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Manteros de todo el Estado lanzan una campaña para sacar la venta ambulante del Código Penal

El manifiesto por la despenalización de la manta consigue más de 2.000 adhesiones de particulares y entidades en menos de una semana

Los manteros quieren revertir la reforma del Código Penal del PP del año 2015, que volvía a contemplar penas de cárcel para la venta ambulante

El grupo Unidos Podemos lleva al Congreso una Proposición no de Ley para revisar dicha reforma, y espera la complicidad del PSOE para sacarla adelante

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Ante la llegada de la Policía, varios manteros recogen su mercancía y se marchan de donde estaban vendiendo | FOTO: P.R.

Ante la llegada de la Policía, varios manteros recogen su mercancía y se marchan P.R.

Los manteros vuelven a la carga para despenalizar la venta ambulante. Una campaña lanzada desde plataformas en apoyo a vendedores ambulantes y colectivos migrantes de todo el Estado (Papeles por Derecho, Tras la Manta, Espacio del Inmigrante o Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes) vuelve a poner en el foco la modificación del Código Penal.

Dicha campaña, que suma cerca de 2.000 adhesiones a su  manifiesto "Sobrevivir no es delito" en menos de una semana, pretende "concienciar" –destacan desde Papeles por Derecho– y "presionar" para cambiar la reforma que en el año 2015 hizo el Partido Popular del Código Penal, una de las más restrictivas y cuestionadas de la democracia, y que volvió a incluir la manta como actividad con pena de cárcel en su artículo 274.3.

La reforma del PP echaba al traste el trabajo de los colectivos migrantes que, desde el año 2008 habían pedido la despenalización de dicha actividad y que consiguieron que el 2010 la manta pasara a ser falta leve, después de obtener más de 20.000 firmas en año y medio de campaña. Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, 540 personas habían pasado por las prisiones del Estado por delitos contra la propiedad intelectual del 2006 al 2009.

Desde el pasado 1 de julio de 2016, momento en que entró en vigor la reforma del PP, la policía puede perseguir a los vendedores sin importar el valor de lo que estén vendiendo o la cantidad de mercancía que tengan; la ley no lo especifica y lo deja en manos de cada juez. Los manteros pueden ser condenados a penas que oscilan entre seis meses y dos años de cárcel y sanciones entre 700 y 2.000 euros. A su vez, si una persona –aunque tenga papeles– es condenada a un delito que conlleve penas de más de un año, se le puede retirar la residencia y pueden ser expulsada del país, según la Ley de Extranjería.

Tras poco más de un año desde la reforma del PP, colectivos de manteros como el de Barcelona, empiezan a olerse que "la situación puede complicarse", después de haber pasado un  verano movido por la presión policial en ciudades como Barcelona.

Para evitar estas condenas, diferentes entidades y colectivos barajaron el pasado mes de diciembre la posibilidad de lanzar una nueva campaña para la despenalización de la manta. Se han producido contactos entre manteros de Barcelona, Zaragoza, Almería o Madrid, desde donde finalmente se ha capitaneado la campaña. Todos ellos esperan que, como dice la popular cita, el paso atrás dado por la reforma del PP sirva para que la lucha por la no criminalización de la venta ambulante dé ahora dos adelante: "Esta vez no nos conformaremos con la reducción a faltas", comentan desde el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona.

Según algunos de estos colectivos, el caso del grupo en apoyo a migrantes Tras la Manta, también en Barcelona, el Código Penal en la actualidad "contradice el principio de intervención mínima", el recurso al derecho penal como última ratio. Además de haberse demostrado que dicho código –cita Marisa Pérez Colina, de Papeles por derecho– "tampoco disuade de la venta". En la misma línea se expresa el sindicato mantero: "Estamos obligados a buscarnos la vida, da igual cuánto sea la pena".

Propiedad intelectual vs. propiedad industrial

Si bien en 2008 el debate sobre la piratería estaba de plena actualidad, ahora los productos que se venden en la manta han cambiado. Los discos y películas pirata colmaban el debate hace cerca de diez años sobre la responsabilidad en la propiedad intelectual; ahora lo hace la propiedad industrial (bolsos, zapatillas o gafas).

Para los colectivos de manteros, poco importa qué producto se esté vendiendo. Así lo explica Marisa Pérez Colina: "Sea por derechos de autor o por propiedad industrial la cosa es que ambos son una puerta a la prisión para los que quieren sobrevivir". " L obbies como las discográficas son muy potentes, igual que las marcas. Pero ya tienen las leyes del Código Civil para protegerse, no necesitan entrar a lo penal", sostiene la miembro de Papeles por Derecho, red que integra varios espacios en Madrid de apoyo a migrantes, como Interlavapiés o Migrapies.

Entre tanto, y como recuerda el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, su lucha está produciendo "alternativas", que escapan la propiedad intelectual e industrial. Es el caso del tipo de licencia que utilizaba el documental Tarajal, audiovisual que desmonta la versión del Gobierno sobre las muertes de Tarajal. Metromuster, colectivo que elaboró el documental, cedió la distribución a los manteros de Barcelona, que pusieron la manta sólo para vender dicho documental.

En manos del PSOE

La campaña por la despenalización de la manta nace acompañada de una Propuesta no de Ley por parte del grupo Unidos Podemos (como ya hiciera Iniciativa per Catalunya Verds el año 2009) para un nuevo cambio del Código Penal. Dicha propuesta empezará a ser discutida en la mesa de Justicia el próximo mes de marzo.

De momento, Unidos Podemos es prudente ante las posibilidades de progresar de la propuesta. El grupo necesitaría el apoyo del PSOE. Uno de los miembros en el Congreso de Unidos Podemos, Marcelo Expósito, se muestra escéptico con la voluntad del PSOE de beneficiar a los manteros: teme que los socialistas se opongan a una reforma "vital" –considera Expósito– por una cuestión de liderazgos.

"La posición del PSOE es muy oscilante: su estrategia respecto al PP nunca está clara. Pueden votar cosas que interpelen al Gobierno y luego redactar a la baja con el mismo Gobierno, como con el salario mínimo profesional o la ley Montoro. Y sólo por no reconocer nuestro liderazgo en este tema", analiza el miembro de Unidos Podemos. "Nos tememos que el PSOE, en cuestiones de derechos de migrantes, está alejado de ser un política progresista", añade. 

Mientras los contactos políticos avanzan, de cara al inicio del debate de la Propuesta no de Ley, los diferentes colectivos en apoyo a los vendedores ambulantes debaten realizar acciones en cada ciudad. "Esto no puede dejarse sólo en manos de los políticos", comentan desde el Espacio del Inmigrante de Barcelona.

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