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Sònia Calvó

Barcelona. Periodista y Master en Comunicación de Conflictos y Movimientos Sociales. Ha pasado por las redacciones de Barcelona Televisión (BTV) y La Directa

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220 menús diarios y lo que haga falta: la discreta red de ayuda entre los filipinos para evitar el colapso de la comunidad

“Si te fijas, nunca verás a un filipino durmiendo en la calle”. Jossie Rocafort, presidenta de la asociación EAMISS, describe de esta manera el silencioso paraguas social que ha desplegado la comunidad filipina para evitar el colapso durante la pandemia. Sin hacer ruido ni recurrir a los servicios sociales, los filipinos de Barcelona se han organizado para ayudarse entre ellos ante la falta de dinero para comer. Rocafort, llegada a la ciudad hace 40 años, comenta la situación frente a su asociación en el barrio del Raval, donde cada mañana más de 200 filipinos se amontonan para recoger comida en una larga cola que cruza una calle y dobla la siguiente esquina. 

“Llevaba ya dos meses sin ingresar nada, tampoco he podido mandar dinero a casa y al final he acabado viniendo”, explicaba el viernes Lorena Dante, que hasta antes de la pandemia trabajaba limpiando hogares sin ningún tipo de contrato. “No conozco nadie de nuestra comunidad que tenga trabajo ahora mismo”, remachaba. 

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La desescalada desde dentro de una UCI: "Es como hacer una maratón y llegar extenuado al final"

La puerta de uno de los nueve boxes de la unidad de semicríticos es la imagen de la desescalada en el Hospital del Mar, en Barcelona. Es viernes por la mañana, 22 de mayo, y en su interior un paciente se mantiene agarrado a la vida gracias a los cuidados intensivos que le procuran enfermeras como Elisabeth, que se apoya en el carro de medicación mientras extrae de una bolsa hermética la enésima bata azul de la jornada. Es el último paciente positivo que queda, comenta desde el extremo opuesto de la sala circular, y sitúa la mirada en el único cubículo al que hay que acceder todavía con los incómodos EPI, el uniforme de miles de sanitarios durante la pandemia de coronavirus.

Mascarilla FFP3, mono blanco impermeable, bata también blanca por encima, gorro, guantes, capucha, gafas y otros guantes. La que se viste ahora de acuerdo con el farragoso ritual que impone el virus SARS-CoV-2 es una de las trabajadoras de la limpieza, que tiene que acceder al box en cuestión para realizar las tareas periódicas de higiene. Mientras tanto, otra enfermera espera a Elisabeth desde la puerta de otro cubículo para llevar a cabo el cambio postural a dos pacientes. "Les movemos regularmente de un costado al otro para evitar que les salga heridas en la piel", explica.

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La pandemia tensa la campaña de la fruta en Lleida: "Hay más temporeros durmiendo en la calle que nunca"

Yassir tiene 29 años y poca suerte desde que empezó la campaña de la fruta en Lleida. En las últimas dos semanas apenas ha sido reclutado tres días para trabajar en los campos que rodean La Granja d'Escarp, un pequeño pueblo de menos de 1.000 habitantes en cuya plaza se organiza cada mañana una bolsa de empleo informal para ir a trabajar al campo. Yassir es argelino, no tiene papeles y malvive hacinado con siete compañeros en una casa ocupada y prácticamente en ruinas. Su situación resume a la perfección los problemas de la recogida de la fruta durante una pandemia: faltan viviendas para alojar a los temporeros, falta mano de obra con la documentación en regla y a la provincia se han acercado simpapeles de todo el país que buscan una manera de sobrevivir tras dos meses sin ingresos.

"Lo de este año podría calificarse de tormenta" perfecta, admite Roger Torres, jesuita y presidente de la asociación Arrels Sant Ignasi de Lleida, que por primera vez ha decidido habilitar su parroquia para acoger a una docena de temporeros sin hogar. "Cada verano vivimos la campaña de la fruta con tensión porque no estamos preparados para acoger a tantos temporeros, pero esta vez nos ha pillado confinados y hay mucha más gente durmiendo en la calle que en otras ocasiones".

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El dilema de los trabajadores de la petroquímica en Tarragona: "Sabemos que es peligroso pero necesitamos el dinero"

La Pobla de Mafumet (Tarragona) tiene 3.904 habitantes y dos polideportivos impolutos. Los vecinos disponen de dos piscinas climatizadas, pistas de tenis y pádel, una sauna, un espacio de hidromasaje y una sala de fitness. El Ayuntamiento ofrece actividades de aquagym a sus residentes, clases de inglés e incluso entrenamientos de petanca. En el pueblo no falta de nada. Unos carteles repartidos por el municipio, sin embargo, recuerdan que esas comodidades tienen un precio: los letreros indican cómo se debe actuar en caso de accidente químico.

La opulencia de las infraestructuras de este pequeño municipio, a tocar del complejo petroquímico de Tarragona, ilustra a la perfección la dicotomía que recorre toda la zona: a los vecinos no les gusta la industria que tienen alrededor y muchos le tienen miedo. La mayoría, no obstante, vive de ella y se beneficia del dinero que aporta a la provincia.

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Los vecinos de la petroquímica de Tarragona: "Pensábamos que había sido un atentado o una fuga de gas"

Nadie en el barrio de Torreforta se explica cómo una placa metálica pudo caer desde el cielo hasta el domicilio de Sergio, el frutero en paro de 55 años que falleció el martes por la tarde pocos minutos después de la explosión en la planta química IQOXE, del complejo petroquímico de Tarragona. Su domicilio no está especialmente expuesto: varios bloques lo protegen y quedan situados entre su fachada y la fábrica, ubicada a casi 3 kilómetros de distancia. "Nos podría haber caído en casa de cualquiera", sostenía esta mañana Jennifer Osahon, una nigeriana de 40 años que vive en un bloque contiguo y experimentó como temblaba toda su casa. "Nadie sabe cómo pudo entrar esa placa en su piso. Aterrizó desde el cielo".

El boquete en la fachada de este domicilio es perfectamente visible desde la calle. Todas las ventanas adyacentes están en perfecto estado menos la de Sergio, completamente reventada y con un boquete en su parte superior. Una inmensa grieta recorre el edificio de arriba a abajo. En la calle, decenas de curiosos se acercan a ver la ventana reventada por el impacto. “En un momento nos pensábamos que había sido un atentado o una fuga de gas”, explicaba esta mañana María Dolores Martínez, vecina de 52 años. “Hemos pasado la noche en vela con mucho miedo”.

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Moustapha Kebe: "Los acuerdos de Europa con Senegal hablan de migración, pero se aprovechan para captar nuestro mercado"

La que los medios apodaron como "crisis de los cayucos", un considerable aumento de las llegadas a las Islas Canarias en 2005 y 2006, supuso una importante respuesta institucional en el incremento del control de las migraciones marítimas entre Senegal y España. En ese contexto se fundó Remidev (Red por la migración y el desarrollo), una plataforma compuesta por una treintena de organizaciones senegalesas: asociaciones de repatriados, de familias de víctimas de la migración irregular, de demandantes de asilo, así como asociaciones juveniles, ONGs, sindicatos o grupos de investigación. La red tiene como misión promover la libre circulación de personas y bienes.

Moustapha Kémal Kebe, el responsable de proyectos de la red, nos recibe en la sede que comparten con otras entidades en Dakar. Kebe plasma una realidad muy distinta a la que se describe en España: Senegal es un país que acoge a tantas personas como las que emigran, y de las que migran, sólo un 13% va hacia Europa. Sin embargo, el experto critica un relato en el que las auténticas cifras en Europa no importan. Construir un problema mayor del real permite la injerencia europea en las políticas senegalesas, según su punto de vista.

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La "vergüenza" de volver: los deportados luchan contra el estigma del 'fracaso' en Senegal

Al llegar a casa, todo el mundo estaba durmiendo, excepto su mujer. "No le conté nada de la deportación. Me fui a dormir directamente". Durante ese día de 2006 en que volvió a Senegal tras no conseguir prosperar en Europa, Moustapha Diouf no quería salir de la habitación. "Sentía vergüenza".

Moustapha Diouf abandonó Thiaroye sur Mer –comuna perteneciente a Thiaroye, una localidad situada en la periferia de Dakar– en dirección a Europa en un cayuco por 300.000 CFA, algo menos de 500 euros, una pequeña fortuna, a causa del descenso de recursos pesqueros en la costa senegalesa allá por 2004. Diouf fue pionero en hacer uso de la 'Vía Canaria' para alcanzar territorio español. El recorrido migratorio vivió su máximo apogeo entre 2005 y 2006, momento en que España y Senegal firmaron un acuerdo que reforzó la protección en el Atlántico y obligó a las personas que querían irse del país a hacerlo por otras vías, como cruzando el desierto.

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Tambacounda, la nueva terminal de ida y vuelta de las migraciones en Senegal

Pese a ser una tierra rica en recursos, en Tambacounda escasea el empleo. Sus habitantes buscan la salida por la falta de oportunidades, azuzados por la elevada tasa de paro que la región arrastra desde hace años. Y a ellos se han sumado otros cientos que no han visto en Tambacounda un lugar donde echar raíces sino un sitio desde el que también huir del país. Tambacounda es una tierra de paso.

La región más grande de Senegal tiene frontera con cuatro estados distintos: Mauritania, Mali, Guinea y Gambia. Se ha convertido, por lo tanto, en un trampolín de la migración. En la principal puerta de salida de Senegal. Es también una de las principales regiones donde retornan las personas deportadas desde Europa o incluso desde el norte del continente africano.

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