El arzobispo de Valencia ordenó al gerente de su fundación “ponerse a las órdenes” de un cabecilla del 'caso Azud'

La jueza instructora del 'caso Azud' ha acordado el sobreseimiento provisional para ocho de los investigados en la causa. Entre ellos, Juan Morote, exgerente de la Universidad Católica de Valencia, un centro privado propiedad de la Iglesia Católica que abonó una comisión de 63.720 euros por un supuesto asesoramiento jurídico en el marco de un proyecto de hospital universitario al cuñado de la alcaldesa Rita Barberá, el abogado José María Corbín, uno de los principales investigados. Juan Morote alegó en su declaración ante la magistrada sustituta del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia que no tuvo ninguna intervención en la vertiente jurídica del proyecto y aseguró que fue el entonces arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, quien le ordenó “ponerse a las órdenes” de Alfonso Grau, vicealcalde de Rita Barberá y uno de los principales cabecillas de la trama del 'caso Azud'. Grau le presentó a Jaime Febrer, presunto corruptor de la trama, como un “empresario con mucha experiencia en el sector inmobiliario”, según reza el auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

La empresa Inverso SL, de cuyo consejo de administración formaba parte Morote en representación de la Fundación de la Universidad Católica de Valencia, firmó en 2010 un contrato de prestación de servicios profesionales con el despacho de Corbín para el proyecto. Sin embargo, el exgerente declaró que Jaime Febrer se encargó de la vertiente jurídica mientras Morote se ocupó de la “parte técnica”, dada la “peculiaridad del proyecto”, que requería que el hospital tuviera “vinculación con la universidad”. El hombre también negó conocer personalmente al cuñado de la entonces alcaldesa, Rita Barberá.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que la presunta red corrupta consiguió la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia para la reclasificación de los solares donde pretendían construir un hospital universitario privado en el barrio de Campanar. También que contó con información privilegiada del Ayuntamiento de Valencia.

Sin embargo, Morote sostiene que no tuvo “ninguna intervención personal” en la redacción de las bases del concurso y que siguió “en todo momento” las indicaciones de Grau. Así, la instructora ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones para el exgerente de la Fundación de la Universidad Católica de Valencia al no tener acreditada su participación en los hechos.

La jueza titular acuerda también el sobreseimiento parcial para las hermanas Mari Carmen y Amparo Prieto Añó, consejeras delegadas de una firma del Grupo Secopsa. La UCO de la Guardia Civil halló 380.000 euros en sendas cajas fuertes pertenecientes a las hermanas del empresario Vicente Prieto, cuya empresa aparece en el 'caso Taula' como una de las financiadoras del PP de Rita Barberá. Mari Carmen y Amparo Prieto Añó alegaron en su declaración ante la jueza que el dinero fue regularizado ante Hacienda.

A su vez, ha acordado el sobreseimiento provisional para el empresario Fernando Huet ya que no formaba parte de la mercantil Cyes Infraestructuras SA, investigada en otras causas en relación a la financiación del PP, cuando la firma pagó unos 200.000 euros a Corbín con “facturación fraudulenta” para dotar los abonos con “cobertura legal”, según indica el auto.

Huet declaró que no conocía el contrato que propició los pagos, abonados entre 2006 y 2009 al cuñado de la alcaldesa popular. También negó conocer a Corbín y manifestó que dimitió de la firma por “discrepancias en la efectiva gestión empresarial”, según manifestó en una carta remitida a Felipe Almenar, presidente de Cyes e identificado como 'El Príncipe' en el 'caso Gürtel' (la firma abonó 200.000 euros a Orange Market, según informes policiales).

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia también ha dictado el sobreseimiento parcial de las actuaciones para Rosendo Puigsubirat, vinculado a alguna de las firmas de Jaime Febrer y para Alberto Sánchez Pérez, trabajador del grupo empresarial, al haber aclarado ante la Guardia Civil y la jueza su participación en los hechos.

La instructora ha acordado el sobreseimiento parcial para Carlos del Romero Sánchez Cutillas al no haber acreditado que facilitara o favoreciera un presunto delito de blanqueo de capitales en relación a la adquisición de un inmueble para Alfonso Grau. También para Gabriel Martínez García, hasta ahora investigado por la contratación del hijo de Carlos Masiá, exgerente de la empresa pública municipal AUMSA, cuyo salario fue abonado íntegramente por el presunto corruptor de la trama. Gabriel Martínez declaró que finalmente no fue contratado, aunque lo intentó por hacerle un favor a Jaime Febrer.