Dos frases de la nueva ley de servicio militar han desatado un debate en Alemania y también la alarma entre los ciudadanos que recelan del rearme en el que el Gobierno de Friedrich Merz ha metido al país:

“Los hombres mayores de 17 años deberán solicitar una autorización al centro de orientación profesional competente de las Fuerzas Armadas alemanas si desean ausentarse de la República Federal de Alemania por un período superior a tres meses. (…) El servicio militar obligatorio finaliza al término del año en el que el recluta cumple 45 años.”

La obligación de los varones civiles entre 17 y 45 años de informar a una autoridad militar pasó desapercibida en la ley de modernización de la Bundeswehr (ejército alemán), aprobada por el Bundestag el pasado año y que entró en vigor el pasado 1 de enero. A principios de este abril, el diario regional Frankfurter Rundschau publicó la nueva obligación, lo que generó una cascada de titulares fuera y dentro de Alemania.

Más de 30 millones de hombres se ven afectados por esta norma, cuya aplicación fue matizada a posteriori por el ministro federal de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius, ante las críticas y la presión de la oposición. “Ya sea a los 17, a los 45 o a cualquier edad intermedia, por supuesto que todos pueden viajar y, en estos momentos, tampoco necesitan ningún permiso para ello”, dijo Pistorius a la agencia alemana DPA el pasado 8 de abril.

Servicio militar voluntario

El uso de las palabras “en estos momentos” es clave para entender la desconfianza que la ley genera entre la ciudadanía, especialmente entre las generaciones más jóvenes. El ministro de Defensa argumenta que, mientras el servicio militar sea voluntario como ahora, no habrá ningún procedimiento burocrático que obligue al ciudadano a informar a una autoridad militar de su ausencia del país.

El elemento central de la nueva ley es la reintroducción de un reconocimiento médico obligatorio para aquellos varones nacidos a partir de 2008. El objetivo expreso del Gobierno es aumentar así el personal del Ejército alemán hasta aproximadamente el medio millón de soldados a lo largo de la próxima década. En 2035, debería haber entre 255.000 y 270.000 militares en activo, y 200.000 en la reserva, según especifica la ley.

La gran cuestión es qué pasará si el Gobierno fracasa en su intento de duplicar el personal militar a través de un servicio militar, de momento, voluntario. La nueva ley lo deja claro en su primer artículo: “El Bundestag decide sobre la instauración del servicio militar obligatorio en caso de necesidad, en particular cuando la situación en materia de política de defensa o la situación de efectivos de las Fuerzas Armadas lo requieran”.

Es decir, la ley abre la puerta a que el Parlamento federal apruebe la reintroducción del servicio militar obligatorio —eliminado en Alemania en 2011— en caso de que el Ejército considere que no ha alcanzado los objetivos de aumento de personal militar o si la situación de seguridad nacional así lo exige. Ahí es donde se activaría también con total seguridad la obligación de la población civil masculina de informar a la autoridad militar su intención de abandonar el país por más de tres meses.

Mayor ejército convencional de Europa

El telón de fondo de todo el debate es el objetivo expreso de Friedrich Merz de construir el “mayor ejército convencional de Europa”. El canciller conservador argumenta esa meta como medida preventiva ante un posible ataque de Rusia al territorio de la OTAN. Esto se complementa con un giro armamentístico de una parte de la industria alemana, cuyo modelo se encuentra en una crisis estructural por el fin de la llegada del gas barato, la política arancelaria de Trump y la competencia de la tecnología china.

En Alemania preocupan especialmente los tres Estados bálticos —Letonia, Lituania y Estonia—, que los servicios secretos alemanes consideran el talón de Aquiles de la Alianza Atlántica en Europa. De hecho, Alemania ha instalado de manera permanente una brigada de tanques en Lituania que debería contar con casi 5.000 soldados hasta el próximo año.

La matización pública del ministro de Defensa a la obligación de los ciudadanos a reportarse a la autoridad militar en caso de abandonar Alemania por un largo periodo de tiempo demuestra que el Gobierno había subestimado la resistencia a este tipo de medidas entre una parte de la población.

Una encuesta publicada el pasado mes de diciembre por el instituto DeZIM (Centro Alemán para la Integración y la Investigación Migratoria) apunta que la mayoría de la población alemana —el 58%— está a favor de la reintroducción del servicio militar obligatorio. Sin embargo, ese apoyo cae al 30% entre las personas de 18 a 28 años. Las jóvenes generaciones son las que ven con más recelo la vía del rearme tomada por el mayor país de la Unión Europea. Serán las más afectadas.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha dado por terminada la era en la que el 70% del gasto en defensa del país iba a EEUU.

“Se acabaron los días en que el ejército canadiense enviaba 70 centavos de cada dólar a Estados Unidos”, afirmó este sábado en la clausura de la convención nacional del Partido Liberal, celebrada en Montreal. Su frase fue recibida con una sonora ovación de los asistentes, que se pusieron en pie.

“Con nuestra nueva política de 'comprar canadiense', cuando el gobierno federal gaste elegiremos proveedores canadienses por defecto”, expresó también Carney, lo que le reportó otro sonoro aplauso. “Construiremos una Canadá fuerte” con “acero, aluminio, madera y trabajadores canadienses”, añadió, mientras la ovación aumentaba de volumen.

El partido del primer ministro, que actualmente gobierna en minoría, se enfrenta este lunes a tres reñidas elecciones parciales. Ganar solo una de ellas le daría una mayoría, aunque ajustada, y le permitiría gobernar hasta 2029, cuando se celebrarían unas elecciones generales. Por otra parte, en los últimos meses, cuatro diputados conservadores han dejado su formación para unirse al Partido Liberal.

Carney, que lleva solo un año en el poder y como líder de su formación, se ha mostrado firme ante Trump y sus amenazas, como la de imponer a Canadá el pasado enero unos aranceles del 100% si llegaba a acuerdos comerciales con China. El presidente estadounidense, además, habló sin tapujos de anexionarse Canadá e incluso se refirió al primer ministro como “gobernador”, como si el país canadiense ya fuera el territorio número 51 de Estados Unidos.

Días antes de esa amenaza, el discurso del 'premier' canadiense en el Foro de Davos, muy aplaudido por diversos sectores, se hizo viral porque llamó a las potencias medianas a coordinarse para sobrevivir entre los grandes poderes. “Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era parcialmente falsa. Que los más fuertes se eximirían a sí mismos cuando les conviniera. Que las normas comerciales se aplicaban de forma asimétrica. Y que el derecho internacional se aplicaba con mayor o menor rigor dependiendo de la identidad del acusado o de la víctima”, señaló.

Carney añadió que vivimos en un sistema “en el que los más poderosos persiguen sus intereses utilizando la integración económica como arma de coacción”, en clara alusión a Trump. Este recogió el guante y le contestó más tarde en su propia intervención: “Canadá vive gracias a Estados Unidos, recuerda eso la próxima vez que hagas declaraciones, Mark”.

A su vez, Carney contestó días después: “Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses”, declaró a AP. Trump volvió a reaccionar retirando “su invitación para que Canadá se una a la que será la junta de líderes más prestigiosa jamás reunida”. Se refería a la Junta de Paz en la que se incluyó a mandatarios como Milei y Orbán para decidir cómo sería en Gaza el supuesto proceso de una paz que aún no ha llegado al territorio palestino ocupado por Israel.

Todas estas acciones han calado en los canadienses. La mitad de ellos, según una encuesta del medio Politico de febrero de 2026, ya consideraban a EEUU una amenaza mayor para la paz mundial que Rusia. A la vez, casi el 60% de los canadienses aprueba la gestión de su primer ministro, de acuerdo a otra encuesta. En unos días se sabrá si esta corriente de opinión se traduce en un apoyo electoral al partido de Carney.

La alianza con Silicon Valley fue una de las grandes novedades del segundo mandato de Donald Trump. Tras una primera etapa en la Casa Blanca marcada por la animadversión mutua, Elon Musk ejerció de cicerón para que el sector tecnológico pasara de enemigo a principal apoyo del republicano. Para celebrarlo, el nuevo presidente concedió un espacio preferente a estos magnates en su toma de posesión y les convirtió en protagonistas de su primera gran expedición comercial: hasta 30 magnates tecnológicos como Andy Jassy (Amazon), Sam Altman (OpenAI), Jensen Huang (Nvidia), Sundar Pichai (Google), Alex Karp (Palantir) o el propio Musk le acompañaron al Golfo Pérsico, donde cerraron acuerdos sobre inteligencia artificial por 80.000 millones de dólares.

Menos de un año después, Trump ha dinamitado la seguridad de toda la región involucrándose en la guerra de Israel contra Irán. Los renovados intereses de las grandes tecnológicas estadounidenses en la región se han convertido en “infraestructura tecnológica enemiga” para el régimen de los ayatolás, que ha atacado varios centros de datos de Amazon, causando caídas generalizadas de sus servicios en Oriente Medio. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, ha difundido una lista apuntando a otras como Google, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle o Palantir como “nuevos objetivos”.

“Los centros de datos ahora son claramente una infraestructura crítica, como lo han sido los aeropuertos, los puertos o las instalaciones críticas de energía”, explica Javier Borràs, investigador del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB) especializado en el impacto de las tecnologías emergentes en la geopolítica.

Borràs advierte que el daño de estos ataques va mucho más allá de derribar un edificio, ya que en su interior albergan un inmenso capital. “Todos estos chips cuestan millones. No es simplemente que te destruyan una infraestructura, también te destruyen algo que tiene un valor económico muy alto”, subraya.

El Golfo como polo digital

La concentración de estos activos millonarios en Oriente Medio es, de hecho, consecuencia directa del cambio de rumbo en la Casa Blanca. Durante el mandato de Joe Biden, las exportaciones de chips avanzados para inteligencia artificial al Golfo estaban muy limitadas por el temor de que acabaran en el mercado negro chino. Solo los aliados más directos de EEUU y alejados geopolíticamente de China recibían la aprobación para recibir esas exportaciones.

Sin embargo, la expedición comercial liderada por Trump eliminó esas restricciones. Se trata de un apoyo clave para países del Golfo Pérsico como Arabia Saudí, cuyo proyecto a largo plazo pasa por dejar de depender completamente del petróleo y consolidarse como polos tecnológicos y digitales. Los centros de datos hiperescalares para entrenar IA son fundamentales en esa estrategia.

La zona es atractiva para estas multinacionales por el acceso a la energía barata, así como la falta de fiscalización por parte de las autoridades en comparación con otras áreas como Europa.

El plan, no obstante, implica colocar infraestructuras estratégicas de altísimo valor económico al alcance de los drones y misiles iraníes. Una mala idea si luego declaras la guerra a Irán. “Destruyes el centro de datos, pero también si la situación sigue siendo inestable, asustas a todo tipo de inversores que querían invertir en este tipo de infraestructura en el Golfo”, señala el experto. Además, golpear económicamente a las corporaciones de EEUU es una vía directa para torpedear políticamente a la administración Trump.

Los centros de datos de Amazon atacados no provienen de esta última ronda de acuerdos, sino que se construyeron en 2020. No obstante, eran la avanzadilla para el gran despliegue pactado en 2025. “Esperamos contribuir a impulsar la innovación y el desarrollo del talento en todo el reino”, dijo Andy Jassy, CEO de Amazon, durante la ratificación de los acuerdos de inversión en Arabia Saudí.

La fusión entre el negocio militar y el civil

La guerra de Irán no solo ha evidenciado que las infraestructuras de las grandes tecnológicas se han convertido en objetivos militares, también la íntima relación que se ha establecido entre ellas y el Pentágono. Se trata de una apuesta que llevaba años gestándose y que es especialmente visible en aquellas multinacionales y startups con productos avanzados de inteligencia artificial.

“Nuestros adversarios y enemigos están presenciando nuestra capacidad de luchar que ellos no tienen”, ha presumido Alex Karp, director ejecutivo de Palantir, la firma de ciberespionaje y selección de objetivos basándose en el análisis de datos masivos. “Estados Unidos es el centro de la revolución de la IA”, insiste el ejecutivo, cuya empresa no solo se utiliza en ofensivas militares como la de Israel en Gaza o los ataques contra Irán, sino también contra la población civil por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las acciones de Palantir se han disparado un 12% desde que comenzó la guerra.

Atrás quedaron los años en los que los empleados de las grandes tecnológicas llegaban a torcer el brazo de sus empleadoras para frenar este tipo de usos para sus productos. La mayor protesta en este sentido fue la que protagonizaron trabajadores de Google en 2018 contra el Proyecto Maven, con manifestaciones y dimisiones.

Ocho años después, el Proyecto Maven se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de los sistemas de IA construidos para el Pentágono un sistema impulsado por inteligencia artificial construido para el Pentágono. En este proyecto, los sistemas de la empresa Anthropic se encargan de analizar en tiempo real una gran cantidad de datos recopilados en el campo de batalla, mientras que la tecnología de Palantir procesa esa información para decidir qué objetivos concretos deben ser atacados.

Gran parte de los más de 2.000 ataques aéreos ejecutados en Irán durante los primeros días de la guerra se basaron en las listas de objetivos generadas por este sistema, según el New York Times.

Pero gran protesta no ha sido por el uso de la tecnología con este fin, sino por algunas restricciones de seguridad que Anthropic estableció para el uso de armas autónomas o contra la población de EEUU. La reivindicación le valió ser considerada como un “riesgo para la cadena de suministro” por parte del Departamento de Defensa, lo que implica que Anthropic no podrá volver a ser contratada por el Estado.

Anthropic ha reaccionado llevando al Gobierno a los tribunales para que levante ese veto. Es decir, para que su tecnología pueda volver a ser utilizada por el Departamento de Guerra. Tras años en los que Silicon Valley intentaba mantener distancias con el sector defensa, Borràs sostiene que se ha producido una vuelta a los orígenes. “Hay que recordar que muchas tecnológicas nacieron precisamente por las ayudas del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. Ahora se ha vuelto a esto y lo que ha sido una excepción ha sido realmente lo que ha pasado entre esos dos momentos”.

Santa Bárbara Sistemas ha sido la empresa elegida en España para coordinar el proyecto 'AURIGA', una iniciativa impulsada por la Unión Europea (UE) con el objetivo de diseñar y desarrollar el futuro vehículo de combate europeo. El programa forma parte de los esfuerzos comunitarios por reforzar la cooperación militar entre Estados miembros y reducir la dependencia tecnológica de terceros países.

Durante los próximos 36 meses, AURIGA reunirá a una red de socios de 18 países para diseñar, desarrollar y demostrar lo que la Comisión Europea denomina tecnologías disruptivas: avances que marcarán la próxima generación de vehículos blindados de combate, tanto en protección como en movilidad y capacidad para operar en entornos cada vez más complejos.

Según ha informado la propia compañía en un comunicado, junto a Santa Bárbara Sistemas, participarán algunos de los principales fabricantes europeos de defensa, como el grupo industrial italiano Leonardo, la multinacional británica BAE Systems y la francesa KNDS, especializada en carros de combate y sistemas terrestres.

Uno de los elementos clave del proyecto será el desarrollo de un vehículo adaptado al concepto de infantería modular, un modelo que permite organizar a las unidades de forma flexible según la misión. A diferencia de las estructuras tradicionales, las fuerzas se configuran en módulos que pueden combinarse o separarse rápidamente, incorporando apoyos como ingenieros, personal sanitario, drones o armamento pesado, lo que facilita una respuesta más ágil a distintos escenarios operativos.

Un proyecto estratégico para la UE

El programa se enmarca dentro del Fondo Europeo de Defensa, una de las herramientas creadas por Bruselas para impulsar la innovación militar, reforzar la interoperabilidad entre ejércitos europeos y aumentar la competitividad de la industria de defensa del continente.

En un contexto marcado por la guerra en Ucrania y el aumento del gasto militar en la UE, Bruselas ha convertido la defensa común y la autonomía estratégica en una de sus prioridades políticas e industriales. La composición del consorcio respalda la voluntad de desarrollar grandes programas de defensa de forma conjunta, compartiendo costes, tecnología y estándares comunes entre países.

El liderazgo de una empresa española en uno de estos proyectos sitúa a España en una posición relevante dentro de esa nueva arquitectura de defensa europea. Santa Bárbara Sistemas asegura que su participación abarca todas las actividades clave del desarrollo del vehículo. La compañía subraya además que su papel en AURIGA consolida su posición como un “actor clave en la autonomía estratégica nacional” y en el futuro de la defensa terrestre europea.

La Coordinadora de ONGD Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin han denunciado la “gravedad” y la “nocturnidad” con la que los partidos del Gobierno vasco, el PNV y el PSE-EE —que gozan de mayoría absoluta—, han tramitado una enmienda a la ley vasca de Cooperación que, aseguran, “permitirá la colaboración y financiación de armamento o tecnología de uso militar”, siempre y cuando se encuadre dentro de la Estrategia Europea de Seguridad. Consideran, además, que se están dando “importantes retrocesos para la cooperación vasca”, tanto en términos porcentuales como absolutos.

Como ya había adelantado este periódico, el retoque en la ley de Cooperación fue una de las tres modificaciones legislativas de cierto calado acordadas a propuesta de PNV y PSE-EE, que suman en el Parlamento Vasco mayoría absoluta. El Ejecutivo, en la enmienda de adición, justifica que, de no haberse aprobado la enmienda, peligraría “la movilización de 325 millones de euros en inversión industrial en Euskadi”. Los sectores espacial, de la ciberseguridad y de los combustibles renovables, añade, son “estratégicos” y “quedarían sin el respaldo público imprescindible para despegar”.

Abunda el Ejecutivo que con la enmienda se aporta “seguridad jurídica” y que, en cualquier caso, la Estrategia Europea de Seguridad —con la que no cuadran otros usos— es un marco “plenamente garantista con los valores de la paz, la prevención de conflictos, la defensa de los derechos humanos y el respeto al Derecho internacional”. Y remacha: “Esta enmienda no introduce una excepción caprichosa, sino una alineación imprescindible con la Estrategia Europea de Seguridad y con los instrumentos industriales europeos. Sin ese encaje, Euskadi no puede acceder con normalidad a fondos europeos [...] ni competir en igualdad de condiciones con otros territorios”.

Esta modificación legislativa fue presentada el 28 de noviembre como autoenmienda de PNV y PSE-EE al proyecto de presupuestos orignal del Gobierno de Pradales e introducida ya el 12 de diciembre en un debate en el que ni se mencionó. Tampoco la oposición formuló ninguna pregunta sobre ello en la sesión de la comisión de Hacienda. Las cuentas, con las modificaciones, se votarán el 23 de diciembre y la nueva disposición sobre Cooperación entrará en vigor el 1 de enero.

“Doble uso”

La coordinadora y Zehar-Errefuxiatuekin, sin embargo, aseveran que esos tres sectores mencionados por el Ejecutivo —el de la ciberseguridad, el aeroespacial y el de los combustibles renovables— pueden tener un “doble uso” militar, destinarse tanto al uso civil como al militar. “No queremos que el dinero recaudado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se destine a colaborar e invertir en industrias dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso miliar. Queremos que se destine a sectores productivos y reproductivos que favorezcan el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente y de las personas, tanto en Euskadi como en el resto del mundo”, han pedido.

Sostienen que, en el fondo, todo se explica porque la ley de Cooperación “molesta” al Gobierno de Pradales. “Hae dos años sirvió para obtener una foto política de consenso y para que el sector puediera estar satisfecho. Pero lo cierto es que el incumplimiento del texto aprobado es flagrante”, han señalado. “Claro que el artículo que se pretende modificar molesta, especialmente a quien no tiene interés en que el dinero de la ciudadanía vasca se utilice de forma coherente con los derechos humanos”, han añadido.

La industria española de la automoción busca subirse al carro del boom de la defensa, atraída por el Plan ReArm Europe, que prevé movilizar 800.000 millones de euros en gasto militar en Europa hasta 2030, en un momento de incertidumbre en el sector ante la competencia china o las dudas sobre el despliegue del vehículo eléctrico. 

El giro lo apunta el nuevo Plan España Auto 2030, que entre las “medidas prioritarias” a “corto plazo” cita “apoyar la diversificación de proveedores y la fabricación y desarrollo de tecnologías duales” en defensa. El plan busca impulsar a un sector clave en España, segundo fabricante europeo de coches y noveno del mundo. La automoción genera un valor añadido bruto equivalente al 6,5% del producto interior bruto (PIB) del país.

Fuentes del Ministerio de Industria indican que el plan está diseñado para “transformar la automoción hacia la electrificación y la reindustrialización”, pero sus medidas, centradas en innovación, cadena de valor y atracción de inversión, “pueden tener efectos indirectos positivos para la industria de Defensa, especialmente en ámbitos como baterías, materiales avanzados, digitalización y tecnologías duales”.

“Defensa puede aprovechar las sinergias en I+D y cadena de suministro, pero no hay financiación específica para proyectos militares”, añade el ministerio.

El Plan industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa que presentó el Gobierno en abril tenía entre “sus objetivos e impacto positivo el desarrollo de una industria de doble uso” (por ejemplo, materiales que desarrollen empresas de automoción para el sector Defensa), recuerda Industria. El Plan Auto “contribuirá a ese enfoque dual en los materiales, programas y productos que se desarrollan, que no serán de exclusivo beneficio para el sector de la automoción”, señala el departamento de Jordi Hereu.

“El gran impulso que supone el Plan Auto” para desarrollar toda la industria de la movilidad electrificada lleva aparejada “la 'necesidad' de producción de materiales en la industria tecnológica, que no solo serán piezas que acaben en coches, sino en otros usos”, señala Industria.

Ya en abril, el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial aprobado tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca preveía reorientar “parte de la capacidad productiva excedente como consecuencia del shock arancelario o de procesos estructurales de transformación”, con “la necesaria transferencia de conocimiento entre sectores productivos”. Sin citar ningún sector específico, preveía movilizar 5.000 millones en avales de fondos recanalizados del Plan de Recuperación (hasta ahora solo han hecho falta 160 millones).

Por el momento ninguna automovilística con plantas de fabricación en España (hay 17) ha manifestado interés en reorientarse a la defensa. En Alemania se ha especulado con el interés del gigante Rheinmetall por quedarse con la planta de Volkswagen en Osnabrueck. Según un portavoz de la patronal de fabricantes, Anfac, en España este asunto no se plantea.

Sí se están produciendo movimientos en la industria de componentes, formada por un millar de empresas que facturan más de 41.500 millones anuales, con más de 332.000 empleos y un fuerte componente exportador.

La burgalesa Antolín inició hace meses conversaciones con el Gobierno y empresas del sector de defensa para evaluar su entrada en este ámbito. Otras como la vasca Teknia han reconocido interés. El sector “tiene salida en la defensa”, señaló en octubre Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra, cuyo consejero delegado, José Vicente de los Mozos, pasó gran parte de su trayectoria en Renault y presidió Anfac hasta enero de 2022.

Indra, con la que el Gobierno intenta formar un gran campeón de defensa y en la que el Estado es primer accionista (28%), y que estudia fusionarse con la empresa de su presidente y de su hermano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), fichó en agosto al exdirectivo de Nissan Frank Torres, con tres décadas de experiencia en la automoción, para liderar su nueva división de vehículos militares, Indra Land Vehicles.

La cotizada anunció la semana pasada un acuerdo con la aragonesa Lecitrailer, dedicada a la fabricación de remolques, que le proveerá estructuras para radares y sistemas de mando y control (C2). Un “paso adelante” para reforzar la soberanía tecnológica española y cumplir el objetivo marcado por el Ministerio de Defensa de reforzar la base industrial de la defensa “en todo el territorio”, según Indra.

En octubre, el grupo anunció otra alianza con la catalana Ficosa centrada en los sistemas electroópticos de visión y vigilancia para los vehículos VCR 8x8 Dragón y VAC encargados al consorcio Tess Defence, controlado por Indra. El grupo de la familia Pujol aportará tecnologías duales “que permiten dar autonomía tecnológica al sector de defensa en España” y aplicará su larga experiencia en el desarrollo de toda la cadena de valor aguas arriba, involucrando a otras empresas.

Ficosa ya fue en 2008 fundadora de la andaluza Alestis, proveedor del gigante aeronáutico europeo Airbus (hoy en manos del grupo Aciturri) y ese año fichó como director general de su división de Automoción a De los Mozos, aunque el actual CEO tuvo una etapa muy breve allí y no tardó en regresar a Renault.

El consejero delegado de Ficosa, Javier Pujol, también presidente de la patronal de componentes Sernauto, advertía en octubre de que en la UE la automoción tiene “una sobrecapacidad del 45%, que o se corrige o son entre 10 plantas a nivel europeo, por lo que estaríamos hablando de entre 60.000 y 80.000 puestos de trabajo”.

La producción de vehículos en España no ha recuperado el nivel prepandemia. Entre enero y octubre, último dato disponible, cayó un 5,4% interanual hasta mínimos de 2022. En enero llegó a desplomarse más de un 27% interanual, el mayor descenso desde la crisis del coronavirus y los problemas con el suministro de chips. Las ventas de automóviles en Europa han subido hasta octubre un 1,4% y las de eléctricos han crecido el 25,7%.

Sernauto anunció el jueves un acuerdo con el bufete Broseta para “potenciar la competitividad de la industria española de componentes de automoción y explorar nuevas oportunidades en sectores estratégicos, especialmente el de la Defensa”. El objetivo, “ofrecer a asociados y socios colaboradores conocimiento estructurado sobre el sector Defensa, formular una propuesta sectorial y, lo más importante, crear canales de confianza y colaboración entre ambas industrias”.

Según Sernauto, “el contexto actual del sector de automoción, marcado por el estancamiento de la demanda y un descenso sostenido de los volúmenes de producción en Europa”, está impulsando a los proveedores a diversificar su actividad hacia industrias con perspectivas de crecimiento. La defensa es “un ámbito con potencial para el tejido de proveedores de automoción, dada su elevada capacidad tecnológica, productiva e industrial”.

En palabras de Cristina San Martín, directora de Coordinación, Proyectos y Servicios de Sernauto, el proceso “de inversión, modernización y refuerzo de la autonomía estratégica” a través del sector de defensa es “una oportunidad para que las empresas de automoción diversifiquen aprovechando sus capacidades tecnológicas y productivas, y aporten valor gracias a su sólida experiencia en cadenas de suministro complejas”.

Un 20%

En Catalunya, los proveedores de componentes suponen el 6,5% del PIB autonómico: 5.700 millones de facturación, 16.183 empleos directos y 282 empresas, con cerca del 20% del total de este sector en España. La patronal catalana Foment reclama un porcentaje equivalente de inversión en Catalunya, unos 2.095 millones, de los 10.471 millones con los que está dotado el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, encabezó hace unas semanas una delegación que mantuvo varias reuniones en la Comisión Europea para reclamar parte de esos 800.000 millones que pretende movilizar Bruselas en compras conjuntas de armamento y tecnología militar en los próximos cuatro años. De esa cifra, 150.000 millones se canalizarán con préstamos a los países miembros.

Foment ha firmado un acuerdo con la multinacional estadounidense General Dynamics (dueña de Santa Bárbara y también socia de Tess Defence) para formar a pymes de distintos sectores y que puedan convertirse en proveedoras del sector, siguiendo el modelo ya aplicado en Andalucía a petición del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE).

Clústers regionales

Otro territorio íntimamente ligado al sector es Aragón. Allí el Clúster de Automoción y Movilidad (CAAR), unas 300 empresas que facturan unos 12.000 millones, acaba de adherirse al Hub Aragón Defensa, iniciativa “estratégica” de varias Administraciones y patronales para impulsar “un ecosistema transversal del sector de la defensa en Aragón (Industria, Logística, Infraestructuras, Innovación, Investigación, Formación y Emprendimiento) a través de la colaboración público-privada, contribuyendo a la ampliación de la base industrial y tecnológica de la defensa”.

Un exponente de la sobrecapacidad que afronta la industria europea es la planta de Ford en Almussafes (Valencia), una de las más importantes de España y con su producción en mínimos históricos. El Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana (AVIA), que reúne a 120 empresas relacionadas con el sector cuya facturación supone el 8,9% del PIB de la región, afirmaba hace unos días que las empresas del sector “están preparadas para responder a las necesidades del sector de la defensa”.

Tras analizar una treintena de asociadas, AVIA ha concluido que muchos fabricantes de componentes, ingenierías y servicios integrados en la cadena de suministro ya tienen el conocimiento industrial y tecnológico para dar ese salto con adaptaciones “relativamente ligeras”. En palabras del presidente del clúster, Francisco Segura, “existe una línea directa desde las empresas proveedoras de automoción hacia la defensa, donde ya se trabaja en áreas como la conducción autónoma, la sensorización y la conectividad de dispositivos”.

AVIA plantea un margen de adaptación de entre 6 meses y dos años. Señala como principales escollos la certificación que exigen determinadas instituciones que operan en el sector de la defensa, la adaptación a series cortas de producción y la resistencia de los componentes a entornos extremos y hostiles como variaciones de temperaturas, vibraciones o impactos.

En la cadena de suministro de automoción, los subsectores que más fácil tienen ese trasvase, según Avia, son los que trabajan los materiales avanzados y composites, las empresas relacionadas con electrónica y sensores y las del ámbito de las baterías y sistemas de almacenamiento. Las empresas de ingeniería y TIC tienen capacidad de penetrar en el sector de la defensa a través de la seguridad, la analítica avanzada y las comunicaciones seguras. Y las de logística, con su experiencia en la trazabilidad, el transporte seguro de materiales sensibles y el mantenimiento preventivo militar.

Este trasvase no es nuevo. BMW, Mercedes, Ford o General Motors reorientaron parte de su producción durante la II Guerra Mundial a la defensa. El armamento fue el origen de la sueca Saab, octava empresa de defensa en Europa, que no fabrica automóviles desde la venta de esa unidad de negocio a General Motors hace más de 20 años y acaba de firmar un contrato con el Ejército de Tierra español para sistemas de entrenamiento en vivo. 

En España, un ejemplo clásico es Santana Motor, que empezó produciendo Land Rover bajo licencia y durante décadas fabricó vehículos militares para el Ejército español. O la gallega Urovesa, nacida en 1981 centrada en 4x4 civiles y actividades forestales o agrícolas. En 2024 el 75% de su negocio procedió de la pata militar. Ha sido una de las elegidas para los multimillonarios préstamos a dedo al 0% que ha concedido recientemente al sector el Gobierno para los denominados programas especiales de modernización (PEM), con Indra y EM&E como grandes beneficiarias.

El Gobierno ha repartido a dedo (sin concurso público) en mes y medio 14.223,8 millones de euros en préstamos al 0% de interés a una decena de empresas de la industria militar para financiar el desarrollo de 32 programas de armamento. Los créditos, a un interés del 0% no revisable, no exigen garantías para librar los fondos, con carácter general, y se liberarán conforme se cumplan determinados hitos en anualidades que en algún caso alcanzan hasta 2032.

Estos préstamos se han triangulado a través del Ministerio de Industria, aunque los destinatarios los ha elegido Defensa, en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa que lanzó el Ejecutivo de Pedro Sánchez en abril, en respuesta a la amenaza rusa, el complejo contexto geopolítico internacional, la aparición de nuevas amenazas híbridas y “el replanteamiento de la alianza atlántica”.

Ese plan contemplaba un compromiso de invertir en Defensa 10.471 millones para 2025 para alcanzar el objetivo del 2% del PIB adquirido ante la UE y la OTAN hace años, que España elevó al 2,1% para este año. Muy lejos del 5% que exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en las últimas semanas ha redoblado la presión a España por no suscribir ese compromiso, que el Gobierno considera inasumible.

Entre las medidas de ese plan industrial, que según el Gobierno “tendrá efectos positivos en el empleo e impulsará una nueva ola de innovación tecnológica y desarrollo industrial”, están los nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM), que Industria prefinancia con esos préstamos, habituales en el sector hace décadas. Con ellos, se evita la financiación bancaria, que encarece el multimillonario coste de estos programas, y los créditos no computan como déficit en las cuentas públicas. Se canalizan a través de Industria al tener un componente de I+D.

Pere Ortega, presidente honorario del Centro Delàs de Estudios por la Paz, recuerda al teléfono que esos créditos al 0% se lanzaron en época de José María Aznar para financiar los programas de armamento de los cazas Eurofighter, los aviones A400M o los blindados Leonard y Pizarro. Este experto los define como “un sistema de creatividad contable” para prefinanciar a la industria y plantea dudas sobre la recuperación de esos importes en algún caso, teniendo en cuenta experiencias pasadas. Recuerda las continuas pérdidas de los astilleros estatales Navantia, uno de los principales beneficiados, que solo en la última década han perdido 1.720 millones y llevan en números rojos desde 2007.

El importe adjudicado en las últimas semanas con esta fórmula no tiene precedentes, si se compara con las cifras de los últimos ejercicios (ver gráfico). Los decretos de adjudicación de estas ayudas, aprobados por el Consejo de Ministros entre el 3 de septiembre y el 14 de octubre, aluden a “razones de interés público” para no hacerlo por concurso. “La necesidad de proteger intereses esenciales de la defensa y seguridad nacionales y dirigirse a actuaciones de naturaleza militar”, según el Gobierno, “dificultan efectuar una convocatoria pública de las ayudas”. Además, “las entidades beneficiarias han sido consideradas por el Ministerio de Defensa como aquellas capaces de proveer la alternativa óptima para cada uno de los programas”.

El Ejecutivo se ampara en el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que exime a los Estados miembros de algunas obligaciones, especialmente en lo relativo a la seguridad nacional, la producción y el comercio de armas, y les permite tomar medidas para proteger sus intereses esenciales de seguridad, incluso si eso implica excepciones a las normas del mercado único, especialmente en contratos de defensa.

El Gobierno asegura que ha atendido “a los principios de buena regulación” y apela a “razones de interés general, dada la necesidad de garantizar a las Fuerzas Armadas unas capacidades renovadas”. Afirma también que cada decreto “cumple con el principio de transparencia habiéndose efectuado los trámites de consulta pública previa y audiencia al interesado”. Las memorias justificativas de estos decretos no son públicas.

Ese dinero no se entregará de una tacada. El 31% de esa cifra, unos 8.500 millones, se ha comprometido para 2025 y el resto se irá repartiendo progresivamente entre 2026 y 2032, especialmente, en el primer cuatrienio (a razón de unos 2.200 millones por ejercicio), a medida que se vayan cumpliendo los hitos establecidos. De incumplirse ese calendario, el Consejo de Ministros deberá aprobar las correspondientes adendas a los contratos. Estos deberán formalizarse en las próximas semanas.

En algunas empresas españolas del sector ha causado malestar el reparto de ese dinero, superior al gasto mensual en pensiones contributivas (13.620 millones en agosto de 2025), y que ha ido a parar a un número muy reducido de empresas, con Indra como mayor beneficiaria. Más de la mitad de esos préstamos (6.754 millones) se han adjudicado a programas en los que participa esta empresa del Ibex, cuyo mayor accionista es el Estado (28%) a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El porcentaje que ha recibido Indra alcanza el 60% si se tiene en cuenta a Hisdesat, filial de Hispasat (empresa que presidió Jordi Hereu hasta su nombramiento como ministro de Industria), cuya compra a Redeia (dueña de Red Eléctrica) pactó Indra en febrero pasado por 725 millones, operación que la compañía confía en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorice en las próximas semanas.

En varios de esos programas subvencionados por Industria Indra se ha aliado con su primer accionista privado (14,3%), Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), con la que prepara una controvertida fusión, dado que los propietarios de esa empresa madrileña son el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano, Javier Escribano, presidente de EM&E y a su vez consejero de la cotizada, lo que supone un claro conflicto de interés.

Una unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano se ha adjudicado los programas que más fondos reciben: 1.821 millones hasta 2031 para la “Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible II-ATP CADENAS, que supone la adquisición de 6 grupos de artillería, 109 obuses, 109 vehículos de municionamiento, 56 vehículos de mando y control, 6 vehículos de recuperación y 6 vehículos de mantenimiento”. Y 1.181 millones para la “Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible II-ATP RUEDAS, que implica la adquisición de un sistema obús autopropulsado (ATP) de ruedas a fin de mejorar las capacidades de artillería, rapidez, movilidad y precisión en los desplazamientos y despliegue de la artillería”.

Esa UTE también se ha adjudicado un préstamo al 0% de 150 millones para desarrollar un Sistema Integral de Proyección Anfibia Eficiente: 34 Vehículos Anfibios de Combate de Infantería de Marina (VACIM) sobre ruedas 8x8, en cuatro configuraciones distintas. Y otros 17 millones para un sistema “crítico” para proporcionar a las Fuerzas Armadas la capacidad “de detección, identificación, rastreo y neutralización de drones no autorizados tanto en la zona de operaciones como para la protección de infraestructuras críticas”.

En solitario, Indra se ha adjudicado ocho préstamos por 2.000 millones. Destacan 820 millones para un programa de “Conectividad Multidisciplinar en Seguridad Aérea-Sistema Centro Operaciones Artillería A/A (COAAAS)”; y 768 millones para un Sistema Conjunto Radio Táctica-SCRT, “cuyo objeto es la obtención un sistema que garantice el intercambio fiable y seguro de información requerido en las operaciones nacionales e internacionales”.

Con Telefónica, que preside desde este año el anterior presidente de Indra, Marc Murtra (y en la que la SEPI es primer accionista con el 10%), el grupo que preside Ángel Escribano se ha garantizado otros 380 millones de financiación al 0% para desarrollar un sistema de Conectividad Multidisciplinar (MC3) “que responde a la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades operativas y unificarlas en un único sistema e incluirá la adquisición de estaciones de transmisiones, plantas de energía y cifradores”.

788 millones ha recibido el consorcio Tess Defence, en el que Indra es primer accionista desde este año (51%) junto a Escribano y Santa Bárbara Sistemas (de la estadounidense General Dynamics), responsable de la fabricación de los nuevos blindados 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra, que acumulan importantes retrasos.

El objetivo es desarrollar el Vehículo de Apoyo Cadenas, que “responde a una necesidad operativa prioritaria de las Fuerzas Armadas”: dotar al Ejército de Tierra “de una familia de vehículos cadena multipropósito capaz de llevar a cabo las misiones operativas y logísticas que actualmente realiza el Transporte Oruga Acorazado (TOA) que han superado ampliamente su ciclo de vida previsto”.

Y otros 67 millones ha recibido otra UTE formada entre Cipherbit (del grupo Oesía) y Epicom, cuyos socios son la SEPI, Indra y la propia Oesía, protagonista de más de una decena de fichajes de ex cargos del Ejército en los últimos años, en plena explosión del gasto militar. Esa UTE se encargará de un programa de Capacidad Cripto Multipropósito y Multidominio (CCMM) que desarrollará un cifrador nacional embarcado sobre plataformas aéreas, en cooperación con el Centro Criptológico Nacional.

Subcontratación

Indra ha destacado que la subcontratación de estos encargos (que no puede asumir por sí sola) “movilizará a la industria nacional y generará más de 3.000 empleos directos de alto valor añadido” como resultado de estos préstamos. Con una red nacional de proveedores actualmente compuesta “por un variado ecosistema en el que un 65% son pymes, startups, y centros tecnológicos o de investigación”, Indra ya está subcontratando en la actualidad cerca del 77% de sus encargos a la industria nacional.

Según la compañía, “gracias a los PEM, Indra ampliará notablemente su cadena de valor, contribuyendo a desarrollar tecnologías innovadoras y modernas capacidades de producción que fortalecerán la defensa nacional y europea”. “Las estimaciones iniciales apuntan a que Indra ampliará el ecosistema actual de más de 1.000 colaboradores con otras 200 nuevas incorporaciones entre proveedores y socios industriales distribuidos por toda la geografía española”.

Otro nombre muy destacado es el gigante aeronáutico europeo Airbus, del que la SEPI tiene un 5%. En solitario se ha adjudicado 3.680 millones en préstamos al 0% para el desarrollo de seis de estos programas, y otros 80 millones para uno que desarrollará con Indra. A continuación figuran la estatal Navantia (2.292 millones), 100% de la SEPI y, ya con cifras mucho menores, otras empresas como General Dynamics, Aertec y Urovesa.

Navantia se ha adjudicado el tercer programa que más fondos recibe, 1.280 millones para el desarrollo de “Nuevas Tecnologías Aplicadas en Plataformas Marítimas (Modernización Media Vida F-100), consistente en la modernización de las Fragatas de la clase Álvaro de Bazán (F-100), que entraron en servicio entre 2002 y 2006, y que requieren la actualización de sus capacidades operativas para extender su vida operativa, al menos, durante veinte años”.

Tras la incursión de un grupo de drones rusos en una “violación sin precedentes” del espacio aéreo de Polonia, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dio detalles de la operación militar para eliminarlos explicando que habían participado aviones de combate polacos F16, aeronaves de guerra F35 de Países Bajos, aviones de vigilancia Awacs de Italia, el sistema de misiles Patriots en Alemania y aviones de reabastecimiento en vuelo de la OTAN. Rutte se felicitó porque la operación había sido un éxito, aunque ha abierto la caja de Pandora al poner sobre la mesa el debate sobre la capacidad real de defensa europea y la inviabilidad por costes de responder con caros aviones al ataque de baratos drones.

Sería matar moscas a cañonazos. Para entender las variables, solo una hora de vuelo de un avión de combate F35 cuesta alrededor de 42.000 dólares, según el Departamento de Defensa de EEUU, mientras que los drones Shahed, de fabricación iraní, que utiliza Rusia en la guerra de Ucrania tienen un coste de fabricación de entre 2.000 y 5.000 dólares.

“La cantidad de drones que cruzaron a territorio polaco sugiere que los rusos estaban investigando y observando la reacción de la OTAN. Esto podría significar que la disuasión en la frontera oriental de la OTAN no es tan sólida como antes. Contrarrestar los vehículos pequeños no tripulados es una misión difícil para todos los ejércitos de la OTAN, incluido Estados Unidos, y desplegar aviones de combate es una estrategia costosa para contrarrestar los drones de bajo coste”, explican las investigadoras Liana Fix y Erin D. Dumbache, investigadoras del Council on Foreign Relations (CFR).

Tras el incidente, las autoridades polacas explicaron que fueron 19 drones los que cruzaron la frontera. “Si la OTAN tuviera que enfrentarse a la cantidad de drones que Ucrania destruyó esa misma noche (según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, más de 380 de diversos tipos), estaría en una posición mucho más difícil”, añaden Fix y Dumbache.

Sin embargo, la OTAN anunció este viernes la operación 'Centinela oriental' (Eastern Sentry) para reforzar la vigilancia y defensa del flanco oriental. “Dinamarca contribuirá con dos F-16 y una fragata de guerra antiaérea, Francia contribuirá con tres aviones Rafales y Alemania participará con cuatro Eurofighters”. 

Rutte: “No quiero que piensen en cuánto cuestan sus armas”

De hecho, el secretario general de la Alianza trató de rebajar el problema del coste del armamento señalando que “se está haciendo un esfuerzo para obtener armas de menor costo. Una de mis responsabilidades es asegurarme de que no solo nos defendamos hoy, sino que estemos preparados para la defensa mañana. Cuando hay un piloto de combate en el aire o alguien en tierra defendiendo a la Alianza, no quiero que piensen en cuánto cuestan sus armas, quiero que defiendan a nuestros ciudadanos”. Solo hace unos meses tuvo lugar una de las mayores polémicas entre la OTAN y España por la presión de Rutte para que los países europeos incrementen hasta el 5% del PIB el gasto en defensa.

Incluso en la industria armamentística europea no lo ven así. “El gran problema de la industria de defensa en Europa, así como en Estados Unidos, es simple: las armas que se producen actualmente son exorbitantemente caras y están disponibles en cantidades muy limitadas. Necesitamos entre 10 y 100 veces más y 10 veces más baratas”, explica Kusti Salm, director ejecutivo de la empresa de armamento Frankenburg Technologies al Financial Times.

Dos grandes compañías europeas están trabajando en poner en marcha sistemas de defensa aéreo de bajo coste. El director ejecutivo del mayor contratista de defensa de Alemania, Rheinmetall, Armin Papperger, explicó en una entrevista en Financial Times que su sistema de defensa aérea de bajo coste Skyranger está listo para Polonia si conseguía un contrato, mientras que la compañía esperaba entregar Skyranger a Ucrania a partir de finales de año.

“Disparar un arma de 200.000 o 500.000 dólares contra un dron de 20.000 dólares no tiene ningún sentido. Tenemos un sistema anti drones por 5.000 dólares y eso, económicamente, tiene mucho sentido”.

Airbus también ha puesto en marcha un sistema de defensa aérea de bajo costo (LOAD), diseñado para servir como solución complementaria a los costosos sistemas de defensa aérea tradicionales, como el Patriot y el IRIS-T, y contrarrestar enjambres de drones.

El general de la OTAN Alexus G. Grynkewich ha explicado que la Alianza Atlántica está trabajando “en colaboración con el Comando Aliado de Transformación” para experimentar y aplicar rápidamente “nuevas tecnologías a escala de toda la Alianza, como sensores antidrones y armas para detectar, rastrear y eliminar drones”.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, recordó en su discurso de Estado de la Unión el plan Readiness 2030, que va a movilizar hasta 800.000 millones de euros de inversiones en el ámbito de la defensa y anunció como novedades un nuevo programa llamado Qualitative Military Edge para “apoyar la inversión en las capacidades de las fuerzas armadas ucranianas”. Además, se adelantarán 6.000 millones de euros en préstamos para formar una alianza con Ucrania, que le ayude a crecer en escala industrial y tener más capacidad de repuesta a Rusia. También se va a incrementar la vigilancia del flanco oriental, con el objetivo de dotar a Europa de capacidades de vigilancia y respuesta en tiempo real y construir un muro de drones de defensa, especialmente en la zona del Báltico.

Las investigadoras del Council on Foreign Relations puntualizan que hay que “redoblar los esfuerzos en investigación, desarrollo y despliegue de métodos pasivos y activos para neutralizar a los drones, como los inhibidores de interferencias o la energía dirigida”.

“Las fuerzas armadas estadounidenses, incluyendo el Ejército y la Unidad de Innovación de Defensa, ya están trabajando para desarrollar algunas de estas capacidades. Desplegarlas a gran escala es el siguiente paso”, comentan Fix y Dumbache. De hecho, los estadounidenses ya están probando el sistema Leonidas, de la compañía Epirus, un sistema de microondas que consiguió derribar de forma simultánea 49 drones.

Pero lo que parece cada día más claro es que no se puede dejar en manos de la Administración estadounidense de Donald Trump la defensa de Europa. Edward Lucas, del Center for European Policy Analysis (CEPA), explica que “la mayoría de los europeos no se dan cuenta y aún esperan una intervención estadounidense. Pero esos días ya pasaron. Salvo una respuesta contundente y revolucionaria a la invocación por parte de Polonia de la cláusula de defensa colectiva del Artículo 4 de la OTAN, la garantía de seguridad de Estados Unidos a Europa ha quedado al descubierto como ineficaz. Si a la administración estadounidense le importa la seguridad europea, no es para reforzar sus defensas, sino para reducir la amenaza competitiva y regulatoria de la UE y aumentar las importaciones de gas natural licuado (GNL) a Europa”.

El Gobierno de Asturias analizará “con mucho interés” la propuesta del Grupo Indra para que la inversión en el Tallerón de Gijón/Xixón se tramite como proyecto de interés estratégico regional (PIER).

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha manifestado hoy que el Ejecutivo recibe “con los brazos abiertos” la apuesta decidida de la empresa por la comunidad, especialmente, según concretó, “en un contexto geopolítico tan complejo”.

Incremento de empleo

“La compra del Tallerón por parte de Indra no implica solo la adquisición de las instalaciones, sino también el incremento del empleo y una importante inversión para convertir Asturias en el centro del grupo para todo lo relacionado con la movilidad el Ejército de Tierra”, ha valorado Barbón.

El jefe del Ejecutivo ha celebrado esta mañana un encuentro con el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, con quien ha ofrecido posteriormente una rueda de prensa en la sede de Presidencia. Durante su intervención, Adrián Barbón ha señalado que los proyectos de la compañía en la comunidad demuestran que “Asturias es una tierra de oportunidades, atractiva para la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico”. 

Hasta 500 empleos

Por su parte, Escribano ha confirmado que el grupo solicitará la tramitación como PIER del proyecto previsto para el antiguo taller de Duro Felguera, donde ahora mismo trabajan 150 personas que ya están recibiendo formación para la construcción de vehículos militares terrestres.

Los planes de la compañía pasan por aumentar el empleo en los próximos doce meses hasta alcanzar un máximo de entre 300 y 500 puestos, en función de las necesidades de producción.

Vanguardia de movilidad terrestre

Además, Indra ha suscrito un acuerdo con Hunosa para crear en las cuencas mineras, en un lugar aún por decidir, una gran pista de pruebas para los vehículos militares que se construirán en el Tallerón.

Barbón ha considerado “una magnífica noticia” los planes de Indra para situar Asturias “a la vanguardia de la movilidad terrestre de las Fuerzas Armadas” y ha incidido en el nuevo resurgir industrial que afronta la comunidad después de años de reconversión.  

La guerra no es un accidente. No es un error de cálculo ni una fatalidad de la historia. La guerra es una decisión. Una decisión tomada en despachos lujosos por dirigentes que jamás pisan el barro de los campos de batalla, por empresarios que nunca verán el rostro de un niño mutilado, por estrategas que reducen vidas enteras a cifras en un mapa. La guerra es la obscenidad más grande que la humanidad ha sido capaz de inventar: un crimen planificado, rentable y sistemático. Y lo más intolerable es que la seguimos aceptando, justificando, normalizando, como si fuese inevitable.

No hay guerra limpia, no hay guerra justa, no hay guerra que merezca ser defendida. Todas las guerras son la misma: niños y niñas enterrados bajo escombros, madres abrazando cadáveres pequeños, comunidades enteras desplazadas, generaciones destrozadas por el trauma. Ese es el paisaje real, el que nunca aparece en los discursos oficiales, el que rara vez ocupa titulares durante más de unas horas. Cada conflicto que estalla en cualquier parte del planeta (en Europa, en Medio Oriente, en África, en Asia, en América Latina) repite el mismo guion: los más poderosos deciden, los más pobres mueren.

La economía de la guerra es la economía de la muerte. Cada bomba tiene un precio, cada fusil un fabricante, cada tanque un accionista que sonríe mientras suben las cotizaciones en la bolsa. No hay misiles sin fábricas, no hay ejércitos sin presupuestos inflados, no hay masacre sin contratos firmados. La guerra es el negocio más rentable del mundo, porque mientras más cadáveres produce, más dinero circula. ¿Cómo explicar, si no, que los presupuestos militares globales superen con creces los recursos destinados a combatir el hambre, las enfermedades, el cambio climático? ¿Cómo justificar que haya más dinero para destruir que para salvar? La verdad es brutal: la paz no da dividendos, pero la guerra sí.

Eso es lo que nos han hecho creer. Nos han repetido hasta el cansancio que la paz es improductiva, que la paz es un estado estático, que la paz no genera beneficios ni crecimiento. Nos han hecho creer que los dividendos de la paz son débiles, invisibles, casi irrelevantes, mientras que los de la guerra son tangibles, poderosos, cuantificables. Pero esa es la gran mentira de nuestro tiempo. Porque los dividendos de la guerra son siempre mezquinos y exclusivos: se concentran en manos de unos pocos fabricantes de armas, de algunos gobiernos que comercian con la muerte, de élites que trafican con la destrucción. Son dividendos que nunca llegan a los pueblos, que nunca mejoran la vida de la gente, que nunca alimentan bocas ni curan enfermedades. Son dividendos manchados de sangre que benefician a accionistas anónimos en despachos blindados, pero que jamás se traducen en bienestar colectivo.

Los dividendos de la paz, en cambio, son inclusivos, expansivos, universales. La paz sí produce beneficios, y lo hace a una escala infinitamente mayor que cualquier industria de la guerra. Un país en paz multiplica su producción agrícola, fortalece sus sistemas educativos, expande sus servicios de salud, atrae inversiones limpias, genera empleos dignos, construye infraestructuras que permanecen. La paz produce dividendos que se distribuyen en todas direcciones: en la seguridad de los niños que crecen sin miedo, en la dignidad de las mujeres que caminan sin temor, en el futuro de los jóvenes que estudian y trabajan en lugar de empuñar un fusil. Los dividendos de la paz se miden en generaciones que florecen, en sociedades que avanzan, en culturas que prosperan, en humanidad que se expande.

El gran engaño es hacernos pensar que la paz no rinde. ¿Acaso no rinde más un niño que llega a adulto con educación y salud que un niño enterrado bajo los escombros? ¿Acaso no rinde más una comunidad que cultiva su tierra en paz que una comunidad desplazada y despojada? ¿Acaso no rinde más una ciudad que invierte en hospitales y universidades que una ciudad destruida que debe reconstruirse una y otra vez a un costo inconmensurable? Los dividendos de la paz no son para unos pocos: son para todos. Se reparten de manera democrática, alcanzan a los vulnerables, incluyen a los olvidados. La paz enriquece a la humanidad entera, mientras que la guerra solo enriquece a una minoría obscena y criminal.

La política de la guerra es la política del exterminio disfrazada de seguridad. Gobiernos que hablan de libertad mientras cercenan pueblos enteros. Dirigentes que se proclaman demócratas mientras venden armas a dictadores. Líderes que juran proteger a sus ciudadanos mientras los lanzan a la carnicería de los frentes de batalla. El discurso oficial repite palabras huecas como “soberanía”, “honor”, “defensa”, “patria”. Palabras que, una vez traducidas, significan lo mismo: cementerios más grandes, morgues más llenas, escuelas vacías, hospitales arrasados.

El silencio global es también parte de la obscenidad. Los noticieros transmiten imágenes de bombardeos con la misma frialdad con que informan la cotización del dólar. Las sociedades consumen la guerra como si fuera entretenimiento, indignándose unos segundos para luego pasar a la siguiente noticia. Los organismos internacionales se limitan a condenas tibias, a resoluciones que nadie cumple, a reuniones diplomáticas que nunca frenan una bala. Y mientras tanto, los niños siguen muriendo. Nadie que muera bajo una bomba debería ser olvidado en cuestión de minutos, y sin embargo sucede una y otra vez, porque la humanidad se ha acostumbrado al horror.

No se trata solo de los muertos. La guerra deja tras de sí millones de desplazados que vagan por fronteras cerradas, millones de huérfanos que nunca recuperarán a sus padres, millones de jóvenes que crecerán con la memoria del miedo tatuada en su piel. La guerra no destruye únicamente cuerpos: destruye sociedades, destruye culturas, destruye la posibilidad misma de un futuro digno. No existe victoria posible en un campo cubierto de cadáveres. No existe triunfo en un territorio convertido en ruina.

Por eso, el único camino es un alto total, inmediato, sin condiciones. No más treguas parciales que sirven de coartada para seguir matando. No más negociaciones interminables que disfrazan la continuidad de la violencia. No más excusas diplomáticas. La guerra debe detenerse en todas partes, de una vez por todas. Parar las armas, parar la industria que las fabrica, parar los presupuestos que las financian, parar la maquinaria política que las justifica. Parar todo.

La paz no es ingenuidad. Ingenuo es creer que el planeta puede seguir sobreviviendo bajo la lógica permanente de la guerra. La paz no es un sueño romántico, es la única política viable, la única economía sostenible, la única ética digna. La paz no significa ausencia de conflicto: significa presencia de justicia, de igualdad, de respeto. Significa que cada niño tenga derecho a la risa y no al miedo, que cada madre pueda criar en dignidad y no en desplazamiento, que cada sociedad pueda construir futuro y no ruinas.

La paz exige valentía. Valentía para decir que cada presupuesto militar es un presupuesto de genocidio. Valentía para denunciar a los mercaderes de la muerte, aunque se vistan de jefes de Estado. Valentía para interpelar a las sociedades y recordarles que no se puede vivir en paz mientras otros mueren en la guerra. Valentía para gritar que ninguna bandera, ninguna religión, ninguna frontera, ningún poder vale más que la vida de un solo niño.

Ha llegado la hora de un grito unánime, global, irrenunciable: ¡basta de guerra! Basta de niños asesinados, basta de refugiados vagando por carreteras infinitas, basta de madres llorando frente a tumbas diminutas, basta de políticos que hablan de paz con una mano mientras firman contratos de armas con la otra. Basta de esta obscenidad que nos degrada como especie y nos condena a la barbarie.

La humanidad está en un punto de no retorno. O elegimos la paz como única política posible, como compromiso absoluto, como deber sagrado, o nos condenamos a desaparecer en un océano de sangre y cenizas. La paz no puede ser una promesa futura ni un ideal abstracto. La paz es ahora, aquí, urgente, imprescindible. O la abrazamos hoy sin condiciones, o será demasiado tarde.

No hay más margen. No hay más tiempo. No hay más excusas. La paz es la única salida.

En el refranero popular podemos encontrar varios ejemplos que resumen a la perfección el contenido de este artículo, como “quien siembra vientos, recoge tempestades” o “cría cuervos y te sacarán los ojos”, entre tantos otros. Los saberes populares indican algo que también corroboran estudios mucho más sesudos en el ámbito de la paz y la seguridad: si inviertes en armas, tendrás violencia.

Diversas investigaciones demuestran que el incremento del gasto militar lleva parejos periodos de mayor inestabilidad. Estos análisis cuestionan un concepto de seguridad militarizado que se ha impuesto como el único modelo de seguridad posible. La realidad es que, más allá de los tanques, las fronteras y las alambradas, hay otras maneras de entender la seguridad. La seguridad humana, la del día a día, se garantiza reforzando los derechos y atendiendo las preocupaciones de las personas que se enfrentan cada mañana al inmenso reto de sostener la vida.

Sin embargo, según el CIS, las amenazas terroristas o la inseguridad están lejos de ser las principales preocupaciones de quiénes vivimos en el Estado español. Esta lista la encabezan aspectos como la vivienda, el paro o la enquistada crisis de la política institucional. A pesar de esto, los recursos y esfuerzos que se destinan a aliviar estos temores están muy por debajo de los que se destinan a garantizar la llamada “seguridad nacional”.

El nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa presentado por el Gobierno cuenta con un presupuesto de 10.471 millones de euros, y servirá para “proteger sus fronteras, su territorio y sus Fuerzas Armadas con una perspectiva integral de 360º”. Puede que este plan sirva para proteger las fronteras (sic) pero, ¿sirve este plan para proteger a las personas que habitamos este territorio? ¿o para garantizar la seguridad de quiénes lo transitan en busca de una vida mejor?

A lo largo de las 21 páginas que tiene el documento, que hace verdaderos equilibrios para justificar lo injustificable, no hay ni una sola referencia a conceptos como democracia o derechos humanos. Hemos normalizado que hablar de seguridad sea hablar de tanques y misiles y que el discurso de los derechos quede fuera de esta esfera. Hemos aceptado la deshumanización de la seguridad como un mal menor.

Si miramos más allá de nuestra fronteras, las principales amenazas contra la vida son la pobreza y la emergencia climática. No obstante, el avance del autoritarismo y las desigualdades, así como las respuestas militarizadas a problemas ambientales, políticos, sociales o económicos son las causas estructurales sobre las que se erigen las mayores amenazas para la paz y la seguridad a nivel global.

Invertir en armas no es invertir en seguridad, es reforzar un negocio sangriento que se lucra con la muerte de miles de personas y que contribuye de manera directa a acelerar la emergencia climática

La industria de la guerra es responsable del 5% de las emisiones globales de CO2. Invertir en armas no es invertir en seguridad, es reforzar un negocio sangriento que se lucra con la muerte de miles de personas y que contribuye de manera directa a acelerar la emergencia climática. Una industria que se nutre de los combustibles fósiles y que reproduce las estructuras más violentas del patriarcado, el miedo como herramienta de control y el uso de la fuerza como única forma de relacionarnos.

¿Cómo vamos a sentirnos seguras en un mundo liderado por estados que están sosteniendo y facilitando el genocidio en Palestina? ¿Cómo vamos a sentirnos protegidas por un sistema que prioriza el beneficio de las empresas sobre los derechos de las personas o del planeta? Más armas no van a detener a fascistas y criminales como Putin, Trump o Netanyahu.

Necesitamos abrir un espacio de diálogo que sea capaz de identificar de manera honesta cuáles son las amenazas reales que ponen en peligro la vida y la sostenibilidad de nuestro planeta y dibuje colectivamente un nuevo modelo de seguridad y de gobernanza global. El fortalecimiento de las democracias participativas, la democratización del derecho, la descolonización de los sistemas de internacionales protección y una transición ecológica justa, son algunos de los mecanismos que ayudarán a contener las amenazas actuales, forjando al mismo tiempo las bases para un nuevo modelo de seguridad que garantice el derecho a una vida digna, libre de miedo, miseria y violencias.

No podemos buscar la paz haciendo la guerra, porque volviendo al refranero popular, esto será pan para hoy, y hambre para mañana.

El primer proyecto que llegó a La Digitalizadora, el colectivo que lleva varios años rescatando grabaciones domésticas para adaptarlas a los nuevos formatos, contextualizarlas y documentarlas, tenía que ver con el tema de la insumisión y la objeción de conciencia. Un vecino del barrio de San Diego de Sevilla, Adrián Collado, había estado recopilando viejas cintas VHS de su archivo personal y de otras colecciones con el objeto de preservar la memoria de aquel movimiento. El resultado era una caja enorme con más de 60 filmaciones, sobre la que varias personas empezaron a trabajar. Pero Adrián falleció en 2023, sin poder llegar a ver el proyecto culminado.

“Fue muy duro, después de tanta lucha desde su barrio”, explica Julia, una de las implicadas en el proceso de recuperación de imágenes y de reconstrucción de aquella historia. “El año pasado decidimos hacer un esfuerzo por acabar el trabajo de manera voluntaria, usando nuestros propios medios. Nos pusimos en busca de los originales de aquellas cintas VHS, los brutos de cámara, y fuimos sacando lo más interesante con la ayuda de gente que vivió aquel momento y podía ayudar en la descripción. El resultado es una colección abierta sobre el movimiento de insumisión y la objeción de conciencia, que hemos compartido en la red y que va a seguir siendo abierta”.

Claro que el asunto no se limitaba a trabajar con viejas películas caseras. Había que investigar quién podía tener más material, y quién podía reconocer a las personas que aparecían ante la cámara. Ahí, como sucede siempre en las aventuras de La Digitalizadora, nunca se sabe qué puede aparecer. Por ejemplo, un documental sobre el tema del director sevillano Mariano Agudo, de Intermedia Producciones, que nunca se llegó a montar, que estaba entre las cintas VHS de Collado: hubo que buscar la película original. O varias grabaciones de la Asociación El Cable que habían permanecido durmiendo en el polvo de alguna estantería hasta que la iniciativa de La Digitalizadora las sacó a la luz.

Juicios y expulsiones

También asomó, como un regalo de la suerte, un material impagable: los archivos de la televisión comunitaria del barrio de San Diego, Habla San Diego TV, así como el periódico correspondiente, Habla San Diego. “En el primer juicio a insumisos en España, en el año 91, uno de los procesados era de Sevilla y tenía contacto con la cadena”, señala Julia. “Así que Habla San Diego se fue para Albacete, donde iba a tener lugar el juicio, con una cámara al hombro y un micro, para grabarlo como reportaje. Ese programa se emitió y conseguimos los originales de cámara”.

Julia nació en 1995, cuatro años después de aquella citación. “No tengo conciencia de todo lo que fue aquello, a diferencia de mis compañeros, que sí lo vivieron. A mí me ha pillado de nueva, pero completamente emocionada haciendo la colección, entrevistando a activistas que participaron de aquella lucha, muchos de los cuales se emocionaban al recordarla y hablar de ella. Ahí he aprendido cantidad de cosas, como lo que son los cuidados o cómo la gente unida en torno a una causa justa puede alcanzar una victoria”.

A Julia le impresionan también algunos episodios de aquel movimiento, como el salto de la valla para entrar en la base de la OTAN en Morón de la Frontera (Sevilla), en 1996, que expulsión y posterior entrega a la Guardia Civil de cuatro chavales, entre ellos una niña de 16 años. Una acción por la que se exponían a tres años de prisión. Su delito: querer plantar olivos para reivindicar el uso de la tierra para la vida, y no para la guerra.

Fuerza para seguir

El pasado mes de mayo se celebró en Sevilla una reunión entre personas más o menos comprometidas con la historia de la insumisión en España, con el objeto de presentar la colección, que ya ha digitalizado más de 70 horas. Además del público de la capital hispalense, llegaron espectadores procedentes de otros rincones como Bilbao o las islas Canarias. “Fue muy bonito porque se debatió la manera en la que unos y otros estuvieron involucrados, para elogiar la creatividad que había, pero también hablamos de los peligros de la nostalgia, de la necesidad de referentes, de replantear estrategias… Se respiraba mucha alegría, pero también mucha fuerza para seguir”.

El momento, desde luego, parece propicio, ahora que se reabre el debate sobre el regreso de la ‘mili’ y el aumento del gasto en Defensa. A Julia, desde luego, no le cabría en la cabeza que hubiera que volver a pelear por una causa que se ganó oficialmente en 2001, cuando el Real Decreto 247/2001 del 9 de marzo suprimió el servicio militar obligatorio. “Lo que hemos aprendido de todo aquello es que el movimiento estuvo muy bien organizado, con una estrategia muy contante, muy consciente y muy dispuesta a lo colectivo”, subraya Julia.

Entre los reunidos en la presentación de la colección había también algunos activistas que llegaron a pagar con su libertad el desafío a la imposición estatal. Eran, tal vez, los más emocionados durante las proyecciones. El comentario más llamativo fue el de Antonio, uno de ellos: “Aquello fue muy bonito, sí. Pero lo pasamos fatal”.

En España la mili, el servicio militar obligatorio para los hombres jóvenes, se acabó hace más de 20 años. En un país donde lo nacional, lo católico y lo militar se habían mezclado durante décadas, fue un gobierno de derechas, el de Aznar, el que libró a los españoles de la mili e inauguró la era del Ejército profesional. Han pasado casi 25 años y el mundo es diferente. Se habla de rearme, se habla de tener un ejército europeo… Está volviendo la idea de una formación militar obligatoria. Aunque no parece que en España esté cerca.

Con el jefe de la información internacional en elDiario.es Javier Biosca repasamos qué países de nuestro entorno conservan o han recuperado un servicio militar obligatorio y con Jesús Núñez, el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, analizamos por qué esta idea no garantiza una mayor defensa de los intereses militares y de seguridad de cada país y de Europa en general.

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El sector privado acelera la contratación de militares como asesores o directivos en un contexto de incremento del gasto en defensa en Europa. La mitad de las autorizaciones concedidas a altos cargos del Ministerio de Defensa por la Oficina de Conflictos de Interés desde 2013, cuando entró en vigor la Ley de Transparencia, se han dado desde que en 2022 estalló la guerra en Ucrania, si bien hay solicitantes que han pedido varios permisos (alguno hasta cerca de una decena). Pero la tendencia, que abarca varios sectores, es clara y va más allá de los ex altos cargos.

El goteo empezó a acelerar a partir de 2020, el año del shock del coronavirus, y desde entonces ha habido cerca de cuarenta nombramientos, según una estimación conservadora. La mitad se han producido desde 2022, ya con una guerra a las puertas de Europa, y al menos una docena en el último año.

Destaca Oesía, con más de una decena de ex militares y antiguos altos cargos a sueldo, junto a otras como Maxam, que en 2023 vendió su filial de defensa al gigante alemán Rheinmetall por 1.200 millones de euros. O Indra, que en los últimos días ha batido máximos en Bolsa, en un contexto de fuerte revalorización del sector en Europa, al calor del histórico acuerdo alcanzado el pasado jueves por los 27 en Bruselas para desplegar un gran paraguas de seguridad frente a Rusia, ante la enorme incertidumbre que supone Donald Trump en la Casa Blanca.

Indra, cuyo mayor accionista (28%) es el Estado, y que es la empresa del Ibex que más ha subido desde enero (un 46%), ha protagonizado varios movimientos recientes. En febrero, nombró asesor al teniente general retirado Fernando García y García de las Hijas, jefe del mando de apoyo logístico del Ejército de Tierra hasta el 19 de diciembre. Ocho días después la Oficina de Conflictos autorizó al jefe del Mando Aéreo de Combate hasta septiembre, Francisco González-Espresati, para asesorar a Indra en el ámbito de Defensa y espacial, además de a la italiana Telespazio y la mostoleña Integración Tecnológica Empresarial.

En julio de 2023 Indra fichó como asesor al capitán Juan Carlos Sánchez-Garrido, hasta entonces jefe de la Oficina de Programas del Ministerio de Defensa en San Roque (Cádiz), y designó director de Estrategia al inspector de Hacienda en excedencia Pedro Fuster, con 16 años de experiencia en Defensa, “como asesor para asuntos industriales del Gabinete de la Secretaría de Estado de Defensa con tres gobiernos diferentes y después como Subdirector General (SG) de Gestión de Programas, siendo el primer civil que ha ostentado este cargo”, explica en su LinkedIn.

Un caso polémico es el general de división retirado Francisco Javier Abajo, hasta junio de 2021 director adjunto de la Dirección General de Armamento y Material. Cuatro meses después de jubilarse, fichó por Tess Defence, consorcio de Indra al que había adjudicado más de 2.000 millones en blindados. 

En Tess Defence es consejero desde julio de 2020 el comandante Joaquín Esteban Lefler, que fue representante del Ejército de Tierra en el programa del carro de combate Leopard y en 2017 fichó por el grupo vasco Sapa, presidido por el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay. Accionista de Tess Defence y dueña de un 8% de Indra, Sapa acaba de nombrar director de Estrategia a Raül Blanco, ex presidente de Renfe y ex secretario general de Industria.

Antes de la invasión de Ucrania, en octubre de 2020, Indra fichó a José Blas, actualmente destinado al Futuro Sistema Aéreo de Combate o FCAS, que desarrolla la multinacional española, y hasta entonces director de Departamento en la Oficina Nacional de Seguridad. Por esas fechas empezó a asesorar al grupo Rubén García, diplomado del Estado Mayor y por el Colegio de Defensa de la OTAN y antiguo comandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón de Ardoz (Madrid). 

El segundo mayor accionista de Indra (14,3%), Escribano Mechanical & Engineering, fichó en mayo de 2022 como director de Seguridad Corporativa al coronel Ángel Francisco Moreno Delgado. La empresa de los hermanos Javier y Ángel Escribano, este último, nuevo presidente de Indra tras la marcha a Telefónica de Marc Murtra, la fundó en 1989 en un garaje de Coslada el padre de los actuales gestores (un tornero en paro) y ha tenido una trayectoria fulgurante en los últimos años.

El grupo madrileño fue uno de los proveedores clave de respiradores para el Ministerio de Sanidad durante lo peor de la pandemia. En 2019 contrató al ex secretario de Estado de Defensa Agustín Conde (PP) y al general de División Francisco Rosaleny Pardo de Santayana, hasta ese año director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Fue el sustituto en 2017 de José Gan Pampols, hoy vicepresidente de la Generalitat Valenciana. Rosaleny acaba de ser nombrado director de Inteligencia Competitiva de Indra.

También ha cambiado de aires el ingeniero de la Armada Guillermo Roselló. En 2016 se incorporó a Indra en México y en el ministerio participó en complejos programas como el del submarino S-80. En septiembre fue nombrado director general de Defensa en Thales España. Su paso por la Administración Pública “y por organismos multilaterales como la OTAN, unido a su formación militar le permiten tener un conocimiento profundo de todos los grupos de interés en el sector de defensa”, destacó el grupo francés. 

El pasado verano la vasca Sener anunció el nombramiento como director corporativo de Seguridad del oficial de carrera del Ejército de Tierra Carlos Martínez de Bujo, para cubrir la jubilación del coronel de Artillería José Manuel Prada, fichado en 2015. Martínez de Bujo se incorporó a Sener en 2020 procedente de Defensa. Era jefe de Programa del Plan para la actualización de los Sistemas de Telecomunicación e Información Tácticos.

En 2021, Sener fichó como consultor de su filial aeroespacial al jefe del Estado Mayor de la Defensa hasta enero de 2020, Fernando Alejandre. Meses después, nombró director de Programas de Defensa para la UE y la OTAN y responsable de su oficina en Bruselas al oficial de la Armada Fernando Grávalos, hasta entonces analista de Planificación en la Dirección General de Armamento y Material.

Sener, que en 2009 fichó como director de Estrategia al capitán de fragata Rafael Espinosa González-Llanos, está en manos de una de las familias más ricas de Neguri, los Sendagorta, históricamente vinculados al Opus Dei. Está pilotada por Andrés Sendagorta, capitán de Corbeta y piloto naval de reactores de combate, que hace unos días advertía en El País de la urgente necesidad de que Europa aumente el gasto militar: “Están ocurriendo cosas que habíamos descartado desde la Declaración de Naciones Unidas de 1945, como que no se invaden otros países. O cosas tan elementales como respetar los Convenios de Ginebra de 1949, donde se decía que la población civil había que mantenerla al margen de los conflictos”.

Con unos 500 millones de facturación, los ingresos de Sener crecieron en 2023 un 43%. En las cuentas de 2024 que aprobarán en los próximos meses prevén un aumento similar.

Otro nombre habitual es Airbus. En su filial española es asesor militar del presidente desde 2021 César Simón, hasta entonces jefe del mando aéreo de Combate. El gigante europeo acaba de reclutar a otro diplomático, el ex embajador Juan Ignacio Sell. En julio de 2024 incorporó como asesor a Ignacio Bengoechea, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio hasta febrero de 2023.

Su sustituto en ese puesto fue Fernando de la Cruz Caravaca, que cesó en noviembre de 2023 y también asesora a Airbus desde hace un año. Bengoechea logró permiso para asesorar asimismo a otras empresas como Spanish Missile Systems (SMS), Ela Aviation y Acento, la firma de lobby fundada por el exministro socialista José Blanco y el popular Alfonso Alonso.

Entre las compañías ajenas al sector de la defensa está la constructora ASCH, del grupo DG Holding. En ella es consejero asesor Alejandro Monedero, que hasta octubre de 2023 fue secretario general del Mando de Apoyo Logístico (MALOG), órgano de apoyo bajo la dependencia directa del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, responsable de la dirección, gestión, administración y control de los recursos materiales y el apoyo logístico.

En este apartado destaca Iberdrola, que ha pasado de nombrar consejero en una filial en 2014 al ex seleccionador de fútbol Vicente del Bosque a contratar a varios militares. En junio de 2020 nombró asesor del presidente a Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hasta julio de 2019 y jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2004 y 2008. En Iberdrola Energía Sostenible es consejero desde octubre de 2022 Rafael Sánchez Ortega, teniente General del Ejército del Aire en situación de retiro y exdirector del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden).

En Iberdrola Energía Internacional es consejero desde el año pasado el teniente general retirado Francisco Bisbal, que también recibió permiso de la Oficina de Conflictos para asesorar a Oesía (no llegó a incorporarse), y a GAM, dedicada a alquilar maquinaria pesada.

Iberdrola y GAM figuran entre las casi diez empresas y entidades para las que pidió poder asesorar el general de brigada Miguel Ángel Ballesteros Martín, director del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno hasta noviembre de 2023. Otras son Oesía (febrero de 2024), de cuyo comité de Estrategia forma parte, Redondo y Asociados (la consultora de Iván Redondo, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez), o Llorente y Cuenca.

En la consultora tecnológica Izertis dirige desde 2024 el área de Defensa y Ciberseguridad el oficial de la Armada Joaquín Castellón, capitán de navío que coordinó los trabajos para la Estrategia de Seguridad Nacional 2013, la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional y la Estrategia de Seguridad Energética Nacional.

Muy centrada en defensa está la consultora TRC. En septiembre de 2022 incorporó como asesor de Seguridad al coronel de caballería Emilio Rico, diplomado en Informática Militar, con máster en Dirección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones. Hasta junio de 2022 estaba destinado en el Mando Conjunto de Ciberdefensa.

O Argos, por cuyo consejo asesor han pasado Julián García Vargas, ministro de Defensa con Felipe González, el ex secretario de Estado de Defensa Constantino Méndez (fallecido en 2023), la ex diputada del PP Beatriz Rodríguez-Salmones, un teniente general retirado o un general de división de la Guardia Civil. En 2021 la Oficina de Conflictos autorizó al almirante Salvador Delgado, ex jefe de apoyo logístico de la Armada, a asesorar a esta firma y a otras como Petronor (filial de Repsol).

Otro ejemplo es la ingeniería sevillana Ghenova. En 2020 fichó como director de proyectos Internacionales en el sector Naval y de Defensa a Luis Montero, un civil que hasta octubre de 2017 fue responsable de Sistemas y Telecomunicaciones en el Ministerio de Defensa. Hace un año Ghenova también contrató como director de Seguridad Industrial a Fernando Patricio Martín, ex jefe de Operaciones de la Flota. Procedía de la madrileña GMV, que le fichó en noviembre de 2021 para su departamento de Protección de Materias Clasificadas. 

Esta multinacional con sede en Tres Cantos, vetada por corrupción en Vietnam por el Banco Mundial en 2021, incorporó en 2020 como ingeniero de proyectos para el proyecto Galileo a José Manuel Roldán, jefe de Sistemas de Información en el Ejército de Tierra hasta 2016 y hasta entonces asesor en el Ceseden.

Aportar talento

El actual responsable de Seguridad Industrial de Ghenova, Fernando Patricio Martín, es vocal de Relaciones Institucionales de Círculo Ave Fénix, asociación sin ánimo de lucro creada en septiembre de 2021 para facilitar la transición a la vida civil de miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

“Una vez guardado el uniforme, buscamos aportar nuestro talento al tejido empresarial español”, dice la web de la asociación, dirigida a profesionales que ya han dejado el servicio activo, no a los que están en servicio activo o en situación de reserva con destino. Afirman que han logrado colocar a 30 profesionales en un año. En noviembre de 2022 celebraron un “almuerzo de confraternización” con el presidente y máximo accionista de Oesía, Luis Furnells, que recibió la insignia de la asociación y un obsequio.

El vicepresidente de Círculo Ave Fénix, el capitán de navío José Antonio Portolés, explicaba los motivos de su creación en una entrevista publicada en 2024 en el Boletín para personal de la Armada: “En España actualmente existen más de 13.000 militares (sólo cuadros de mando) en la situación de reserva (a los que habría que añadir los jubilados, y lo mismo en las FCSE). De ellos, solo una media del 7% continúan su vida profesional en las Fuerzas Armadas. Los militares, como referencia, pasamos a la situación de reserva a una edad muy temprana”.

“La razón por la cual decidimos embarcarnos en esta aventura no es otra que el hecho de aprovechar, en el más amplio sentido, la experiencia de aquellos de nosotros que ya habíamos dado el salto al mundo empresarial para ayudar a nuestros compañeros que quieran darlo. Además, aprovechar las ventajas que podrían suponer en términos de colaboración y de búsqueda de oportunidades entre nuestras empresas”.

Círculo Ave Fénix, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, no pretende, según su vicepresidente, “ser competencia para Sapromil”, la plataforma que gestiona las salidas profesionales para personal militar y Reservistas de Especial Disponibilidad, facilitando su incorporación voluntaria al ámbito laboral civil. Este mecanismo oficial, según Portolés, está “muy orientado a marinería y tropa, lo que está fenomenal, porque han establecido acuerdos para aprovechar el talento de la gente”.

“No queremos competir, sino complementar eso”, aunque en el Círculo “tenemos un cabo primero de Infantería de Marina que es un alto cargo de una empresa importante. O capitanes del Ejército de Tierra que han creado sus propias empresas como autónomos y están teniendo un éxito impresionante. Se trata de aprovechar el talento de la gente”. 

Para Pere Ortega, investigador y presidente honorario del Centro Delàs de Estudios por la Paz, el trasvase de militares a empresas de armamento “es una constante” que va a más ante “la situación actual, armamentística, belicista y militarista que han tomado nuestros líderes europeos, incluyendo el español, dado el incremento brutal del gasto militar”, un contexto “favorable a las puertas giratorias de militares y también políticos”.

Este experto recuerda que de Estados Unidos vienen “alrededor del 65% de todas las compras de armas que hacen los miembros europeos de la OTAN”. Ve al sector “revolucionado” en un sentido “equivocado”, el de “la carrera armamentística frente a Rusia”. Reclama apostar por la “coexistencia” con el régimen de Vladímir Putin y la senda del “desarme” que marca la ONU “para que nadie se sienta amenazado”.

No es que el complejo militar-industrial estadounidense y Silicon Valley no haya tenido profundos vínculos en las últimas décadas. Pero sí que es la primera vez que estos afloran a plena luz, implican a las principales multinacionales tecnológicas y ni sus usuarios ni sus trabajadores actúan para evitarlo. El negocio de la inteligencia artificial (IA) y el panorama geopolítico han abierto un nuevo escenario para los gigantes digitales y las empresas de armamento.

Hasta ahora los contratos entre el sector militar y Silicon Valley se llevaban con discreción. Esa tendencia se ha roto con un anuncio oficial de Meta. “Ponemos Llama a disposición de las agencias gubernamentales y contratistas estadounidenses que trabajan en aplicaciones de seguridad nacional”, desveló Nick Clegg, ex viceprimer ministro británico que ahora actúa como jefe de políticas públicas de la multinacional.

“Los usos responsables de los modelos de IA de código abierto promueven la seguridad mundial y ayudan a situar a EEUU en la carrera mundial por el liderazgo en IA”, insistía el expolítico de los liberaldemócratas, fichado por Meta en 2018 tras perder su escaño en la Cámara de los Comunes.

Llama es la inteligencia artificial estilo ChatGPT desarrollada por Meta. Actualmente no está disponible en Europa, bloqueada unilateralmente por la multinacional tras negarse a ofrecer a sus usuarios de la UE una opción clara y sencilla para evitar que sus datos se utilizasen en su entrenamiento. En el resto del mundo está disponible sin coste para los miembros de Facebook e Instagram.

Meta había prohibido tradicionalmente que sus productos se usaran con fines armamentísticos. La mayoría de desarrolladores de inteligencia artificial incluían provisiones similares en sus términos y condiciones, hasta que a principios de este año OpenAI eliminó ese párrafo de sus políticas. A diferencia de Meta, los de Sam Altman no anunciaron el cambio. Los meses de ventaja han servido a OpenAI para levantarle el primer contrato militar a su competencia.

El mismo día que Meta anunciaba el cambio de políticas, OpenAI publicaba que ha llegado a un acuerdo con la Fuerza Aérea estadounidense para transferirle tecnología. “Ahora es el momento de brindarles a nuestros aviadores la flexibilidad para desarrollar las habilidades necesarias en paralelo. Hay múltiples esfuerzos de modernización en curso en este momento en todo el gobierno federal y dentro de la Fuerza Aérea para poner herramientas en manos de la fuerza laboral. Esta herramienta es otro de esos esfuerzos”, ha declarado la jefa de Información del cuerpo sobre el uso de lA.

No es la única fuerza del país que ha firmado contratos con la organización dirigida por Altman. Según el medio The Intercept, que ha tenido acceso a un documento interno de AFRICOM, el comando de la fuerza militar desplegada en África de EEUU, este considera que la tecnología de OpenAI es “esencial” para su misión. Aunque el precio de compra aparece censurado en el texto, otras referencias a lo largo del documento indican que no superaría los 15 millones de dólares.

El ejemplo Palantir

La lista continúa con Anthropic, una empresa financiada por Amazon y Google que desarrolla Claude, otro asistente virtual de IA. En su caso ha firmado una triple alianza con Amazon y con Palantir para que los servicios de inteligencia de EEUU puedan usar su tecnología. Se empleará en misiones como “la ayuda a los funcionarios estadounidenses a tomar decisiones más informadas en situaciones urgentes, preservando al mismo tiempo sus facultades de toma de decisiones”, comunicaron las tres empresas.

La evolución del papel de Palantir dentro de Silicon Valley es un ejemplo de cómo ha cambiado la relación de las grandes tecnológicas con la industria militar. Palantir fue fundada en 2003 por Peter Thiel, uno de los primeros inversores de Facebook, y lleva casi dos décadas aprovechando los datos de esa y otras redes sociales para ofrecer tencología de inteligencia de datos, selección de objetivos y detección de patrones de riesgo.

A pesar de que es fácil encontrar productos de Palantir en todos los países de la órbita occidental, desde EEUU, pasando por España o sus relaciones “especiales” con Israel y sus operaciones en Gaza, hasta ahora era una de las empresas que actuaba más en la sombra de todo Silicon Valley. Era un actor aislado y polémico con el que el resto de empresas solían rehusar asociarse. Incluso el papel de Thiel en Facebook era habitualmente escondido en la historiografía pública de la compañía.

Ahora eso ha cambiado. Palantir y sus negocios militares son considerados homologables a los suyos por muchas tecnológicas que buscan pescar en el negocio de los vendedores de armas tecnológicas. También sus ejecutivos. En octubre, OpenAI anunció que había fichado a uno de sus jefes de seguridad. “Permitir que las instituciones democráticas aprovechen al máximo estas tecnologías e impulsar el desarrollo de una inteligencia artificial segura para el mundo” serán sus principales objetivos, declaró el directivo.

Contratos en silencio

Antes de la pandemia, de la guerra de Ucrania y del aumento de la tensión entre EEUU y China por Taiwán, este tipo de movimientos recibían una fuerte contestación interna por parte de los empleados de las tecnológicas. Ratificar uno de estos acuerdos suponía exponerse a que los trabajadores lo sacaran a la luz y boicotearan el discurso de relaciones públicas de las compañías, que querían asociarse con el pacifismo y el progreso.

Google ha sufrido varios de estos motines. El más sonado ocurrió en 2018 por el Proyecto Maven, un plan del Departamento de Defensa de EEUU para utilizar IA para analizar imágenes de drones y selección de objetivos. Entonces los empleados organizaron protestas y enviaron una carta pública al CEO, Sundar Pichai, para afearle cómo este tipo de comportamiento contradecía la cultura de la compañía.

“No podemos externalizar la responsabilidad moral de nuestras tecnologías a terceros. Los valores declarados de Google lo dejan claro: cada uno de nuestros usuarios confía en nosotros. Nunca arriesgues eso. Nunca. Este contrato pone en riesgo la reputación de Google y se encuentra en oposición directa a nuestros valores fundamentales. No es aceptable desarrollar esta tecnología y ayudar al gobierno de EEUU en la vigilancia militar, con resultados potencialmente letales”, denunciaban en su misiva.

Nada de eso ha ocurrido con estos últimos anuncios. “En la actualidad, todo activismo de los empleados se acaba mucho antes de que pueda escalar dentro de empresas como Google, Microsoft o Amazon”, ha declarado Michael Spencer, un analista especializado en los entresijos de Silicon Valley que siguió de cerca aquellas protestas.

“Los líderes de las grandes tecnológicas y de la computación en la nube trabajan cada vez más con el Pentágono, y no solo en materia de ciberseguridad. Como advertí a la gente del Pentágono involucrada en el proyecto Maven hace todos esos años, esta tendencia se intensificará. Ahora que esas personas se jubilaron hace un tiempo, ya se ha intensificado y continuará sin cesar”, adelanta Spencer.

El 12 de abril los ministros de finanzas de la UE lanzaron una serie de medidas para que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pudiera facilitar el acceso de la industria militar a préstamos públicos en condiciones muy ventajosas.

Esta modificación de las reglas del BEI hay que enmarcarla en el rumbo militarista que ha emprendido la UE. Entre los 27 hay consenso en que es necesario que la Unión se prepare para la guerra, lo que equivale a que los estados tienen que incrementar los gastos militares y las compras de armas, y que para ello es necesario que la industria  incremente su producción y fabrique más armas. En esta misma dirección, la Comisión Europea ha publicado este marzo la primera Estrategia Industrial Europea de Defensa que marca objetivos e indicadores. En concreto define como objetivo que para el 2030 el 40% de las compras de material militar sean conjuntas, que el 50% del gasto en defensa de los estados miembros se lleve a cabo en la industria de la UE y que para el 2050 sea del 60%. En definitiva, la Comisión pretende que el incremento de gasto militar que los 27 están aprobando no se vaya hacia Estados Unidos, sino que en un 50-60% se compre a la industria europea.

Para que el incremento de gasto de los estados y las inversiones de la industria se lleven a cabo es necesario el acceso a créditos bancarios. De nuevo, se produce el consenso entre los 27 de que es necesario que los estados puedan acceder a créditos de fondos públicos, los Eurobonos, para financiar la deuda que se generará con la adquisición de nuevos sistemas de armas. La industria necesitará de estos fondos para ampliar la producción, para lo cual se plantea que el BEI pueda ser el banco que conceda créditos. En definitiva, se engrasa la máquina de dinero público para producir y vender armas.

Pero el BEI necesitaba cambiar sus normas para poder conceder créditos a la industria militar, y de ahí el mencionado acuerdo de abril de los ministros de finanzas para modificar las normas de esta institución y que se puedan conceder créditos públicos a la industria militar, eliminando de la lista de actividades excluidas de financiarse con los fondos BEI la industria de armas y la de municiones.

La nueva Estrategia Industrial Europea de Defensa de la Comisión Europea exige por tanto que el BEI acuerde una definición común de “tecnologías con potencial de doble uso” para promover inversiones conjuntas en tecnologías, productos e infraestructuras en el sector de la defensa, y que adapte las exclusiones relacionadas con la defensa de las políticas de préstamos del Grupo BEI.

Hacerlo significa involucrar efectivamente al BEI en el desarrollo de una industria militar, alejándose de sus objetivos centrales de política pública: financiar la acción climática y la sostenibilidad ambiental y la cohesión económica y social, en un contexto de importantes necesidades de inversión en ambos sectores.

Pues bien, el BEI ha aceptado cambiar la definición de su requisito de doble uso, permitiendo ahora que los proyectos generen la mayoría de los ingresos esperados a partir del uso militar, mientras que antes la mayoría de los ingresos esperados de los proyectos debían tener un uso civil. Ha aceptado también asignar más préstamos nuevos del BEI para fines militares permitiendo que su flujo de financiación dedicado a las PYME financie también proyectos relacionados con actividades militares, así como reformar los procesos internos para que la industria militar pueda obtener un acceso más rápido y fácil a los 6.000 millones de euros en préstamos disponibles hasta 2027 en el marco de la Iniciativa Estratégica de Seguridad Europea (SESI).

Las industrias de defensa y la aeroespacial también han presionado de manera exitosa para que se incluyan materiales como el titanio –esencial para los intereses del sector de defensa– como “materias primas críticas”, a pesar de su uso limitado para la transición climática.

Los préstamos del BEI deben utilizarse para apoyar proyectos estrictamente ambientales y socialmente beneficiosos, que aborden las necesidades públicas y los objetivos de desarrollo respetando al mismo tiempo los derechos de las comunidades locales, y no para inversiones que solamente benefician a los fabricantes de armas europeas. Son urgentes reformas estructurales profundas, dirigidas a atajar la crisis climática, que afecta al bienestar y el sostenimiento de la vida de las personas y el planeta; a hacer frente a la crisis del coste de la vida, que deja en la cuneta a millones de personas; a emprender una transición energética justa, que proporcione energía pública y asequible para todo el mundo. 

Es fundamental, por tanto, que estos días se formulen a candidatos y candidatas a las elecciones de la Unión Europea cuestiones que son vitales para nuestra sociedad. Es necesario debatir y confrontar: ¿Para qué queremos armarnos tanto? ¿A quién beneficia que lo hagamos? ¿Queremos que la UE sea una potencia militar aún mayor, cuando ya ocupa el segundo lugar en el ranking de gastos en defensa? ¿Qué propuestas tienen los partidos en este ámbito? 

De momento, y aunque resulte paradójico, a los tambores de guerra los acompaña un silencio atronador.  

“¿Hay algún mosquetero francés dispuesto a salvar a Atos?”, se preguntaba hace unos días la televisión pública France Info. De momento es el Estado el que más se está implicando en el rescate del grupo. El domingo, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, anunció que había enviado una carta de intención a Atos con vistas a negociar la adquisición de todas sus actividades “soberanas”, con el objetivo de evitar que intereses estratégicos de Francia puedan “caer en manos de actores extranjeros”, según declaró el propio ministro en una entrevista en televisión.

El anuncio de Le Maire se produjo un día antes de que se hiciera público un nuevo deterioro en la situación financiera de Atos. El nuevo plan de negocio presentado el lunes 29 de abril revisaba al alza necesidades de financiación tras un mal comienzo de año: Atos asegura que necesita una inyección de liquidez de 1.100 millones de euros para financiar sus actividades en 2024-2025 (frente a una estimación anterior de 600 millones de euros). De manera global, debe dar una respuesta a su deuda de 5.000 millones de euros antes de agosto.

Durante mucho tiempo el Ejecutivo francés había optado por mantenerse al margen pese a las dificultades que ha venido acumulando en los últimos años el que fuera buque insignia de la French Tech. Y todo ello pese a los repetidos llamamientos de varios partidos de la oposición, que en los últimos meses han solicitado en varias ocasiones la nacionalización directa de actividades juzgadas como estratégicas para intereses nacionales.

Ahora la intención de compra que se ha presentado va un paso más allá de la acción preferencial (golden share) que el ministerio ya había anunciado el pasado 9 de abril, que aseguraba al Estado un derecho de decisión sobre Bull SA, la filial de Atos que gestiona, entre otros, los supercomputadores que se utilizan en las simulaciones de armas nucleares (Francia dejó de hacer ensayos nucleares en el Pacífico en 1996).

No obstante, como señala Libération, este mecanismo de golden share estatal ya había mostrado límites en el pasado, en concreto en el caso de Arabelle, la turbina para los reactores nucleares EPR. Vendida en 2015 a la estadounidense General Electric con el resto de la rama energética de Alstom, Francia negocia desde hace años para recuperar su control después de una serie de diferencias con el grupo americano. “Ojalá el entonces ministro de Economía, un tal Emmanuel Macron, hubiese tenido más vista cuando dio luz verde a esta adquisición”, apunta Libé.

Nuclear, defensa y ciberseguridad

En el caso de Atos el Gobierno quiere asegurarse un mayor control. “Es una responsabilidad del Estado defender los intereses estratégicos de Atos y evitar que tecnologías sensibles y decisivas en materia de superordenadores o defensa pasen a depender de intereses extranjeros”, insistió Le Maire en su intervención del domingo.

En la práctica, la intención es adquirir tres actividades concretas a través del control accionarial en filiales específicas de Atos: de entrada los citados ordenadores de alto rendimiento (supercomputadores), utilizados en la simulación nuclear; también los llamados sistemas de misión crítica (mission critical systems), que proporcionan mapas e información en tiempo real a las fuerzas armadas y que gestionan las comunicaciones de los cazas Rafale; por último, varias actividades de ciberseguridad que se utilizan para encriptado o control de acceso a bases de datos.

De acuerdo con Atos estas tres actividades representan entre 700 y 1.000 millones de euros de su cifra de negocios, es decir, algo menos del 10% de los ingresos totales y emplean a unas 4.000 personas, la gran mayoría en Francia. De acuerdo con las informaciones filtradas por el ministerio estos días, el Estado baraja una oferta de 700 millones.

Aunque la carta de intención no tiene valor contractual, su mero anuncio provocó una fuerte subida en bolsa de las acciones de Atos el lunes. Ahora el Gobierno debe iniciar conversaciones con la dirección de la empresa en las próximas semanas y está previsto que se presente una oferta de adquisición a principios de junio de 2024.

Thales y Dassault

En todo caso el ministerio no quiere embarcarse en el proyecto en solitario y el ministro ha anunciado que espera convencer a otros grupos industriales franceses para que se sumen a él. Le Maire ha insistido en que la intención no es nacionalizar las actividades, sino desvincularlas de Atos y gestionarlas en una nueva sociedad, una colaboración público-privada. “No corresponde al Estado dirigir en solitario estas actividades y lo lógico sería que fueran gestionadas por industriales en el marco de una asociación accionarial”, subrayó.

Aunque evitó citar nombres, uno de los principales candidatos es Thales, que ya trabaja con Atos en varios proyectos militares y civiles y que es propiedad del Estado francés en un 26%. La estructura del capital de esa colaboración final podría asemejarse a las de Naval Group (fabricante de submarinos nucleares, que pertenece en un 62,25% al Estado y en un 35% a Thales). Otra posibilidad, según varios medios, podría ser la entrada en las negociaciones del grupo Dassault.

En cualquier caso, una vez aseguradas estas actividades, parece que el Gobierno no tiene intención de implicarse en el capital del resto del grupo. El Comité interministerial de reestructuración industrial supervisa el procedimiento de conciliación financiera iniciado el 26 de marzo, con el que Atos debe convencer a sus acreedores de la viabilidad de su plan para reembolsar 5.000 millones de euros de deuda.

El gasto militar mundial acaba de registrar su mayor incremento anual en una década, alcanzando la cifra récord de 2,44 billones de dólares (unos 2,29 billones de euros). Según un informe del centro de estudios del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, el aumento de 6,8% registrado entre 2022 y 2023 es el más elevado desde 2009. La cifra del gasto militar total representa a su vez un máximo histórico en los 60 años que lleva funcionando este centro de estudios (conocido como Sipri, por sus siglas en inglés).

Por primera vez en los informes del Sipri, los analistas observan que el gasto militar ha aumentado en las cinco regiones geográficas: África, Europa, Oriente Medio, América, Asia y Oceanía.

Según Nan Tian, investigador principal del Sipri en el programa de gasto militar y producción de armamento, “el aumento sin precedentes en el gasto militar es una respuesta directa al deterioro de la paz y la seguridad en todo el mundo”. “Los países están priorizando la fuerza militar, pero en un panorama geopolítico y de seguridad cada vez más volátil, se arriesgan a una espiral de acción y reacción”, señala Tian en referencia a la posibilidad creciente de un conflicto que comience de manera accidental.

China y Estados Unidos, a la cabeza

Estados Unidos y China son los dos países que más invirtieron en defensa, con un 37% y un 12% respectivamente del gasto a nivel mundial. Tras incrementos anuales de un 2,3% (EEUU) y de un 6% (China), la suma de los dos representa aproximadamente la mitad del gasto militar mundial.

Con Washington tratando de mantenerse a la vanguardia en los avances tecnológicos, el Gobierno estadounidense destinó en 2023 un 9,4% más que en 2022 a “investigación, desarrollo, pruebas y evaluaciones”. EEUU lleva modificando sus estrategias de contrainsurgencia y guerra asimétrica desde que en 2014 Rusia invadió Crimea y la región oriental del Donbás, en Ucrania. Según el informe del Sipri, EEUU se está centrando desde entonces en el “desarrollo de nuevos sistemas de armamento que puedan emplearse en conflictos posibles con rivales de capacidad militar avanzada”.

Aunque parece poco en comparación con el de Estados Unidos, el gasto militar de China es el segundo mayor del mundo. En 2023, aumentó un 6% con relación a 2022, llegando a un total de 296.000 millones de dólares [unos 277.700 millones de euros]. China ha incrementado sin cesar el gasto militar durante los últimos 29 años, siendo la década de los noventa y los años transcurridos entre 2003 y 2014 los períodos de mayor crecimiento. Según el análisis del Sipri, la variación porcentual de un sólo dígito registrada en 2023 tiene mucho que ver con los más modestos resultados económicos que China ha obtenido en los últimos tiempos.

Rusia, en el cuarto puesto, y Reino Unido, el primero de Europa

Por detrás de China vienen, en este orden, Rusia, la India, Arabia Saudí y Reino Unido –este último, con un aumento interanual del 7,9% es el país que más gasta en defensa de toda Europa central y occidental–.

Tras un año de guerra total con Ucrania, el gasto militar del Kremlin fue en 2023 un 24% mayor que en 2022 y un 57% mayor que en 2014, cuando Rusia invadió Crimea. El gasto en defensa ruso representó en 2023 el 5,9% de su PIB y el 16% del presupuesto total del Estado, los porcentajes más altos desde la desaparición de la Unión Soviética en los años 90 del siglo XX.

En medio de las tensiones crecientes con China y con Pakistán, el gasto de defensa en la India aumentó 4,2% en 2023 respecto a 2022 y un 44% con relación a 2014, con incrementos en los gastos operativos y de personal. India está avanzando hacia la autosuficiencia en el desarrollo y producción de armas. Según los analistas del Sipri, el 75% del desembolso de capital del país se destinó a equipos de producción nacional, la proporción más alta de su historia.

Arabia Saudí aumentó su gasto militar un 4,3% hasta los 75.800 millones de dólares [unos 71.100 millones de euros], una cantidad que representa el 7,1% del PIB del país petrolero. Se dice que pudo financiarlo gracias a la subida en los precios del petróleo tras la invasión rusa de Ucrania y al aumento en la demanda de petróleo que no fuera ruso.

En Oriente Medio el gasto militar aumentó un 9%, hasta una cifra estimada de 200.000 millones de dólares [unos 187.600 millones de euros], lo que convierte a la región en la primera por gasto militar en proporción a su PIB, con un porcentaje del 4,2%. La siguen en importancia relativa Europa (2,8% del PIB), África (1,9% del PIB), Asia y Oceanía (1,7% del PIB), y América (1,2% del PIB).

Israel aumenta un 24% su inversión en defensa

El primer país en gasto militar de la región es Arabia Saudí, seguido por Israel y, en tercer lugar, Turquía. Impulsado principalmente por la ofensiva en Gaza, Israel aumentó el gasto un 24% hasta los 27.500 millones de dólares [unos 25.800 millones de euros].

Irán fue el cuarto país de Oriente Medio por su gasto en defensa, con un leve aumento de 0,6% hasta los 10.300 millones de dólares [unos 9.700 millones de euros]. Según el Sipri, la proporción de gasto militar iraní que se destina al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está en aumento, al menos desde 2019.

En 2023 Ucrania ocupó la octava posición mundial por su gasto militar, con un incremento anual del 51% hasta los 64.800 millones de dólares [unos 60.800 millones de euros], lo que representa un 59% del gasto militar ruso ese año. Entre 2014 y 2023 el gasto militar de Kiev ha registrado un incremento de 1.270% (las ayudas militares recibidas por Ucrania de más de 30 países también se incluyen en las cifras del Sipri).

El Ejército de República Democrática del Congo, el que más creció en 2023

El país que registró un incremento mayor de gasto militar en 2023 fue la República Democrática del Congo, con una variación porcentual de 105%. El país mantiene un prolongado conflicto con grupos armados no estatales, principalmente en la región oriental. El segundo mayor incremento mundial en gasto militar fue para Sudán del Sur, con una variación porcentual del 78%.

En América Central y en el Caribe, el despliegue de las fuerzas armadas para combatir a las bandas criminales organizadas es uno de los factores que explican el incremento de gasto militar en 2023, con una variación de 54% sobre las cifras de 2014.

En la República Dominicana aumentó un 14% por el empeoramiento de la violencia desatada por las bandas criminales en la vecina República de Haití. El gasto en México alcanzó los 11.800 millones de dólares [unos 11.100 millones de euros], ligeramente menos que en 2022 pero un 55% por encima del de 2014. La parte asignada a la Guardia Nacional pasó de representar el 0,7% del gasto militar total de México en 2019, cuando se creó esta fuerza militarizada contra el crimen organizado, al 11% en 2023.

Seǵun Diego Lopes da Silva, investigador principal del Sipri, “usar a los militares para sofocar la violencia desatada por las pandillas lleva años siendo una tendencia creciente en la región, con gobiernos incapaces de atajar el problema usando medios convencionales o eligiendo respuestas inmediatas que a menudo son más violentas”.

Texto traducido por Francisco de Zárate

Mientras Ucrania se esfuerza por conseguir municiones, armas y equipamiento para su defensa, Rusia ha experimentado en los últimos dos años un notable incremento de la producción industrial, desafiando las expectativas que muchos planificadores de defensa occidentales tuvieron cuando Vladímir Putin lanzó su invasión en febrero de 2022.

El gasto total en defensa ha aumentado hasta alcanzar aproximadamente el 7,5% del PIB ruso, se han reconfigurado las cadenas de suministro para asegurar muchos insumos clave y eludir las sanciones. Las fábricas que producen municiones, vehículos y equipos funcionan las 24 horas del día, a menudo en turnos obligatorios de 12 horas, con horas extras duplicadas para mantener la maquinaria bélica rusa en pie.

Esta transformación ha colocado a la defensa en el centro de la economía rusa. Putin anunció este mes la creación de 520.000 nuevos puestos de trabajo en el sector militar-industrial, que ahora emplea a unos 3,5 millones de rusos, el 2,5% de la población. Según un análisis del Moscow Times de los datos de empleo de Rusia del mes de noviembre, los maquinistas y soldadores de las fábricas rusas de material bélico ganan hoy más que muchos gerentes administrativos y abogados.

Putin visitó recientemente Uralvagonzavod, el mayor productor de tanques del país, donde los trabajadores se jactan de que la fábrica fue de las primeras en establecer un flujo de producción continuo las veinticuatro horas del día. El presidente ruso prometió financiar la capacitación de 1.500 empleados cualificados más para esa planta.

La OTAN subestimó la capacidad de la industria rusa

A medida que la guerra de Rusia en Ucrania entra en su tercer año, el enorme gasto militar ruso, que se prevé que este año alcance el récord en porcentaje del PIB de la era post-soviética, ha preocupado a los planificadores de defensa europeos, que dicen que la OTAN subestimó la capacidad de Rusia para sostener una guerra a largo plazo.

“Todavía no hemos visto cuál es el punto de quiebre para Rusia”, dice Mark Riisik, director adjunto del departamento de planificación política del Ministerio de Defensa de Estonia. “Básicamente, un tercio de su presupuesto nacional se destina a la producción militar y a la guerra en Ucrania... Pero no sabemos cuándo eso tendrá una verdadera repercusión en la sociedad. Así que resulta un poco difícil decir cuándo parará”.

Un indicador clave en la guerra de artillería ha sido la fabricación nacional de proyectiles, que los expertos cifran en entre 2,5 y 5 millones de unidades al año. Riisik califica la tendencia como preocupante y señala que la producción anual podría superar los 4 millones de unidades en uno o dos años. La importación de más de un millón de proyectiles procedentes de Corea del Norte y las reservas estratégicas de millones de proyectiles proporcionan a Rusia un colchón adicional.

Si bien es posible que ese número no proporcione a Rusia la capacidad necesaria para lograr avances sobre el terreno significativos en 2024 o 2025, esto pone a Ucrania en una situación de clara desventaja en el frente, donde Rusia tiene una superioridad de al menos tres a uno en su artillería de fuego y, a menudo, incluso más. “Es mucho mayor de lo que esperábamos”, dice Riisik sobre las cifras de producción rusa.

Gran parte de esta producción fue integrada al complejo militar-industrial ruso, un colosal entramado integrado por casi 6.000 empresas, muchas de las cuales rara vez obtenían ganancias antes de esta guerra. Pero lo que le faltaba en eficiencia, ese complejo lo compensó en capacidad y flexibilidad cuando el Gobierno ruso aumentó repentinamente la producción de defensa en 2022.

“Economía kalásnikov”

Richard Connolly, experto en el Ejército y la economía de Rusia del instituto británico Royal United Services (RUSI, por sus siglas en inglés) la denominó “economía kalásnikov”. La describe como “muy poco sofisticada, pero duradera, construida para un uso a gran escala y para los conflictos”. “Los rusos llevan años pagando por esto. Han estado subvencionando la industria de defensa –y muchos habrían dicho que malgastando su dinero–, en el caso de que algún día necesitaran poder ampliarlo. Así que era económicamente ineficiente hasta 2022 y, de repente, parece una planificación muy astuta”, explica.

Esto difiere significativamente de los fabricantes de armas occidentales, especialmente los europeos, que generalmente dirigen operaciones ágiles que funcionan a través de las fronteras y están diseñadas para maximizar los beneficios para los accionistas.

Es habitual que Rusia maneje el sector militar a su antojo, reasignando personal, aumentando los presupuestos y presentando grandes pedidos ad hoc. Rusia tendrá dificultades para abastecerse de componentes para armas más complejas, como los misiles, sobre todo si las sanciones se aplican de forma más estricta. Pero por ahora ha conseguido seguir suministrando misiles balísticos Iskander y también misiles de crucero Kh-101.

A principios de 2023, el Gobierno ruso transfirió más de una docena de plantas, incluidas varias fábricas de pólvora, al conglomerado estatal Rostec con el fin de modernizar y racionalizar la producción de proyectiles de artillería y de otros elementos clave en el esfuerzo bélico, como los vehículos militares.

La fábrica de pólvora de Kazán, una de las mayores del país, contrató en diciembre a más de 500 trabajadores y triplicó el salario medio mensual en la planta, de 25.000 rublos (252 euros) a 90.000 rublos (907 euros), según Alexander Livshits, director de la planta. Los anuncios de empleo ofrecen turnos nocturnos que van de 00:00 horas a las 08:00 de la mañana y protección frente al servicio militar para quienes buscan evitar ir al frente.

Muchos de los contratados tuvieron que ser reclutados en regiones vecinas, prueba de la grave escasez de mano de obra cualificada en toda Rusia. Paradójicamente, puede que la principal competencia para las fábricas venga del Ejército, que ofrece un salario de más de 200.000 rublos (2.017 euros) mensuales para quienes se alisten para ir a la guerra. En muchas regiones de Rusia, esa cantidad de dinero puede ser transformadora.

Más dinero y más horas de trabajo

“La guerra ha provocado una redistribución de la riqueza sin precedentes: las clases más pobres se benefician de la inversión pública en el complejo militar-industrial”, dice Denis Volkov, director del Centro Levada, una empresa de sondeos e investigación sociológica con sede en Moscú. “Los trabajadores de las fábricas militares y las familias de los soldados que luchan en Ucrania de repente tienen mucho más dinero para gastar. Sus ingresos han aumentado drásticamente”.

Los sondeos de Levada muestran que entre el 5% y el 6% de quienes “antes no tenían dinero suficiente para comprar bienes de consumo como un frigorífico ahora han ascendido a la clase media”. Rusia pagará por ello aumentando el gasto en defensa hasta casi 11.000 millones de rublos (112 mil millones de euros) el año próximo, un incremento del 70%, que –por primera vez desde la caída de la Unión Soviética– será mayor que el gasto social.

Putin está intentando financiar la guerra, mantener el gasto social y evitar una inflación galopante, todo a la vez, en lo que Alexandra Prokopenko, académica de la Fundación Carnegie, llama un “trilema imposible”. Por ahora, los altos precios del petróleo ayudan a amortiguar el golpe. Pero la guerra está a punto de transformar la economía rusa desde dentro.

Connolly afirma que “durante todo el periodo postsoviético, habría dicho que el petróleo era el principal sector de la economía rusa”. “Ahora digo que es la defensa y el petróleo el que la pagará. Y eso supone un problema a largo plazo”.

Un nuevo análisis del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) calcula que Rusia ha perdido 3.000 vehículos blindados de combate en el último año y cerca de 8.800 desde que comenzó la guerra. Sin poder producir esa cantidad de vehículos, Rusia se ha dedicado principalmente a renovar material obsoleto que, según Connolly, muchos otros Estados habrían desechado hace tiempo.

De acuerdo con el IISS, las fábricas rusas afirman haber manufacturado 1.500 tanques principales este año, de los cuales entre 1.180 y 1.280 fueron recuperados de los depósitos de almacenamiento. Junto con los vehículos blindados de transporte de tropas y los vehículos de combate de infantería reactivados, Rusia “podría mantener su asalto a Ucrania al ritmo actual de desgaste durante otros dos o tres años, y tal vez incluso más”, afirma ese centro de estudios.

Las fábricas rusas han construido nuevas líneas de producción y se han lanzado a la contratación, recurriendo a veces al trabajo forzoso para incrementar la producción. Kurganmashzavod, que produce los vehículos de combate de infantería BMP-2 y BMP-3, ha incorporado a estudiantes y presidiarios para que ayuden a cumplir con los plazos de fabricación. Dmitri Medvédev, expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, visitó la fábrica en 2022 y ya había advertido en otra fábrica de tanques sobre la posibilidad de cargos penales por el incumplimiento de contratos estatales.

Los trabajadores dijeron a los medios de comunicación locales que la semana laboral había pasado a ser de seis días y los turnos, de 12 horas, debido a la llamada “operación especial” de Rusia en Ucrania. Un líder sindical dijo que los nuevos turnos se estaban aplicando en virtud de una orden especial emitida por Putin el pasado mes de agosto, que permite obligar a los trabajadores a trabajar más tiempo “sin su consentimiento”, siempre y cuando no superen las cuatro horas extra al día.

“Hoy en día, prácticamente todas las empresas militares-industriales con órdenes adicionales del Estado están trabajando bajo ese régimen”, ha declarado Andréi Chekmenyov, jefe de la Unión Rusa de Trabajadores Industriales al periódico Novye Izvestia. “En realidad, está prohibido rechazar turnos adicionales. O aceptas [o] te despiden, no hay una tercera opción”.

Texto escrito con la colaboración de Pjotr Sauer, traducido por Julián Cnochaert

Desde el comienzo de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, el pasado 7 de octubre, las empresas de defensa de Israel han seguido haciendo negocios a nivel internacional e, incluso, promocionando las armas que el Ejército está probando sobre el terreno, contra los palestinos, asegura el escritor y periodista Antony Loewenstein, autor de ‘El laboratorio palestino’ (Capitán Swing). 

A pesar de que el 7 de octubre fue “una catástrofe política, de Inteligencia y de seguridad”, dice Loewenstein a elDiario.es, no ha habido ningún tipo de rendición de cuentas ni repercusión para las empresas israelíes que fabrican y venden algunos de los sistemas que no lograron prever ni evitar el ataque sorpresa del grupo palestino Hamás contra Israel.

El escritor australiano explica que, aunque el 7 de octubre podría ser una demostración de que la tecnología de seguridad israelí no es infalible, no hay indicios de que lo sucedido vaya a afectar al sector. “Israel está probando armas en directo y está presumiendo de ello en las redes sociales”, agrega. “Y no es sólo para convencer a la audiencia israelí de que Israel está ganando la guerra, sino para los mercados globales, que están mirando hacia Israel” mientras comete masacres con esas armas punteras. Pero Loewenstein no se muestra sorprendido, porque “la industria armamentística no es una industria moral”.

“Un gran número de compañías dicen abiertamente y promueven equipamiento que el Ejército está usando en su lucha contra Hamás –o en la ofensiva contra Gaza–”, afirma. Las armas probadas en los pasados cinco meses están siendo mostradas en ferias de armamento, como el Foro de Innovación en Defensa, que tuvo lugar en París a finales de noviembre de 2023, asegura el periodista de investigación. “Regularmente hay artículos en la prensa israelí que hablan de las armas que están siendo probadas en Gaza mientras hablamos”. Además, hay palestinos o doctores extranjeros que han estado en Gaza y que dicen haber visto “heridas que nunca habían visto antes”, presumiblemente provocadas por armas novedosas.

Las “cobayas” del laboratorio palestino 

El libro de Loewenstein habla precisamente de cómo los palestinos han sido las cobayas del armamento y la tecnología de seguridad israelí desde hace décadas. “El laboratorio palestino ha sido una política estatal casi durante tanto tiempo como la ocupación israelí del territorio palestino”, escribe el autor, que recopila investigaciones e informaciones publicadas en la prensa o por centros de estudios, y entrevistas con expertos, incluidos militares israelíes. Es más, desde los años 2000, las tecnológicas que fueron naciendo en Israel y que acabarían siendo punteras en todo el mundo son “empresas de defensa cuyo objetivo principal era monetizar la ocupación y vender la experiencia de control a otro pueblo en el mercado global”.

“La historia demuestra que, a pesar de que Israel haya cometido muchas veces crímenes horribles en Palestina y a pesar de que muchas naciones del mundo los han condenado, eso ha influido poco en que esas naciones no compren armas israelíes”, dice Loewenstein, preguntado por si la actual ofensiva en Gaza, donde muchos consideran que Israel está perpetrando un “genocidio”, puede afectar a las ventas de armamento o tecnología israelí.

“La triste realidad es que, a pesar de que Israel haya matado probablemente a 30.000 palestinos, la mayoría de ellos civiles, no hay evidencias de que la industria de defensa israelí se vaya a ver afectada por lo que ha ocurrido”, afirma. El periodista considera que Israel seguirá comercializando sus armas y su tecnología como “probados en combate”, esto es, en Gaza. 

Agrega que “es pronto” para saber cómo va a afectar a la industria armamentística israelí el conflicto, pero cree que hay factores que no han cambiado en los pasados cuatro meses y no van a cambiar: “Después de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, muchas naciones europeas se dirigieron a Israel casi suplicando [que les vendiera] nuevos equipamientos: escudos de defensa antimisiles, otras armas, tecnología de vigilancia…”.  

Durante la guerra en Gaza, “Israel intenta promover armas para futuras ventas porque, sin duda, la economía israelí se está viendo afectada” por el esfuerzo bélico. Prueba de ello es que la agencia Moody’s rebajó la semana pasada la calificación de Israel de A1 a A2 y dijo que las perspectivas económicas eran negativas. Pero Loewenstein cree que “en el corto y medio plazo, la economía israelí va a estar bien, porque goza de un gran apoyo de los países occidentales y estas naciones van a apoyar la economía y la industria armamentística israelí como muestra de solidaridad con Israel y su guerra”.

La guerra ideológica

“Muchas naciones europeas, Reino Unido, Australia, sienten afinidad con otro poder imperialista. También estas naciones, de diferentes formas, han cometido abusos, matanzas, masacres contra sus propias poblaciones indígenas hace mucho tiempo, y tienen una afinidad con Israel, una nación que tan descaradamente mata, asalta, ataca una población indígena”. Precisamente, en el libro explica que Israel ha sabido “exportar” el control sobre los palestinos, un pueblo indígena considerado inferior o del que hay que defenderse, y la tecnología que ha ensayado en Cisjordania y en Gaza ha sido empleada en otros lugares para vigilar, oprimir y separar.

Además, Israel ha sabido presentarse como uno de ellos y “vincular las operaciones del Estado judío con los valores occidentales”, escribe Loewenstein. La estrategia de Israel y su Ejército en las redes sociales es tan exitosa que ha sido copiada por el Ejército más poderoso del mundo, el de EEUU. En estos momentos, Israel no sólo está intentando convencer a sus ciudadanos, pero también a la comunidad internacional y, en concreto, a la comunidad judía global, que su guerra en Gaza es “justa y moral” para justificar sus acciones –y la mayor parte está comprando ese discurso, según el periodista–.

“Israel ha tenido éxito, al igual que EEUU después del 11-S, a la hora de vincular su guerra a una batalla existencial”, pero, en opinión del autor, el 7 de octubre no representó una amenaza para la existencia de Israel como Estado. “Muchas naciones occidentales han aceptado esa narrativa, al igual que han aceptado la narrativa de la guerra contra el terrorismo [islamista]” desde el año 2001.

En su libro, Loewenstein echa la vista atrás para ver que el 11-S y la guerra contra el terror que emprendió Washington en todo el mundo benefició considerablemente a la industria de seguridad israelí, que ya era conocida anteriormente pero se ha convertido en líder mundial. En las dos décadas que siguieron a los atentados contra EEUU, muchos Estados valoraron la “experiencia” de Israel contra el terrorismo y, sobre todo a partir de 2001, la causa palestina se asocia al extremismo islamista, afirma el autor.

Pero Washington no sólo apoya a Israel por afinidad ideológica o por su histórica relación, ni por los cálculos electorales de cara a las presidenciales del próximo noviembre en EEUU, sino también por sus propios intereses económicos. Loewenstein cree que “la industria armamentística estadounidense juega su papel” en el apoyo incondicional del presidente Joe Biden a Israel. “Los CEO de empresas de defensa clave, desde el 7 de octubre, han hablado de lo entusiasmados que están por lo que está pasando en Gaza. No es que hayan causado la guerra o que ésta continúe por ellos, pero se están beneficiando porque EEUU está vendiendo muchísimas armas a Israel”. 

“La escala de la ofensiva de Israel en Gaza, la cantidad de municiones que está lanzando (más de las que EEUU lanzó en Irak y Afganistán) casi no tiene precedentes en las guerras modernas”, en el mismo periodo de tiempo. Según Loewenstein, esto demuestra lo mucho que Israel depende de EEUU: “La guerra puede terminar muy rápidamente si EEUU elige ponerle fin, porque sin las armas y apoyo logístico norteamericano, a Israel le costaría” seguir adelante con sus operaciones militares a gran escala.

Además, el periodista señala que EEUU necesita de compradores de armas porque, tarde o temprano, va a tener “un problema en su cadena de suministros”, después de haber vendido tantas armas a Ucrania y aumentado la producción armamentística a raíz del estallido del conflicto en ese país hace dos años. Israel tampoco ha detenido la exportación de armamento en relación a Ucrania durante la guerra en Gaza: “Muchas naciones europeas, incluso después del 7 de octubre, se han comprometido a comprar escudos antimisiles, por ejemplo. Es decir, no ha habido un impacto negativo en esas ventas potenciales”.

Pegasus, el caballo de troya de Israel

No sólo los países occidentales o “amigos” son clientes de Israel, también otros que, en público, pueden ser críticos con el Estado hebreo. Sin ir más lejos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Bahréin, que han criticado las masacres israelíes en Gaza, pero desde octubre no han degradado sus relaciones diplomáticas –en el caso de Bahréin y Emiratos–, ni han tomado medidas más contundentes contra el país que les proporcionó el spyware Pegasus para espiar a sus opositores o críticos –miembros del Gobierno español, empezando por el presidente, Pedro Sánchez, y decenas de independentistas han sido espiados con Pegasus–.

Loewenstein cuenta en su libro que, en 2020, el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salmán, llamó al primer ministro Benjamín Netanyahu para pedirle que desbloqueara el acceso de su país a Pegasus, después de que el Ministerio de Defensa de Israel denegara la renovación de la licencia por “uso indebido”. Netanyahu lo hizo, lo cual –según el autor– también demuestra la estrecha relación del fabricante de Pegasus, NSO Group, con el Estado israelí y sus intereses geopolíticos. Mientras, Ucrania ha querido comprar Pegasus desde 2019, pero Israel se ha negado porque quiere mantener sus buenas relaciones con Rusia.   

Después de los escándalos en torno al uso de Pegasus para espiar a políticos, periodistas o disidentes, el escritor dice que NSO Group tiene problemas económicos, pero sigue existiendo. “Eso no ha tenido impacto en la industria, porque todas las personas que trabajaban para NSO Group se han marchado a otras compañías que tienen una no tan mala reputación” y los compradores siguen demandando el mismo tipo de producto a las empresas israelíes. “Ningún país, incluidos los europeos o aquellos que se han visto afectados por Pegasus, tienen interés alguno en regular [su uso]. Todos quieres usarlo, da igual quién se lo ofrece”, asegura. Esa tecnología no tiene por qué ser israelí, agrega, pero la “impunidad” en ese país es un factor importante.

México es otro ejemplo que Loewenstein destaca en su libro y en la conversación con elDiario.es: “México es el mayor usuario de spyware israelí en todo el mundo, y eso ha sido así con gobiernos de izquierda. Es una locura”. México fue el primer campo de pruebas importantes de NSO Group, pero le siguieron otros países que, a menudo, no respetan los derechos humanos como Kenia, Turquía, Marruecos o Hungría. En 2022, el periódico israelí Haaretz desveló que NSO Group tenía 22 clientes en la Unión Europea.