“Los ministros de defensa no han tenido un papel central porque la defensa no ha sido una política específica de la Unión Europea, sigue siendo una política intergubernamental, solo se ha desarrollado a través de los estados miembros”, admite un experimentado funcionario con una larga carrera en Bruselas. La vieja Europa sigue manteniendo sus largos y tediosos procesos mientras el resto del mundo cambia a toda velocidad. Este miércoles los líderes de los países europeos se reunirán en una fortificada Copenhague, tras los ataques de drones a sus aeropuertos, con dos objetivos fundamentales: la defensa, en medio de las continuas provocaciones rusas con invasiones del espacio aéreo europeo, y el apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia. Se trata de un Consejo de Europa informal, es decir, una reunión de aproximación de posturas para tomar decisiones de más calado en el Consejo que se celebrará a finales de octubre en Bruselas.

Al menos se esperan declaraciones contundentes frente a las “constantes provocaciones” de Vladímir Putin. Septiembre ha sido un mes en el que se han disparado las tensiones entre la Unión Europea y Rusia. En menos de dos semanas se han dado varios incidentes provocados por drones y aviones rusos que han violado el espacio aéreo de países europeos fronterizos con la consecuente respuesta de fuerzas armadas de la OTAN. Por eso se dará el necesario lenguaje diplomático a falta de medidas consensuadas.

Para abrir la semana se reunió este lunes en Varsovia el Triángulo de Weimar, la alianza regional entre Alemania, Francia y Polonia, para lanzar su aviso a Rusia. Radosław Tomasz Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, declaró tras terminar la reunión con sus homólogos de Francia y Alemania que “las recientes provocaciones rusas contra Polonia y Estonia son inquietantes”. “Demuestran que Rusia sigue buscando la confrontación y no le interesa la paz. Me complace observar la respuesta inequívoca de nuestros socios de Weimar. Gracias por reforzar la defensa aérea del flanco oriental con más cazas franceses y alemanes. Esta es una señal visible de solidaridad y unidad entre nuestros aliados de la OTAN y los socios de la Unión Europea. La posición de Alemania y Francia reflejan firmemente su determinación de defender todo el territorio de la OTAN”.

Esta dureza en las declaraciones va desde los avisos del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con su “no dudaremos, haremos lo que sea necesario para defendernos” a las amenazas del Gobierno polaco con que están dispuestos a derribar aviones rusos si entran en su espacio aéreo. ¿Están todos los países de la OTAN con esta disposición? Fuentes de Moncloa recuerdan que “España participa en la OTAN, que tiene unas 'rules of engagement' (directivas militares que establecen los límites y condiciones bajo los cuales las fuerzas de la Alianza pueden usar la fuerza en un escenario determinado). En ese marco nos movemos, con lo cual estamos y formamos parte de lo que decide la OTAN como aliado y como Estado miembro”.

Siguiendo con Defensa esta es una de las grandes cuestiones que se van a debatir en la capital de Dinamarca. ¿Cómo lo hacen? Un funcionario del Consejo señala que “ya existen los instrumentos financieros. Hay una amenaza específica más urgente en el flanco oriental, pero no es la única. Un ataque de drones puede ocurrir en cualquier parte de Europa. Hay un problema de solidaridad europea que se tiene que solventar con la asignación de los fondos de defensa”.

De hecho, desde la Comisión Europea indican que Europa necesita alcanzar una postura de defensa suficientemente fuerte para 2030 para disuadir de manera creíble y responder a cualquier agresión. Europa debe equiparse urgentemente con una capacidad estratégica desarrollada y mantenida conjuntamente, actuando como un actor independiente, mientras contribuye a la seguridad global y transatlántica en estrecha asociación con la OTAN. Estados Unidos ha dejado de ser un aliado totalmente fiable tras los continuos vaivenes de Donald Trump. Ahora el concepto de moda en los pasillos bruselenses es autonomía estratégica, aunque no está claro del todo cómo se financia.

Fuentes de Moncloa aseguran que “la posición de España es de apoyo absoluto a la seguridad del flanco oeste y el presidente del Gobierno ha avisado de que también se participará en la operación del flanco oriental. El Gobierno de España es consciente de la amenaza y se va a reiterar la participación española tanto en la OTAN como en avanzar en la Unión Europea hacia una autonomía estratégica más sostenible”. España ha pedido 1.000 millones en préstamos de los 150.000 millones de euros que forman parte del instrumento SAFE (Security Action for Europe). Estos préstamos para planes de defensa han sido suscritos por 19 Estados miembros de los 27, pero ahora se espera que se pongan sobre la mesa más instrumentos conjuntos para acelerar las inversiones en tecnología militar, más allá de las presiones para incrementar hasta el 5% del PIB el gasto en defensa de cada país miembro.

La primera reunión que se celebró entre la Comisión Europea y y los ministros de Defensa de los siete Estados miembros en primera línea: Estonia, Letonia, Finlandia, Lituania, Polonia, Rumanía y Bulgaria, además de su homólogo en Ucrania y responsables de la OTAN, dejó como conclusión que no hay capacidad en los ejércitos europeos para dar respuesta a un ataque de drones ruso, ni siquiera un adecuado sistema de detección.

En este campo, tras años de conflicto bélico, Ucrania puede darle a los europeos tecnología y conocimientos ya utilizados en el terreno en su guerra contra Rusia. De hecho, Ucrania es el segundo tema que se va a tratar en este consejo informal. Un funcionario del Consejo explica que hay que decidir “cómo estructurar la financiación para Ucrania a partir del próximo año”. En este sentido está sobre la mesa la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de ofrecer un préstamo sin intereses a Ucrania de 140.000 millones de euros provenientes de los activos rusos que están congelados en la UE debido a las sanciones. Fuentes del Consejo admiten que “es un asunto muy complejo, con numerosas implicaciones financieras y legales y no se espera que los líderes entren en detalles, pero sí que puede haber una orientación política sobre si están dispuestos a definir fórmulas para utilizar los activos inmovilizados para la financiación de Ucrania”.

Otro tema sobre la mesa es la ampliación de la UE con el proceso de adhesión de Ucrania. Este cambio puede ser más profundo porque el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha explorado en su visita a varios países un cambio de los marcos de negociación para que la apertura del proceso de adhesión fuera por mayoría cualificada y que se tenga que cerrar por unanimidad. No es una idea completamente nueva, ya que hace años fue propuesto sin éxito por Eslovenia y Alemania. Ahora se pretende sortear el veto de Hungría, que tiene una postura cercana a Rusia, y podría frenar el proceso de entrada de Ucrania o Moldavia en la UE.

Funcionarios del Consejo reconocen que Costa solo pondrá en marcha este cambio en las variables de voto para la ampliación “si ve que hay una posibilidad de que tenga éxito. Hay la impresión de que no es completamente imposible, con lo que continuará sus contactos”.

No hay en la agenda nada sobre el genocidio de Gaza por parte de Israel, pero al ser una reunión informal puede aparecer temas que no están en el orden del día. Desde Moncloa se recuerda que el presidente del Gobierno ha recordado que “hay un imperativo moral y un derecho internacional que respetar, el derecho humanitario. También ha señalado la vertiente de seguridad para todo el arco mediterráneo” como argumento para terminar de una manera justa el conflicto de Palestina e Israel.

La Unión Europea ha resucitado una controvertida propuesta para obligar a los servicios digitales a escanear todas las comunicaciones de sus usuarios en busca de material de abuso sexual infantil. El plan, que ya fue rechazado por el Parlamento Europeo durante la anterior legislatura comunitaria, vuelve a estar sobre la mesa de las instituciones a través de una nueva propuesta de la Comisión Europea que está ganando apoyos entre varios estados miembros y será debatida este viernes en una reunión de los Veintisiete.

La propuesta busca establecer normas para prevenir y combatir el abuso sexual infantil y la distribución de material pedófilo. Su objetivo es impedir que las aplicaciones de mensajería, correo electrónico, las redes sociales o los chats de videojuegos se utilicen para estos delitos. Bruselas argumenta que deben ser los proveedores de estos servicios sobre los que se regule, ya que “son a menudo los únicos en posición de prevenir y combatir tal abuso”.

El plan es que estas plataformas instalen un algoritmo que revise todos los chats de los usuarios en busca de patrones de alerta que indiquen que en una conversación determinada se podrían estar generando o compartiendo imágenes que encajan con la pornografía infantil. Al detectarlas, el algoritmo daría aviso a la compañía, que lo reportaría a las fuerzas de seguridad. Apps como WhatsApp, Telegram, Signal, Instagram, Gmail y cientos más se verían afectadas.

“Las medidas adoptadas deben ser específicas, cuidadosamente equilibradas y proporcionadas, a fin de evitar consecuencias negativas indebidas para quienes utilizan estos servicios con fines lícitos”, afirma la propuesta, que ha introducido algunas modificaciones respecto al texto que fue rechazado por la Eurocámara en 2023. El principal es la reducción del alcance del escaneo a las imágenes y enlaces que compartan los usuarios —el plan anterior abarcaba todos los mensajes, incluido texto o audio— y el hecho de que este se realice en el mismo dispositivo del usuario.

El nuevo texto también hace especial hincapié en la importancia del cifrado de extremo a extremo. Se trata tecnología más robusta actualmente para proteger la confidencialidad de las comunicaciones digitales, ya que los convierte en un código ilegible para cualquiera excepto el emisor y el destinatario. El temor a que el escaneo de los mensajes abriera una agujero en esta protección fue una de las principales causas de la caída de la propuesta anterior.

“El cifrado de extremo a extremo es un medio necesario para proteger los derechos fundamentales y la seguridad digital de los gobiernos, la industria y la sociedad”, asegura ahora el texto de la Comisión. “Este Reglamento no prohibirá, hará imposible, debilitará, eludirá o socavará de otro modo las medidas de ciberseguridad, en particular el cifrado, incluido el cifrado de extremo a extremo”, recalca.

Sin embargo, no cede en su intención de establecer un mecanismo de vigilancia masiva que pueda detectar este tipo de imágenes en cualquier situación. El abuso infantil “debe seguir siendo detectable en todos los servicios de comunicaciones interpersonales mediante la aplicación de tecnologías verificadas”, señala el texto, que impone que “el mecanismo de detección pueda acceder a los datos en su forma no cifrada para un análisis y una acción eficaces”.

“Vigilancia sin precedentes”

La propuesta tumbada por el Parlamento Europeo en 2023 suscitó un enorme rechazo entre los tecnólogos y la comunidad de organizaciones de defensa de los derechos digitales. La nueva proposición ha arrancado con la misma controversia.

Este martes, 467 especialistas de 36 países han enviado una carta a las instituciones comunitarias para alertar de que su plan para escanear todos los chats “socava por completo las protecciones de seguridad y privacidad que son esenciales para salvaguardar la sociedad digital”. “La nueva propuesta, al igual que sus predecesoras, creará capacidades sin precedentes de vigilancia, control y censura, y conlleva un riesgo inherente de desvío de funciones y de abuso por parte de regímenes menos democráticos”, denuncian en la misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La mayoría de los firmantes son profesores universitarios e investigadores especializados en cifrado digital de las comunicaciones, ciberseguridad y tecnologías de privacidad. Muchos de ellos de reconocido prestigio internacional, como la española Carmela Troncoso, directora científica del Instituto Max Planck para la Seguridad y la Privacidad, una de las instituciones de referencia en Alemania. “La propuesta sigue sin garantizar ninguna mejora en la protección para menores, pero sigue siendo una amenaza enorme para la privacidad y libertad online”, explica a este medio.

“La nueva propuesta dice que solo mirarán URLs e imágenes —aunque en una nota se dice que puede volver el análisis de texto a través de una enmienda en el futuro— pero esto no cambia el hecho de que sigue siendo fácil evadir el detector con cambios pequeños”, avisa la especialista.

Imposible técnicamente y fácil de burlar

El principal argumento técnico de los especialistas respecto al plan de escaneo de chats de Bruselas sigue siendo el mismo: no existe la tecnología para llevarlo a cabo. “Simplemente, no es viable realizar detecciones de material de abuso sexual infantil conocido y nuevo entre cientos de millones de usuarios con un nivel aceptable de precisión, independientemente del filtro concreto”, explican en la carta.

“Los expertos han demostrado en repetidas ocasiones que los métodos de detección de material de abuso infantil conocido son fáciles de eludir: basta con modificar unos pocos bits en una imagen para que esta no active los detectores más avanzados”, detallan. Para los abusadores y pedófilos, sería fácil adoptar métodos como este para escapar del algoritmo, alegan los expertos, lo que les permitiría “burlarlo por completo”.

Los detectores de última generación arrojarían tasas inaceptablemente altas de falsos positivos y falsos negativos, lo que los hace inadecuados para campañas de detección a gran escala, como las que plantea la regulación

Carta de 430 tecnólogos a la UE

Un filtro ineficaz que, por contra, sí podría causar disgustos al resto de la población. “La investigación existente confirma que los detectores de última generación arrojarían tasas inaceptablemente altas de falsos positivos y falsos negativos, lo que los hace inadecuados para campañas de detección a gran escala, como las que plantea la regulación, con cientos de millones de usuarios afectados”, destaca la carta.

Los tecnólogos hacen un amplio desglose técnico de los agujeros de la propuesta de la UE. Además, rebajan el potencial beneficioso de los cambios introducidos al plan de 2023. “No existe base científica para sostener que la tecnología de detección funcionaría mejor con imágenes que con texto”, dicen sobre la decisión de que el algoritmo analice solo fotografías y archivos. “Es imposible realizar detección de material y enviar los correspondientes reportes sin afectar al cifrado”, explican sobre la posibilidad de que ese análisis se realice en el dispositivo del usuario.

Actualmente, el documento que resucita el plan de la UE de escanear es una propuesta de compromiso de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, que actualmente ocupa Dinamarca. Esto significa que es un texto que se está revisando y negociando entre los países de la UE. El próximo paso será la reunión del Grupo de Trabajo este 12 de septiembre, para su discusión y posibles enmiendas. De ser aprobada por el Consejo, el texto tendría que volver a pasar por el examen del Parlamento Europeo.

El proyecto ‘Guardianes del Patrimonio en La Rioja’, promovido por la Fundación San Millán de la Cogolla en colaboración con la Fundación SM y que se ha desarrollado en el CRA Entrevalles, ha ganado el Premio Young European Heritage Makers 2024 en la Categoría 1 (6 a 11 años), un concurso convocado por el Consejo de Europa y la Comisión Europea y concebido como un storytelling que quiere dar voz a las nuevas generaciones, animándoles a desarrollar una mirada propia sobre su patrimonio y a comprometerse en su conservación.

Los dos proyectos ganadores a nivel nacional son:

Categoría 1 (6 a 11 años): The guardians of heritage in La Rioja (Los guardianes del Patrimonio). Fundación San Millán, Fundación SM y CRA Entrevalles (La Rioja). 

Categoría 2 (de 11 a 17 años): The pot that saves the Planet (La maceta que salva el planeta). Ayuntamiento de Onda (Castellón, Comunidad Valenciana). 

El proyecto ‘Guardianes del Patrimonio’ ha sido realizado por alumnos de Primaria del CRA Entrevalles, una escuela rural agrupada, situada en un entorno privilegiado y compuesta por cuatro colegios ubicados en cuatro pueblos diferentes: Badarán, Anguiano, San Millán de la Cogolla y Viniegra de Abajo.

El protagonista del relato creado por los alumnos riojanos es un peregrino que se pierde durante su ruta a Santiago y se encuentra con los niños del CRA. De esta forma, los niños le ayudan a conocer sus cuatro pueblos, seleccionando sus lugares preferidos: la Cuesta de los Danzadores en Anguiano; la Presa de los Molineros; el Camino Real y el Vado de la Reina en Badarán; las casas de indianos en Viniegra de Abajo; y el Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla. En torno a estos lugares, los alumnos crearon cuatro historias: La cuesta encantada (Anguiano), El monje congelado (Badarán), La niña hada perdida en el monasterio (San Millán) y La magia de Viniegra de Abajo. 

Durante el desarrollo del proyecto, los alumnos han trabajado de forma colaborativa, diseñado diferentes decorados para ubicarlas (con fotografías, dibujos y maquetas) y relatando, a través de protagonistas reales o fantásticos, la historia de su patrimonio. Finalmente, han completado su trabajo con el desarrollo de podcasts de radio, en los que hablan con la población de la localidad sobre diferentes temáticas, con un enfoque de transmisión intergeneracional.

Entre los valores asociados a este proyecto destaca la difusión del patrimonio peregrino; el trabajo transversal en torno al patrimonio cultural; la innovación educativa; y la implicación de la comunidad local.

El proyecto pasará ahora a una segunda fase de selección y representará a España ante un jurado internacional. Si finalmente es galardonado, sus creadores serán invitados a una ceremonia online y recibirán un lote de productos como premio y un viaje a Estrasburgo, donde podrán conocer la ciudad, las instituciones europeas y hacer amigos de edades similares de diferentes países. En ambos casos, su relato tendrá un papel protagonista. 

En esta edición del premio, además, se otorgarán menciones especiales a los proyectos sobresalientes en cada una de las categorías. Sus artífices serán reconocidos con un diploma acreditativo emitido por la coordinación europea (dependiente del Consejo de Europa y de la Comisión Europea) y recibirán como premio un lote de productos.

Programa europeo de educación patrimonial CREATECH

‘Guardianes del Patrimonio en La Rioja’ se enmarca dentro del programa europeo de educación patrimonial CREATECH, financiado por ERASMUS+ y desarrollado en España por la Fundación San Millán de la Cogolla y la Fundación SM. CREATECH es un proyecto para promover la educación patrimonial en las escuelas infantiles, basándose en la exploración del entorno cotidiano y del acervo cultural. Los niños y niñas lo reinterpretan desde su punto de vista, creando juntos una narración de historias asociadas a este patrimonio a través de herramientas digitales.

Dieciséis profesores de Educación infantil y cientos de niños tienen la oportunidad única de aprender en un proyecto pedagógico que enfatiza el aprendizaje basado en fenómenos, la creatividad, el aprendizaje social y cultural y las habilidades digitales.

Este proyecto también se desarrolla en alianza con la Association of Cultural Heritage Education de Finlandia, la asociación KulturAll de Serbia, la HARP Heritage Art Research de Italia y el programa Into School de Helsinki y con centros escolares de esos países.

El nuevo presidente del Consejo Europeo, António Costa, comenzó este domingo su mandato con un viaje a Kiev para mostrar el apoyo “inquebrantable” de la Unión Europea a Ucrania, junto a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y la comisaria europea para la Ampliación, Marta Kos. “Desde el primer día de la guerra, la UE ha estado del lado de Ucrania. Desde el primer día de nuestro mandato, reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable al pueblo ucraniano”, dijo Costa en un mensaje en redes sociales al llegar a Kiev, donde se declaró “orgulloso” de estar junto a Kallas y Kos.

También Kallas consideró un “privilegio” estar en Kiev junto a Costa y Kos en su primera visita a la capital ucraniana como nueva jefa de la diplomacia europea.

“Mi mensaje es claro: la Unión Europea quiere que Ucrania gane esta guerra. Haremos lo que sea necesario para lograrlo”, afirmó la ex primera ministra estonia en otro mensaje en redes sociales.

El mensaje que los tres llevan a las autoridades de Kiev es “poderoso: Ucrania, puedes contar con el apoyo firme e inquebrantable de Europa en tu camino hacia la libertad, la paz y un futuro plenamente europeo”, añadió Kos, para quien es un “honor” iniciar su nueva misión en la capital ucraniana.

Esta visita de alto valor simbólico se produce el mismo día que comienza oficialmente el mandato de Costa como nuevo presidente del Consejo Europeo y se estrena también la nueva Comisión Europea del segundo mandato de Ursula von der Leyen.

“Todos anhelamos la paz. Especialmente el atribulado y heroico pueblo ucraniano. Pero la paz no puede significar la paz de un cementerio. La paz no puede significar capitulación. La paz no debe recompensar al agresor. La paz en Ucrania debe ser justa, duradera y basada en el derecho internacional”, dijo Costa en la ceremonia de traspaso de poderes con su antecesor, Charles Michel, el viernes pasado en Bruselas.

El socialdemócrata luso señaló entonces que “esta guerra se desarrolla en suelo europeo, pero están en juego los principios universales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas: el derecho de los pueblos a la autodeterminación, el derecho de las naciones a elegir su propio futuro y el respeto por la integridad territorial y las fronteras estatales”.

Por eso, dijo, “debemos escribir un nuevo capítulo de la Unión Europea como proyecto de paz. Volviéndonos más fuertes, más eficientes, más resilientes y más autónomos en materia de seguridad y defensa. Trabajando siempre por una sólida asociación transatlántica”.

Para Costa, la ampliación a los Balcanes Occidentales y a los países vecinos del Este, como Ucrania, es “una poderosa herramienta para la paz, la seguridad y la prosperidad, y un imperativo geopolítico”.

“Tanto la Unión Europea como los países candidatos deben trabajar más duro y más rápido, sin plazos artificiales, pero también sin obstáculos indebidos”, consideró el portugués.

Durante su audiencia en la Eurocámara el pasado 12 de noviembre, Kallas apuntó a las guerras en Ucrania y Oriente Medio como “prioridades urgentes” para su próximos cinco años al frente de la diplomacia europea y advirtió de las amenazas que suponen Rusia, China, Corea del Norte e Irán.

Algunos daban por políticamente muerto al portugués António Costa (62 años) cuando dimitió el 7 de noviembre de 2023, tras los registros en su residencia oficial. Pero el político es conocido en Portugal desde hace décadas por ser un hábil estratega con innumerables vidas. Este jueves el socialista portugués fue confirmado en el puesto de sus sueños: presidente del Consejo Europeo, por un periodo de, al menos, dos años y medio. Tras un abrupto abandono del cargo de primer ministro, Costa cumple así su ambición europea después de años de campaña informal entre bastidores.

A falta de una imputación o de pruebas que respalden una supuesta intervención de Costa para favorecer a una empresa que quería instalar un centro de datos en la región de Sines (suroeste de Portugal), la llamada 'operación Influencer' perdió fuerza y el veterano político volvió a divisar la posibilidad de hacerse con un puesto en Bruselas.

Costa, respaldado por el Gobierno de derechas

Primer ministro durante ocho años –el segundo mandato más largo de la democracia portuguesa–, alcalde de Lisboa entre 2007 y 2015, ministro y eurodiputado. El líder socialista acumula décadas de política activa súbitamente interrumpidas por los registros judiciales que precipitaron el fin de una legislatura, en la que los socialistas tenían mayoría absoluta. El ciclo político en Portugal cambió el pasado mes de marzo con la marcha de Costa, pero los socialistas volvieron a ganar las elecciones europeas del 9 de junio, con un eurodiputado más (ocho) que la coalición de centro-derecha (siete).

En la campaña de las elecciones europeas de este año, António Costa no apareció junto a la candidata socialista, Marta Temido. La razón quedó clara la misma noche electoral: ante la derrota de la coalición de centro-derecha en el poder (PSD-CDS), el primer ministro, Luís Montenegro, declaró que apoyaría el nombre del socialista António Costa, aunque fuera de otra familia política –algo que ya se había acordado entre bastidores, incluso antes de las elecciones legislativas anticipadas de marzo–.

Costa no quería molestar al Gobierno conservador participando en la campaña electoral y Montenegro consiguió desviar la atención de su propia derrota electoral, y en los días siguientes reafirmó que “el Gobierno portugués no sólo apoyará, sino que hará todo lo posible para que la candidatura de António Costa sea un éxito”. Montenegro argumentó que el apoyo a Costa “no es sólo porque sea portugués”, sino también “porque es europeísta y portador de valores de respeto a la paz, la democracia, la solidaridad política y económica entre los Estados de la Unión Europea”.

El 9 de junio, António Costa, mientras comentaba la noche de las elecciones europeas en una cadena de televisión, declaraba que “nunca seguiría adelante” sin el apoyo del Gobierno de su país.

Se trata de un renacimiento político para el hombre que lleva años en la vida pública del país, con una interrupción inesperada en noviembre de 2023. La pausa fue breve, un tiempo en el que Costa trató de limpiar la imagen de un proceso que ha desacreditado la Justicia portuguesa: ninguna de las acusaciones ha sido probada y no hay nadie detenido como parte de este caso.

De líder de los socialistas a primer ministro

Siempre presente en la vida política, António Costa se ha perfilado como una figura destacada en Portugal tras la ajustada victoria de los socialistas en las elecciones europeas de 2014. Con un Gobierno de centro-derecha marcado por la austeridad, los socialistas consiguieron solo un diputado más que la coalición de centro-derecha (un escenario idéntico al de 2024).

En un programa de televisión en el que era tertuliano habitual, Costa calificó de “pequeñísima” la victoria del Partido Socialista (PS) y cuestionó el liderazgo del entonces líder del partido, António José Seguro.

En un proceso histórico de elecciones primarias –que nunca se habían convocado en el PS, ni se han repetido jamás–, Costa ganó con el 68% de los votos y se convirtió en el líder de los socialistas portugueses y en el candidato socialista a primer ministro en las elecciones legislativas de 2015. Pero aquella noche del 4 de octubre de 2015, Costa fue dado por muerto políticamente: perdió las elecciones en un país que siempre había estado acostumbrado a ver en el gobierno a quien fuera el más votado en las urnas. Su muerte política solo duró unas horas.

Esa misma noche, el histórico líder del Partido Comunista, Jerónimo de Sousa, dijo que los socialistas no formarían gobierno sólo “si no quisieran”, señalando la mayoría de izquierdas que existía en el Parlamento, a pesar de que la coalición de derechas había obtenido más votos.

Fue entonces cuando nació una solución política sin precedentes, que unió a socialistas, comunistas, bloquistas y verdes, y que recibió el nombre de “geringonça”. Los socialistas pudieron gobernar con el apoyo parlamentario de los partidos situados a su izquierda. Su Gobierno se caracterizó por una serie de reversiones en relación con las políticas de austeridad que marcaron el periodo de la “troika”.

El país tuvo una serie de indicadores positivos y, cuatro años después, el PS de António Costa volvió a ganar unas elecciones parlamentarias. En 2019, sale de las urnas una nueva mayoría de izquierdas, pero esta vez el acuerdo no se ha firmado y la solución se presenta inestable. Con el rechazo de los socios de izquierda a los Presupuestos Generales del Estado de 2022, el Gobierno cae y el país se ve abocado a unas elecciones anticipadas que dan a António Costa una inesperada mayoría absoluta. Ninguna encuesta fue capaz de predecir este escenario, pero Costa tiene carta blanca para gobernar con estabilidad hasta 2026. Sin embargo, la estabilidad que una mayoría absoluta en el Parlamento le dio a Costa no fue aprovechada, ya que se vio sacudida por una serie de casos que afectaron a miembros del Gobierno y a la popularidad del mismo.

Varios años de campaña electoral europea

Durante su etapa como jefe de Gobierno, Costa trató de aumentar su influencia europea –aprovechando la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, en 2021–, liderando negociaciones y manteniendo los canales de diálogo abiertos con las distintas familias políticas europeas. Un ejemplo de ello es la polémica parada de Costa en Budapest durante la final de la Europa League de 2023, donde presenció el partido junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Costa había ocultado la parada en Hungría de su agenda oficial y la oposición aprovechó para criticarle por hacer campaña para el puesto de presidente del Consejo Europeo.

Pero ante esa posible marcha anticipada para ocupar un cargo europeo en el horizonte, el Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, señaló que las elecciones legislativas de 2023 estaban muy centradas en António Costa y que no aceptaría un cambio en la jefatura del Gobierno sin convocar nuevas elecciones. Costa prometió quedarse, pero la ironía es que sólo su precipitada salida provocada por la 'operación Influencer' le permitió cumplir su sueño europeo.

Crítico con la forma en que la Unión Europea gestionó la crisis de la deuda soberana de principios de la década de 2010, siempre se ha opuesto a la idea impuesta por Bruselas de que no había alternativa a los planes de estabilización económica acompañados de austeridad. En una entrevista concedida al diario portugués Público, António Costa llegó a afirmar que “el euro fue la mayor recompensa que Europa ofreció a Alemania”.

La semana pasada, el político empezaba una nueva vida: se convertía en el presentador de un programa de televisión (llamado Optimista), en el que el ex primer ministro portugués quería dar a conocer lo mejor de Portugal, mostrando ejemplos de personalidades y empresas que destacan en sus sectores. El nombre del programa hace referencia a la forma en que el presidente de la República describió al propio Costa: un “optimista irritante”. Pero su carrera como presentador de televisión ha sido fugaz, porque el renacimiento político de Costa llegó más rápido de lo que nadie podía creer en noviembre del año pasado.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado este viernes que finalmente no se presentará a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo junio, después de que su decisión de concurrir generara críticas, porque habría supuesto que el político belga no terminara su mandato al frente de la institución que reúne a los mandatarios de los Veintisiete.

“Para preservar la serenidad en el cumplimiento de mi misión actual, no seré candidato en las elecciones europeas”, ha publicado en su perfil de la red social Facebook. Así, ha lamentado las críticas surgidas tras declarar su intención de presentarse a estos comicios, ya que según ha explicado, esa antelación era para que el Consejo “tuviera tiempo suficiente para preparar una transición institucional fluida”.

De este modo, ha señalado: “Europa siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. He servido a nuestro proyecto europeo con pasión y convicción durante casi diez años, primero como primer ministro belga y luego en mi cargo actual. Por lo tanto, me pareció natural, como cualquier líder que desee seguir sirviendo a su país, presentarme ante los votantes para promover y defender el proyecto europeo”.

“Acojo con agrado todas las críticas políticas y argumentos legítimos. Naturalmente, cada situación tiene varios puntos de vista posibles. Pero los ataques personales están tomando cada vez más precedencia sobre los argumentos objetivos. Creo que esto distorsiona el discurso democrático objetivo. A nivel personal, me lleva a reflexionar sobre el significado e impacto de mi compromiso electoral, al cual he dedicado 30 años de mi vida, no solo para mí sino también para aquellos cercanos a mí”, ha concluido.

El ex primer ministro anunció a principios de mes su voluntad de presentarse como cabeza de lista del partido liberal francófono de Bélgica a las elecciones europeas y renunciar a su cargo de presidente del Consejo Europeo cuando asumiera el escaño, si era elegido, el próximo 16 de julio.

Eso habría obligado a los líderes de la Unión Europea a buscarle un sustituto justo después de los comicios europeos y antes de que termine oficialmente el mandato de Michel, que concluye a finales de noviembre.

Si no encontraban a ninguno, quien hubiera asumido el cargo de manera interina habría sido el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, ya que Hungría tendrá la presidencia rotatoria del Consejo de la UE el próximo 1 de julio.

Carles Puigdemont ha reconocido este martes que el catalán no se convertirá en lengua oficial europea durante la presidencia española del Consejo. Lo ha hecho en un largo mensaje en la red social X, obligado por las voces que le piden explicaciones después de que España retirara este lunes del orden del día la votación para modificar el protocolo que fija los idiomas oficiales de la Unión, y entre los que se pretendía que entrasen el catalán, gallego y euskera. “Es un incumplimiento de lo que se nos había dicho que era posible”, ha escrito el líder de Junts, que sin embargo ha evitado cargar las tintas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha culpado en cambio a la presión que ha hecho el PP en contra de la iniciativa.

Según ha expuesto Puigdemont, la oficialidad que su partido celebró en agosto pasado como un “pago por adelantado” y un hecho “histórico”, ahora se ha revelado imposible por dos factores. El primero, según su argumentación, sería que el actual Gobierno ha sido incapaz de revertir “una estrategia de bloqueo que venía de muy lejos y de muchos gobiernos, tanto del PP como del PSOE”. El jefe de Junts ha asegurado que la delegación española, con el ministro José Manuel Albares a la cabeza, lo ha intentado, aunque a su parecer no lo ha hecho “por convicción” sino por ser un requisito de su partido.

“El trabajo de lobby no ha sido el mismo que cuando debían convencer a los países europeos de todas las maldades que se nos han atribuido (y que ellos han ayudado a construir, todo sea dicho) para desacreditar el movimiento hacia la independencia”, ha criticado Puigdemont, que con todo ha reiterado su reconocimiento hacia Albares por defender la oficialidad del catalán. “Algo inédito y positivo, pero insuficiente”, ha dicho.

Más peso ha dado Puigdemont al obstáculo que a su juicio ha representado el PP. “Desde el primer día ha tenido interés en hacer descarrilar una propuesta que formaba parte de los acuerdos políticos que podían facilitar un gobierno del PSOE y Sumar”, ha asegurado el expresident, que ha asegurado que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha “españolizado la política europea más allá de lo que podían permitirse, y han acabado provocando situaciones delirantes”.

A juicio del eurodiputado independentista, la presión del PP ha sido clave en la postura de algunos de los países que han mostrado objeciones a la oficialidad del catalán, gallego y euskera. “Las reticencias iniciales de algunos países con gobiernos populares se explican, en gran medida, por la presión política y no tanto por las razones aducidas, que han sido debidamente rebatidas”, ha opinado.

Con todo, Puigdemont opina también que el fin de la presidencia española del Consejo no significa el fin del camino para la oficialidad del catalán. “El camino iniciado es irreversible, aunque pida más tiempo. Y es necesario utilizar más herramientas y recursos para defender la posición y vencer la principal reticencia que parecen encontrar los servicios jurídicos del Consejo, si es necesario hasta las últimas consecuencias. Si es necesario, litigando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde el Estado español debe defender sin complejos que no es necesario reformar los tratados de la Unión para que una lengua sea oficial”, ha asegurado.

“He pedido perdón a mis colegas en nombre de los españoles”. Así ha resumido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su intervención ante los representantes del PP europeo en la habitual reunión de familias políticas que se celebra en Bruselas antes de las cumbres europeas. Feijóo ha vuelto a utilizar su poca presencia en la UE para arremeter contra el Gobierno, ahora por el papel desempeñado hasta ahora en el conflicto entre Israel y Gaza, pero también por la posible amnistía que negocia Pedro Sánchez con Junts.

Feijóo ha relatado en una rueda de prensa que en su intervención a puerta cerrada ante los dirigentes de los partidos nacionales aliados en el PPE ha “condenado los atentados” cometidos por Hamás el pasado 7 de octubre, y ha reconocido “el derecho del pueblo israelita a la legítima defensa”. Algo que, ha dicho, es “perfectamente compatible con pedir que se respete el derecho internacional y se preserve la ayuda humanitaria”. 

Esa es la posición de la UE, ha continuado, para criticar que en el Gobierno español no se respeta dicha posición. “Nuestro Gobierno ha vuelto a avergonzarnos”, ha espetado, porque alguno de sus miembros “ha dicho cosas como que Israel está produciendo un Genocidio o que [el primer ministro israelí, Benjamin] Netanyahu, debe comparecer ante la Corte Internacional Penal”. Palabras que “el presidente en funciones no ha desautorizado”, y tampoco ha “cesado a esas personas que forman parte de su Gobierno por defender planteamientos antieuropeos”.

Feijóo ha concluido: “Creo honradamente que no podemos aceptar estas posiciones. El señor Sánchez ha tardado dos semanas en hablar con Netanyahu. Llueve sobre mojado. Hemos hecho el ridículo por la invasión rusa de Ucrania, cuando albergamos la cumbre de la OTAN y volvemos a hacerlo en el conflicto contra el terrorismo de Hamás”.

El líder del PP ha desvelado también ante los periodistas que se ha reunido con el comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, quien en las últimas semanas ha señalado que su departamento estará pendiente de la hipotética ley de amnistía que negocia el PSOE con Junts y ERC para lograr el apoyo de sus diputados a una investidura de Pedro Sánchez.

Feijóo, sin embargo, no ha querido responder a los periodistas sobre su conversación con Reynders, aunque sí ha desvelado que han hablado “del Estado de derecho” y que “la amnistía forma parte” de ese Estado de derecho. “Las explicaciones de Reynders pertenecen a la conversación entre Reynders y yo mismo”, ha esquivado el líder del PP. “Por supuesto, he hablado de la amnistía. Cómo no voy a hablar de la amnistía. Los eurodelitos como la malversación de fondos afectan al Estado de derecho”, ha concluido.

Reynders ya advirtió este mismo mes de octubre de que existen “algunos límites” europeos a esa posible ley de amnistía, aunque reconoció que se trata de una “competencia nacional”.

En los alrededores del campus universitario asentado en la antigua Fábrica de Armas de Toledo solo hay policías entre hoy y mañana. Furgones, patrullas y hasta tanquetas impiden el paso de personas y todo tipo de vehículos que no estén acreditados hasta en un kilómetro a la redonda de estos espacios de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Un despliegue de hasta un millar de efectivos para garantizar la seguridad de la reunión informal de ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) en estos espacios históricos de la ciudad.  

A estas reuniones informales se las denomina “Gymnich”. Es el nombre del castillo alemán homónimo donde tuvo lugar el primer encuentro informal de este tipo en 1974, si bien el lugar de celebración varía cada año en función del país que ostente la Presidencia del Consejo de la UE. Ahora es España quien ostenta esa función y Toledo ha sido la ciudad elegida para el encuentro.

La elección del campus universitario no deja de ser curiosa. En pocas ocasiones se eligen este tipo de espacios para las cumbres europeas, pero su ubicación en un espacio abierto, rodeado de explanadas y fuera del Casco Histórico y sus grandes edificios resultan muy viables para estas reuniones.

También es significativo que los ministros de Defensa estén reunidos en la antigua Fábrica de Armas. Es emblemático. Se trata de uno de los conjuntos mejor conservados y de mayor calidad de la arquitectura industrial realizada en España en los dos últimos siglos. Estuvo en funcionamiento durante más de 200 años y dio lugar al denominado “poblado obrero” que allí trabajaba.

Después entró en decadencia y finalmente lo adquirió el Ayuntamiento de Toledo, con la cesión posterior para el campus toledano de la UCLM. El plenario de los ministros se ha celebrado en el edificio Envases de Cartón, Paraninfo de la Universidad inaugurado en 2010 y una de las naves más grandes.  

Desde allí se han desplazado los ministros y ministras en varias ocasiones hasta el ‘pool’ habilitado para las fotos de familia, en un lateral primero, y después en frente del edificio Sabatini, que preside la entrada principal. La comitiva, rodeada de seguridad, ha recorrido en varias ocasiones, entre foto y foto, ese camino entre fuertes medidas de seguridad. Al contrario que en el exterior, la mayoría de los agentes policiales desplegados dentro del campus vestían de “paisano”, con traje de chaqueta.

Visitas, regalos y cenas con estrella Michelín

Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) daban el miércoles el pistoletazo de salida a su encuentro informal semestral con una visita a la Catedral Primada de Toledo para asistir a un concierto de órgano y hacerse una foto de familia.

Los altos representantes tanto de Defensa como de Exteriores han recibido un obsequio por parte del Ayuntamiento: un bolígrafo con damasquinado grabado, un pin de Toledo, un cuaderno y una libreta con motivos toledanos, “como recuerdo de la ciudad”, según explican fuentes municipales.

Cenaron elaboraciones del chef Iván Cerdeño en el Cigarral del Ángel, que tiene dos estrellas Michelín. Un menú compuesto de un cocktail con ocho propuestas, entre las que no faltó un bollito de queso manchego, un entrante a base de tomate, requesón y hierbas, un plato principal de pluma ibérica asada y marinada con guiso de berenjenas de Almagro y mostaza, pastela de avellanas como postre, además de vinos blanco (Rueda) y tinto (Rioja).

Previamente, durante la tarde del martes, los titulares de Defensa llegaron hasta la céntrica plaza de Zocodover, donde fueron recibidos por su homóloga española, Margarita Robles, y el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Allí también les esperaban el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y otro gran dispositivo de seguridad desplegado en el Casco Histórico, desde francotiradores en las azoteas, policía secreta y hasta un helicóptero sobrevolando la plaza.

Una vez reunidos, entraron por la puerta del reloj, la más antigua de todas las entradas de la catedral, que data del siglo XIV, para acceder al templo y disfrutar de un concierto de órgano.

La importancia de esta reunión y el hecho de que haya habido casi 300 periodistas acreditados, procedentes de todo el mundo, tiene su sentido. La guerra en Ucrania (ha acudido el ministro de Defensa de este país, Oleksii Reznikov), de la que ya se cumple más de año y medio, y el golpe de Estado en Níger junto a la situación en general en el Sahel centran estos encuentros, en los que están presentes la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Alto Representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell. El jueves, en su segunda jornada, dedicada a la política exterior, acudirá el ministro español del ramo, José Manuel Albares. 

Tal despliegue ha tenido al personal de la Universidad trabajando casi todo el mes de agosto para preparar y habilitar el encuentro. Algunas de estas personas, consultadas por elDiarioclm.es durante la sesión de hoy, se quejaban de que la UCLM había sido “algo invisibilizada” en la organización y los carteles, donde el protagonismo se lo ha llevado por completo el logo de la UE y la Presidencia Española.

Sin embargo, el rector de la Universidad regional, Julián Garde, se ha mostrado “encantado”. “Ha llevado una preparación importante en tiempo y en contenido. Para nosotros es importante por la visibilidad que nos va a dar a nivel internacional. Estamos muy satisfechos y de momento todo está yendo de manera impecable”, ha comentado a elDiarioclm.es.

También ha hecho referencia al hecho de que la antigua fábrica de armas que alberga la cumbre, sea ahora una “fábrica del conocimiento”. “No puede tener mejor uso”, ha añadido, aunque ha mostrado la disponibilidad de que este campus pueda albergar eventos de este tipo. “Requieren un gran esfuerzo del personal, pero merece la pena en épocas donde no hay actividad académica, porque no es compatible con las medidas de seguridad, que son impresionantes”.

Y fuera del campus, la reunión de ministros de Defensa ha tenido su respuesta ciudadana de protesta. Alrededor de medio centenar de personas acudían a la convocatoria que varios colectivos habían realizado contra las guerras, el gasto armamentístico y las políticas bélicas. Han mostrado su repulsa a lo que califican como “un foro de la industria de la guerra que se está forrando con dinero público y privado”. La protesta tenía lugar en la Plaza de Zocodover, a escasos metros del Museo del Ejército, donde se pone en valor los conflictos y las armas utilizadas en ellos, tal y como puede observarse en el título de una de sus exposiciones actuales La nobleza de las armas.

Enrique Quintanilla, portavoz de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones convocantes junto a Mujeres de Negro, Desarma Madrid, CGT o Alternativa Antimilitarista, entre otros. “Dicen que se reúnen de forma informal pero está claro que aquí están decidiendo cosas, que seguirán las mismas políticas que hasta ahora”, asegura.

Bajo el grito de No a la guerra, los manifestantes han criticado “la deriva militarista de la Unión Europea, que se refleja en el aumento del gasto militar”. Desde Ecologistas en Acción, alertan de que España aumentará hasta un 2% de su PIB el gasto militar en los próximos años. Y es que, este presupuesto solo beneficia al “lobby de la industria armamentística, que acapara y parasita recursos que los países de la UE deberían dedicar a fines sociales”.

Para los colectivos que convocaban la concentración, no es coincidencia que las reuniones de Defensa y Exteriores se celebren al mismo tiempo que el Foro sobre Industria de Defensa. Y es que, “las políticas europeas de exteriores solo se basan en el envío de armas y tropas a zonas en conflicto”.

Durante la protesta se ha leído un manifiesto en el que los grupos firmantes han destacado “la compra-venta de armas” como principal herramienta para conseguir la paz. “Se debería utilizar la concordia, la negociación y el entendimiento que se supone que eran el espíritu de la Unión Europea”.

Frente al gasto en armas, diplomacia y educación

Desde el colectivo Mujeres de Negro lo tienen claro: “Para poner fin a las guerras hay otras vías más allá del gasto militar”. “Ese dinero habría que emplearlo en servicios sociales, sobre todo en educar para la no violencia”, explicaba Vicenta Agustín Sánchez, portavoz de Mujeres de Negro contra la Guerra de Toledo. “Organizamos esta concentración aprovechando que están los ministros de exteriores y defensa entretenidos hablando sobre la guerra y las armas”, puntualizaba criticando que las políticas desde estos ministerios no se apueste por la diplomacia y la negociación.

Según Agustín, “ante un conflicto se puede ayudar con cierto presupuesto pero principalmente hay que recurrir al diálogo y a la diplomacia, que para eso está”.

Las políticas migratorias de la UE también han sido objeto de crítica este miércoles debido al “endurecimiento del trato a los migrantes y la militarización de nuestras fronteras”, explican los colectivos. “Se está permitiendo, cuando no contratando, a países de tránsito que maltraten a las personas que intentan llegar a Europa quebrantando las leyes internacionales y las nuestras propias”. Ante esta realidad en la concentración se han reclamado “políticas migratorias humanitarias, facilitando las solicitudes de asilo y acogiendo a las personas migrantes de forma digna”.

Mientras Europa cierra sus fronteras a las personas refugiadas, las abre para recibir los recursos de los países de los que escapan. “Se está extrayendo de los países de origen de esas personas ingentes cantidades de recursos, lo que es una de las causas de la pobreza, la esclavitud, la perdida de calidad de vida, cuando no la perdida de la vida, la aparición de movimientos radicales armados… lo que causa que las personas migren a nuestro continente”.

La libertad de prensa es uno de los muchos derechos que se ven vulnerados durante la mayoría de los conflictos bélicos donde, entre las víctimas, destaca el secuestro, la detención o el asesinato de periodistas durante el ejercicio de su trabajo. Por ello, la defensa del periodismo ha sido otra de las protagonistas de la concentración convocada en Toledo en el marco de la presidencia española de la Unión Europea.

Durante la protesta, se ha puesto el foco en el periodista español Pablo González, detenido en un país europeo, Polonia, en 2022 mientras informaba de la crisis humanitaria en la frontera de Polonia con Ucrania tras la invasión rusa. Después de año y medio, continúa encarcelado de manera preventiva bajo acusación de espionaje para los servicios de inteligencia de Rusia sin que se haya presentado de manera pública prueba alguna contra él. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), 11 periodistas han muerto en Ucrania desde el inicio del conflicto. La asociación #FreePabloGonzález también ha acudido a Toledo para participar en esta concentración.

-----------------

Queremos seguir haciendo periodismo independiente

Necesitamos tu apoyo para seguir elaborando contenidos de calidad y practicando periodismo a pesar de todo.

Puedes darte de alta como socio o socia. Si ya lo eres, entra en tu panel personal y puedes destinar una cuota específica a tu edición más cercana, la que te acerca a Castilla–La Mancha. Tenemos un vídeo en nuestro canal de Youtube que explica cómo hacerlo.

Hazte socio, hazte socia y colabora con tu edición local

Nueva cita extraordinaria de los líderes de la UE en Bruselas. Una vez más el gran protagonista va a ser el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien en esta ocasión se espera presencialmente en la capital comunitaria en su minigira por el continente, donde ha pasado primero por Reino Unido y París. Zelenski mantendrá la presión para que la adhesión de Ucrania al club se produzca cuanto antes, pese a la resistencia de las instituciones europeas a poner una fecha, y volverá a insistir en la necesidad de contar con todo el armamento posible para hacer frente al ataque de Vladimir Putin, aunque no está en la agenda de los 27 la opción de mandar aviones de combate. Cuatro países –Polonia, Lituania, Letonia y Estonia– han apremiado, además, a la UE para que use ya los activos congelados a Rusia, pero no hay una decisión al respecto todavía dadas las dudas legales que genera la posibilidad de emplear ese dinero en la reconstrucción de Ucrania. Más allá de lo simbólico, no se esperan decisiones ejecutivas por parte de los 27.

La cita estaba planeada previamente para abordar dos asuntos espinosos dentro de la UE: el plan industrial para hacer frente al proyecto proteccionista de Joe Biden y las conversaciones sobre inmigración. En ninguno de los dos hay una posición única. 

La presidencia sueca dejó claro desde el primer momento que el tema migratorio era una de sus prioridades en este semestre. El nuevo gobierno sueco se sustenta en la extrema derecha con un discurso anti-inmigración. También para España, que cogerá el testigo en julio, es un asunto de máxima relevancia, aunque con distintas aproximaciones.

Por ahora, los países con posiciones más duras contra la inmigración son las que se están imponiendo en el debate europeo y, en concreto, en la cumbre que los líderes van a tener este jueves, en la que el control exterior de las fronteras de la UE es el asunto principal mientras se cocina el pacto en materia migratoria y de asilo que por ahora se resiste.

En los prolegómenos de la cita, esos países han calentado el debate. Austria, gobernada por los populares, ha llegado a amenazar con bloquear las conclusiones si no existe un “compromiso inequívoco” para ese control exterior. Junto con Hungría y Polonia, dos de los países pilotados por la extrema derecha, aboga por que la UE financie un muro o valla que separe Bulgaria y Turquía para impedir los flujos por esa vía, que se han incrementado notablemente (un 150% en el caso de la ruta de los Balcanes Occidentales). Grecia también ha anunciado la extensión de la valla que separa el país de Turquía.

La Comisión Europea rechaza financiar la construcción de vallas bajo la premisa de que corresponde a los estados miembros y que la UE puede aportar fondos para determinadas infraestructuras, como vigilancia de esas fronteras, pero no para levantar el muro como tal. La percepción del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, es diferente y considera que los servicios jurídicos avalan esa opción.  

Ocho países –liderados por Austria, pero entre los que se encuentran también Dinamarca, Grecia, Letonia, Eslovaquia, Malta, Estonia y Lituania– enviaron la víspera de la cumbre una carta a los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo pidiendo que destine más fondos y medios a la protección de las fronteras exteriores, al entender que el actual sistema de concesión de asilo está “roto” y que “beneficia sobre todo a los cínicos contrabandistas”, informa EFE. 

También se ha impuesto el mensaje de que la UE use todos los elementos que están en sus manos para forzar a los países a participar en el retorno de migrantes a los que se ha denegado el asilo. Para ello plantean, por ejemplo, la restricción en la política de visados con los países que no colaboren y fuentes europeas apuntan a que se pueden utilizar también los acuerdos comerciales, por ejemplo, como arma de presión. 

España no ve con buenos ojos esa propuesta en concreto. “España está a favor de una colaboración con países de origen y tránsito. Colaboración, apoyo y medidas financieras y no de retorsión o coercitivas”, expresó el lunes el secretario de Estado para la UE, Pascual Ignacio Navarro. “Somos partidarios en una línea con más incentivos positivos que negativos al tratar con terceros países. Introducir condicionalidad o restricciones como castigo para que haya más control de la migración irregular no creemos que ayude”, señalan fuentes gubernamentales. A pesar de que ese posicionamiento figura en el borrador de las conclusiones, en Moncloa se muestran satisfechos con la posición que va a mantener la UE al entender que se cumple su petición de tener en cuenta la colaboración con los terceros países. “Cada vez más estados se van dado cuenta de que tenemos razón”, argumentan.

También intentó contemporizar el alto representante de la UE, Josep Borrell, en un artículo en el que ponía el énfasis en los aspectos positivos de la migración. “El país que conozco mejor, España, no podría sostener su sistema socioeconómico sin decenas de miles de migrantes que vienen de Latinoamérica cada año”, señala el político catalán, que recuerda que sus abuelos fueron emigrantes en Argentina. “Por definición, la migración requiere que trabajemos con los países de origen y tránsito. Y la única forma de llegar a nuestros objetivos es con un espíritu de cooperación y respeto mutuo”, afirma el jefe de la diplomacia europea. 

La irrupción de la ultraderechista Giorgia Meloni en Italia reactivó el discurso antimigración desde uno de los grandes de la UE, aunque tiene una posición diferente respecto al reparto de refugiados frente a quienes apuestan por que los gestione el país que los recibe. Meloni ha puesto sobre la mesa un “código de conducta” para las ONG que en la práctica persigue que no faenen para salvar vidas en el mar. El Consejo de Europa ha censurado ese decreto. 

Pero Meloni y los discursos de la extrema derecha han arrastrado al PP europeo, que ha defendido la puesta en marcha de ese tipo de códigos a nivel comunitario para complicar la labor de las ONG. También han reactivado el debate sobre las plataformas de desembarco en terceros países, que fue una idea desechada ya en 2018, y apuestan por la construcción de una valla en el este frente a la posición de la Comisión.

Las controvertidas ayudas de estado

El otro gran debate que se sustanciará en la reunión de los líderes de la UE es el plan industrial verde que ha presentado la Comisión Europea para hacer frente a la ley de reducción de la inflación de Joe Biden, que amenaza a las economías europeas ante la posibilidad de que los beneficios que contempla la herramienta proteccionista suponga una fuga de empresas al otro lado del Atlántico, así como la competencia de China. 

La propuesta del gobierno comunitario pasa por flexibilizar las ayudas de estado hasta 2025, dos años más de lo establecido para hacer frente a las crisis de la pandemia y de la guerra. Pero esa opción, que satisface notablemente a Francia y Alemania genera rechazo en un nutrido número de estados miembros, que ven cómo esos dos países, con más músculo financiero, pueden salir ganando frente a los demás y poner en riesgo el mercado único. Holanda ha mostrado sus discrepancias, al igual que Italia y los países nórdicos. 

En una carta enviada recientemente por la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, a los estados miembros les recordaba que de los 672.000 millones de euros en planes de subvenciones nacionales aprobados por Bruselas en virtud de las normas de emergencia Alemania impulsó el 53% y Francia, el 24%. Ese es el temor que tienen muchos países: que se rompa la igualdad de condiciones en el mercado.

España mantiene una posición intermedia y apuesta por flexibilizar las ayudas de estado, pero de forma temporal y muy focalizada en algunos sectores, como la movilidad eléctrica, los semiconductores, el hidrógeno o las energías renovables, entre otros. La prioridad de España es la reforma del mercado eléctrico, cuyo trabajo ha comenzado ya en el seno de la UE y se espera que haya una primera propuesta en marzo. 

“En ningún caso sin controles y que esté acotada en el tiempo a sectores específicos, porque luego cuesta mucho volver atrás”, explican fuentes gubernamentales sobre un el debate de las ayudas de estado que, en todo caso, no se cerrará en este Consejo Europeo, sino que los líderes pretenden mandatar ahora a la Comisión a que haga propuestas más concretas sobre los cuatro pilares en los que se sustenta su plan, además de apremiarle a que acelere en el desarrollo de un mercado de capitales más armonizado que permita financiar mejor proyectos de inversión.

Nadie discute que Atenas fue la gran capital donde nació y se desarrolló la Democracia. De hecho, la democracia ateniense, especialmente entre los siglos V y IV a.C. fue el ejemplo más famoso y quizás el más perfecto de lo que llamamos hoy democracia directa. A lo largo de la historia son muchos los historiadores, politólogos y filósofos que lo han analizado. Uno de los relatos más completos y detallados es “La democracia ateniense en época de Demóstenes” de Mogens H. Hansen, traducida al español por el filósofo y profesor de la Universidad Complutense, Andrés de Francisco y publicado recientemente por Capitán Swing. 

Hansen nos cuenta cómo los demócratas atenienses eran muy conscientes del enorme poder que tiene la minoría rica para poner la ley y la política a su servicio. Así, impusieron la rotación en los cargos públicos para evitar la concentración de poder en pocas manos y la formación de élites que pudieran corromperse, tejer redes clientelares o autoperpetuarse en el tiempo. Lo que Aristóteles definió como “gobernar y ser gobernados por turnos”. A la aplicación del sorteo y la rotación se sumaba la brevedad de mandatos provocando de forma deliberada que la democracia ateniense fuera básicamente una democracia de ciudadanos amateurs que en algún momento limitado de su vida se convertían en servidores públicos. 

La democracia ateniense cargó el peso fiscal para costear el coste de la guerra, de las infraestructuras y servicios públicos sobre las espaldas de los ricos creando impuestos progresivos como la eisphora y las liturgias que recaían exclusivamente sobre la minoría opulenta. Esto se combinaba con la inclusión de aquellos ciudadanos libres más pobres mediante una paga (misthos) que recibían por participar en la Asamblea, un fórum compuesto por nada menos que seis mil ciudadanos. Sin embargo, la democracia ateniense –como todas las formas de gobierno de su época- tenía sus enormes déficits: los esclavos y las mujeres quedaban excluidos de la consideración de ciudadanos.

Nuestras sociedades han cambiado mucho desde entonces. La abolición de la esclavitud, el sufragio femenino y los avances en la paridad en la política son enormes conquistas civilizatorias que han permitido afianzar los sistemas democráticos modernos. Pero cuanto más se sabe sobre la democracia ateniense y sus medidas antioligárquicas, más llama la atención comprobar cómo ahora las elites económicas gozan de unas cuotas de representación política claramente desproporcionadas. 

Y es que existen hoy problemas enormes que el propio sistema parece incapaz de resolver como la creciente desigualdad o la crisis climática, por citar sólo dos ejemplos. Ante estos retos las democracias contemporáneas europeas se muestran frágiles y permeables a la presión de los lobbies, y demasiadas veces atrapadas por la lógica de los partidos y de unos ciclos electorales que dificultan la posibilidad de tomar decisiones que puedan tener un coste electoral o que den respuesta a problemáticas a largo plazo. Es lo que algunos han llamado miopía democrática, es decir, cuando la política queda secuestrada por el cortoplacismo y es incapaz de ver de lejos. 

La situación en el resto del mundo no parece mejor en términos democráticos. Todos los indicadores señalan que estamos en un momento crítico para el desarrollo de la democracia a lo largo y ancho del planeta. El Índice de Democracia elaborado por la revista The Economist advierte que menos de la mitad de la población mundial (45,7%) vive en algún tipo de democracia, y tan sólo un 6% –entre los cuáles no se encuentra España- en una democracia plena. Por el contrario, los regímenes autocráticos han crecido en los últimos años, ya sea de la mano del auge de la ultraderecha, de nuevas formas de populismo o de la financiación de los petrodólares.

Dos superpotencias mundiales como EUA o Brasil han sufrido recientes intentos de asalto parlamentario bajo acusaciones infundadas de fraude electoral. Al mismo tiempo, un régimen como Qatar –donde se pisotean los derechos humanos, especialmente los de las mujeres y el colectivo LGTBIQ- ha sido el organizador de un evento de la relevancia económica y cultural como es el Mundial de Futbol, el primer Mundial en un país sin democracia formal desde 1978. Y lo peor de todo es el temor de que Qatar haya conseguido la Capitalidad Mundial del Futbol tejiendo una red de sobornos en la que estaría implicada, entre otras, la Vicepresidenta del Parlamento Europeo.

Con este panorama, no es de extrañar que la percepción generalizada sea que los centros de decisión política cada vez están más alejados de la gente y que la distancia entre ciudadanía e instituciones democráticas sigue ensanchándose. Uno de los rostros más preocupantes de esta desafección es su expresión entre los más jóvenes. Una generación de jóvenes que ha crecido entre crisis económicas, que cuando más necesitaba socializar ha sufrido en su piel las restricciones forzadas por la contención de la pandemia, que se ha encontrado con un mercado de trabajo precarizado e inestable, y que sobrevive con la imposibilidad de hacer planes de futuro en un mundo atravesado por la crisis climática. 

Es en este contexto generalizado de incertidumbre alrededor de la evolución y la calidad de los sistemas democráticos que hablamos de la necesidad de la innovación democrática. Entendemos la innovación democrática como el ejercicio de desarrollar nuevos canales, procesos e instituciones para profundizar en el protagonismo de la ciudadanía en la gobernanza. Aquella idea tan repetida de que la democracia no es sólo ir a votar cada cuatro años y que -por cierto- los antiguos griegos supieron llevar a la práctica con enorme éxito.

En las democracias contemporáneas el ámbito local, por su proximidad a la vida cotidiana, vuelve a ser el espacio más proclive para la innovación democrática. Los presupuestos participativos, las consultas e iniciativas ciudadanas, los procesos de participación de infancia y adolescencia, las asambleas deliberativas por sorteo, la gestión comunitaria de equipamientos, etc. Todas ellas reforzadas en la última década por la participación digital y el municipalismo más progresista y transformador. Con el objetivo de convertir la ciudad en un espacio de fortalecimiento de lo público y de los nuevos derechos de ciudadanía.

No es casualidad que la primera Capital Europea de la Democracia escogida esta misma semana haya sido Barcelona. Una ciudad que en los últimos años ha acogido una gran efervescencia de procesos innovadores. Como la creación de la plataforma digital Decidim -que en pocos años y gracias al código abierto se ha establecido en cientos de ciudades de treinta países-, los primeros Presupuestos Participativos de la ciudad para decidir de forma directa el destino de 30M€ o las asambleas ciudadanas como el Forum Jove o la Asamblea Climática –en las que los participantes son seleccionados por sorteo y reciben una compensación económica para garantizar que aquellos que su situación económica les impide participar no queden excluidos del debate público. ¿Os suena? 

Si la cuna de la democracia fue Atenas, Barcelona tiene la oportunidad de ser a lo largo del próximo año la Capital donde se refunde la democracia moderna. Haríamos bien en estudiar bien a los clásicos para inspirar los debates que nos permitan imaginar democracias más participativas, directas e inclusivas. Y es que a veces la mejor forma de innovar es, simplemente, volver a los orígenes. 

Que sellen el acuerdo el próximo lunes. Es lo que piden los líderes de la Unión Europea a sus ministros de Energía, después de que no lograran acordar un tope al precio del gas el pasado martes, a causa del bloqueo ejercido por Alemania y Países Bajos frente a la opinión mayoritaria en el Consejo de la UE.

“El Consejo Europeo [los líderes]”, rezan las conclusiones acordadas este jueves en Bruselas, “saluda el progreso realización y pide al Consejo [de Energía] a concluir el 19 de diciembre de 2022 su trabajo en torno a las propuestas de regulación sobre el refuerzo de la solidaridad a través de la compras conjuntas de la Plataforma de la Energía de la UE, el intercambio de gas a través de fronteras y de índices fiables de precios; el marco para acelerar el desarrollo de las renovables y la regulación para establecer un mecanismo de corrección del mercado para proteger a los ciudadanos y la economía contra los precios excesivamente altos”.

Si se desbloquea la parte del tope al precio del gas el próximo lunes, de la mano irán los reglamentos para las compras conjuntas; reforzar la solidaridad y relajar los permisos para acelerar las inversiones en renovables.

“A la luz del impacto de los precios altos de la energía en Europa”, prosiguen las conclusiones de los líderes, “el Consejo Europeo subraya la importancia de salvaguardar las económicas, industriales y tecnológicas de Europa y preservando la competencia leal”.

El Consejo Europeo, además, “subraya la importancia del contexto actual mundial y la ambición de una política industrial europea para adaptarla a las transiciones verde y digital y reducir las dependencias estratégicas, particularmente en las áreas más sensibles al tiempo que se asegura la competencia justa”.

Los líderes han añadido: “para responder al impacto de los excesivamente precios altos de la energía, el Consejo Europeo invita a la Comisión Europea a que realice un análisis y haga propuestas antes de que acabe enero de 2023 con vistas a movilizar todas las herramientas nacionales y comunitarias y mejorar las condiciones para las inversiones, también a través de procedimientos administrativos ágiles”.

Sánchez mete presión

“El Gobierno mañana va a defender la necesidad de intervenir el mercado energético y la necesidad de un precio máximo a la compra del gas por parte de las economías europeas. Es la disyuntiva que tenemos que trabajar; si queremos o no queremos defender a la industria; si queremos o no queremos defender a la economía europea”, dijo este míércoles a su llegada a Bruselas.

“La mayoría de gobiernos estamos por proteger a la industria y a la UE y por acceder a precios razonables en un contexto de crisis energética”, ha agregado el presidente, que ha dicho que “por desgracia” los ministros de Energía no pudieron llegar al acuerdo este martes.

“Venimos defendiendo la necesidad de limitar ese precio, de dar una señal de que vamos a defender nuestra industria, al tejido productivo y a las familias”, afirmó. Fuentes del Ejecutivo sostienen que Sánchez trata de “convencer” al alemán Olaf Scholz y el holandés Mark Rutte de la necesidad de que el tope al precio sea “dinámico” en función de varias referencias en los mercados y no únicamente del TTF, que es la propuesta que está ahora mismo sobre la mesa.

Sánchez ha reiterado que el Gobierno está trabajando en un nuevo paquete de medidas de cara al comienzo del año. Lo que ha asegurado es que, en esta ocasión, no se centrará en la energía precisamente por el éxito de la excepción ibérica. La coalición está pensando en medidas enfocadas en la cesta de la compra. Son precisamente los alimentos los que están disparados. Lo que ya está claro es que se prorrogará durante el próximo año la gratuidad en el transporte y la limitación del incremento de los alquileres en un 2%.

Bloqueo nórdico

Los 27 ministros de Energía de la UE, divididos, fueron incapaces el pasado martes de acordar un tope al precio del gas, en particular por la posición de Alemania y Holanda, opuestos a fijar un tope que pueda entrar en vigor más allá de en ocasiones excepcionales de acuerdo con el histórico de precios.

Después horas de negociación, desde el lunes por la noche en Bruselas y a lo largo del martes tanto dentro de la sala del Consejo como fuera, el tope al gas tendrá que esperar. Al menos hasta el lunes 19.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la última propuesta de la presidencia checa, inasumible para España y el resto de países que abogan por el tope al precio en el índice holandés TTF, consistía en fijarlo en una horquilla entre 160 –precio mínimo– y 220 –máximo– euros MW/h.

Pero Alemania y Holanda han pedido que nunca pudiera ser el tope inferior a los 200 euros, mientras el grupo de España aboga por otro modelo, fundamentado en un precio obtenido de una media de los mercados más un plus –de, por ejemplo, 35 euros– y recuerdan que el TTF el viernes estaba en 135 euros MW/h.

“Nosotros defendemos que no haya un mínimo por abajo, sino que sea un tope de precio dinámico que se fije en función de una media de una serie de indicadores a los que se sumaría un plus para que fuera atractivo para los proveedores”, explicó la vicepresidenta Teresa Ribera tras la reunión: “Lo que nos separa es que hay países nórdicos que sólo quieren que se aplique el tope en caso de que el precio sea exageradísimo y de forma muy extraordinaria por riesgo a que peligre el suministro, y luego estamos otros países que pedimos un tope que pueda entrar en vigor para corregir los precios. Hay que recordar que España no tiene problemas de suministro de gas, pero los ciudadanos españoles y la industria española sí se ve afectada por cómo evoluciona el conjunto de los precios del gas en Europa”.

La vicepresidenta ha explicado qué persigue España: “Nosotros creemos que no va debe haber un precio mínimo, que debe ser una referencia vinculada a la evolución de los precios medios de los mercados internacionales, con una prima para garantizar que seguimos siendo atractivos para para poder atraer gas a Europa. Y hay otros Estados miembros que consideran que debe haber un precio de partida para intervenir muy alto. Las últimas propuestas de la Presidencia a nosotros nos parece que ese es un precio elevadísimo. Eso no es una señal que los mercados interpretarían como un precio máximo, no asumible, sino que podrían llegar a interpretarlo como el precio hacia el que orientar la venta de gas en Europa con carácter general y de forma normalizada. Y a nosotros nos parece un error”. 

Los 15 países que firmaron una carta hace unos meses pidiendo un tope al precio del gas se han reunido este martes a primera hora con Alemania y Holanda, cuyos gobiernos son los que se están oponiendo con más firmeza a fijar un tope máximo. La reunión con Berlín y La Haya llega después de que el lunes por la noche los 15 se reunieran hasta la 1.30 de la mañana, según ha podido saber elDiario.es, para reafirmar sus posiciones y preparar un Consejo de Energía de la UE fundamental para terminar de llegar a un acuerdo que se arrastra desde hace meses.

La decisión del presidente de EEUU, Joe Biden, de movilizar 400.000 millones para proteger la industria estadounidense ante la inflación ha hecho saltar las alarmas en la UE. Los 27 temen que el plan proteccionista afecte a sectores clave de la economía europea y se preparan para una batalla comercial con EEUU. Por eso, en la última reunión del año de los líderes europeos han emplazado a la Comisión Europea a presentar en enero instrumentos que puedan servir de estímulo y movilizar herramientas a nivel nacional y comunitario para mejorar las condiciones de inversión, según explican fuentes diplomáticas. La idea es que el gobierno de la UE presente una propuesta para impulsar la competitividad y la productividad a principios de año.

“El Consejo Europeo subraya la importancia de salvaguardar la base económica, industrial y tecnológica de Europa y la preservación de la igualdad de condiciones a nivel mundial. Esto subraya, en particular, la importancia en el actual contexto global de una política industrial europea ambiciosa para adecuar la economía a las transiciones verde y digital y reducir las dependencias estratégicas, particularmente en las áreas más sensibles”, señalan en las conclusiones.

Salvaguardar el mercado único y reforzar la coordinación para dar una respuesta determinada y ágil a la marcha de la economía son algunos de los objetivos que persiguen los líderes de la UE ante el panorama incierto que dejan los planes de Biden. “La UE tiene que asumir los desafíos a largo plazo, en particular la brecha en innovación con sus competidores potenciales”, concluyen los 27, que encargan a la Comisión una estrategia que permita mejorar la competitividad y la productividad desde comienzos de 2023.

En el fondo, los líderes de la UE cogen el guante que había lanzado la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en los últimos días al defender ante la Eurocámara y en una carta remitida a los presidentes de los 27 la necesidad de tomar medidas adicionales en el corto y en el medio plazo. “Necesitamos dar nuestra propia respuesta, nuestra Ley de Reducción de la Inflación europea”, afirmó ante los eurodiputados.

La primera intención del gobierno comunitario es adaptar las reglas europeas para facilitar la inversión pública en la transición verde, pero también apuesta por revisar los mecanismos previstos hasta ahora con el objetivo de acelerar esos cambios.

“REPowerEU es nuestra herramienta”, agregó Von der Leyen en su discurso en el Parlamento Europeo en referencia al plan puesto en marcha para hacer frente a la crisis energética que dejaba la guerra de Ucrania. De hecho, la Eurocámara y el Consejo Europeo acordaron este miércoles destinar 20.000 millones de euros adicionales a las políticas verdes para reducir la dependencia de energía fósil procedente de Rusia. Pero la presidenta de la Comisión reconoció que es necesario impulsar ese plan para hacer frente a la nueva política industria diseñada por la Administración Biden con la que, en todo caso, la diplomacia europea asegura estar trabajando para limitar los efectos de su nueva regulación en el continente.

En una carta enviada a los líderes de los 27, la presidenta de la Comisión Europea reiteraba esa idea y apuntaba, además, a la necesidad de dar una solución estructural a industria basada en energías limpias. “Nuestra ambición es ser líderes de la transición verde y para hacer esto, nuestra política industrial europea necesita financiación europea común. Por eso he introducido la idea de establecer un Fondo Soberano Europeo”, señaló Von der Leyen en ese escrito.

La posición del gobierno comunitario aventura un nuevo debate en el seno de los 27. La principal discusión está en si los planes deben pasar por flexibilizar los planes ya existentes o si inyectar dinero nuevo, según reconocen fuentes diplomáticas. Alemania recela de los planes de la Comisión por si conlleva nueva emisión de deuda, como ocurrió durante la pandemia.

En el caso de España, fuentes gubernamentales explican que hay que esperar a ver cómo se desarrolla el debate, pero defienden que un primer paso sería flexibilizar los planes que ya están vigentes para que haya una mayor facilidad para que el dinero fluya.

La intención de los 27 es reducir al máximo la dependencia de terceros en sectores estratégicos. Esos son los deberes que los líderes de los 27 han puesto al gobierno comunitario para el próximo año y que la propia Comisión Europea se había autoimpuesto tras la decisión de Biden de elevar la protección de la industria estadounidense.

Los países de la Unión Europea han llegado este sábado a un acuerdo para desbloquear el paquete de 18.000 millones de euros de ayuda financiera a Ucrania para el año que viene, sorteando así el veto que ha mantenido Hungría.

“Ucrania puede contar con la UE. Continuaremos apoyando a Ucrania, también financieramente, tanto tiempo como sea necesario. (...) Ucrania puede contar con apoyo financiero de la UE a lo largo de 2023”, ha confirmado en un comunicado el Consejo de la UE, la institución que representa a los países. Los préstamos “tendrán un período de gracia de diez años”, añade.

El objetivo de los países miembros de la Unión Europea es “proporcionar un alivio financiero a corto plazo para financiar las necesidades apremiantes de Ucrania, la rehabilitación de infraestructuras críticas y el apoyo inicial a una reconstrucción sostenible posterior a la guerra, con objeto de apoyar al país en su senda hacia la integración europea”, según se detalla en la nota de prensa.

El veto de Hungría

Los países de la UE han encontrado así una solución que les permite sortear el veto de Hungría, que ha mantenido bloqueada la ayuda a Ucrania como medida de chantaje para que sus socios europeos dieran luz verde a su plan de recuperación y no le congelen los 7.500 millones de fondos por su problema con el Estado de derecho. 

El pasado martes 6 de diciembre, los ministros de Economía y Finanzas de la UE no pudieron cerrar el acuerdo debido a la negativa de Budapest. Al término de la reunión, el grupo anunció que buscaría un “plan B” para aprobar el paquete.

La adopción del nuevo instrumento financiero anunciado este sábado permitiría tanto emitir deuda respaldada por el presupuesto europeo -para lo cual necesitaría el apoyo de Hungría- como recurrir a avales nacionales, lo que les facultaría para tomar la decisión sin el visto bueno de Viktor Orbán.

España lleva desde el verano pidiendo medidas contra la crisis energética; contra una factura de la luz disparada porque el precio final lo marca la energía más cara, y en este caso el gas no paraba de subir. De esas negociaciones jalonadas por cumbres salían comunicaciones de la Comisión Europea que Moncloa no dejaba de calificar de propuestas insuficientes. Y lo eran, porque se limitaban a recopilar soluciones paliativas: ayudas públicas y bajadas de impuestos.

España consiguió colar en los documentos la posibilidad de compras conjuntas y almacenamientos estratégicos. Y, en medio de la crisis, Vladímir Putin ataca Ucrania. A partir de ahí, la crisis energética alcanzó una nueva dimensión por la dependencia europea del gas ruso. Esa dependencia ha desatado el debate sobre el reemplazo de la energía rusa por otros proveedores, pero también ha ido ganando posiciones el debate sobre la reforma de un mercado que, desbocado, está causando graves problemas en los países del sur.

Ese avance de posiciones aún es insuficiente para tomar decisiones que requieren unanimidad entre los 27. Y, lejos de ese consenso, hay grandes diferencias entre los países miembros sobre las medidas a aplicar. Fuentes diplomáticas explican en Bruselas que hay dos grupos de países: los del sur, liderados por España y a los que se ha sumado Bélgica, que presionan para poner un tope a los precios energéticos y desacoplar la luz del gas; y otros como Alemania, Países Bajos, Irlanda o Dinamarca, que prefieren “acelerar las medidas de eficiencia energética, la implantación de renovables y las interconexiones”. Los segundos creen que la propuesta del Gobierno español puede “poner en peligro la seguridad de la oferta y nuestra independencia de Rusia” y “bloquear el progreso en los objetivos del 'green deal”.

Fuentes del Gobierno insisten en “lo difícil que es poner algo encima de la mesa en la UE” y que España “dice que con Europa hay que cumplir” y que “no se va a saltar la legalidad”. Lo que busca el Ejecutivo es un mandato a la Comisión Europea para una “propuesta legislativa europea urgente”. Pero, reconocen, “Alemania no quiere intervenir en el mercado”, y, por eso, el Ejecutivo intenta explicar que la propuesta española “es quirúrgica, temporal, y sin impacto en el mercado” al referirse a la “isla energética”. 

“Si Alemania cede, otros no bloquearían”, concluyen las fuentes: “El presidente está dispuesto a batirse el cobre”.

Estos países consideran que topar el precio de la luz puede hacer que los productores de energía se la lleven a otros sitios y “generar un enorme problema de seguridad de la oferta”. Llegan a acusar a Pedro Sánchez de “empezar a parecer Don Quijote luchando contra los molinos” y al primer ministro belga, Alexander De Croo, de ser su “Sancho Panza”.

España, al final llega la batalla de este viernes en Bruselas con una petición fundamental: una “respuesta” para “la realidad específica de la isla energética” de la Península Ibérica. Ya no es que se reforme el mercado eléctrico, ni que se tope el precio del gas. Bastaría con que España y Portugal recibieran el visto bueno para hacerlo.

Sánchez reconoce que “hay países con dudas”, y dice que “lo importante es cuadrar este sudoku”. El presidente del Gobierno ha insistido: “Queremos una solución para toda Europa e incorporar un tope a los precios del gas. Esto puede llevar unas semanas, y por eso proponemos responder a la particularidad de la Península Ibérica. Nosotros hablamos de tres pasos: el primero, medidas urgentes más alineadas con la realidad geográfica de la Península Ibérica y su conectividad energética; el segundo, lo que propone España junto con Italia, Grecia, Bélgica, Portugal y Rumanía, que es ver cómo podemos negociar conjuntamente la compra de gas y cómo podemos controlar el precio del gas; y en tercer lugar, ir a una reforma estructural del mercado energético”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas, este jueves, que “la Península Ibérica sólo tiene un 2,8% de interconexiones con el mercado energético europeo, hay unas particularidades concretas que daña el alza del precio del gas”. Según Sánchez, “es innegable que hay una realidad muy específica de una parte de Europa, que es la Península Ibérica, una isla energética con solo un 2,8% de interconexiones con el mercado energético europeo. La Península Ibérica merece una consideración específica. Sin vulnerar el mercado energético ni la política común, hay que dar una respuesta específica”.

Sánchez ha recordado, en todo caso, que el 29 de marzo el Gobierno presentará un plan de actuación ante las consecuencias de la crisis por la invasión de Ucrania: “Vamos a dar una respuesta concreta y también global al problema de la energía en nuestro país. Pero, evidentemente, lo haríamos de manera mucho más eficaz y mucho más contundente si diéramos una respuesta europea a este problema”.

En ese sentido, una de las opciones que el Ejecutivo ve más viable para lograr un descenso en el recibo de la luz pasa por establecer un mecanismo compensatorio para las eléctricas a cambio de fijar un precio tope en el gas que usan para producir electricidad, que estaría por debajo de los actuales precios de esa materia prima. El Gobierno no aclara si esa compensación que se pagaría después a las compañías por la diferencia en el precio del gas se haría con cargo a la factura de la luz o con fondos públicos.

El Gobierno se abre a compensar a las eléctricas por la exponencial subida del gas a cambio de bajar ya el recibo de la luz. Es la opción que el Ejecutivo ve más viable de cara a la cumbre europea que arranca este jueves: un mecanismo excepcional de compensación ex post –a pagar en el futuro– por el gas que se usa para producir electricidad, mediante la fijación de un precio tope de referencia, que estaría por debajo de los disparatados precios actuales de esta materia prima. Esto permitiría desvincular –o 'desacoplar'– la cotización del gas de los precios de la luz sin modificar el funcionamiento del mercado mayorista. La diferencia entre ese precio de referencia y el real se devolvería posteriormente a las eléctricas. Eso sí, el Gobierno no concreta si se hará con cargo a la futura factura de la luz o con fondos públicos, destinando una partida para ello en los Presupuestos.

Los 27 llegan divididos a esta cita, de la que España espera que salga una propuesta equilibrada entre la necesidad de garantizar la seguridad del suministro con unos precios razonables. Un Consejo Europeo “importantísimo”, como lo definió el martes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al que el Ejecutivo ha condicionado el paquete de medidas que prevé aprobar el martes para paliar la crisis energética generada por la guerra de Ucrania, en un ambiente de creciente descontento social, inflación rampante y un paro de transportistas que está paralizando la industria –que plantea ya posibles ERTE– y provocando una grave crisis de desabastecimiento.

A la espera de la propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo que se espera para mayo, España aspira a salir de este cónclave con margen para poner un tope al precio del gas, la clave de bóveda que explica por qué se han disparado los precios del mercado mayorista eléctrico en los últimos meses. El sistema marginalista en vigor hace que el precio se fije a partir del coste de la energía más cara empleada para producir la luz.

Al menos, y ante la dificultad de poner de acuerdo a los 27, el Ejecutivo confía en poder establecer este precio tope del gas en el mercado ibérico, dada su escasa interconexión con Francia, que España y Portugal llevan años pidiendo aumentar. Ambos países, cuyos sistemas eléctricos funcionan como uno solo, plantean adoptar esa medida de forma excepcional y acotada en el tiempo, y aunque los estados miembros del norte de Europa, encabezados por Alemania, rechacen aplicarla en sus respectivos mercados.

La Comisión Europea plantea la opción 

La puesta en marcha de un mecanismo de esta naturaleza está contemplada en la comunicación presentada este miércoles por la Comisión Europea, junto a otras medidas por las que Bruselas no se decanta, porque ha dejado la decisión final de intervenir en manos de los Estados. No obstante, la comunicación apunta a que Bruselas prefiere ayudas directas que intervención en mercado, por los inconvenientes que le ve a las otras opciones.

Según la comisión, la “intervención mayorista en el precio del combustible de generadores de combustibles fósiles supondría introducir una compensación sobre el precio que pagan los generadores de electricidad fósil por su combustible (carbón, gas, petróleo, gasóleo). Como esto protegería a los generadores de combustibles fósiles del efecto de los picos de precios actuales en los mercados internacionales de productos básicos, les permitiría ofrecer su electricidad más barata. Esta opción se implementaría pagando a los generadores de electricidad la diferencia entre sus costes reales de abastecimiento de combustible (gas, carbón) y un precio de referencia preestablecido para estos productos básicos”.

Pero la comunicación de la Comisión Europea advierte de los riesgos de introducirla a escala nacional, porque “podría distorsionar el flujo de electricidad en los países vecinos (UE y fuera de la UE) y desencadenar flujos desde los países con el precio de referencia hacia los que no lo tienen, sin tener en cuenta la escasez, la seguridad del suministro o los costes relativos”. Esta opción también “podría obstaculizar los esfuerzos para disminuir el uso de combustibles fósiles”, advierte la comunicación.

España, que advierte de que el propósito de Bruselas de reforzar los aprovisionamientos de gas de cara al próximo invierno ante la guerra en Ucrania puede hacer que los precios de esta materia prima se disparen todavía más, considera que ese tope al gas en el mercado mayorista eléctrico, que se aplicaría de forma extraordinaria y temporal, tendría un efecto inmediato para intervenir el mercado eléctrico y abaratar los precios.

Fuentes gubernamentales explican que el ahorro final para los consumidores en la factura con ese mecanismo, que en ningún caso sería una ayuda o subvención a las eléctricas, sería sustancial e instantáneo. La bajada, defiende el Ejecutivo, afectaría radicalmente a la baja a los precios del mercado mayorista, con incidencia directa en los consumidores más expuestos: los domésticos con contratos en la tarifa semirregulada (PVPC) e industriales que compran directamente la energía en el pool. También a los nuevos contratos en el mercado liberalizado que se firmasen una vez se pusiera en marcha.

Fuentes gubernamentales explican que la diferencia entre ese tope al gas y el precio real que recibirían las centrales de ciclo combinado (que queman ese combustible) puede costearse por dos vías: cargándola al sistema eléctrico con un “pequeño ajuste” o a través de los Presupuestos Generales del Estado. “Nos sale a cuenta compensar a posteriori y en el tiempo el gas que pagar toda la electricidad a precio de gas”, señala una de las fuentes consultadas. La bajada de los precios de la luz, añaden, sería inmediata en todos los mercados eléctricos europeos. Pero sería especialmente importante en aquellos con menos dependencia del gas y más renovables, caso de España (donde los ciclos que emplean gas solo suponen un 15% de la generación) o Portugal, en los que además la compensación para esas centrales sería, según esas fuentes, de escasa cuantía. 

“Lo más sencillo”

“Lo más sencillo es introducir una referencia máxima del precio al que pueden ofertar las centrales de ciclo combinado”, a lo que se uniría “una compensación en el caso de que esté por encima”, dijo el martes Ribera, tras reunirse junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los ejecutivos de las eléctricas, a los que pidió, dijo, un “esfuerzo adicional”. 

También el martes, el primer ministro portugués, António Costa, apostaba por “la fijación de un precio de referencia, con el pago de un diferencial al precio de mercado” para esas centrales: “es una solución equilibrada que puede resolver el problema”, según el líder luso.

Esa compensación, explican fuentes gubernamentales, se haría ex post. Y ese pago por la diferencia a quienes producen electricidad con gas con respecto al precio tope de referencia que se fije se podría hacer cargar al sistema eléctrico a través de los consumidores. En este caso, existiría la posibilidad de recurrir al conocido como déficit de tarifa: diferir los pagos en el futuro (con intereses), con cargo a la factura, como ya se ha hecho en el sector del gas desde el pasado septiembre para limitar las subidas de la tarifa regulada.

Es una solución que en el mercado eléctrico ya se utilizó en el pasado en crisis mucho menos acuciantes que esta. Con consecuencias que todavía se están pagando: pasados los años, la bola del déficit creció hasta convertirse en una gigantesca deuda cercana a los 30.000 millones, de la que aún quedan por pagar unos 14.000 millones. Pero esta solución, a diferencia de en casos anteriores, sería temporal, mientras dure la actual crisis energética.

También existe la opción de que esa compensación a los ciclos se haga mediante fondos públicos. Las propias eléctricas la han defendido. La patronal Aelec, a la que pertenecen las dos mayores empresas del sector, Iberdrola y Endesa, han pedido que esa intervención del gas la costeen fondos europeos. 

Fuentes del sector recuerdan que, en la reunión del martes entre Sánchez, Ribera y los primeros espadas del sector, estaba presente Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos y G20 en la Presidencia del Gobierno. De la Rocha está considerado una figura clave en el reparto de los fondos de la UE.

Tope a escala europea

Este miércoles, en vísperas de la cumbre, los consejeros delegados de Iberdrola, Enel (principal accionista de Endesa) y Électricité de France (EDF) pedían en una carta conjunta en el medio ‘Politico’ que se imponga un tope a los precios “en toda la Unión Europea para que los precios del gas vuelvan al menos a los niveles de precios anteriores a la crisis”.

Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Francesco Starace (Enel) y Jean-Bernard Lévy (EDF) consideran que los “cambios mal concebidos” en el diseño del mercado de la electricidad o la “captación de beneficios adicionales –afirman– inexistentes” no serán una verdadera solución a la crisis energética.

En el Gobierno sostienen que no está ultimada la decisión de que sea el sector público el que acuda al rescate para neutralizar la estratosférica subida del gas. Unidas Podemos no ve con buenos ojos las compensaciones a las grandes empresas. Reclama que financien vía subida de impuestos para las compañías por el incremento de los precios, una opción que el ala socialista ha descartado.

La formación morada defiende esta vía después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la haya propuesto, tras advertir la Agencia Internacional de la Energía (AIE), adscrita a ese organismo, de multimillonarios beneficios caídos del cielo para las eléctricas europeas por la subida del gas de los últimos meses. España fue pionera en la aplicación, en septiembre, de un mecanismo de minoración de beneficios por el sobreprecio del gas a las tecnologías de generación de electricidad no emisoras, pero acabó corrigiéndolo, dejando fuera a los contratos bilaterales.

Ribera dejó claro el martes que, en esa reunión “constructiva” con los ejecutivos de las eléctricas la cuestión impositiva no se trató: “No hemos hablado de impuestos a las grandes compañías, sino de cómo conseguir una energía más barata y cómo pueden contribuir en mucha mayor medida al confort de los consumidores”.

Respecto al “esfuerzo” al que aludió la vicepresidenta, su departamento lleva meses negociando con el sector renovable adelantar la devolución de los ingresos extra de las plantas del régimen especial o RECORE (renovables, cogeneración y biomasa) que reciben una retribución específica para que reintegren ya el dinero que deben reembolsar en enero de 2023 porque los precios del mercado mayorista se han disparado. El importe que se recuperaría se estima, según Ribera, en más de 1.000 millones. Pero empresas como Acciona, presente en esa reunión de alto nivel del martes, rechazan esa medida.

El Gobierno confía en salir del trascendental Consejo Europeo que comienza este jueves en Bruselas con margen para poner un tope al precio del gas al menos en España y en Portugal. Es la fórmula que defiende el Ejecutivo para lograr una rebaja instantánea del recibo de la luz, después de que la comunicación publicada este miércoles por la Comisión Europea haya confirmado que los Estados miembros podrán introducir límites de precios sobre la energía, aunque dejando la decisión final en manos de los líderes europeos.

A Pedro Sánchez le han comparado en Países Bajos con Don Quijote peleando contra los molinos ante su exigencia de desacoplar el gas del precio de la electricidad. Y el Gobierno envía el mensaje de que no cejará en su empeño de que Bruselas permita establecer un tope al precio que cobran las centrales de ciclo combinado (que queman gas natural) en el mercado mayorista ante el incremento desbocado de los últimos meses, aunque sea a través de una habilitación excepcional.

A esas plantas se les compensaría a posteriori, de forma que se mitigue el efecto en los precios mayoristas de la subida exponencial del gas, con un peso bajo en el mix eléctrico español. Pero, ante la reticencia de los países del norte, la medida podría aplicarse solo en España y Portugal. Eso es lo que reclamará el Gobierno en el caso de que no haya un consenso que aplique a los 27 y que se aventura complicado dadas las discrepancias entre los países del norte y el sur.

¿Cómo se haría frente a esa compensación? La propuesta que el Ejecutivo ve más viable, y que Portugal (que tiene su mercado eléctrico integrado con el español) comparte, es la de establecer un pago ex post para esos ciclos combinados. Como dijo el martes el primer ministro luso, António Costa, “la fijación de un precio de referencia, con el pago de un diferencial al precio de mercado” para esas centrales, “es una solución equilibrada que puede resolver el problema”.

¿Quién sufragaría ese diferencial? Una opción es que se cargue al sistema eléctrico, con la posibilidad de recurrir al conocido como déficit de tarifa, para diferir los pagos en el futuro (con intereses). Otra opción, explican fuentes gubernamentales, es hacerlo mediante fondos públicos. Las propias eléctricas han defendido esta opción. La patronal Aelec, a la que pertenecen la dos mayores empresas del sector, Iberdrola y Endesa, han pedido que lo costeen fondos europeos. Sin embargo, en el Ejecutivo sostienen que no está ultimada la decisión. Unidas Podemos no ve con buenos ojos las compensaciones a las grandes empresas y, de hecho, reclama que financien vía subida de impuestos el incremento de los precios, una opción que el ala socialista ha descartado.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que, dado el escaso nivel de interconexión de la Península Ibérica, España y Portugal podrían tomar esa decisión de forma extraordinaria y con una vigencia acotada en el tiempo, a la espera de la reforma más profunda del mercado eléctrico que se espera para el próximo mes de mayo, cuando el regulador europeo, ACER, presente sus conclusiones. Por ahora, y de cara a la cumbre que arranca este jueves, Bruselas ha presentado un abanico de opciones, con sus pros y sus contras, para intervenir el mercado eléctrico ante la crisis energética, agudizada por la invasión de Ucrania decidida por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Por el momento hay grandes diferencias entre los países miembros sobre las medidas a aplicar. Fuentes diplomáticas explican en Bruselas que hay dos grupos de países: los del sur, liderados por España y a los que se ha sumado Bélgica, que presionan para poner un tope a los precios energéticos y desacoplar la luz del gas; y otros como Alemania, Países Bajos, Irlanda o Dinamarca, que prefieren “acelerar las medidas de eficiencia energética, la implantación de renovables y las interconexiones”. Los segundos creen que la propuesta del Gobierno español puede “poner en peligro la seguridad de la oferta y nuestra independencia de Rusia” y “bloquear el progreso en los objetivos del 'green deal'”. Estos países consideran que topar el precio de la luz puede hacer que los productores de energía se la lleven a otros sitios y “generar un enorme problema de seguridad de la oferta”.

El Gobierno sostiene que la fijación de topes al precio del gas tendría una duración acotada y estaría justificada en el momento extraordinario que atraviesa el mercado y que no tiene que ver con las leyes de la oferta y la demanda; pero sostiene que es una buena fórmula para que se produzca una bajada importante e inmediata de los precios que están absolutamente desbocados y que están conllevando paros en la producción de algunas industrias que no pueden asumir el alza de los costes. A partir de lo que se decida en el Consejo Europeo, el Gobierno determinará el paquete completo de medidas a poner en marcha para hacer frente al desafío energético que deja la invasión rusa de Ucrania y que se aprobará el martes 29 en el Consejo de Ministros, aunque la previsión de Moncloa es que Sánchez las comunique antes para aplacar cuanto antes las protestas que se van extendiendo.

La presión va aumentando ante la escalada de los precios de la luz en distintas direcciones. La convocatoria de huelgas que amenazan el suministro incrementa la tensión sobre el Gobierno, que acusa a la ultraderecha de estar detrás de las movilizaciones de una parte “minoritaria” de los transportistas, mientras Pedro Sánchez redobla sus esfuerzos para que las acciones que se tomen en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo no queden en agua de borrajas, que es el temor que traslada el Ejecutivo de lo que puede acabar pasando cuando ven que los países van tomando medidas de forma unilateral.

“Es importante que la UE actúe de manera urgente y no posponga la decisión que está afectando no solo a pequeñas y medianas empresas sino también a los ciudadanos a los que nos debemos y que vienen sufriendo consecuencias”, señaló Pedro Sánchez en Bucarest (Rumanía), que es la primera parada de su gira europea para ganar adeptos a su propuesta de desvincular el gas del precio de la electricidad. La primera reunión que mantuvo en esa ronda fue con el primer ministro croata, que no dio un apoyo explícito a la posición de España.

Con el rumano, Sánchez acordó “trabajar conjuntamente para que salga una posición lo más contundente posible con medidas lo más urgentes y rápidas posible para que podamos garantizar unos niveles de precio no tan volátiles sino mucho más adecuados a las necesidades y la defensa de la industria, la economía y el bienestar de nuestros conciudadanos”. También recordó que ambos llegaron a un acuerdo en diciembre para apremiar a la UE a “actuar de manera rápida” para desvincular el gas del precio de la electricidad.

Esa es la principal propuesta que hace España para rebajar los precios de la energía. De hecho, Sánchez sostiene que cambiar el modelo del mercado energético es mucho más importante que cualquier bajada de impuestos que se pueda llevar a cabo, pese a su compromiso con el PP a actuar también en el ámbito fiscal. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró este jueves que España lo llevará a cabo a nivel nacional si la UE se retrasa.

En plena escalada de la tensión también en las calles, con movilizaciones y paros anunciados de algunos sectores como el de los transportistas o el sector pesquero -y el cierre de algunas industrias afectadas por el incremento de los precios de la energía-, el Gobierno sigue insistiendo en esperar a tomar medidas al Consejo de Ministros del 29 de marzo, cuando pase el Consejo Europeo de la próxima semana en el que aspiran a que los veintisiete establezcan un nuevo marco.

A pesar de las señales de tranquilidad que hasta ahora había emitido Moncloa, dando por hecho que tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Sánchez hace un par de semanas el camino estaba allanado para el desacople del gas del precio de la electricidad, Ribera lanzó una advertencia al Ejecutivo comunitario. “Si la Comisión no reacciona a tiempo, lo que nos podemos encontrar es que cada Estado miembro, con una presión insostenible por parte de su sociedad, haga lo que le parezca. Y, entonces, en lugar de tener un mal menor respaldado por todos, lo que tengamos sean 27 soluciones diferentes. Y yo creo que sería el escenario peor para la Unión Europea y para la Comisión”, expresó en Bruselas.

Poco antes de ese aviso, la vicepresidenta avanzó una nueva propuesta que defenderá España junto a Portugal: la limitación del precio de la luz en el mercado mayorista a 180 euros/MWh. “Nosotros creemos que es una decisión europea porque la regulación es europea, lo que pasa es que el análisis de la situación económica y de la necesidad de proteger a nuestros ciudadanos e industria nos lleva a plantearnos como Gobierno a tomar decisiones para proteger el interés nacional en el supuesto de que Europa no esté a la altura en el tipo de medidas que se adopten”, insistió.

El Gobierno pretende aguantar la presión hasta que pase el Consejo Europeo, aunque ya va lanzando mensajes inequívocos de que actuará en el ámbito nacional si la respuesta de la UE no es suficiente. El decreto ley que aprobará el próximo 29 de marzo incluirá rebajas fiscales que Moncloa no ha concretado y el alcance de las medidas dependerá en buena medida de lo que previamente se decida en Bruselas. Fuentes gubernamentales no descartan incluso compensar a las empresas gasistas porque sostienen que es mejor que pagar la electricidad con la evolución del gas.

“Este es el momento definitorio de Europa y tenemos que reivindicar el patriotismo europeo para salir fortalecidos de este embate definitorio al que Putin está tratando de someter a nada más y nada menos que un proyecto político que vive como una amenaza que es esta Europa unida”, reivindicó Sánchez este miércoles.

Mientras el presidente recorre Europa en busca de aliados, con una parada especial en Roma, donde se reúne con el italiano Mario Draghi, el portugués António Costa y el griego Kyriakos Mitsotakis, para hacer un frente común del sur, Moncloa ha puesto en marcha una ronda de contactos con los partidos y pretende contar con el visto bueno de las comunidades. Sin embargo, Unidas Podemos ha mostrado sus recelos respecto a la inclusión del PP en la ecuación y ha hecho sus propias propuestas de las que el ala socialista por ahora se desmarca.

Bloqueados. Los líderes de la Unión Europea han sido incapaces de consensuar unas conclusiones para abordar la crisis energética y el alza de los precios de la luz, a las puertas del invierno y con récords de precios. ¿Por qué? Por países como Polonia y República Checa, “que bloquearon las conclusiones exigiendo una reforma completa del ETS (mercado de emisiones de carbono”, según una fuente diplomática: “Así que no hay conclusiones sobre la volatilidad de los precios de la energía. Bastante sorprendente para un tipo que está en funciones y no habla de nadie más que de sí mismo en esta cumbre, Andrej Babis [primer ministro saliente checo]”.

Según las fuentes, “los líderes tenían dos opciones: seguir negociando de forma infinita o retirar todo el texto”. Además, Babis también ha presionado para que se mencione explícitamente la taxonomía en las conclusiones. Es decir, que se ponga por escrito que el gas y la energía nuclear son inversiones verdes para la transición energética, algo que también persigue Francia. “Algo que no tiene consenso”, ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al término de la cumbre.

“Se ha acordado seguir debatiendo qué medidas se pueden aplicar en el mercado mayorista y los precios del gas”, ha explicado Sánchez: “Estábamos cerca del acuerdo para instar a la Comisión Europea a ser más concisa y detallada en los informes que tiene que presentar en abril sobre el mercado de la electricidad y las respuestas en el corto plazo ante el alza de los precios. Pero, por desgracia, ha habido Estados que no han aceptado este acuerdo de mínimos, que permitía continuar avanzando, y han mezclado otros temas que no tenían nada que ver”.

¿Qué temas? Sánchez ha explicado: “Se ha intentado incorporar elementos que no cuentan con consenso, como la taxonomía, si se debe incorporar la energía nuclear y el gas como energías transitorias, algo que no contaba ni de lejos con el suficiente consenso en el Consejo y ha impedido una conclusión acordada entre 27”. 

Pero el bloqueo no sólo estaba en ese lado de la mesa, en el que Polonia está jugando fuerte en los Consejos Europeos mientras tiene los fondos europeos bloqueados por su deriva autoritaria. Tampoco los países nórdicos en torno a Alemania y Holanda estaban muy a favor de la agenda española y francesa en materia energética.

De momento, el cambio de Gobierno en Berlín, el relevo en la mesa del Consejo Europeo de Angela Merkel por el socialdemócrata Olaf Scholz, no se nota en Bruselas. Al menos en lo que respecta al mercado eléctrico. El debate entre los jefes de Estado y de Gobierno de la UE ha sido intenso este jueves. Tanto, que se ha interrumpido para abordar la tensión entre Ucrania y Rusia antes de retomar unas conclusiones cuyo borrador era insuficientes para España, que entendía que no reflejan la gravedad de la situación en la que se encuentra Europa.

Una conclusiones que, al final, nunca llegaron a ver la luz.

El Gobierno español pedía que se profundizaran las evaluaciones sobre el mercado, porque entiende que el sistema no funciona bien en tanto que hay precios del gas desproporcionados afectando a consumidores, pymes y sectores industriales.

España ha buscado “más sustancia” en las conclusiones, pero la mesa está compuesta por 27 países que hablan sobre el sistema europeo de energía, el mercado eléctrico, y son países con visiones distintas, con mix energéticos distintos y diferentes aspectos ideológicos y geopolíticos...

Música y letra pequeña

En cuanto a la propuesta de compras conjuntas de la Comisión Europea para periodos de emergencia, España dice que le gusta “la música”, pero que están a la espera de analizar la letra pequeña, al tiempo que lamentan que la Comisión Europea siga diciendo que el alza de los precios tiene un carácter temporal.

Las medidas anunciadas son “insuficientes”. Y se necesitan más, “más intensas y más rápidas”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado, en una declaración sin preguntas en Bruselas, las actuaciones adoptadas hasta la fecha por las instituciones europeas para abordar la crisis energética y los precios récord de la luz. La última de ellas, la anunciada este miércoles por el Ejecutivo comunitario, tiene que ver con una idea española, la compra conjunta de gas y las reservas energéticas, pero su voluntariedad y condicionalidad a tiempos de emergencia y de crisis de suministro hace que, de momento, no puedan ponerse en marcha.

La Comisión Europea, además, publicó en octubre una caja de herramientas que, básicamente, era una recopilación de medidas nacionales que podían poner en marcha los 27 gobiernos.

En definitiva, “es insuficiente”, ha dicho Sánchez: “Continuamos con precios de la energía al alza en toda Europa, por cierto, y necesitamos revisar la forma en la que se estructura la formación de los precios de la energía a nivel europeo”.

“Creo que es fundamental que la Unión Europea tome medidas y que las tomen de manera más intensa y mucho más rápida”, ha proseguido Sánchez: “Eso es lo que voy a defender en el Consejo Europeo [que se celebra este jueves en Bruselas]. Es cierto que la Comisión Europea ha aceptado una de las propuestas del Gobierno de España, que es la compra centralizada de gas y por tanto, también el poder tener una reserva estratégica de gas en Europa. Pero es insuficiente”.

Compras conjuntas ante crisis energéticas

La propuesta de Bruselas, dentro del paquete para descarbonizar el mercado del gas, llegó la víspera del Consejo Europeo de este jueves, en el que se abordará, también, la crisis energética. El paquete “incluye medidas que se pueden activar para situaciones de emergencia, en caso de una crisis de suministro de la UE, incluida la adquisición conjunta de existencias de gas”.

Y ¿cómo puede incidir el almacenamiento y la compra conjunta? Según Bruselas, su propuesta “sobre el uso eficiente del almacenamiento de gas y sobre adquisiciones conjuntas voluntarias” prevé que los Estados miembros “hagan un análisis de sus niveles de almacenamiento y de los riesgos potenciales relacionados con la seguridad del suministro, también cuando el almacenamiento sea propiedad de entidades de terceros países”.

“Siempre que se identifiquen riesgos”, dice Bruselas, “se deberán introducir posibles contramedidas a partir de una gama de opciones, incluidas obligaciones de almacenamiento mínimo, licitaciones o subastas. Los Estados miembros deberán acordar los procedimientos para activar estas medidas y la financiación conjunta. Se beneficiarán de los intercambios transfronterizos de gas facilitados y del acceso transparente transfronterizo a las instalaciones de almacenamiento”.

Los líderes de la UE están mostrando su descoordinación frente a la pandemia ante el avance de ómicron. Este jueves han aprobado en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno unas conclusiones que apelan a la coordinación, pero cada vez son más los casos de decisiones unilaterales. La más reciente, la del Gobierno italiano, que pide PCR negativas, más allá del certificado de vacunación, para entrar en su país.

“La coordinación se guía por la precaución”, dijo el primer ministro italiano, Mario Draghi, a sus colegas este jueves, según Politico, para defender la decisión unilateral de su país de exigir pruebas PCR a todos los viajeros de la UE.

Numerosos jefes de Estado y de Gobierno, como el propio jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, expresaron en la cumbre su contrariedad por la medida de Italia por lo que supone de freno a la libertad de movimiento, además de que fue tomada sin avisar al resto de socios comunitarios.

En su intervención a puerta cerrada, Draghi citó la rápida propagación de la variante del coronavirus ómicron como factor determinante de su decisión, según Politico: “La variante ómicron está menos extendida en Italia y es necesario mantener la ventaja para proteger el sistema de salud”, dijo el jefe de Gobierno italiano, que también recordó las 135.000 personas que han muerto en Italia por la COVID-19, así como la economía del país azotada por la pandemia: el PIB cayó un 9% en 2020.

“Debemos proteger nuestro sistema nacional de salud”, dijo, según Politico: “Esta es la razón que hay tras la decisión de que los que entren en Italia se sometan a las PCR. La coordinación a nivel de la UE debe guiarse por el principio de máxima precaución”.

Y esto en una cumbre en la que se han aprobado unas conclusiones que reclaman una coordinación que cada vez se demuestra menos con los hechos.

Se necesita una coordinación continua en los viajes en respuesta a la pandemia en evolución, declararon los líderes de la UE en las conclusiones de una cumbre del Consejo Europeo, en las que piden que mayores restricciones, como las de Italia, Portugal o las anunciadas por Grecia, deben basarse en “criterios objetivos” y no obstaculizar indebidamente la libre circulación dentro de la UE.

Los líderes también alentaron la rápida adopción de las propuestas de la Comisión Europea sobre viajes en la UE, que incluyen limitar los certificados de vacunación a nueve meses a menos que se administren dosis de refuerzo de la vacuna. Pero aunque el texto acordado señala que la Comisión Europea “adoptará un acto delegado sobre este tema”, no concreta cuándo ocurrirá esto.

Los líderes también aprovecharon la oportunidad para presumir de que la UE es el “mayor donante y exportador” de vacunas contra el coronavirus del mundo.

El primer ministro belga, Alexander De Croo, pidió a los líderes de la UE que mantengan un enfoque único de las reglas de viaje de COVID, mientras países como Italia, Grecia, Portugal o Irlanda adoptan nuevos requisitos: “Si cada país comienza a hacer las cosas por separado nuevamente, las cosas se volverán mucho más difíciles. Tenemos que comprometernos con el mismo enfoque en toda Europa”.

Según fuentes diplomáticas, el presidente del Gobierno español ha insistido dentro de la habitación en que la coordinación es importante frente a las medidas unilaterales, algo que también han hecho otros líderes. “Las medidas unilaterales no ayudan”, aseguran las fuentes.

La exigencia de Grecia de un test negativo para todos los viajeros, vacunados o no, será “temporal” y solo se aplicará durante las vacaciones de Navidad, según aclaró el Gobierno griego, después de que su primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, dijera: “Si necesitamos tomar medidas con respecto a los tests adicionales, solo será necesario aplicarlas durante el período de Navidad para que podamos ganar tiempo para aumentar como sea posible la cantidad de personas que recibirán la dosis de refuerzo”.

A partir del domingo, todos los viajeros que entren en Grecia deben presentar una prueba PCR negativa dentro de las 48 horas posteriores a su vuelo. Grecia dio el paso a medida que los casos de coronavirus se disparaban y se avecinaba la variante ómicron.

Según fuentes del Elíseo, en cuanto a la implementación de las pruebas PCR a la entrada de los países europeos además del certificado de vacunación, los jefes de Estado y de Gobierno “pidieron permanecer en el marco de las reglas de coordinación para tomar medidas proporcionadas ante el aumento de la variante ómicron preservando los derechos de circulación de los ciudadanos europeos”.

Francia y Reino Unido

Para añadir más ruido, Francia ha anunciado este jueves medidas extraordinarias para los viajeros procedentes de Reino Unido, país con el que mantiene una relación tensa en los últimos meses por las licencias de pesca y los flujos migratorios.

El Gobierno francés exigirá a las personas vacunadas un test negativo (PCR o antígenos) de menos de 24 horas, en lugar de las 48 actuales, igual que ya se exigía para los no vacunados, señaló un comunicado del Ejecutivo. También será necesario un motivo “imperioso” para justificar la entrada en Francia, lo que supone limitar el acceso a los residentes en Francia y a sus familiares. “No se permitirá desplazarse por motivos turísticos o profesionales”, afirma.

Además, los viajeros deberán registrarse antes de su viaje en una plataforma digital en la que deberán detallar su dirección en Francia, donde tendrán que aislarse durante siete días, bajo control policial. El control podrá ser levantado si, 48 horas después de su llegada, los viajeros presentan un nuevo test negativo.