, ex colaborador habitual de FAES. También asesoran a Civismo Luis María Linde, ex gobernador del Banco de España con el PP, y Fernando Eguidazu, consejero del supervisor bancario y ex alto cargo en Exteriores con Rajoy.

En España, históricamente, las personas elegidas para gestionar la sanidad pública proceden del mismo sistema público. Suelen ser profesionales médicos que llevan toda su vida laboral en los servicios de salud que, en un momento dado, asumen más responsabilidades. Esto es así tanto en gobiernos de izquierdas como en comunidades donde gobierna la derecha.

Pero en algunos sitios esta tendencia empieza a cambiar, y no solo en las mecas de la privatización sanitaria, que son la Comunidad Valenciana o Madrid. Justo en un momento de máxima tensión entre lo público y lo privado, después de los recortes de 2012 y la pandemia de 2020, algunos gobiernos autonómicos están poniendo a gestionar la sanidad pública a personas que vienen de la sanidad privada. De empresas que superan cada año sus cifras de facturación por la contratación de seguros privados de salud, y también, por las adjudicaciones a dedo de esas administraciones públicas para que alivien unas listas de espera desbordadas.

Hablamos de todo esto con los compañeros de las ediciones de elDiario.es en Andalucía, Daniel Cela, en Extremadura, Santiago Manchado, en la Comunitat Valenciana, Carlos Navarro, y con Sofía Pérez Mendoza.

Episodio relacionado: ¿Cómo de privatizada está ya la sanidad en España?

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La cooperativa farmacéutica Cofares, líder en distribución de medicamentos en España, ha anunciado este martes el nombramiento de Javier Fernández Lasquetty, ex consejero de Economía o Sanidad de la Comunidad de Madrid con el PP, como presidente de una de sus filiales.

En concreto, Eduardo Pastor, presidente de Cofares, ha fichado a Javier Fernández-Lasquetty para presidir el Consejo de Administración de Cofares Diversificación.

“Este nombramiento da paso a la composición de una nueva estructura para esta filial de la compañía que se enfoca en la logística para la industria farmacéutica, la distribución y logística hospitalaria, y el desarrollo de negocios y proyectos de ingeniería y logística para clientes nacionales e internacionales”, explica el grupo en un comunicado. 

Cofares explica que Lasquetty tiene “una trayectoria de más de 35 años” y “ha desarrollado una importante carrera asumiendo puestos de gran responsabilidad en el sector público y privado”. A finales del año pasado, abandonó su acta de diputado en la Asamblea de Madrid para convertirse en consejero de Morinvest, la sociedad de inversión de Alicia Koplowitz. También es miembro del Consejo Asesor de Sagardoy Abogados.

“A lo largo de su carrera ha asumido importantes responsabilidades en sectores como Sanidad, Educación o Inmigración; y cuenta con una gran experiencia en órganos de gobernanza corporativa”, indica Cofares. 

“Cofares es, para todos los farmacéuticos de España, sinónimo de un servicio tecnológicamente puntero y extremadamente rápido y eficaz. Estoy muy contento de que Eduardo Pastor me haya invitado a aportar valor para hacer crecer la empresa en áreas como la logística para laboratorios y hospitales. El sector de farmacia en España es cada vez más importante y Cofares ocupa un lugar central para conectar la innovación con los pacientes a través de las farmacias”, ha afirmado por su parte Fernández-Lasquetty en ese comunicado.

El expolítico popular fue considerado el ideólogo económico ultraliberal de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque en junio del año pasado se confirmó que no repetiría en el gobierno autonómico para dedicarse al sector privado. Lasquetty ya dimitió en 2014 como consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre tras intentar privatizar la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Cofares también ha incorporado al consejo de administración de esa filial a Lourdes Fraguas Gadea, abogada del Estado y consejera de empresas como ACS, y el también abogado Isidro Díaz de Bustamante y Terminel.

Con 11.971 socios farmacéuticos y cooperadores, Cofares es la distribuidora farmacéutica líder en España y en 2021 facturó más de 3.600 millones de euros, según su web. Con más de 3.000 empleados y casi 80 años de historia, es la empresa sanitaria más grande de España. Durante años, la compañía tuvo como secretario de su consejo rector a Juan de Guindos, hermano del exministro y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

¡Buenos días!

Hace muchos años, en 1976, se estrenó una serie de televisión que pegó un pelotazo en las pantallas española. Se trataba de Hombre rico, hombre pobre, una adaptación de la novela homónima de Irwin Shaw, que cuenta a través de una familia, dos hermanos, las dos caras del sueño americano, el éxito y el fracaso representados en dos Américas que conviven pero no se tratan. 

Estas semanas estamos viendo una réplica de ese auge y caída del sueño americano, pero digitalizado. Los magnates de las criptomonedas han perdido gran parte de su fortuna y viven acosados por demandas de fraude solo dos años después de que el bitcoin les colocara entre las personas más ricas del planeta. Sam Backman-Fried, los gemelos Winklevoss, Barry Silbert, Jed McCaleb, Chris Larsen Champeng Zhao o Brian Armstrong son algunos de los empresarios que habían conseguido hacerse milmillonarios gracias a la nueva religión cripto. No solo se han visto arrastrados por una ola de bancarrotas y demandas en los juzgados, también han hecho perder millones a miles de inversores que confiaron en la última revolución digital. Aquí te contamos la pesadilla americana de las criptomonedas.

No ha sido la única burbuja que se ha deshinchado en las últimas semanas. WeWork, la multinacional del coworking (espacios compartidos para trabajar), se ha declarado en bancarrota. Esta fue otra de esas startups que consiguen una valoración desmedida en su salida a bolsa pese a no haber dado nunca beneficios. Llegó a valer casi 50.000 millones de dólares a finales de la pasada década con inversiones millonarias de Softbank o Goldman Sachs, aunque no llegó nunca a presentar un modelo de negocio sostenible. Aquí te contamos cómo otro 'unicornio' se va al garete.

 El Gráfico

El empleo siguió creciendo en octubre, aunque a un ritmo algo más moderado, como ya ocurrió en septiembre. La subida de tipos de interés por parte del BCE para luchar contra la inflación sigue mellando lentamente la economía. La afiliación aumentó en 92.862 trabajadores de media, lo que supone el dato más bajo desde 2015, aunque el ascenso valió para sumar un nuevo récord histórico: el de trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, con más de 9,83 millones de mujeres. Por su parte, el paro registrado se incrementó en casi 37.000 personas, la subida más baja para este mes desde 2007. España se enfrenta al reto de dar empleo a un mercado de trabajo récord con 24 millones de personas, en un entorno mundial muy exigente donde se prima el incremento de la productividad. Por ello, es importante redefinir unas nuevas condiciones laborales...

Hace 40 años se aprobó la última rebaja de la jornada laboral en España. El Gobierno de Felipe González consiguió una rebaja de 44 horas a las 40 horas semanales que rigen en la actualidad. Como entonces, el anuncio de una reducción de jornada recogido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar ha puesto a los empresarios en pie de guerra.  En 1983, el Gobierno del PSOE estaba dispuesto a cumplir una de sus promesas electorales: el recorte de la jornada a las 40 horas semanales, “reivindicación histórica del movimiento obrero y de la izquierda”, recuerda Joaquín Almunia, el ministro de Trabajo en aquel momento. La ley salió adelante pese a que los empresarios pusieron “el grito en el cielo” y se intentó boicotear incluso en la redacción de la norma en el Congreso. Finalmente, acabó siendo “el inicio de la ruptura de UGT con el PSOE”. En este enlace te explicamos la historia de cómo España redujo la jornada laboral de 44 horas a 40 horas semanales.

El Dato

50% de caída

En el autoconsumo doméstico eléctrico este año tras el boom que registró esta solución energética en España en 2022. El pasado ejercicio, la potencia se duplicó en un solo año tras la explosión de precios de la electricidad derivada de la invasión rusa de Ucrania, en una dinámica que ha contribuido a que la demanda de electricidad esté cayendo a mínimos de dos décadas. “Asociaciones sectoriales como UNEF”, principal patronal fotovoltaica, “o actores clave del sector como AMARA”, una empresa especializada en la distribución de material para instalaciones eléctricas, “estiman el descenso del mercado residencial español en torno al 25-50% respecto al año pasado”. Aquí tienes más información y las claves sobre el desplome del autoconsumo eléctrico en 2023.

Cada vez que habla sube el pan

No se puede juzgar en números absolutos los beneficios bancarios, ya que hay varios miles de millones y hacerlo de ese modo es de una simplicidad pasmosa. Las ganancias dependen del tamaño de la empresa

Gonzalo Gortázar — Consejero delegado de CaixaBank  

El consejero delegado de CaixaBank dice que no se puede juzgar el nuevo récord de beneficios, de 19.761 millones, que ha tenido la banca hasta septiembre de 2023. Gortazar justifica las ganancias por el tamaño de las empresas ya que es “lo que nos hace en muchas ocasiones más productivos, más competitivos”. Vamos a los datos: la banca (Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja) cerró 1.300 oficinas y redujo su plantilla en 5.800 empleados en 2022. En el caso de Caixabank, el año pasado redujo en un 17,89% su red de oficinas, clausurando 45 sucursales, y rebajó su plantilla un 11,78%, con la salida de más de 4.400 empleados. En 2021, los grandes bancos despidieron a 19.000 personas  El mayor ERE fue el de CaixaBank, con un despido colectivo de 6.432 personas tras absorber a Bankia, el más grande que se ha producido en el sector bancario español. Según el Banco de España, han desparecido 115.561 empleos en el sector bancario español desde finales de 2008 hasta el 31 de marzo de 2023. Las entidades financieras encogen pero los ingresos crecen. No es una cuestión de tamaño. El motivo: la subida de los tipos de interés ha permitido a la banca ganar más dinero que nunca, pese a tener menos actividad. La subida de las hipotecas y la ausencia del pago por el dinero de los clientes (depósitos) ha disparado los márgenes de las entidades. En esta información te explicamos cómo la banca gana más que nunca pese a la caída de la actividad.

Entrepreneur

Una gestión imprudente que arruinó la cadena de televisión. Es el resumen de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid sobre el 'entrepreneur' Julio Ariza. El magistrado declara culpable a Ariza y lo condena a a pagar 4.492.011,31 euros por el concurso de acreedores de Intereconomía, la cadena referente de la ultraderecha. Ariza retrasó la presentación del concurso de acreedores, lo que según el juez “llevó a la agravación de la situación de insolvencia”. El exdiputado autonómico del PP no podrá administrar bienes ajenos durante dos años, como parte de la condena. Aquí tienes más información sobre el desastre de gestión del imperio mediático de la ultraderecha.

Tenemos a otro exdiputado del PP que también podría haber protagonizado la sección 'entrepreneur': Javier Fernández-Lasquetty, que ha sido contratado, tras dejar la política, por la sicav de la multimillonaria y aristócrata Alicia Koplowitz. Con un patrimonio de casi 617 millones de euros, ni un céntimo invertido en deuda española, el instrumento inversor de Koplowitz cuenta con un exministro de José María Aznar como consejero y una exposición creciente a un polémico gigante minero que fichó como asesor al expresidente español. Aquí tienes más datos sobre la empresa que ha contratado a Javier Fernández-Lasquetty.

Bien público

elDiario.es, junto a un grupo de medios europeos como The Guardian o Libération, ha publicado una investigación de Voxeurop sobre cómo el lobby europeo del automóvil ha conseguido reducir el impacto de la normativa Euro 7, que estaba diseñada para reducir la contaminación de los coches. Según este trabajo de investigación, ante la presión de la industria del automóvil, que contó con la colaboración del comisario del Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, las exigencias de Euro 7 se relajaron tanto los límites de emisiones contaminantes como las normas de homologación. En estas informaciones te explicamos cómo la rebaja de la norma Euro 7 del automóvil puede costar 100.000 millones en daños a la salud y el medio ambiente y en esta información te contamos la intrahistoria de cómo los fabricantes de coches rebajaron los límites de emisiones.

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Un patrimonio de casi 617 millones de euros, ni un céntimo invertido en deuda española, un exministro de José María Aznar como consejero y una exposición creciente a un polémico gigante minero que fichó como asesor al expresidente español.

Son algunos rasgos de Morinvest, una de las mayores sicav de España, propiedad de la multimillonaria y aristócrata Alicia Koplowitz y Romero de Juseu, que ha sido noticia porque acaba de contratar como consejero a Javier Fernández-Lasquetty.

El que fuera consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre y responsable de Economía con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado ya su acta como diputado en la Asamblea de Madrid tras toda una vida en política para incorporarse al consejo de administración de Morinvest.

El antiguo pupilo de Esperanza Aguirre, militante del PP desde los 16 años, coincidirá en el máximo órgano de gestión de esa sicav de Koplowitz con el exministro José María Michavila, otro viejo conocido de Aznar. El propio Lasquetty, conocido por sus recetas ultraliberales como político, fue subdirector de Gabinete de Aznar hasta 2004 y después, secretario general en su fundación, la FAES. 

Por su parte, Michavila ejerce desde finales del año pasado como secretario y consejero de Morinvest. El exministro de Justicia, experto en derecho financiero, fue uno de los fundadores, en 2006, de Equipo Económico, el despacho que creó el exministro Cristóbal Montoro junto a otros antiguos cargos de Aznar, en el foco de varias investigaciones de Anticorrupción. Actualmente, Michavila dirige el family office MdF Family Partners y el despacho MA Abogados junto a su antiguo compañero de gabinete con Aznar Ángel Acebes. 

En el consejo de Morinvest, Michavila y Fernández-Lasquetty coincidirán con la propia Alicia Koplowitz, presidenta de la sicav, y con Alberto Cortina Koplowitz, hijo de la multimillonaria y de su exmarido, el empresario Alberto Cortina, histórico accionista de ACS y 50% de la pareja de primos conocida como 'Los Albertos'.

Un clásico

Morinvest es un clásico de las sicavs españolas. Se constituyó en enero de 1998. Ese año, la actual marquesa de Bellavista vendió por más de 800 millones de euros (al cambio actual) su 28,26% en FCC, la entonces primera constructora española, fundada por su padre, y de la que era vicepresidenta.

Morinvest pertenece a Omega Capital SL, el family office de Koplowitz. Esta empresa tenía a cierre de 2021 el 94,79% de la sicav, según sus cuentas de ese ejercicio, últimas disponibles en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Su último informe semestral, correspondiente al primer semestre de este año, refleja que a esa fecha Morinvest tenía invertidos buena parte de esos casi 617 millones, el 83,72% del total, fuera de España. “El patrimonio de la sociedad ha aumentado un 4,59% en el periodo”, destaca en su informe de gestión, en el que indica que “en cuanto a la deuda periférica europea, los temores ante el nuevo gobierno de Italia, encabezado por el partido de ultraderecha Hermanos de Italia, no se han materializado. Tampoco parecen haber influido muy negativamente las revueltas sociales en Francia, ni el adelanto de las elecciones en España, al amparo del instrumento de protección de transmisión (TPI) de la política monetaria del BCE”.

“Los próximos meses vendrán marcados por el nivel de resistencia que ofrezca la inflación subyacente a bajar y la consiguiente reacción de los bancos centrales ajustando la política monetaria con el claro objetivo de controlar los precios. Asimismo y como consecuencia de lo anterior, habrá que vigilar el ritmo de enfriamiento de las economías y el riesgo de un frenazo fuerte de la actividad, y los resultados y guías empresariales”.

Gestionada por BBVA, en junio Morinvest tenía, por primera vez desde 2019, cero euros invertidos en deuda española, frente a los 15,3 millones que tenía depositados en un bono a 3 meses en el segundo semestre de 2022 o los más de 64 millones de exposición que presentaba en la primera mitad del pasado ejercicio. Con ello liquidó sus posiciones en renta fija cotizada.

Hasta junio de 2023, el vehículo de Koplowitz había invertido en cerca de una veintena de compañías ligadas a la inteligencia artificial e incrementado su exposición a activos con baja calidad crediticia (inferior a BBB-), que ya suponían un 4,11% del patrimonio. También había aumentado su apuesta por compañías mineras como BHP o Barrick Gold, la compañía canadiense que en 2011 fichó como asesor a Aznar. 

Su inversión en esta empresa alcanzaba en junio 2,8 millones, pese a que, como reconoce la propia Morinvest, Barrick Gold, al igual que BHP, “se encuentra en el listado oficial establecido según la política de exclusiones de la gestora por no cumplir los estándares internacionales de Derechos Humanos y Laborales, el Pacto Mundial de Naciones Unidas y las directrices de la OCDE para empresas multinacionales”.

Entre las inversiones de Morinvest en cotizadas españolas, destaca con 15,9 millones Proeduca Altus SL, propietaria de la Universidad de la Rioja que en el pasado también fichó a varios excargos del PP. Esta empresa es su principal apuesta en renta variable, con el 2,58% de su cartera. Le siguen de lejos otros valores como Cellnex, FCC o Endesa.

En la eléctrica, de la que la multimillonaria es consejera independiente desde 2020, su sicav tenía invertidos a cierre de junio 4,32 millones. Fuera de España, las empresas con mayor peso eran Berkshire Hathaway (1,29%), Diageo (1,24%) y Apple (1,19%).

Patrimonio récord

Morinvest cerró la primera mitad de este ejercicio con un patrimonio récord, después de que Koplowitz reordenara hace meses sus sociedades de inversión, fusionándolas en torno a esta sociedad. Esto ha propiciado que en el último semestre el número de accionistas de esta sicav haya aumentado “un 90,97%”, hasta 296 partícipes, como destaca en su informe de gestión. No obstante, en ese documento reconoce que un solo accionista (presumiblemente, Omega Capital) “era propietario del 90,52% de las acciones de la sociedad con un volumen de inversión de 558.492.479,93 euros”.

Esta reordenación de las sicavs de Koplowitz ha llegado en un momento de cierre masivo de estos instrumentos en España, por los cambios normativos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de frenar el abuso de estos vehículos mediante los llamados inversores de paja o mariachis, en el argot del sector.

En paralelo a este proceso, el pasado 22 de septiembre se inscribió en Luxemburgo la liquidación voluntaria de OGF International, una sicav en el Gran Ducado en la que, como reveló elDiario.es, la multimillonaria comunicó en septiembre de 2021 una participación del 76,5%. Entonces Alicia Koplowitz era una de las grandes fortunas que tenía vehículos de este tipo allí, junto a otros conocidos nombres del empresariado español como los Ybarra o los Del Pino.

La ley 11/2021 estableció nuevas condiciones para que las sicavs siguieran tributando al 1% en el impuesto de sociedades, como que cada uno de sus al menos cien socios alcanzara una inversión mínima de 2.500 euros. Un requisito que Morinvest ya cumple.

Pese al endurecimiento de la normativa de estas sociedades, Koplowitz ha decidido mantener su sicav en España, a diferencia de otras grandes fortunas que han optado por disolverlas, trasladarlas a otros territorios como Luxemburgo, liquidarlas o convertirlas en sociedades anónimas.

La sicav de Koplowitz acaba de aliarse con JPMorgan, Pictet y BBVA Asset Management para crear un nuevo vehículo que pueda dar servicio a cualquier inversor, con independencia del tamaño de su patrimonio. Este movimiento, según Expansión, “supone una revolución en el mercado de las sicav en España” que va a permitir “popularizar” este instrumento tradicionalmente reservado a los grandes patrimonios. Ahora, lo hará de la mano de Lasquetty y Michavila.

Los contratos que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado desde finales de 2019 a Orbis, una inmobiliaria en la que participa, a través de una sociedad en Luxemburgo, la familia de Esperanza Aguirre, permitieron a esa empresa embolsarse rentas superiores a los alquileres medios que en ese momento existían en el mercado en esa zona de Madrid.

Así se recoge en dos informes internos de la Comunidad de Madrid a los que ha tenido acceso elDiario.es. El Gobierno de Ayuso, que inicialmente denegó estos documentos, ha remitido a este medio, tras una solicitud de información al amparo de la Ley de Transparencia, los informes de valoración que avalaron los tres contratos adjudicados a Orbis.

Los tres se resolvieron sin concurso público, por el procedimiento negociado sin publicidad, como acostumbra a hacer el Ejecutivo madrileño para alquilar los inmuebles que ocupa. Los informes de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Hacienda, entonces dirigida por un antiguo pupilo de Aguirre, Javier Fernández-Lasquetty, reflejan que había alquileres más baratos en esa zona.

El caso más llamativo es el del dictamen fechado el 13 de mayo de 2020. Con medio mundo confinado por la pandemia, miles de oficinas cerradas por el teletrabajo obligatorio y manifestaciones en el barrio de Salamanca de Madrid contra la gestión del Gobierno central de la COVID-19 y el estado de alarma, la Consejería de Familia decide alquilar más espacio en el inmueble, que ya ocupaba desde 2010 y había sido adquirido por Orbis en 2018 a su anterior propietaria, la inmobiliaria Colonial, que entonces todavía tenía entre sus principales accionistas al empresario Juan Miguel Villar Mir.

En pleno confinamiento, la consejería solicita “la contratación del arrendamiento del módulo B de la planta 4ª del edificio de la calle Agustín de Foxá nº 29”. La renta que se pacta, por un importe total antes de impuestos de 416.502,08 euros, tal y como refleja la resolución de adjudicación a Orbis Foxá 29 SL, filial de Orbis, es de 19,5 euros por m² al mes.

Según el informe, ese valor está “dentro de la horquilla de valores que arroja el mercado”, pero en la banda más alta: como indica el documento, “para oficinas en el complejo e inmediaciones”, la horquilla de precios en ese momento se situaba “entre 18,00 €/m²/mes de alquiler mínimo y 20,00 €/m²/mes de alquiler máximo, siendo 19,00 €/m²/mes el valor medio (valores sin IVA)”.

Los precios de las oficinas varían mucho en función de la ubicación y la calidad del activo. Esto, explican fuentes del sector inmobiliario, se ha agudizado con la pandemia, que ha afectado menos a los edificios más modernos y mejor ubicados. 

El de Orbis en Agustín de Foxá, ubicado frente a la estación de Chamartín, tiene casi 50 años (se construyó en 1975) y en las cuentas de su propietaria no constan inversiones para renovarlo desde su compra. Los documentos facilitados por la Comunidad de Madrid tampoco recogen ningún compromiso de inversión del arrendador para mejorar las instalaciones. 

“Necesidades de nuevo espacio”

La justificación para alquilar a Orbis esos 295,61 metros cuadrados de superficie adicional era “atender las necesidades de nuevo espacio que han sobrevenido a la Agencia Madrileña de Atención Social”, adscrita a la Consejería, cuya responsable entonces era María Dolores Dancausa, como Lasquetty, muy cercana a Aguirre.

Dancausa, al frente de esa consejería hasta hace unas semanas y actual secretaria de Servicios Sociales del comité Ejecutivo del PP, presidió la Asamblea de Madrid con Aguirre. En esos años la presidenta de la Comunidad colocó al marido de Dancausa, el economista Juan Oñate, como gerente de la Agencia Financiera de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, como director general de Arquitectura y Rehabilitación y gerente de la empresa pública de suelo Arpegio, investigada en la operación Púnica.

El informe del departamento de Fernández-Lasquetty de mayo de 2020 determinó que “la renta negociada con la propiedad es acorde a mercado” porque el local “es adecuado a los requerimientos técnicos, de superficie y ubicación” y “se ubica en el mismo inmueble que dependencias de la consejería” y la propia agencia.

Unos meses antes, en diciembre de 2019, la Consejería renovó el contrato de una parte del espacio alquilado, que estaba a punto de expirar: un local y un altillo en la entreplanta del inmueble, con 173,17 m² de superficie.

La entreplanta suponía algo más de la mitad de la renta que se pactó en el contrato, de cerca de 78.000 euros: 83,17 m² distribuidos en “una sala con baño y almacén que da apoyo administrativo a la Dirección general de la Dependencia ubicado sobre el hall de entrada al edificio con luces a la fachada principal”. 

En este caso, el alquiler pactado fue de 20 euros al mes por metro cuadrado, el valor más alto de la zona, según el propio informe, pese a que parte del espacio se destinaba a almacén: “Para oficinas en el complejo e inmediaciones”, la horquilla de precios “se sitúa entre 18,00 €/m²/mes de alquiler mínimo y 20,00 €/m²/mes de alquiler máximo, siendo 19 €/m²/mes el valor medio”, indica el documento.

En el caso del altillo colindante, se alquilaron 90 metros cuadrados de espacio “destinado a archivo compartimentado en cuatro salas que ocupa la parte sur de la planta”. La renta pactada fue de 17,59 €/m²/mes. En este caso el informe utiliza dos referencias de precios “para archivos almacenes”: en la “banda baja” estos, dice el documento, “se sitúan entre 6,33 €/m²/mes”, esto es, un 215% por debajo de lo pactado, “y 17,71 €/m²/mes de alquiler máximo, siendo 11,76 €/m²/mes el valor medio”.

En la “banda alta de precios”, que correspondería a los activos de más calidad, los precios “se sitúan entre 20,00 €/m²/mes de alquiler mínimo y 33,33 €/m²/mes de alquiler máximo, siendo 25,75 €/m²/mes el valor medio”, muy por encima de lo pactado.

El informe concluye que las rentas acordadas “se encuentran dentro de la horquilla de valores que arroja el mercado” y destaca “la singularidad del inmueble” por el hecho de albergar ya las dependencias de esa agencia madrileña.

Ubicado enfrente de uno de los pocos pasos elevados que todavía perduran en la capital, el edificio se alza, como explica el informe, “en zona periférica del casco urbano del municipio de Madrid, Distrito de Chamartín”. Es un inmueble de doce alturas y fachada acristalada a las afueras del distrito de negocios de la capital, conocido como CBD en la jerga del sector. Es una zona en un momento de transición, a la espera de que se desarrolle la futura operación Madrid Nuevo Norte, el mayor desarrollo inmobiliario de los próximos años en España, que incluirá el soterramiento de la estación. 

En diciembre de 2021 se adjudica el contrato que refundió todos los anteriores, por un importe de 2,8 millones. Tras la ampliación de espacio de 2020, comprendía un total de 2.242,44 m²: la entreplanta, el altillo destinado a archivo, las plantas 2ª, 3ª y 11ª y parte de la 4ª.

En este caso, el informe técnico del Servicio de Estudios e Informes Patrimoniales de la Comunidad de Madrid cifró la renta mensual a lo largo del contrato en 19,5 euros/m²/mes. Esta cifra no computa el periodo de carencia inicial de seis meses que se acordó. Implica una subida del 25% respecto a los 15,6 euros/m² pactados el 15 de noviembre de 2016 con Colonial.

Sin testigos

Tras una prospección de mercado en ese distrito, “mediante la consulta a varios medios del sector inmobiliario” y teniendo en cuenta “las ofertas de arrendamiento de oficinas comparables”, se estudiaron “quince ofertas de oficinas exteriores, ubicadas en edificio exclusivo, con ascensor y garaje”. No se encontraron “testigos de las dimensiones similares a la suma de los locales arrendados”, dice el informe. Solo había superficies disponibles de entre 600 y 1.835 m².

Este alquiler, según el informe, se firmó a precios inferiores a la media de la zona dado que “los valores de arrendamiento medios para la zona están en 20,10 €/m²/mes, aunque los testigos en el entorno del inmueble fluctúan entre 13,60 y 29,00 €/m²/mes. El valor más repetido o moda, es el 21 €/m²/mes”.

Sin embargo, según estimaciones de BNP, en ese momento el metro cuadrado de oficinas en esa zona de Madrid (que podría estimarse mediante una media entre los precios de la almendra central y los de la la zona periférica, mucho más barata) se situaba muy por debajo del precio pactado: en 17,1 euros/m².

Ese contrato no impidió que Orbis, una sociedad cotizada inmobiliaria (socimi), volviese a declarar pérdidas el pasado ejercicio. En 2022 se anotó números rojos récord de 15 millones. El motivo fue un deterioro contable de 12,5 millones en el valor de sus inversiones, tras determinar una tasación independiente una caída del valor de sus inmuebles del 3,4%, hasta 243,8 millones.

La empresa lleva en pérdidas desde que se creó en 2018. Gracias a ese contrato pudo paliar la desocupación del inmueble en un momento en el que todavía había una elevada incertidumbre en el mercado de oficinas por los efectos de la crisis sanitaria. Una salida de la Comunidad de Madrid habría dejado el edificio medio vacío: el espacio sin alquilar se habría disparado hasta rozar el 57%. Habría sido un duro golpe para la propietaria del inmueble, que ese año tuvo que refinanciar su deuda. 

Al quedarse la consejería de Dancausa como inquilina, el edificio cerró 2021 con el 25,3% de sus oficinas sin alquilar, frente al 11,5% de 2020 y el 4,1% previo a la pandemia. A cierre de 2022, ese porcentaje aún superaba el 20%, según las cuentas que ha publicado hace unas semanas.

Tras la adjudicación de ese contrato millonario, la empresa de la familia Aguirre empezó a facturar por primera vez desde su creación en 2008. Su entrada en el accionariado de la socimi se hizo oficial en el Registro de Luxemburgo en noviembre de 2020. Participa a través de La Granjilla de la Fresneda, SL, que es uno de los socios de la luxemburguesa EPISO 4 Rebound Holding, dueña de Orbis, empresa cuya sede está en Madrid aunque cotiza en París desde 2020.

La empresa de los Aguirre controla los títulos de clase B1 de esa instrumental, 2.880 acciones. Estuvo aparentemente inactiva hasta 2020. Meses después de que la Comunidad de Madrid adjudicase los dos primeros contratos a Orbis, se convirtió en su accionista tras una ampliación de capital de 200.000 euros que figura en sus cuentas en la partida de inversiones a largo plazo de 2020.

En 2021, esta partida, cuyos activos la empresa de los Aguirre no detalla, se triplicó hasta 610.117 euros y en 2022 superaba el millón. La Granjilla de la Fresneda es, además, prestamista de la dueña de Orbis, que a cierre de 2022 le debía 261.447,6 euros a través de un préstamo a largo plazo, según las cuentas de ese ejercicio que acaba de depositar en Luxemburgo.

La empresa de los Aguirre se dedica, en teoría y según su objeto social, a “la explotación de uso de la finca denominada La Granjilla” en El Escorial (Madrid), perteneciente a Aguirre y su familia y donde está domiciliada. Sin empleados, su administrador desde su creación en 2008 es el consultor inmobiliario Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta madrileña y presidente en España de la consultora Savills, que también figura como accionista de Orbis. Como apoderada aparece otra hermana, Piedad. Esperanza Aguirre negó hace unos días en twitter que ella sea la dueña de esa empresa.

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El ideólogo económico ultraliberal de Isabel Díaz Ayuso durante los últimos cuatro años, Javier Fernández-Lasquetty, no repetirá en el nuevo gobierno de mayoría absoluta. Una salida que desde el equipo de la presidenta autonómica atribuyen a una “decisión personal” y que Lasquetty ha enmarcado en el deseo de “abandonar la política”. En su regreso a la Puerta del Sol en agosto de 2019, donde llegó por primera vez de la mano de Esperanza Aguirre hace 16 años, tuvo mucho que ver con el exlíder del PP Pablo Casado, quien se lo trajo de Guatemala unos meses antes como jefe de gabinete. Lasquetty llegaba al Gobierno de Madrid como uno de los hombres de aquella cúpula Génova de la que poco queda ya. Pero en la posterior guerra entre Ayuso y Casado, el aún consejero se decantó por el bando de la presidenta.

A pesar de su llegada al gabinete regional como mano derecha de Casado, Lasquetty logró escalar posiciones en el seno del Ejecutivo regional hasta convertirse en una de las cabezas del proyecto de Ayuso. Si Miguel Ángel Rodríguez ponía la estrategia comunicativa, era Lasquetty junto con Enrique Ossorio –que también abandona el gobierno para ser presidente de la Asamblea de Madrid– quienes lideraban el proyecto ideológico de Ayuso, con la rebaja de impuestos como bandera principal del gobierno. Lasquetty es uno de los firmes defensores de la llamada teoría de la curva de Laffer, que ha hecho fortuna en el pensamiento neocon, que defiende que la rebaja de impuestos se traduce en aumento de recaudación. Lejos de cumplirse, la deuda del Gobierno regional no ha dejado de aumentar.

Aunque Lasquetty ha explicado este lunes su salida del Gobierno regional como un deseo de abandonar definitivamente la política, su despedida de la vida pública va a ser paulatina. El aún consejero tomará posesión este martes de su acta de diputado y no pone fecha aún a su salida definitiva, aunque ya ha avanzado que en sus planes no entra agotar la legislatura. Pero antes de abandonar del todo el Gobierno, Ayuso le ha preparado una salida con honores, ya que hasta el 26 de junio que se constituya el nuevo gabinete, asumirá las funciones de Ossorio como consejero de Educación y Universidades y las de Enrique López –que también se va del gobierno el 14– como titular de Presidencia. Lasquetty será por un breve periodo de tiempo, el consejero que asuma más poder en la historia de la Comunidad de Madrid.

Su legado en el Gobierno regional pasa por contribuir aún más a la rebaja generalizada del tramo autonómico del IRFP, que acaba beneficiando a los que más ganan. Las rebajas fiscales en la Comunidad de Madrid, especialmente a las grandes fortunas, comenzaron a implantarse con Esperanza Aguirre, en 2002, continuaron con Ignacio González y se intensificaron con Cristina Cifuentes, hasta que tuvo que abandonar el Gobierno por su máster falso en abril de 2018. Tras las elecciones del 4 de mayo de 2021, Lasquetty culminó una nueva rebaja de medio punto en el impuesto de las personas físicas que ha llevado a Madrid a ser la región con el tramo autonómico del IRPF más bajo de España (8,5%).

La salida de Lasquetty va a ser sin duda una buena noticia para los sanitarios en Madrid, que por segunda vez en la última década se han tropezado con sus deseos de recortar en el servicio madrileño de salud. El titular de Economía y Hacienda lo fue antes de Sanidad con Esperanza Aguirre e Ignacio González. Un puesto del que dimitió después de que la Justicia tumbase su plan de privatización. Su regreso al Gobierno regional ahora con Ayuso, ha supuesto estos cuatro años otro quebradero de cabeza para los sanitarios, que atribuyen a Lasquetty las decisiones de en la práctica congelar el presupuesto para Sanidad. En la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria, los facultativos llegaron a pedir que se sentase en las mesas de negociaciones, pero eso nunca se produjo.

Su plan privatizador de la Sanidad

Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, trabajó con Aznar en su gabinete en la Moncloa. Cuando este salió del Gobierno, Lasquetty fue secretario general de la FAES de Aznar, el think tank desde el que se cocinaban los planteamientos ideológicos más neoliberales del PP. Tras ejercer durante tres años –entre 2004 y 2007– como diputado del PP en el Congreso, Aguirre le fichó para su Gobierno de la Comunidad de Madrid primero como consejero de Inmigración donde mantuvo un perfil bajo y, después, en la cartera de Sanidad, donde ensayó la puesta en marcha de su ideario más reaccionario. 

Suyo fue el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid de 2012 que, en la práctica, implicó la privatización de seis hospitales, decenas de centros de salud y cualquier actividad que no fuera estrictamente sanitaria en el sistema de salud madrileño. “Cuantos más licitantes haya, mejor, porque más ahorraremos”, señalaba Lasquetty cuando presentó su proyecto estrella.

Bajo su mandato, los quirófanos dejaron de funcionar por las tardes y se superó el límite legal de espera quirúrgica de 30 días. Para justificarse le echó la culpa a una huelga que había calificado de escasa en seguimiento. Defendió un plan que trasvasaba cada vez más fondos públicos a las arcas de unas cuantas firmas en aras de la eficiencia, mientras dentro de los hospitales, y sobre todo en la calle, crecía una oposición cada vez más generalizada. Finalmente, dimitió cuando Ignacio González decidió frenar sus planes privatizadores.

Su labor ultraliberal en el Ejecutivo autonómico impulsó el movimiento de respuesta contra la privatización de la sanidad madrileña en el que se convirtió la Marea Blanca, que promulgó decenas de manifestaciones multitudinarias en Madrid en favor del sistema público. Los recursos judiciales presentados por este movimiento impidieron a Lasquetty llevar su plan privatizador a su último término. En enero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendió cautelarmente el proceso de privatización y, en consecuencia, Lasquetty acabó dimitiendo de su cargo en un momento en el que al frente del Gobierno madrileño estaba ya el sucesor de Aguirre, Ignacio González, imputado como principal acusado en el caso Lezo.

Tras defender desde la Consejería de Sanidad de forma vehemente que la privatización suponía un ahorro para las arcas públicas, años después el informe de fiscalización del gasto sanitario y farmacéutico en la Comunidad de Madrid realizado por la Cámara de Cuentas –revelado por eldiario.es– demostró que no existían pruebas de ese ahorro. “Se desconoce en base a qué criterios tomaron estas decisiones, ni el supuesto ahorro o mejora en la prestación de la asistencia sanitaria que se habría podido obtener”, apuntó el texto.

Meses después de dimitir, en 2015 Lasquetty anunció que dejaba la política para ser vicerrector en la universidad Francisco Marroquín, en Guatemala, donde el libre mercado es un dogma. Estando allí, el Tribunal Constitucional avaló la legalidad de su plan privatizador en Madrid.

En 2018 regresó a Madrid para unirse al equipo de Casado, y de ahí saltó de nuevo al gabinete de la Comunidad de Madrid con Ayuso, una imposición del expresidente del PP. Cuando Lasquetty llegó a la Puerta del Sol no tenía en gran consideración a la presidenta regional que peores resultados había cosechado para el PP de Madrid en 2019. Pero eso cambió poco después, cuando el perfil populista de la lideresa del PP de Madrid comenzó a impresionarle. “La aplauden más que a Esperanza Aguirre”, decía. Eso no ha impedido que vaya a poner punto y final a ese tandem ahora que Ayuso va a comenzar una nueva etapa con mayoría absoluta, pendiente de lo que pase en las generales del 23 de julio.

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La Comunidad de Madrid contrató a finales de 2021 por 2,8 millones de euros a una inmobiliaria en la que participa la familia de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, mentora política de Isabel Díaz Ayuso. La empresa es el casero de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, que dirige Concepción Dancausa.

Según el portal de contratos de la Comunidad de Madrid, el 30 de diciembre de 2021 la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que dirige otro antiguo pupilo de Aguirre, Javier Fernández-Lasquetty, autorizó el arrendamiento del local A (entreplanta y altillo) y de las plantas 2ª, 3ª, 4ª y 11ª del edificio de la calle Agustín de Foxá 29 de Madrid por un importe de 2.859.671,53 euros, más IVA.

El contrato fue adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad a Orbis Foxá 29, SLU, perteneciente a Orbis Properties, una sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) radicada en Madrid en la que participa la familia de Aguirre a través de una sociedad en Luxemburgo.

Según el Registro del Gran Ducado, la mercantil La Granjilla de la Fresneda, SL, domiciliada en la finca La Granjilla de la familia Aguirre en El Escorial (Madrid), es uno de los socios de EPISO 4 Rebound Holding, dueña de Orbis Properties Socimi. Controla la totalidad de los títulos de clase B1, 2.880 acciones, de esa instrumental.

La empresa de los Aguirre tiene como objeto social, según sus cuentas, “la explotación de uso de la finca denominada La Granjilla”, perteneciente a la expresidenta y su familia, cuya vinculación con esta propiedad de recreo mandada construir por Felipe II en las inmediaciones de El Escorial (Madrid) es conocida.

Sin ir más lejos, el pasado 22 de abril, en vísperas de la exhumación de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos (en el término de San Lorenzo de El Escorial), a Aguirre, de 71 años, se la pudo ver al volante de un vehículo merodeando por el municipio de Galapagar, preguntando a los lugareños cómo llegar hasta el vecino El Escorial.

Seis días después, el 28 de abril, los socios de la propietaria de la socimi, entre ellos, la sociedad de los Aguirre, acordaron en una asamblea extraordinaria cambiar sus estatutos y renovar el consejo de administración de su instrumental luxemburguesa. Nombraron por tiempo indefinido a una ciudadana rusa, Ana Schmitt, como administradora.

Inactiva hasta 2020

Sin empleados, La Granjilla de la Fresneda SL tiene como administrador desde su creación en 2008 al empresario y consultor inmobiliario Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta. Como apoderada figura su hermana Piedad. La empresa estuvo aparentemente inactiva hasta 2020.

Pero ese año, meses después de que la Comunidad de Madrid adjudicase (de nuevo, sin concurso público) dos contratos a Orbis por importe de cerca de medio millón de euros (en diciembre de 2019 y en junio de 2020), La Granjilla de la Fresneda SL se convirtió en accionista de la dueña de la socimi. Su entrada en el capital de la matriz luxemburguesa se produjo el 24 de noviembre de 2020, dos meses después de aprobar en España una ampliación de 200.000 euros que fue directa a la partida de “inversiones financieras a largo plazo”, según se desprende de sus cuentas de 2020, disponibles a través de Insight View.

En 2021, esta partida, cuyos activos la empresa de los Aguirre no detalla, se triplicó y alcanzaba 610.117 euros. La Granjilla de la Fresneda es, además de accionista minoritario, prestamista de la dueña de Orbis Properties. A cierre de 2021, esa instrumental de Luxemburgo tenía contraído con la sociedad de los Aguirre un préstamo a largo plazo de 259.209 euros que ese año devengó unos 8.000 euros en intereses, según sus cuentas de ese ejercicio.

Junto a La Granjilla de la Fresneda SL, en la dueña de Orbis figuran otros dos socios. El mayor accionista es otra entidad luxemburguesa, EPISO 4 Luxembourg Holding Sarl, con 1.185.000 acciones tipo A. El rastro de esta instrumental lleva hasta la británica European Property Investors Special Opportunities 4 LP. Tras ella hay fondos de pensiones de Estados Unidos y firmas como Arango Investment Fund (en Vaduz, Liechtenstein), según el Registro de Reino Unido.

El otro socio es la firma de Reino Unido Savills IM Investment Limited propietaria de otros 11.520 títulos de clase B2, y filial de la consultora inmobiliaria Savills, cuya división en España preside Santiago Aguirre. El empresario vendió en 2018 su antigua consultora, Aguirre Newman, a esa firma de origen británico. Ingresó junto a su socio, Stephen Newman, 67 millones de euros. Aguirre se asoció con Allen Sanginés-Krause, el millonario mexicano que pagó gastos opacos de Juan Carlos I que llegó a investigar la Fiscalía.

elDiario.es contactó con Savills y con un portavoz de Santiago Aguirre para precisar su participación en Orbis Properties y el detalle de los socios de La Granjilla de la Fresneda SL. La consultora y el empresario han declinado hacer comentarios. La socimi tampoco ha atendido una consulta de este medio.

Cotizada en París

El contrato con Orbis, uno de los de mayor importe que ha firmado la Comunidad de Madrid como inquilina durante el mandato de Ayuso, comprende el alquiler de 2.242,44 metros cuadrados del edificio de Agustín de Foxá 29. La consejería ocupa este inmueble desde 2010 y también tiene oficinas en el número 31. En la resolución de adjudicación se explica que ya era arrendataria de algunos de esos locales en virtud de un contrato adjudicado en diciembre de 2016. Entonces el edificio pertenecía a la inmobiliaria Colonial, en la que participaba el empresario Juan Miguel Villar Mir.

A ese contrato se sumó otro el 30 de diciembre de 2019, cuando el inmueble ya era de Orbis, para el local A de entreplanta y altillo, y otro en junio de 2020 para el módulo B de la Planta 4ª. “Algunos de esos contratos finalizaban el 31 de diciembre de 2021, y con el objeto también de unificar en un solo documento todos los contratos actuales”, las partes decidieron firmar este nuevo contrato. Este entró en vigor el 1 de enero de 2022 y tiene una duración inicial “de obligado cumplimiento” de cinco años, hasta el 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de prorrogarlo hasta 2028.

La renta mensual pactada es de 43.727,58 euros, más IVA, hasta el tercer año, con una carencia del 100% en los seis primeros meses; el cuarto y quinto año de vigencia, subirá a 44.288,19 euros mensuales, y el sexto y séptimo año, a 44.848,8 euros. De ello resulta un precio del metro cuadrado de unos 18 euros, contando esos seis meses de gracia. El contrato especifica que los servicios y gastos generales del inmueble serán gestionados, contratados y satisfechos directamente por la Comunidad de Madrid.

El contrato se firmó en un momento de elevada incertidumbre en el mercado de oficinas por el auge del teletrabajo a causa de la pandemia, con las rentas a la baja y la ocupación al alza, en el entorno del 9,75% en 2022, según datos de Savills. A la pregunta de por qué no se abrió un concurso nuevo, la Consejería de Economía indica que “los contratos de arrendamiento no se rigen por la Ley de Contratos. Es un contrato patrimonial, se puede adjudicar de manera directa como se informa y justifica en el propio contrato”.

Es el procedimiento que suele utilizar la Comunidad de Madrid para alquilar sus oficinas, aunque nada impide a la Administración abrir el proceso a varias empresas en un concurso público. La resolución que dio publicidad al contrato, que firmó Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Baillière, director general de Patrimonio y Contratación de la Comunidad de Madrid y secretario General del PP de Chamberí, indica que la Ley de Patrimonio madrileña “permite la contratación directa” en atención a la “singularidad del bien o derecho que se pretenda adquirir”.

En este caso “viene determinada por encontrarse la Comunidad de Madrid ya implantada en el mismo espacio, no considerándose la alternativa de arrendar otro local de características similares”.

“No se considera que la alternativa de arrendar otro local de características similares produzca a día de hoy ventajas económicas y prácticas que la hagan deseable para la Administración ya que no se encuentran inmuebles similares con rentas suficientemente bajas para que compensen los costes de la inversión para la implantación, mudanza y duplicidad temporal de alquileres durante la fase de proyecto, legalización y obras”, argumentó la Comunidad.

Orbis Properties Socimi se constituyó en julio de 2018 y se acogió al régimen socimi en septiembre de ese año. En lugar de cotizar en España (es imprescindible salir a Bolsa para disfrutar de las ventajas fiscales de estos vehículos de inversión), eligió Francia, un camino similar al de otras como Montepino, socimi participada por Bankinter, cuya primera ejecutiva es Dolores Dancausa, hermana de la consejera madrileña de Familia. El pasado viernes, Montepino anunció que ha recibido 'luz verde' para comenzar a cotizar en el Euronext Access de París.

Lo mismo que hizo en su momento Orbis, cuya salida al parqué pasó completamente desapercibida. La socimi adoptó su actual denominación en pleno confinamiento, el 26 de marzo de 2020, y empezó a cotizar en Euronext el 30 de julio de 2020 a un precio de 13,6 euros por acción. Como explica en sus cuentas, todos sus ingresos proceden “de inversiones inmobiliarias en régimen de alquiler localizadas en la Comunidad de Madrid”. Según su web, tiene cinco edificios de oficinas con 72.289 metros cuadrados de superficie en el parque empresarial Cristalia, Campo de las Naciones, Alcobendas, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena y en Agustín de Foxa, 29.

Este último lo adquirió por 29,5 millones y se ubica en el eje del futuro Distrito Castellana Norte, frente a la estación de tren de Chamartín, una localización “muy buena para compañías de tamaño mediano”, dice Orbis en su web. Alberga unidades administrativas de la consejería de Dancausa y de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

Este organismo autónomo ofrece “servicios sociales especializados a los colectivos de especial vulnerabilidad”, según la web del gobierno regional, y gestiona residencias para la tercera edad, centros de día de mayores, centros para personas con discapacidad intelectual, comedores sociales o residencias maternales.

La socimi Orbis tenía valorados sus inmuebles en 246 millones en 2021. Sin empleados, como suele ocurrir en este sector, en ese ejercicio (último del que ha presentado cuentas) facturó 12,76 millones, un 8,2% menos, “debido al reconocimiento de diferentes periodos de gracia con inquilinos nuevos o existentes a causa del impacto de la Covid-19, y el impacto del gradual incremento del trabajo remoto en aquellos clientes cuya actividad lo permite”. El bajón de facturación fue del 17% comparado con los 15,35 millones de 2019.

La socimi nunca ha dado beneficios. Desde su creación hasta 2021, acumula números rojos de más de 28,7 millones. En 2021 las pérdidas fueron de 2,96 millones, en 2020, de otros 8,13 millones. Foxa 29, la dueña del inmueble que aloja a la consejería de Dancausa, fue una de las dos sociedades de Orbis que sí dio beneficios en 2021. Esto le permitió repartir dividendos a su matriz, explica en sus cuentas.

En ellas indicaba que, a causa de la pandemia “y el descenso de las rentas actuales y esperadas”, algunas de sus filiales “podrían experimentar tensiones de liquidez en los próximos meses”, aunque tenía el apoyo de sus accionistas para hacerles frente. Con una deuda bancaria de más de 146 millones, en 2021 Orbis acordó con sus acreedores, Caixabank y Deutsche Pfandbriefbank AG, un periodo de gracia de dos años para amortizar el principal de la deuda a costa de subir la parte a tipo fijo al 2%, medio punto más, hasta el 30 de julio de este año.

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La paz entre los sanitarios y el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha sido breve. Los sindicatos han retomado las protestas y han convocado tres jornadas de huelga en todo el servicio madrileño de salud de atención hospitalaria, primaria y SUMMA 112 para los días 19 de abril y 8 y 26 de mayo –la última, dos días antes de las elecciones–. Las movilizaciones de los profesionales se reanudaron esta semana después de que el consejero de Hacienda y Economía, Javier Fernández-Lasquetty, incendiara a todo el sector sanitario con unas declaraciones ofensivas al desmentir que el Gobierno regional vaya a devolver la jornada semanal de 35 horas a los facultativos como se había comprometido a estudiar la Consejería de Sanidad con la mesa sectorial y el comité de huelga de los hospitales. A las protestas se sumaban a final de semana el resto de empleados públicos de la administración regional.

“Es una reivindicación en la que llevan muchos años, mientras todo el resto de la gente trabaja 40 horas a ellos les parece que es mucho trabajar 37 y media. Teniendo su plaza de por vida, cosa que no tienen el resto de los trabajadores, creen que, a diferencia del resto de los trabajadores, deberían trabajar 5 horas menos”, decía Lasquetty el pasado martes sobre la vuelta a la jornada de 35 horas para los empleados del sector público a la que se puso fin en 2012 por la crisis económica en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, todas las comunidades han recuperado esa jornada a excepción de Madrid y Galicia, ambas gobernadas por el PP, y también Catalunya, todas ellas aún con la jornada laboral de 37 horas y media.

Las palabras del consejero levantaron ampollas en todo el sector por su tono despectivo, que obvia además el hecho de que en Madrid acucia la temporalidad y la precariedad laboral entre los profesionales de la sanidad pública. Pero también por la cerrazón a estudiar una medida que consideran justa y a la que se comprometió la Consejería de Sanidad.

Si a principios de semana eran los sanitarios de hospitales los que se levantaban en armas ante estas palabras que les afectan especialmente porque se les acaba descontando estas horas de sus horas de guardia, la indignación se ha extendido por el resto de categorías y áreas sanitarias y también al conjunto de los empleados públicos que incluye a trabajadores de justicia o de residencias. Todos juntos protestaron este jueves frente a la Consejería de Hacienda reclamando esa vuelta a la jornada de 35 horas. Los sindicatos amenazaron incluso con una huelga general de todo el personal de la administración regional.

“Desde Comisiones Obreras hemos exigido que retire esas palabras ofensivas que vuelven a poner en tela de juicio la profesionalidad de todos los empleados públicos que además se dejaron la vida en los momentos más difíciles de la pandemia. Fallecieron defendiendo el servicio público”, exige Mariano Martín Maestro, portavoz del área pública de CCOO Madrid. “Pedimos que el Gobierno se siente en la mesa negociadora y que nos devuelvan un derecho que nos fue arrebatado por el PP y que genera desigualdad con el resto de comunidades autónomas que ya han recuperado esa jornada laboral”, añade en conversación con esta redacción. Martín Maestro incide además en que no se entiende la postura del Gobierno de Madrid siendo la región más rica del país.

También Amyts –el sindicato mayoritario de médicos– trasladaba este viernes a la Consejería de Sanidad el “profundo malestar” que han causado entre los profesionales las “desafortunadas” declaraciones de Lasquetty. “Están enfadando mucho a los profesionales médicos”, explicaba la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández. El sindicato también mantiene la jornada de paros prevista para el miércoles 19 de abril. En el acuerdo firmado el 21 de marzo con el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, recuerdan, se contemplaba esta cuestión, aunque se especificaba que “la implantación de la jornada de 35 horas” no dependía tanto de Sanidad como de la mesa general de Función Pública, dependiente de Hacienda.

Una medida del Gobierno del PP de Rajoy

La reivindicación viene de lejos. Todo empieza en 2012 con el Gobierno de Mariano Rajoy, que puso fin a la jornada semanal de 35 horas entre el funcionariado como parte de las medidas para ajustar el gasto público en plena crisis económica, y estableció un mínimo de 37,5 horas semanales para todo el personal de las administraciones públicas. En 2018, el Gobierno central recuperó la jornada de las 35 horas para sus funcionarios como también han ido haciendo otras comunidades autónomas una vez han ido cumpliendo con la regla de gasto. La última autonomía en volver a la jornada laboral previa a 2012 ha sido Castilla y León hace apenas dos días. Faltan por hacerlo Madrid, Galicia y Catalunya.

Ante la indignación generalizada, el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, trataba este miércoles de matizar las palabras de su compañero de gabinete. “Es un tema de gran transcendencia para estudiar en profundidad”, dijo Ossorio al ser preguntado. La medida, explicó, puede afectar a los 180.000 empleados públicos porque la vuelta a esa jornada de 35 horas “no solo afecta al personal sanitario”. “Hay que estudiar y ver el alcance que tiene una medida de esa naturaleza”, añadió.

Mientras tanto, Ayuso ha vuelto a ser diana esta semana de los abucheos de sanitarios en su gira por varios hospitales para vender las bondades de la sanidad pública madrileña. Hace dos semanas, cuando la Consejería de Sanidad firmaba el fin de la huelga de casi cuatro meses con los médicos de atención primaria, la presidenta madrileña sacó pecho de buena gestión. En la Puerta del Sol existía una preocupación creciente por que el conflicto sanitario acabase afectando al resultado electoral de la dirigente del PP, sobre todo desde la gran manifestación del 12 de febrero en favor de la sanidad pública, una de las más multitudinarias que se recuerdan en Madrid en los últimos años.

El deterioro de la imagen de Ayuso en esta cuestión, que la oposición estaba rentabilizando, precipitó el acuerdo y el Gobierno regional accedió a pagar un complemento de 450 euros a todos los médicos de familia y pediatras en sustitución de otro complemento similar que no estaban cobrando todos los facultativos, entre otras medidas. El Gobierno regional lograba así apaciguar a los médicos pero solo dos semanas después, el ambiente vuelve a estar caldeado entre los sanitarios que de nuevo se sienten menospreciados por el Gobierno regional.

Las declaraciones de Lasquetty –exconsejero de Sanidad que tuvo que dimitir después de que la Justicia tumbase su plan de privatización– han vuelto a generar un malestar generalizado entre los sanitarios, pero no solo. Las protestas ya se han extendido a otros empleados públicos que viven como un agravio una medida que se tomó en el peor momento de la crisis económica, pero que ya ha sido revertida en la mayoría de autonomías.

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El Tribunal Supremo estudia este miércoles la condena de cárcel impuesta a una ex alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que en 2013 troceó un contrato público de obras para poder adjudicarlo más rápidamente y sin tener que sacarlo a concurso. La sala de lo penal analiza los recursos de esta funcionaria contra su condena de 19 meses de prisión por saltarse los procesos de contratación y trocear ilegalmente un contrato para hacer obras en un centro de salud de Madrid cuando Ignacio González era el presidente de la Comunidad de Madrid y Javier Fernández-Lasquetty, actual consejero del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, era el responsable de Sanidad.

Los hechos, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, tuvieron lugar en 2013 cuando la condenada Beatriz G.M. era jefa de área de Asuntos Generales en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Recibió el encargo de sus superiores de rehabilitar y acondicionar tanto un centro de salud de Ríos Rosas como un centro de especialidades cercano a la Puerta de Toledo.

Las obras en este segundo centro de salud tenían que ir rápido, según le dijeron sus jefes, pero los tres presupuestos que recibió eran ampliamente superiores a los 50.000 euros y, por tanto, había que sacarlo a concurso y no se podía adjudicar a dedo y de una manera más rápida. Fue entonces cuando decidió fraccionar el contrato y que una empresa hiciera las obras de Puerta de Toledo por 49.000 euros y que otra empresa del mismo grupo cobrara los 24.000 euros restantes imputados a las obras del edificio de Ríos Rosas que, en realidad, había hecho otra empresa completamente distinta.

Los hechos fueron destapados medio año después por el diario El Mundo y la jefa de Asuntos Generales fue destituida poco antes de que fuera la propia Comunidad de Madrid la que denunciase los hechos ante la Fiscalía. Desde entonces, en un proceso judicial que se ha dilatado casi una década en el tiempo, la administración regional ha ejercido la acusación particular y llegó a pedir una condena de tres años de cárcel para su extrabajadora. La Fiscalía, que también ha impulsado la acusación pública en este caso, también pidió esa condena por falsedad documental.

La sala de lo penal del Tribunal Supremo estudiará este miércoles las condenas que la Audiencia Provincial de Madrid impuso tanto a la alto cargo de Sanidad como al empresario que cobró el dinero: un año y siete meses de prisión para ella y cuatro meses de prisión para él, además de sendas multas de 1.200 euros y 2.400 euros, respectivamente. En el caso de la funcionaria, su condena también implica un año y un mes de inhabilitación para tener un trabajo en la administración pública.

El caso está ahora en manos de la sala de lo penal. Según explican a elDiario.es fuentes conocedoras del proceso, los dos condenados han recurrido la sentencia, en el caso de la funcionaria poniendo el acento de su recurso en combatir su condena de inhabilitación. Tanto la Fiscalía como la Comunidad de Madrid han rechazado presentar sus propios recursos para pedir condenas más altas pero sí han impugnado los de las defensas, solicitando por tanto que las penas sean declaradas firmes.

“No daba tiempo”

La sentencia de la Audiencia de Madrid que analizará este miércoles el Supremo refleja cómo la condenada explicó que, según su versión, lo que llevó a trocear el pago fue buscar una mayor celeridad que le habían exigido sus superiores en la Consejería de la Comunidad de Madrid. “Su jefa le plantea que tienen que realizar con mucha premura las obras en el edificio de la calle Ronda de Segovia y el acondicionamiento del de la calle Espronceda porque tenían que trasladar a los mismos a personal que estaba trabajando en otros inmuebles alquilados que iban a desocuparse”, relató.

Según su versión exculpatoria, reconoció que las obras eran complejas y había que instalar a un centenar de trabajadores y que “ciertamente habría necesitado un proceso de licitación con proyecto de obra y ejecución que no daba tiempo a hacer”. Algunos de estos responsables de su departamento comparecieron en el juicio para explicar que “no habría pasado nada” si el proceso se hubiera tenido que retrasar y desvinculando a la Consejería del fraccionamiento de la factura.

La Audiencia de Madrid no llegó a la misma conclusión y entendió que la factura y el proceso público de contratación se habían puesto en marcha de manera irregular para evitar controles. Hacer una licitación pública como la que requerían esos presupuestos superiores a 50.000 euros habría requerido, dijeron los jueces, “un tiempo superior a aquel que le habían indicado sus superiores” y optó por pactar con una empresa, Bárcenas Rehabilitación, que se quedaría las obras del edificio de Espronceda “si presentaba dos facturas diferentes”. La factura de 49.000 euros fue a una subcontrata, Princesa Cuve, y la de menor importe a Gesvisa, del mismo grupo empresarial.

Esa segunda factura por las obras del otro edificio no se correspondían con la realidad: “El acondicionamiento de dicho inmueble lo había efectuado Elsamex que era la empresa que tenía adjudicado el mantenimiento de los edificios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid”, explica la sentencia. Los jueces reconocieron que “debieron tener una importante intervención” tanto el comercial de Bárcenas Rehabilitación como también el jefe de mantenimiento de Elsamex pero “es evidente que la decisión final y quienes asumen la responsabilidad de la misma es de los dos acusados”.

Los jueces reconocieron que es posible que la condenada no tuviera conocimientos técnicos sobre las obras pero “sí conoce, por su formación, perfectamente los procedimientos administrativos que de acuerdo con la norma deben efectuarse”, Y lo que hizo “para lograr efectuar las obras en el tiempo que le habían indicado” fue “evitar el procedimiento adecuado, incumpliendo las normas”, según la Audiencia de Madrid

El PP de Pablo Casado ha decidido poner ya en marcha su estrategia para recuperar a los votantes de Vox una semana después de que la división de la derecha quedara reflejada en las urnas en Andalucía, donde los populares perdieron más de 300.000 votos aunque podrían gobernar la Junta con el apoyo de Ciudadanos y la extrema derecha, que irrumpió en el parlamento autonómico con 12 escaños.

El plan de Génova pasa por asumir gran parte del ideario del partido que preside Santiago Abascal, pero también por arrinconarle del debate político apartándole, por ejemplo, de las negociaciones en Andalucía. El objetivo es evitar que la publicidad a Vox pueda provocar el divorcio de más votantes de las siglas del Partido Popular y que estos opten por la formación de extrema derecha en próximas citas electorales. 

A pesar de necesitar el apoyo o la abstención de Vox para que Juanma Moreno sea presidente, la dirección del PP ha decidido ignorar, por el momento, a la formación de extrema derecha y considera a Ciudadanos como el único interlocutor válido con el que ya se están produciendo las negociaciones para formar la nueva Junta que, por primera vez en la historia, no estaría gobernada por el PSOE.

La de arrinconar a Vox es una estrategia a la que ya apuntaron la semana pasada barones territoriales como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que en la celebración del 40 aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados trataron en todo momento de restar importancia a la irrupción de la formación de Abascal en Andalucía y rechazaron “lecciones” sobre cómo ser de derechas por parte de dirigentes de Vox.

Fuentes del equipo de Casado explican que el secretario general de los populares, Teodoro García Egea y el de Ciudadanos, José Manuel Villegas, hablan “continuamente” por teléfono y que este martes ambos acudirán a la reunión prevista en Sevilla por ambos partidos a la que también asistirán los respectivos candidatos autonómicos. Génova insiste en que tienen “buenas sensaciones” sobre las negociaciones con el partido de Rivera y que Casado es “muy optimista” respecto a la posibilidad de lograr un pacto “pronto”.

Las fuentes de la dirección nacional del PP no quieren, en cambio, ni hablar de unas supuestas negociaciones con Vox. A la pregunta expresa sobre si Casado está hablando con Abascal o si algún dirigente popular está en contacto con la formación de extrema derecha, Génova no contesta ni sí ni no. La alianza, insisten, debe ser con Ciudadanos.

El mensaje que desde la dirección popular se quiere transmitir con este juego es doble: por un lado, que el PP es el partido en el que pueden sentirse cómodos incluso los votantes más radicales de Vox y, por otro, que el de los populares garantiza la moderación por pactar con el partido de Rivera, que Casado considera de “centro izquierda”.

Votar “con entusiasmo”

La dirección del PP mantiene el blanqueamiento de Vox. Este lunes la vicesecretaria de Comunicación, Marta González, criticaba que haya quien pone “énfasis” en la “inconstitucionalidad” de esa formación cuando se apoya en otras fuerzas políticas –en alusión a Podemos– cuya “constitucionalidad también habría que poner en cuestión”. “Quienes deciden si un partido es constitucional o no son los jueces”, zanjaba. 

El nuevo jefe de gabinete de Casado, el ultraliberal y aznarista exconsejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, iba más allá este lunes, en su primer día de trabajo en Génova 13. “La principal tarea es dar motivos sólidos a todos aquellos que votaron al PP con entusiasmo para que vuelvan a hacerlo con el mismo entusiasmo”, apuntaba en una entrevista en el programa de Federico Jiménez Losantos, en Esradio.

El nuevo gurú ideológico del líder del PP considera que su partido no debe tener complejos a la hora de asumir las ideas de Vox. “Tratemos de que el PP sea el partido que les represente [a los votantes de Vox] dentro de poco en una continuidad de pensamiento. Ni obligándoles a ellos a dejar de creer en nada ni al PP”, apuntaba. Insistía, además, en que el PP ha de “reforzar sus principios” para atraer al votante del partido de Abascal. 

“Lo que el PP no debe hacer es cambiar la naturaleza de sus principios para hacerse agradable a nadie, sino reforzar sus principios para tratar de atraer, como lo logró José María Aznar, a millones de españoles incluidos los que en algún momento han pensado que la manera de seguir pensando lo mismo que han pensado toda la vida era en ese cuarto de hora votando a Vox”, añadía.

Como ejemplo ponía “el caso” de la inmigración. “Un inmigrante no es una víctima, es una persona muy valiente que ha sido capaz y está siendo capaz de salir adelante por sus propios medios. Y nadie tiene derecho a darle un punto de más ni a darle una ayuda social por el hecho de ser inmigrante porque esa es una muestra de desprecio gigantesca”. En línea a lo defendido por Vox en las últimas semanas, Lasquetty señalaba que “el problema no son los inmigrantes”, sino “qué limites tiene que tener ese Estado que según algunos tiene que darnos de todo desde que nacemos y hasta que nos morimos”. 

“Freno” a la “caída en picado”

Casado es, a juicio de Lasquetty, el único capaz de asumir esos principios que han hecho a muchos de los votantes populares pasarse a Vox: “El fundamento y la orientación se puso correctamente desde el minuto uno en el que Pablo Casado anunció que se presentaba a la Presidencia del PP en contra de todo y de todos”, apuntaba. Así, aunque en la única cita con las urnas a la que se ha presentado el partido desde las primarias el PP perdió 300.000 votos, el jefe de Gabinete del líder popular considera que Casado “ha logrado en menos de tres meses frenar la caída en picado” de los votos al Partido Popular.

Para seguir parando la sangría, el consejo que el exconsejero madrileño dará a Casado será mantener la estrategia actual que pasa por un giro a la derecha en lo ideológico recuperando “la esencia liberal” del PP y por el arrinconamiento de Vox, su principal rival político en el lado más conservador del tablero.

El próximo lunes el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Javier Fernández-Lasquetty comenzará a trabajar como jefe de gabinete del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. En plena pugna con Ciudadanos y Vox por la hegemonía de la derecha, el líder del PP opta por el ala más ultraliberal de su partido y por un hombre de la máxima confianza de sus dos grandes mentores, José María Aznar y Esperanza Aguirre, para que encauce su discurso político y le permita cumplir su gran objetivo: liderar el centro derecha en España. 

Fuentes de la dirección nacional del PP relacionan de forma directa el fichaje de Lasquetty con los resultados de las elecciones andaluzas del pasado domingo en las que, por primera vez en cuatro décadas, la izquierda no ha logrado sumar la mayoría absoluta que le permita gobernar la Junta. Así, se ha abierto la puerta a un pacto entre populares, Ciudadanos y Vox en el que ya están trabajando Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal. 

Génova explica que el líder del PP “ha dedicado los cuatro primeros meses de su presidencia a detener la caída en la que estaba el PP, volcándose especialmente en la campaña de las andaluzas” con “resultados a la vista”. El equipo de Casado apunta que “después de 37 años, el PP está ahora en condiciones de gobernar en coalición Andalucía con un programa alternativo”. 

Lasquetty llega para perfilar ese nuevo ideario. La dirección nacional de los populares afirma que el fichaje del exconsejero madrileño se produce en “el momento de fortalecer el equipo e ideológicamente un PP que necesita recuperar la esencia liberal que le dio sus mejores triunfos electorales”. 

Recuperar votos

La labor del jefe de gabinete de un líder político es planificar la estrategia, la agenda y el mensaje con el objetivo de lograr los mejores resultados en las urnas y lograr recuperar o mantener el poder en los distintos gobiernos. El trabajo de Lasquetty buscará, además, la principal meta que se fijaron Casado, sus padrinos políticos –Aznar y Aguirre– y sus afines cuando el hoy líder del PP ganó las primarias a Soraya Sáenz de Santamaría: recuperar todos los votos que se marcharon a Ciudadanos y Vox. 

El currículum del nuevo jefe de gabinete del presidente popular –que sustituye en el cargo a Pablo Hispán- apuntala el giro ultraliberal que Casado pretende poner en marcha en el PP para enfrentarse al ciclo electoral que se avecina a partir de la próxima primavera, con la celebración de los comicios europeos, autonómicos y municipales. Y ahonda en el viraje hacia la derecha que impuso en el partido nada más hacerse con la presidencia, en julio.

Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense ha sido secretario general de la FAES de Aznar, para quien también trabajó en su etapa de presidente del Gobierno en su gabinete en la Moncloa. Tras ejercer durante tres años –entre 2004 y 2007– como diputado del PP en el Congreso, Aguirre le introdujo en su Gobierno de la Comunidad de Madrid primero como consejero de Inmigración donde mantuvo un perfil bajo y, después, en la cartera de Sanidad, donde ensayó la puesta en marcha de su ideario más reaccionario. 

Suyo fue el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid de 2012 que, en la práctica, implicó la privatización de de seis hospitales, decenas de centros de salud y cualquier actividad que no fuera estrictamente sanitaria en el sistema de salud madrileño. “Cuantos más licitantes haya, mejor, porque más ahorraremos”, señalaba Lasquetty cuando presentó su proyecto estrella.

Bajo su mandato, los quirófanos dejaron de funcionar por las tardes y se superó el límite legal de espera quirúrgica de 30 días. También jubiló prematuramente a centenares de jefes de servicio, dio entrada a contratistas en la limpieza, la lavandería hospitalaria y las cocinas y adjudicó los seis hospitales a tres empresas. Una de ellas, una peculiar compañía puertorriqueña, HIMA San Pablo, especializada en atraer turismo sanitario de EEUU a la isla.

Víctima de la Marea Blanca

Su labor ultraliberal en el Ejecutivo autonómico impulsó el movimiento de respuesta contra la privatización de la sanidad madrileña en el que se convirtió la Marea Blanca, que promulgó decenas de manifestaciones multitudinarias en Madrid en favor del sistema público. Los recursos judiciales presentados por este movimiento impidieron a Lasquetty llevar su plan privatizador a su último término.

En enero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendió cautelarmente el proceso de privatización y, en consecuencia, Lasquetty acabó dimitiendo de su cargo en un momento en el que al frente del Gobierno madrileño estaba ya el sucesor de Aguirre, Ignacio González, imputado ahora como principal acusado en el caso Lezo. Ese es el legado que ahora hereda Casado.

Tras defender desde la Consejería de Sanidad de forma vehemente que la privatización suponía un ahorro para las arcas públicas, años después el informe de fiscalización del gasto sanitario y farmacéutico en la Comunidad de Madrid realizado por la Cámara de Cuentas –revelado por eldiario.es– demostró que no existían pruebas de ese ahorro. “Se desconoce en base a qué criterios tomaron estas decisiones, ni el supuesto ahorro o mejora en la prestación de la asistencia sanitaria que se habría podido obtener”, apuntó el texto.

Meses después de dimitir, Lasquetty anunció que dejaba la política para dar clases en una universidad de Guatemala. Estando allí, el Tribunal Constitucional avaló la legalidad de su plan privatizador en Madrid. El parón en su actividad política llega a su fin con la llamada de Casado. El exconsejero madrileño salta al plano nacional como jefe de gabinete del principal líder de la oposición que le brinda la oportunidad de recuperar su proyecto 'neocon' y difundirlo por toda España. 

La mayoría absoluta parlamentaria que permite aprobar una ley con sólo apretar un botón o levantar una mano no es suficiente. Eso es lo que parecía avisar, entre líneas, el presidente de Madrid, Ignacio González, esta semana al anunciar que dejaba caer su proyecto estrella.

Madrid abandona su plan privatizador de la sanidad por la “inseguridad” que genera tener una adjudicación millonaria pendiente, durante meses, de una decisión judicial. Sin embargo, su entorno desliza que el heredero de Esperanza Aguirre tomó la decisión porque la adjudicación de los seis hospitales se había convertido en un lastre, en un encendido debate social que no pudo acallar ni siquiera con los redobles de varias bajadas de impuestos.

González ha hecho sus cálculos y la sola posibilidad de que esta carrera judicial se alargara durante varios meses, y de que el runrún de la polémica pudiera empañar sus posibilidades de cara a unas ya de por sí complicadas elecciones en 2015, ha hecho mella en sus convicciones. Porque el de Madrid es, de lejos, el Gobierno autonómico popular más ideologizado de España.

No ha sido la inseguridad jurídica, sino la inseguridad del propio González, la que ha precipitado la salida del consejero Javier Fernández-Lasquetty y la que ha dado muerte a un plan que en los papeles (en los de la Comunidad de Madrid, al menos) era la solución para conseguir una sanidad pública eficiente y sostenible. ¿Tumbó la Justicia los planes de González? No, los tumbó la política.

La crisis ha acentuado el distanciamiento de la población de la clase política. Pero, curiosamente, la ha acercado más a la política. Según la última Encuesta Social Europea, el nivel de desconfianza en los partidos y en las instituciones es el más alto desde que comenzó a medirse, en 2002. Pero el estudio muestra a su vez un aumento de casi todos los indicadores de participación ciudadana con respecto a la edición anterior. La victoria de la 'marea blanca' es también un llamamiento a la democracia deliberativa, y un indicador de que hay una forma de hacer política que está, lentamente, resquebrajándose.

Los partidos y los Gobiernos han vivido durante décadas muy cómodos con sus mayorías absolutas, con la “legitimidad de las urnas” con las que siguen justificando decisiones tomadas sin consenso político, ciudadano o sectorial. Como la nueva ley de Educación, nacida con “voluntad de consenso” pero aprobada sólo con los votos del PP, y que ha provocado manifestaciones multitudinarias, amenazas de insumisión, recursos ante el Tribunal Constitucional... y el compromiso de casi toda la oposición de derogarla en cuanto sea posible.

O como ocurre con la ley del aborto, que ha levantado ampollas dentro del propio PP y que se ha convertido en una encrucijada política a la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy busca ya una salida digna. Falla, en definitiva, el sistema de imposición. La impunidad de la mayoría absoluta y el propio funcionamiento de los partidos ha hecho que las decisiones residieran cada vez más en menos personas, lo que, lógicamente, aumenta el margen de error.

¿Cómo se explica, si no, la sorpresa y la resistencia de los barones populares ante la ley Gallardón? Nadie les había consultado. No hubo debate. Ni en el PP, ni en el Parlamento, ni en la calle. Pero el sábado habrá una manifestación –cuya convocatoria ya ha superado todas las expectativas– para reivindicar que, al menos en aquellos asuntos que tocan derechos o servicios fundamentales, la mayoría absoluta de un Gobierno no sea su carta blanca.

Hay muchas razones para este triunfo de la 'marea blanca': la constancia, la organización, una inteligente iniciativa judicial. Y, también, huyendo de la mirada naif, la unanimidad en el rechazo de un colectivo, el de los médicos, históricamente conservador. El peso de la oposición es mucho más fuerte cuando el que protesta, el que se queja, es tu votante. Y cuando ese pataleo no es una rabieta sino que se mantiene en el tiempo.

Eso es lo que ha pasado en Madrid. Donde un PP tocado y dividido ha dejado caer por voluntad propia y por primera vez en su historia un proyecto emblemático. Esta victoria puede ser un ejemplo para muchas otras resistencias. Y no todas van a triunfar. Al final, el resultado depende de montones de pequeños factores, contextos, situaciones, cálculos electorales. Lo que sí parece claro es que en las calles (y en los tribunales) se está cociendo un nuevo significado para la palabra legitimidad.

Pasadas las 17.30 del día 27 de enero de 2014, el presidente de Madrid, Ignacio González, daba por finiquitado el proceso de privatización de seis hospitales. A su lado, el cerebro del proyecto, el en ese momento ya dimitido consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.

Un año y casi tres meses después, la oposición social, profesional y la acción judicial han tumbado el plan que tenía adjudicada la gestión médica de 1.149 camas hospitalarias, cuatro centros de especialidad, 92 municipios más dos distritos de la capital, 5.128 profesionales y… la sanidad de 1.151.588 personas a tres contratistas privados: Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo.

1. Una imposición de la crisis... pero sin datos

La Comunidad de Madrid presentó su estrategia de privatización como una necesidad impuesta por la crisis económica. Argumentaban González y Lasquetty que el ahorro de ceder los hospitales era capital para salvar el sistema sanitario público. Pero sin cifras en la mano.

El titular de Sanidad fue incapaz de concretar cuánto pensaba ganar para las arcas regionales: “Depende de varios factores, de en qué momento se produzca la licitación de la externalización, depende del coste de la cápita que presenten los licitadores, dependerá del número de profesionales que quieran continuar en esos hospitales. No le puedo decir en este momento”, dijo entonces Lasquetty.

De los fantásticos 500 millones, se pasó rápidamente a 200 y, a los nueve meses del primer anuncio, el guarismo quedó en 169.

2. “La sanidad no se vende”

El anuncio de los planes privatizadores del Gobierno de Madrid generó de inmediato un movimiento profesional y social de oposición. “La sanidad pública no se vende, se defiende” fue el lema de una gran manifestación el 18 de noviembre de 2011. En aquella convocatoria, que resultó multitudinaria, algunos asistentes comentaban: “Es algo extrañísimo: he visto a los jefes de servicio de mi hospital en la manifestación”. Miles de batas blancas atestaban el centro de Madrid en rechazo a los planes del Ejecutivo. Había nacido la 'marea blanca'.

Las muestras de protesta públicas se han ido repitiendo mensualmente. Además, muchos profesionales escenificaron su oposición a la cesión a empresas de la dirección sanitaria de otras maneras. Las huelgas sanitarias de los días 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre de 2011 dejaban claro que la comunidad profesional veía con mucho recelo este cambio repentino de modelo. Abogaban por conseguir el ahorro mediante la racionalización de la gestión interna. Sanidad se reunió con sindicatos y comités profesionales –por separado– pero con pocos, o ningún, viso de llegar a un acuerdo. Los plazos para la privatización se cumplían al margen de reuniones, huelgas y manifestaciones.

3. La denuncia

Pero un nuevo frente se unió al muro que se iba levantando contra Lasquetty y González. La asociación de facultativos AFEM encargó un informe legal que se hizo público en marzo de 2013 y que entendía que el plan era “inconstitucional”. El documento hablaba de “apartheid sanitario” entre los pacientes atendidos por hospitales dirigidos directamente por la consejería y los privatizados. Fue un primer paso en el campo legal. Luego llegó el recurso contencioso-administrativo que ha bloqueado el asunto en los tribunales.

AFEM interpuso el recurso. Sus abogados entendían que no estaba haciendo una “externalización”, sino un aseguramiento privado a cuenta de las arcas públicas. Como si contratara un seguro médico. También creían que los pliegos estaban plagados de irregularidades, como el cambio de cuantía de fianzas.

AFEM anunció desde el principio que pediría la medida cautelar de suspensión por “los daños irreparables” que pudiera generar. También presentaron recursos similares la Asociación de Médicos AMYTS y el PSM. Al final, ese ha sido el punto clave. En septiembre de 2013 se confirmaba el éxito –provisional– del recurso. Y con las empresas ya elegidas y a punto de tomar las riendas de los hospitales, todo se paró.

4. El lío judicial

Sólo un movimiento interno y atípico por parte del presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM abrió una esperanza a la Comunidad de Madrid. Gerardo Martínez Tristán, esposo de una consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha (PP), agrupó los recursos pendientes para que los decidiera una supersala de 50 magistrados. Los jueces que habían decretado la suspensión de la privatización se quedaban fuera de juego. Pero finalmente Martínez Tristán no estaría para dirigir ese pleno. Nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial, saltó del cargo regional. La supersala devolvió cada recurso a su tribunal.

5. La decisión

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha dicho al anunciar el fin del proceso que “acata” las decisiones judiciales. Pero los jueces no han dirimido si su plan era legal o no. Sólo han entendido que, mientras lo decidían, no se siguiera adelante con él. El dirigente popular ha optado por no esperar más y, unilateralmente, lo ha anulado. “La incertidumbre es insoportable”, ha asegurado.

Quizá la incertidumbre política que genera en el PP de Madrid la perspectiva de un proceso judicial que se alargue en el tiempo y se convierta en el principal tema de polémica de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. “No es una derrota. Simplemente hay un debate”, ha intentado matizar González al explicar su decisión. De modo que no son los tribunales, sino el debate. Un debate hecho posible por la movilización popular.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que cancela el proceso de privatización de hospitales que ha provocado el rechazo social y que ha sido frenado en los tribunales. Además, ha explicado que hoy mismo ha aceptado la renuncia de su máximo responsable, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty.

Cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid habían rechazado esta misma mañana el recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid y mantienen suspendida la privatización de seis hospitales. El Ejecutivo de Ignacio González (PP) había solicitado que se retirara esa medida cautelar impuesta por la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM pero los jueces no han atendido a sus peticiones.

Los hospitales seguirán gestionados sanitariamente por la Consejería de Sanidad y no por los contratistas a los que ésta había adjudicado su dirección médica.

“El Gobierno ha decidido dejar sin efecto el proceso de externalizacion de la gestión de hospitales a la vista de las decisiones tomadas por los tribunales”, ha comenzado González. “Como siempre hemos dicho, acatamos y cumplimos los fallos judiciales con independencia de que estemos más o menos de acuerdo, como en este caso

“No parece razonable”, aseguró el presidente madrileño, que la adopción de una medida cautelar lleve siete meses “generando una situación de incertidumbre y de falta de seguridad”. También ha defendido el modelo privatizador. “Este es un modelo de gestión legal y posible, está contemplado en la ley y está siendo aplicado por todas las administraciones públicas”. Y ha ido más allá: “En Madrid tenemos cuatro hospitales que siguen siendo públicos y garantizando una atención gratuita y de la máxima calidad” aunque no están gestionados directamente por la Consejería de Sanidad.

Aunque ha asegurado que la externalización “nos permite hacer sostenible” el sistema sanitario, no ha explicado claramente cómo afectará esta decisión a los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Sólo ha adelantado que tendrán que “tomar más decisiones tendientes al ahorro”. Y quiso dejar claro que el de la sostenibilidad era el “unico objetivo con el que pusimos en marcha estas y otras medidas”.

Lasquetty, el gran perdedor

“Ha sido un consejero estupendo”. Las palabras de Ignacio González sonaron a sentencia. Un breve resumen de las capacidades y logros de Javier Fernández Lasquetty acompañó al anuncio de la dimisión del polémico consejero de Sanidad madrileño.

“Yo fui quien propuso este proyecto y las circunstancias lo han hecho imposible, es bueno asumir la responsabilidad de no haberlo logrado”, ha asegurado Lasquetty. Sobre todo un proyecto “que ha generado un grado alto de debate”, abundó. Por eso, resumió, “dimito por rectitud y sentido de la responsabilidad”

En cuanto a las concesionarias, el presidente aseguró que no está previsto que se les ofrezca ningún tipo de indemnización. “Una suspensión es eso, una suspensión. Todos tenemos que acatar las decisiones judiciales”.

El reemplazo de Lasquetty es Javier Rodríguez Rodríguez, doctor en Medicina y catedrático de Medicina de la Universidad Complutense, que ha hecho buena parte de su carrera en el hospital Gregorio Marañon. Lasquetty, por su parte, continuará como diputado en la Asamblea de Madrid.

El futuro político de Ignacio González protagonizó varias de las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada de urgencia por el presidente autonómico. González atajó las insinuaciones sobre las posibles consecuencias que esta decisión podría comportarle en lo personal. “Esto no es un fracaso” aseguró, tajante. “Simplemente se ha abierto un debate”. Además, se encargó de destacar que este varapalo judicial no afecta su proyecto político. “Mi proyecto es salvaguardar nuestro magnífico sistema sanitario”, zanjó. Y ante la posibilidad de llevar nuevamente este proyecto a las próximas elecciones, no quiso pronunciarse. “No, no es el momento”

La batalla legal

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contrató un bufete de abogados para tramitar la oposición en los juzgados. 50 diputados regionales del Partido Socialista de Madrid presentaron un recurso similar al de los médicos, pero los jueces entendieron que no estaban “legitimados”. Esa medida también está recurrida. También medio centenar de senadores del PSOE presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que permitía abrir el proceso administrativo de privatización. El TC lo admitió a trámite el 23 de abril de 2013, pero esto no conllevaba medidas cautelares porque sólo surten efecto inmediato cuando el que presenta el recurso es el Gobierno central (como en el caso del euro por receta, cuya reclamación por parte de Mariano Rajoy paralizó la tasa en Madrid y Cataluña).

Estas causas fueron derivadas a la supersala para que las resolvieran en conjunto 50 jueces del Tribunal Superior de Justicia, pero una vez reunidos decidieron devolver las causas a las respectivas salas a las que habían sido asignadas.

Además de esta batalla en el Tribunal Superior de Justicia, el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Madrid tiene abierta una causa por la querella presentada por la AFEM contra un proceso anterior de privatización de centros sanitarios similar al actual (aunque de menor escala) y por el que están imputados los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como la actual viceconsejera, Patricia Flores, y el director de Atención Especializada, Antonio Burgueño.

La decisión del Gobierno que preside Ignacio González de jubilar de manera forzosa a cientos de trabajadores de la sanidad pública madrileña ha aumentado la indignación de profesionales y ciudadanos. La consejería de Sanidad justifica el rechazo a la prórroga de los contratos de aquellos empleados que querían seguir desempeñando sus funciones en que ahorrará 60 millones de euros al año. Además, considera que solo el 30% de las 650 memorias presentadas por los sanitarios se ajustaban a los “criterios rigurosos de desempeño de sus funciones” establecidos por Javier Fernández Lasquetty.

Los empleados afectados por el retiro forzoso encuentran insuficiente el tiempo (15 días) con el que les han avisado de este cambio e incluso critican que el anuncio se produjera en el “ultimísimo momento”, justo antes de que comenzara un puente de seis días, para que “no hubiera tiempo de reacción”. Es lo mismo que ocurrió con el cese de 180 interinos y el traslado de 220 fijos en el Hospital de Puerta de Hierro (Majadahonda), que conocieron su nueva situación un día antes de que comenzaran las vacaciones de Semana Santa.

El portavoz de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Pablo Martínez, relaciona esta “conducta innoble” con la aspiración del Gobierno de “desmantelar el Estado de bienestar”. Es más, Martínez cree que el rechazo de las prórrogas se aplica “discrecionalmente y la Consejería permitirá que siga trabajando quien le dé la gana, dejará a sus amiguetes”.

Otro de los aspectos laborales que llama la atención en el ámbito de la sanidad madrileña es la aceptación de que los contratos eventuales se van a renovar mes a mes, según se comunicó en la Mesa Sectorial del 25 de abril. eldiario.es ha contactado con el departamento que dirige Lasquetty para preguntar, entre otros asuntos, si esa situación puede repercutir en la calidad de la sanidad, pero la respuesta se ha limitado al reenvío de la nota de prensa sobre las jubilaciones forzosas.

La marea blanca continúa las protestas

“Volveremos a manifestarnos en la calle, volveremos a denunciar este desmantelamiento del servicio público más valorado y necesario, denunciaremos ante los tribunales las jubilaciones indiscriminadas y la privatización de los hospitales públicos, y pediremos cuantas responsabilidades quepan en derecho a quienes son los artífices de este plan”, expresó en una carta el secretario general de AMYTS, tras conocer la aprobación de los pliegos que permitirán la privatización de seis hospitales en la región.

Los trabajadores sanitarios han anunciado nuevas movilizaciones en defensa del servicio público. Los sindicatos han convocado cinco huelgas desde el 7 de mayo al 4 de junio y seguirá viéndose la marea blanca por las calles de la región. Así, entre el 5 y el 10 de mayo, se realizará una 'Consulta por la sanidad' en la que se colocarán urnas por toda la comunidad y se ha habilitado una web para preguntar a los ciudadanos qué sanidad quieren.

Por su parte, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha anunciado el envío de un burofax a las empresas que opten a quedarse con la gestión de los hospitales públicos para avisarles de que los socialistas, si llegan a la Puerta del Sol, revertirán todas las privatizaciones realizadas por el PP.

“Vamos a contactar por burofax con todas las empresas privadas que tengan intención de presentarse a los pliegos de condiciones, para avisarles, para que no se llamen a engaño, para que sepan que en el momento que gobernemos los socialistas en la Comunidad de Madrid vamos a revertir todas las privatizaciones que está haciendo el PP en materia de sanidad. Les vamos a avisar para que no puedan después exigir lucro cesante”, explicó el líder socialista.