20,43 millones de euros de beneficios. Es el resultado contable del PP en 2024, según las cuentas que ha publicado el partido en su página web este mes de julio y que todavía no están auditadas por el Tribunal de Cuentas. Son 18 millones más que en 2023, cuando se apuntaron 1,7 millones positivos. elDiario.es ha trasladado al PP una docena de preguntas sobre sus cuentas. El PP no ha respondido ninguna.

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo declara unos ingresos de origen público de 43,5 millones, casi la mitad por aportaciones de los grupos parlamentarios. El resto son subvenciones por funcionamiento o resultados electorales. Las fuentes privadas de financiación del PP son más limitadas. Apenas 8,1 millones de euros. De ellos, 3,2 millones provienen de cuotas de militantes. Unos cuatro euros por cada uno de los 804.914 afiliados que declara tener.

Los ingresos públicos son así la gran fuente de financiación del PP. Desde que Feijóo es el líder, la partida ha pasado de 30,8 millones en 2022 a los 43,5 actuales. 13 millones de euros más, un 41% de incremento gracias a la mejora de los resultados electorales y el consiguiente aumento de subvenciones directas.

En el capítulo de ingresos de las cuentas que firma la directora de finanzas (anteriormente tesorera), Carmen Navarro, se recoge una cifra extraordinaria también sin explicar. El PP registra 11,2 millones de euros como “ingresos excepcionales”. La cuantía es enorme si se compara con el año anterior: apenas 90.000 euros. En 2022 fueron 55.000 euros. Cifra similar a las de 2021 y 2022.

El PP tampoco ha respondido a elDiario.es por el origen de esos 11 millones de euros.

Grupos institucionales, un agujero para el Tribunal de Cuentas

La segunda gran vía de financiación del PP también es pública. Son las aportaciones que hacen los grupos institucionales a la dirección nacional. Un sistema opaco y criticado por el Tribunal de Cuentas que el partido de Feijóo se niega a explicar año tras año. elDiario.es ha preguntado al respecto sin obtener respuesta alguna.

Los grupos institucionales aportaron al PP en 2024 20,6 millones de euros, 4,3 millones menos que en 2023. El grupo que más aporta es el del PP de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno: 5,2 millones de euros. A mucha distancia están los grupos parlamentarios en el Parlamento gallego y la Asamblea de Madrid, con 900.000 euros respectivamente. Los del Congreso y Senado aportan, según las cuentas oficiales, 573.000 y 600.000 euros. También los grupos locales ‘pagan’ a la dirección nacional: Cádiz (793.043 euros) o Málaga (662.300 euros) encabezan la clasificación.

El Tribunal de Cuentas considera esta práctica una “sobrefinanciación” de las formaciones políticas, una vía legal de aumentar sus recursos a la que el órgano fiscalizador lleva años pidiendo poner límites con reformas reglamentarias y de la ley del régimen local que establezcan las “condiciones y requisitos” en las que se pueden hacer unas aportaciones que, a menudo, se utilizan para sufragar gastos ordinarios de los partidos o contratar personal.

El PP no ha respondido a elDiario.es sobre estas aportaciones, cómo se deciden y en concepto de qué se ingresan.

Menos ingresos por militantes que con Pablo Casado

La evolución de los ingresos privados también ha sido positiva, aunque menos. El PP declaró en 2022 en este capítulo 6,5 millones. En 2024 la cantidad fue de 8,1 millones, un incremento inferior al 25%.

Especialmente llamativa es la caída de los ingresos por las cuotas de los militantes. Pese a declarar más afiliados que en 2023, el PP recoge en la contabilidad de 2024 una bajada en las aportaciones que, según los estatutos, deben hacer obligatoriamente todos los inscritos al partido.

“Los afiliados al 1 de enero de 2024 eran 800.519 y al 31 de diciembre 2024 se han computado 804.914”, recoge el documento publicado por el PP. 4.400 militantes más. Pero el partido declara 3,2 millones de euros en este concepto, casi, 300.00 euros menos que un año antes.

La contribución mínima de cada militante es fijada por el Comité Ejecutivo Nacional y, según han publicado diferentes medios en los últimos años, salvo que Feijóo la haya cambiado en algún momento y no se haya informado, ese mínimo es de 20 euros. elDiario.es ha preguntado al PP cuál es la cuota que pagan sus militantes y cuántos están al corriente de pago, sin obtener respuesta.

Los ingresos de militantes declarados por el PP en 2024 son incluso inferiores a los que se contabilizaron en el último año completo de Pablo Casado al frente del partido, en 2021, y eso que entonces el número de afiliados era sensiblemente menor.

El PP cerró 2020 con 778.046 afiliados declarados. 2021 con 777.971. Remontó con Feijóo en Génova: cerró 2022 con 794.344 y en 2023 superó, por poco, los 800.000.

¿Y cuántos ingresos se declararon en esos años? En 2020, 2,7 millones. En 2021, 3,3 millones, más que en 2024 con Feijóo pero con casi 30.000 afiliados menos.

El decalaje entre los afiliados que declara el PP y sus ingresos es la prueba más palpable de que el partido no declara los militantes reales que tiene. El culmen se produjo con Mariano Rajoy al frente, cuando el partido llegó a informar de 869.535 militantes.

Los estatutos indican que el militante que no pague su cuota durante 12 meses será sancionado con la “pérdida de condición de afiliado”. Así las cosas, si el PP cumple sus estatutos cada militante pagó una única cuota anual de 4 euros, aproximadamente. Además se indica que se destinará un 0,7% de estos ingresos a organizaciones sin fines de lucro, algo que no se recoge en las cuentas.

Ser afiliado permite, entre otras cosas, participar en los procesos internos. En el reciente XXI Congreso Nacional del PP se registraron para participar 51.634 personas

Feijóo duplica el gasto en “servicios exteriores”

En el capítulo de gastos, las cuentas de 2024 confirman un cambio estructural interno que se ha producido, y asentado, desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo: el uso de “servicios exteriores”, ajenos al partido.

El PP ha duplicado el gasto en este capítulo desde que el gallego asumiera el mando en 2022. En 2021 suponía 11,3 millones. En 2022 ascendió a 15,3. Feijóo aterrizó en Madrid en abril de ese año. Ya en 2023 la cifra escaló a los 24,9 millones. En 2024 quedó en 20,6 millones.

Bajo ese epígrafe se anotan las contrataciones de trabajos del partido a personal ajeno, a empresas externas, que en años electorales suelen aumentar su trabajo para las organizaciones políticas. Y, efectivamente, 2023 y 2024 lo fueron.

Lo que se ha reducido es el número de trabajadores en nómina del PP. Según las cuentas oficiales, hay nueve personas menos contratadas por la organización.

Así lo reflejó la directora de finanzas del PP, Carmen Navarro, en su rendición de cuentas en el reciente congreso nacional, donde explicó que los resultados electorales han “tenido un impacto muy significativo sobre las cuentas de resultados”. La tesorera destacó que el ahorro permite acudir a “próximos procesos electorales con mayor fortaleza” ante la “dificultad en la obtención de créditos” bancarios.

Navarro mencionó el incremento de las “aportaciones procedentes de grupos institucionales” y “en ingresos privados por aportaciones de cargos públicos”. Pero dio un tirón de orejas a los representantes del PP en las instituciones y dijo que estas aportaciones “podrían incrementarse”. “Hay margen”, insistió.

Y eso que las aportaciones de los cargos públicos han subido durante el mandato de Feijóo en paralelo a las evidentes mejoras electorales del PP desde la salida de Pablo Casado.

En 2024 el PP ingresó por este concepto casi 4,3 millones, por los 3 que se apuntó en 2023. En 2022 la cifra fue de 2,6 millones y en 2021 de 2,4.

Toda la cúpula del PP de Alberto Núñez Feijóo con cargo público ingresó algún sobresueldo a través del partido o de los grupos parlamentarios, además de su salario como diputado o senador. Así se desprende de las declaraciones de bienes presentadas ante el Congreso y el Senado en las últimas semanas. En total, 203.806 euros desde abril de 2022, según la información que se desprende de lo que indican los dirigentes.

El que más cobra por esta vía es el propio Feijóo. Desde que llegó a la presidencia del PP, en abril de 2022, y al Senado a finales de mayo, hasta finales de 2022, el gallego percibió 71.110 euros al margen de su sueldo de senador. De ellos, 39.260 euros brutos los ha declarado como “gastos de representación” por su cargo en el PP. Es decir, salieron íntegros de las arcas de la organización. Todas las cantidades indicadas en las declaraciones de bienes son en bruto, salvo que se señale lo contrario.

Los otros 31.850 euros los percibió como presidente del grupo parlamentario. Pero no es una asignación que decida el Senado ni que cobren todos los presidentes de grupos parlamentarios, sino que el PP destina una parte de la asignación que la Cámara Alta concede a cada grupo para complementar el sueldo de su líder. Es discrecional. Su predecesor en el cargo, Pablo Casado, nunca cobró como presidente del grupo parlamentario, por ejemplo.

La declaración de Feijóo ha permitido también trazar la evolución de su patrimonio desde que aterrizó en Madrid hasta ahora: tras un incremento de 600.000 euros en sus últimos años al frente de la Xunta, el líder del PP ha aumentado sus propiedades con una nueva vivienda en A Coruña, además de su inversión en la multinacional Inditex.

El partido ha ocultado durante año y medio estas remuneraciones, pese a lo que marca la ley de transparencia. Y pese a los muchos intentos de los periodistas de averiguarlo. Pero ahora, gracias a las políticas de transparencia de Congreso y Senado, se ha desvelado un secreto que afecta no solo a Feijóo, sino prácticamente a toda la cúpula que salió del congreso extraordinario de Sevilla del año pasado.

La 'número dos', Cuca Gamarra, también cobró dos sobresueldos al margen de su salario público del Congreso, que ascendió en 2022 a los 113.468 euros brutos al tener un complemento como portavoz, según Newtral. A esta cantidad la secretaria general añade 26.860 euros como “gastos de representación” del PP y 28.759 del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja, según su declaración. La secretaria general, aún portavoz parlamentaria, pagó en su declaración de la renta del año pasado 72.540 euros, casi 8.000 más que su jefe de filas.

También el coordinador general, Elías Bendodo, recibió un complemento salarial del PP durante 2022 que él mismo declara en 14.500 euros. El 'número tres' indica expresamente que el dato es en “neto”, es decir, impuestos ya descontados, por lo que la cantidad bruta sería mayor. El diputado por Málaga declara, además, cuatro pisos, una parcela y diversas plazas de garaje en la provincia. De IRPF, el malagueño pagó el año pasado 38.755 euros.

Los vicesecretarios, máximos responsables sectoriales y con asiento en el Comité de Dirección del PP, también percibieron algún tipo de emolumento al margen de su cargo. Esteban González Pons, eurodiputado (cargo por el que percibió 89.859 euros), ha declarado ante el Congreso unos “gastos de representación” de 22.720 euros. 

La misma cantidad ha declarado Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial y enviado de Feijóo a los territorios para preparar al partido ante las elecciones del pasado 28 de mayo. Es del núcleo más próximo al jefe desde hace años y, a este complemento de 22.720 euros, hay que añadir lo que cobró el año pasado (20.229 euros), y desde mayo como senador: la parte proporcional de 86.000 euros.

Esos 22.720 euros se repiten en el vicesecretario de Economía, Juan Bravo. El dirigente declara dos sueldos en 2022 (de la Junta de Andalucía y del Parlamento autonómico) por un total de 49.141 euros. Desde mayo hasta diciembre como senador raso se embolsó poco más de 70.000 euros. A estas cifras hay que sumar esos “gastos de representación”.

Cierran la nómina dos senadores: Pedro Rollán y Javier Maroto. El primero ha sido designado presidente de la Cámara Alta para esta legislatura, por lo que tendrá que abandonar sus cargos dentro del PP. Pero en 2022 el que fuera vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local pudo sumar a su sueldo de senador raso los 25.560 euros que declara como “gastos de representación”. 

Maroto ejerció como portavoz en el Senado, lo que le valió un sueldo bruto total de unos 126.536 euros. Es la cantidad que, por los complementos, cobran todos los portavoces que además han ganado su escaño fuera de Madrid. A esa cantidad, el dirigente añadió un sobresueldo de 23.076 euros como miembro de la dirección del grupo parlamentario en la Cámara Alta. Un dinero que, como en el caso de Feijóo, lo perciben aquellas personas que el partido decide.

Cierra este capítulo Carmen Navarro, vicesecretaria desde abril de 2022 (primero, de Políticas Sociales, luego de Estudios) y que complementó su sueldo como diputada rasa, primero, y secretaria de la Mesa, después, con un sobresueldo del partido de 19.880 euros, según su declaración. Navarro declara además tres viviendas en Albacete, otra en Murcia y una última en Madrid, y varias plazas de garaje. 

Hay otros dos casos reseñables. El primero, el del secretario de Organización, Ángel González, único dirigente del PP por debajo de vicesecretario que ha declarado gastos de representación ante el Senado: 10.800 euros. También el actual portavoz (accidental, porque es temporal), Javier Arenas, ha declarado unos “gastos” a cuenta del grupo parlamentario de 5.013 euros.

Fúnez, Sémper y Montserrat, las excepciones

En la cúpula del PP hay tres personas que, al menos en 2022, no cobraron un sobresueldo del partido o de los grupos parlamentarios. Son Borja Sémper, Carmen Fúnez y Dolors Montserrat.

Fúnez, actual responsable de Políticas Sociales del PP, ha regresado a las Cortes Generales como diputada tras varios años sin cargo público. La ciudarrealeña declara ante el Congreso un sueldo del año pasado de 51.379 euros que cobró del grupo parlamentario en el Senado, donde trabajó como asistente de los senadores. La ya diputada no entró a formar parte del Consejo de Dirección del PP hasta casi la primavera de este 2023, por lo que no será hasta una próxima declaración ante el Congreso cuando tendrá la obligación de explicitar si cobra sobresueldo del PP, y cuánto.

Es una situación muy similar a la de Borja Sémper, cuya declaración de bienes no aparece en su ficha de diputado por un error administrativo, pero a la que ha tenido acceso elDiario.es. El vicesecretario de Cultura fue reclutado por Feijóo como portavoz en enero de 2023. En su declaración de bienes no figura lo que ha podido cobrar desde entonces del PP, ya que la norma pide solo indicar los ingresos del año anterior. 

Pero Sémper sí refleja el sueldo que tenía como director de Relaciones Institucionales de la consultora multinacional EY (Ernst & Young): 191.127 euros. Una cantidad que dejó de percibir al regresar a la primera línea política. Desde enero hasta ahora, Sémper ha cobrado un sueldo del PP que no ha sido formalmente revelado. Como diputado, comenzará a tener un sueldo público y, según la tónica, recibirá también un complemento si se mantiene en la dirección.

La única persona de todo el Comité de Dirección que se salta esta ‘norma’ es la portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, quien indica en su declaración en Bruselas que su puesto como miembro de la cúpula del PP no es remunerado.

Montserrat es eurodiputada, portavoz del PP y presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento en Bruselas. El salario de un eurodiputado supera los 7.000 euros al mes, aunque también ingresan dietas y diversas remuneraciones diferentes. Según Newtral, Montserrat venía cobrando 107.944 euros anuales.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha manifestado este sábado que el PP es “el único partido comprometido con la Igualdad porque defiende a la mujer con palabras, con hechos y con votos”.

Lo decía en Albacete durante la clausura del primera acto dentro del llamado 'Foro de Soluciones' del PP castellanomanchego y que se ha dedicado a la igualdad y en el que la imagen era la de una mayoría abrumadora de mujeres en el posado para la foto. “Nosotros defendemos el papel de la mujer por encima de las ideologías; hemos reprobado siempre cualquier tipo de actitud machista, también cuando se produce desde algún dirigente del Partido Popular, que condenamos”.

En este foro ha participado la diputada y vicesecretaria nacional de Política Social del PP, Carmen Navarro, y el presidente provincial de los 'populares' albaceteños y candidato a la Alcaldía de Albacete, Manuel Serrano.

Ninguno de ellos aludía a quienes desde otras formaciones políticas, como Podemos o el PSOE, e incluso el Gobierno de Castilla-La Mancha, le reclaman la expulsión del alcalde de Villar de Cañas (Cuenca) después de que asegurase que “Irene Montero tiene llagas en la boca de chupársela al coletas”. Los insultos a la ministra de Igualdad le han valido, de momento, un expediente informativo y que se estudie si será o no candidato por octava vez consecutiva a la Alcaldía del municipio conquense.

Para salir al frente de quienes, como la consejera de Igualdad Blanca Fernández, le piden que dé “un golpe en la mesa” contra quienes “atacan a las mujeres”, el candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha ha optado por recurrir a aquello del y tú más' . Dice que “falta por saber si algún dirigente del PSOE o de Podemos o Page, dicen algo, cuando el alcalde de Valdepeñas ha tenido actitudes machistas contra nuestra candidata en el Consistorio, o cuando se produce violencia verbal contra la mujer por parte de Page o de dirigentes de Podemos, que merecen la misma condena”.

Paco Núñez sostiene que el PP es “único partido que defiende la Igualdad, porque a la hora de votar, sólo el PP ha estado al lado de las mujeres; el PSOE, Podemos y también Ciudadanos llevarán siempre en sus siglas el bochorno de haber votado la ley que supone un retroceso en los derechos de las mujeres. Los dirigentes del Partido Socialista como Sánchez, Page o los diputados que han votado a favor de la Ley del Solo Sí es Sí”, son los culpables de que España esté hoy abochornada“, ha aseverado Núñez.

Carga contra García-Page a cuenta de la ley del sólo sí es sí

El presidente del PP ha afirmado que “hace mucho que sabemos que a Page no le preocupan las personas, tan sólo los votos; el PSOE sólo ha empezado a preocuparse de la Ley del Solo Sí es Sí cuando han sido conscientes del coste electoral que le puede ocasionar”.

“A nosotros nos preocupan las mujeres que ven cómo sus violadores salen a la calle, mientras al Partido Socialista sólo le preocupan los votos, esa es la diferencia”. De la misma forma, Núñez ha reprochado a Page su “inacción” para frenar la tramitación de la Ley del Solo Sí es Sí.

“No nos dejemos engañar. Es tan culpable Sánchez como Page, de permitir que agresores sexuales estén saliendo a la calle”, asegura, y va más allá en sus acusaciones hacia el presidente castellanomanchego. “Sabía que esto iba a pasar, había un documento oficial de la Junta de Castilla-La Mancha y ese informe jurídico debería haber servido para parar la ley pues lo sabían desde hace más de dos años; pero qué hizo Page, sino callarse y dar órdenes a sus diputados nacionales en el Congreso, incluido su número dos, para que votasen a favor de la Ley del Solo Sí es Sí”.

El candidato a la Alcaldía de Albacete: “Las mujeres del PP tienen mucho que decir”

Por su parte, el presidente provincial del PP de Albacete, Manuel Serrano, ha asegurado que “las mujeres en el Partido Popular tienen mucho que decir desde hace mucho tiempo, y seguirán teniendo mucho que decir en este partido y por el futuro de esta tierra”. Y entre otras cuestiones lo ha justificado comentando que “el Partido Popular es el primer comprometido con la Igualdad, como muestra de que en el Grupo Municipal de Albacete hay más concejalas que concejales, y no es por una cuestión de cuotas, sino por su gran valía”.

También ha cargado contra el PSOE y contra el Gobierno de España a cuenta de la misma norma. “Han sido incapaces de modificar la Ley hasta que más de 500 agresores sexuales han visto reducidas sus penas, y algunos han salido a la cárcel”.

Carmen Navarro, en clave nacional: “El Gobierno de Sánchez y Podemos es el de la mentira”

Por su parte, la vicesecretaria nacional de Política Social, Carmen Navarro, ha denunciado que “el Gobierno de Sánchez y Podemos es el de la mentira” y ha afirmado que “el consentimiento del que habla Podemos para la Ley del Solo Sí es Sí es anular la presunción de inocencia, un valor de nuestro Estado de Derecho; tampoco adaptan el Código Penal a la legislación de los países nuestro entorno”.

A su juicio, es “solo otra mentira del Gobierno socialista, pues es algo que ya se había hecho anteriormente”; y la tercera mentira ha afirmado, “para justificarse decían que era para no revictimizar a la víctima, cando no hay mayor revictimización que ver cómo sus agresores sexuales rebajan sus condenas y a algunos se les excarcela. Estas son las mentiras de Sánchez y Podemos”.

Navarro ha afirmado que “sí sabían de las consecuencias de la Ley del Solo Sí es Sí; lo advirtió el Partido Popular y todos los informes previos; esta ley es de todo el Consejo de Ministros y ahora quieren arreglar el error, que es difícil; de hecho, aunque se ponga freno con una reforma, van a salir a la calle los agresores y van a seguir rebajando las penas por la retroactividad de la norma más favorable que se va a seguir aplicando”.

“Con la Ley del Solo Sí es Sí, hoy violar es más barato que ayer, y para arreglar esto hay que volver a la legislación anterior con el fin de frenar la alarma social y la enorme preocupación, pero siendo conscientes de que el goteo de rebajas de condenas va a seguir produciéndose”·

En su opinión, “nos entretienen desde el PSOE y Podemos, mientras que los violadores se seguirán beneficiando de unas penas más favorables” y recordaba que Feijóo ya ha dicho que los votos del PP están a disposición para poner el rigor que ha faltado al Consejo de Ministros y a este Gobierno que tiene España, pero, advertía, “antes, tienen que pedir perdón Sánchez, su Gobierno y tiene que pedir perdón también García-Page”.

Vicente Tirado sale del círculo de confianza del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, al dejar el cargo de vicesecretario de Política Local y Autonómica que ocupó en la primera configuración del organigrama nacional del PP al llegar Casado a la Presidencia del partido y como gesto hacia Dolores de Cospedal (Tirado es uno de los afines a la exsecretaria general del PP) que dio un paso atrás para que el hoy presidente 'popular' se hiciese con las riendas en el partido frente a Soraya Sáez de Santamaría.

Ha sido una de las salidas más sonadas, junto a la de la hasta ahora vicesecretaria de Comunicación, Marta González, muy cercana al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que se ha mostrado crítico en los últimos meses con algunas decisiones de Casado.

Sin embargo, la salida de Vicente Tirado no deja sin representación a los 'populares' castellano-manchegos en el órgano de dirección nacional. La albaceteña Carmen Navarro ocupará la Vicesecretaría de Sostenibilidad y Despoblación.

Carmen Navarro es diputada nacional por Albacete -de hecho encabezó la candidatura de los 'populares' el pasado 28A- y licenciada en Derecho. Es presidenta de la Comisión Provincial de Sanidad y Asuntos Sociales en el PP de esta provincia y coordinadora de la Ruta Social del Partido Popular de Albacete.

Fuentes del PP en Castilla-La Mancha rechazan una lectura negativa tras la salida de Vicente Tirado, según han explicado a eldiarioclm.es. “Tampoco habrá pérdida de protagonismo”, aseveran, y sostienen que la formación regional “ganará ahora mucha presencia en las comisiones tanto del Congreso como del Senado. Esperamos confirmar la Presidencia de seis comisiones de la que tres serán para Castilla-La Mancha”. “Vamos a coger más fuerza”, insisten.

Carmen Navarro encabeza, de nuevo, la candidatura del PP por la provincia de Albacete. Según apuntan todas las encuestas, Navarro repetirá como diputada, labor que ha venido ejerciendo desde el año 2015. Licenciada en Derecho, Carmen Navarro es letrada de la Comunidad de Madrid. A nivel orgánico la candidata y cabeza de lista, ostenta el cargo de presidenta de la Comisión Provincial del Partido Popular de Albacete de Sanidad y Asuntos Sociales y de cooordinadora de la Ruta Social del Partido Popular de Albacete.

Desde hace semanas se está recorriendo la provincia, hablando con los vecinos, colectivos empresariales, asociaciones... ¿Qué le trasladan?

Vemos que la gente tiene miedo a volver a una época de recesión económica, de subida de impuestos que lastre al empresario y que lleve a la destrucción de empleo. Esa es la preocupación general de la calle.

¿Qué propuestas lleva el PP para estas elecciones y qué afectan a la provincia de Albacete?

Tendremos un programa provincializado por primera vez con apuestas que son de ámbito nacional pero que afectan a la provincia.

El PP en su programa apoya infraestructuras que son fundamentales para la provincia de Albacete. Nos parece que la A-32 (autovía que unirá Albacete y Linares), que era una apuesta del PP con esos más de 600 millones de euros que se pusieron encima de la mesa, es muy necesaria para la provincia y volverá a poner a Albacete en el mapa como nudo de comunicaciones de referencia.

También apostamos por recuperar la financiación presupuestaria que en su día venía prevista para el tercer carril desde la Roda hasta Chinchilla. Nos preocupamos también de la infraestructura ferroviaria para un municipio como es Villarrobledo que necesitaba saltar las vías del tren y comunicar su acceso sur con una avenida tradicional que ahora se llama Alcalde Francisco Segovia. Eso dinamizaría el transporte y comercio de la localidad.

Y, por supuesto, hemos apostado por nuestra cuchillería. Hay que apostar por la capitalidad mundial de la cuchillería de Albacete, y requiere de un impulso nacional.

Otra de las patas fundamentales es la agricultura por lo que, desde el PP vamos a seguir defendiendo una mejor PAC para los agricultores y trabajaremos para la modernización de nuestros cultivos. En este aspecto el agua es fundamental en esta provincia.

Habla usted de agricultura, un sector vinculado al mundo rural. Hace apenas unas semanas se vivió esa manifestación de la 'España vaciada' que quiso llevar el problema de la despoblación a Madrid. ¿Qué medidas tomaría el PP para paliar la despoblación?

Esta 'España vaciada' se debe a nuestro propio reto demográfico, al envejecimiento de la población, y sobretodo a las infraestructuras. El PP tiene que apostar por la digitalización y la modernización de los municipios y que todos los servicios lleguen al ámbito rural.

Hay que apoyar determinados incentivos fiscales que son súper importantes para nuestros pueblos porque ayudarán mucho a nuestros pueblos y especialmente esta transformación digital tiene que llegar a los municipios. Ésto permitirá el emprendimiento y que las empresas se instalen en los pueblos para que se genere empleo. Al final todo gira en torno a la generación de empleo. Cuanto más se cree más se podrá fijar la población en los muncipios.

¿Empleo también a través de la creación de macrogranjas? En los últimos meses hemos visto a alcaldes del PP mostrarse abiertamente contrarios a la instalación de macrogranjas en sus municipios ¿Cual es su postura sobre la ganadería industrial?

Me voy a remitir a la buena labor que han hecho determinados alcaldes en contra de las macrogranjas que generan poco empleo y que al final lastran el futuro de esa población. Nuestros alcaldes son los que mejor conocen el terreno y para mi como diputada su posición es absolutamente respetable.

El agua es un tema trascendental en esta región, especialmente cuando se habla del Trasvase Tajo-Segura.

Siempre reiteraremos que la mejor política de agua que ha habido en la historia la hizo un gobierno del PP con el Plan Hidrológico Nacional. Ahora apostamos por un Pacto Nacional del Agua. Es una de las fuentes de riqueza más importante. Estamos a favor de la solidaridad, a favor de la prioridad de la cuenca cedente, principios básicos que tienen que estar en un Plan Nacional. Eso se consigue si todos los partido políticos se sientan en una mesa para poder sacar adelante ese pacto nacional.

Entonces, ¿no plantean un fin del Trasvase a corto o medio plazo?

Para la provincia de Albacete el trasvase también es importante. Cuando pasa por aquí lo importante es que puedan beneficiarse de él cuantos más agricultores mejor.

Esta tiene que ser nuestra apuesta, el apoyo a los agricultores y el agua es una fuente natural indiscutible para que los cultivos prosperen. Pero con dos principios fundamentales: solidaridad y prioridad de la cuenca cedente.

Hace unos días la encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) hablaba de una victoria clara del PSOE en la región, en estos comicios.

Hay dos encuestas fundamentales: las que se va haciendo durante la campaña y la precampaña y  el calor que encuentras en la calle y está muy alejado del CIS.

Lamentamos que una encuesta que pagan todos los españoles diga que hay un 40% de personas indecisas. Con estas ratios se pone de manifiesto que los resultados no concuerdan con la realidad.

Con la entrada en el escenario político de Vox estas elecciones el voto al centro derecha, que hasta hace poco era todo para el PP, se divide. De ahí que incidan en polarizar la campaña entre el PSOE y el PP.

Al final la conclusión que sacamos es que cuantos menos votos al PP más escaños al PSOE. Esa es la respuesta que sacamos. Pero el sentir que hay en la calle es que todo el mundo quiere echar a Sánchez. Por eso pedimos el voto unido en torno al Partido Popular, porque de lo contrario gana Sánchez.

¿Cómo afecta al PP – a sus resultados electorales -- el 'cordón sanitario' de Ciudadanos al PSOE?

Esque el cordon sanitario de Ciudadanos al PSOE no nos lo creemos. Estamos seguros de que si Ciudadanos puede sumar con PSOE le dará el Gobierno a Pedro Sánchez.

¿Qué opina de Rafael Lomana, candidato de Vox por la provincia de Albacete?

Lo primero que lamento es que no sea de la provincia de Albacete. Hoy más que nunca el político tiene que estar pegado a su tierra y a sus vecinos y eso es fundamental para conocer sus problemas, sus demandas y para poder actuar. Es un momento en el que a la política le tienes que poner pasión.

En cuanto a su peculiar dedicación anterior de este personaje, yo creo que lo que más le desacredita son las declaraciones que públicamente ha hecho su hermana sobre él. Dejémoslo en puntos suspensivos.

Estoy convencida de que en esta provincia, la gente va a confiar en los candidatos que conocen y en las posibilidades que les ofrecen los partidos. Yo creo que en esta provincia el candidato le resta mucho y apostarán por opciones más conocidas.

¿El Partido Popular es feminista?

Si feminismo es defender a las mujeres y defender la igualdad de las mujeres, el PP es feminista. Nadie nos va a dar nosotros lecciones de lucha por las mujeres. Hemos puesto en marcha muchas medidas, en materia de maternidad, que están a favor de las mujeres. Además el 80% de las cabezas de lista en estas elecciones son mujeres.

Y como miembro del PP feminista que usted defiende, ¿se siente cómoda pactando con un partido como Vox?

Nosotros ahora estamos inmersos en la campaña electoral y convencidos de que el 29 de abril Pablo Casado será el presidente electo del Gobierno. Respecto a lo que se tenga que pactar en busca de apoyos después del 28 de abril, evidentemente buscaremos lo que nos une y no lo que nos desune.

Y siempre bajo los principios del PP porque defenderemos siempre la libertad y la igualdad de todos los españoles.

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Vicente Tirado, encabezará la lista al PP por Toledo al Congreso en las elecciones generales del 28 de abril, según han informado fuentes de la dirección nacional de la formación.

De esta forma, Tirado sustituye a la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que encabezó la lista por Toledo a la Cámara Baja en los comicios del 26 de junio de 2016.

Fuentes del PP han señalado que por Cuenca encabezará la lista el exministro Rafael Catalá, Rosa Romero lo hará por Ciudad Real, Silvia Valmaña por Guadalajara y Carmen Navarro por Albacete. Los cuatro ya fueron cabeza de cartel hace tres años en esas circunscripciones.

La purga que ha realizado el nuevo presidente del PP en el organigrama del partido ha llegado a la hasta ahora tesorera Carmen Navarro. El líder de los populares, Pablo Casado, ha decidido relevar a la máxima responsable de las cuentas de la formación conservadora, que se había visto involucrada en algunos de los casos de corrupción que han manchado la reciente historia del PP. A Navarro la sustituye por Sebastián González, de la máxima confianza de Casado, que fue presidente de la Diputación de Ávila entre 1993 y 2004 y que actualmente es senador por esa misma provincia.

Navarro, mujer de máxima confianza de la exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, está procesada en el caso que investiga la destrucción de los ordenadores que el extesorero del PP Luis Bárcenas guardaba en la sede nacional del partido, en la calle de Génova de Madrid. La jueza Rosa María Freire dictó el pasado diciembre auto de apertura de juicio oral contra el PP y tres personas físicas, entre ellas la ya extesorera a la que le atribuye un delito de encubrimiento y daños informáticos. El caso está a la espera de juicio si bien la Fiscalía ha pedido la absolución de Navarro al entender que los hechos por los que será enjuiciada “no son constitutivos de infracción penal alguna”.

Además, Navarro fue citada a declarar como imputada en la pieza del caso Imelsa sobre la financiación de las campañas electorales del PP de Valencia, si bien en su declaración ante el juez, el pasado octubre, la ya extesorera aseguró que no tenía acceso a las cuentas locales de la organización en Valencia.

En su intervención explicó que no sospechó nada sobre la campaña del PP que lideraba la alcaldesa de Valencia Rita Barberá en 2011 y 2015 porque en la organización nacional tenían un “colchón” de dos millones de euros que todavía podían gastarse en el conjunto de las campañas locales y no se había llegado al tope legal.

La fiscal del caso conocido como 'ordenadores de Bárcenas', Carmen Luciáñez, ha solicitado que el Partido Popular no sea juzgado en aplicación de la doctrina Botín. El Ministerio Público no aprecia delito alguno en los hechos investigados y recurre a la doctrina del Tribunal Supremo según la cual no se puede juzgar a quien solo es señalado por las acusaciones populares.

Del resto de acusados, la Fiscalía pide en consecuencia que sean absueltos en el juicio que se va a celebrar por la destrucción de los discos duros que contenían, según Luis Bárcenas, información de la caja B de la formación que preside Mariano Rajoy.

En un escrito de cuatro páginas, al que ha tenido acceso eldiario.es, la fiscal concluye que los hechos recogidos durante la instrucción “no son constitutivos de infracción penal alguna”. Debido a este caso, el PP se va a convertir en el primer partido político en la historia de España que se sienta en el banquillo de los acusados.

El Partido Popular ya había recurrido a la aplicación de la 'doctrina Botín' y ahora se suma la Fiscalía. Será en las cuestiones previas, celebradas en el arranque del juicio, cuando se plantee ante el tribunal. Entonces, según fuentes jurídicas, éste decidirá si cabe aplicarla o no, aunque también puede resolver al final de la vista.

La jueza Rosa María Freire dictó el pasado diciembre auto de apertura de juicio oral contra el Partido Popular y tres personas físicas en el caso de la destrucción de los ordenadores que Luis Bárcenas guardaba en la sede de Génova.

Freire atribuye un delito de encubrimiento y daños informáticos a la actual tesorera del partido, Carmen Navarro; a su director jurídico, Alberto Durán; y al jefe de informática José Manuel Moreno. Al PP no le puede atribuir encubrimiento porque es una persona jurídica, pero sí el delito de daños informáticos.

Ante la solicitud de la jueza para que cada parte presente sus escritos de conclusiones, la fiscal del caso responde que la instrucción no ha permitido acreditar “cuál era la información que contenían los ordenadores” y que tampoco se ha podido demostrar que la información contenida en un pendrive, que también reclama Bárcenas, “procediera de los citados ordenadores”.

En cuanto a la obstrucción de la investigación de la financiación irregular del PP que habría causado la destrucción de los ordenadores, la fiscal Luciáñez concluye: “No se ha acreditado que dicha información fuera relevante para las Diligencias Previas 275/2008, ni para cualquier investigación judicial”.

“Tampoco se ha acreditado que el borrado ni formateo de los discos duros de los citados ordenadores haya causado daño grave al señor Bárcenas o a ninguna investigación judicial”, ha añadido.

¿Doctrina Botín o Doctrina Atutxa?

La doctrina Botín hace referencia a la sentencia 1045/2007 del Tribunal Supremo por la que el ya fallecido presidente del Banco Santander evitó ser juzgado. Según estableció el fallo del Alto Tribunal, nadie puede sentarse en el banquillo si solo actúa la acusación popular, pero ni el perjudicado directo del presunto delito, ni la Fiscalía ejercen la acusación.

El mismo Tribunal Supremo matizó su doctrina con motivo del caso Atutxa en 2008. Así estableció que, aunque no haya acusación particular, ni la Fiscalía acuse, el procesado se puede sentar en el banquillo si “el delito afecta a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual”.

Las acusaciones popular, ejercidas por Observatori Desc, Izquierda Unidad y Adade, consideran que el delito de daños informáticos que se puede atribuir al Partido Popular se hizo en concurso medial con el de obstrucción a la justicia, esto es, que su fin último era esta última tipología delictiva, que sí afecta a la Administración de justicia y, por tanto, al conjunto de los ciudadanos.

La tesorera nacional del PP ha alegado este lunes, al declarar como imputada en una investigación sobre la supuesta financiación ilegal del partido en Valencia, que no tenía acceso a las cuentas locales de la organización. Carmen Navarro ha asegurado que no sospechó nada sobre la campaña del PP que lideraba la alcaldesa de Valencia Rita Barberá en 2011 y 2015 porque en la organización nacional tenían un “colchón” de dos millones de euros que todavía podían gastarse en el conjunto de las campañas locales y no se había llegado al tope legal.

Navarro ha acudido a los juzgados de Valencia para declarar como imputada en una de las piezas del caso Taula en la que se investiga un supuesto delito de financiación ilegal del PP a través de comisiones ilegales, amaño de contratos públicos y blanqueo de capitales.

Navarro se ha presentado en el juzgado a las 10.40, veinte minutos antes de su citación, escoltada por un militante del PP que iba apartando a los periodistas, y no ha realizado declaraciones a los medios de comunicación. Su interrogatorio ha durado dos horas y en él ha contestado a las preguntas de todas las partes menos a la acusación que ejerce el Ayuntamiento de Valencia.

Tras su declaración, ha abandonado el recinto de la Ciudad de la Justicia de Valencia por la zona del juzgado de guardia para eludir a los periodistas. Una maniobra que está prohibida por el decanto de los juzgados valencianos.

El PP, un “partido cascada”

El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia tiene abiertas varias causas relacionadas con supuestos casos de corrupción vinculados a varias administraciones controladas por el PP, entre ellas supuestos delitos electorales en las elecciones municipales de 2011 y 2015.

Navarro ha tenido que responder a preguntas sobre el control que debió ejercer el PP nacional en las cuentas vinculadas a gastos electorales y ella, concretamente, en calidad de administradora de dichas cuentas.

Sobre la cuenta del Grupo Municipal que financió las campañas ha asegurado desconocerla porque sólo tenía que supervisar las provinciales. En el interrogatorio ha trascendido que entre la cuenta del Grupo Municipal del PP de València y el regional (PPCV) hubo transferencias que se deberán aclarar. Esta declaración coincide con la que están siguiendo otros imputados al referirse a la cuenta del partido en el Ayuntamiento como la que se utilizó para abonar las campañas. Al no pertenecer al PP estrictamente y sí al equipo político en el consistorio, se presupone que no habría delito electoral.

La tesorera, durante su declaración, ha descrito al PP, en su funcionamiento económico, como “un partido cascada”. Se refería a que los responsables por delegación son los gerentes provinciales, que rinden cuentas en dos reuniones anuales a la tesorera para que ella formalice la contabilidad del conjunta de la organización.

El fiscal Anticorrupción ha preguntado el motivo por qué no incrementó la vigilancia desde su llegada como tesorera en 2012 cuando el PP valenciano ya estaba siendo investigado por financiación ilegal en la Audiencia Nacional. Sobre esta cuestión también ha asegurado desconocer cualquier proceso anterior a su toma de posesión del puesto en la calle Génova.

La tesorera del PP ha manifestado que no conocía al vecealcalde Alfonso Grau -principal imputado en esta pieza del caso Taula- ni a María Carmen García-Fuster, exsecretaria del grupo municipal del PP, también investigada.

La tresorera del PP Carmen Navarro ha sigut citada a declarar com imputada en la peça del cas Imelsa sobre el finançament de les campanyes electorals del PP de València. El jutge investiga el suposat cobrament de comissions il·legals, falsejament en contractes públics, blanqueig de capitals i delicte electoral.

La declaració de Navarro serà dilluns que ve i al costat d'ella atestaran tres persones més -entre elles un representant de JC Decaux- en el marc de la investigació del Jutjat d'Instrucció número 18 de València sobre el finançament de les campanyes electorals del PP en les municipals de 2007 i 2011 a través d'empresa Laterne.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia valencià han assenyalat a EFE que en la providència de l'instructor, datada aquest dilluns 16 d'octubre, se cita també com a testimonis a sis representants d'empreses o grups empresarials com Secopsa, Pavasal, Fovasa, Luis Batalla i Agricultors de la Vega de València perquè declaren el dia 27.

En les seues compareixences, aquests testimonis hauran d'aportar factures sobre pagaments o lliuraments dineràries a Laterne, City Management Council i Product Management Council entre els anys 2006 i 2008.

Així mateix, s'oficia a un banc perquè informe de les persones físiques autoritzades per a tenir accés a un compte a nom del Partit Popular.

Un milió d'euros de fiança a Alfonso Grau

El passat dia 6 l'exvicealcalde de València Alfonso Grau es va acollir al seu dret a no declarar pel finançament d'aqueixes campanyes electorals del PP després d'haver sigut citat com investigat per suborn, malversació i delicte electoral.

Precisament, aquest dilluns s'ha fet públic un acte d'aqueix jutjat on se li imposa una fiança d'un milió d'euros per a assegurar les seues responsabilitats pecuniàries que pogueren derivar-se de la seua imputació.

Segons l'acte pel qual se'l citava a declarar aqueix dia, l'informe elaborat per la Guàrdia Civil concloïa que en 2006 Grau i l'empresari Vicente Sáez Tormo, ja mort, “van convenir a utilitzar l'entramat empresarial” d'aquest últim per a “sufragar de forma irregular l'adquisició de béns i serveis de tercers amb motiu de les eleccions municipals de 2007”.

La tesorera del PP Carmen Navarro ha sido citada a declarar como imputada en la pieza del caso Imelsa sobre la financiación de las campañas electorales del PP de Valencia. El juez investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales, amaños en contratos públicos, blanqueo de capitales y delito electoral.

La declaración de Navarro será el próximo lunes y junto a ella testificarán tres personas más -entre ellas un representante de JC Decaux- en el marco de la investigación del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia sobre la financiación de las campañas electorales del PP en las municipales de 2007 y 2011 a través de empresa Laterne.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano han señalado a EFE que en la providencia del instructor, fechada este lunes 16 de octubre, se cita también como testigos a seis representantes de empresas o grupos empresariales como Secopsa, Pavasal, Fovasa, Luis Batalla y Agricultores de la Vega de Valencia para que declaren el día 27.

En sus comparecencias, estos testigos deberán aportar facturas sobre pagos o entregas dinerarias a Laterne, City Management Council y Product Management Council entre los años 2006 y 2008.

Asimismo, se oficia a un banco para que informe de las personas físicas autorizadas para tener acceso a una cuenta a nombre del Partido Popular.

Un millón de euros de fianza a Alfonso Grau

El pasado día 6 el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau se acogió a su derecho a no declarar por la financiación de esas campañas electorales del PP tras haber sido citado como investigado por cohecho, malversación y delito electoral.

Precisamente este lunes se ha hecho público un auto de ese juzgado donde se le impone una fianza de un millón de euros para asegurar sus responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de su imputación.

Según el auto por el que se le citaba a declarar ese día, el informe elaborado por la Guardia Civil concluía que en 2006 Grau y el empresario Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, “convinieron en utilizar el entramado empresarial” de este último para “sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros con motivo de las elecciones municipales de 2007”.

Cuatro años y nueve meses de cárcel para la tesorera del PP, Carmen Navarro, el jefe de los servicios jurídicos del partido, Alberto Durán Ruiz de Huidobro, y el jefe de departamento de Sistemas, José Manuel Moreno Alarcón. Es la pena que pide la acusación que ejerce IU en el caso del borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas, que también solicita una multa de más de 10 millones de euros para el PP.

Los abogados de la formación consideran que estas tres personas fueron los responsables del borrado y destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas, y que por tanto cometieron los delitos de daños informáticos y encubrimiento. Así lo han reflejado en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso eldiario.es, que han presentado ante la juez que instruye el caso.

En el caso del PP, imputado como partido en esta causa, la acusación entiende que ha cometido dos delitos de daños, por lo que solicita que se le imponga por cada delito una multa de tres años, a 5.000 euros al día. En total, los populares tendrían que pagar más de 10 millones de euros.

En este caso, IU ha optado por la condena más alta contemplada en la ley. El Código Penal sitúa esa multa entre un mínimo de 30 euros diarios y un máximo de 5.000. IU atribuye al PP dos delitos de daños informáticos, castigado cada uno con un máximo de dos años de cárcel en el momento de los hechos. En total, 7,2 millones de euros. Sin embargo, IU aplica el Código Penal actual para hacer el cálculo, que castiga el delito de daños informáticos con hasta tres años de cárcel. Los tribunales aplican la versión más favorable para el acusado. 

La acusación también solicita en su escrito que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sea llamada a declarar porque considera que fue responsable, junto a Carmen Navarro, de los hechos que se enjuician. Los abogados de IU también solicitan en la petición de penas que Alberto Durán sea inhabilitado como abogado.

IU apoya estas peticiones de condena en los hechos que ocurrieron tras la publicación de los sobresueldos en B del PP. El partido prohibió entonces a Bárcenas acceder a la sede de Génova, y le devolvió todos su enseres menos dos portátiles donde, según argumenta IU, el ex tesorero del PP guardaba archivos “con diversa información sobre contabilidad B u opaca del Partido Popular, así como de otras irregularidades contables y de financiación electoral del Partido Popular”.

La formación acusa al PP de borrar posteriormente los discos duros de esos ordenadores cuya información había sido requerida por la Justicia, y que contenía archivos sobre los pagos en B a altos cargos y sobre los donantes con los que se reunían los tesoreros del partido, así como información sobre las cuentas en Suiza de Luis Bárcenas.

La gestión de la sanidad pública y las listas de espera siguen siendo el argumento al que el PP de Castilla-La Mancha recurre casi a diario para arremeter contra el Gobierno regional. En esta ocasión la diputada nacional del PP Carmen Navarro ha afirmado que en sólo un año la deuda sanitaria de la comunidad autónoma ha aumentado más de 20 millones de euros, llegando a los 143 millones. Estos cálculos no coinciden con la visión del PSOE, que ha considerado “vergonzoso” que los ‘populares’ realicen estas acusaciones después de los “pufos” que dejó la expresidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal.

Desde el PP critican la “lamentable gestión sanitaria y de asuntos sociales” del Gobierno de Emiliano García-Page, e incluso afirman que hace doce meses la situación era muy distinta porque el PSOE heredó una “magnífica situación” del Gobierno anterior. “El Partido Socialista no puede dar lecciones” en materia de sanidad, cuando, según ha afirmado, recientemente se conocía cómo las listas de espera han aumentado en 770 personas en el mes de julio.

En materia de servicios sociales, la diputada del PP ha vuelto a hacer suyos los argumentos de la Plataforma de la Dependencia, que está “poniendo encima de la mesa la mala gestión del Gobierno”, ya que, ha dicho, hay 25.000 personas que están a la espera de ser valoradas.

Le ha contestado la diputada regional del PSOE Carmen Torralba. Además de la “vergüenza” mencionada por los recortes de Cospedal, se ha referido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que ha dado la razón a los cerca de 60 médicos especialistas que en su día se vieron afectados por el Plan de Reordenación del Sescam, ejecutado por el Gobierno de María Dolores de Cospedal, que les negaba la titularidad de la plaza obtenida por oposición en el Área Integrada de Albacete.

Torralba ha subrayado que la diputada del PP podría haber aprovechado su intervención para haber aportado alguna solución a esta sentencia. Dicho esto, ha informado de que esta misma mañana el Sescam se ha reunido con los profesionales sanitarios para buscar una solución de reubicación en el hospital de Albacete. Igualmente, la diputada socialista ha recordado las indemnizaciones que el Gobierno de Emiliano García-Page va a tener que pagar a las empresas adjudicatarias debido a que el Gobierno de Cospedal paralizó las obras del hospital de Albacete y de Guadalajara.

De otro lado, ha destacado que al PP también le debería dar “vergüenza” hablar de dependencia porque dejaron 27.000 expedientes “en los cajones” y realizaron “despidos masivos de evaluadores”, que, según ha apuntado, “ha habido que recolocar”.

El Partido Popular se ha convertido esta semana en la primera formación política en la historia de España que es procesada. La acusación: un delito de daños informáticos con el que presuntamente se deshizo de pruebas de su financiación irregular, alojadas en dos ordenadores que había utilizado Luis Bárcenas mientras fue tesorero del partido. Ahora, la acusación popular Observatori Desc solicita a la jueza Rosa María Freire que sume un delito de encubrimiento al procesamiento de la formación de Mariano Rajoy.

En el auto de pase a procedimiento abreviado –el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años-, la jueza Freire atribuye ese delito de encubrimiento a la actual tesorera del partido, Carmen Navarro; al director jurídico del PP, Alberto Durán; y al jefe de informática, José Manuel Moreno. Sin embargo, deja fuera de esa acusación al PP, procesado como persona jurídica por un delito de daños informáticos porque considera que ese delito no es atribuible a una persona jurídica.

Observatori Desc interpreta que el Código Penal no exime a los partidos políticos de cometer encubrimiento. “Los partidos políticos no están exentos de responsabilidad penal –ni en el momento de la comisión de los hechos ni en la actualidad- por lo que entendemos erróneo excluir al Partido Popular de la responsabilidad penal, tanto del delito de daños informáticos como del delito de encubrimiento”, recoge el escrito de la citada acusación popular.

La jueza Freire alude a un artículo del código penal (31 quinquies punto primero), introducido en la última reforma del Código Penal, de junio de 2015: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los organismos reguladores, a las agencias y entidades públicas empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas”. Según la interpretación de la acusación popular, los partidos políticos no están afectados según la redacción de este artículo del Código Penal.

“35 pasadas”

Bárcenas reclama dos discos duros que utilizó durante su trabajo en el PP en los que guardaba toda la información de la financiación irregular del partido en el Gobierno. El PP se negó a entregárselos y los destruyó. La jueza cree en la versión de Bárcenas. “No existen razones fundadas para dudar de su testimonio acerca de lo que almacenaba en los discos duros de sus ordenadores, información que fue destruida a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física”, dice el auto dictado este martes. 

A diferencia de lo que considera con el delito de encubrimiento, la jueza cree que el PP, como persona jurídica, sí contribuyó al delito de datos informáticos por “no haber establecido un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión de este delito (daños informáticos), toda vez que todavía en fechas actuales no existe un inventario de los elementos informáticos existentes en su sede”.

La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ya plantó a las Cortes Valencianas para explicar su implicación en 'caso Taula'. Y este martes ha vuelto a negarse a dar explicaciones sobre su papel en el presunto blanqueo de dinero negro para financiar la campaña de las municipales de 2015 ante la comisión de investigación del Ayuntamiento de Valencia, que aspira a encontrar responsables políticos en el mayor caso de corrupción que azota a la corporación local.

En el primer caso, la actual senadora entregó al parlamento valenciano un escrito donde argumentaba que las Corts se extralimitaban en sus funciones al pedirle explicaciones. Y ahora, Barberá ha usado la misma fórmula: ha remitido una carta este martes al consistorio en el que justifica su ausencia en que “no está probada la comisión de hechos de carácter delictivo que presuntamente haya podido cometer el grupo municipal popular”.

La exalcaldesa, además, ha despreciado la investigación municipal: “Me abstendré de asistir a esa llamada comisión de investigación del caso 'Operación Taula', a todas luces inoportuna en el tiempo y políticamente intencionada”. Una ausencia que contrasta con la actitud que tuvo su hermana y exjefa de gabinete de alcaldía, Asunción Barberá, que sí que acudió al ser funcionaria del Ayuntamiento. 'Totón', como se le conoce en el consistorio, negó conocer el operativo para lavar dinero supuestamente ilícito.

María José Alcón, exconcejal de cultura del Ayuntamiento e imputada en el caso por ser uno de los nexos de la trama con la corporación local, tampoco se ha presentado ante la comisión impulsada por Ciudadanos y aprobada en el pleno por unanimidad de todos los grupos políticos del consistorio, incluido el PP. Protagonista de las grabaciones que retrataban la corrupción del PP de Valencia, su marido, el exvicealcalde imputado en Nóos y por cohecho continuado en otro caso Alfonso Grau, ya avisó de que no iría a la comisión, y la tachó de “circo”.

Aunque los plantes de Barberá y Alcón son los más destacados, la negativa a asistir a la comisión ha sido total por todos los citados para declarar este martes ante los cinco grupos municipales del Ayuntamiento. Ni la tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, ni la responsable de finanzas del grupo municipal y cuyos papeles han desvelado conexiones del 'caso Taula' con las causas de Trasgos y 'Ritaleaks', Mari Carmen García Fuster han asistido.

El concejal del PP, Alfonso Novo, tampoco ha acudido, como ya había avisado. Según explicó el edil popular, el tema está judicializado y no procede hacer nuevas declaraciones por recomendación tanto del juez y de los fiscales. Y recordó que el Ayuntamiento tiene acceso al sumario en el que figuran las comparecencias judiciales de todos los concejales sobre el presunto lavado de dinero sucio. La única que tenía obligación de acudir a la cita por su condición de administrativa era María José Pi, y tampoco lo ha hecho. Según afirmaron fuentes municipales, no podía por estar de baja.

Aparte de Asunción Barberá, en la primera sesión también comparecieron los asesores de Grau, Arantxa Martí y Jesús Gordillo. Este último aseguró que el polémico asesor municipal, Luis Salom, le enseñó a él y a otra persona en plena calle uno de los dos billetes de 500 euros con los que supuestamente se produjo el blanqueo de dinero en B.

“Rajoy ha respaldado a Barberá”

Pese a la ausencia de Barberá, los portavoces en la comisión de los grupos municipales han debatido a cerca de la no comparecencia de la exalcaldesa. Durante el debate se ha reprochado al PP que pese a que votaron a favor de crear la comisión, sus concejales se nieguen a acudir excusándose en que la justicia ya investiga los posibles hechos delictivos. PSPV-PSOE -que ha propuesta la idea-, Ciudadanos, Compromís y València en Comú han acordado emitir un comunicando condenando el “desprecio” de Barberá al Ayuntamiento. El PP se ha abstenido en este punto.

“Rajoy ha respaldado a Barberá al no acudir su tesorera nacional”, ha criticado Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos. Jordi Peris, de València en Comú, ha tachado de “plantón en toda regla” la ausencia de la senadora. Tanto socialistas como Compromís han recordado que el objetivo de la comisión “es buscar responsables políticos” y que el PP se ha dedicado durante este tiempo “a poner trabas” a su desarrollo.

Abría sus puertas a las 9 en punto de la mañana y la afluencia de usuarios se dejaba notar minutos después. El Punto de Atención Continuada del Centro de Salud Zona 8 empezaba a funcionar este sábado. Se trata del segundo punto de atención para urgencias extra hospitalarias con el que contarán los vecinos de Albacete desde hoy mismo para reforzar al Zona 7, que era hasta ahora el único PAC de la ciudad y que desde hoy se pone al servicio de los ciudadanos los sábados, domingos y festivos de 09:00 a 21:00 horas.

Para comprobar in situ como iniciaba esta andadura el Centro de Salud Zona 8, ubicado junto al Corte Inglés, los representantes políticos han visitado el lugar donde el inicio de la actividad arrancaba con pediatra, precisamente los que ha provocado a lo largo de estos días las críticas de la oposición en la capital. Y es que, si bien es cierto que se pone en marcha una zona sólo para pediatría, la Junta ya adelantó durante la presentación del PAC 2 que no siempre se haría con un pediatra, es decir, que en algún momento en esta pediatría de urgencias extra hospitalaria la atención la hiciera un médico de familia.

“La pediatría no podíamos garantizarla durante todo el tramo horario de apertura del PAC. El horario de tarde del sábado y domingo no hay pediatra. Ha habido pediatras que voluntariamente han querido colaborar con la iniciativa. Por tanto habrá pediatra siempre y cuando la disponibilidad horaria de los profesionales los permita”, explicaba el subdirector de Atención Primaria de Albacete, Julio Montoya, presente en el inicio de la actividad de este punto de atención que hoy arranca en el Zona 8.

No es la única novedad de esta jornada en lo que a atención sanitaria se refiere en la capital albaceteña y es que con la apertura de este segundo PAC se amplía también el horario del que ha venido funcionando en la ciudad en el Centro de Salud Zona 7, ubicado en la calle Indira Ganchi. Desde este sábado, 20 de febrero, el PAC abre sus puertas desde las 9 horas del sábado hasta las 21 horas del domingo, de manera ininterrumpida.

Enfrentamiento político

Como casi todo en política la puesta en marcha de este PAC y la decisión de cerrar las urgencias extrahospitalarias del resto de centros de salud de la ciudad los sábado por la mañana, ha derivado en críticas hacia el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La diputada nacional del PP por Albacete Carmen Navarro criticaba el cierre de los servicios de ocho centro de Salud en Albacete durante los sábados por la mañana, de 9 a 15.00 horas, todos ellos dotados de consulta a Atención Primaria, Enfermería y Pediatría, mientras que desde la Junta le han acusado de “mentir” y recuerdan a la diputada el que la Justicia paralizó el cierre de los PAC en zonas rurales en la época Cospedal.

Ante las peticiones de los populares para que no se cierren esos centros de salud los sábados por la mañana toda vez que han criticado que esta medida es perjudicial para la capital, el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha asegurado que estarán pendientes de que estos nuevos servicios funcionan correctamente y “si vemos que esto no funciona o hay cosas que mejorar haríamos lo que sea para mejorar el servicio y la atención a la ciudadanía”.

El Partido Popular asegura que no destruyó documentación de Luis Bárcenas almacenada en los discos duros de los ordenadores que utilizaba como tesorero porque nada había en esas memorias. Esta fue la tesis que defendió durante dos horas la actual gerente y tesorera de la formación, Carmen Navarro, ante la jueza, desmintiendo así la declaración de ayer de Bárcenas y los indicios en los que se apoya toda la causa por encubrimiento y un delito de daños informáticos atribuido a ella misma y al PP.

Navarro ha comparecido en calidad de investigada, el equivalente a imputado. Ante la magistrada ha explicado que llegó al cargo en enero de 2011 y que se encontró un absoluto descontrol en la sede central del Partido Popular, en lo referente a la asignación de ordenadores o protocolos de actuación. Su labor consistíra, añadió, en “profesionalizar” el partido en esas facetas.

En este sentido ha asegurado que ella puso en marcha las normas para la destrucción de información almacenada en ordenadores, informaron fuentes presentes en la declaraciòn. Con esta fórmula, el PP desmiente que el protocolo fuera una prueba prefabricada para exculparse ante el juez Pablo Ruz de haberse deshecho de lo que contenían los ordenadores del extesorero.

En cualquier caso, según Navarro, los ordenadores de Bárcenas estaban vacíos. El 1 de marzo, el extesorero reclamó por burofax los enseres personales y los ordenadores que se guardaban en la sala Andalucía de Génova. Navarro ha asegurado que ya se había descubierto que en los ordenadores, sin claves de acceso, no había nada. Pero ella ordenó “paralizar” la aplicación del protocolo para la destrucción de los discos duros. También ha dicho que solo cuando un juzgado de Madrid falló en contra de la denuncia del extesorero por el presunto robo de los ordenadores se reactivó el citado protocolo.

Con esta última afirmación, la gerente del PP trata de desvincular la destrucción de los discos duros de los avances en la investigación sobre la financiación irregular que realizaba en esos momentos el juez Ruz en la Audiencia Nacional.

Por otra parte, Carmen Navarro se refirió a la situación laboral de Bárcenas en aquella época. Aseguró a la jueza Rosa María Freire que el extesorero no trabajaba en el PP cuando ella llegó, que solo se pasaba por allí de vez en cuando y que, por indicación de María Dolores de Cospedal, se dieron instrucciones al jefe de Seguridad, Antonio de la Fuente, de que se le prohibiera el acceso y los periodistas no pudieran verle así por el 'cuartel general' del PP.

Además, Navarro ha defendido que el juez Ruz obtuvo todos los correos electrónicos de Bárcenas que conservaba el servidor del PP durante el registro de Génova en diciembre de 2013. Bárcenas le dijo ayer a la jueza que entre la documentación que ya no se podrá recuperar había recibís de sobresueldos a dirigentes del PP, así como pantallazos de correos electrónicos, entre otros documentos.

La jueza Freire ha realizado un exhaustivo interrogatorio a Navarro, según las fuentes consultadas. La gerente no quiso contestar a las acusaciones populares, y sí lo hizo a las preguntas de su abogado y el PP. También accedió a hacerlas a la de la fiscal, pero esta declinó interrogar a la imputada.

Esta mañana también ha declarado como imputado Javier Barrero, informático del PP. Ha dicho a la jueza que tiene 55 años y que trabaja desde los 21 en el partido. En todo ese tiempo, ha añadido, no ha conocido un protocolo de destrucción de los datos contenidos en los ordenadores de las personas que dejaban de trabajar en la formación. Desde que llegó Navarro a la Gerencia, Barrero ha sido relegado y de sus funciones se ocupa José Manuel Moreno, el informático que habría aplicado el protocolo del que habla la sucesora de Bárcenas en la Gerencia del PP.

Al término de las declaraciones, Freire ha ordenado al PP que señale a un representante legal para declarar como imputado el próximo 12 de febrero. A esa situación de imputado/investigado ha pasado también el abogado de la formación, Alberto Durán, que declarará esa misma mañana.

El juez Arturo Zamarriego ha citado a declarar el próximo 9 de febrero en calidad de imputados a la gerente y tesorera del PP, Carmen Navarro, y al asesor jurídico Alberto Durán para aclarar si el partido supo que el extesorero Luis Bárcenas había solicitado su reingreso mediante una carta.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, en la que llama a declarar a ambas personas como imputadas por falsedad documental.

El juez ha acordado estas citaciones tras escuchar el pasado 22 de diciembre como imputada a la jefa de personal del PP, Milagros Puentes, que fue denunciada por el extesorero, que sostiene que mintió en el juicio sobre su despido improcedente.

Puentes afirmó al magistrado que la gerente y el asesor jurídico del PP la acompañaron a la notaria para firmar un acta donde negaba que hubiera visto un documento firmado por ella por el que Bárcenas pedía su readmisión tras su excedencia como senador.

Del mismo modo, la defensa de Bárcenas ha solicitado al juez que llame a declarar como testigo a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, una petición que el magistrado tiene pendiente de resolver, así como el expediente laboral completo del extesorero como prueba documental.

En su denuncia, Bárcenas acusaba a la jefa de personal, Milagros Puentes, de estafa procesal y falsedad documental en un acta notarial en relación con el pleito del extesorero por despido improcedente y en el que él reclamaba su readmisión en el partido.

Dentro de ese procedimiento, Bárcenas aportó un documento fechado el 12 de febrero de 2010, sellado por el PP y firmado por Puentes por el que pedía su readmisión tras su excedencia como senador.

Al respecto, Puentes aseguró en el juicio “que el mencionado escrito nunca le ha sido entregado, remitido o exhibido por su remitente (Bárcenas), y no ha puesto en el mismo sellos o firma una acreditación de su recepción”.

No obstante, Puentes reconoció ante el juez Zamarriego su firma en ese escrito aunque no supo explicar por qué figura en él.

En la providencia, el magistrado pide también toda la documentación del proceso que siguió el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid sobre el despido improcedente de Bárcenas, una vez que el juzgado dictó una sentencia que rechazaba que el PP deba readmitirle ni que deba indemnizarle con 900.000 euros como este pretendía.

Fallo que el extesorero recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Ya se han despejado las dudas sobre los cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por las cinco provincias castellano-manchegas, tras varias semanas de misterio y después de haberlos ratificado los comités provinciales del partido. A la candidatura de la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, como número uno por Toledo, el dato más relevante porque tendrá que abandonar su escaño en las Cortes de Castilla-La Mancha, se suma la sorprendente ubicación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de origen madrileño, como cabeza de lista por Cuenca.

La ubicación que el presidente del Gobierno y también del PP, Mariano Rajoy, buscaría a sus ministros en las listas para los comicios del 20 de diciembre se había convertido en uno de los anuncios más esperados. Y como suele ser costumbre en Castilla-La Mancha con la llegada de las elecciones generales, una de las cinco provincias ha servido a Rajoy para 'buscar hueco' a los miembros del Ejecutivo central.

En cuanto al resto de provincias, la candidatura del PP por Guadalajara a la Cámara Baja tendrá como número uno a Silvia Valmaña, que fue directora general de Familia, Menores y Promoción Social con el Gobierno anterior de Cospedal; mientras que en Albacete los 'populares' han designado a Carmen Navarro, coordinadora de la denominada Ruta Social del partido.

Por último, en Ciudad Real, será la exalcaldesa de la capital provincial Rosa Romero, muy cercana a Cospedal, quien encabece la lista. Romero perdió este Ayuntamiento tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y aunque se ha mantenido como líder de la oposición municipal, ya mostró recientemente su disposición a formar parte de las candidaturas al Congreso de cara a las elecciones generales.