La Federación Estatal LGTBI+ y Lambda exige que se investigue un máster de la Universidad Católica de València que “podría estar avalando pseudoterapias se conversión”. “Esto es LGTBIfobia con apariencia académica”, denuncian a través de redes sociales en relación a una noticia publicada por el diario Levante-EMV en la que se asegura que en 2012 se selló el Trabajo Final de Máster (TFM) 'Adicción Sexual: Origen, desarrollo, efectos y terapia de un fruto de la Revolución Sexual' bajo el paraguas del Instituto Pontificio Juan Pablo II.

A raíz de esta información, en la que se apunta que el master define las identidades no cishetero como “desorden objetivo que requiere intervención”, la Federación pide a la Fiscalía de Valencia que lo investigue: “Recordamos que las mal llamadas terapias de conversión son consideradas tortura por la ONU y están prohibidas en España”.

Así, recuerdan que estas prácticas “dañan, ponen vidas en riesgo y lesionan nuestra dignidad”, y añaden: “La violencia institucional no puede seguir encubierta tras un 'título universitario'”. “No vamos a permitir que se nos patologice; ni en las aulas, ni en las calles, ni en ningún espacio de la sociedad”, sentencian, para exigir: “Frente al odio, educación”.

Además, la entidad confía en que el Tribunal Constitucional admita el recurso del Gobierno de España contra la reforma de la Ley Trans valenciana, que abría la puerta a estas prácticas.

Información “inexacta” y “parcialmente inveraz”

Desde la Universidad Católica de Valencia explican a elDiario.es que no comparten la información publicada por considerarla “inexacta y parcialmente inveraz”, así como tampoco las imputaciones que al respecto se atribuyen a la institución.

Según explican, el trabajo al que se hace referencia es un TFM elaborado por un estudiante en 2012, en el marco de su actividad académica: “La Universidad garantiza un entorno de pluralidad académica, dentro del respeto a la legalidad vigente y a los principios éticos que inspiran su misión educativa”.

“Lamentamos que se haya trasladado a la opinión pública una interpretación que identifica indebidamente el contenido de un trabajo individual con la postura oficial de la Universidad”, sentencian, para señalar posteriormente: “Reiteramos nuestro compromiso con la formación integral, el respeto a todas las personas y el cumplimiento de la normativa aplicable”.

La Universidad Católica de Valencia “rechaza rotundamente cualquier práctica que pretenda forzar un cambio de orientación sexual mediante métodos coercitivos o pseudocientíficos, ya se llamen 'terapias de conversión' o de cualquier otra forma”, y concluyen: “No es lícito ejercer presión indebida sobre la conciencia ni causar sufrimiento bajo la pretensión de ”corregir“ a la persona. La libertad individual es un don esencial que debe ser respetado siempre”.

“Comisiones de naturaleza ilícita” de 63.720 euros. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que, entre 2010 y 2012, una empresa participada por la Universidad Católica de València (UCV) pagó esa cifra al cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, a través de una suerte de firma pantalla. Un informe de la UCO incorporado a la causa del 'caso Azud', al que ha tenido acceso elDiario.es, acredita que la empresa Inversiones Sociosanitarias SL (Inverso), participada por la UCV y por varios capitostes de la institución académica perteneciente al Arzobispado de València, abonó la presunta mordida a Corbín, uno de los principales investigados en la causa, para un proyecto de hospital universitario vinculado a la trama. Los investigadores del Instituto Armado consideran que la UCV se erige en uno de los “actores fundamentales” del abono de la presunta mordida y el informe incluye hasta el nombre y DNI del exarzobispo de València, Carlos Osoro, entonces gran canciller de la universidad privada, posteriormente vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y, actualmente, cardenal presbítero de Santa María de Trastevere (título concedido en 2016 por el papa Francisco).

La mercantil que acabó pagando la presunta mordida a Corbín estaba participada, entre otros, por la Fundación Universidad Católica San Vicente Mártir, la empresa de Jaime Febrer (considerado el presunto conseguidor de la trama), la sociedad Hermanos Alcaide SL, catedráticos como Javier Romero y Vicente Saez o el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UCV, Carlos Barrios. El entonces gerente de la universidad católica, Juan Morote, era miembro del consejo de administración de la empresa en representación de la fundación de la UCV.

A la institución académica también estaba vinculado otro de los principales investigados del 'caso Azud', el entonces vicealcalde de València, Alfonso Grau. Juan Morote explicó en su declaración ante la jueza instructora que “más o menos” en 2009 o 2010, el entonces arzobispo Osoro le encargó ponerse a las órdenes de Alfonso Grau en el proyecto del hospital universitario que la UCV pretendía levantar en València. “El Arzobispo me dice: usted haga lo que diga Don Alfonso y todo arreglado”, según reza su declaración.

Grau, cirujano de profesión, no era un desconocido para la institución universitaria de la Iglesia valenciana. El 'número dos' de Rita Barberá era patrono y miembro del consejo de administración de la UCV. “Y por tanto mi jefe en ese momento”, aseguró Morote. De hecho, según detalla la UCO, Grau había sido previamente patrón de la Fundación del Santo Celo, que acabaría fusionándose en la UCV con otras entidades de la diócesis y, de cuya Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de los Desamparados (situada “de toda la vida” en la calle de Jesús de València, según recordaba Juan Morote), el vicealcalde había cobrado una retribución neta de 43.615 euros entre 2003 y 2005.

Fue precisamente Alfonso Grau quien le presentó al gerente de la UCV a Jaime Febrer, a quien describió como un “empresario con muchísima experiencia en el sector de la gestión inmobiliaria” que “podría ayudar” en el proyecto del codiciado hospital universitario (la universidad católica ofrece el grado de Medicina en València). 

La empresa de la UCV “asumió el coste íntegro”

La empresa de Febrer firmó un contrato con el despacho de Corbín para el asesoramiento jurídico al proyecto de hospital universitario. El bufete del cuñado de Rita Barberá ingresó de la mercantil de Jaime Febrer un total de 63.720 euros. Sin embargo, el informe de la UCO acredita que esos pagos habrían sido “finalmente asumidos” por Inverso SL, la mercantil participada por la UCV, que fue la que, en realidad, “asumió el coste íntegro de los emolumentos del despacho” mediante dos transferencias que suman la cifra de la supuesta mordida: 41.720 euros en 2011 y 22.000 al año siguiente.

La cifra que abonó Febrer al despacho de José María Corbín coincide exactamente con los ingresos del empresario provenientes de la empresa participada por la UCV. Es decir, la firma de Febrer se habría erigido en una mera pantalla para el pago de la presunta comisión a Corbín. 

Miguel Fernández, director financiero de la promotora inmobiliaria de Febrer declaró como testigo ante la UCO y aseguró que “el proyecto en sí no necesitaba la participación de José María Corbín”, de cuyo despacho ni siquiera conocía la “especialidad” de la que era “experto”. Alberto Sánchez, otro trabajador de la empresa de Febrer, declaró en condición de investigado: “En relación a José María Corbín existía el rumor de que si trabajabas con él, en el Ayuntamiento de Valencia te trataban mejor”.

Por su parte, Juan Morote manifestó ante la jueza que, cuando la UCV entró en la empresa Inverso SL, ya figuraban “varios catedráticos de Medicina que estaban vinculados a la universidad de una u otra forma”. “Todos están en esa sociedad previamente, entonces cuando la Universidad entra a formar parte, toda la parte legal la llevó siempre Jaime Febrer”, afirmó Morote, quien aseguró que ni siquiera conocía a Corbín: “No lo he visto en mi vida”, dijo.

Al gerente de la UCV el abono de los más de 63.720 euros no le pareció “ningún pago extraordinario”, ya que la “parte jurídica” de la empresa, según la declaración de Morote, trabajaba con los despachos de Broseta y de Sánchez-Tarazaga y mantenía un contrato con un decano del Colegio de Economistas, Leopoldo Pons.

La UCO detecta “connivencia” de una funcionaria

La UCO localizó en las agendas del empresario inmobiliario varias reuniones en aquellas fechas entre Grau y Febrer relativas al proyecto. Una UTE, formada por la UCV e Idom Ingeniería, se hizo con la concesión de una parcela municipal para la construcción del centro universitario.

Los investigadores de la Guardia Civil sospechan que la firma de Jaime Febrer habría participado en la confección de las bases de la concesión, con la supuesta “connivencia” de la funcionaria Carmen Saurí, jefa de servicio de Patrimonio, para la introducción de aspectos concretos que habrían favorecido la propuesta de la empresa licitadora. Una sospecha reforzada por la declaración de Jose Luis Camarero, jefe de sección de la Oficina Técnica de Patrimonio y uno de los firmantes de las bases del concurso.

Otra de las pretensiones de la mercantil que se introdujo era que los pliegos exigieran que el concesionario tuviera en su objeto social la actividad sanitaria y universitaria, con autorización “concretamente” de impartir la licenciatura de Medicina y Cirugía.

Solo se presentó la UTE formada por la UCV e Idom Ingeniería y un arquitecto, que fue descartado al no cumplir los requisitos. Sin embargo, el procedimiento fue recurrido por el Grupo Nisa ante el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de València.

“Alfonso me ha insistido en la confidencialidad”

La UCO halló documentación que “evidenciaba” que el vicealcalde Grau habría “facilitado” el recurso a la mercantil adjudicataria y, concretamente, a Juan Morote, gerente de la UCV. También queda rastro de la operación en los 'mails' que intervinieron los investigadores de la Guardia Civil en los registros del 'caso Azud' practicados a la presunta trama corrupta.

En un correo electrónico de Morote que consta en el sumario, el gerente de la universidad le envía el recurso al empresario Jaime Febrer con esta advertencia: “Alfonso me ha insistido en la confidencialidad del documento porque lleva los sellos internos del Ayto”.

En un segundo 'e-mail', Morote remitió a Febrer y a Grau unas notas para la “contestación” del recurso del Grupo Nisa. Aunque no literalmente, en esencia la mayor parte de las motivaciones sugeridas coinciden con la inadmisión del recurso por parte del consistorio.

El diputado de Vox en las Corts Valencianes David Muñoz, mano derecha de la nueva presidenta del Parlamento valenciano, Llanos Massó, plagió el trabajo de final de grado de una alumna suya para presentar una iniciativa parlamentaria. El plagio fue denunciado por la propia alumna después de enterarse de que Muñoz lo había llevado a cabo. Según la Cadena Ser, una sentencia establece que el diputado de Vox, doctor en Derecho, dirigió el trabajo de final de grado de dicha alumna de Arquitectura Técnica de la Universidad Católica de València. Muñoz, entró como parlamentario en las Corts en julio de 2019, y dos meses más tarde presentó “una proposición no de ley sobre la aprobación de un bono ecológico para la eficiencia energética de la vivienda, la cual reproducía de manera casi literal las páginas 6 y 7 y las conclusiones undécima y duodécima del trabajo de final de grado de la alumna”, señala la sentencia.

Al enterarse la alumna denunció el plagio ante la universidad y el profesor retiró su iniciativa parlamentaria. No obstante, la Universidad Católica le abrió un expediente a Muñoz y dos meses después, en septiembre, fue despedido. La Universidad Católica calificó la infracción de muy grave “al haber copiado parte del trabajo de fin de grado de una alumna para sustentar una actividad como diputado, sin citar a la autora”, y señaló que estos “comportamientos no pueden ser tolerados, ya que suponen un descrédito” para la institución.

Tras este escándalo académico David Muñoz abandonó su escaño a finales de agosto alegando “motivos personales”, no sin antes dejar colocada a su esposa como asesora del grupo parlamentario de extrema derecha en las Corts Valencianes. Muñoz quedó en una segunda fila política desarrollando labores internas dentro de Vox, como mano derecha de Llanos Massó.

Pero el político de Vox recurrió a los tribunales el despido y acabó consiguiendo en marzo de 2022 la declaración de despido improcedente por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El tribunal tuvo en cuenta la retirada de la iniciativa parlamentaria y, reconociendo que la acción no fue ejemplar, dictó que no era suficiente para justificar una destitución cese. Finalmente la Universidad Católica fue condenada a pagar una indemnización de 20.000 euros a David Muñoz.

Ante esta victoria en los tribunales Vox recuperó a Muñoz para la actual legislatura, colocándolo como número 2 de la lista por Castelló. Gracias a ello ha recuperado su acta de diputado casi cuatro años después.

La jueza instructora del 'caso Azud' ha acordado el sobreseimiento provisional para ocho de los investigados en la causa. Entre ellos, Juan Morote, exgerente de la Universidad Católica de Valencia, un centro privado propiedad de la Iglesia Católica que abonó una comisión de 63.720 euros por un supuesto asesoramiento jurídico en el marco de un proyecto de hospital universitario al cuñado de la alcaldesa Rita Barberá, el abogado José María Corbín, uno de los principales investigados. Juan Morote alegó en su declaración ante la magistrada sustituta del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia que no tuvo ninguna intervención en la vertiente jurídica del proyecto y aseguró que fue el entonces arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, quien le ordenó “ponerse a las órdenes” de Alfonso Grau, vicealcalde de Rita Barberá y uno de los principales cabecillas de la trama del 'caso Azud'. Grau le presentó a Jaime Febrer, presunto corruptor de la trama, como un “empresario con mucha experiencia en el sector inmobiliario”, según reza el auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

La empresa Inverso SL, de cuyo consejo de administración formaba parte Morote en representación de la Fundación de la Universidad Católica de Valencia, firmó en 2010 un contrato de prestación de servicios profesionales con el despacho de Corbín para el proyecto. Sin embargo, el exgerente declaró que Jaime Febrer se encargó de la vertiente jurídica mientras Morote se ocupó de la “parte técnica”, dada la “peculiaridad del proyecto”, que requería que el hospital tuviera “vinculación con la universidad”. El hombre también negó conocer personalmente al cuñado de la entonces alcaldesa, Rita Barberá.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que la presunta red corrupta consiguió la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia para la reclasificación de los solares donde pretendían construir un hospital universitario privado en el barrio de Campanar. También que contó con información privilegiada del Ayuntamiento de Valencia.

Sin embargo, Morote sostiene que no tuvo “ninguna intervención personal” en la redacción de las bases del concurso y que siguió “en todo momento” las indicaciones de Grau. Así, la instructora ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones para el exgerente de la Fundación de la Universidad Católica de Valencia al no tener acreditada su participación en los hechos.

La jueza titular acuerda también el sobreseimiento parcial para las hermanas Mari Carmen y Amparo Prieto Añó, consejeras delegadas de una firma del Grupo Secopsa. La UCO de la Guardia Civil halló 380.000 euros en sendas cajas fuertes pertenecientes a las hermanas del empresario Vicente Prieto, cuya empresa aparece en el 'caso Taula' como una de las financiadoras del PP de Rita Barberá. Mari Carmen y Amparo Prieto Añó alegaron en su declaración ante la jueza que el dinero fue regularizado ante Hacienda.

A su vez, ha acordado el sobreseimiento provisional para el empresario Fernando Huet ya que no formaba parte de la mercantil Cyes Infraestructuras SA, investigada en otras causas en relación a la financiación del PP, cuando la firma pagó unos 200.000 euros a Corbín con “facturación fraudulenta” para dotar los abonos con “cobertura legal”, según indica el auto.

Huet declaró que no conocía el contrato que propició los pagos, abonados entre 2006 y 2009 al cuñado de la alcaldesa popular. También negó conocer a Corbín y manifestó que dimitió de la firma por “discrepancias en la efectiva gestión empresarial”, según manifestó en una carta remitida a Felipe Almenar, presidente de Cyes e identificado como 'El Príncipe' en el 'caso Gürtel' (la firma abonó 200.000 euros a Orange Market, según informes policiales).

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia también ha dictado el sobreseimiento parcial de las actuaciones para Rosendo Puigsubirat, vinculado a alguna de las firmas de Jaime Febrer y para Alberto Sánchez Pérez, trabajador del grupo empresarial, al haber aclarado ante la Guardia Civil y la jueza su participación en los hechos.

La instructora ha acordado el sobreseimiento parcial para Carlos del Romero Sánchez Cutillas al no haber acreditado que facilitara o favoreciera un presunto delito de blanqueo de capitales en relación a la adquisición de un inmueble para Alfonso Grau. También para Gabriel Martínez García, hasta ahora investigado por la contratación del hijo de Carlos Masiá, exgerente de la empresa pública municipal AUMSA, cuyo salario fue abonado íntegramente por el presunto corruptor de la trama. Gabriel Martínez declaró que finalmente no fue contratado, aunque lo intentó por hacerle un favor a Jaime Febrer.

La Universitat de València va a exigir la eliminación de su nombre a la editorial que publicó la tesis de Daniel Lacalle en 2017. El volumen, publicado por la Fundación Universitaria Española, atribuyó a la Universitat de València la tesis de Lacalle y no a la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, en la que se realizó y se defendió la tesis en 2016.

Fuentes de la Universitat de València han señalado a este medio que “la institución no tiene conocimiento alguno de la publicación y la atribución a la Universitat de València es completamente errónea” y que “nos dirigiremos a la editorial para exigir la eliminación de la referencia a la Universitat de València”. La tesis de Lacalle nunca ha sido publicada en formato electrónico y en abierto tal y como requiere la ley. En cambio sí fue publicada y puesta a la venta por 30 euros por la editorial de la Fundación Universitaria Española en 2017, unos meses después de la defensa. La Fundación Universitaria Española nació a mediados del siglo pasado y en sus estatutos tiene marcado el objetivo de “dar instrucción, preparación y ampliación de estudios universitarios o superiores de Teología, de Letras, de Historia, de Derecho y de Filosofía a jóvenes”. Su actual presidente es Carlos Osoro, arzobispo de Madrid.

Este medio ha tratado de ponerse en contacto con la Fundación Universitaria Española por teléfono y correo electrónico en repetidas ocasiones, sin que haya recibido respuesta a las consultas planteadas en torno a las irregularidades en la tesis o el uso del nombre de la Universitat de València en la misma.

Al igual que la Fundación, la Universidad Católica de Valencia guarda una estrecha relación con la Iglesia. Nació en 2003 impulsada por el arzobispado de Valencia y actualmente cuenta con el arzobispo Antonio Cañizares como gran canciller del centro universitario, quien además recibió el reconocimiento como doctor honoris causa de dicha institución.

Este medio contactó con Daniel Lacalle para valorar el error de atribución a la Universitat de València en la edición de su tesis sin que se haya obtenido respuesta por su parte.

elDiario.es ha detallado en las últimas semanas distintas irregularidades en torno a la tesis de Daniel Lacalle, especialmente la incorporación de obras de otros autores sin la adecuada citación y sin la indicación del alcance de las incorporaciones.

En el primer capítulo de la tesis, por ejemplo, Lacalle se sirvió de siete artículos de reconocidos economistas incumpliendo las correctas normas de atribución. Así, se encuentran párrafos literales sin entrecomillados, errores en la transcripción de fórmulas, gráficos no atribuidos a sus autores originales o expresiones mal traducidas y que modifican su significado. Además, el primer capítulo del trabajo terminaba con la copia de un texto de dos juristas de Chicago que no aparecen citados en ningún momento en la tesis, ni en la introducción, ni en notas ni en la bibliografía.

Un tribunal que no era experto en la materia

Este medio se puso en contacto con Domingo Ribeiro-Soriano, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, y presidente del tribunal que evaluó la tesis. A preguntas de elDiario.es sobre los errores de traducción, Ribeiro-Soriano ha indicado que “yo soy Catedrático de Organización de Empresas, y algunos de los términos utilizados están lejanos a mi área de especialización”. 

En lo que concierne a la detección de coincidencias en la tesis, Ribeiro-Soriano ha señalado que “mi Universidad de ese momento [Universitat de València] contaba con el software URKUND. Se evaluó en aquel momento con dicho programa y no hubo ningún indicio evidente de plagio”  y que “pasamos la tesis por URKUND, Cross-Check, Turnitin etc.”. En sus respuestas no ha dejado claro por quién fueron realizados los estudios de coincidencias, ni cuándo, ni sobre todo si existen registros de los estudios y los informes que se pudieron generar

Este medio también ha tratado de contactar con los otros miembros del tribunal. Carlos Rodríguez Braun, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y experto en historia económica declinó responder por considerar el caso judicializado tras la declaración de Lacalle de haber interpuesto demanda contra este periódico. José Luis Sánchez García, un sacerdote licenciado en Ciencias Eclesiásticas, en Filosofía y Letras y en Teología y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, director de la Cátedra Fides et Ratio en la UCV no dio respuesta alguna.

Citas mal hechas. Textos ajenos traducidos e incorporados sin la correcta atribución. Gráficos asumidos como propios realizados décadas antes. Un trabajo de final de máster (TFM) incorporado de manera íntegra sin explicar que se trata de una publicación previa. Informes de otros compañeros de profesión calcados sin cumplir con las buenas prácticas de citado. Extractos de sus libros sin especificarlo o, incluso, de su blog. Todas estas son prácticas del economista Daniel Lacalle en su tesis doctoral y que fueron avaladas con la calificación Cum Laude en la Universidad Católica de Valencia.

El que fuera uno de los rostros económicos del PP de Pablo Casado defendió su tesis en diciembre de 2016. El trabajo lleva por título ‘Inflación, paro y productividad: el caso español y europeo’ y fue presentado y defendido en el citado centro educativo privado. Un año después fue publicado y editado por la Fundación Universitaria Española. Tanto la Universidad como la editorial son organismos vinculados a la Iglesia.

La ley marca que una tesis doctoral debe ser un “trabajo original de investigación”. Distintos catedráticos y expertos consultados por este medio coinciden en señalar numerosos errores en la tesis de Lacalle, especialmente en el método de incorporar estudios previos propios y ajenos sin la adecuada cita. Tildan al trabajo como un “corta y pega” o un “collage” de literatura que ya existía, lo que contrasta con la debida originalidad que exigen las normas.

Extractos de la tesis y de los originales

Desliza para ver la imagen completa

El economista, actualmente trabajador de la gestora de inversiones Tressis, niega las dudas que existen sobre estos errores y asegura que la tesis pasó todos los filtros que estaban vigentes en aquel momento en la Universidad, sin que nadie advirtiera de ningún problema. Lacalle explica por teléfono a elDiario.es que todo está “completa y absolutamente referenciado”.

Sobre el uso de textos ajenos y propios previamente publicados, justifica que “no es una tesis de investigación”, sino que es “una tesis de divulgación”. “No es una tesis en la que investigue un problema, busque una formulación y concluya unas soluciones basadas en esa investigación”, añade.

“Es una tesis de divulgación donde informo de los resultados de la investigación de otras personas y las estoy referenciando”, insiste.

Los académicos consultados niegan que exista una categoría divulgativa en las tesis y señalan que eso corresponde a otro tipo de publicaciones.

Lacalle elaboró una tesis con cuatro partes: una introducción y tres capítulos. En la primera, un breve texto introduce media docena de títulos de trabajos académicos previos que va a exponer como un repaso a la literatura que existe sobre la problemática que aborda, la relación entre el mercado laboral y la inflación. Tras ello, en el primer capítulo, esos papers —nombre con el que se denominan los artículos científicos— aparecen encadenados, uno detrás de otro, sin especificarse dónde acaba la aportación de un autor y empieza la del siguiente. Tampoco aclara si lo que está desarrollando corresponde a su trabajo o al de estos economistas.

Extractos de la tesis y de los originales

Desliza a la izquierda para ver la imagen completa

En este capítulo, que supone unas 70 de las 300 páginas del trabajo, aparecen traducidos del inglés estos artículos, intercalando resúmenes con párrafos literales extraídos de los textos originales. Esta incorporación de publicaciones ajenas incluye gráficos, tablas o fórmulas que no son referenciados en muchos casos al texto original. También son traducidas e incorporadas notas al pie de página. Expertos consultados constatan errores en la traducción y en la transcripción de algunas de estas fórmulas.

Existen una serie de nociones generales para este tipo de trabajos. Según los catedráticos consultados, de distintas universidades españolas, la manera correcta de haber incorporado estas referencias sería la del entrecomillado cuando se trata de textos literales, atribuyendo seguidamente al autor y la obra. Sin abusar de las mismas. Si este texto ya se hubiera referenciado o se parafraseara, se acudiría al método abreviado que menciona al autor y, entre paréntesis, el año de la publicación, para que pueda ser consultado. Además, se debe diferenciar con claridad lo que corresponde a otros autores y lo que corresponde al propio redactor de la tesis. 

Nada de esto ocurre. En alguno de los textos utilizados, de hecho, no hay más cita que en la introducción, y no aparece ni al pie de página ni en la bibliografía. La falta de entrecomillados y atribuciones lleva al uso de tablas y gráficos atribuidos a una fuente gubernamental cuando, en realidad, obedece a uno de estos autores utilizados, quien sí acudió a esa estadística original. Otro de estos errores, por exponer algunos ejemplos, es el uso de expresiones en primera persona que aparecen en el texto original como “he sido deliberadamente todo lo neoclásico que se puede ser en mi análisis pero una parte de éste se difumina con la política”.

Los expertos añaden que la media docena de artículos utilizados durante la primera parte de la tesis son papers que han sido ampliamente citados en la literatura de estudios económicos, por lo que suelen darse por conocidos. Algunos de ellos, como el caso del economista Robert Solow, acumulan más de 30.000 citas. Dado el nivel de conocimiento de estos textos, apuntan los expertos, no precisarían de mayor cita que una breve alusión sin desarrollo del texto.

Lacalle sostiene que todo está referenciado “de acuerdo con los procedimientos y las referencias de aquella época”. “Puedo entender que haya catedráticos que opinen que podría haber referenciado mejor, pero son unos estándares que no eran los del momento”, concede.

Extractos de la tesis y de los originales

Desliza para ver la imagen completa

El segundo capítulo aterriza en el impacto de la inflación en el mercado de trabajo en los casos de España y Europa. Una parte importante, otras más de 70 páginas, son una transcripción íntegra del Trabajo Final de Máster (TFM) correspondiente al posgrado que Lacalle cursó en la misma Universidad previo al doctorado. Este texto aparece transcrito en su práctica totalidad sin ninguna mención a que se trata de un trabajo previo.

Sobre este segundo aspecto, los expertos reconocen que, a menudo, los TFM suelen servir como el origen de una posterior tesis, por lo que no es excepcional encontrárselo. Sin embargo, apuntan que por una cuestión de “transparencia”, debería especificarse que se trata de un trabajo que no es original y que corresponde a una investigación para la obtención de otro título. Además, la existencia del primer capítulo, prácticamente cubierto en su conjunto por textos de otros autores, hace más delicado que este segundo apartado de la tesis esté compuesto en gran parte por un trabajo que ya había sido publicado, lo que se contradice con la obligada originalidad.

Otro de los aspectos que llama la atención de los expertos consultados es el uso de artículos realizados por otros economistas españoles. Ocurre con un documento publicado por Fedea, firmado por los economistas José Ignacio Conde-Ruiz, Florentino Felgueroso y José Ignacio García Pérez. Aunque aparece citado en el inicio de un apartado de la tesis, posteriormente aparecen durante las siguientes páginas párrafos transcritos de aquel texto. Una actuación similar se produce con otro artículo de Fedea, en este caso firmado por José Ignacio García Pérez, del que se incorporan párrafos literales.

Extractos de la tesis y de los originales

Desliza a la izquierda para ver la imagen completa

Por último, Lacalle se sirve de su trayectoria previa a la realización de la tesis. Ya en 2014, cuando comienza su investigación, era un personaje público, con varios libros publicados y numerosas intervenciones mediáticas. Semanas antes de la defensa de su tesis, en 2016, había sido elegido por la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para traer empresas de la city londinense a la capital tras el Brexit. 

De esa trayectoria previa a su doctorado, Lacalle utiliza extractos de sus títulos. En concreto, de tres de ellos, aunque solo uno aparece citado en la bibliografía de su trabajo académico. También se incluyen algunos pasajes de su propio blog. 

Extractos de la tesis y de los originales

Desliza para ver la imagen completa

Los catedráticos consultados señalan que aunque sean libros propios se debe referenciar igualmente en la bibliografía, aunque con la única diferencia de que en este caso no sería necesario el entrecomillado. Lacalle justifica que el hecho de que “en una tesis doctoral se utilicen referencias de mi propio trabajo es normal” y que “parte de lo que se ha publicado en esos libros viene de artículos de mi página web”. 

La suma de todos estos factores lleva a los expertos consultados a concluir que se trata de una tesis de mala calidad y que no cumpliría con la exigencia de originalidad. Si bien, reconocen que desde aquel año se han incrementado los controles y los filtros para este tipo de trabajos académicos.

Uno de sus directores no participó

Otro de los aspectos peculiares de la tesis doctoral es que uno de los directores que aparece referenciado en la publicación, tal y como figura en el registro, señala que no participó en la misma. Se trata del economista Emilio Ontiveros quien, a consulta de este medio, reconoce que Lacalle, que había sido su alumno durante la carrera, le pidió que dirigiera su tesis doctoral. Sin embargo, enfatiza que tras ello no volvió a tener noticia por parte del alumno ni sobre los avances de la tesis ni para valorar el documento final. Señala que tampoco estuvo presente en la defensa de la tesis. Ontiveros enfatiza que no vio la tesis y que el propio Lacalle no se la envió.

Sobre este asunto, Lacalle reconoce que el director fue Juan Sapena, que fue quien hizo el seguimiento diario. Después, apunta que tanto Ontiveros como Adrián Ravier —quien no aparece en ningún registro oficial de la tesis— son “personas directoras y que han recibido el documento previo, intermedio y final”. También explica que se les invitó a la presentación de la tesis. Ontiveros niega que recibiera ninguna actualización del trabajo.

Extractos de la tesis y de los originales

Desliza para ver la imagen completa

La Universidad Católica de Valencia, consultada por esta tesis, defiende que se trata de un trabajo que cumplió con la normativa entonces vigente. El proceso, explican a elDiario.es, conllevaba que cuando se presenta una tesis por parte de su doctorando y su director, se plantea una lista de seis expertos independientes a la Universidad de los que la comisión académica selecciona a dos para que hagan un análisis del texto. Niegan que ni en ese trámite ni en el proceso de audiencia pública, en la que otros académicos pueden consultarla, se apreciaran problemas con la atribución.

Sí reconocen que las normas cambiaron posteriormente y ahora es un procedimiento “más exhaustivo” que se realiza también por parte de la propia escuela del doctorado, quien se encarga de aplicar los filtros antiplagio. En el actual código de buenas prácticas de la UCV se remarca que “la referencia a trabajos de terceros debe ser suficientemente reconocedora del mérito de éstos”.

Juan Sapena, el “director principal”, en palabras de Lacalle, atendió a las preguntas de este medio por correo electrónico, señalando que no advirtió un “uso inadecuado de las fuentes”. “En aquella etapa, anterior a la verificación de programas de doctorado por parte de la ANECA —Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación—, las tesis eran sometidas a la evaluación por parte de revisores externos, que mostraron su parecer favorable al depósito de la Tesis”, añade.

Respecto al uso sin cita del TFM, reconoce que “quizá debiera haber sido mencionado como nota a pie de página”, aunque no considera que “eso deba ser considerado como improcedente”. Sapena defiende el uso de los textos ajenos al tratarse de una tesis realizada por un “profesional”, en las cuales “no se recurre tanto al uso de métodos econométricos de carácter puramente cuantitativo, sino más bien a una investigación con un objetivo y un desarrollo académico a partir de la literatura existente, con unas conclusiones novedosas y de interés académico o aplicado”.

Sapena señala que hizo el seguimiento telemático de la elaboración del trabajo y que no tuvo relación con Ontiveros, tampoco en la defensa de la tesis.

----------------------------

Rectificación enviada por Daniel Lacalle

1) Mi tesis “Inflación, paro y productividad: el caso español y europeo”, que fue editada y publicada en 2016 y que mereció la calificación 'cum laude' por la Universidad Católica de Valencia, no tiene errores de ninguna clase y fue adecuadamente referenciada con 318 citas a pie de página. Todas las citas fueron revisadas por validadores independientes, el director de la tesis y el tribunal examinador, compuesto por doctores y catedráticos de prestigio.

2) La utilización del TFM (Trabajo Fin de Master) como punto de partida en la tesis no es inadecuada, sino habitual, al igual que el uso de textos propios publicados. En mi caso, la posibilidad de realizar la tesis surgió precisamente a raíz de aquel trabajo.

3) La tesis fue sometida a evaluación de contenido y forma por revisores externos, que no observaron ninguna irregularidad y se mostraron favorables a su depósito. Además, el análisis con el programa Turnitin no reflejó ninguna coincidencia relevante con documentos previos, propios a ajenos.

4) Todos los co-directores de la tesis recibieron los trabajos a medida que se fueron creando, y fueron invitados a la defensa y presentación de la tesis, que fue pública. El co-director Emilio Ontiveros acusó recibo del envío de la tesis en correo electrónico de 18 de noviembre de 2016, en el que excusó su presencia en la defensa debido a sus compromisos de trabajo.

El abogado José Luis Vera, un socialista sin carnet pero con influencia en el PSPV-PSOE, es uno de los protagonistas del 'caso Azud'. Vera, paradójicamente exdirector de prevención de riesgos penales de la empresa pública de la Diputación de Valencia, era una suerte de conseguidor de la trama ante ayuntamientos controlados por los socialistas valencianos, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del 'caso Azud', al que ha tenido acceso elDiario.es. Si José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, ejercía como intermediario para los pelotazos de la trama con el Ayuntamiento de Valencia, gobernado durante 24 años por el PP, José Luis Vera ejercía idéntico papel con los consistorios controlados por el PSPV-PSOE, según la tesis de los investigadores.

Un trabajador del entramado empresarial de Jaime Febrer, considerado el presunto corruptor del bipartidismo, dio una definición muy precisa del papel de José Luis Vera. “Era el conseguidor y un activo con el PSOE”, declaró ante la jueza instructora, Alberto Sánchez Pérez, también investigado en la causa. 

El imputado abundó aún más en el perfil de Vera en su declaración ante la UCO: “Era un abogado del PSOE”, lo que “comúnmente se denomina hombre de partido o fontanero”. “El propio José Luis Vera se vendía como una persona que era capaz de conseguir muchísimas cosas”, remachaba el investigado.

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, Pepa Tarodo, sostiene que Vera se encargaba de mediar en pelotazos ante las administraciones municipales con cargos del PSPV-PSOE gracias a sus “importantes vínculos e influencias dentro de ese partido”. Así, Vera obtuvo en total, según ha acreditado la investigación, 1,3 millones de euros en presuntas mordidas a través de contratos ficticios con las empresas del promotor Jaime Febrer.

El informe de la UCO detalla los pagos ingresados por José Luis Vera, casado con la exdiputada autonómica María Antonia Armengol. Algunos muy llamativos. Así, según los modelos 190 y 347 de la Agencia Tributaria a nombre de Vera y su mercantil analizados por los investigadores de la Guardia Civil, en 2012 el letrado socialista cobró 120.000 euros de la Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, presidida en aquel entonces por el arzobispo Carlos Osoro, actualmente vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. 

Un “servicio puntual”, según la UCV

La fundación opaca, tal como informó este diario, se alió con la trama del 'caso Azud' para construir un hospital universitario que, tras el desalojo del PP del Palau de la Generalitat Valenciana con la victoria electoral del Pacte del Botànic, no llegó a materializarse. Sin embargo, las gestiones de la trama, previo pago al cuñado de Rita Barberá, consiguieron la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia.

El abultado pago, según han confirmado fuentes oficiales de la Universidad Católica de Valencia (UCV), corresponde a la prestación de servicios jurídicos ajenos al proyecto de hospital universitario. Sin embargo, las mismas fuentes no han querido detallar qué servicios prestó exactamente José Luis Vera a la institución universitaria privada, cuyo gran canciller es el cardenal arzobispo de Valencia. “Fue contratado para un servicio puntual y se pagó a Hacienda”, agrega una portavoz de la UCV. La cifra abonada por la UCV a Vera contrasta con el cobro anotado dos años antes proveniente de la Fundació General de la Universitat de València: apenas 800 euros.

Casi 600.000 euros de los Carmelitas Descalzos

De la orden de los Carmelitas Descalzos, el presunto conseguidor de la trama ante los socialistas valencianos ingresó un total de 570.701 euros, justificados como prestación de servicios o entrega de bienes. La trama del 'caso Azud' intentó, sin éxito, llevar a cabo negocios vinculados a los Carmelitas Descalzos en Benicàssim.

“En este negocio era imprescindible la figura de José Luis Vera para que actuara” ante el entonces alcalde del Ayuntamiento de Benicàssim y actual secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, “propiciando todo tipo de reuniones” con el empresario Jaime Febrer, reza un auto de la jueza instructora.

El letrado también fue asesor del Ayuntamiento de Gandia mientras gobernaba José Manuel Orengo, un personaje clave del poder socialista autonómico, muy cercano al presidente Ximo Puig y actualmente en la empresa privada. En el informe de la UCO figuran pagos del consistorio al letrado por valor de 169.790 euros durante el periodo en que Orengo fue alcalde. En la lista de percepciones analizada por la UCO también figura un pago de 22.500 euros del PSOE, partido para el que Vera hizo trabajos como abogado.

Una fundación del Arzobispado de Valencia hizo pactos inconfesables con la trama de presunta corrupción masiva del 'caso Azud' para construir un hospital universitario privado, proyecto que finalmente no se llevó a cabo. Para la operación (iniciada a partir del 2011), el empresario Jaime Febrer y la Fundación Universidad Católica de Valencia, con el asesoramiento del conocido despacho de abogados Broseta, crearon una sociedad llamada Ética y Salud S. XXI SL que obtuvo documentación sensible de la adjudicación desde dentro del Ayuntamiento de Valencia. El letrado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa Rita Barberá, cobró una comisión de 63.720 euros por un supuesto asesoramiento jurídico del cual los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no han encontrado rastro alguno.

La presunta red corrupta, según un informe de la UCO incorporado al sumario del 'caso Azud' al que ha tenido acceso elDiario.es, consiguió la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia para la reclasificación de los solares donde pretendían construir un hospital universitario privado en el barrio de Campanar.

En una primera fase, la Universidad Católica de Valencia (UCV) firmó un convenio marco de cooperación con la mercantil Inverso SL, vinculada al empresario Jaime Febrer, para “aunar esfuerzos y recursos de cara a hacer efectiva” la puesta en marcha del hospital universitario. La fundación de la UCV, cuyo máximo responsable era el entonces arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, colocó al frente de la operación a Juan Morote Sarrión, directivo de la institución educativa católica.

La universidad privada, que contó con el espaldarazo del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, depende de una fundación opaca que ha llegado a tener siete millones de euros de patrimonio en una SICAV. En 2014, Juan Morote fue destituido por desavenencias con el rector y pocos meses después la Universidad Católica salió de la SICAV.

La firma Inverso SL, más tarde transformada en Ética y Salud S. XXI SL, decidió contratar al conocido despacho Broseta y, concretamente, a la abogada Rosa María Vidal (con unos honorarios de entre 10.000 y 12.000 euros), pese a que ya tenía contratado al letrado José María Corbín. La UCO sostiene que el papel de Corbín era propiciar la “viabilidad o favorecer” los proyectos por sus “relaciones” familiares con Rita Barberá y con el entonces vicealcalde Alfonso Grau.

“No se ha encontrado ningún dictamen, informe, estudio, ningún boceto” de la supuesta asesoría del cuñado de la fallecida alcaldesa, indica la UCO. Los pagos de los honorarios fantasma de Corbín, según los investigadores de la Guardia Civil, contaron con la “connivencia” de Juan Morote, el hombre colocado por la Universidad Católica en la operación.

Las agendas del empresario reseñan las reuniones con Grau para tratar previamente el proyecto. Los investigadores del instituto armado también han detectado que meses antes de la adjudicación del proyecto, la presunta red ya contaba con la documentación sobre los trámites de la modificación del PGOU, finalmente aprobado.

La firma de Jaime Febrer, sostiene la UCO, “habría participado, en connivencia con miembros de la administración pública, en la confección de las bases del concurso” para introducir “aspectos que, en mayor o menor medida, resultaban acordes a sus intereses empresariales”.

Así, la presunta red corrupta habría aprovechado, previo pago, la “influencia” de José María Corbín en el Ayuntamiento de Valencia gobernado por su cuñada. Un documento intervenido en los registros, cuya autoría se atribuye a Corbín, reza: “Hablando con ella, entiendo que le va a gustar”. “Por el contexto”, los investigadores deducen que se refiere a su cuñada, la alcaldesa Rita Barberá. 

El documento con las bases del concurso para la concesión de la parcela de dominio público municipal destinada al centro sanitario y universitario “resulta de especial relevancia”, según el informe incorporado al sumario por su “aparente” confección por parte de la empresa de Jaime Febrer. El documento oficial publicado finalmente por el consistorio “tiene partes o aspectos introducidos por la empresa interesada en el concurso”. 

“Flujo de comunicación” de la trama y los funcionarios

La UCO ha analizado una cadena de e-mails entre miembros del entramado empresarial de Febrer y letrados de Broseta como Fernando Cacho, José Daniel González y Rosa Vidal. Su contenido demostraría, a juicio policial, que “más de un año antes” en la sociedad del empresario “ya se estaba trabajando en la confección de estas bases del concurso”. El documento presenta muchas similitudes en cuanto a la estructura con el documento final publicado por el ayuntamiento más de un año después, figurando algunos datos concretos del contrato“, remacha el informe.

Además, según los e-mails intervenidos por la Guardia Civil, el empresario Jaime Febrer envió el documento a Carlos Masiá León, ex gerente de la empresa pública municipal AUMSA e investigado en la causa. Un mes antes de que se firmaran las bases del convenio, Febrer ya manejaba un documento escaneado “cuyo origen sería el Ayuntamiento de Valencia y que se correspondería con un borrador de estas bases”.

Las pesquisas evidencian “la existencia de un flujo de comunicación e influencia, directo o indirecto, entre los funcionarios del Ayuntamiento de Valencia que habrían confeccionado estas bases” y el personal de la empresa de Febrer. Se trata de María Dolores Cruz Selva, jefa de sección de propiedades inmobiliarias; Jose Luis Camarero Gómez, jefe de sección de la oficina técnica de patrimonio; Carmen Saurí Rodrigo, jefa del servicio de patrimonio, y Manuel Latorre Hernández, secretario del ayuntamiento. Todos, a excepción de Manuel Latorre, figuran como investigados en el 'caso Azud'.

El Grupo Nisa, de la competencia en el sector sanitario, interpuso un recurso ante el servicio de patrimonio del ayuntamiento, que lo desestimó. El vicealcalde Alfonso Grau le habría facilitado a Juan Morote, el alto cargo de la Universidad Católica destinado por el Arzobispado de Valencia para esta operación, el recurso de la empresa de la competencia.

Morote, que más tarde fue rector de la Universidad Europea de Madrid, le reenvió por correo electrónico al empresario Jaime Febrer el recurso con una advertencia: “Alfonso me ha insistido en la confidencialidad del documento porque lleva los sellos internos del ayuntamiento”. En un e-mail posterior, Morote remite a Febrer y a Grau unas “notas para la contestación al recurso de Nisa en relación con el concurso para la adjudicación de la parcela demanial”.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valencia desestimó finalmente el recurso del Grupo Nisa en 2016. Aquel año, cuando el PP ya había perdido el poder en el Ayuntamiento de Valencia, el consistorio archivó el expediente del hospital privado “por desistimiento de los interesados”.

La UCV, en un breve comunicado tras la publicación de esta información, asegura que se “apartó y retiró” en 2014 del proyecto de hospital universitario e “instó a la extinción de las sociedades mercantiles” del proyecto para desistir un año más tarde ante el Ayuntamiento de Valencia a la concesión administrativa para la construcción y explotación del hospital. Además, la institución académica mantiene que cumple “escrupulosamente” con la legalidad municipal, autonómica y estatal y rinde cuentas de forma periódica “en su condición de Fundación”.

La Universidad Católica de Valencia participó, al menos en 2013 y 2014, en una sociedad de inversión de capital variable (sicav). Las sicav son instrumentos de inversión que se utilizan para obtener beneficios con una tributación del 1%, muy similar a los fondos de inversión. La diferencia es que en este caso son necesarios como mínimo 2,4 millones de patrimonio y cien inversores, algo que mirando las cuentas de la sociedad no se cumplió en todo su periodo de existencia.

Fuentes de la actual dirección de la Fundación que gestiona el centro universitario explican a eldiario.es que retiraron los fondos de este instrumento financiero en el año 2015. Justo un año antes, en 2014, fue destituido el gerente de la universidad Juan Morote por desavenencias con el rector. Morote fue consejero delegado de la Sicav hasta julio de 2014. “De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, la Fundación UCV cumple escrupulosamente la legalidad, rinde cuentas con carácter anual, respetando los fines fundacionales así como la legislación española”, añaden.

La Sicav de la Universidad Católica de Valencia se llamaba Agrocartera y en ella la institución religiosa tenía en 2013 y 2014 una participación en el accionariado del 99,9 %. En esos ejercicios el patrimonio que atesoró superó los siete millones de euros, según las auditorías depositadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los propietarios de las sicav suelen utilizar estos instrumentos para invertir los beneficios -que ya habrían tributado- o los excedentes de tesorería. En el caso de este centro religioso no tributan al ser una fundación pero deben ser reinvertidos.

La Sicav Agrocartera, según las auditorías colgadas en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tuvo un política de inversión conservadora, consiguió rentabilidades de hasta el 5,7 %, y perdió un 4,2 % en 2018. La sicav se registró en 2004 y fue gestionada por el Banco Popular. En la actualidad, ya con la universidad fuera del accionariado, es BBVA la entidad bancaria que realiza las inversiones.

En 2014, cuando la totalidad del patrimonio de la sicav era de la universidad religiosa, la plantilla de la sociedad de inversiones era de 16 personas con un salario fijo en remuneraciones de 708.000 euros, a lo que se sumaron 63.000 euros para empleados por 11 de esos empleados. En ese ejercicio de total control de la sociedad, la Sicav invirtió en bonos del Estado, multinacionales como Yahoo, Walt Disney o Kellogs y numerosas empresas del Ibex 35. También en productos de grandes bancos como HSBC.

No fue la única sicav que abandonó la Iglesia valenciana

El Arzobispado de Valencia, propietario de la universidad, fusionó su sicav Real Colegio Seminario Corpus Christi 1604 en 2017 con un fondo de inversión gestionado por Banco Mediolanum. El argumento que dieron en su día para el abandono de este instrumento fueron los cambios regulatorios y la incertidumbre respecto a las polémicas sociedades de inversión -Pedro Sánchez llegó a anunciar que las eliminaría-.

Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, impartirá una conferencia el próximo jueves 27 de septiembre sobre las aportaciones del feminismo a las organizaciones en la Universidad Católica de València (UCV). Esta cita no pasaría de aquí si no fuera porque el cardenal Antonio Cañizares, uno de los mayores críticos con las políticas de género de la Generalitat, es Gran Canciller de la UCV.

El encuentro estará presidido por el propio cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y participarán el rector de la UCV, José Manuel Pagán, y el director de la Cátedra y decano de la Facultad de Filosofía, Antropología y Trabajo Social, Ginés Marco, entre otras autoridades.

Antonio Cañizares ha hecho críticas a la “ideología de género” llegando a afirmar que “matan al hombre” por lo que apostaba por apartarla de la escuela católica, que es uno de los principales problemas actuales de la educación, o también que -junto con la fecundación in vitro y el matrimonio homosexual- desafía a la constitución. Pero específicamente en políticas impulsadas desde el departamento de Mónica Oltra, como Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana, Cañizares consideraba que “adoctrinar a los niños en ideología de género es una maldad”.

El acto se celebrará el jueves 27 de septiembre, a las 19h, en la sede de San Juan y San Vicente.

En un momento en el que el PP y Ciudadanos intentan capitalizar la figura de Adolfo Suárez y su papel en el periodo de la transición, la Universidad Católica de Valencia (UCV) se suma al homenaje de su figura anunciando que lo nombrará Doctor Honoris Causa a título póstumo, cuatro años después de su muerte.

Así lo anunciaba este martes el Cardenal Arzobispo de Valencia y Gran Canciller de la UCV, Antonio Cañizares, durante el acto de apertura de curso universitario que ha explicado que el acto se realizará el próximo 15 de octubre. Cañizares afirma que este nombramiento es “un homenaje debido a quien tanto hizo por las universidades católicas; es el gran hombre de la concordia, la libertad y la unidad”.

En el mismo acto inaugural el cardenal también anunció la construcción del nuevo campus universitario de la UCV que asegura será “referencia de los nuevos tiempos en las universidades”. Cañizares abundaba en este proyecto asegurando que “la UCV se ha dado a sí misma una identidad y quiere llegar a ser una universidad de excelencia, lo que entraña la máxima calidad e identidad, que no es otra que llevar a cabo una nueva evangelización en la sociedad y en la cultura y aprender así en arte de vivir”, ha reseñado el cardenal valenciano.

Por otro lado, el cardenal ha pedido públicamente “la aprobación, en justicia, del Grado en Ciencias del Desarrollo, una titulación que quiere ocuparse del desarrollo integral de los pueblos”, así como del Máster en Historia del Cristianismo.

Críticas a la Generalitat, aplauso a la Diputación

Por su parte, José Manuel Pagán, rector de la UCV, cargó contra el gobierno del Botànic de la Generalitat afirmando que “sentimos que por parte del gobierno autonómico se siga discriminando a los alumnos que libremente optan por estudiar en una Universidad del sistema Universitario Valenciano que, como la nuestra, no se financia con fondos públicos pero que quizá responde mejor a sus intereses o necesidades, y por eso la eligen”.

“Tampoco este año el alumno que decida estudiar con nosotros tendrá derecho a recibir beca alguna del gobierno valenciano, aunque su rendimiento académico sea mejor y su capacidad económica menor que otro alumno que opte por cursar esos mismos estudios en otra universidad que, ésta sí, se financie con fondos públicos”, apuntaba Pagán.

Por el contrario el rector ha felicitado a la Diputación de València, cuyo presidente Toni Gaspar también estuvo presente en el acto, por no mantener la misma política, asegurando que “ha sido una alegría constatar que otras instituciones públicas, como la Diputació de València, en sus convocatorias de becas, han tratado por igual a todos los universitarios valencianos, con independencia de la Universidad en la que cursen sus estudios”.

En relación con las prácticas en hospitales públicos, “la discriminación desgraciadamente se ha consolidado con la modificación de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana. Pero hemos reforzado nuestros vínculos con centros hospitalarios privados -destacando el Hospital de Manises, que se ha convertido en nuestro Hospital Universitario- y la colaboración con la Universitat de València para la cobertura de las prácticas en centros públicos”.

Un grupo 'hackers' ha atacado esta madrugada la página web de la Universidad Católica de València a través de la modificación de su página inicial con información propia del grupo, en la que se autocalificaba como pro-ISIS.

Una vez detectado el software mediante el que el grupo había accedido a la página, el Departamento de Tecnologías de la UCV ha bloqueado el acceso a los servidores web, ha realizado una securización del software y ha restablecido el funcionamiento del sistema a las 12.30 horas, según ha informado la propia universidad.

La UCV ha asegurado que el ataque no ha afectado ningún dato sensible relacionado con el personal docente o el alumnado de la universidad y fuentes de la misma han señalado a EFE que el próximo lunes presentarán la correspondiente denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía, con la que ya han mantenido contactos.

Las mismas fuentes han confirmado que se trata del primer ataque de estas características que ha sufrido su página web.

El alto tribunal valenciano da la razón al departamento de Vicent Marzà y desestima el recurso de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir contra la orden de Educación

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso presentado por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir contra la decisión de la conselleria de Educación de no conceder becas a los estudiantes de universidades privadas. El alto tribunal valenciano considera “conforme a derecho” la postura de la conselleria de Educación.

La decisión del departamento que dirige Vicent Marzà se producía en febrero de 2016 y ponía fin a una práctica implantada hace una década por el gobierno autonómico de Francisco Camps, quien generalizó las ayudas a estudiantes universitarios independientemente de dónde cursaran sus estudios, si en un centro público o uno privado.

Así, el TSJCV desestima el recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Conselleria, que rechazó el recurso de reposición de la Universidad San Vicente Mártir contra la orden de convocatoria de becas universitarias. Contra la sentencia, que no es firme y ha sido emitida por la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo, cabe recurso de casación ante el propio TSJ, que no impone costas a las partes.

La Universidad Católica de Valencia, una de las peores de España según el ránking elaborado por BBVA y el IVIE, decidió recurrir la decisión la decisión del Consell de retirar las becas a los estudiantes de centros privados “para defender a los alumnos, directamente afectados por esta medida”.

El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, insistió entonces en que el de beca “es un derecho fundamental de los alumnos y, particularmente, de los más pobres, que no debe ser conculcado por ninguna ley ni ningún Estado”.

La Universitat Catòlica de València és una de les pitjors d’Espanya, segons l’U-Ranking, una avaluació de l’educació superior duta a terme anualment per la Fundació BBVA i l’IVIE, l’institut d’investigació econòmica participat per la Generalitat. Aquest estudi mesura la qualitat de la docència, la recerca i la innovació i el desenvolupament tecnològic. El rànquing corregeix els resultats en funció de variables, com ara la grandària dels centres o els seus anys d’activitat.

L’escalafó del 2016 no millora els resultats de la Catòlica de València, una universitat vinculada a l’Església. En el global, està en la posició 61, només per davant de la Vic (una localitat catalana de 43.000 habitants), l’Oberta de Catalunya (que fa classes en línia), la UNED (a distància) i la San Jorge, la pitjor d’Espanya i també promoguda per l’Església, en aquest cas l’arxidiòcesi de Saragossa.

L’U-Ranking assenyala el “pes creixent de les universitats privades en el sistema universitari espanyol” i adverteix que la metodologia de l’estudi pot llastar els seus resultats. “És innegable que moltes variables poden provocar que els seus resultats no siguen equivalents: són universitats molt més joves com a mitjana, amb més concentració en zones geogràfiques amb més renda per capita, amb una oferta de títols molt menys diversificada que la del sistema públic i també més menudes”.

Encara que solen complir en docència, diu l’estudi, les privades estan penalitzades pels seus pobres resultats en recerca i, en menys grau, innovació i desenvolupament tecnològic. No obstant això, comparada amb les seues iguals –altres universitats privades– la Catòlica tampoc n’ix ben parada. Només la San Jorge presenta una classificació pitjor entre les de classes presencials. Entre les universitats públiques valencianes, la que més destaca és la Politècnica de València, segona en el seu grup d’“Universitats altament especialitzades”.

Els rectors de les universitats públiques valencianes van alertar al seu dia contra el disseny de l’educació superior del Consell a les mans del PP, que estaria creant una “bambolla” en el sistema. “No podem permetre que la bambolla universitària del sector privat faça desaparéixer anys de planificació del sistema públic valencià”, va alertar Vicent Climent, rector de l’UJI, en la commemoració del XXIII aniversari de la universitat castellonenca.

El PP va fer cas omís d’aquesta advertència i d’altres. La Catòlica va obtenir l’autorització de l’expresident Francisco Camps per a la seua Facultat de Medicina sense que complira els requisits imposats pel Consell de Coordinació Universitari, ja que ni havia presentat el pla d’estudis ni tenia fixada la quota d’alumnes.

Guerra entre la Catòlica i la Generalitat

La complicitat entre les universitats privades i el Consell del PP –n’hi ha d’altres que s’han quedat fora de l’U-Ranking, com la Cardenal Herrera, analitzada el 2014 amb resultats mediocres– ha deixat pas a l’hostilitat entre la institució religiosa i el Govern del Botànic.

La Catòlica ja ha portat als tribunals dues vegades la Conselleria d’Educació, dirigida per Vicent Marzà (Compromís). L’una, per haver exclòs als estudiants de les universitats privades de les beques de la Generalitat. L’altra, per haver limitat, d’acord amb Sanitat, la realització de pràctiques als estudiants de carreres sanitàries en els hospitals públics.

La Universidad Católica de Valencia es una de las peores de España según el U-Ranking, una evaluación de la educación superior realizada anualmente por la Fundación BBVA y el IVIE, el instituto de investigación económica participado por la Generalitat. Este estudio mide la calidad de la docencia, la investigación y la innovación y el desarrollo tecnológico. El ránking corrige los resultados en función de variables como el tamaño de los centros o sus años de actividad.

El escalafón de 2016 no mejora los resultados de la Católica de Valencia, una universidad vinculada a la iglesia. En el global, está en la posición 61, solo por delante de la Vic (una localidad catalana de 43.000 habitantes), la Oberta de Catalunya (que da clases on line), la UNED (a distancia) y la San Jorge, la peor de España y también promovida por la iglesia, en este caso la archidiócesis de Zaragoza.

El U-Ranking señala el “peso creciente de las universidades privadas en el sistema universitario español” y advierte de que la metodología del estudio puede lastrar sus resultados. “Es innegable que muchas variables pueden provocar que sus resultados no sean equivalentes: son universidades mucho más jóvenes en promedio, con una mayor concentración en zonas geográficas con mayor renta per cápita, con una oferta de títulos mucho menos diversificada que la del sistema público y también con un menor tamaño”.

Aunque suelen cumplir en docencia, dice el estudio, las privadas están penalizadas por sus pobres resultados en investigación y, en menor medida, innovación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, comparada con sus pares -otras universidades privadas- la Católica tampoco aparece bien parada. Sólo la San Jorge presenta peor clasificación entre las de clases presenciales. Entre las universidades públicas valencianas, la que más destaca es la Politécnica de Valencia, segunda en su grupo de “Universidades altamente especializadas”.

Los rectores de las universidades públicas valencianas alertaron en su día contra el diseño de la educación superior del Consell en manos del PP, que estaría creando una “burbuja” en el sistema. “No podemos permitir que la burbuja universitaria del sector privado acabe con años de planificación del sistema público valenciano”, alertó Vicent Climent, rector de la UJI, en la conmemoración del XXIII aniversario de la universidad castellonense. 

El PP hizo caso omiso de ésta y otras advertencias. La Católica obtuvo la autorización del expresidente Francisco Camps para su Facultad de Medicina sin que ésta cumpliera con los requisitos impuestos por el Consejo de Coordinación Universitario, ya que ni había presentado el plan de estudios ni tenía fijado el cupo de alumnos.

Guerra entre la Católica y la Generalitat

La complicidad entre las universidades privadas y el Consell del PP -hay otras que se han quedado fuera del U-Ranking, como la Cardenal Herrera, analizada en 2014 con resultados mediocres-ha dejado paso a la hostilidad entre la institución religiosa y el gobierno del Botànic.

La Católica ya ha llevado a los tribunales en dos ocasiones a la Conselleria de Educación, dirigida por Vicent Marzà (Compromís). Una, por excluir a los estudiantes de las universidades privadas de las becas de la Generalitat. La otra, por limitar, de de acuerdo con Sanidad, la realización de prácticas a los estudiantes de carreras sanitarias en los hospitales públicos.

Continúa la campaña del Arzobispado de Valencia, a través de la Universidad Católica de Valencia, contra la Ley de Identidad de Género del Consell, una norma aprobada por las Corts Valencianes el pasado 30 de marzo. El argumentario, basado en el documento 'La transexulidad. Reflexiones para una aproximación multidisplinar' del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica, se asemeja bastante al utilizado por el colectivo ultracatólico Hazte Oír para la campaña protagonizada por su polémico bus transfobo.

Así, el Arzobispado ha repartido un folleto entre las parroquias valencianas en el que se resume el documento elaborado por le Observatorio de Bioética y se cuestiona la ley recientemente aprobada por las Corts por medio de la cuál la Generalitat pretende la “normalización” de la transexualidad en todos los ámbitos de la vida pública por medio de una norma que “no propone una visión integradora”.

El documento asegura que el legislador -en este caso el Gobierno valenciano- busca “propiciar una absoluta indiferenciación entre varón y mujer, dejando escoger a lo largo de la vida la opción de constituir su identidad sexual” y carga duramente contra la 'ideología de género', que según sostienen: “Ofrece una visión distorsionada acerca de lo que significa ser varón y mujer”. Con ello, se propicia “la existencia de varias decenas de posibles identidades sexuales”, y añaden que, gracias a esta ideología, “cada persona debería poder escoger su identidad a voluntad y cambiar de una a otra a lo largo de su vida”. Se trata, insisten, de una ideología que “destruye la idea de una identidad natural y objetiva, la idea de varón y mujer”.

Desde la Universidad Católica, mantienen que la ideología de género, que aseguran está fundamentada en el “subjetivismo” y el “hedonismo”, está influida por el marxismo y el existencialismo y, aunque centró su discurso en un primer momento en los derechos políticos de las mujeres, “acabó derivando muy pronto hacia la reivindicación feminista de la anticoncepción y el aborto, esto es, hacia la demanda de la libre determinación de la mujer sobre su propia sexualidad y sobre la maternidad”.

'Deseo de cambio de sexo'

También se refieren a la transexualidad como “Deseo de Cambio de Sexo”, que califican como “trastorno o desorden de la personalidad”, una definición que atribuyen a la Asociación Americana de Psiquiatría y a la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, apuntan que en la mayoría de los niños, esa “tendencia” (el 'deseo de cambio de sexo') “no persiste tras la pubertad tardía”, por lo que el tratamiento hormonal o el cambio quirúrgico del sexo “puede provocar la aparición de efectos secundarios negativos, potencialmente irreversibles”.

Entre estos “efectos secundarios negativos”, explican que las personas transexuales, tras el cambio de sexo, “tienen un riesgo considerablemente mayor que la población general de mortalidad, conducta suicida y trastornos psiquiátricos”, así como también advierten que la cirugía tiene “efectos secundarios” y “no se ha mostrado eficaz, por sí misma, para solventar los trastornos psiquiátricos o somáticos que se pueden dar en la población con DCS (Deseo de Cambio de Sexo)”.

Así mismo, consideran que la ley facilita un “contexto de multiplicación de géneros”, en el que la familia “constituida por un varón y una mujer unidos en matrimonio queda puesta en entredicho, jurídicamente hablando”. Una norma que alertan puede ser anticonsticional, entre otras razones, porque: “Queda desnaturalizado el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación moral y religiosa acorde con sus convicciones” y el derecho a la libertad ideológica “queda en una situación comprometido”.

Por último, el estudio elaborado por la Universidad Católica de Valencia a través del Instituto de Bioética indica que la Ley de Identidad de Género “rechaza todo orden moral que determine lo que está bien y está mal”, lo que conlleva el “cuestionamiento de toda la sociedad”.

Pagar impuestos no sólo por inmuebles que no estén dedicados al culto religioso, sino por edificios o instalaciones que suponen un rendimiento económico como los edificios de la Universidad Católica San Vicente Mártir, o el aparcamiento de la parroquia San José María Escribá de Balaguer.

Con este objetivo el Ayuntamiento de València quiere cobrar a la Iglesia no sólo el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), sinó también el IAE (Impuesto de Actividades económicas) o el de Plusvalías, a lo que el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ya ha puesto cifra: 5 millones de euros al año en ingresos, dejando lejos los 3 inicialmente calculados sólo por el IBI, según declaraciones a la Cadena Ser.

El ejecutivo de Joan Ribó encabeza de este modo la iniciativa que desde la Federación Española de Municipios y Provincias quiere cambiar la ley de mecenazgo aprobada por el gobierno de José María Aznar que permite a las confesiones religiosas no pagar impuestos municipales.

Ramón Vilar afirma que la aplicación de estos impuestos es una reivindicación justa, de equidad fiscal, e incluso para que instituciones, como las universidades, compitan en igualdad de condiciones, no sólo con las universidades públicas, sinó también con otras privadas.

El edil socialista también entona cierta 'mea culpa' al reconocer que el gobierno Zapatero no modificó esta ley, pero dada la situación de minoría del actual ejecutivo del PP de Mariano Rajoy tiene esperanza de que se pueda cambiar, advirtiendo que desde Ciudadanos Albert River ya apoya la modificación.

Un 12% de descuento en el precio de 4.200 euros es el beneficio que obtendrán todos aquellos estudiantes que quieran realizar el Máster de Márketing Político que ofrece la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV) si son militantes de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP.

El descuento es fruto de la renovación de un convenio de colaboración firmado por el presidente de NNGG-CV y diputado del PP, Juan Carlos Caballero, con el centro privado y que provocó las críticas especialmente desde Compromís.

El acuerdo entre el PP y el centro privado se produce en un contexto en el que la Conselleria de Educación ha excluído a los estudiantes de medicina de la Universidad Católica y de las universidades privadas en general de las prácticas en centros hospitalarios públicos. Esta medida de la consellería de Vicent Marzà fue duramente criticada por el PP y por el Gobierno. El conflicto entre la Generalitat y las universidades privadas también afecta a las becas: el Consell anunció la retirada de las becas para los estudiantes de los centros privadas, con el respaldo del TSJCV, una medida que el PP calificó de “sectaria”.

El acuerdo entre NNGG y la Universidad Católica fue duramente criticado por Compromís a través de twitter afirmando que “ya se van conociendo las razones del PP i la UCV para hacer frente común en contra de la educación pública”. “Esto es indecente. Después de los recursos judiciales contra las becas públicas el lobby PP-UCV”, añadió la formación.

Por su parte desde NNGG se emitió un comunicado defendiendo el acuerdo y amparándolo en la “libertad de elección” tanto de padres como de estudiantes. A su vez en el mismo comunicado acusaban a Compromís de “manipulación” y reiteraban sus criticas a lo que califican de “sectarismo” de la Conselleria de Marzà.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha inadmitido el recurso de la Universidad Católica de Valencia porque considera “improcedente” tramitarlo por el procedimiento de vulneración de derechos fundamentales, según ha informado el TSJCV.

La Sala estima así el recurso de la Abogacía de la Generalitat por entender que no existe vulneración de los derechos fundamentales alegada por el centro universitario en su escrito, motivo por el que resulta “improcedente” tramitar su recurso por el procedimiento especial previsto por la ley para la “protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona”.

Argumenta que “ni la indefensión esgrimida ni el último de los derechos invocados, ni siquiera a nivel indiciario, puede estimarse comprometido” puesto que la universidad ha tenido acceso a los oportunos recursos judiciales sin que la tutela judicial efectiva se haya visto comprometida.

En cuanto a libertad religiosa, señala que, siendo cierto que el carácter privado de la demandante supone que sus estudiantes no pueden acceder a las prácticas referidas, ello “no tiene ninguna relación con el carácter de católica de la recurrente”, por lo que su invocación “carece de la forma más absoluta de fundamento alguno siquiera debatible”.

Revocada la suspensión cautelar

Por otra parte, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha revocado la suspensión cautelar que pesaba sobre las dos resoluciones de la Conselleria de Educación por la que se establecen las bases reguladoras para la convocatoria y concesión de becas para el alumnado que vaya a finalizar los estudios en universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

La Sala estima así los recursos de reposición interpuestos por la Abogacía de la Generalitat y revoca las medidas cautelares de suspensión acordadas en agosto a petición de la Universidad Católica de Valencia.

Según la Conselleria de Educación, la inadmisión del recurso de la Católica se refiere únicamente a las becas de no abandono universitario, que tienen un valor de 150.000 euros, y no a las becas universitarias de la Generalitat, que cuentan con una dotación de 3 millones.

Dentro de todo este proceso, el pasado día 8 cesó como rector de la Universidad Católica Ignacio Sánchez Cámara, según anunció esta institución, que explicó que con esta reestructuración apostaba por “seguir ampliando el diálogo con todos los agentes sociales, e intensificar las relaciones con las instituciones de la Comunitat Valenciana”.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha recalcado que mientras la Universidad Católica de Valencia no retire el recurso judicial que ha derivado en la paralización de becas de la administración y que constituye “un ataque a los estudiantes de la universidad pública”, no creerá que la institución académica quiere consensuar una solución.

“Mientras no retiren el recurso contra los estudiantes de la pública; mientras no demuestren que no van contra los estudiantes de la pública y, por tanto, contra la mayoría de los estudiantes universitarios, no creeremos esas palabras que dicen que quieren dialogar. El diálogo se demuestra con hechos y los hechos son retirar el ataque a los estudiantes de la pública”, ha aseverado.

Así lo ha dicho el titular de Educación del Gobierno valenciano antes de participar en el acto de apertura de curso de la Universitat de València a preguntas de los medios sobre la polémica generada tras la decisión de la Generalitat de excluir de sus becas a alumnos de las instituciones privadas y la posterior presentación de un recurso judicial por parte de la Universidad Católica que ha provocado la paralización cautelar de las becas generales de la administración del curso pasado, así como las de no abandono.

Además, ayer la Universidad Católica anunció el cese del hasta ahora rector, Ignacio Sánchez Cámara, una “reestructuración” que enmarcaba en su deseo de “seguir ampliando el diálogo con todos los agentes sociales, e intensificar las relaciones con las instituciones de la Comunitat Valenciana”.

También aseguraba la universidad que ha realizado una petición formal para reunirse con el conseller que, según ha manifestado este viernes el propio Marzà, aún no ha recibido. “La petición no nos ha llegado aún y cuando llegue ya hablaremos, pero nuestro posicicionamiento está bien claro”, ha advertido.

Vicent Marzà -que ha precisado que no asistió a la apertura del curso de la Católica porque había otros actos y en su departamento “la agenda está muy ocupada y atendemos todos los actos que podemos pero no llegamos a todos”- también ha sido preguntado sobre su relación con esta universidad.

No se han levantado de ninguna mesa de diálogo

Ha reiterado que la Conselleria de Educación “no se ha levantado de ninguna mesa de diálogo”. “Continuamos en el mismo sitio pero para demostrar, no solo que tienen voluntad, sino que realmente quieren solucionar las cosas deben retirar el recurso que va en contra de los estudiantes de la pública; uno que va en contra de algo, poca voluntad de diálogo tiene”, ha insistido.

“Nosotros seguimos estando en el mismo sitio -ha proseguido-, hemos dialogado siempre con todos los sectores, si el nuevo rector quiere reunirse tendrá que solicitarlo, no vía comunicado de prensa, sino donde corresponde”.

Ninguna presión

También se le ha planteado al conseller si el cese de Sánchez Cámara se debía a alguna presión del Consell. Al respecto, Marzà ha respondido: “Somos democráticos; cada uno en sus instituciones hace lo que quiere y muchas veces lo que puede y no hemos ningún ejercido ningún tipo de presión, evidentemente”.