Partidas en blanco por un “error masivo”, salvedades del auditor por cuestiones como un préstamo “vencido” a una patronal integrada en CEOE; cuentas que ahora va a tener que corregir y que en algunos casos se han enviado con años de retraso al Registro Mercantil...

Es el retrato de varias empresas de César Blanco, exdirigente del PP de Ourense con el polémico José Luis Baltar, líder patronal y empresario que, según el Ministerio de Hacienda, se ha adjudicado 127 millones en subvenciones en los últimos años, la mayoría para cursos de formación, en los que está especializado.

Las salvedades del auditor son habituales en sus empresas. Es el caso de las últimas cuentas presentadas hasta ahora (de 2024) por una de sus sociedades en Canarias, Sofbrain SL. Por un lado, por créditos financieros a corto plazo sin intereses de 3,35 millones concedidos a sociedades del grupo de formación de César Blanco, GDoce, que implican que a cierre de 2024 su patrimonio neto y su resultado estaban “infravalorados”, según su auditor, la firma Auren.

Por otro, por el impacto contable de 537.380,05 euros que, según Auren, tuvo la inspección de Hacienda que Blanco cerró “con acuerdo” en julio de 2015, poco después de desvelarla elDiario.es. Esa inspección indagó en los contratos que CEOE le adjudica en un claro conflicto de interés y se saldó con importantes ajustes en las operaciones que facturan entre sí sus empresas. Además, esa firma domiciliada en Las Palmas admitió que “su sede de dirección efectiva puede no estar localizada en Canarias”.

También han propiciado salvedades los créditos concedidos por Moba Skill Training, una de sus sociedades más subsidiadas (más de 27 millones en ayudas desde 2017, según datos de Hacienda), a la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), integrada en CEOE. Blanco ha prestado a esta entidad al menos 370.715 euros a través de dos de sus empresas de los que no consta que haya recuperado nada.

Parte de ese dinero para CEAJE vino de Moba Skill, una de las empresas más antiguas de César Blanco, que la fundó en 2004 en su localidad natal, Nogueira de Ramuin (Ourense), donde fue concejal del PP de 1999 a 2003, como Monte Blanco Agraria Gallega SL. En 2013 el BNG señaló a esta firma en una “posible trama” de alcaldes del PP de Ourense para adjudicar a dedo la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido.

Las cuentas de Moba Skill de 2024 recogen una salvedad del auditor por créditos de 157.000 euros que concedió en octubre de 2022 a CEAJE para “solventar necesidades de tesorería” de esta patronal, con la que las sociedades de César Blanco “colaboran en proyectos” de formación, como indican sus cuentas.

Los créditos inicialmente vencían en abril de 2023, pero el auditor destacó que a cierre de 2024 el préstamo estaba “vencido” y era “de difícil recuperación al no existir evidencia sobre la capacidad financiera de devolución por parte de la sociedad deudora”, sin que la empresa de Blanco dotase ningún deterioro por ello.

Las cuentas de 2025 que Moba Skill acaba de depositar en el Registro Mercantil aclaran que esos créditos ya se prorrogaron en abril de 2023 (hasta el 31 de diciembre de 2024) y que en noviembre pasado, acordó otra prórroga hasta el próximo 31 de diciembre.

“A fecha de formulación de las presentes cuentas no se han percibido los cobros correspondientes a dichos créditos”, pero “el Administrador no considera que existan dudas sobre la cobrabilidad de los mismos”, dicen las cuentas, en este caso sin salvedades. “Todo transcurre dentro de la absoluta normalidad contractual”, recalcan desde GDoce.

Otro tanto ocurrió con su empresa Blar Formación SL, creada en 2021. Esta firma, que solo en 2025 recibió casi 4 millones en ayudas, según Hacienda, prestó en 2023 a CEAJE otros 213.715 euros mediante sendos créditos a corto plazo con un tipo de interés anual del 3,5%. A cierre de 2025 no había recuperado nada, según sus cuentas.

La patronal de los jóvenes empresarios no aclara si a día de hoy ha devuelto algo: “Los préstamos entre entidades privadas tienen carácter confidencial” y “tienen un calendario de pagos pactado de común acuerdo. Estas devoluciones se encuentran a día de hoy en periodo de pago, cumpliéndose estrictamente con lo establecido entre las partes”. “Se prorrogaron de común acuerdo las fechas límites; no se han vencido”, insiste por correo electrónico.

CEAJE, que está obligada por Ley de Transparencia a publicar sus cuentas, al recibir importantes subvenciones, y cuya última memoria (sin datos económicos) es de 2022, indica que firma estos préstamos “de manera puntual” y que no es “inusual conseguir financiación a través de entidades privadas con las que se colabora en otros ámbitos”.

Blanco fue hasta enero presidente interino de la Confederación Empresarial de Ourense, de la que es vicepresidente, y es miembro del comité ejecutivo de Cepyme y de la directiva de CEOE, entre otras patronales. En 2025 fue uno de los apoyos de Ángela de Miguel en la pugna para presidir Cepyme junto a, entre otros, Antonio Garamendi y el entonces presidente de CEAJE, Fermín Albadalejo. Este último dirige desde este año CEOE Campus, la escuela de formación de la gran patronal española.

Otra empresa canaria de Blanco y sus hijos con salvedades en sus cuentas, en este caso por créditos intragrupo sin intereses de 3,6 millones, es Indiplu Europa SL. Esos préstamos implicaban que a cierre de 2024 (último ejercicio disponible) su pasivo estaba “infravalorado” y su patrimonio neto y su resultado, “sobrevalorados en 78.654,85 euros y 102.773,69 euros, respectivamente”, según Auren.

Dedicada a campañas online, en 2024 Indiplu facturó 6,67 millones, de los que 2,4 millones procedieron de empresas de su dueño por “publicidad y Marketing Digital”. Entre sus clientes ajenos a GDoce hay organizaciones empresariales como la Asociación Comarcal de Empresarios de la Zona Norte de Madrid (Acenoma), que en 2025 anunció un convenio con Indiplu para “la difusión de proyectos formativos de alto impacto, como el programa Generación Digital PYMES, financiado por los fondos europeos Next Generation EU”. El grupo no aclara cuántos acuerdos de este tipo tiene.

Ni Indiplu ni Sofbrain aparecen entre las empresas GDoce publicita en su web. Tampoco Clictic SL, contratista habitual de la Administración que desarrolla contenidos digitales y en su web se define como “empresa internacional con sede en Panamá, México, España y Portugal”.

En sus últimas cuentas disponibles, de nuevo, de 2024 (presentadas este año y accesibles a través de Insight View), el auditor de Clictic introdujo salvedades por deudas intragrupo que implicaban que “el activo y el pasivo corriente se encuentra infravalorado en 298.899,07 euros”, y tras no poder comprobar “la razonabilidad” de gastos por facturas pendientes de más de 357.000 euros. “Las operaciones realizadas con empresas del grupo representan un 81,73% sobre el importe total de la cifra de negocios”, destacó Auren.

Foto parcial y borrosa

Salvedades aparte, GDoce no consolida su actividad en una cabecera que aglutine sus negocios y la foto que ofrecen las cuentas disponibles en el Registro Mercantil es parcial. Además, está borrosa: a los retrasos en su presentación (alguna ha enviado este año de golpe sus cuentas de 2023, 2024 y 2025) se suman errores generalizados en la información que contienen varias de ellas.

Entre otras, la que, según Blanco, es su principal sociedad, G12 Grupo Empresarial, que se promociona en redes con la apostilla de “cursos gratis” para desempleados y da nombre a un grupo que se define como “uno de los más importantes del sector, con más de 20 centros homologados repartidos por 17 ciudades de toda España” y “una plantilla de más de 600 trabajadores”.

En plataformas como Axesor o Insight View, las últimas cuentas disponibles de G12 son de 2023, aunque el grupo ha aportado un certificado de la registradora de Pontevedra que acredita que presentó las de 2025 el 30 de julio.

A falta de tenerlas disponibles, las de 2023 incluyen numerosas partidas en blanco, empezando por su plantilla. “La tesorería asciende a 0” y “el importe de la cifra de negocios asciende a 0”, indican. Esto ocurre con otras empresas de formación de Blanco que han recibido millones en ayudas, como Formando por el Éxito SL y la citada Blar Formación SL, o esas dos firmas canarias.

GDoce asegura que no conocía esta situación y remite escritos de una firma de asesoría, Arxil Asesores SL, que explica que esas cuentas “se generaron y enviaron por un error informático del aplicativo de gestión/contable de la asesoría a la hora de presentar las cuentas”. Se enviaron al Registro Mercantil “informes erróneos con datos a 0 generados automáticamente”. Y se omitieron “de forma totalmente involuntaria los informes de auditoría”.

En algunos casos los errores alcanzan a los ejercicios 2022 y 2023, en plena explosión de subvenciones para las empresas de Blanco tras la pandemia, los fondos europeos o el auge de las oposiciones. “La información adjuntada en el aplicativo no se corresponde con lo recibido por el Registro Mercantil, algo totalmente anómalo que obliga a presentar subsanación de todas y cada una de las cuentas anuales de dichos ejercicios”, confirma Arxil.

Se trata de “un error masivo que se generó en todos los envíos de las cuentas anuales de todos nuestros clientes y que no se descubrieron hasta ahora” y “se procederá a la mayor brevedad posible a la subsanación de las cuentas de todas estas empresas en dichos ejercicios” para proporcionar la “imagen fiel” que exige la normativa contable.

“Nos hacemos responsables de los perjuicios económicos que pudieran derivarse de esta problemática y nos comprometemos a solventar estas incidencias a la mayor brevedad posible para que la información que aparezca en el Registro Mercantil sea la correcta”, añade Arxil.

GDoce ha facilitado a elDiario.es otras cuentas de 2023 que de momento no están disponibles en el Registro y recogen que ese año tuvo una cifra de negocios de 6,9 millones, el doble que en 2022, y una plantilla media de 148 personas (99 un año antes). La auditoría está limpia. Para las cuentas de 2024 y 2025 habrá que esperar.

César Blanco, exdirigente del PP de Ourense con el polémico José Luis Baltar y en la directiva de varias patronales españolas, entre ellas la CEOE de Antonio Garamendi, vuelve a figurar en el top nacional de subvenciones con sus empresas de formación. En 2025 sumaron otros 25 millones, según los datos que publica el Ministerio de Hacienda. Esta cifra (que él rebaja a 14,6 millones, al haberse repartido esos subsidios a la formación con otras empresas) eleva a más de 127 millones las ayudas concedidas a sus sociedades desde 2017, siempre según la información oficial que publica Hacienda.

En 2025, en pleno boom del negocio de las oposiciones, una de las especialidades de sus empresas, y en mitad de una inspección de Hacienda que avanzó elDiario.es y que ha quedado “regularizada” el pasado ejercicio, según fuentes cercanas al empresario, seis de sus sociedades aparecieron en el listado de grandes perceptores de ayudas publicado recientemente por Hacienda.

Se trata de G12 Grupo Empresarial de Servicios SL (6,15 millones en ayudas concedidas en 2025), Educatic Gap Pue SL (4,95 millones), Moba Skill Training SL (4,3 millones), Formando para el Éxito SL (3,98 millones), Academia Postal 3 Vigo SL (3,37 millones) y Blar Formación SL (2 millones).

Fuentes cercanas a Blanco rebajan a 14,6 millones la cuantía realmente recibida en 2025 para financiar el coste de los cursos de formación que imparten sus empresas. Explican que “la cifra publicada [por Hacienda] no siempre se corresponde con el importe de subvención que realmente percibe o ejecuta cada entidad”, porque “en muchas convocatorias de formación se permite que varias empresas concurran conjuntamente mediante una agrupación, entre otras razones para poder llevar a cabo planes más amplios”.

En estos casos, explican, aparece en el listado solo el nombre de la empresa que encabeza la agrupación como coordinadora, pero el importe adjudicado se reparte luego entre el resto. “Es necesario conocer la dimensión del Grupo GDoce para comprender que se trata de una cifra plenamente coherente y proporcionada con la envergadura de la organización y con su capacidad para desarrollar proyectos formativos de alcance relevante”, añaden.

El grupo, subrayan, es “uno de los más importantes del sector, con más de 20 centros homologados repartidos por 17 ciudades de toda España” y “una plantilla de más de 600 trabajadores”. Esta cifra, no obstante, no cuadra con los números que figuran en las cuentas anuales de sus empresas disponibles en el Registro Mercantil.

Para poner en contexto estas cantidades, esas fuentes indican que la cifra de subvenciones recibida “no llega al 0,1%” del total que recoge ese listado que recopila a más de 15.800 sociedades. Añaden que representa el 3,36% del importe destinado “a empresas vinculadas al ámbito de la formación, dejando fuera asociaciones, fundaciones, entidades públicas y otras organizaciones que también reciben financiación para el desarrollo de este tipo de actuaciones”.

En el puesto número 6

Según fuentes del sector, GDoce es la sexta empresa de formación que más subvenciones recibió en 2025. El ranking, según esas fuentes, lo encabezan Aspasia (41,5 millones), Grupo ATU (25,4 millones) y Grupo Colón (20 millones). En el listado figuran nombres como Grupo Método, del gallego Jorge Cuntín, y la malagueña Coremsa, teóricos competidores y socios de Blanco en una pequeña universidad privada cerca de Lisboa (Portugal).

Esas ayudas millonarias no están detalladas en las webs que han puesto en marcha recientemente las empresas de Blanco, que deben darles publicidad para cumplir la Ley de Transparencia. La información disponible es escasa o inexistente. La web más actualizada es la de GDoce. Se ha actualizado este año para aclarar que es un grupo de empresas “dedicadas a la formación”.

Hasta hace unos meses se definía en una rudimentaria web de una forma más difusa. “GDoce es una entidad especializada en la prestación de servicios orientados al desarrollo del capital humano en las organizaciones, tanto para el sector público como privado, ofreciendo soluciones innovadoras y de calidad, y apostando por un uso intensivo de las nuevas tecnologías como eje principal de nuestra política de gestión y prestación de servicio”, decía todavía en abril de este año.

En el apartado de “Transparencia” de la web de GDoce no hay disponibles datos financieros de sus sociedades. Tras preguntar elDiario.es por esta cuestión, en esos portales se indica que estos datos se facilitarán “próximamente”. Sus cuentas en el Registro Mercantil están desactualizadas en muchos casos. “Hacemos todo lo posible por estar al día, las exigencias son muchas y diversas”, justifican desde el grupo, que no consolida su actividad en una cabecera que dé idea de su dimensión real.

Las cuentas presentadas por algunas de sus empresas recogen el resultado de la inspección fiscal avanzada por este medio en 2025, en la que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) pidió a CEOE “explicación detallada y completa” de sus pagos a empresas del gallego, miembro de la directiva de la gran patronal española, mediante cursos de formación que la entidad le adjudica sorteando el evidente conflicto de interés.

Según esas cuentas, la inspección tuvo carácter limitado, “la comprobación de las operaciones realizadas en el ejercicio 2022 con la entidad vinculada Sofbrain”, empresa de Blanco creada en 2020 y domiciliada en Las Palmas de Gran Canaria que es la que más beneficios ha declarado en los últimos años: más de 6,7 millones solo entre 2022 y 2024, último ejercicio disponible.

La inspección fue notificada a la empresa en mayo del año pasado y se cerró en julio de 2025 con “acuerdo”. Se centró en las operaciones vinculadas entre las empresas de Blanco con esa sociedad en Canarias. Al menos cuatro de sus empresas tuvieron que reconocer una serie de “ajustes” para adaptar a la realidad del mercado los servicios que les prestó esa firma en el archipiélago en el ejercicio 2022, “aceptándose que su sede de dirección efectiva puede no estar localizada en Canarias”, dicen las cuentas de Sofbrain.

“Derivado de la inspección”, la empresa ha reconocido un recorte drástico de su cifra de negocios de 2022: de una facturación “declarada” de 2.105.904,37 euros, a solo 286.333,27 euros. El gasto “declarado” en “servicios exteriores” también se ha minorado en 605.995,29 euros. Y una de las salvedades a las cuentas de Sofbrain de su auditor, Auren, en el ejercicio 2024 está relacionada con la negativa de la empresa a dotar ninguna provisión por las actas firmadas, lo que supone que “el patrimonio neto se encuentra sobrevalorado y el pasivo corriente infravalorado por importe de 537.380,05 euros”.

Hacienda determinó que los servicios que Sofbrain prestó a otras sociedades del grupo (Academia Postal 3 Vigo, G12 Grupo Empresarial de Servicios, Educatic Gap Pue y Moba Skill Training) fueran considerados servicios de apoyo informático y administrativo relacionados con cursos de formación online. Pero determinó que debían valorarse a precios de mercado aplicando un margen del 49,32% sobre los costes totales comprobados en Sofbrain.

Además, estableció que los resultados de las licencias cedidas por Sofbrain a terceros debían imputarse a las sociedades del grupo en la misma proporción en que se valoraban los servicios prestados a esas vinculadas. Y los gastos de adquisición de esas licencias debían imputarse siguiendo el mismo criterio.

En total, más de 800.000 euros entre “ajustes” intragrupo, incrementos de cuota, actas, intereses y una sanción a Sofbrain de 4.356 euros por una infracción “grave”, después de aplicar las reducciones por conformidad y pronto pago para esta empresa en Canarias, que además presentó una declaración complementaria de Sociedades para el ejercicio 2023 por importe de 346.214 euros, siguiendo los criterios de la inspección.

El grupo todavía no ha presentado las cuentas de 2024 de la que dice que es su principal empresa, G12, de cuyas relaciones con la CEOE también pidió cuentas la AEAT. Fuentes cercanas a Blanco se limitan a señalar, a preguntas sobre este asunto: “Situación regularizada y requerimiento resuelto”.

Empresario polifacético, con negocios también inmobiliarios, de limpieza, construcción o turismo, Blanco fue miembro de la ejecutiva del PP de Baltar, polémico presidente de la Diputación de Ourense de 2012 a 2023 y todavía senador, al que su partido mantiene en la Cámara Alta tras ser condenado en enero de 2025 por el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora. Baltar heredó el cargo en 2012 de su padre, José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, en una sucesión dinástica inédita en la España democrática. Sobre él siempre planeó la sombra del nepotismo y las redes clientelares.

En septiembre de 2024 elDiario.es reveló que Blanco figuraba en el Top 100 de subvenciones en España y que sus empresas sumaban al menos 10 millones en contratos públicos. Mientras, tenía una sociedad en Panamá que, según explicó luego, abrió para “una universidad que no fuimos capaces de arrancar”. La liquidó semanas después de destaparse su existencia.

Socio de Francisco Nóvoa Rodríguez, fundador de Academia Postal, muy conocida en Galicia como centro de formación de opositores, el empresario tiene una larga trayectoria en distintas patronales. Miembro del comité ejecutivo de Cepyme desde 2014, es vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Ourense, que llegó a presidir de forma interina hasta enero tras fallecer la anterior presidenta, Marisol Nóvoa.

Las empresas de Blanco y dos de sus hijos (algunas relativamente recientes, otras con décadas de existencia) son un fijo en los listados de grandes perceptores de ayudas que publica Hacienda para cumplir la Ley de Transparencia, que fija obligaciones de información a las entidades privadas que perciban durante un año ayudas a partir de 100.000 euros. En la última edición figura (con cifras mucho más discretas) un líder de otra patronal (la de fabricantes de envases de cartón) que se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y que asegura que sus impuestos van “a la basura”.

No necesitó Feijóo más que unas horas para ofrecer el pasado miércoles una demostración antológica de su método político: quejarse de lo que él mismo ha institucionalizado. Ese día denunció en el Congreso que Pedro Sánchez hubiese difundido la zona en la que vive, invocando la protección de la familia como un derecho inviolable, mientras mentaba al fallecido padre de Patxi López —encarcelado y represaliado por el franquismo— llegando a asegurar que, si se levantara de su tumba y viera lo que ha hecho su hijo en política, no le perdonaría jamás.

El método, en realidad, se comenzó a intuir hace unos veinte años cuando aspiraba a gobernar en Galicia. Era el año 2009 y José Luis Baltar era el hombre fuerte del PP en Ourense y, por extensión, una pieza central del engranaje que llevó a Feijóo a la presidencia de la Xunta, ese trampolín desde el que se construyó la imagen ficticia de gestor moderado alejado de las guerras sucias. Baltar insinuó en esa campaña atroz que Anxo Quintana, candidato del BNG, maltrataba a su mujer. Lo hizo basándose en “lo que se comentaba por todo Allariz”, rumores sin prueba, sugiriendo que alguien con responsabilidades en materia de igualdad no podía tener “los problemas de convivencia que tenía con su mujer”, y rematando la imprudencia con una frase que sigue produciendo bastante estupor: “Pusimos al ratón a cuidar del queso”. Es decir, el PP convirtió la vida privada de Quintana y de su familia en munición electoral lanzada desde el aparato del partido, sin que nadie allí le pusiera freno.

Lo mismo ocurre con Begoña Gómez. Cuando Vito Quiles la siguió hasta un restaurante en Las Rozas mientras comía con unas amigas, el PP no salió a defender el derecho a la privacidad de la mujer de Sánchez, sino el derecho del agitador a hacer preguntas (aunque aquí resultó una defensa comprensible si se recuerda que ese mismo Vito Quiles había sido invitado a un acto de campaña del PP en Aragón como estrella del evento). O cuando Feijóo habló del negocio familiar de Begoña Gómez para acusar a Sánchez de haber “vivido de prostíbulos”, la línea roja también se desdibujó por completo porque la línea roja, se entiende ya a estas alturas, no es un principio articulado sobre una convicción política, sino una posición táctica que se despliega o se recoge según sea conveniente. La familia del adversario es legítima cuando sirve al argumentario; la propia es sagrada en cualquier circunstancia. 

Esta asimetría se basa en la construcción deliberada de un marco moral que solo genera obligaciones en una dirección. Personalmente estoy de acuerdo en eso de que la familia debe ser una línea roja en la política, pero quien lleva años convirtiendo la biografía familiar del adversario en munición de trinchera casi que renuncia al derecho moral de indignarse cuando alguien le devuelve el proyectil con el mismo calibre.

La sucesión de hechos, colocados uno detrás de otro y en el correspondiente contexto político e histórico, resulta explosiva. Son cuatro décadas de salvaje política clientelar, corruptelas que a menudo acabaron en los juzgados, cargos heredados y un árbol genealógico del enchufismo, aplastantes mayorías absolutas, medios de comunicación adocenados, una provincia a la cola en los índices socioeconómicos, guerras intestinas y, siempre finalmente, uno de los cimientos más sólidos de la hegemonía del Partido Popular en Galicia. José Luis Baltar Pumar y su hijo José Manuel Baltar Blanco convirtieron la Deputación de Ourense en su finca particular, el lugar desde el que hicieron y deshicieron y repartieron a cambio de votos y prebendas. Solo la temeridad al volante del vástago, O Fillo, cazado a 215 por hora en un coche del ente provincial el año pasado, clausuró la dinastía caciquil por excelencia de los conservadores gallegos. Os Baltar (Morgante, 2024) es el libro que los periodistas Cristina Huete y Primitivo Carbajo dedican a explorar y sintetizar esta historia que es también la historia de cómo la derecha ha dominado la comunidad.

“No hubo inversiones. Y los enchufados eran tantos que las academias de la ciudad de Ourense no preparaban oposiciones a la Diputación, los puestos estaban dados”, relata a elDiario.es Cristina Huete. Sus informaciones publicadas en Faro de Vigo, La Voz de Galicia y, sobre todo, en El País son la base sobre la que se levanta Os Baltar. Y que le valieron numerosísimas demandas e imputaciones, incluso por vía penal, procedentes de la familia “y sus esbirros”. La denunciaban por una cosa y por la otra: recuerda que acabó en el banquillo por mencionar un nombre en un reportaje sobre la colección de coches deportivos y de época que almacenó Baltar Pumar. Le pedía 20.000 euros de fianza. Salió absuelta. “Me señalaban en redes sociales, me amenazaban... En un sitio pequeño como Ourense no es cómodo”, dice, “pero estaba segura de que era lo que tenía que hacer”.

Con Primitivo Carbajo coincidió en la desaparecida edición gallega de El País. La mirada de este sobre lo que sucedía en Ourense, más exterior, presenta ángulos complementarios. “El gran peligro es que el baltarismo quede como algo pintoresco”, argumenta, “cuando en realidad condicionaba la política gallega y era la clave para que el PP mantuviese la Xunta”. Más allá de la cabalística obsesión de O Fillo por el número siete -“en su libro Falemos de ourensanía menciona que Galicia y Ourense tienen siete letras”, ríe Carbajo- o del trombón del padre -“si no eres del PP, jódete, jódete”, acompañaba con el instrumento en las otrora gloriosas noches electorales-, los Baltar establecieron un sistema de control político, demediaron los procedimientos democráticos, violentaron los mecanismos de acceso al trabajo público y obtuvieron poder y beneficios materiales a cambio. Y sostuvieron primero a Fraga Iribarne y después a Núñez Feijóo en el Gobierno gallego. Mientras, la provincia chapoteaba en los furgones de cola de casi todos los medidores económicos y sociales. “Boinas y birretes eran el mismo perro con distinto collar”, resume Huete. Se refiere a los dos bandos que, durante años, dividieron al PP gallego: el sector rural, celoso de cierta autonomía respecto de Madrid, caracterizado como un reino de caciques, y el urbanita, neocón primero, después neoliberal y ahora en parte seducido por el trumpismo, centralista y españolizado.

De Falange a Coalición Galega y la absorción por el PP

El caso es que el Partido Popular de Ourense tiene su propia trayectoria, al margen de Alianza Popular. La reconstruyen Huete y Carbajo. En el principio fueron Falange, de cuyo Frente de Juventudes fue miembro destacado Baltar Pumar -es una de las revelaciones del libro-, y Eulogio Gómez Franqueira, el creador de Coren, procurador por el Tercio Familiar en las Cortes franquistas. La conjunción de las granjas cooperativas avícolas, la financiación de Caixa Ourense y las sucesivas marcas partidarias más o menos centristas fundadas tras la caída de la dictadura formaron un ecosistema político único. Acción Política Orensana, la primera de todas ellas, sería uno de los afluentes gallegos de UCD. De su descomposición nació Centristas de Ourense, núcleo al poco tiempo de Coalición Galega, la más acabada expresión de un nacionalismo gallego conservador. El partido llegó a enviar un diputado al Congreso en 1986, el primero nacionalista de Galicia desde la II República, y 11 al Parlamento autonómico. En 1987, prácticamente de la noche a la mañana, se desintegró. Pero esa es otra historia, aunque relacionada.

Baltar Pumar sería uno de los supervivientes del naufragio, a bordo de Centristas de Galicia, la formación con la que Victorino Núñez recuperó el viejo proyecto de Franqueira. Se encontraba impedido tras sufrir un ictus y Núñez había alcanzado la presidencia de la Diputación. Baltar fue su vicepresidente. Este magma autodenominado centrista y con veleidades autonomistas acabó absorbido por el PP de Fraga Iribarne. Y facilitó su primera mayoría absoluta, la de 1989, fruto de lo que algunos han denominado pucherazo. En la circunscripción de Ourense, precisamente. Lo menciona Os Baltar, claro: 5.000 votos sin escrutar y unas misteriosas sacas halladas dos meses después en una oficina de Correos. Victorino Nuñez pasó a ocupar la presidencia del Parlamento de Galicia en 1990 y Baltar Pumar ascendió a la presidencia de la Diputación. Solo se bajaría en 2012, y para cederle el sillón a su hijo, O Fillo.

De Baltar Pumar a Baltar Blanco y final a 215 por hora

“En la diputación y sus organismos ya se sientan enchufados hijos de los enchufados”, explica Huete. El relato de como la tela de araña del PP baltarista se fue extendiendo por la provincia es el núcleo de Os Baltar. “Más del 40% de los presupuestos de la Diputación se destinaba a pagar los salarios de los enchufados”, añade. Eso y la proliferación de corruptelas de menor o mayor tamaño. Carbajo, en todo caso, ironiza sobre la materia. “Dentro de las ilegalidades y las alegalidades del funcionamiento del baltarismo”, relata entre risas, “por lo menos repartían entre muchos. Los birretes son otra cosa. Mire Feijóo, su hermana, su cuñado su prima, todo muy próximo”. En el hospital Santa María Nai, dependiente del ente provincial -hasta que Fraga lo integró en el Sergas en una batalla intestina perdida por el PP ourensano-, Baltar Pumar llegó a colocar a más de 300 vecinos de Esgos y Nogueira de Ramuín, los ayuntamientos donde respectivamente había nacido en 1940 y donde fue alcalde entre 1976 y 1995.

Pero Baltar O Fillo no es Baltar, como decía la versión que Ico, cantante de O Sonoro Maxín, hizo del Bailar pegados de Sergio Dalma y que Huete y Carbajo usan como estribillo en la segunda parte del libro. En 2012, Baltar Blanco sucedió a Baltar Pumar al frente de la Diputación de Ourense. La bonhomía saltarina con la que Baltar padre adornaba su voluntad irrefrenable de poder político y económico no la había heredado su vástago. De mirada fría y gesto adusto, Carbajo asegura que tiene “ideas absolutamente peregrinas”. Su obsesión por el número siete o “idioteces” como la idea de elecciones provinciales entre ellas. Cristina Huete coincide. Lo resume con las etiquetas que, durante años, sintetizaron la fractura que recorrería la derecha gallega: “Es un birrete nacido de un boina”. Que además dilapidó el legado político de su padre. En abril de 2023, la Guardia Civil cazó a José Manuel Baltar Blanco a 215 kilómetros por hora al volante de un coche oficial de la Diputación. Fue el principio del fin de la dinastía caciquil por excelencia del PP gallego.

Baltar Blanco es ahora senador y el Supremo le ha abierto juicio por su temeridad como conductor. Alfonso Rueda, birrete e indudable exponente del sector centralista de los conservadores, aprovechó la circunstancia y logró lo que Feijóo no había logrado -lo intentara en 2011 y fracasó: deshacerse de Os Baltar. Ahora gobierna la Diputación Luis Menor, birrete, también del PP, por supuesto. “El PP de Ourense tiene una estructura rural muy fuerte” sobre la que los dos Baltares cimentaron su dominación, dice Huete, “pero si no la cuidan acabará por desaparecer”. En cualquier caso, ni ella ni su colega Carbajo perciben diferencias de fondo entre los declinantes boinas y los triunfantes birretes: “Se retroalimentaron. Mantuvieron el caciquismo. Feijóo intentó apartarlo y perdió y ya nunca le volvió a chistar”. Huete concluye, en todo caso, con una tesis arriesgada: el verdadero heredero de Baltar es Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, populista de derechas, y que “se ha atrincherado para hacer lo que no hizo el hijo, trapichear con los votos”. La provincia, entre tanto, no sale de la depresión.

Más de 10 millones de euros en más de 210 adjudicaciones de distintas Administraciones desde 2018. Son los contratos públicos obtenidos por empresas del gallego César Blanco, dirigente de Cepyme que formó parte de la Ejecutiva del PP de Ourense del polémico José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de esa provincia hasta julio de 2023.

Con una firma en Panamá, las sociedades en España de este empresario del negocio de la formación y las agencias de colocación han recibido desde 2020 más de 86 millones en subvenciones. Esto le sitúa a la cabeza en el ranking de ayudas públicas a empresas de formación, con varias de sus sociedades entre las más subvencionadas de España en 2023. A esa lluvia de subsidios se suman más de 10 millones en adjudicaciones. La cifra, una estimación conservadora, incluye un centenar de contratos menores y encargos a uniones temporales de empresas (UTE) formadas por sociedades de Blanco.

La más beneficiada, con al menos 3,6 millones en adjudicaciones desde 2018, es Academia Postal 3 Vigo, muy conocida en Galicia y que comparte al 50% con Francisco Nóvoa, fundador y cara visible del Grupo Academia Postal. Especializada en formación de opositores y con servicios de agencia de colocación, esta sociedad ha recibido subvenciones de 19,9 millones solo desde 2020.

Al menos 2,4 millones en contratos ha recibido G12 Grupo Empresarial, 100% de César Blanco y sus hijos y subvencionada con más de 29 millones desde 2020. Más de 688.000 en contratos ha cosechado desde 2018 Moba Skill Training SL, antes denominada Monte Blanco Agraria Gallega SL, subvencionada con más de 24 millones desde 2020.

Otra de sus empresas, Educatic Gap Pue SL, acumula más de 13 millones en ayudas públicas desde 2020 y más de 547.000 euros en contratos desde 2018. El resto son adjudicaciones para otra de sus mercantiles, Clictic, y para distintas UTEs, hasta llegar a esos más de 10 millones.

La cifra real adjudicada a las empresas de Blanco muy probablemente supere esa cantidad: parte de la información en la rudimentaria web del portal de contratación del Estado solo abarca hasta marzo de 2018. Y en algunos casos son acuerdos marco en los que se pacta el precio de los servicios que se prestarán, por lo que se desconoce el importe cobrado por cada empresa, ya que el criterio de adjudicación que se publica es el precio por hora de sus cursos.

Es el caso del acuerdo marco para impartir cursos de formación para el empleo mediante la modalidad de cheque formación, en la familia profesional de comercio y marketing, que adjudicó la Comunidad de Madrid en mayo de 2019. Academia Postal 3 Vigo estuvo entre las adjudicatarias de 8 de los 19 lotes. El concurso seleccionó a otras 36 empresas y entidades, y estaba valorado globalmente en casi 3 millones.

Esta cifra no se ha tenido en cuenta en esa estimación de 10 millones. Otros acuerdos marco en los que han sido adjudicatarias sus empresas son los del Cabildo de Lanzarote (valorado en 400.000 euros) o el Gobierno de Navarra.

El contrato de mayor importe, 2,29 millones, es un servicio de “alfabetización digital de personas trabajadoras contratadas en el marco del Plan de Fomento del Empleo Agrario y zonas deprimidas en Extremadura” que el Ministerio de Trabajo adjudicó a Academia Postal 3 Vigo en abril de 2022. A continuación figura una licitación ajena a las áreas en las que Blanco es especialista: un servicio de alquiler de licencias de software “para entornos Bigdata” con destino a la Agencia Tributaria.

El Ministerio de Hacienda lo adjudicó en octubre por 1,18 millones (más IVA) a una UTE formada por Clictic y G12, ambas de César Blanco, y una firma madrileña de software, Pue Data SL, sin aparente relación con él y contratista habitual de la Xunta de Galicia o la Comunidad de Madrid. El contrato se adjudicó por el procedimiento “restringido”, al que solo pueden acudir las firmas admitidas previamente. Fue la oferta “más ventajosa” de las tres que se presentaron. La identidad de sus competidoras es “confidencial”, según Hacienda. Pue Data SL no ha respondido a las preguntas de elDiario.es

Blanco ha utilizado varias UTEs para optar a contratos públicos. En 2022, G12, Academia Postal 3 Vigo, Educatic Gap Pue y Moba Skill Training se adjudicaron, en UTE o en solitario, un tercio de los lotes de un concurso para impartir cursos de formación en los centros de la Consellería de Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia por 1,357 millones. 

Lo hicieron en solitario (Academia Postal 3 Vigo, Educatic Gap Pue) o mediante UTEs que algunos casos formaban empresas de Blanco. En el lote que logró Educatic por 172.774,2 euros, competía con otra UTE formada por otra empresa del grupo Academia Postal (Academia Postal 6 La Coruña SLU). Otra UTE ganadora la formaban G12 y la Asociación Galega de Emprendedores (Agaemp), que junto a su homóloga de Castilla y León integra la Federación Española de Emprendedores (Fedemp), presidida, según su web, por César Blanco. La sede de Fedemp está en las oficinas en Madrid del Grupo Academia Postal.

En la primavera de 2021, en un concurso de la Diputación de Pontevedra, entonces presidida por la socialista Carmela Silva, para medidas de “inserción de las personas más vulnerables”, empresas de Blanco coparon seis de los catorce lotes. Recibieron contratos por 621.548 euros para ocuparse de gestionar llamadas de teleasistencia o de la atención sociosanitaria a personas dependientes en Vigo o Pontevedra, área que el empresario conoce bien como tesorero de Aspanaex, con larga tradición en la atención a discapacitados intelectuales allí y que ha recibido subvenciones millonarias. Otra adjudicataria fue la Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra, a la que Blanco lleva años vinculado.

El grueso de las contrataciones a empresas de este ex cargo del PP ourensano son cursos de lo más diverso, en gran parte con contratos menores. Cursos de idiomas, de cocina (para el Ayuntamiento de Madrid), igualdad de género (para la Diputación de Ourense), “Transparencia y buen gobierno” (para Hacienda), contratación pública (Comunidad de Madrid), “gestión de subvenciones” o “Ejecución del Gasto Público” para el Ministerio del Interior; “uso no sexista del lenguaje” para el Ministerio de Economía, mejora de la redacción de documentos administrativos (para la Diputación de Castellón)… 

Sus empresas pasaron de recibir 2,4 millones en ayudas públicas en 2020 a 38,5 millones en 2023. En paralelo a esta explosión de subsidios, Blanco reactivó en 2022 una sociedad en Panamá que administra desde 2012 con sus hijos. Actualmente participa en esas sociedades en España a través de una firma creada en Madrid en diciembre de 2021, Doce Blar SL, que a cierre de 2022 (último ejercicio del que presentó cuentas) tenía tres accionistas: él mismo (24,72%) y sus hijos Brais y Antía Blanco, con un 37,64% cada uno.

En ella César Blanco ejerce como presidente y consejero delegado y su hijo Brais Blanco es consejero y secretario. Este último fue socio en una inmobiliaria (Torroña SL) junto al promotor Delio Santalices, hermano del presidente del Parlamento de Galicia desde 2016, Miguel Santalices. Ambos liquidaron la empresa en 2021. Y en mayo de este año, una empresaria del ocio nocturno en Vigo relacionó a ambos con una extraña operación inmobiliaria en la que perdió propiedades millonarias por no pagar una multa de 15.000 euros a la Xunta.

“Se llevaron todas mis propiedades, valoradas en unos 3 millones, por cuatro duros los señores Delio Santalices Vieira, hermano del presidente del Parlamento gallego, Brais Blanco Rodicio y Alfonso Cid Rodríguez. Ahora tienen a la venta la finca del Niu Port en Sabarís en portales inmobiliarios por 1,2 millones”, contó esta empresaria a Faro de Vigo.

Reactivada

Poco después de crearse Doce Blar SL, en mayo de 2022, en Panamá se reactivó Blarsl Corp, constituida en 2012 y administrada desde entonces por César (presidente), Brais (tesorero) y Antía Blanco (Secretaria), los tres con domicilio en un chalé en Vigo. Cinco meses antes, la madrileña Doce Blar SL empezó a tomar el 100% de varias empresas de la familia en España. 

Entre ellas, un nombre destacado en el listado de sociedades subvencionadas con al menos 100.000 euros que publicó recientemente Hacienda para cumplir la Ley de Transparencia, Monte Blanco Agraria Gallega SL, actual Moba Skill. Esta firma se creó en 2004 en Nogueira de Ramuin (Ourense), en la Ribeira Sacra, y cuya patronal local, Aenor, preside César Blanco.

En 2013 el BNG advirtió de una “posible trama” de alcaldes del PP en Ourense para adjudicar a dedo la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido. Una de las elegidas era Monte Blanco Agraria Gallega SL, que César Blanco administra desde que la creó hace 20 años. 

El empresario se identifica en su perfil en LinkedIn como administrador en Academia Postal 3. Es diplomado en Empresariales, Informática de Gestión por la Universidad de Vigo, de cuyo Consejo Social es miembro desde 2012, primero a propuesta de la Xunta y desde 2021 a elección de las organizaciones empresariales.

A sus negocios con la formación o las agencias de colocación suma una amplia experiencia en el sector inmobiliario, con una franquicia de la cadena Re/Max en Vigo. De hecho Blanco presidió la patronal del sector en esa ciudad, Asemi. Miembro del comité Ejecutivo de la patronal Cepyme desde junio de 2014, es vicepresidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), que aspiró a presidir hace una década. 

Fue un fijo del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Baltar en Ourense. Como secretario ejecutivo de Formación, puso en marcha en 2011 su escuela de verano. José Manuel Baltar heredó la presidencia de la diputación en 2012 de su padre, José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, en una sucesión dinástica inédita en la España democrática. Sobre el todavía senador del PP, pendiente de juicio en el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora, siempre planeó la sombra del nepotismo y las redes clientelares.

César Blanco no ha atendido las repetidas llamadas de este medio. Ocho días después de publicarse esta información, ha remitido una nota a esta redacción en la que indica: “Hemos sido adjudicatarios de contratos con las administraciones públicas en todos sus niveles en 10 comunidades autónomas, de todas las orientaciones políticas: PP, PSOE, Podemos, Sumar, BNG, PNV...también con organizaciones de todo tipo, como CCOO y UGT”.

Blanco subraya que su grupo empresarial “ha estado dedicado al ámbito de la formación durante más de 34 años. 2.000 contratos anuales que se ejecutan en los 28 centros formativos que tenemos en 10 comunidades autónomas (no solo en Galicia). Como dato destacable, la cifra de alumnos formados que han pasado por nuestras aulas ascendió a más de 70.000 solo en el año 2023”.

Blanco atribuye el incremento de sus cifras de negocio “al aumento exponencial de los fondos públicos en formación tras la pandemia Covid-19, y a la especialización en este tipo de formación. Por supuesto, también ha influido la profesionalidad de nuestros centros y profesores que hacen que seamos empresa de referencia en la formación”.

“El sector depende mayoritariamente de la colaboración con las Administraciones Públicas, que destinan varios miles de millones de euros al año a esta actividad. En el 2023, se formaron en España más de 5 millones de personas (en paro y con empleo)”.

Respecto a la empresa que mantiene activa en Panamá, “hemos trabajado en muchos proyectos de formación en varios países de América Latina a lo largo de muchos años; en Panamá intentamos abrir negocio, pero no fue posible. Reactivamos la compañía después tiempo inactiva por el simple hecho de poder cerrarla, en cuyo proceso estamos inmersos”. 

Más de 86 millones de euros en subvenciones públicas, una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, cargos en diversas patronales y un puesto en la ejecutiva del PP del polémico José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense de 2012 a 2023.

Es el perfil del gallego César Blanco Gómez, responsable Ejecutivo de Formación del PP ourensano en toda la época de Baltar al frente del partido, desde enero de 2010. Una etapa a la que no se ha dado carpetazo hasta el pasado julio, con la elección al frente del partido en la provincia de Luis Menor, sucesor de Baltar en la diputación tras 33 años del conocido como “baltarismo”.

Según datos del Ministerio de Hacienda, las empresas de César Blanco están a la cabeza en la recepción de ayudas públicas al sector de la formación en 2023 en España. Un análisis de elDiario.es refleja que más de la mitad de las mayores subvenciones concedidas el año pasado fueron para solo 100 empresas. Casi todas multinacionales, pero también alguna pyme, como las de César Blanco.

Solo desde 2020, sus empresas de formación han recibido al menos 86,3 millones en ayudas: 61 millones del Estado y el resto de varios gobiernos autonómicos, entre los que destacan Xunta de Galicia (14,6 millones) y Comunidad de Madrid (8,17 millones). Cuatro de sus empresas pasaron de recibir 2,4 millones en subvenciones en 2020 a 38,5 millones en 2023. En paralelo a esta explosión de subsidios, el empresario reactivó en 2022 una sociedad en Panamá que administra desde 2012 con sus hijos. César Blanco, que es miembro del comité Ejecutivo de la patronal Cepyme desde junio de 2014, ha declinado atender a elDiario.es. Sus empresas también han rechazado hacer comentarios.

Blanco participa actualmente en esas sociedades a través de una firma creada en Madrid en diciembre de 2021, Doce Blar SL, que a cierre de 2022 (último ejercicio del que presentó cuentas) tenía tres accionistas: él mismo (24,72%) y sus hijos Brais y Antía Blanco, con un 37,64% cada uno.

En ella César Blanco ejerce como presidente y consejero delegado y Brais Blanco es consejero y secretario. Su actividad es la de “actividades de Intermediación en operaciones con valores y otros activos”. En sus últimas cuentas, de 2022, declaró activos de 8,5 millones, cero empleados y una facturación de algo menos de 175.000 euros. 

Poco después de crearse Doce Blar SL, en mayo de 2022, se reactivó en Panamá la firma Blarsl Corp, constituida en 2012 y administrada desde entonces por César Blanco (presidente), Brais Blanco (tesorero) y Antía Blanco (Secretaria), los tres con domicilio en un chalé en Vigo. Blarsl Corp estuvo años aparentemente inactiva: en 2017 el Gobierno panameño la inhabilitó (lo que implicó suspenderla y prohibirle inscribir ningún acto corporativo) junto a más de 10.000 sociedades morosas por no pagar durante tres años las tasas que abonan las sociedades inscritas allí.

Le pasó lo mismo que a Insumos Médicos del Pacífico, firma panameña que administró hasta 2022 Alberto González Amador y que creó un directivo del grupo sanitario Quirón clave en el pelotazo que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid dio por intermediar en la venta de mascarillas a una empresa gallega. Tras años suspendida, Blarsl Corp se reactivó el 6 de mayo de 2022, un día después de que sucediera lo mismo con la sociedad que la pareja de Ayuso administró en Panamá mientras defraudaba a Hacienda.

Cinco meses antes de reactivarse esa empresa panameña administrada por César Blanco, la madrileña Doce Blar SL empezó a tomar el 100% de varias de sus empresas. Entre ellas, un nombre destacado en el listado de sociedades subvencionadas con al menos 100.000 euros que publicó recientemente Hacienda para cumplir la Ley de Transparencia, Monte Blanco Agraria Gallega SL.

Rebautizada como Moba Skill Training, esta firma ha recibido desde 2020 más de 24 millones en ayudas públicas para formación, según datos de Hacienda. La empresa figura en los listados de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con cursos de Excel Avanzado, Ofimática o Habilidades Directivas y Gestión de Equipos, entre otros. Su web promociona cursos de gestión de crisis alimentarias, farmacología básica o mantenimiento eléctrico. Se presenta como “el centro líder de formación subvencionada por diferentes administraciones públicas”.

“En nuestro portal podrás encontrar un amplio catálogo de cursos online gratis de distintos sectores laborales para trabajadores, autónomos y desempleados que deseen mejorar o actualizar su perfil profesional. Todos nuestros cursos son 100% gratuitos, con diploma acreditativo y flexibilidad horaria”.

Esa web recoge testimonios de ex alumnos de sus programas. Un tal Pedro Sánchez afirma: “Antes de inscribirme en el curso de Transporte y Logística, me sentía estancado en mi carrera”. El teléfono de contacto de la web de Moba Skill coincide con el del Instituto Culinario Galego, escuela de cocina en Vigo cuya marca tiene registrada. La empresa facturó en 2021, último año en el que presentó cuentas, menos de 395.000 euros. Sin empleados, sus activos se triplicaron ese año, hasta 4,8 millones.

Moba Skill, antes Monte Blanco Agraria Gallega SL, se creó en 2004 en Nogueira de Ramuin (Ourense), municipio de la Ribeira Sacra cuya patronal local, Aenor, preside César Blanco. En 2013 el BNG advirtió de una “posible trama” de alcaldes del PP en Ourense para adjudicar por vía urgente y mediante el procedimiento negociado sin publicidad la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido. Una de ellas era Monte Blanco Agraria Gallega SL, de César Blanco, su administrador único desde que la creó hace 20 años. 

“Soluciones innovadoras”

También pertenece a Doce Blar la firma G12 Grupo Empresarial de Servicios SL, que solo en 2023 recibió 10,3 millones en ayudas públicas y se ha embolsado 29,26 millones en subvenciones entre 2020 y 2024. La mayor parte, 17,8 millones, del Estado, mas otros 6,95 millones de la Xunta, 2,14 millones de la Comunidad de Madrid o 1,4 millones de la Comunitat Valenciana.

En su web, G12 se define como “grupo empresarial de servicios” como consultoría o “agencia de colocación”. “Una entidad especializada en la prestación de servicios orientados al desarrollo del capital humano en las organizaciones, tanto para el sector público como privado, ofreciendo soluciones innovadoras y de calidad, y apostando por un uso intensivo de las nuevas tecnologías como eje principal de nuestra política de gestión y prestación de servicio”. Su teléfono de contacto es el mismo que el de Moba Skill y esa escuela de cocina en Vigo, la ciudad donde está domiciliada.

G12 multiplicó en 2023 sus activos. Pasaron de 6,8 millones a 22,63 millones, según sus últimas cuentas, accesibles a través de Insight View. Sin empleados, pasó de facturar 3,72 millones a 6,91 millones, con un beneficio de 800.623 euros. Y, como Moba Skill, en enero de 2022 pasó a tener como dueño a Doce Blar SL.

Academia Postal

Esta empresa también participa en el grupo Academia Postal, muy conocido en Galicia y miembro de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF). Doce Blar tiene el 50% de Academia Postal 3 Vigo, SL. Especializada en la formación de opositores, con más de 23.000 alumnos aprobados, según su web, y también con servicios de agencia de colocación, ha recibido 19,9 millones en subvenciones desde 2020, según Hacienda. En 2023 facturó un récord de 3,56 millones, un 117% más. Con 86 empleados, sus activos pasaron de 3,69 millones a 9,35 millones. Academia Postal tampoco ha querido atender a este medio.

César Blanco ejerce en Academia Postal 3 Vigo SL como administrador mancomunado junto a Brais Blanco y al dueño del restante 50%, el conocido empresario gallego de la formación Francisco Nóvoa. Ya octogenario, Nóvoa fundó Academia Postal en 1968. Siendo funcionario en Correos, donde llegó a ser jefe provincial, empezó a preparar opositores en casa de una de sus alumnas. Su nombre se dio por seguro en 2014 como candidato del PP a la alcaldía de su Maceda natal (Ourense), donde es hijo predilecto. Finalmente el elegido fue Rubén Maceda, alcalde hasta 2023.

Nóvoa y Doce Blar SL también comparten al 50% Educatic Gap Pue SL, que en su web se anuncia como una escuela superior informática en Vigo sin aparente relación con Academia Postal. Desde 2020 ha recibido casi 14,4 millones en subvenciones procedentes en su mayoría del Estado, la Comunidad de Madrid y la Xunta.

Otra participada de Doce Blar es Atlántica Inversiones Universitarias, dedicada a “educación universitaria” y en la que no constan subvenciones. En esta empresa también son accionistas dos de las sociedades que más subvenciones a la formación reciben en España: la también gallega Grupo Método y la malagueña Coremsa. El representante de Doce Blar en Atlántica es el hijo de César Blanco. Brais Blanco, que tampoco ha querido atender a elDiario.es, fue socio en una inmobiliaria (Torroña SL) junto al promotor Delio Santalices, hermano del presidente del Parlamento de Galicia desde 2016, Miguel Santalices. Ambos liquidaron la empresa en 2021.

César Blanco se identifica en su perfil en LinkedIn como administrador en Academia Postal 3. Es diplomado en Empresariales, Informática de Gestión por la Universidad de Vigo, de cuyo Consejo Social es miembro desde 2012, primero a propuesta de la Xunta y desde 2021 a elección de las organizaciones empresariales.

El empresario fue un fijo del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Baltar en Ourense. Como secretario de Formación, puso en marcha en 2011 su escuela de verano. José Manuel Baltar heredó en 2012 de su padre, José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, la presidencia de la diputación, en una sucesión dinástica inédita en la España democrática. Sobre el todavía senador del PP, pendiente de juicio en el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora, siempre planeó la sombra del nepotismo y las redes clientelares.

A sus negocios con la formación o las agencias de colocación César Blanco suma una amplia experiencia en el sector inmobiliario, con una franquicia de la cadena Re/Max en Vigo. También ejerce como tesorero en Aspanaex, asociación viguesa que, según su web, funciona “desde 1963 para mejorar la calidad de Vida de las Personas con Discapacidad Intelectual y de sus familias”, con un centro de educación concertado, otro de día y otro ocupacional. Según Hacienda, Aspanaex ha recibido 2,36 millones en subvenciones de la Xunta, la Diputación de Pontevedra y el Ayuntamiento de Vigo desde 2020. 

26 días después de publicarse esta información, César Blanco ha remitido una nota a esta redacción en la que indica que su grupo empresarial “ha estado dedicado al ámbito de la formación durante más de 34 años. 2.000 contratos anuales que se ejecutan en los 28 centros formativos que tenemos en 10 comunidades autónomas (no solo en Galicia). Como dato destacable, la cifra de alumnos formados que han pasado por nuestras aulas ascendió a más de 70.000 solo en el año 2023”.

Blanco atribuye el incremento de sus cifras de negocio “al aumento exponencial de los fondos públicos en formación tras la pandemia Covid-19, y a la especialización en este tipo de formación. Por supuesto, también ha influido la profesionalidad de nuestros centros y profesores que hacen que seamos empresa de referencia en la formación”.

“El sector depende mayoritariamente de la colaboración con las Administraciones Públicas, que destinan varios miles de millones de euros al año a esta actividad. En el 2023, se formaron en España más de 5 millones de personas (en paro y con empleo)”.

Respecto a la empresa que mantiene activa en Panamá, “hemos trabajado en muchos proyectos de formación en varios países de América Latina a lo largo de muchos años; en Panamá intentamos abrir negocio, pero no fue posible. Reactivamos la compañía después tiempo inactiva por el simple hecho de poder cerrarla, en cuyo proceso estamos inmersos”. 

El Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa contra José Manuel Baltar, senador del PP y expresidente de la Diputación de Ourense, tras ser cazado conduciendo a 215 kilómetros por hora. El tribunal designa como instructora a la magistrada Ana Ferrer y anuncian que existen “indicios de la comisión de un hecho delictivo”.

Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, Baltar fue detectado por la Guardia Civil el pasado mes de abril cuando conducía a 215 kilómetros por hora a la altura del municipio zamorano de Asturianos. Los agentes dieron el alto a su coche, que circulaba por la conocida como Autovía de las Rías Baixas que une Galicia con Castilla y León. Baltar conducía el vehículo, propiedad de la Diputación que presidía entonces, en dirección a Madrid porque tenía varias reuniones al día siguiente en la capital.

El político fue sancionado con una multa de 600 euros y seis puntos de carnet, pero además se abrió un procedimiento judicial. El caso tendría que haberse zanjado como un juicio rápido en un juzgado de Zamora pero su puesto de senador en esta legislatura implica que la causa debe estudiarse en el Supremo. La Fiscalía ya había pedido que fuera condenado con una multa de 1.800 euros por un delito contra la seguridad vial además de perder el carnet de conducir durante un año.

Ahora la instructora tendrá que decidir qué diligencias pone en marcha para investigar el caso, además de analizar toda la documentación y testimonios procedentes del juzgado de Zamora que ya realizó sus propias pesquisas, así como sopesar si llama a declarar al propio Baltar. Para poder llamarle a declarar como imputado el Tribunal Supremo tendrá que pedir un suplicatorio a la cámara alta.

José Manuel Baltar Blanco lleva más de dos décadas ejerciendo distintas responsabilidades en el Partido Popular de Galicia. Hijo de Manuel Baltar, mandamás del PP ourensano, Baltar Blanco fue diputado del PP en el parlamento gallego entre 2001 y 2012, así como presidente de la Diputación de Ourense entre 2011 y 2023. El pasado mes de junio anunció que no optaría a buscar un cuarto mandato al frente de este organismo. En la actualidad forma parte de la diputación permanente del Senado tras llegar a la cámara alta designado por el Parlamento de Galicia.

En las tres décadas de gobierno de los Baltar, padre e hijo, en la Deputación de Ourense, el PSOE siempre votó en contra de los presupuestos. Incluso en aquellos años -muchos- en los que la mayoría absoluta del PP convertía su decisión en irrelevante se opusieron a las cuentas del autodenominado cacique bueno y su heredero. Sin embargo, al sucesor de Manuel Baltar, Luis Menor, le han bastado apenas cuatro meses para conseguir que los socialistas se abstengan en la votación. Un movimiento nunca visto en un escenario preelectoral que deja fuera de juego a Democracia Ourensana, el apoyo de los populares en el ente provincial a cambio del bastón de mando en la capital de la provincia.

Los socialistas han modificado su postura histórica después de obtener una modificación sustancial del plan CooperOu, el que fija el reparto de fondos a los ayuntamientos “con criterios objetivos” -habitantes, núcleos de población, envejecimiento y superficie del municipio-, lo que permitirá “poner fin a décadas de uso partidista y clientelar de los fondos públicos”. La partida se ha incrementado en tres millones de euros, de los 14 a los 17 y compromete todavía uno más para 2025. El objetivo confeso de los socialistas es alcanzar los 20 al final del mandato.

El PP, que no se ha querido quitar méritos en el acuerdo, admite el “cambio radical” que esto va a suponer para los concellos. Pero también para la estabilidad de un presidente recién llegado, impuesto desde Santiago después de que Baltar fuese cazado por un radar a 215 kilómetros por hora. Menor ha demostrado ser igual de rápido para alcanzar un acuerdo “bianual” con el PSOE que sirve tanto para los presupuestos como para el CooperOu y que evita depender así de los votos de Democracia Ourensana y el BNG. Ninguna de las fuerzas ha anunciado todavía si se sumarán al pacto o votarán en contra.

Sintonía en precampaña

Este acuerdo inédito llega en plena precampaña de las elecciones autonómicas gallegas y después de que Democracia Ourensana anunciase que participará en unos comicios que se prevén muy ajustados, lo que podría convertir a los de Jácome en decisivos. Con los 19.000 votos obtenidos en las municipales, DO -que sólo se presentó en dos concellos fuera de la capital- podría obtener dos escaños en O Hórreo, pero es fácil imaginar que esa cifra crecerá al poder recibir sufragios de toda la provincia. Jácome comparte electorado con el PP, así que esos diputados saldrían, casi con toda seguridad, del caladero de los conservadores, que han tenido siempre en Ourense el particular “granero” de votos donde cimentar sus mayorías absolutas en la Xunta.

Es el último capítulo de una larga vida política llena de escándalos y excentricidades asociados al apellido Baltar. En cualquier otro lugar, esos episodios habrían supuesto el final de una carrera política. Pero en el PP de Ourense, y de Galicia, nada es normal con los Baltar.

Hablamos con José Precedo, director adjunto de elDiario.es y con muchos años de experiencia en Galicia, sobre cómo y por qué esta dinastía ostenta el poder absoluto en el PP de Ourense desde hace tres décadas, y con Pedro Águeda conocemos los detalles del último suceso relacionado con Manuel Baltar, pillado por la Guardia Civil circulando a 215 kilómetros por hora conduciendo su coche oficial.

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El expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar se encuentra ingresado en el hospital universitario de Ourense a causa del coronavirus. El que fue jefe de la organización provincial durante 25 años, llegó el pasado domingo al centro hospitalario con síntomas compatibles con la COVID-19.

Baltar, de 79 años, se encuentra retirado de la vida política después desde antes de que, en 2014, fuera inhabilitado durante nueve años a causa de sus enchufes masivos en la Diputación. Fue condenado por un delito de prevaricación. A pesar de su salida de la Diputación para recalar en el Senado en 2012, el apellido Baltar sigue mandando en el órgano provincial, que preside su hijo, José Manuel, quien también lo sucedió al frente del PP de Ourense.

Con el relevo en los cargos, también se han perpetuado las maneras de los Baltar a la hora de gestionar la contratación del personal público, según confirma la sentencia que condena a la Diputación de Ourense a anular un concurso de promoción interna en el que se vulneraron los principios de igualdad y no discriminación.

En otoño de 1989 el tripartito que apenas dos años antes había tumbado el débil Gobierno gallego de Alianza Popular se ponía a prueba en las urnas. El PSdeG, que lideraba la peculiar alianza completada por Coalición Gallega -escindida de la propia AP con el impulso de tránsfugas- y el PNG, había logrado el que aún ahora es su mejor resultado en el Parlamento gallego, con 28 escaños. Pero el PP, liderado por un Manuel Fraga debutante en la política autonómica, consiguió los 38 diputados que marcan el umbral de la mayoría absoluta.

Las posteriores hagiografías acabarían retratando la victoria que inauguró el fraguismo como aplastante, pero realmente fue muy ajustada y en ella fue clave la provincia de Ourense, la misma en la que tres décadas después peligra ahora el poder absoluto de los populares. Allí, entre votos sospechosos que el PSOE había amagado con recurrir ante la Justicia -proceso que la dirección del partido acabaría frenando en lo que fue interpretado como un afán de Felipe González por asegurar que Fraga se quedaba en Galicia-, el Partido Popular recién refundado había asegurado su mayoría absoluta. Lo hacía en gran medida gracias a su coalición con Centristas de Galicia, la formación en la que pocos meses después emergería definitivamente como líder José Luis Baltar, que había logrado colocar como primer presidente del Parlamento del fraguismo a Victorino Núñez mientras él se quedaba con su puesto en la presidencia de la Diputación de Ourense.

Comenzaba así una provechosa alianza que orgánicamente derivó poco después, en 1991, en la integración de Centristas en el PP. Pero lo de Baltar con el PPdeG nunca fue una disolución, sino una coalición de intereses. El barón ourensano aseguraba el enorme granero de votos engrasado desde la presidencia de la Diputación y el patrón de la derecha española dejaba hacer en todo lo demás. Incluso padeciendo desafíos y amenazas de escisión a modo de exhibición de poder que nunca llegaron a mayores. El apellido Baltar se convertía de este modo en piedra angular de la inmensa maquinaria desplegada por el PP en Galicia durante los años 90 y así ha seguido siendo, con más o menos turbulencias, hasta las últimas elecciones municipales. El 26M el PP de Ourense perdió la mayoría absoluta en la Diputación provincial. La piedra angular del poder del PPdeG tiene, ahora sí, una grieta.

“Baltar o fillo no es Baltar”

Baltar o fillo no es BaltarQuien ahora ha perdido la mayoría absoluta del baltarismo ha sido José Manuel Baltar, hijo del autodenominado “cacique bueno”, quien en 2012 había recibido de su padre a presidencia de la Diputación a modo de legado político. Dos años antes, en 2010, el padre ya había transmitido al hijo la presidencia del PP de Ourense en un Congreso provincial que acogió el único intento real de Alberto Núñez Feijóo por tumbar a la saga. La cúpula del PPdeG había escogido para enfrentarse a los dos Baltar al entonces alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez, cuyo equipo no había ahorrado acusaciones de caciquismo durante el proceso. Pero la operación de Feijóo acabó en fracaso y Baltar hijo, triunfando en un cónclave antes del cual, según dio por probado la justicia en 2014, Baltar padre había enchufado 104 personas en la Diputación, muchas de ellas vinculadas a la trascendental votación.

El fundador de la saga actuaba como cacique -“bueno”, añadía- y no ocultaba, sino todo lo contrario, su capacidad para repartir pequeños o grandes favores por toda la provincia mientras, al son del trombón, cantaba aquello de “Si no eres del PP, jódete, jódete”. Mientras esto sucedía, su heredero, que acompañaba con un bombo el trombón de su padre en aquellas charangas, acumulaba cargos públicos desde poco después de terminar la carrera de Derecho en 1992. Asesor de la Consellería de Agricultura, delegado provincial de este mismo departamento, diputado en el Parlamento autonómico y, poco después, vicepresidente del mismo.

A pesar de no ser posible explicar el ascenso del hijo sin el influjo del padre, cuando llegó a la presidencia de la Diputación quiso hacer ver que comenzaba una nueva era con una nueva imagen. La imagen de Manuel Baltar, el presidente del “Gobierno Provincial”, como suele referirse a la Diputación, una institución a la que presentó como adalid de la transparencia. “Baltar o fillo no es Baltar” [Baltar el hijo no es Baltar], se cantaba en el irónico Festival Intercultural do Barbanha mientras el heredero anunciaba innovadores planes de control y transparencia y aseguraba sentir “asco” por cualquier tipo de práctica corrupta. Pero también mientras las pesquisas de la eterna operación Pokémon sembraban dudas sobre la financiación del PP ourensano en la etapa de su padre.

Sustos judiciales, fatiga de materiales

Pero la imagen que el segundo Baltar quiso proyectar de sí mismo comenzó a sufrir erosiones no solo por ser heredero de quien es. En el año 2015 una mujer lo denunciaba asegurando que le había ofrecido un puesto de trabajo en la Diputación a cambio de sexo. La denuncia, revelada por eldiario.es, acabó en imputación judicial de Baltar hijo pero también de Baltar padre por ser todavía presidente en el momento de los hechos. Pero el caso quedó en un susto judicial para ambos, ya que en 2017 la jueza instructora lo archivó al no ver “suficientemente justificado” que lo sucedido hubiese sido constitutivo de delito.

Aquel proceso judicial había servido, no obstante, para devolver al debate público la cara menos simpática del baltarismo. Para que, casi siempre por lo bajo, resurgieran en Ourense voces que recuerdan que por detrás del trombón, los repartos de favores y los edificios con incontables porteros hay también férreo control político, mediático y social y obstáculos múltiples para los no afines. Los materiales del baltarismo comenzaban a mostrar tras tres décadas una fatiga que ha quedado plasmada en las urnas aunque el PP haya vuelto a ser primera fuerza de la provincia el 26M.

José Manuel Baltar se aferra a esa condición de primera fuerza para defender su derecho a retener el poder. También al hecho de que la pérdida de la mayoría absoluta haya tenido gran parte de su origen en Ourense ciudad, donde el ex-conselleiro Jesús Vázquez, colocado por Feijóo, sufrió una fuerte caída tras cuatro años de turbulenta alcaldía. Pero, de cualquier modo, lo cierto es que el baltarismo ya no es lo que era, porque su poder ya no es absoluto y la propia continuidad de Baltar en la presidencia de la Diputación ya no depende enteramente de él sino también, al menos, de lo que determine la dirección de Ciudadanos, a quien el PP ourensano ofrece pactar. Todo, a menos de un año de unas elecciones gallegas en las que el granero ourensano volverá a ser trascendental.

En 2008 el cura Benigno Moure fue condenado a cinco años de prisión por apropiación indebida continuada. El tribunal consideró probado que entre 1998 y 2001, mientras Moure presidía la ourensana Fundación San Rosendo, engañó a una mujer con alzheimer ingresada en uno de los geriátricos que gestionaba, arrebatándole todo su dinero -un total de 573.673 euros-, ingresándolos en la cuenta bancaria de la entidad, y que también traspasó a la Fundación la titularidad de unas 60 propiedades. Moure sí fue absuelto de los delitos de estafa y falsificación de documento público y mercantil.

A pesar de la sentencia judicial firme, la Diócesis de Ourense y el Partido Popular presionaron para que Moure no ingresara en prisión, llegando a convocar una manifestación en 2011. Finalmente, el cura sí pasó por la cárcel de Pereiro de Aguiar, pero sólo durante dos meses. Un castigo simbólico que rápidamente fue sustituido por la colocación de una pulsera magnética del tobillo del condenado, para garantizar que pernoctase en su vivienda. Un año más tarde la Junta de Prisiones le retiró el tercer grado y la pulsera, dejándolo en libertad. De nada sirvieron las protestas del sobrino de la mujer estafada, que denunció el trato de favor a Moure y pidió -sin éxito- que le fuesen retiradas distinciones como la Medalla Castelao, concedida durante los gobiernos de Manuel Fraga.

Benigno Moure siguió presidiendo la Fundación San Rosendo durante la investigación y el juicio, y lo hizo incluso hasta el año 2011, cuando la sentencia firme lo inhabilitó legalmente para ocupar esta posición. Sin embargo, Moure dejó de ser presidente para ser presidente de honor, manteniendo una posición de reconocimiento social a pesar de su probada apropiación indebida. Este martes el cura fue objeto de un homenaje por parte de la Fundación, durante la presentación de las actividades que la entidad desarrollará a lo largo de este 2017.

La Fundación, que celebra su 25 aniversario, anunció la convocatoria de la primera edición de las Becas Benigno Moure, “en reconocimiento a la labor que su fundador impulsó durante los últimos 25 años a favor de los colectivos más desfavorecidos de Galicia”. En el acto, Moure destacó el método de trabajo desarrollado en los centros geriátricos de la entidad, basado en el “cuidado personalizado” y en que los usuarios y usuarias “siempre tengan algo que hacer”.

Cuando la defensa del reo se convirtió en una cuestión política para el PP

Benigno Moure no era un cura cualquiera cuando cometió el delito. Moure había presidido Cáritas-Ourense hasta que en 1992 fundó la Fundación San Rosendo, casi como una escisión de la organización religiosa. A través de la Fundación construyó un verdadero imperio económico a través de los servicios asistenciales geriátricos y para discapacitados físicos y psíquicos. Hoy la entidad cuenta con 70 centros y alrededor de 1.600 trabajadores y trabajadoras. Moure, además, era administrador único de los balnearios de Laias, Arnoia y Lobios. A través de la Fundación y de sus numerosos conciertos y subvenciones, Moure mantenía un estrecho contacto con la administración, además de ser muy próximo personalmente a Manuel Fraga, que lo galardonó con la Medalla Castelao y con la Medalla de Plata de Galicia.

La anciana a la que Benigno Moure le quitó todo su patrimonio había ingresado en 1998 en la residencia Os Gozos, en Pereiro de Aguiar (Ourense), junto con su marido, procedentes ambos de O Carballiño. Dos años más tarde el hombre falleció y Benigno Moure presentó una petición ante la Fiscalía para que la mujer fuera declarada incapacitada, algo que también hizo el único sobrino de la mujer, que denunció a través de Interviu que “mi tía no tenía descendientes, así que cuando el cura supo que había un heredero, se dio prisa para quedar con los bienes”. La incapacidad fue aceptada en 2001 en favor del sobrino, pero en ese momento los más de 500 mil euros de la mujer ya estaban en las cuentas bancarias de la Fundación, lo mismo que un buen número de propiedades, algunas de las cuales (varias fincas y una vivienda) fueron vendidas. La sentencia del tribunal consideró probado que Moure “aprovechó el deterioro progresivo e irreversible de la capacidad intelectiva de la anciana”. Además, el dictamen condenó también a un notario, que había colaborado con Moure en el proceso.

La Fiscalía solicitaba 14 años de cárcel para el cura, y la acusación particular elevaba la petición a 40 años de prisión, por lo que la sentencia (5 años de cárcel, 3 de inhabilitación y el reingreso del dinero) fue considerada insuficiente por el único heredero de la víctima, que en los años siguientes batalló en varias direcciones, para asegurar por una parte el ingreso de Moure en la prisión y para que fuesen retiradas todas las distinciones honoríficas que poseía, un asunto que también llegó al Parlamento gallego a través del BNG. Sin embargo, la respuesta a esta demanda fue negativa.

Si el sobrino hacía presión por su lado, por el otro la cúpula provincial del Partido Popular, la Diócesis de Ourense (encabezada por el obispo Luis Quinteiro Fiuza) y la propia Fundación San Rosendo hacían lo mismo. El 15 de julio de 2011 llegaron a convocar una manifestación para pedir que Moure no ingresara en prisión. Asistieron desde el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, el entonces portavoz del partido en Galicia Antonio Rodríguez Miranda, el diputado en el Congreso Celso Delgado, hasta el portavoz popular en la ciudad de Ourense, Rosendo Fernández. Además de alcaldes, concejales, o los presidentes de la Confederación de Empresarios, de la Cámara de Comercio, o de los constructores ourensanos.

En el acto, en el que Baltar fue aclamado por los casi dos mil asistentes, como relataba Cristina Huete en la crónica publicada en su momento en El País, el presidente de la Diputación pidió el perdón para el cura condenado: “Es cierto que pudo cometer algún error, pero debe pesar más su larga trayectoria buena que la mala”. Moure acabaría entrando en la cárcel como castigo a su delito, pero sólo de forma testimonial, quedando libre a los dos meses. Y, como parece a la vista de los reconocimientos que sigue recibiendo, ha sido rehabilitado socialmente por el sector que siempre miró hacia otro lado ante su quebranto de la lei.

Entre éxitos electorales, un nuevo revés judicial. Seis meses después de no lograr sacar adelante la causa de nulidad del caso en el que está investigado -antigua imputación- y apenas dos meses después de la campaña electoral en la que el PP de Ourense fue uno de los sustentos fundamentales de la nueva mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo -cuatro puntos, casi 3.500 votos y un escaño más que en 2012 en la provincia- el líder del partido y titular de la Diputación, José Manuel Baltar, acaba de conocer que sigue sin poder frenar el caso y que, además, tendrá que seguir respondiendo ante el juzgado por un presunto delito de acoso sexual añadido a los de supuestos cohecho y tráfico de influencias.

El Juzgado de Instrucción número tres de Ourense, que investiga la denuncia de la presunta oferta de empleo a cambio de sexo realizada por Baltar, dictó el pasado día 9 un auto que, según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, rechaza dar por prescrito el delito de acoso, tal y como solicitaba la defensa del político del PP. Concretamente, el abogado del popular apelaba a los artículos 130 y 131 del Código Penal para reclamar la “extinción de la responsabilidad criminal por prescripción”, si bien la jueza Eva Armesto considera que “no ha lugar” a esa declaración porque los hechos que investiga, según la denunciante, comenzaron en 2010 y se extendieron hasta el propio año 2015, por lo que no se ajustan al plazo de prescripción de cinco años. La magistrada se basa, entre otras pruebas, en los mensajes y grabaciones publicados en exclusiva por eldiario.es.

De este modo el caso sigue adelante y, además, con nuevos testimonios. Serán los de cinco personas “relacionadas con la mesa electoral” ubicada “en el edificio conocido como Casa de Chocolate” -una sede administrativa de la Xunta- de Ourense en la jornada de las elecciones autonómicas de 2012, en la que según la investigación la mujer que denunció a Baltar, también investigada en el caso, participó cómo apoderada del PP. El objetivo de estas citaciones, especificadas en una providencia dictada el propio 9 de noviembre, es establecer la relación de dependencia o prestación de servicios“ entre la mujer yBaltar.

Estas declaraciones, indica el TSXG, se producirán el próximo día 22. Será, por lo tanto, prácticamente dos meses después de que, también imputado, compareciera ante la jueza José Luis Baltar, padre y antecesor del líder del PP de Ourense tanto en el partido como en la Diputación. En aquella declaración Baltar Pumar redujo el caso a un “chantaje” de la mujer a su hijo. Según reveló tras aquella declaración el abogado Miguel Caride, que representa en el proceso al partido Democracia Ourensana como acusación particular, el ex barón “negó todo” lo que le es imputado y explicó que, mientras fue presidente, era habitual que se “le acercara mucha gente” para “pedirle favores”.

A pesar de a la controversia política generada por la presunta oferta de empleo a cambio de sexo el PP decidió no actuar contra José Manuel Baltar desde que explotó el caso, hace un año, con su publicación en este diario. Así, durante la campaña de las elecciones autonómicas el líder ourensano compartió numerosos actos con Feijóo y con Mariano Rajoy, ante quien alardeó de su poder, y previamente la dirección del PP gallego sugirió que sólo le exigiría responsabilidades a Baltar en caso de que sea condenado judicialmente. El nuevo paso en el proceso judicial ha trascendido este mismo miércoles, poco después de que finalizara en la sede de la Diputación ourensana el debate sobre el estado de la provincia.

José Luis Baltar Pumar, de nuevo ante los tribunales. Apenas dos años después de haber sido condenado por enchufar en la Diputación de Ourense en 2010 a 104 personas ligadas al PP a las puertas del congreso del PP ourensano en el que el baltarismo tumbó al candidato avalado por Alberto Núñez Feijóo, el antecesor y padre del actual presidente del partido y de la institución provincial tiene que volver a responder ante la justicia por su gestión del personal en aquellos años. En esta ocasión, por la presunta oferta de un puesto en la Diputación a cambio de sexo que una mujer le atribuye a José Manuel Baltar Blanco también en 2010, cuando el actual líder ya ascendía en el partido pero era su padre quien aún dirigía el gobierno provincial.

Como antaño, Baltar Pumar ha accedido a los juzgados ourensanos traspasando en silencio la nube de periodistas que esperaban por él. Al finalizar no ha sido él, sino su abogado, quien ha negado ante la prensa los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias que le atribuye la jueza. El político jubilado, dice el letrado, ha respondido de manera “contundente” a “todo” lo que la jueza le ha preguntado y ha intentado hacerle ver que “todo esto es un chantaje por parte de una señora”, la denunciante, también investigada en la causa por presunto soborno.

El representante de Baltar Pumar basa su acusación en una de las conversaciones difundidas en exclusiva por eldiario.es, en la que la denunciante insiste en que Baltar hijo no ha cumplido su promesa de encontrarle trabajo en la Diputación. En esa grabación, ahora integrada en la instrucción del caso, el exdirigente del PP se lamenta de que en ese momento haya “gente procesada” por intermediar en una “recomendación”. Esa conversación, dice el abogado, finaliza “con un chantaje claro”.

La versión de la defensa de Baltar difiere en varios puntos de la ofrecida a la salida de los juzgados por otro abogado, Miguel Caride, que representa al partido local Democracia Ourensana tras personarse en la causa como acusación particular. El antiguo líder del PP de Ourense, asegura, sólo ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de la defensa -el Ministerio Público llegó a archivar el caso- y lo ha hecho para “negarlo todo”, si bien no ha señalado que haya sido mentira la conversación con la denunciante, toda vez que explicó que, mientras era presidente, era frecuente que se le “acercara mucha gente” para “pedirle favores”.

La instrucción del caso Baltar sigue adelante después de una campaña electoral en la que el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, así como Mariano Rajoy, han compartido diversos actos y han apoyado abierta y públicamente la continuidad de José Manuel Baltar en su cargo. En esta línea, antes de la carrera electoral la dirección de los populares gallegos ya había advertido de que sólo actuarían contra quien es responsable de uno de sus fundamentales graneros de votos en caso de que fuera condenado. La anterior investigación al baltarismo por enchufes en la Diputación, la de 2014, terminó con una condena de nueve años de inhabilitación al patriarca que, al estar ya retirado, se convirtieron en una sentencia sin consecuencias prácticas.

En otoño de 2014 la prolongadísima instrucción de la operación Pokémon dio su enésimo giro, en este caso hacia el PP de Ourense. La jueza Pilar de Lara se apoyaba en la declaración y en la documentación aportada al juzgado por el exgerente del partido en la provincia, Emilio Pascual, para indagar en el que consideró una presunta financiación “ilícita” a través de un “elaborado sistema de facturación falsa y ficticia” que daría lugar a una caja B utilizada, decía, desde el año 2003. La investigación se ha venido ampliando durante casi dos años y ahora desembocará en los juzgados ourensanos, toda vez que la Audiencia Provincial de Lugo acaba de hacer fracasar el enésimo intento de José Luis Baltar, exlíder y padre del actual presidente del partido y de la Diputación, para frenar el proceso.

El alto tribunal lucense acaba de rechazar definitivamente el recurso en el que la defensa de Baltar padre apelaba a diversos argumentos con el objetivo de que la causa no continuara, tales como la prescripción de los presuntos delitos de falsedad de cuentas o que no habría lugar a la comisión de cohecho porque el exbarón actuaba en calidad de presidente del partido, y no de cargo público. En una providencia dictada el pasado día 20, a la que ha tenido acceso eldiario.es, De Lara da cuenta de la decisión de la Audiencia y resalta que queda “confirmado” su auto de junio de 2015 en el que, como informó este diario, le atribuía a Baltar cuentas falsas en el partido, cohecho y delito electoral.

Al contrario de lo que ha venido sucediendo en la mayor parte de las múltiples ramas de la operación Pokémon, la investigación de la presunta caja B del PP de Ourense no se quedará en los juzgados de Lugo. Como ya había avanzado en su auto de 2015, al tratarse de delitos presuntamente cometidos íntegramente en Ourense, tienen que ser los juzgados ourensanos los que los aborden en una pieza separada. Por eso la jueza ordena que, al ser “firme” la resolución, se “proceda al registro e incoación de las correspondientes diligencias” para “darles el destino correspondiente”, esto es, los juzgados de Ourense, en los que Baltar padre e hijo están siendo investigados, paralelamente, por presuntos delitos de soborno y tráfico de influencias en la causa abierta por la denuncia de la mujer que acusa el actual presidente de la Diputación de ofrecerle empleo a cambio de sexo.

“Fondos opacos” para pagar campañas

En los últimos dos años la jueza De Lara dio por “refrendada” la existencia de la 'caja B' del PP ourensano en varios autos basados tanto en los testimonios del exgerente como en las indagaciones de Vigilancia Aduanera y también en “abundante documentación”. El sistema que, según la jueza, fue “corroborado” por los investigadores, consistiría en encubrir gastos del partido abonados en metálico con dinero procedente de diversas empresas, algunas de ellas del grupo Véndex, considerado núcleo de la trama Pokémon. El “encargado de recoger personalmente el dinero, teóricamente abonado en concepto de donación” sería Baltar padre, según la jueza.

Esos pagos, dice la instrucción, han sido admitidos por “distintas empresas” y “empleados del partido han reconocido”, por su parte, que el dinero no reflejado en la contabilidad oficial había servido para pagarles durante años “gratificaciones extraordinarias”, sobresueldos. Todo, agregaba en un auto de hace un año, sin que hubiera de por medio “ninguna anotación contable ni movimiento bancario que pueda justificar dichos pagos”.

La hipótesis en la que se sustenta la investigación se apoya también en declaraciones de antiguos miembros de las listas electorales del PP ourensano a los que Vigilancia Aduanera les tomó declaración y cuyos nombres figuraban en facturas de las empresas investigadas. Los candidatos aseguraron que “nunca habían concertado servicio alguno con las empresas”, de lo que cabe concluir, según De Lara, que “seria el propio partido el que hizo los encargos y quien, finalmente, abonó las facturas” por conceptos como publicidad electoral. Sólo un candidato negó las acusaciones, el actual vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, quien según la jueza “manifestó que sí reconoce la factura”, que correspondería a un pago “a una empresa de publicidad” a la que le pagó “con dinero que tenía en la casa desde un año antes”.

Con todo este contexto serán los juzgados de Ourense los que tengan que dilucidar si, como cree De Lara, el PP de Ourense contó “con una estructura paralela de gestión económica a modo de caja B”, con movimientos de dinero sin “respeto” por las “prohibiciones y limitaciones establecidas en la legislación reguladora de la financiación de los partidos políticos”. Es necesario aclarar también, indicó De Lara, si José Luis Baltar “pudo estar lucrándose con este sistema”.

El caso Baltar llega al patriarca de la saga. José Luis Baltar, padre del actual presidente de la Diputación de Ourense y del PP en esa provincia, José Manuel Baltar, tendrá que declarar el próximo 8 de junio en calidad de investigado -antigua imputación- en la investigación que el juzgado de instrucción número 3 de Ourense desarrolla contra su hijo por, presuntamente, haberle ofrecido a una mujer empleo en la institución provincial a cambio de sexo.

Tal y como reveló en exclusiva eldiario.es, el actual líder de los populares ourensanos -que revalidó su cargo en el partido a principios de año- fue acusado por una mujer de haber realizado el ofrecimiento ahora investigado cuando la Diputación todavía era presidida por su padre. Esta investigación, que Baltar hijó intentó detener infructuosamente, derivó en que acabase investiado por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias sin que la jueza descarte, al menos de momento, el de acoso sexual.

En una providencia notificada este martes la jueza Eva Armesto le imputa los mismos presuntos delitos a Baltar padre. Veinticuatro horas antes de la declaración del que fuera líder del PP de Ourense hasta 2010, condenado en 2014 por 104 enchufes en la propia diputación, tendrán que declarar en calidad de testigos el asesor jurídico de la entidad “en el momento de los hechos que se investigan” y el “representante” del hotel en el que, supuestamente, se realizó el ofrecimiento.

Posible “causa compleja”

En la misma providencia en la que dicta estas nuevas citaciones la jueza Armesto se dirige también a la Fiscalía para que, según confirma el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, “se pronuncie” sobre la posible declaración de este proceso como “causa compleja”. Esta declaración supondría, en virtud de la reforma de al ley de enjuiciamiento criminal, que la magistrada disponga de hasta 18 meses para realizar su instrucción, en lugar de tener que ceñirse a un plazo de seis meses.

Este nuevo giro en la investigación se produce apenas tres semanas después de que la instructora del caso tomase declaración, también en calidad de investigado, al jefe de personal de la Diputación ourensana, el también alcalde de Monterrei por el PP José Luis Suárez. Como informó este diario, el testimonio de Suárez ya había sido determinante para la condena a Baltar padre por los enchufes realizados poco antes de cederle a su hijo el liderazgo del partido en la provincia.

Pese a la extensión del caso José Manuel Baltar ha venido manteniendo desde su estallido que este es un asunto unicamente “personal” y ha venido advirtiendo, además, de que emprendería “acciones legales” al respecto que por el momento no se han concretado. En este contexto Baltar hijo fue reelegido líder del PP de Ourense el pasado marzo con el 95% de los votos y el apoyo explícito de Alberto Núñez Feijóo y de Andrea Levy, en representación de la dirección estatal del partido. La investigación judicial fue también telón de fondo, a principios de mayo, del congreso del PP gallego en la capital ourensana, en el que el propio Baltar ejerció como anfitrión tras habérselo solicitado expresamente a Feijóo.

En las hagiografías de Alberto Núñez Feijóo se suele pasar de largo por el 31 de enero de 2010. Aquel domingo el líder del PP gallego, que presidía la Xunta desde hacía nueve meses, acudió al ourensano pabellón de Os Remedios para vivir su más sonada derrota interna. El partido celebraba su congreso provincial y el entorno más cercano a Feijóo había impulsado una candidatura para derribar a José Manuel Baltar, que se disponía a sustituir en la presidencia a su padre, José Luis Baltar.

El candidato de Feijóo obtuvo 433 votos y el heredero del barón provincial, 723, un vapuleo en toda regla que permitió a la familia Baltar mantenerse en la cúspide del poder de uno de los graneros de votos esenciales para la dirección del PP gallego, la misma que ahora intenta digerir el escándalo generado por la denuncia de una mujer que, tal y como desveló eldiario.es, acusa a Baltar hijo de haberle ofrecido un puesto de trabajo en la Diputación a cambio de sexo.

El presidente de la Xunta ha intentado, sin éxito, justificar en los últimos días a su barón provincial de un modo que, lejos de enfriar la polémica, la ha avivado. El escándalo aumenta su dimensión y amenaza con perseguir a Feijóo en plena precampaña de las elecciones generales.

Este martes, mientras el grupo del PP en la diputación ourensana decidía, con Baltar al frente, ausentarse del pleno que debatía monográficamente la reprobación del presidente por este asunto, el Parlamento gallego configuraba el orden del día del pleno de la semana que viene, uno de los últimos antes del 20-D. En ese documento figura que todos los grupos de la oposición con derecho a participar en la sesión de control al presidente, PSdeG, AGE y el Grupo Mixto, instarán a Feijóo a aclarar si apoya o no que Baltar continúe en su cargo y, además, a explicar si mantiene, como afirmó la semana pasada, que la cuestión en este caso es que la denunciante “pretendía que el señor Baltar delinquiese, y no delinquió”.

Feijóo, dice el portavoz socialista, José Luis Méndez Romeu, tendrá que explicar “si respalda la actuación de un presunto agresor y, por lo tanto, ampara un caso de violencia de género”. A la oposición, advierte, no le vale con las “increíbles” justificaciones ofrecidas hasta ahora por Feijóo, porque equivalen a avalar una “política de contratación”, la de la Diputación de Ourense, “caracterizada por el nepotismo y ahora, también por las denuncias de violencia de género”. En un sentido semejante, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, avanza que cuestionará a Feijóo por el apoyo a Baltar y su “machismo”.

El gabinete de Feijóo tendrá que responder al menos una cuestión más sobre el mismo asunto en el mismo pleno. Será la formulada por el BNG, que en virtud de las normas parlamentarias aprobadas la pasada primavera, no puede participar en todas las sesiones de control al presidente. No obstante, en el turno de preguntas al resto de miembros del Gobierno, el Bloque cuestionará al Ejecutivo -tendrá que responder el vicepresidente o uno de los conselleiros- por lo que considera “un presunto delito de acoso sexual” atribuido a Baltar y también por el “amparo al acosador” por parte de Feijóo, quien a juicio del portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, ha llegado a “convertir a la víctima en culpable”.

En este contexto, mientras el PP de Ourense sigue dando la batalla por defender a su líder al margen de los argumentarios de la dirección gallega y de la madrileña calle de Génova, en la cúpula del PPdeG cunde la preocupación por la erosión que este escándalo pueda causar en sus expectativas electorales a poco más de un mes para las generales.

“Es evidente que va a incidir” en la campaña, reconoce el portavoz de los populares en la Cámara autonómica, Pedro Puy. No obstante, forzar la dimisión de Baltar o simplemente amagar con hacerlo podría traer consigo unas consecuencias electorales todavía más perjudiciales para el partido si, por ejemplo, el baltarismo decide que sus 60 alcaldes -Ourense tiene 92 ayuntamientos- deciden no implicarse en la maquinaria electoral y evitan esforzarse en exceso para revalidar los 3 diputados que actualmente tiene en la provincia, que elige cuatro.

El jefe del clan Baltar estaba al tanto de todas las negociaciones con la mujer que denunció a su hijo por ofrecer trabajo a cambio de sexo. José Luis Baltar se reunió en varias ocasiones con la denunciante, a la que ahora dice no conocer. Se trata de encuentros celebrados en plena calle a lo largo de 2015, motivados por la negativa de José Manuel Baltar de cumplir la parte del trato que una noche de 2010 les reunió a ambos en una suite del Hotel Francisco II.

La grabación se produce tras cinco años de promesas incumplidas y después de que las relaciones entre Baltar hijo y la denunciante se hubieran enrarecido.

eldiario.es ha tenido acceso a los registros de varias de las conversaciones entre la mujer y el patriarca del clan Baltar. El siguiente audio corresponde a los primeros meses de 2015. José Luis Baltar mantiene la promesa de conseguir un trabajo para la mujer, pero se disculpa por las dificultades que la justicia ponía ya en esas fechas al enchufismo que practicó durante todo su mandato. “Ni se puede hablar por teléfono”, se queja Baltar Pumar. Mira cómo la gente está procesada simplemente por llamar y pedir una recomendación“, concluye el jefe del clan. Antes de la despedida, una nueva promesa: ”Yo ya te lo miro mañana“.

En septiembre de 2015 se produce el último contacto entre el ya expresidente José Luis Baltar y la mujer que ha denunciado a su hijo. Han pasado cinco años pero las promesas se suceden. Baltar padre justifica los reiterados incumplimientos: “A mi hijo no lo quiero meter en los ríos en los que yo me metí”. A pesar de todo, una vez más, los Baltar tienen un nuevo compromiso. “Hay que tener paciencia y te lo conseguiré cuando pueda”, aclara el jefe del clan. La denunciante no se cree las promesas e insinúa su primer ultimatum en cinco años. José Luis Baltar responde: “Llegados a este punto, te mando a la mierda”.

A pesar de la frecuencia de los contactos, tanto Baltar padre como su hijo han declarado ahora no conocer a la mujer que los denuncia ni recordar nada de los hechos que figuran en las grabaciones adelantadas en exclusiva por eldiario.es. El Partido Popular espera desde Madrid una explicación de Baltar. En Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha preferido ponerse de perfil y evitar condenar los hechos que se vinculan a su barón en Ourense.

La noticia que ha publicado este martes en exclusiva el diario.es sobre el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, ha causado gran incomodidad en el PP, justo en un momento en el que todos sus dirigentes están realizando un balance positivo de la gestión del Gobierno e intentan apartar los numerosos casos de corrupción que afectan al partido de Rajoy. Pese a todo, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, no ha dudado en calificar los hechos como “repugnantes”, si se confirma que “son ciertos”, ha apostillado.

Según la denuncia que ha presentado una mujer ante la fiscalía, el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, le prometió un trabajo fijo si mantenía relaciones sexuales con él y, “ante la necesidad del puesto”, accedió a ello. eldiario.es se ha hecho eco de la denuncia aportando pruebas documentales y audios en los que se demuestra el comportamiento de Baltar.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del PP, además de calificar los hechos de “repugnantes, si son verdad”, se ha mostrado partidario de que Baltar “dé su versión” públicamente. “Claro que sí, tendrá que contestar”, ha dicho Hernando.

Por su parte, Alberto Garzón, ha asegurado que es “aberrante todo lo que se describe en la noticia de eldiario.es”, medio al que ha felicitado por su trabajo y “por desvelar casos como éste”. “Nos parece alarmante y terrible que un representante público utilice su poder para aprovecharse sexualmente de una persona”, ha añadido el canditado a la presidencia del Gobierno de IU.

Garzón, no obstante, ha confesaso no sentirse “demasiado sorprendido” por una actitud “machista, muy clásica entre los caciques gallegos del PP”. “Queremos saber la verdad y exigimos a Baltar que, además de pasar por los juzgados, asuma las responsabilidades que se deriven del caso”.

No es posible definir a José Manuel Baltar (Ourense, 1967) sin aludir a su padre, José Luis Baltar. El autodenominado “cacique bueno” fue amo y señor de Ourense durante las más de dos décadas que presidió la Diputación, institución que le legó a su hijo en enero de 2012, dos años después de cederle el control del partido en la provincia. La debacle general del PP gallego en las elecciones del 24M, con el peor resultado municipal en Galicia desde que existe el partido, provocó que el tradicional dominio popular en Ourense reforzase internamente al líder provincial, que ahora se erige en modelo de gestión “transparente” y “vanguardista” mientras en los tribunales se mantiene la sombra de la duda sobre la gestión de su padre y, colateralmente, sobre la suya.

Pese a no haber llegado a los 50 años de edad, Baltar Blanco acumula más de dos décadas de cargos públicos y partidarios. Un año después de terminar la carrera de Derecho, en 1992, ya ejercía como asesor de la Consellería de Agricultura de la Xunta, en la que nada más entrar en la treintena ya ejercía como delegado provincial en Ourense. Eran los años en los que 'O neno' [el niño], como es conocido entre partidarios y detractores por ser hijo de quien es, celebraba las victorias del Real Madrid llegando a las instalaciones ourensanas de la Xunta luciendo la bufanda del equipo madridista y repartiendo pasteles de merengue.

Mientras se definía como apasionado de la política Baltar Blanco dio el salto a la escena autonómica como diputado en la última legislatura de Manuel Fraga. Entonces el PP de la boina, el que se había revestido de un pátina galeguista mientras garantizaba graneros de votos como el ourensano, era el inspirador de las romerías-mitin en las que altos cargos de Génova, caso de José María Aznar o Mariano Rajoy, se sentían poco menos que extraterrestres mientras Baltar padre tocaba el trombón y Baltar hijo, el bombo. La charanga tocaba grandes éxitos como “si no eres del PP, jódete, jódete, si no eres del PP te vuelves a joder”, nada que ver con los gustos musicales de Baltar Blanco, devoto de The Beatles y poseedor de unos calcetines que fueron utilizados por John Lennon.

En los estertores del fraguismo los Baltar fueron protagonistas de uno de los escasos desafíos a la autoridad de Fraga. A finales del verano de 2004 el Gobierno gallego todavía digería las consecuencias de las crisis del Prestige y de las vacas locas y la dirección estatal del partido intentaba recolocarse, con Rajoy al frente, tras la abrupta salida de La Moncloa. En este contexto el baltarismo vio amenazado su dominio por el aterrizaje de figuras fuertemente ligadas a la dirección madrileña como Alberto Núñez Feijóo, y decidió forzar la máquina: cinco diputados del PP de Ourense, entre ellos Baltar hijo, se encerraron en un piso de Santiago amenazando con dejar a Fraga sin mayoría absoluta. Mientras, Baltar padre negociaba con Fraga con la amenaza de escisión sobre la mesa, lo que implicaría volver al escenario de los años 80, cuando AP tenía que negociar con Centristas de Galicia, partido de José Luis Baltar.

Entre amagos de romper la baraja y aplastantes victorias electorales, el trombón y el bombo de los Baltar siguió el compás hasta que en 2009 Feijóo llegó a la Presidencia de la Xunta. A finales de ese año Baltar padre anunció que su retirada estaba próxima y que comenzaría en el congreso provincial de enero de 2010. Baltar hijo, por su parte, confirmó su disposición a suceder al patriarca y, mientras, el círculo más próximo al presidente de la Xunta trazó una estrategia para desbancar al clan ourensano, alimentando una candidatura alternativa que acabo sufriendo una sonora derrota, la única en clave interna que hasta el momento ha sufrido Feijóo. En 2014, ya con O Neno al frente del partido y la Diputación, un juzgado de Ourense condenaba al jubilado Baltar a nueve años de inhabilitación por haber enchufado en la Diputación días antes del congreso que eligió a su hijo a un centenar de personas que, casualmente, tenían derecho a voto en el cónclave de partido.

Desde que ocupa las presidencias que antes fueron de su padre José Manuel Baltar hace gala de su formación académica y habilidad política para controlar resortes caciquiles mientras apela a la democratización de las diputaciones por la vía de la elección directa, o para fichar candidatos municipales en otros partidos dando, simultaneamente, conferencias sobre transparencia y buenas prácticas. El líder del baltarismo 2.0 se declara tranquilo por las acusaciones del exgerente del partido, Emilio Pascual, contra quien se ha querellado por afirmar en sede judicial que el PP ourensano ha manejado dinero negro durante décadas y rechaza que en su diputación se haya practicado el caciquismo de modo generalizado. Si acaso, matizó en una entrevista con ABC, durante años falló la “política de comunicación”.