Los paros de producción y las huelgas se extienden mientras el Gobierno lo fía todo a la UE

Protesta de transportistas en Santiago de Compostela este lunes.

Los paros de producción, las huelgas y el malestar se extienden por España, mientras se hacen esperar las medidas del Gobierno para paliar el efecto de la escalada de precios energéticos. El paro en el sector del transporte se prolonga desde hace ya diez días y está provocando desabastecimiento en las cadenas de producción de varios sectores. El 70% de la flota pesquera está amarrada para pedir medidas urgentes ante la carestía del combustible. Y taxis, vehículos de alquiler, ambulancias y autobuses de transporte discrecional han convocado una manifestación en Madrid el próximo domingo. 

Bruselas incluirá "limitar los precios de la electricidad y el gas" en sus propuestas a los líderes de la UE

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Mientras la calle empieza a volverse contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo mantiene la calma a la espera del Consejo Europeo que comienza este jueves en Bruselas, para tomar medidas a nivel nacional que palien el incremento desorbitado de los precios que está provocando una situación inédita en el sector primario y la industria, acrecentada por la paralización de una parte cada vez más importante del sector del transporte. 

Este martes, grandes empresas de alimentación y la industria pesada elevaban la voz de alarma al advertir de que su producción peligra si continúan los paros de los transportistas. La cadena de valor del gran consumo –sector primario, industria y distribución– reclamaba a los convocantes que dejen de “coaccionar” al resto de sectores, impidiendo el desarrollo de su actividad. Fabricantes, cadenas de supermercados, grandes superficies, cooperativas agroalimentarias e industria alimentaria instaban al Gobierno a “no perder ni un segundo en la concreción del plan de ayudas al transporte” para no poner en riesgo 100.000 empleos.

El Gobierno trata de trasladar tranquilidad y confianza en que el agua volverá a su cauce a partir del viernes, cuando termine la cumbre europea a la que fía buena parte de lo que pueda acometer, por su parte, España. Sánchez sostiene que tiene que ser “coherente” con la “hoja de ruta” que planteó en un inicio, según fuentes gubernamentales: aguardar a la respuesta europea para aplicar las medidas el 29 de marzo. “El resto de países han hecho anuncios, pero no entrarán en vigor hasta el 1 de abril, como aquí”, explican esas fuentes, que sostienen que ya se han tomado medidas sobre todo enfocadas a limitar los precios de la electricidad.

“No hay distorsión ni retraso por parte del Gobierno. Nos parece mejor hacer una respuesta de conjunto que no ir aprobando medidas parciales que nos hagan más difícil hacer una valoración del impacto del paquete”, expresaba la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, tras el Consejo de Ministros y poco después de una reunión con los ejecutivos de las principales eléctricas, en la que les pidió un “esfuerzo” de cara a las medidas que se adoptarán tras el Consejo Europeo, en el que la UE va a proponer a los líderes de los países “limitar los precios de la electricidad y el gas”.

De la respuesta europea dependerán las medidas españolas, insiste el Gobierno, que sigue confiando en que los veintisiete asuman, al menos en parte, la propuesta de Sánchez de desvincular el gas del precio de la electricidad. “El mercado eléctrico está regulado a nivel europeo, si se desacopla es un paso de gigante pero tenemos que ver qué podemos hacer si la UE dice que no”, expresa un miembro del Ejecutivo que advierte, no obstante, de que los socios europeos “saben que si no se consigue, España no estará en el acuerdo”. Esa es una baza de negociación: a Sánchez y los países del sur tienen que darles algo que satisfaga mínimamente sus expectativas. En todo caso, aseguran que habrá medidas extraordinarias.

El tiempo apremia, advierte la industria. “Las perturbaciones del trabajo de las empresas están alcanzando niveles de máxima gravedad” y los paros en el transporte “están dañando muy seriamente a todo el sector productivo industrial”, según la patronal siderúrgica, Unesid, que advierte de que “ningún fabricante del sector opera con normalidad” y las plantas se están viendo “obligadas a reducir o incluso detener la producción por la falta de abastecimiento en materias primas o la incapacidad de hacer llegar los productos a los clientes”.

Por ello, Unesid hacía este martes “una llamada a los convocantes de la huelga para que reconsideren su actuación. Un grupo concreto no puede causar un daño tan grave a la economía española, independientemente de sus razones”.

“Esto no se arregla esperando”

“Estamos preocupadísimos con los puertos”, dice a elDiario.es Andrés Barceló, director general de la asociación que representa a la industria siderúrgica y de primera transformación. “El puerto de Bilbao está totalmente bloqueado” y también hay una seria afectación en Galicia, explica el responsable de Unesid, que cree que la opinión pública no debe caer “en el exceso de complacencia” con las peticiones de los transportistas, pero el Gobierno “lo que tiene que hacer es solucionarlo, y esto no se arregla esperando”. 

“Debería haberse hecho ya y cuanto más tarde, será peor; lo que no entiendo es que no se diga qué se va a hacer”, dice Barceló, que en el caso del paro de transportistas no cree “serio” esperar al martes para detallar las medidas, cuando esta materia es “competencia exclusiva de los Estados miembros de la UE” y “los demás países han anunciado ya medidas”. Este viernes Barceló prevé reunirse con la vicepresidenta Ribera para abordar su plan de medidas para atajar la escalada de precios de la luz: “Lo que pedimos al Gobierno es que el día 1 de abril esté en marcha”.

En la industria alimentaria, este martes se sucedían avisos de multinacionales de la alimentación y empresas locales. El gigante francés Danone avisó de que la falta de insumos le obligará a cerrar sus fábricas en España. Cerveceras como Heineken o Mahou San Miguel reconocían problemas para llevar su productos a supermercados, bares y restaurantes, sumándose a las señales de alarma lanzadas por el productor de conservas Calvo, Azucarera, Cuétara, o la aceitera Dcoop. La industria de la alimentación está siendo una de las más golpeadas por los paros, que también se están notando en el campo, en la producción agrícola y ganadera. Aunque el impacto es muy diferente en función del territorio. Las diferentes asociaciones consultadas indican que, esta semana, la recogida de leche se está produciendo con relativa normalidad tanto en Galicia como en Asturias, mientras se mantienen problemas y bloqueos de carreteras, por ejemplo, para la recogida de frutos rojos en Huelva.

En el Gobierno, pese a que Sánchez se comprometió con el PP a que haya rebajas de impuestos en el plan de respuesta a la guerra, no creen que esta sea la mejor fórmula para ayudar a los sectores. Por eso defienden a capa y espada la propuesta de bonificación a los camioneros que hizo la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el pasado lunes y confían en que el viernes, tras el Consejo Europeo, puedan dar más detalles que pongan fin a las protestas de los transportistas. El planteamiento base del Ejecutivo para tratar de apaciguar las protestas es aprobar una bonificación a los transportistas para mitigar el impacto del alza del combustible que entraría en vigor el 1 de abril: alrededor de 500 millones de euros a financiar por el Estado y las petroleras, que permitirían a los profesionales rebajar su factura cada vez que carguen el depósito.

La medida anunciada para la parte del sector del transporte que mantiene los paros no es suficientemente concreta. Instan a delimitar cuál va a ser la bonificación real por litro de combustible y que el Gobierno aclare qué transportistas podrán beneficiarse y por cuánto tiempo.  

“Los sectores no piden bajadas de impuestos”, dicen desde Hacienda, donde recuerdan que el IVA ya se lo deducen los profesionales y que el resto están en el mínimo permitido. Lo que rechazan fuentes de Transportes es topar los precios de los carburantes. 

“Hoy hay más camiones en las carreteras”, decía este martes otra de las fuentes gubernamentales consultadas. El Ejecutivo transmite la sensación de que la ebullición irá descendiendo. “Es una situación circunstancial”, señalan fuentes de Industria sobre los paros anunciados este martes, y hablan de “problemas muy puntuales de stock”. “Estamos ayudando a esas empresas”, señalan esas fuentes. También confían en que el malestar del taxi no llegue más allá a la espera de una reunión este jueves.

En lo que ha cambiado ligeramente el discurso del Gobierno es en la forma en que se dirige a los convocantes de las protestas después de que la semana pasada su respuesta fuera que estaban alentados por la extrema derecha. “Somos conscientes, no somos extraterrestres”, dice otra ministra sobre la situación que llevó a miles de personas del sector primario a salir a las calles el domingo y sobre el paro de transportes. Con los primeros el Gobierno siempre se mostró más cercano que con los segundos. “Lo de la semana pasada no es de recibo. Había mucho de exaltación que pretendía desestabilizar al sector y al comité”, señalan en el Ejecutivo sobre los piquetes. “Ahora hay 24.000 efectivos en las calles”, agregan sobre el dispositivo del Ministerio del Interior, que inicialmente se vio desbordado.

La estrategia de situar a los manifestantes en la extrema derecha causó cierto estupor en las filas socialistas, según algunas fuentes consultadas, aunque el PSOE guarda silencio para no desgastar al Gobierno. En línea con lo manifestado la semana pasada, el portavoz del grupo confederal en el Congreso, Pablo Echenique, pidió este martes “empatía” con todos los colectivos que se están manifestando en los últimos días y recalcó que la solución de su espacio político pasa por la aplicación del “nuevo escudo social y verde”. En el ala socialista del Gobierno reconocen que hay distintas posiciones respecto a cómo acometer la participación de las grandes empresas, pero consideran que habrá un acuerdo con el socio minoritario. El PSOE apuesta por eliminar los denominados “beneficios caídos del cielo” de las eléctricas, mientras que Unidas Podemos aboga por gravar a las grandes empresas y los ricos ampliando, a su vez, las ayudas sociales, prorrogando alquileres o prohibiendo los desahucios.

Aliados parlamentarios del Ejecutivo como ERC, EH Bildu, Compromís y Más País también mostraron su solidaridad con los colectivos que se encuentran manifestándose en las calles y exigieron al Gobierno una salida de izquierdas. “Le decimos al Gobierno que espabilen porque la gente está esperando que se tomen medidas”, señalaba Joan Baldoví, de Compromís, reivindicando la “mayoría progresista” de la investidura y de los Presupuestos.

“Si el Gobierno no reacciona ya, se le va la legislatura de las manos”, añadía Íñigo Errejón, de Más País. Además, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, sostenía que el Ejecutivo debe poner en marcha “un plan de carácter progresista”, advirtiéndole que si tiene la “tentación de mirar a la derecha moderada” debe darse cuenta de que “no hay alternativa al bloque progresista”. Las derechas de PP, Vox y Ciudadanos se limitan, por su parte, a plantear rebajas fiscales como única vía para hacer frente a la nueva crisis, informa Iñigo Aduriz.

En el Gobierno tratan de rebajar la presión e incluso se muestran confiados en lograr un acuerdo, incluso con el PP, para el plan de respuesta a la guerra. “Todo el mundo se pone muy dramático. Hay que estar en el Gobierno para mantener la templanza”, afirma una ministra socialista ante las advertencias que llegan también desde los socios habituales de la coalición y la presión del PP.

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