Un juzgado de Barcelona ha denegado la admisión a trámite de un atestado de Asuntos Internos de la Guàrdia Urbana que denunciaba a cuatro agentes por haberse quedado objetos decomisados a unos vendedores de top manta en agosto. El magistrado considera que no se trata de un delito y que, como mucho, debería ser un hecho a investigar por las vías internas del cuerpo policial.

Según el atestado de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos, el 5 de agosto cuatro agentes intervinieron en la Rambla de Barcelona diversos objetos, posiblemente piezas de ropa y calzado, que tenían expuestos a la venta unos manteros. Estos huyeron al ver llegar a la policía y abandonaron la mercancía.

Los agentes, en lugar de hacer los trámites administrativos pertinentes antes de destruir la ropa -que se supone que era falsificada- presuntamente se la quedaron y no comunicaron el decomiso.

A finales de agosto, el Ayuntamiento tuvo constancia de esta supuesta manipulación negligente en la custodia del material y abrió un expediente disciplinario de los cuatro agentes, a los que se aplicaron medidas cautelares desde mediados de septiembre. Se les suspendió de sueldo y empleo y se llevó el expediente a fiscalía, que quedó suspendido hasta que el juez decidiera.

La interlocutoria señala que se desconoce exactamente qué objetos fueron decomisados y si se los repartieron entre todos los agentes o sólo se los quedó uno de ellos. También recuerda que los hechos se descubrieron en septiembre, cosa que impide hacer una cronología de los hechos y, además, considera que los hechos no son delictivos.

De hecho, el magistrado apunta que, ni siquiera, son malversación, porque los objetos que se habrían quedado no eran patrimonio público. Tampoco considera que sea un delito contra el patrimonio porque no hay un perjudicado concreto y tampoco tienen un valor concreto, ya que son piezas falsificadas que deberían haber sido destruidas.

El desconocimiento del valor de los productos decomisados ha jugado en favor de los agentes, pero en otros momentos también ha sido clave para la absolución de vendedores ambulantes. De hecho, en 2019, la Audiencia Provincial ya descartó que el top manta causara graves perjuicios a las marcas de lujo.

Por su parte, el Sindicato Mantero de Barcelona ha denunciado que se trata de una práctica habitual entre los agentes, sobre todo en épocas estivales y festivas como Navidad.

“Desde hace seis semanas la presión policial es insoportable: los agentes se presentan hasta cuatro veces al día para que recojamos, además de multarnos o requisarnos el material”, cuenta Cristina, una vendedora de libros de segunda mano muy conocida en el barrio de Gràcia, que monta su parada en la calle Astúries de Barcelona, muy cerca de la estación de metro de Fontana. Ella tiene 35 años y desde hace seis se gana la vida así, junto a su inseparable compañero Guillem, quien tiene 65 años, va en silla de ruedas y vive con una discapacidad reconocida desde 2007. 

“A las 10 de la mañana, agentes de la Guàrdia Urbana aguardan nuestra llegada para que no podamos extender la parada de libros”, comparte Cristina, a quien le caducó su permiso de venta en las navidades de 2021.

Ahora, hastiada de no tener “ni un día de tregua”, recuerda que meses atrás “hacían más la vista gorda”. Por lo presenciado este último mes, la librera atribuye esta intensificación de la supervisión policial a las recientes medidas implementadas por el nuevo consistorio de Jaume Collboni (PSC), incluido el plan 'Endreça' [Ordena]. 

Las estadísticas oficiales corroboran que las sanciones al comercio no autorizado suponen una parte importante del total de denuncias que realiza la policía barcelonesa. Fuentes del consistorio han informado a este medio que, en lo que va de año, se han emitido un total de 12.856 denuncias, de las cuales 6.367 corresponden a este mes de junio, representando así casi la mitad del total.

Collboni anunció a finales de julio que el despliegue policial de este verano contaría con un refuerzo del 10% en la plantilla de la Guàrdia Urbana, bajo el propósito de velar por el civismo y la seguridad. Este incremento responde a un aumento de 100 agentes municipales al día durante los meses de julio y agosto.

El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, señala que la “presión” contra la venta ambulante continuará y asegura que el cuerpo de la Guàrdia Urbana tiene indicaciones “precisas” de “combatir” esta actividad.

Asimismo, el nuevo alcalde de la ciudad se ha comprometido a endurecer el régimen sancionador de la ordenanza de civismo en la próxima revisión.

Durante el gobierno de los comuns en Barcelona “había un pacto tácito”, según sostiene Mercè, una profesora jubilada y vecina del barrio de Gràcia que pertenece a la red de apoyo vecinal que respalda a la pareja. En palabras de esta mujer, los operativos policiales se están “ensañando especialmente contra ellos” desde hace un par de meses. “Hay una intencionalidad directa de expulsarlos”, asegura Mercè.

Por su parte, el Área de Seguridad y Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona niega esta versión de los hechos y descarta la posibilidad de que se esté ejerciendo una supervisión más intensa hacia la pareja de libreros. “No ha habido cambios en el organigrama, porque el PSC ya gestionaba la seguridad en el mandato anterior”, aclaran fuentes municipales.

Después de que elDiario.es se hiciera eco de la historia de Cristina y Guillem cuando en mayo de 2022 se quedaron en la calle, la pareja encontró su salvavidas en Cristina Bernardó, una filóloga de Tiana (Barcelona) que se empeñó en buscarles un alquiler para que no continuaran durmiendo al raso. Así, la situación de la pareja de libreros fue remontando progresivamente hasta mayo de 2023. Pero el endurecimiento del control sobre la venta callejera sin licencia amenaza con torcer su situación.

La red de apoyo vecinal de la pareja inició en 2021 una recogida de firmas para que el gerente del distrito de Gràcia renovara a Cristina el permiso de venta. La anterior gerente había prometido hacerlo, según explica Mercè, pero tras su salida los trámites no avanzan. La iniciativa vecinal tampoco tuvo éxito. Y desde entonces, Cristina oferta junto a Guillem su selección de libros de segunda mano al margen de la legalidad. 

“Ahora nos ven como suciedad a la que hay que limpiar”, expresa Cristina, refiriéndose a las declaraciones sobre orden y convivencia que ha repetido el nuevo alcalde de Barcelona. No obstante, la pareja de libreros reivindica los años que llevan siendo queridos por la mayoría de vecinos y comerciantes del barrio.

“Les regalamos libros o les ayudamos con todo lo que podemos para que puedan vivir con unos mínimos de dignidad”, asegura Mercè. Pese a que cuentan con una sólida red de apoyo a sus espaldas, a la presión de la policía se suma la disminución de la venta durante la época estival, lo que afecta todavía más a los escasos ingresos de la pareja. 

“El mes de agosto es el peor, porque nuestra clientela principal son los jubilados del barrio y se van de vacaciones”, relata Cristina, haciendo hincapié en las altas temperaturas que deben soportar a lo largo del día y en los sobreesfuerzos por desmontar la parada cada vez que los agentes se personan. 

La situación de Cristina y Guillem vuelve a ser límite. “Tendremos que escoger entre comer o afrontar el pago del alquiler”, confiesan con preocupación. A pesar de las dificultades, seguirán aferrados a su pasión por los libros y al cariño de la gente de Gràcia, con la esperanza de preservar este pequeño rincón de lectura. Se resisten a caer en la desesperación de mendigar en la calle, una práctica que también conlleva sanciones según la ordenanza de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona.

Se reactiva la cruzada contra el top manta

“Ordenar la ciudad” ha sido uno de los lemas más repetidos por Jaume Collboni desde que tomó posesión del Ayuntamiento de Barcelona el pasado mes de junio. Por su parte, Albert Batlle, teniente de alcaldía en Seguridad, ha reiterado en varias comparecencias públicas que trabajarán para “combatir el incivismo, la suciedad y aquellos elementos que deslucen la ciudad”. 

En la presentación del dispositivo policial de este verano, tanto Batlle como el intendente mayor de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, remarcaron que es una “prioridad” limitar el número de vendedores sin licencia porque “provocan desórdenes en el espacio público”. En el marco del plan 'Endreça', el último fin de semana de julio, la Guàrdia Urbana decomisó 11.255 productos provenientes de la venta ambulante.

El verano pasado, fuentes policiales contabilizaron que en Barcelona apenas quedaban una veintena de manteros, una cifra mucho más baja que en tiempos de prepandemia, cuando se rozaban casi los 800. Y aunque la tendencia sigue estabilizándose a la baja, el consistorio de Collboni está abanderando en la oposición al colectivo mantero la lucha contra el incivismo en Barcelona.

“La venta ambulante es una de las pocas alternativas que tienen las personas sin documentos para sobrevivir debido a la Ley de Extranjería”, expone Lamine Sarr, miembro del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona. “Nos prometieron políticas destinadas a buscar soluciones laborales y sociales”, prosigue Sarr, refiriéndose a la mesa de diálogo que echó raíces en agosto de 2019 entre el Ayuntamiento y los manteros, pero que quedó paralizada tras la irrupción de la pandemia.

El sindicalista de Top Manta también recuerda que la “cruzada” contra la venta ambulante ilícita, y especialmente contra el colectivo mantero, fue una de las principales iniciativas ejecutadas por Batlle durante la administración de la alcaldesa Ada Colau. Al exmantero no le sorprende, pues, que la persecución de la venta ambulante continúe erigiéndose como una de las máximas del consistorio.

Según Sarr, la intensificación del control policial en la capital catalana explica que muchos manteros hayan tenido que desplazarse hacia otras localidades costeras de la provincia de Barcelona. O bien, como alternativa, hayan optado por trabajos no regulados en el sector de la agricultura o la recogida de chatarra. 

Desde la Asociación de Vendedores Marchantes de Catalunya, Xavier Oriola, su presidente, reconoce que la situación de los manteros no debe ser “nada fácil”, pero critica que ellos “ejercen una competencia desleal, porque falsifican productos”. Los vendedores no sedentarios como Oriola, aparte de abonar una licencia de ocupación en la vía pública, tienen que pagar impuestos trimestrales en los municipios donde se asientan. “Reclamamos que haya una ordenanza centralizada para que todos tengamos las mismas condiciones”, concluye.

El problema es que la mayoría de manteros no tiene una situación regularizada para poder conseguir trabajo o simplemente tributar. “Garantizar la convivencia y la inserción social no pasa por ejercer la represión policial contra aquellos que no tienen nada”, sentencia el exmantero, enorgullecido de que Top Manta sea ahora una marca consolidada de ropa social y solidaria del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona. Desde 2017, han conseguido que 140 personas tengan papeles y hayan dejado la manta. 

Los 'mercados de la miseria'

Otro fenómeno de venta ambulante que se popularizó hace unos años fue el de los llamados “mercados de la miseria”, puntos de la ciudad donde se vendían sin licencia artículos de segunda mano o incluso rescatados de la basura. Pero al igual que el colectivo mantero, la contención policial sobre estos puntos de venta ha propiciado que su presencia sea mucho más residual.

Estos vendedores ambulantes se dispersan ahora por las calles del Raval, montando puestos improvisados. Hace apenas un año, diversos operativos policiales los desalojaron primero de Ronda Sant Antoni y después de Ronda Sant Pau debido a las grandes aglomeraciones que formaban en la zona. 

Ángel Cordero, miembro de la Asociación de Vecinos del Raval, constata que la afluencia y concentración de estos mercados ha disminuido, por lo que se permite una convivencia y movilidad más tranquila. “La solución no es la represión policial para disuadirlos, sino dar a estas personas más asistencia social u otras salidas laborales”, remarca. 

Además, este vecino recuerda que el año pasado, la Guàrdia Urbana y diferentes agentes sociales se desplegaron por el terreno para descartar que en el ‘mercado de la miseria’ de Ronda Sant Pau se vendieran productos robados o droga. “Existe mucha estigmatización que pretende excluir aún más a estos colectivos que, en ocasiones, actúan al margen de las normas y convenciones sociales”, concluye Cordero.

La tienda Top Manta es el proyecto más visible en Zaragoza del colectivo Ilumina Senegal, que nació hace dos años tras un viaje al país africano de algunos inmigrantes senegaleses que viven en la capital aragonesa. Idrissa Gueye es representante de este colectivo.

¿Cómo surge la idea de crear una tienda Top manta?

Surge dentro del colectivo Ilumina Senegal. Es uno de los proyectos que tenemos, porque Ilumina Senegal es un colectivo sin ánimo de lucro que creamos hace un par de años, después de un viaje a Senegal. Nuestro colectivo se dedica a trabajar aquí y allí; una parte del trabajo de aquí es la creación de esta tienda, para ayudar a la gente vulnerable, a gente sin papeles y, en general, a la población inmigrante.

¿Cómo han financiado el local?

El local lo hemos financiado con nuestros propios socios, colaboradores, amigos que nos están apoyando desde el principio… Abrimos hace tres meses con la intención de reivindicar nuestros derechos y ayudar y asesorar a la población inmigrante. No es sólo una tienda para vender, es una comunidad.

¿También vendéis productos?

Sí, colaboramos con el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, que nos ofrece la mercancía para que nosotros la vendamos aquí. De Barcelona nos envían camisetas de la marca Top manta, sudaderas, bolsos de Top manta, bolsos de tela africana, mascarillas de marca Top manta, algo de artesanía… Pero, además, la tienda es un punto de encuentro donde colaboramos en la formación de la población inmigrante y donde orientamos a la gente. Por eso, decía que no es sólo una tienda para vender; es una comunidad con más proyectos, para reivindicar y luchar por nuestros derechos.

¿Cuáles son esos otros proyectos que apuntaba?

Uno es ayudar a la gente sin papeles, para que puedan tenerlos y tener una vida digna. Otro es intentar cambiar la imagen del mantero que vende en la calle y darle una formación. También tenemos un proyecto de asesoría jurídica a la población inmigrante: a partir del 5 de marzo, empezaremos en La Pantera Rossa, que son colaboradores desde hace muchos años. Otro proyecto es que estamos preparando una formación para los manteros que saben coser, que ya trabajaban en Senegal en ese ámbito, para intentar orientarles. Queremos darles formación para coser y de serigrafía, para depender de nosotros mismos y no depender siempre de Barcelona.

¿Se trata de producir aquí las prendas para la tienda Top manta?

Claro, porque dentro de la tienda, tenemos una máquina, en la que hemos invertido poco a poco. Ahora, tenemos dos colaboradores del barrio de La Magdalena con los que estamos hablando para concretar ideas y hacer una formación a los manteros. Una vez que tengamos esa formación, podremos depender de nosotros mismos. También, con los colaboradores del Centro Comunitarios Luis Buñuel estamos preparando una formación de serigrafía y también de coser. Nos lo han puesto fácil porque también llevan mucho tiempo colaborando con nosotros.

¿Cuántas personas están contratadas para atender a los clientes de la tienda?

Ahora mismo están trabajando dos personas. Nuestro objetivo es ir contratando a más porque los manteros son un grupo de 30 o 40 personas en Zaragoza, la mayoría de Senegal. Desde la crisis sanitaria, ya no pueden seguir vendiendo en la calle. De momento, hemos empezado con dos personas, una hace el turno de mañana y la otra viene por la tarde. Y con lo que vendemos en la tienda, también ayudamos a unos manteros que están en situación de vulnerabilidad, que tienen dificultades para pagar las casas. Estamos intentando ir avanzando con las ideas que tenemos, para preparar bien las que queremos desarrollar.

¿Qué tal acogida ha tenido la tienda?

El vecindario de La Magdalena nos ha acogido bastante bien. La gente pasa por ahí para preguntar cómo vamos, si necesitamos algo, para decirnos que están dispuestos a colaborar... Eso es algo muy importante; nosotros llevamos tiempo en La Magdalena, nos gusta mucho empezar ahí porque es un barrio intercultural, queremos aportar nuestro grano de arena para el desarrollo de este barrio.

¿Y en cuanto a ventas? ¿Es rentable la tienda?

La venta, ahora mismo, va regular. Hay mucha diferencia con hace dos meses, pero estamos resistiendo. Al principio, cuando empezamos en diciembre, fue muy bien, porque la inauguración de la primera tienda de marca Top manta de Aragón tuvo bastante repercusión en medios de comunicación. Eso fue muy importante. Además, coincidió con un tiempo en el que generalmente la gente compra regalos, pasó mucha gente a conocernos, a apoyarnos, los socios siempre están aportando para que podamos cubrir los gastos corrientes de la tienda. Siempre animamos a la gente que quiera colaborar, les apuntamos como socios. Ahora, la cosa está muy floja. Podemos estar algún día o dos sin vender nada, pero lo entendemos. Poco a poco. Estamos resistiendo, para intentar llevar bien la tienda. La cosa está difícil, pero estamos pensando en cómo seguir aguantando.

De todas formas, con la tienda abierta, ¿sigue habiendo manteros?

Sí, porque algunos van a los bares, otros van al rastro los domingos… pero en la ciudad, no pueden. Algunos están viviendo con sus familiares, muchos se ayudan entre ellos dentro de la comunidad senegalesa.

En Senegal, ¿qué proyectos queréis poner en marcha?

Queremos trabajar al 50% aquí y al 50% en Senegal. Desde el viaje de 2019, tenemos dos proyectos. Uno es en una zona urbana y el otro, en una zona rural; fuimos a conocer los dos lugares. Para la zona rural, tenemos un proyecto para crear una escuela infantil. Allí, no hay educación infantil; entonces, muchas mujeres tienen muchos problemas para dejar a sus hijos para ir a trabajar a los huertos y suelen pedirles a los profesores de la escuela primaria dejar allí a los niños, aunque sean más pequeños. Es un problema tener en un aula de primaria a niños que sólo saben comer y llorar. Estamos esperando la convocatoria de este año del ayuntamiento de Zaragoza para presentar este proyecto para conseguir una subvención. El otro proyecto es para una zona urbana que une cuatro barrios, donde hay un colectivo de alumnos y estudiantes interesados en mejorar sus zonas. Nos explicaron que tienen un problema de transporte para poder ir a la Universidad; hay muchos problemas de tráfico, hay muchas familias que no tienen dinero para cubrir el transporte anual de sus alumnos; nos están pidiendo el donativo de un autobús que pueda transportar a los alumnos para ir a estudiar. También allí hay un colectivo de mujeres que están trabajando mucho por Senegal.

En demasiadas ocasiones se ha escrito estos dos últimos años sobre balas contra mensajeros. Académicos denunciados por llamar la atención sobre la tortura en prisión, concejalas investigadas por clamar contra la policía tras la muerte de un ciudadano, presidentes de asociaciones imputados por quejarse del trato a los manteros... En definitiva, demasiados casos de denuncias y querellas contra quienes elevaban públicamente la voz contra los abusos del poder. Con tanto disparo, alguno tenía que dar en el blanco y, paradójicamente (o no), le ha acabado tocando al negro.

Idrissa, expresidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón, ha sido condenado por un delito de injurias contra la Policía Local de Zaragoza. Su señoría ha considerado punible, vía delito de injurias graves con publicidad del artículo 209CP, que Idrissa, durante una rueda de prensa en la que se presentaba un informe que recogía testimonios de abusos policiales a manteros de la ciudad, afirmara supuestamente que los policías de la ciudad “Hacen negocio y recogen los beneficios” y que “les agreden y lo hacen solo porque son negros”. El matiz supuestamente es relevante porque estas declaraciones fueron atribuidas a Idrissa por un medio de comunicación, no habiéndose probado durante el juicio que realmente las formulara en estos términos. De hecho, la defensa de Idrissa se molestó en mostrar que la expresión “hacen negocio y recogen los beneficios” ni siquiera corresponde a ninguna declaración del acusado sino a un comunicado del Grupo DDCC15mZgz publicado el 5 de abril de 2018: “Los problemas sociales no llegan en patera. Los culpables de nuestros problemas vuelan en primera clase, usan coches de lujo, atizan el racismo, hacen negocio y recogen los beneficios”.

Ante este fallo judicial cabe hacerse varias preguntas relativas a la técnica jurídica. ¿Cómo es posible condenar en base a un delito, el de injurias del 209 CP, que protege el derecho al honor, por hacer unas declaraciones sobre una institución del Estado que, según el Tribunal Constitucional (STC 107/1988, de 8 de junio; STC 214/1991, de 11 de noviembre y STC 13/1995, de 24 de enero) y el Tribunal Supremo (STS 492/2017, de 13 de septiembre), no es titular de ese derecho? Es decir, ¿cómo se daña el derecho al honor de una institución del Estado que, como tal, no tiene Derecho al Honor? ¿Cómo se resuelve un “concurso” de leyes –situación que se crea cuando una misma conducta puede encajarse en dos tipos penales - apelando al delito más beneficioso para el acusado? ¿Un concurso entre los artículos 504 y 209CP no debería resolverse en base al criterio de especialidad? ¿Acaso una sentencia condenatoria por delito de injurias graves no exige una valoración mínimamente seria del ánimo (la voluntad) injuriosa y de la efectiva lesión en el honor que han producido las declaraciones? ¿Acaso puede ser considerado “temeroso desprecio hacia la verdad” – requisito necesario para condenar por injurias graves - presentar un informe a la autoridad competente en el que se respaldan las declaraciones hechas, solo porque esa autoridad competente acabara no sancionando a nadie ni emprendiendo procedimiento judicial alguno?

Y por último: ¿no se supone que el Tribunal Supremo (STC 9/2007, de 15 de enero y STC 6/1981, de 16 de marzo) se ha cansado de recordar que la libertad de expresión ampara la crítica a las instituciones por ser este derecho, en el ámbito político, especialmente valioso para una sociedad democrática? ¿Dónde se supone que quedan estas palabras del Constitucional sobre las libertades de expresión e información?: “Cuando operan como instrumento de los derechos de participación política debe reconocérseles si cabe una mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos, ya que el bien jurídico fundamental por ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión pública libre, adquiere un relieve muy particular en esta circunstancia, haciéndoles especialmente resistente(s), inmune(s) a las restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar” (STC 136/1999, de 20 de julio)

Las respuestas a estas preguntas quizás pondrían en duda esta resolución y la actuación profesional de quien la ha dictado, y tal crítica también estaría amparada por la libertad de expresión según sentencias del Tribunal Constitucional como la 35/2004, de 8 de marzo. Pero permítanme que, llegados a este punto, dude de la validez de la justisprudencia del “supremo intérprete de la Constitución” en ciertos juzgados de lo Penal de este país. Además, todas las preguntas anteriores son meras cuestiones de técnica jurídica. Precisamente, si algo brilla por su ausencia en la sentencia que condena a Idrissa es la técnica jurídica. La sentencia es política, pura política, es el castigo a alguien en cuyas declaraciones puede entreverse una crítica a la policía por prácticas racistas. Y así lo reconoce la propia sentencia al afirmar lo siguiente sin rubor:

“El mero hecho de que algunos de esos ciudadanos senegaleses hayan podido transmitir quejas al acusado o incluso que el Ayuntamiento abriera esa investigación, no le autorizaba a dar públicamente por ciertas conductas del colectivo policial ilícitas e incluso racistas. Con temeridad, sin cerciorarse de si todas las quejas eran veraces y generalizando a todos los Agentes, transmitió a la opinión pública la imagen de una Policía Local que sistemáticamente persigue a los manteros senegaleses por motivos étnicos”.

Esto no es otra cosa que defender la sacralidad de las instituciones del estado definiendo por la vía del castigo lo que puede y no puede ser dicho en público, lo que puede ser discutido y por lo tanto ser pensado. Si, como dice Slavoj Žižek, la esencia de lo político es el poder para definir lo político –léase lo opinable y discutible–, esta sentencia supone una ofensiva política contra toda visión crítica con la actuación de los poderes del Estado. Esta ofensiva es el hecho realmente grave del asunto. Las cuestiones de técnica jurídica son solo víctimas sacrificadas en su nombre. Lo que aquí está en juego no es solo la condena a un sujeto, ni siquiera el (des)conocimiento por parte de un juez del derecho penal que aplica, sino la progresiva construcción, resolución a resolución, de un clima punitivo que desincentive la denuncia e imponga por vía de los hechos un relato acrítico sobre cómo las instituciones ejercen el poder. La construcción, en suma, de una práctica jurídica simétricamente opuesta a los principios que, se supone, la fundamentan.

Primer gran operativo del verano contra la venda ambulante en Barcelona. Y no será el último. Más de 100 agentes de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana y la Policía Portuaria participan este lunes en una operación en varios puntos del puerto y el centro de Barcelona para evitar que los vendedores se instalen en los puntos habituales de venta.

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle (PSC–Units per Avançar) ha anunciado que el dispositivo será “permanente” todo el verano para acabar con la “intolerable” venta ambulante. Se trata, según Batlle, de un dispositivo “por saturación” en el que los agentes ocupan el espacio público para evitar que los vendedores pongan la manta en la calle.

Los agentes están desplegados en zonas de gran afluencia turística como el paseo Joan de Borbó, la plaza Pau Vila, el paseo Colom, el Portal de la Pau, La Rambla, la plaza Catalunya y el Passeig de Gràcia. Los efectivos policiales están en las zonas donde acostumbran a colocarse decenas de vendedores de top manta que venden mercancías como bolsos, zapatillas, gafas de sol, pañuelos y ropa deportiva, entre otros productos.

Batlle (PSC–Units per Avançar) ha situado el fin del 'top manta' como una de las prioridades de su mandato. La operación de este lunes busca evitar la venta ambulantes y la saturación del espacio público que causa el 'top manta' en algunos de los puntos más concurridos por los turistas, como los aledaños del monumento a Colón y el paseo Joan de Borbó.

Este dispositivo policial contra la venta ambulante no autorizada da continuidad a otros dispositivos desplegados en la plaza Catalunya y el Portal de la Pau, pero ahora se abarcan todas las zonas de venda ambulante de la capital catalana. Empezará a las 9:30h. y terminará a las 22:00h.

Batlle ha dicho que no cabe “esperar milagros” del operativo, pero sí ha confiado en que la saturación policial convenza a los vendedores ambulantes de que su actividad “no es tolerable y es ilegal”, y a los turistas para que dejen de comprar los productos. Batlle ha reiterado que la venda ambulante genera “un perjuicio básico en la economía de una capital del comercio de proximidad como es Barcelona”.

Severa corrección de la Audiencia de Barcelona a los Mossos d'Esquadra, la Fiscalía y las marcas de lujo que acusaban a un grupo de siete manteros de Barcelona, entre ellos a su portavoz. El ministerio público pedía expulsar a tres de ellos de España y penas de prisión para el resto. Los tres magistrados han rebajado a multas de 120 y 240 euros la condena, y han absuelto a dos de los acusados. En la sentencia, los togados descartan que el top manta cause “graves perjuicios” económicos a marcas como Louis Vouitton. Michael Kors o Nike o a clubes como el F.C. Barcelona o el Real Madrid “teniendo en cuenta los beneficios publicitados” de las empresas, que ejercían la acusación particular.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada de la sección 6 de la Audiencia de Barcelona Àngels Vivas, afea a las marcas no haber aportado “la mínima prueba contable” que sustente el supuesto quebranto económico en sus balances generado por el top manta. La Fiscalía llegó a cifrar el perjuicio económico de los manteros en 415.236,84 euros, cifra que la sentencia rebaja al excluir varios productos incautados, pero no llega a concretar (se hará en el trámite de ejecución de sentencia).

“Las empresas no se ven afectadas [por la venda ambulante] en el sentido de que el público que accede a sus productos originales en el mercado de lujo nada tiene que ver con quienes se acercan a comprar a las mantas extendidas en el metro o en las calles de la ciudad, que en ningún caso son, ni remotamente, potencial clientela para las marcas”, destaca la sentencia. Es decir: quien compra en el top manta nunca compraría en una tienda de lujo, por lo que no se puede concluir que la venda ambulante cause por sí misma un quebranto económico a las marcas.

El caso de estos siete manteros llegó a juicio tras una investigación de los Mossos d'Esquadra en 2016, que llegaron a acusar de blanqueo de capitales a un mantero porque lo vieron ingresar dinero en efectivo en el banco. Cuatro de los manteros pasaron diez en prisión provisional, lo que enervó a la comunidad de vendedores ambulantes. En el piso que compartían los manteros se incautaron decenas de productos listos para venderse, equivalentes a diez días de venda en la calle, según la sentencia.

Las acusaciones, en base a los informes de los Mossos, sostenían que los manteros eran una organización criminal dedicada a la venta al por mayor, una tesis descartada por los magistrados porque “no se ha aportado ninguna evidencia” de la misma. Los manteros, concluyen los magistrados, adquirían en almacenes de Badalona “de forma individual” los productos, que luego vendían en la calle.

La sentencia censura la investigación de la policía catalana, que “dedujo” que los manteros ensamblaban en el piso los productos porque en el domicilio había planchas de vinilo de la marca Nike para las zapatillas y chapas en bolsas de plástico con logotipos para poner en los bolsos. “No hay constancia de que se hubiera descargado por algún camión materiales”, replican los magistrados, que destacan que lo único que vieron los Mossos en su investigación fue entrar y salir de la casa a los manteros con los bultos que luego extendían en las maltas.

“No se han encontrado ni en posesión de ninguna de las personas acusadas en la entrada y registro facturas albaranes u otros documentos que pudieran dar a entender que había ventas al mayor en la casa”, abunda la sentencia, que destaca además que, salvo en uno de los manteros, la policía no realizó investigaciones patrimoniales. Los Mossos tampoco investigaron, critica la sentencia, las conexiones entre los almacenes de Badalona y el Puerto de Barcelona, por donde entra la mayoría de la mercancía.

Los magistrados también afean a los Mossos haber atribuido a un mantero productos incautados que en realidad se habían encontrado en el pasillo y que no se podía saber de quién eran. “En suma la prueba que se ha efectuado no permite sostener que haya una organización, un reparto de papeles una economía común, y una mínima dirección” por parte de alguno de los manteros sobre el resto, concluye la sentencia.

Por todo ello, los magistrados condenan a los manteros a un delito contra la propiedad industrial por vender en la calle, pero no por fabricar los productos falsificados como pedían las acusaciones. La condena es una multa de 120 euros para cuatro manteros y 240 para otro. Otros dos han resultado absueltos al no quedar probado que tuvieran habitación propia y por lo tanto no podérseles atribuir los productos. Todos ellos podrán seguir viviendo en Barcelona.

Los manteros de Barcelona han alegado este jueves que el turista agredido la semana pasada por unos vendedores les atacó primero. El portavoz del Sindicato Mantero-Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, Lamine Sarr, ha leído este jueves en la plaza de Catalunya de Barcelona un comunicado en el que la organización ha dado su versión de unos hechos que han abierto la caja de los truenos contra el gobierno de Ada Colau, al que toda la oposición acusa de inacción frente al top-manta.

Según Sarr, todo empezó cuando “unos hombres borrachos estaban regateando con un mantero”. Los turistas llevaban una botella de cerveza e insistían en pagar un precio que el vendedor no quería aceptar. “Los hombres borrachos trataron de tontos a los manteros y utilizaron un discurso muy racista”, ha asegurado. El mantero les invitó a marcharse y al darse la vuelta “le pegaron dos golpes con la botella al mantero”, lo que le causó heridas en la nuca y en la espalda porque estaba rota.

“Los compañeros manteros acudieron a ayudarle y apareció José Bravo –el turista norteamericano que denunció la agresión–, que intervino de forma violenta contra nuestros compañeros”, ha indicado, y ha asegurado que fue después de esta situación cuando los manteros presentes actuaron de forma agresiva.

Por contra, el turista denunció que los vendedores le golpearon con la hebilla de un cinturón cuando intercedió para defender a una mujer que estaba siendo increpada tras regañar a un mantero por no poder pasar con un carrito de bebé. El vídeo de una testigo de la agresión muestra a los manteros persiguiendo y golpeando al turista.

Los manteros han reconocido la pelea del vídeo, si bien han precisado que es el resultado final de toda una reyerta en la que sus compañeros empujaron al turista para “evitar que siguiera con su violencia”, pero no lo hizo, y además intervino una persona que estaba con él. Aún así, han reiterado que “hubo una respuesta que lamentamos mucho que haya ocurrido”.

La polémica por la agresión de unos manteros a un turista ha provocado que toda la oposición se una para criticar a Ada Colau y a exigirle que dimita como responsable de la seguridad de Barcelona. De hecho la alcaldesa recibió este miércoles su tercera reprobación de la legislatura.

Los vendedores ambulantes han condenado “todo tipo de violencia, sea de quien sea y donde sea” y han lamentado lo acontecido, por lo que han pedido disculpas. El sindicato, arropado por más de 85 entidades, ha querido “desmentir y desmontar” todo lo que se ha dicho sobre los hechos acontecidos, y han explicado su versión, asegurando que tienen “la conciencia muy tranquila”.

Podemos ha registrado esta tarde en el Congreso una proposición de ley a la que ha bautizado con el título “sobrevivir no es delito” y que pide despenalizar la venta ambulante para acabar, dicen, con la “persecución y criminalización sistémica de estas personas que intentan buscarse la vida”.

La coportavoz del partido morado, Noelia Vera, ha recordado en una rueda de prensa durante la mañana de este lunes que antes de la reforma del Código Penal de 2015, la venta ambulante estaba castigada con multa administrativa, mientras que ahora se ha convertido en un delito con pena de cárcel de seis meses a dos años.

“La situación actual supone una regresión respecto a la regulación anterior y condena a personas migrantes en situación administrativa irregular a una suerte de muerte social porque, al mismo tiempo, tipifica como delito la única forma de ganarse la vida”, sostiene el texto, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Además, recuerdan, “les genera unos antecedentes penales que les imposibilita regularizar su situación en nuestro país mediante los procedimientos legalmente establecidos en nuestro ordenamiento”.

“Una situación desproporcionada que busca criminalizar el único medio de subsistencia de un sector altamente vulnerable”, sostiene Podemos. Los colectivos de manteros de todo el Estado español llevan más de un año luchando por sacar la venta en el top manta del código penal.

En este sentido, la formación morada ya presentó en abril de 2016 una proposición no de ley con una iniciativa similar, en la que trabajaron con los colectivos implicados, y ahora ha decidido retomar su petición registrando una proposición de ley pocos días después de los sucesos ocurridos en el barrio madrileño de Lavapiés tras la muerte de Mame Mbaye cuando llegaba a su casa después de que se produjera una persecución policial contra los manteros.

Vera ha aprovechado para reiterar las condolencias de su partido a los amigos del fallecido, y ha recalcado que tras lo ocurrido hay “un debate de fondo” que tiene que ver con la “precariedad y miseria a la que estos compañeros están siendo condenados desde hace mucho tiempo”.

“En este país es tan curioso que si uno defrauda tiene una sanción administrativa, pero si vende un bolso en la calle tiene dos años de cárcel”, ha enfatizado Vera.

Mamadou (nombre ficticio) acude cada día a las principales calles del centro madrileño con su manta a cuestas cargada de mercancía para vender. Cuando ve a la Policía, echa a correr tratando de evitar una multa o una sanción que pueda provocar su expulsión de España.

Este viernes ha asistido a la plaza Nelson Mandela, en el barrio madrileño de Lavapiés, para protestar por la muerte de su compañero Mame Mbaye Ndiaye tras sufrir un infarto cuando llegaba a su casa después de una persecución policial.

“Yo trabajo en la manta, como Mame. Solo queremos comer y pagar el alquiler. Solo queremos vivir”, reitera. A pocos metros está Ousmane, que también prefiere no revelar su nombre. Cuenta que trabajó un tiempo en la venta ambulante con Mame. “No somos ladrones, yo me tenía que buscar la vida. ¿Me pongo a robar o a vender droga? No, no quiero hacer daño. Lo único que nos queda es esto”.

Ousmane ha logrado encontrar trabajo en una empresa de la que prefiere no dar más detalles. El joven habla con indignación de las persecuciones policiales que, dice, sufren a diario sus compañeros en el centro de Madrid. “Nos duelen, pero nosotros nunca tenemos la razón. Si alguien se cae, es nuestra culpa. Hay mucha gente que no puede trabajar porque tiene algo roto”, asegura.

Su denuncia y la de otros compañeros era compartida por Mbaye, que, según recuerdan, estaba muy comprometido en lucha contra la situación del colectivo. Este jueves, se le paró el corazón cuando llegaba a casa tras una de esas operaciones policiales que tanto denunció. “Los hechos ocurrieron tras una redada y persecución racista. La policía les propició patadas constantes para que cayesen y poder detenerles”, aseguran desde la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España (AISE).

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha afirmado que la Policía ya no perseguía a Mbaye en el momento del infarto en la calle Oso, pero ha confirmado que hubo una persecución 20 minutos antes del desfallecimiento del joven. “Lo que hemos visto en nuestra calle es que venían tranquilos caminando, no sabemos si les han perseguido hasta la calle Oso. De repente uno ha caído a plomo”, contó la pareja que llamó a la Policía a eldiario.es.

“Quizás no murió en el momento de la persecución, pero si no hubiese corrido tanto, no le hubiese pasado”, defiende Serigne Mbaye, portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, quien, según indica, llegó en la misma patera que Mame Mbaye a Santa Cruz de Tenerife. “Y que te persiga la Policía es el día a día de los manteros, no es un hecho aislado. Operaciones policiales hay todos los días”, recalca.

Cheikh Ndiaye, de la AISE, pide ampliar el foco al resto de personas racializadas: “Lleva más de un mes habiendo redadas racistas en Lavapiés, lo vivimos y sufrimos a diario”.

“Humillaciones, violencia física y abusos”

No es la primera vez que los manteros denuncian los riesgos que corren en la venta ambulante. Hace un año, el colectivo se concentró ante el Congreso de los Diputados y denunció que estaban siendo víctimas de “humillaciones, violencia física y abusos” como, por ejemplo, que la policía se quede con su mercancía.

La Asociación Sin Papeles de Madrid (ASPM) sostiene que se han reunido “al menos en siete ocasiones” en los dos últimos años con el Ayuntamiento para denunciar las presuntas agresiones policiales que dicen haber sufrido en la capital. “Hemos denunciado 20 agresiones de policías a manteros y lateros. Desde vejaciones y tortas, cosas por las que no te hacen un parte médico, hasta una fractura de brazo o una lesión en la espalda. Convence tú al latero al que le han partido el brazo de que denuncie al agente”, explica Marta Herrero, abogada de la ASPM.

“El colectivo de manteros es lo más pacífico que me he encontrado. Tienen un miedo pavoroso a denunciar”, agrega. La letrada asegura que el Consistorio ha respondido que ha iniciado una investigación de la que aún esperan respuesta. La organización también ha elevado varias quejas al Defensor del Pueblo.

“Es una espiral infinita de persecución”

“El día a día de un mantero es levantarse, preguntarse dónde puede ir a vender, si está lloviendo, hace viento o hay policía cerca. Solemos decirnos 'Desayuna bien', porque, cuando sales de casa, piensas en que no vuelves hasta mañana. Muchas veces te quitan la mercancía y no te dan ni un resguardo” [que lo acredite], explica Serigne Mbaye.

Sin papeles, reitera, “no puedes hacer nada, no puedes tener un contrato, estas condenado a vender porque no tenemos otra cosa”, añade. Los expertos y activistas consultados coinciden en que el hecho de estar en situación irregular y sus precarias condiciones de vida empujan a estas personas a vender en el top manta, pero también están en la base de parte de los riesgos que aseguran vivir a diario.

“El racismo institucional ejercido mediante la Ley de Extranjería condena a muchas personas a vivir excluidas y sin derechos”, ha denunciado SOS Racismo en un comunicado. “Por este tipo de trabajo les pueden sancionar, se generan antecedentes penales y esto les imposibilita regularizarse. Es una espiral infinita de persecución”, apunta Tania García, de la ASPM.

Además de las multas por vender en la vía pública, el top manta puede costar condenas de cárcel. Tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal en 2015, la comercialización de productos falsificados puede ser castigada con una pena de prisión de seis meses a dos años y multas.

“La falta antigua se ha sustituido por un verdadero delito. Si a una persona condenada a multa le pillan otra vez porque sigue vendiendo y se le vuelve a condenar, pueden imponerle pena de prisión, y como tiene antecedentes, seguramente le obligarían a cumplir”, señala Jaime Montero, abogado penalista. Las multas pueden oscilar, denuncian los colectivos de manteros, “entre los 700 y los 2.000 euros”.

Esta sanción, a su vez, abre la puerta a una deportación, ya que si un migrante –aunque tenga papeles– hace frente a sanciones de más de un año se le puede retirar la residencia y ser expulsado de España, según la Ley de Extranjería. “Se les expone a diario a la posibilidad de ser deportados por su situación irregular, pues se les identifica y luego se les puede abrir el expediente de expulsión” explica Marta Valdaura, del área de migraciones de centre IRIDIA.

“Saben que en cualquier momento les pueden devolver a sus países, ya sea tras meterlos en un CIE o con deportaciones exprés”, prosigue. Los colectivos de manteros de todo el Estado llevan más de un año luchando por lograr la despenalización del top manta.

Por su parte, en declaraciones a eldiario.es, miembros del Gobierno municipal han reconocido que “podrían haber hecho más” para acelerar medidas que se han ido anunciando con el fin de mejorar la situación de migrantes y manteros en la capital, como la tarjeta de vecindad, un documento que les permitiría acceder a los servicios municipales. “Los manteros están abocados a estar en situación irregular, que no es un delito, y eso equivale a ser invisible para las administraciones y limita sus derechos”, concluye Herrera, de ASPM.

“Nosotros no disfrutamos de la vida”

La persecución policial, alertan varias fuentes consultadas, además de generar situaciones de “estrés máximo” entre los que huyen, agrava el estigma que pesa, en ocasiones, sobre este colectivo. “La imagen que se da es que estas personas están haciendo algo mal, porque están siendo perseguidas y penadas. Esto no es un problema que se pueda solucionar con persecución policial”, asevera Valdaura.

“¿Qué necesidad hay de perseguir tanto a una persona que te tiene miedo? Primero, es el peligro de cruzar la calle como sea, el riesgo de chocarte con niños o mayores. La Policía lo que busca corriendo y esposando es dar una imagen mala a la gente. Cuando me perseguían y me veía corriendo como un animal me daba vergüenza, porque sabía que no he robado”, coincide Serigne Mbaye.

El activista habla en pasado. Ya no vende en la manta: ahora es socio de un restaurante ecológico e integrante de una cooperativa. “Yo no me quito mérito y doy gracias al apoyo de gente, pero es muy difícil superar esta barrera”. Asegura que desde el Sindicato de Manteros trabajan en alternativas para que la gente no se vea forzada a vender en la calle. E insiste: vender en la manta no es el sueño de nadie.

“Los manteros sueñan con hacer otras cosas, porque no hay nada mejor que vivir como la gente, tener tu contrato, ir tranquilamente a trabajar. Nosotros no disfrutamos de la vida, nos olvidamos de divertirnos, solo te preocupa moverte sin que te persiga la poli”.

También era el sueño de su amigo, fallecido este jueves. “Mame siempre pensaba en no vender en la manta, pero es lo que tenía. Si hubiese tenido los papeles, este chico no habría tenido que buscarse la vida”, sentencia.

La imagen de un hombre negro desplomándose tras un porrazo de un agente de la Policía Nacional en la plaza Nelson Mandela de Lavapiés, en Madrid, se ha difundido masivamente en redes sociales. El momento fue registrado en este vídeo grabado por un vecino.

Sin embargo, el servicio de Emergencias de Madrid no sabe nada de esa persona. No está en el registro de 20 heridos, 16 de ellos policías, de los que tienen constancia los sanitarios durante el operativo de disturbios en Lavapiés. Tampoco consta en el balance de seis detenidos que la Policía difundió este viernes, en el que todos los arrestados eran de nacionalidad española y piel blanca.

El hecho sucede ya entrada la noche en el barrio de Lavapiés durante los disturbios de protesta tras la muerte del ciudadano senegalés Mame Mbaye Ndiaye, vendedor ambulante del top manta, que fallecía de un infarto cuando llegaba a su casa después de una persecución de agentes municipales, según fuentes policiales.

En la Plaza Nelson Mandela, se desatan disturbios como protesta de vecinos y compañeros de Mbaye tras lo que consideran una muestra del racismo policial e institucional en el que viven. a En la carga policial, varios agentes se plantan ante una persona que permanece sin correr junto a una farola. Se ven los golpes y cae al suelo. Los agentes siguen a la carrera y se aprecia cómo otros agentes también pasan a su lado sin detenerse.

Varios agentes que ocupaban la retaguardia del operativo de la Policía Nacional, pasados unos instantes, se acercan al herido. A continuación lo cogen en volandas, se lo llevan de la plaza y lo meten en un portal de la calle Oso, como se aprecia en este vídeo grabado por un vecino.

A partir de ahí, poco se sabe de él. Incluso hay vecinos que han sugerido en medios de comunicación que podría haber muerto.

Encontramos a Arona Diakhate ingresado por traumatismo craneoencefálico en el hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. No está en condiciones de hablar, pero el informe médico habla por él. Quince puntos en la cabeza, dos contusiones. Traumatismo craneoencefálico, con hematomas internos, pero sin riesgo de lesión neuronal. Le han hecho dos escáneres y los médicos han decidido dejarle en observación durante las primeras 24 horas.

En el informe médico se explica que Diakhate tiene una herida en la cabeza por un golpe con “un objeto duro y desconocido”.

Arona Diakhate tiene 38 años y es también de Senegal, como Mame Mbaye, aunque desde hace unos años tiene también la nacionalidad española; para protestar por el contexto de su muerte acudió a la plaza Nelson Mandela. Estaba gritando cuando los antidisturbios se acercaron a él y le golpearon. Según su testimonio, la Policía llamó a los sanitarios y dos agentes subieron a la ambulancia con él, que asegura que estuvo esposado hasta llegar al hospital.

Tras la publicación de esta noticia, la Policía, que durante este viernes ha explicado a eldiario.es que no tenía datos sobre este caso, reconoce los hechos y explica que Diakhate fue trasladado en coche patrulla desde Lavapiés a la comisaría de la calle Leganitos, “porque las ambulancias no podían entrar en la zona donde estaban”. Desde allí, y sin registrar su detención ni condición de herido, llamaron al Samur para su traslado al hospital.

Arona Diakhate descansa en una habitación de hospital mientras en su barrio continúan las protestas por la muerte de Mame Mbaye. Según la versión oficial de los hechos, no fue detenido o herido en la noche de los disturbios en Lavapiés.

Las paredes todavía huelen a pintura. Sobre uno de los muros desnudos empieza a dibujarse una silueta en negro. Se trata del cayuco que conforma el logotipo de 'Top Manta', la marca de camisetas y bolsas que los vendedores ambulantes de Barcelona pusieron en marcha hace dos meses. “¡Nos harán falta muchas más! Estamos sorprendidos”, sostiene uno de los portavoces del colectivo, Aziz Faye. Hasta ahora han vendido las prendas –muchas– en fiestas de barrio. Ahora también lo podrán hacer en su local.

En el corazón del Raval, los manteros trabajan día y noche –así como varias personas cercanas a los vendedores– para acondicionar un espacio que tiene que ser sede de las próximas acciones que el colectivo plantea fuera de la manta. A la cabeza de dichas acciones, la firma 'Top manta', que –según apunta el colectivo– requerirá de “una campaña de micromecenazgo para financiar el siguiente gran paso”: zapatillas. “Los costes son más elevados y no queremos acabar vendiendo algo caro, nuestros productos no son para élites”, dice Faye.

No será la única finalidad que el colectivo le dará a su cooperativa (creada hace un año y ajena a la impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona), que durante el invierno también pondrá en marcha una editorial (cuentos populares de memoria oral senegalesa), además de talleres por escuelas hablando de racismo y cultura africana. “Queremos ahondar en nuestras raíces: explicar de dónde venimos y dejar parte de nosotros en Barcelona, que ahora también es nuestra casa”.

“Todas estas acciones darán más autonomía al colectivo”, sostiene el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. Hasta el momento, las ventas de camisetas y bolsas de tela han permitido al colectivo seguir ampliando su “caja de resistencia” –destinada al pago de abogados y demás gastos relacionados con su actividad en la calle– y también para abonar “pequeñas cantidades” a los manteros que se hacen cargo de las paradas en las fiestas de barrio donde se venden los textiles.

El verano ha sido menos turbulento, según reconoce el propio colectivo, pero también menos provechoso económicamente. “La expulsión de la calle ha sido prácticamente total, y menos ventas significa más precariedad para nuestra gente”, atiende Faye. Durante el julio y agosto, los vendedores se han visto obligados a salir solamente a partir de las nueve de la noche por la fuerte presencia policial.

Los manteros no están solos en su nueva aventura. El local será un proyecto compartido con la editorial Veus amb Veu; los libreros y los manteros alcanzaron un acuerdo hace unos días para compartir gastos y espacio, después que la librería estuviese a punto de cerrar a inicios de este año. De ahora en adelante, en la sede de los manteros de Barcelona se harán charlas, serigrafía... Y se darán bienvenidas.

“Todo esto se hace para que quede nuestra esencia en la ciudad. Para los muchos que vendrán. Este espacio será también un lugar para que se ubiquen los compañeros que recién llegan”, sostienen desde el colectivo de vendedores. A un mes de los dos años del nacimiento del colectivo, hacer más corto el tránsito entre la venda en la calle y conseguir empleos estables –y papeles– sigue siendo el objetivo primordial del colectivo.

El local de los vendedores dispone de dos salas. En una primera tres manteros preparan una cena que servirán en las fiestas del Poblenou de este viernes (las cenas son otra de las acciones que permiten engordar la caja de resistencia), al fondo, otro más acaba de pintar una de las paredes. La sala, con los techos altos, tiene un eco aterrador. No estará vacía por mucho tiempo. “Aquí pondremos las mantas colgadas... Las de los vendedores que se retiren de la calle gracias a todos estos proyectos”.

El col·lectiu de treballadors de la venda ambulant de Barcelona denuncia la persecució de la que, asseguren, són objecte per part de la Guàrdia Urbana. Després dels incidents ocorreguts ahir a l'estació de metro de Catalunya entre manters i agents de la Guàrdia Urbana, el Sindicat Popular de Venedors Ambulants denuncia que l'acció policial respon a una estratègia “política” de la Guàrdia Urbana “per desgastar i desestabilitzar al govern municipal de Ada Colau”.

Els fets d'aquest dimarts van culminar amb una violenta càrrega policial després d'una baralla sense ferits va ser provocada, segons fonts de l'empresa de transports de Barcelona (TMB), per un manter que es negava a pagar i va respondre amb violència verbal a un vigilant de seguretat privada.

Segons fonts oficials, després d'aquesta discussió amb el vigilant del metro, una vintena de venedors ambulants es van enfrontar als a gents de la Unitat de Suport Policial de la Urbana que van rebre l'avís i van procedir a carregar contra els venedors ambulants.

La càrrega policial es pot veure en aquest compte de twitter:

El Sindicat Popular de Venedors Ambulants denuncia “les agressions sofertes a Barcelona per agents de la Guàrdia Urbana que van colpejar als nostres companys manters utilitzant les porres i molta violència”. El Sindicat lamenta que “grans mitjans i una part de la premsa escrita culpa al violentat, colpejat i al discriminat per ser pobre”.

El Sindicat es pregunta pel sentit de “colpejar als nostres companys a finals d'agost”, quan hi ha una reduïda presència de manters respecte a altres setmanes del mes. El Sindicat recorda la denúncia presentada per SOS Racisme on es detallaven les agressions de la Guàrdia Urbana contra els manters fetes en els darrers anys.

Els venedors ambulants lamenten que ningú hagi contrastat els motius de la reacció violenta dels manters i recorden que “cada dia nosaltres hem de suportar vexacions, insults, racisme i xenofòbia, confiscacions de material de venda, retirada de diners, identificacions i detencions”. Finalment, el Sindicat denuncia “la violència vingui d'on vingui”.

El colectivo de trabajadores de la venta ambulante de Barcelona denuncia el acoso del que, aseguran, son objeto por parte de la Guardia Urbana. Tras los incidentes registrados ayer en la estación de metro de Catalunya en Barcelona entre manteros y agentes de la Guàrdia Urbana, el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes denuncia que la acción policial responde a una estrategia “política” de la Guàrdia Urbana “para desgastar y desestabilizar al gobierno municipal de Ada Colau”.

Los hechos que culminaron con una violenta carga policial tras una pelea sin heridos fue provocada, según fuentes de la empresa de transportes de Barcelona (TMB), por un mantero que se negaba a pagar y respondió con violencia verbal a un vigilante de seguridad privada.

Según fuentes oficiales, tras esta discusión con el vigilante del metro, una veintena de vendedores ambulantes se enfrentaron a los agentes de la Unidad de Apoyo Policial de la Urbana que recibieron el aviso y procedieron a cargar contra los vendedores ambulantes.

Las imágenes de la carga policial fueron difundidas a través de esta cuenta de twitter.

El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes denuncia “las agresiones sufridas en Barcelona por agentes de la Guàrdia Urbana que golpearon a nuestros compañeros manteros utilizando sus porras y mucha violencia”. El Sindicato lamenta que “grandes medios y una parte de la prensa escrita culpa al violentado, golpeado y al discriminado por ser pobre”.

El Sindicato se pregunta por el sentido de “golpear a nuestros compañeros a finales de agosto”, cuando hay una reducida presencia de manteros respecto a otras semanas del mes. El Sindicato recuerda la denuncia presentada por SOS Racisme donde se denunciaban las agresiones de la Guàrdia Urbana contra los manteros.

Los vendedores ambulantes lamentan que nadie haya contrastado los motivos de la reacción violenta de los manteros y recuerdan que “todos los días nosotros tenemos que soportar vejaciones, insultos, racismo y xenofobia, confiscaciones de material de venta, retirada de dinero, identificaciones y detenciones”. Finalmente, el Sindicato denuncia “la violencia venga de donde venga”.

Identificaciones por perfil étnico, atestados ad hoc para justificar actuaciones policiales o la aplicación de la vía penal por una infracción administrativa de venta ambulante no autorizada son prácticas recurrentes de la Guardia Urbana de Barcelona contra los manteros, según ha denunciado este martes SOS Racisme. La entidad ha presentado en su informeVenta ambulante y vulneraciones de derechos un compendio de las actuaciones policiales “irregulares” contra la venta ambulante que han detectado en los últimos años en la capital catalana. 

En el estudio se denuncian las actuaciones “abusivas y racistas” de la Guardia Urbana entre 2010 y 2016 que ha recogido la entidad. De los 77 casos de los que dan cuenta en ese período, un total de 44 están relacionados con la venta ambulante no autorizada. Sólo en uno de los casos se ha condenado al policía. Las responsables de SOS Racisme detallan que los casos que afectan a manteros, en 12 se ha producido una agresión física policial por actuación en la venda ambulante y en 18 casos la Guardia Urbana ha procedido a presentar denuncia por atentado contra la autoridad. Ante los datos, remarcan que se trata de una muestra de casos graves de situaciones de vulneraciones de derechos. 

SOS Racisme ha puesto como ejemplo el caso de Manel, un mantero que prefiere mantenerse en el anonimato y a quien la asociación ha defendido. Recientemente se le ha absuelto de todos los cargos de los que se le acusaba, un delito de lesiones y otro de atentado a la autoridad, por los que el ministerio fiscal pedía para él cuatro años de cárcel. La asociación asegura que a este mantero se le ha sometido a una persecución policial durante meses.

Los hechos se remontan al pasado 14 de agosto de 2016 cuando la Guàrdia Urbana realizó una actuación contra la venda ambulante. En la operación, que las responsables de SOS Racisme han calificado de “desmedida”, se acusó a Manel de un delito de lesiones y otro de atentado a la autoridad. En aquel momento no se le detuvo ni se le identificó, según cuentan des de SOS Racisme. Se le comunicó semanas más tarde que tenía que comparecer en comisaría ya que había sido identificado mediante fotografías, una práctica que la abogada de SOS Racisme ha destacado que la jurisprudencia fija como irregular. Tras una rueda de reconocimiento, ninguno de los agentes de la Guàrdia Urbana pudo identificarlo. 

En ese mismo mes de agosto se le acusó de estar vendiendo en la zona de las Ramblas, hecho que él negaba ya que ese día, a causa de la lluvia, estaba vendiendo en otra zona de la ciudad. La identificación de Manel se hizo entonces, de nuevo, “por reconocimiento fotográfico”. En mayo de 2017 se le comunicó, pasados unos meses, un delito de atentado a la autoridad. 

“Queremos pensar que estas acusaciones se hacen porque lo confunden con otra persona, no queremos pensar que a esta persona la policía la conoce y se le esté imputando delitos de manera intencionada”, ha denunciado la responsable del servicio de Atención y Denuncia de SOS Racisme, Alícia Rodríguez. 

La abogada de SOS Racisme, Lorena Antón, apunta cómo “el atestado policial deja constancia que la identificación no se hace al momento” y que en estos casos los juzgados de instrucción no cuestionan cómo se han hecho las identificaciones. Denuncia, además, que ante los testimonios policiales no se tiene en cuenta la versión de los vendedores ambulantes. La indefensión es mayor cuando los testimonios son otros vendedores ambulantes, porque por miedo, dicen, “desisten de hacer una declaración contraria a la versión de la policía”.

A pesar de esta situación, SOS Racisme celebra poderse reunir con el Ayuntamiento de Barcelona. “Con este Gobierno nos hemos podido sentar, es la primera vez” asegura Cuevas, que sin embargo pide al consistorio que analicen la realidad de la venda ambulante y “que cesen estas actuaciones racistas y abusivas”. 

“Si no vendes no comes, no pagas la habitación y no puedes ayudar a tu familia”, ha recordado esta mañana Mor, un senegalés de 31 años que desde que llegó a Madrid ha trabajado como mantero. En su país se ganaba la vida como mecánico. Al llegar a España, hace tres años, se dio cuenta de que la “única opción” que tenía para conseguir algo de dinero era “vender en la calle”.

“Tenemos muchas dificultades, la Policía nos quita lo que estamos vendiendo, a compañeros les han pegado y agredido. Y nosotros lo único que queremos es sobrevivir. Si no tenemos papeles, no hay trabajo. Solo nos queda la manta”, ha reseñado este joven de 31 años. Si consigue ahorrar algo mensualmente envía 50 euros a sus padres para echarles una mano: “Con esa cantidad ellos pueden comer 20 días. Mi padre tiene 60 años, allí no pueden trabajar porque son viejos. Yo soy un chaval, estoy aquí para poderles ayudar”.

Aprovechando que se está celebrando en la capital el encuentro estatal de manteros y lateros, migrantes de Valencia, Barcelona, Málaga, Bilbao y Madrid han acudido esta mañana a las puertas del Congreso para reivindicar que “sobrevivir no es delito”. “El racismo institucional nos condena a la manta”, ha sido uno de los mensajes que se leía una de sus pancartas.

Antes de llegar al Congreso, la Asociación Sin Papeles de Madrid ha presentado ante registro una queja dirigida a Manuela Carmena, suscrita junto a Sos Racismo. En ella recogen 14 casos de “acoso policial”, por parte de la Policía Municipal, contra este colectivo entre septiembre del 2016 y los primeros meses del 2017.

“Hemos acompañado partes de lesiones de agresiones físicas, fracturas de brazos, de dedos y de lesiones en la espalda. Todas las denuncias se han presentado de forma anónima porque ellos tienen miedo”, ha apuntado Maite, portavoz de la asociación.

Desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Madrid aseguran que están en contacto con estas asociaciones y que la quejas que han recibido anteriormente “están siendo investigadas”. “No se puede permitir una mala praxis profesional, pero no es un comportamiento generalizado”, apuntan estas fuentes sobre las actuaciones de los agentes municipales.

Frente el Congreso, los manifestantes han desplegado algunas fotos de manos y brazos vendados, así como de radiografías de fracturas. Aseguran que esas situaciones son las consecuencias de las actuaciones policiales en toda España. “Basta ya de acoso policial”, ha sido la consigna más coreada durante la concentración. Desde el gabinete de prensa de la Policía Nacional aseguran que ellos no tienen constancia de agresiones a manteros por parte de sus agentes. “Entendemos que se refieren a agentes municipales”, aseguran estas fuentes.

“Hay que recordar que la situación de los manteros proviene de la colonialización, que nos obliga a huir de nuestros países”, ha apuntado Mamadou, portavoz de la asociación madrileña. Junto a un compañero ha entrado al Congreso con tres diputados de Unidos Podemos, Juan López de Uralde (EQUO), Yolanda Díaz (En Marea) y José María Guijarro (Podemos). Estos políticos consideran que ha sido una oportunidad para “abrirles” las puertas de la Cámara alta y “conocer su problemática”.

“Debería de existir la posibilidad de que se despenalice la manta en esta legislatura”, ha indicado Díaz. Esta petición, junto a una modificación de la Ley de Extranjería, han sido dos de las reivindicaciones principales de esta concentración.

Tras la entrada en vigor del nuevo código penal la comercialización de estos artículos puede ser castigada, según el artículo 153.3, con una pena de prisión de seis meses a dos años. Esta sanción abre la puerta a una deportación, ya que si un inmigrante, aunque tenga papeles, hace frente a sanciones de más de un año se le puede retirar la residencia y ser expulsado del país, según la Ley de Extranjería.

“Mariano salta la valla”, han coreado para protestar por las políticas migratorias del Ejecutivo actual. “¿Qué harían los políticos si sus hijos estuviesen en esta situación? Yo llegué aquí con visado de turista, pero mi hermano pequeño está en Tánger decidiendo si salta la valla o viene en patera”, ha replicado Falu, senegalés, que lleva más de diez años viviendo en Valencia y vendiendo en la calle. No duda al responder si le anima a venir a España: “Claro, mejor buscarse la vida aquí que sufrir allí la miseria”.

En los próximos días, sobre las mantas de los vendedores ambulantes de Barcelona habrá una nueva firma. No será la enésima falsificación. “Top manta” será la primera firma comercial creada por manteros, y en un principio se estampará en zapatillas y camisetas compradas a mayoristas. El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, que impulsará el proyecto dentro de la cooperativa que el colectivo creó el pasado mes de octubre (ajena a la impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona), pretende con esta acción “reforzar la autonomía del colectivo”.

El Sindicato ha explicado a este medio que los abogados cercanos al colectivo ya trabajan en el registro de la marca, que servirá –según el colectivo– para esquivar el delito de propiedad industrial que se comete con el uso de material falsificado. “Queremos estar por encima de los discursos que dicen que vendemos copias y falsificaciones”, ha destacado un portavoz del colectivo.

Los manteros han jugado al despiste con el nombre utilizado: “Top manta” ha sido la designación con vises peyorativos que se ha hecho de su actividad hasta ahora. “Lo que fue durante mucho tiempo un acto de discriminación, cuando nos llamaban ”top manta“, ya no lo es... Ahora reivindicamos el concepto y dignificamos la palabra. Para nosotros es un término de solidaridad, de lucha, de reivindicación”, ha destacado el mismo portavoz.

El logotipo creado para “Top manta”, al que ha tenido acceso Catalunya Plural, tiene dos lecturas: en primer lugar se distingue el característico trozo de tela utilizado para la venta; en segundo el logotipo de la ola habla del trayecto marítimo que muchos vendedores realizan –vía mar– hasta alcanzar Europa.

Pese a que en un principio se elaborarán estampados de la marca en zapatillas y camisetas compradas a mayoristas, el objetivo es trabajar también sobre mochilas y carteras. E incluso hacer ropa propia; algunos de los miembros del colectivo tienen experiencia en la confección. El Sindicato también trabaja en la venta de libros comunitarios africanos, una idea que muchos de los vendedores que han pasado por Italia han importado de las cooperativas locales.

En un principio, la cooperativa propia creada por el Sindicato será la que distribuya el material, del que el colectivo ya ha recibido algunas copias. Estos días ya trabaja para encontrar algunos espacios en Barcelona. Según el Sindicato en menos de un mes habrá una tirada mayor, pero para ello necesitan fondos. El colectivo apela a “consumidores éticos de la ciudad” para conseguirlos.

Més calor, més turistes, més manters. Aquesta seqüència es repeteix a Barcelona des de fa alguns estius, però l'any passat va tenir el seu moment àlgid. La persecució policial i les seves conseqüències en forma de detencions, agreujades pel fet que el del passat any va ser el primer període estival amb la manta penada amb presó, van portar al top manta a ser un problema polític de primer ordre.

El Govern d'Ada Colau va agafar el bou per les banyes, promovent plans d'inserció, però també saturant els espais més poblats de venedors amb policia i mobiliari (el cas de l'skatepark que va descongestionar la Barceloneta).

De nou a les portes de l'estiu, la versió sobre què passarà als carrers de Barcelona amb l'arribada de la calor i més turistes és contraposada. Per al Sindicat Popular de Venedors Ambulants serà un nou estiu tens. A hores d'ara de l'any passat el sindicat ja va predir que Colau preparava el terreny per la “mà dura”.

Segons el col·lectiu, les sensacions aquest any són semblants. De fet, asseguren que la tensió no ha baixat ni tan sols a l'hivern: durant la campanya de Nadal els venedors van denunciar l'assetjament policial a la Plaça de Catalunya i els voltants , focus de concentració de venedors quan el passeig marítim de la ciutat no té visitants.

Més optimista es mostra l'Ajuntament de Barcelona, que aquest any no farà una campanya publicitària contra la compra d'objectes a la venda, perquè se sumarà a la que proposarà la Generalitat de Catalunya, amb la qual ha tingut trobades en el marc de les reunions interadministratives proposades pel Síndic de Greuges . L'Executiu de Colau vaticina polítiques “graduals”, en funció de quants manters es desplacin a la capital catalana els mesos d'estiu. L'any passat es van explicar fins a 800.

Nova figura: gestors de carrer

Aquestes polítiques seran les mateixes que l'any passat, excepte una novetat. Si bé l'ocupació de l'espai amb més presència policial serà un dels pilars, com ja va avançar a les portes de Setmana Santa el tinent d'alcaldia Gerardo Pisarello, el consistori comptarà també amb gestors de conflictes al carrer.

La proposta dels gestors servirà per intervenir amb veïns i comerciants de manera molt més precisa, ja que, si bé és possible que els grans grups de manters tornin a aparèixer en unes setmanes, per ara els venedors –segons constata l'Ajuntament– operen de manera “deslocalitzada”. El consistori espera que el treball dels gestors als carrers pugui esbandir part del conflicte.

Xarxes de solidaritat entre manters

Un altre dels punts de discrepància entre el Sindicat Popular de Venedors Ambulants i el consistori és el dels plans d'inserció que el Govern d'Ada Colau ha posat en marxa per treure de la venda als manters. Segons dades de l'Ajuntament, només nou de 54 persones participants en els plans d'ocupació oferts a Mercabarna no han pogut regular la seva situació per culpa dels antecedents policials. “Abans o després aclarirem cada situació”, diu un portaveu municipal.

El col·lectiu de venedors va lloar en el seu dia l'esforç de l'administració local però lamenta la “lentitud” del procés, motiu pel qual hi hauria persones participants d'aquests plans que a hores d'ara estarien plantejant-tornar a la manta. Pel que fa a les 15 persones que actualment formen la cooperativa de venedors Diomcoop –impulsada costat de l'Ajuntament de Barcelona per vendre productes de proximitat en fires i mercats– també s'espera que la seva situació es regularitzi en breu, ja que acaben de lliurar els seus papers.

Amb la idea de no deixar la supervivència del col·lectiu a l'ajuda institucional, els manters van anunciar el passat mes d'octubre la creació de la seva pròpia cooperativa per seguir “lluitant al carrer”. Aquesta cooperativa, que encara busca seu, vol ser un espai de suport jurídic i també cultural per als venedors. En la línia de treballar conceptes com solidaritat, l'antiracisme i la descolonialització, els manters estan programant trobades amb líders de moviments pels drets de les persones negres.

Personalitats com Bob Brown, fundador dels Black Panthers americans, ja van compartir amb ells la seva experiència de lluita. Ara els venedors ambulants de Barcelona han rebut a un dels membres de la Cooperativa Jackson a Mississippi, Kali Akuno, que lluita per la cooperació entre afrodescendents.

No ha estat l'única trobada d'aquest tipus, també el projecte Black Barcelona s'ha reunit amb el Sindicat. L'objectiu passa per teixir “xarxes de solidaritat” davant el que pugui venir. I l'estiu, a part de calorós, pinta conflictiu, segons els venedors ambulants de Barcelona.

Más calor, más turistas, más manteros. Esta es la secuencia que se repite en Barcelona desde hace varios veranos pero que el año pasado tuvo su momento álgido. La  persecución policial y sus consecuencias en forma de detenciones, agravadas por el hecho que el del pasado año fue el primer periodo estival con la manta penada con cárcel, llevaron al top manta a ser un problema político de primer orden.

El Gobierno de Ada Colau tomó cartas en el asunto, promoviendo planes de inserción, pero también saturando los espacios más poblados de vendedores con policía y mobiliario (el caso del skatepark que descongestionó la Barceloneta). 

De nuevo a las puertas del verano, la versión sobre qué pasará en las calles de Barcelona con el apretón del calor y la llegada de más turistas es contrapuesta. Para el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes se espera un nuevo verano tenso. A estas alturas del año pasado el sindicato ya predijo que Colau preparaba el terreno para la “mano dura”.

Según el colectivo, las sensaciones este año son similares. De hecho, aseguran que la tensión no ha remitido ni siquiera en invierno: durante la campaña de Navidad los vendedores denunciaron el acoso policial en la Plaza de Catalunya y sus aledaños, focos de concentración de vendedores cuando el paseo marítimo de la ciudad no goza de visitantes.

Más optimista se muestra el Ayuntamiento de Barcelona, que este año no elaborará una campaña mediática contra la compra de objetos en la venta, ya que se sumará a la que propondrá la Generalitat de Catalunya, con la que ha mantenido encuentros en el marco de las reuniones interadministrativas propuestas por el Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán). El Ejecutivo de Colau augura políticas “graduales”, en función de cuantos manteros se desplacen a la capital catalana los meses de verano. El año pasado se contaron hasta 800.

Nueva figura: gestores de calle

Dichas políticas serán las mismas que el año pasado, salvo una novedad. Si bien la saturación del espacio con más presencia policial será uno de los polos, como ya vaticinó a las puertas de la Semana Santa el teniente de alcaldía Gerardo Pisarello, el consistorio contará también con gestores de conflictos en la calle.

La propuesta de los gestores servirá para mediar con vecinos y comerciantes de forma mucho más precisa, ya que, si bien es posible que los grandes grupos de manteros vuelvan a aparecer en unas semanas, por ahora los vendedores –según constata el Ayuntamiento– operan de forma “deslocalizada”. El consistorio espera que el trabajo al detalle en las calles de los gestores pueda enjuagar parte del conflicto.

Redes de solidaridad entre manteros

Otro de los puntos de discrepancia entre el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y el consistorio es el de los planes de inserción que el Gobierno de Ada Colau ha puesto en marcha para sacar de la venta a los manteros. Según datos del Ayuntamiento, tan sólo nueve de 54 personas participantes en los planes de ocupación ofertados en Mercabarna no han podido regular su situación por culpa de los antecedentes policiales. “Antes o después aclararemos cada situación”, destaca un portavoz municipal.

El colectivo de vendedores alabó en su día el esfuerzo de la administración local pero lamenta la “lentitud” del proceso, motivo por el que habría personas participantes de dichos planes que en estos momentos estarían planteándose volver a la manta. En cuanto a las 15 personas que actualmente forman la cooperativa de vendedores Diomcoop –impulsada junto al Ayuntamiento de Barcelona para vender productos de proximidad en ferias y mercadillos– también se espera que su situación se regularice en breve, pues acaban de entregar sus papeles.

Con la idea de no relegar la supervivencia del colectivo a la ayuda institucional, los manteros anunciaron el pasado mes de octubre la creación de su propia cooperativa para seguir “luchando en la calle”. Dicha cooperativa, que todavía busca sede, pretendía ser un espacio de apoyo jurídico y también cultural para los vendedores. En la línea de trabajar conceptos como solidaridad, antiracismo y descolonialización, los manteros están programando encuentros con líderes de movimientos por los derechos de las personas negras.

Personalidades como Bob Brown, fundador de los Black Panthers americanos, ya compartieron con ellos su experiencia de lucha. Ahora los vendedores ambulantes de Barcelona han recibido a uno de los miembros de la Cooperativa Jackson en Mississippi, Kali Akuno, que lucha por la cooperación entre afrodescendientes.

No ha sido el único encuentro de este tipo, también el proyecto Black Barcelona se ha reunido con el Sindicato. El objetivo pasa por tejer “redes de solidaridad” ante lo que pueda venir. Y el verano, a parte de caluroso, pinta conflictivo, según los vendedores ambulantes de Barcelona.

“Els problemes dels migrants a Espanya són els mateixos que a l'Índia”, comenta, pausat, Rajagopal P.V. minuts abans d'una trobada amb el sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona. “Molts vénen de Bangladesh a l'Índia, i es troben sense papers, ¿et sona?”, diu el líder de l'entitat mundial per la “no violència” Ekta Parishad. Mentrestant, Aziz Faye, membre del col·lectiu manter de Barcelona, assenteix en senyal d'aprovació.

Rajagopal P.V. és el fundador de l'organització índia Ekta Parishad, un dels referents mundials en la lluita per la terra i la promoció de les persones pobres. Inspirada en el llegat de 'Mahatma' Gandhi, l'organització va ser nominada per la seva tasca l'any 2014 al Nobel de la Pau. L'activista indi s'ha desplaçat fins a Barcelona “només” -comenta Rajagopal- per conèixer la lluita del Sindicat Popular de Venedors Ambulants.

“La injustícia és la mateixa aquí i a l'Índia, i la lluita del col·lectiu de manters és molt interessant: jo puc donar-los veu internacional”, diu Rajagopal, que en els últims anys s'ha dedicat a teixir ponts entre col·lectius desfavorits. “Si la tecnologia i el capital es mouen, per què els treballadors no?”, afegeix el líder.

Rajagopal manté trobades amb premsa i líders mundials, als quals trasllada el missatge de les persones pobres. “És un suport molt bo”, diu, per la seva banda, Aziz Faye, conscient de la tasca que Rajagopal realitza a tot el planeta.

Rajagopal P.V. és fill d'un seguidor i activista gandhià per la independència de l'Índia. Hereu del seu pare, Rajagopal P.V. ha llaurat una llarga tradició com a activista: a principis dels anys setanta va treballar en la reconciliació dels grups armats dacoits a l'Estat de Madhya Pradesh i ja als noranta va ser vicepresident de la Fundació Gandhi per la Pau.

L'activista es troba en aquests moments de peregrinació per diferents ciutats per donar a conèixer la marxa Jai Jagat. El mitjà d'acció principal d'Ekta Parishad són les marxes a peu i, coincidint amb el 150 aniversari del naixement de Ghandi, milers d'activistes es plantegen commemorar la data caminant des de Nova Delhi (Índia) fins a Ginebra (Suïssa). 17 països i 10.000 quilòmetres de caminada.

De fet, des del Partit Solidaritat i Autogestió Internacionalista (SAIN), responsables de la visita de Rajagopal a Espanya -aquest dimarts va ser a Burgos, es plantegen sumar-se a la marxa a França, sortint des de Ceuta. “Volem reivindicar amb la marxa també els problemes dels pobres d'aquí, per això volem sortir des de Ceuta i travessar Espanya per conscienciar”, comenta un dels membres de la formació internacionalista, Diego Velicia.

SAIN valora acollir-se a la iniciativa fruit de la “grata experiència” de marxes similars a la Jai Jagat: el 2007, Ekta Parishad va reunir 25.000 persones a la marxa Janadesh, a nivell nacional. Cinc anys més tard, la ruta Jan Satyagraha va congregar 50.000 persones, que amb la seva acció van forçar el Govern Indi a signar un nou acord sobre la terra i l'accés als recursos per als més pobres del país, la coneguda com a 'Forest Rights Act '(Llei dels drets sobre els boscos).

Amb la visita de Rajagopal P.V., els manters de Barcelona sumen un nou suport internacional que els “reforça” -destaquen fonts del col·lectiu- per seguir amb la seva lluita. Fa uns mesos el Papa Francesc ja els va rebre en el marc de la Trobada Mundial de Moviments Populars i els va animar a “seguir lluitant”; El passat mes de febrer va ser l'ex Black Panther, Bob Brown, qui va compartir amb els venedors ambulants la multitudinària marxa pels refugiats.

Amb tot, el col·lectiu no és aliè al fet que aquest tipus de reconeixements no serviran per evitar tensions en la campanya de venda estival. A les portes de la Setmana Santa, preludi d'aquesta campanya, l'oposició de Barcelona ja ha demanat al Govern d'Ada Colau més mesures davant “la mort anunciada que seran els propers mesos en relació al top manta”, va dir aquest dimarts el líder del Grup Demòcrata (antiga CiU), Joaquim Forn.

El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, va escórrer les crítiques el mateix dia anunciant nous plans de saturació de l'espai amb presència policial al Passeig Marítim, on els venedors s'han començat a instal·lar amb l'arribada del bon temps. L'any passat el consistori va utilitzar una estratègia similar per eradicar la venda al passeig Joan de Borbó, davant l'increment de manters. Ara, després de la trobada de prop d'una hora amb Rajagopal P.V., una nova veu internacional vetllarà per preservar dels drets i aspiracions dels manters.

“Los problemas de los migrantes en España son los mismos que en la India”, comenta, pausado, Rajagopal P.V. minutos antes de un encuentro con el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona.“Muchos vienen de Bangladesh a la Índia, y se encuentran sin papeles, ¿te suena?”, dice el líder de la entidad mundial por la “no violencia” Ekta Parishad. Mientras, Aziz Faye, miembro del colectivo mantero de Barcelona, asiente en señal de aprobación.

Rajagopal P.V. es el fundador de la organización india Ekta Parishad, uno de los referentes mundiales en la lucha por la tierra y la promoción de las personas pobres. Inspirada en el legado de 'Mahatma' Gandhi, la organización fue nominada por su labor el año 2014 al Nobel de la Paz. El activista indio se ha desplazado hasta Barcelona “sólo” –comenta Rajagopal– para conocer la lucha del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes.

“La injusticia es la misma aquí y en la Índia, y la lucha del colectivo de manteros es muy interesante: yo puedo darles voz internacional”, dice Rajagopal, que en los últimos años se ha dedicado a tejer puentes entre colectivos desfavorecidos. “Si la tecnología y el capital se mueven, ¿por qué los trabajadores no?”, añade el líder.

Rajagopal mantiene encuentros con prensa y líderes mundiales, a los que traslada el mensaje de las personas pobres. “Es un apoyo muy bueno”, dice, por su parte, Aziz Faye, consciente de la labor que Rajagopal realiza en todo el planeta.

Rajagopal P.V. es hijo de un seguidor y activista gandhiano por la independencia de la India. Heredero de su padre, Rajagopal P.V. ha labrado una larga tradición como activista: a principios de los años setenta trabajó en la reconciliación de los grupos armados dacoits en el Estado de Madhya Pradesh y ya en los noventa fue vicepresidente de la Fundación Gandhi para la Paz.

El activista se encuentra en estos momentos de peregrinación por diferentes ciudades para dar a conocer la marcha Jai Jagat. El medio de acción principal de Ekta Parishad son las marchas a pié y, coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento de Ghandi, miles de activistas se plantean conmemorar la fecha andando desde Nueva Delhi (India) hasta Ginebra (Suiza). 17 países y 10.000 kilómetros de caminata.

De hecho, desde el Partido Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIN), responsables de la visita de Rajagopal a España –este martes estuvo en Burgos, se plantean sumarse a la marcha en Francia, saliendo desde Ceuta. “Queremos reivindicar con la marcha también los problemas de los pobres de aquí, por eso queremos salir desde Ceuta y atravesar España para concienciar”, comenta uno de los miembros de la formación internacionalista, Diego Velicia.

SAIN valora acogerse a la iniciativa fruto de la “grata experiencia” de marchas similares a la Jai Jagat: en 2007, Ekta Parishad reunió a 25.000 personas en la marcha Janadesh, a nivel nacional. Cinco años más tarde, la ruta Jan Satyagraha congregó a 50.000 personas, que con su acción forzaron al Gobierno Indio a firmar un nuevo acuerdo sobre la tierra y el acceso a los recursos para los más pobres del país, la conocida como 'Forest Rights Act' (Ley de los derechos sobre los bosques).

Con la visita de Rajagopal P.V., los manteros de Barcelona suman un nuevo respaldo internacional que les “refuerza” –destacan fuentes del colectivo– para seguir con su lucha. Hace unos meses el Papa Francisco ya les recibió en el marco del Encuentro Mundial de Movimientos Populares y les animó a “seguir luchando”; El pasado mes de febrero fue el ex Black Panther, Bob Brown, quien compartió con los vendedores ambulantes la multitudinaria marcha por los refugiados.

Sin embargo, el colectivo no es ajeno a que este tipo de reconocimientos no le servirá para evitar tensiones en la campaña de venta estival. A las puertas de la Semana Santa, preludio de dicha campaña, la oposición de Barcelona ya ha pedido al Gobierno de Ada Colau más medidas ante “la muerte anunciada que serán los próximos meses en relación al top manta”, citó este martes el líder del Grup Demòcrata (antigua CiU), Joaquim Forn.

El primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, escurrió las críticas el mismo día anunciando nuevos planes de saturación del espacio con presencia policial en el Passeig Marítim, donde los vendedores se han empezado a instalar con la llegada del buen tiempo. El año pasado el consistorio utilizó una estrategia similar para erradicar la venta en el paseo Joan de Borbó, ante el incremento de manteros. Ahora, tras el encuentro de cerca de una hora con Rajagopal P.V., una nueva voz internacional velará por preservar de los derechos y aspiraciones de los manteros.