La derivada económica de la causa penal por el procés que ya sentenció el Tribunal Supremo en 2019 seguirá adelante en el Tribunal de Cuentas a la espera de la ley de amnistía. La consejera Elena Hernáez ha dictado un auto en el que rechaza la solicitud de suspensión planteada por la representación procesal de Oriol Junqueras, Raúl Romeva y otros siete codemandados más. 

Según ha informado el órgano fiscalizador, dicha solicitud se basaba en salvaguardar los principios de economía procesal y antiformalista para “evitar posteriores trámites procedimentales innecesarios, una vez analizado el texto de la proposición de la ley de amnistía”. Esa norma dejará previsiblemente en papel mojado cualquier multa por el supuesto desvío de fondos públicos en el procés al considerar “extinguidas” las responsabilidades civiles y contables derivadas de esos actos. No obstante, la consejera afirma que a fecha de hoy, se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales, por lo que ha denegado la petición. 

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas se ha posicionado en contra de esa petición al considerar que el mero registro de una proposición de ley no figura entre las causas previstas para suspender una vista que ya está señalada. “La suspensión no se puede subordinar a un acontecimiento futuro de una certeza cuya existencia no se puede afirmar”, aseveró el fiscal jefe del órgano fiscalizador, Manuel Martín-Granizo, durante el juicio celebrado el pasado 17 de noviembre. 

Se mantiene abierto así el procedimiento contable contra 35 ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya —entre los que están los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras— por el dinero público desviado para la organización del referéndum del 1-O y la promoción exterior del secesionismo. 

El exconseller de Exteriores de la Generalitat y miembro de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Raül Romeva, será el candidato de la Alianza Libre Europa (ALE o EFA, por sus siglas en inglés) a presidir la Comisión Europea en los comicios europeos de mayo de 2024, según ha podido saber la agencia ACN. El republicano hará tándem en la candidatura a presidir el ejecutivo comunitario con Maylis Rosberg, de la minoría danesa de Alemania, aunque eso no significará que el nombre del catalán aparezca en la lista de ERC a las europeas, ya que Romeva está aún inhabilitado para ejercer cargos públicos.

ALE presentará oficialmente a sus dos 'Spitzenkandidaten' en un acto este próximo sábado en Estrasburgo, en Francia. Rosberg, la política con la que Romeva compartirá candidatura, es militante de la Asociación de Votantes de Schleswig Meridional, un partido político regional de Schleswig-Holstein que representa a la minoría danesa y los nacionales frisones de esta región. Se trata de la segunda vez que ALE presenta a un candidato a presidir la Comisión Europea. En las elecciones del 2019, el candidato fue el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que en ese momento se encontraba encarcelado por el 1-O.

Para ALE, la candidatura conjunta de Romeva y Rosberg representa la “diversidad” entre los partidos que forman la alianza -una cuarentena de toda la Unión Europea-, y que “trabajan juntos en la defensa de la autodeterminación, la democracia y la diversidad en Europa”.

Raül Romeva, un candidato a presidir la Comisión inhabilitado por el Supremo

Raül Romeva ejerció como eurodiputado por Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) durante diez años, entre 2004 y 2014. Posteriormente, lideró la lista de Junts pel Sí, elegido por ERC, y en 2016 se convirtió en consejero de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales de la Generalitat, durante el mandato del expresidente Carles Puigdemont, cargo que lideró hasta la aplicación del 155 a finales de octubre del 2017 a raíz de la celebración del referéndum del 1-O.

En octubre de 2019 fue condenado a 12 años de prisión y 10 de inhabilitación por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos por la organización del 1-O, junto con otros miembros del Govern de entonces. Tres años después de la condena, en 2021, el Gobierno indultó parcialmente a todos los condenados.

En este sentido, desde ALE han hecho valer que Romeva representa los “valores democráticos y la convicción de que la ciudadanía de Catalunya tiene el derecho de votar”. Asimismo, la organización defiende que el exconseller “ha tenido que sufrir la represión del Estado Español” y asegura que Catalunya “es un ejemplo de muchas de las naciones sin estado” que representa ALE, como el País Vasco, Escocia o Flandes.

Pese a ser el candidato del ALE, ya diferencia de lo ocurrido con Junqueras en el 2019, Romeva no será el cabeza de lista de ERC en las elecciones europeas, según apuntan fuentes del partido consultadas por ACN.

De hecho, se puede optar a la presidencia de la CE sin ser necesariamente eurodiputado electo: la actual presidenta del ejecutivo comunitario, la alemana Úrsula von der Leyen, no es eurodiputada y el Parlamento Europeo la acabó escogiendo para el cargo. Von der Leyen ni siquiera había participado en los comicios como 'Spitzenkandidaten' de los populares europeos, que en 2019 optaban por el alemán Manfred Weber.

La elección de Romeva sería, por tanto, una opción “simbólica”, ya que, de hecho, ALE no tiene posibilidades de conseguir que su candidato sea elegido por la mayoría de la Eurocámara para presidir la CE. El cargo suele surgir de una mayoría de pacto entre populares y socialdemócratas europeos, y necesita del aval de los Estados miembros.

Maylis Rosberg, una candidata de sólo 23 años

Romeva hará tándem en la carrera por presidir la Comisión Europea con Maylis Rosberg, una joven de doble nacionalidad alemana y danesa de sólo 23 años. Rosberg es militante de la Asociación de Votantes de Schleswig Meridional (SSW, por sus siglas en alemán), un partido político regional del estado alemán de Schleswig-Holstein que representa a la minoría danesa y los nacionales frisones de esta región. La alemana-danesa es estudiante de Ciencias Políticas e Historia y actual secretaria general de la EFAY (European Free Aliance Youth), la organización de jóvenes de la Alianza Libre Europea.

En cuanto a Rosberg, la EFA ha hecho valer que su figura como representante de los “muchos partidos de la EFA que defienden las minorías viviendo en estados miembros”, como la minoría turca en Grecia, la comunidad húngara en Rumanía, la minoría macedonia en Bulgaria y la minoría alemana en Dinamarca.

El 'Spitzenkandidat', un procedimiento hacia la presidencia de la Comisión que genera discrepancias

El Spizenkandidat es el término alemán que designa el procedimiento por el que cada partido político europeo presenta a un aspirante a presidir la Comisión Europea. Sin embargo, los tratados europeos no recogen ninguna obligación formal para que el candidato de la familia política que gana las elecciones europeas acabe presidiendo al ejecutivo comunitario. Así, a pesar de que cada partido europeo presenta su candidato, se considera un gesto simbólico, ya que el nombre final en el cargo siempre debe ser avalado por los Estados miembros, quienes, después de negociar, proponen un candidato que debe someterse a votación en el Parlamento Europeo.

Se trata de un proceso que en anteriores elecciones ha generado reticencias y algunas discrepancias entre los eurodiputados, algunos criticando que es un procedimiento que los estados acaban ignorando.

Precisamente la actual presidenta, la alemana Úrsula von der Leyen, miembro del Partido Popular Europeo (PPE), no era la candidata oficial de su formación en los anteriores comicios, pero fue propuesta por los estados tras varias negociaciones infructuosas en las que acabaron descartando la posibilidad de proponer a ninguno de los 'spitzenkandidaten' por la falta de consenso de los 28 (entonces el Reino Unido todavía formaba parte de la Unión Europea).

Los exconsellers Raül Romeva y Josep Rull han reclamado este viernes la amnistía para los líderes independentistas en base a la resolución del comité de Derechos Humanos de la ONU, que apunta que España violó sus derechos, además de los de Oriol Junqueras y Jordi Turull, al retirarles los escaños antes de la condena por el 1-O.

El dictamen de la ONU da 180 días al gobierno español para que responda a la resolución, una respuesta que Romeva y Turull reclaman que “tenga forma de amnistía” porque, según han declarado en una rueda de prensa conjunta desde Barcelona y Ginebra, “es la única manera de resolver la judicialización de un conflicto político”, tal como ha declarado Romeva.

Según Rull, el dictamen es un “homenaje a la separación de poderes, aspecto en el cual el Estado español es débil, porque para mantener su unidad territorial se ha visto obligado a desmantelar su estado de derecho”. En esta línea, ambos exconsellers se han referido a la resolución como una “victoria política y moral” y además han considerado que el texto será “munición jurídica” para las causas que tienen abiertas en Estrasburgo y Luxemburgo.

En esta misma línea se ha expresado, desde Ginebra, el abogado Nico Krisch, que ha remarcado que la decisión de la ONU es “importante” de cara a los procesos en tribunales internacionales, tanto para los casos de extradición, como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). “España debe acabar con la estrategia de la represión y dejar de criminalizar una oposición pacífica”, ha remarcado el letrado.

Así mismo, Krisch ha destacado la necesidad de que España responda en el plazo de 180 días que le marca la ONU y ha asegurado que, de no hacerlo, “quedará fuera de la familia de las democracias liberales y seguirá la estela de países con problemas democráticos como Brasil, Turquía o Venezuela”.

Con todo, el letrado considera que España no puede reparar el daño hecho a los exconsellers en tanto que ha habido nuevas elecciones y no se les puede devolver el escaño. También cree que los indultos no son una “reparación completa”. Así, lo que recomienda es realizar cambios legislativos en el código penal para modificar las interpretaciones de los delitos de rebelión y sedición de tal manera que “no se puedan usar contra una oposición política no violenta”, y se asegure que “esto no vuelva a suceder”.

Por su parte, el exconseller y abogado Carles Mundó, ha advertido que “si se insiste en la acusación de rebelión, se hará sabiendo que no tiene fundamento”. Mundó considera que tanto el Gobierno como los tribunales se deben sentir “concernidos” por el dictamen y espera una pronta respuesta para evitar un “ensañamiento en el abuso del derecho”.  

El Tribunal Constitucional ha anunciado su rechazo a los recursos de Oriol Junqueras y Raül Romeva contra sus condenas por la causa del procés independentista catalán. Los magistrados, en una de sus votaciones más relevantes después de la reciente renovación, han optado con 6 votos a favor y 3 en contra rechazar los recursos de ambos políticos y ratificar sus condenas.

El Supremo condenó al líder de ERC a 13 años de prisión por sedición y malversación, un año más que la condena impuesta a Romeva por los mismos delitos. Los dos, en cualquier caso, están actualmente en libertad desde junio del año pasado tras haber recibido un indulto por parte del Gobierno junto con los otros siete condenados a penas de cárcel.

La sentencia ha estado lejos de la unanimidad, como ha sido habitual en otros casos resueltos por el procés. Habrá votos particulares contrarios de Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer y el recién incorporado Ramón Sáez. Por otra parte, los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido no han participado en las deliberaciones por haberse abstenido y el magistrado Alfredo Montoya sigue fuera de los plenos por enfermedad. La cúpula independentista catalana intentó sin éxito que el tribunal de garantías apartase de las votaciones a los dos magistrados incorporados a propuesta del Partido Popular, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.

Esto implica que el Tribunal Constitucional ha estudiado el asunto con 9 de sus 12 miembros y que, al menos, una tercera parte de los que han participado han anunciado votos particulares en contra de la decisión.

A lo largo del año pasado, el tribunal de garantías ya había resuelto otros recursos de otros líderes políticos catalanes condenados por los mismos delitos en la misma sentencia del Tribunal Supremo de 2019. Una de las primeras fue la de Jordi Turull, una sentencia que ya vino acompañada de voces discrepantes de magistrados que consideran desproporcionada su condena de cárcel.

El Tribunal Supremo ha decidido rechazar todos los recursos interpuestos contra los indultos de los líderes independentistas condenados por el procés catalán. Los jueces han estimado las alegaciones de la Abogacía del Estado y entienden que ningún recurrente estaba legitimado para cuestionar la medida de gracia: ni representantes de PP, Vox y Ciudadanos ni tampoco una asociación ni finalmente Convivencia Cívica Catalana.

En un comunicado, el Supremo explica que la sala de lo contencioso ha estudiado hoy estas alegaciones de la Abogacía del Estado y ha decidido, por mayoría, darle la razón y entender que ninguno de los recurrentes tenía habilitación legal para recurrir los indultos. “La Sala ha decidido por mayoría estimar las referidas alegaciones previas en relación con la falta de legitimación activa en todos y cada uno de los recursos interpuestos”, explica el comunicado. Los autos completos, con los argumentos de los magistrados, se conocerán en los próximos días pero la decisión de esta sección de lo contencioso no ha sido unánime.

El Gobierno concedió indultos a los presos del procés condenados a penas de prisión el pasado mes de junio. El Tribunal Supremo impuso condenas de inhabilitación a tres de los políticos encausados por un delito de desobediencia y para el resto condenas de hasta 13 años de cárcel, en el caso de Oriol Junqueras, por sedición y malversación de caudales públicos. Recientemente el Tribunal Constitucional ha avalado la mayoría de las condenas de los líderes independentistas.

Varios partidos de la oposición así como distintas asociaciones decidieron recurrir los indultos por la vía contencioso-administrativa, una vez cerrada la vía penal contra el ejecutivo. El líder del PP, Pablo Casado, justificó el recurso de su partido en un “atropello democrático” a “millones de españoles”. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, habló de “atropello al Estado de Derecho” y Santiago Abascal, acusó al ejecutivo central de dar “una puñalada por la espalda a los españoles y al Rey”.

Los dos primeros partidos recurrieron a través de diputados: Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa, José María Espejo-Saavedra, Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista y Lorena Roldán. Recurrió también el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo así como Convivencia Cívica Catalana y la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén. Ninguno estaba legitimado para interponer este recurso, según acaba de zanjar la sala tercera por mayoría de sus miembros aunque los argumentos del alto tribunal se conocerán en los próximos días.

En un tuit, la diputada de Vox Macarena Olona ha anunciado que la formación ultraderechista recurrirá esta decisión ante el Tribunal Constitucional. El partido de Santiago Abascal ejerció la acusación popular en el juicio contra los líderes independentistas, aunque no fueron considerados perjudicados o víctimas en la sentencia, y entienden que esa posición les permite poder cuestionar los indultos y que la sala entre a estudiar el fondo del asunto.

Los antecedentes

El Tribunal Supremo ya contaba con antecedentes sobre la legitimación de los partidos políticos y sus representantes para recurrir indultos sin ser parte del proceso judicial. En 2012, por ejemplo, la sala rechazó el recurso de Joan Coscubiela y Laia Ortiz (Iniciativa per Catalunya Verds) contra el indulto concedido al banquero Alfredo Sáenz. Los argumentos de este auto, que tuvo como ponente al hoy presidente del Supremo Carlos Lesmes, eran claros: “Su legitimación no puede fundarse en el simple hecho del cargo público que desempeñan, pues su campo de actuación propio es la representación política, pero no el de la genérica defensa de la legalidad ante los tribunales”, dijo entonces el Supremo.

Ya entonces los jueces advirtieron contra los peligros de permitir que los políticos recurrieran indultos sin formar parte del proceso judicial. “Produciría como inmediata consecuencia la apertura de la legitimación para recurrir a un innumerable número de personas y grupos que transformaría la legitimación en acción pública, lo que indudablemente no puede admitirse en los términos de la Ley para el presente caso”, zanjó la sala. Recientemente la misma sala rechazó por el mismo motivo los recursos de Partido Popular y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

En ese caso Vox y PP también recibieron una respuesta contundente del Supremo. Los jueces reprocharon a ambos partidos que intentaran ejercer una “acción popular de carácter político” inexistente en la Ley. En esa sentencia ya dejaron claro que su decisión sobre su falta de legitimación era previsible por su “abrumadora” jurisprudencia con varias decenas de casos resueltos en sentido similar en los últimos años.

El presidente de ERC y exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa han pedido recusar a dos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. El objetivo de los políticos de ERC es que ambos se abstengan de participar en la sentencia que el tribunal de garantías todavía tiene que emitir sobre su recurso de amparo contra la condena que les impuso el Tribunal Supremo.

Antes de su renovación, el Tribunal Constitucional ya había resuelto los recursos de amparo sobre la sentencia del procés de nueve de los doce condenados por el Supremo. Restan pendientes de sentencia los casos de Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, todos ellos de ERC. La sentencia del Constitucional es indispensable para que puedan llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como han hecho los otros condenados.

En sus escritos, los políticos de ERC argumentan que Arnaldo y Espejel tiene una “clara predisposición o prejuicio favorable a las tesis defendidas por las acusaciones” que, según los dirigentes independentistas, muestran “tanto sus declaraciones públicas como sus relaciones personales y de afinidad ideológica”, en referencia a su cercanía al PP.

Para los políticos de ERC ambos magistrados adolecen de “falta de imparcialidad” para revisar el caso del procés. Tampoco cuentan, a su juicio, con los requisitos de no tener “ningún interés particular” en el desarrollo del pleito, ni “prejuzgar” de forma previa su resultado a partir de posturas personales.

Cabe mencionar que los políticos de ERC no han recusado al también recién elegido magistrado del Constituconal Ramón Sáez, ponente de la sentencia que absolvió al major Trapero en la Audiencia Nacional, en la que Espejel firmó un duro voto particular partidario de la condena por sedición.

Tanto Carles Puigdemont como los condenados por el Supremo y luego indultados ya habían promovido la recusación de dos magistrados del Constitucional que se habían pronunciado en actos públicos sobre el procés con el objetivo de que, en caso de rechazarse, sirviera de argumento para una condena del TEDH a España. Finalmente los magistrados Cándido Conde–Pumpido y Antonio Narváez se abstuvieron de las sentencias que avalaron la instrucción, el juicio y la condena del Supremo, con el voto particular de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, que consideraron desproporcionadas las penas de cárcel.

En la semana en que se han cumplido diez años del final del terrorismo de ETA, miles de personas se han concentrado este sábado en Donostia en defensa de los derechos de los presos tras una convocatoria de la plataforma Sare en la que se podía leer una pancarta que reclamaba el fin de la “excepcionalidad” y que tenía por lema 'Ibilian, etxerako bidean' ('Andando, de camino a casa' en euskera). Se han escuchado abundantes cánticos de “Etxera!”, que se puede traducir como una reivindicación del acercamiento pero también de la excarcelación. Además de la izquierda abertzale, PNV y Podemos -aunque con cargos de segundo rango- y el conjunto de los sindicatos han respaldado la convocatoria, a la que han asistido como invitados expresos independentistas catalanes como Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolos Bassa o Josep Rull que han sido ovacionados

Si en 2011 eran del orden de 700 los reclusos, ahora son unos 200. De ellos, alrededor de 70 cumplen su condena en las cárceles de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra después de un cambio en la política penitenciaria con el Gobierno de Pedro Sánchez que ha supuesto que no queden ya reclusos en España más al sur de Madrid. El EPPK es el colectivo oficial de presos y en el pasado ha expulsado e incluso considerado traidores a aquellos miembros de ETA que renegaban de la organización e iniciaban procesos de reinserción como la denominada 'vía Nanclares'. Esta semana, algunos de ellos han criticado en una carta a la izquierda abertzale por no asumir sus responsabilidades por haber dado cobertura política a la violencia.

“Nos encontramos de nuevo en la calle y una vez más tenemos que pedir al Gobierno de España que cumpla con la ley ordinaria”, ha enfatizado la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, aunque también estaba presente uno de los grandes protagonistas de la semana, el líder de la coalición, Arnaldo Otegi, quien este lunes leyó una declaración sobre el reconocimiento de las víctimas de ETA y, horas después, vinculó los apoyos al Gobierno central por la necesidad de buscar soluciones al colectivo de presos. Asimismo, han acudido el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, el parlamentario Julen Arzuaga o los diputados Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu. La parlamentaria del PNV Irune Berasaluze ha destacado la reciente transferencia de Prisiones. Con ella han acudido el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, y otros cargos públicos como Kerman Orbegozo o Iñaki Agirre. La portavoz municipal, Aitzole Araneta, ha representado a Podemos.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha aprovechado su asistencia a la manifestación para calificar de “valiente y sincera” esa declaración sobre la violencia y ha puesto en valor que Euskadi “siga en este momento un camino por el que siempre ha apostado” Catalunya, “que es el camino del diálogo, de la negociación y el acuerdo” para resolver “el conflicto con el Estado”. “Es un placer volver al País Vasco después de cuatro años de ausencia forzosa”, ha añadido en alusión al tiempo que ha estado en prisión a raíz del 'procès' de 2017, informa Europa Press. “Estamos aquí por dos razones. La primera, devolver las toneladas de apoyo que hemos recibido durante nuestra cautividad por parte de la sociedad vasca y por parte de Sare [...]. La segunda, no tiene sentido que, después de diez años de la desaparición de la acción de ETA, el Estado español continúe con esta situación de un derecho excepcional”, ha expresado el exconsejero catalán Josep Rull, que también fue encarcelado al formar parte del Govern de Carles Puigdemont cuando se aplicó el 155.

Una representación de la asociación de víctimas Covite ha desplegado dos pancartas en el recorrido de la marcha, una en euskera y otra en castellano. En concreto, las han colocado sobre el túnel del Antiguo. En la primera estaba tachada la palabra “gudari” y era sustituida por “asesinos” y en la segunda lo que estaba tachado era “presos políticos” y ponía en su lugar “asesinos presos”. También han lanzado pasquines con nombres de asesinados por ETA. Algunos de los presentes se han girado y han abucheado a Covite. Estas personas les han llamado “fascistas” y “terroristas”.

15 días hábiles para abonar 5,4 millones de euros de fianza. Este es el plazo que ha acordado dar este miércoles el Tribunal de Cuentas a los 34 exdirigentes y funcionarios de la Generalitat en la causa por los gastos exteriores del procés. El órgano fiscalizador ha llegado a esta conclusión tras dos sesiones en las que ha escuchado las alegaciones de los encausados y las ha rechazado casi todas, fijando la fianza en 5.422.411,10 euros frente a los 5.422.879,48 comunicados este martes. Apenas 400 euros de diferencia.

Ahora los exaltos cargos, entre los que se encuentran los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Andreu Mas-Colell, Francesc y Raül Romeva tendrán un plazo de 15 días hábiles desde el momento en que reciban la versión definitiva del acta de liquidación provisional para depositar las fianzas requeridas. De no abonar el dinero se procederá al embargo de sus bienes. Las defensas pueden pedir más tiempo para depositar la fianza y recurrir una vez entregado el dinero. Fiscalía y Sociedad Civil Catalana, que también ejerce la acusación, tendrán después un plazo de 20 días para formular demanda.

Según fuentes jurídicas presentes en la sesión, el representante de la Abogacía del Estado ha guardado silencio después de que el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciara este martes que los servicios jurídicos del Gobierno no demandarían a los 34 encausados. Por su lado, el fiscal no ha avanzado futuros movimientos y se ha limitado a destacar la “profesionalidad” del Tribunal de Cuentas después de las críticas de las defensas, según las mismas fuentes.

El exconseller de Presidencia de la Generalitat y uno de los encausados y abogados de la causa, Francesc Homs, ha reprochado en declaraciones a la prensa a su salida del tribunal que la instructora del procedimiento no haya estimado sus alegaciones y ha criticado que la intervención de la Fiscalía en el acto de este miércoles haya sido de “naturaleza política” y no haya aportado alegaciones técnicas en favor o en contra del acta presentada por la instructora.

La nueva causa del Tribunal de Cuentas se suma a la que está pendiente de juicio por las gastos efectuados en Catalunya para el referéndum del 1-O, por la que el propio Puigdemont, sus exconsellers y una decena de exaltos cargos y funcionarios ya abonaron en enero de 2020 una fianza de 4,1 millones de euros. El procedimiento relativo a los gastos internacionales abarca casi una década de la acción exterior de la Generalitat, que según el Tribunal de Cuentas se extralimitó de las competencias que tienen todas las comunidades autónomas al dedicar fondos a “la promoción del proceso soberanista”.

La fianza es solidaria, por lo tanto si un exalto cargo no puede hacerse cargo de una de las partidas, el resto la deberá cubrir por él. De este modo, el Tribunal de Cuentas pretende asegurar el cobro del importe reclamado por si hubiera personas insolventes. La mayor suma se atribuye al exsecretario del consorcio público–privado Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,8 millones. Le siguen la exinterventora de la Generalitat Mireia Vidal, con 3,1 millones; el exconseller Homs, con 3,1 millones; el expresident Artur Mas y el exconseller Mas-Colell, con 2,9 millones;

En el caso de dos de los indultados por el procés, el exvicepresident Junqueras y el exconseller Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,2 millones y 2 millones, respectivamente. Respecto a Puigdemont, su defensa estudia poner en conocimiento la causa del Tribunal de Cuentas ante el Parlamento Europeo habida cuenta de que a día de hoy el expresident tiene inmunidad como eurodiputado después de que la Justicia europea se la devolviera de forma provisional,

Una semana después de que los líderes independentistas salieran indultados de prisión ha irrumpido en la escena del procés el Tribunal de Cuentas, un tribunal que no está formado por magistrados sino por consejeros de designación política y que no puede decretar penas de cárcel pero sí arruinar a quien encause. En los últimos tres años el organismo ha impuesto 14,4 millones de euros de multas y fianzas a medio centenar de funcionarios y exdirigentes soberanistas en tres causas relacionadas con el procés: 4,9 millones por los gastos de la consulta del 9-N, otros 4,1 millones por el referéndum del 1-O y los 5,4 millones de euros de este martes por los siete años de actividad exterior de la Generalitat para “promocionar” el procés.

El expresident Artur Mas y el exconseller Francesc Homs, dos de los 34 encausados este martes, ya sabían lo que era enfrentarse al Tribunal de Cuentas. En 2018 fueron condenados, junto a la exvicepresidenta Joana Ortega, la exconsellera Irene Rigau y otros seis exaltos cargos, a pagar 4,9 millones de euros por gastos derivados de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Entre los gastos figuraban ordenadores portátiles comprados para uso escolar pero que también se emplearon en la votación al estar en las escuelas. El Tribunal de Cuentas llegó a embargar la casa del expresident, aunque ni él ni sus exconsellers fueron juzgados por los tribunales ordinarios por malversación de fondos públicos. Mas, Rigau, Ortega y Homs solo fueron condenados por desobediencia.

Ello no impidió que se iniciaran los expedientes de responsabilidad contable debido a la naturaleza de este ente. El Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador del Estado, encargado de vigilar la contabilidad los organismos públicos, pero que además, pese a no formar parte del Poder Judicial, puede juzgar e imponer multas a quienes causen menoscabo en los caudales públicos (aunque no se hayan sentado en el banquillo de los tribunales ordinarios por malversación). La condena contable de Mas se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.

Además de la causa por los fondos dedicados a la promoción internacional del referéndum que ha estallado este martes, el Tribunal de Cuentas tiene abierto otro procedimiento pendiente de juicio por gastos del 1-O que versa no sobre la actividad exterior, sino sobre gastos efectuados en Catalunya para cartelería, sobres y papeletas del referéndum. En enero de 2020 el Tribunal impuso por ello una fianza de 4,1 millones a 26 exconsellers del Govern de Carles Puigdemont, altos cargos y el propio expresident.

Vía contable y vía penal

Puigdemont, Junqueras y Romeva repiten en ambas causas del Tribunal de Cuentas por los gastos interiores y exteriores del procés, al igual que la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal, los exaltos cargos Quim Nin, Aleix Villatoro y Amadeu Altafaj y el exresponsable del consorcio Diplocat, Albert Royo. En paralelo se ha seguido o se sigue contra todos ellos una causa penal por malversación (por los mismos gastos que también se les reclaman por la vía contable del Tribunal de Cuentas). Y pueden acabar en la cárcel: el expresident está procesado y reclamado por el Supremo a Bélgica mientras que los cinco exaltos cargos citados se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Barcelona por la causa de los preparativos del 1-O.

Además, Royo, a quien el Tribunal de Cuentas ha impuesto este martes la fianza más alta, de 3,8 millones de euros, tiene una segunda causa penal en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona por los gastos exteriores del procés, al igual que Romeva. Entre las dos causas hay gastos que se repiten, como una subvención de 422.056,66 euros del Diplocat a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR). El motivo es que ambas causas parten del mismo informe de fiscalización de la actividad exterior del Govern realizado en 2019 por el organismo tras solicitarlo la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas a instancias del PP y con el apoyo del PSOE y Ciudadanos.

De entre los 34 encausados a quienes se han comunicado las fianzas este martes, solo Junqueras y Romeva han sido condenados por malversación en la causa del procés del Tribunal Supremo. Pero pese a su condena penal, cabe recordar que el Supremo no les impuso devolver el dinero malversado en forma de responsabilidad civil sino que dejó esa función precisamente para el Tribunal de Cuentas.

Fuentes jurídicas matizan, sin embargo, que las garantías de una causa penal son mayores que en el Tribunal de Cuentas. Y ponen como ejemplo lo ocurrido este martes: a los abogados se les ha dado tres horas para leer el informe de 500 páginas y luego han podido realizar sus alegaciones contra las fianzas en un turno de 10 minutos. Las defensas seguirán este miércoles con sus alegaciones. Una vez finalicen, será el turno de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que podrán solicitar que se dé ya 15 días hábiles a los encausados para depositar como fianza los 5,4 millones antes de proceder al embargo de sus bienes. Tras este trámite, los denunciados tendrán que depositar esos fondos y garantizar así que pueden hacer frente a una eventual condena. Si no lo hacen, podrán ver embargadas sus cuentas corrientes y propiedades en un plazo máximo de tres meses.

Tras reclamar el independentismo “una solución” al Gobierno para el caso del Tribunal de Cuentas, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que la Abogacía del Estado no va a presentar demanda en la causa de los gastos exteriores del procés. Pero aunque el servicio jurídico del Gobierno no esté, la causa seguirá adelante habida cuenta de la personación de la Fiscalía y de la asociación contraria a la independencia Sociedad Civil Catalana.

Juicio con tribunal caducado

A la politización natural del Tribunal de Cuentas –sus doce consejeros los escogen Congreso y Senado por mayoría reforzada, lo que precisa de un pacto entre PSOE y PP– se le suma el hecho de que sus actuales miembros vencen mandato este próximo mes de julio sin que haya perspectivas de que ambas fuerzas puedan lograr un acuerdo para renovar el órgano. Posiblemente el juicio contable a los dirigentes soberanistas se celebre con un tribunal en funciones presidido por la exministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante.

Los actuales consejeros fueron nombrados bajo la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y el Gobierno ha exigido este martes al PP que ponga fin a su actitud “tremendamente antidemocrática” de “boicotear” la renovación de los órganos constitucionales, en palabras de la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero. Con todo, el Ejecutivo ha evitado criticar el procedimiento contable después de que el ministro de Fomento, José Luís Ábalos, admitiera el fin de se semana que es una “piedra en el camino” para la resolución del conflicto catalán.

En cambio desde el independentismo se han cargado las tintas contra la nueva causa contable. El más contundente ha sido el expresident Artur Mas, que ha acusado al Tribunal de Cuentas de “abuso de poder” y de buscar “la muerte civil y política” de los exaltos cargos del Govern mediante una condena contra la que, al contrario de las causas penales, no hay indulto posible.

La callada por respuesta. Así han decido contestar al Tribunal Supremo los presos del procés de ERC y de Junts per Catalunya. El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, así como los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull y el exlíder de la ANC y actual secretario general de Junts, Jordi Sànchez, han anunciado que no responderán a la petición que el tribunal del procés ha realizado a los condenados sobre su indulto.

Los presos de ERC y Junts toman así una posición distinta de la del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que este miércoles sí contestó al Supremo para indicar que su prioridad era la amnistía y no el indulto. Cuixart replicó al Supremo el mismo día que la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena requirió a las defensas de los doce condenados por el procés para que se posicionen sobre el indulto solicitado a su favor por parte de sindicatos como la UGT o particulares como el letrado Francesc Jufresa.

En un comunicado, ERC ha explicado que los cuatro condenados por sedición no darán respuesta al alto tribunal porque “la ley no lo prevé y porque no es de obligado cumplimiento”. Los cuatro independentistas han acusado al Supremo de pedirles opinión sobre el indulto antes de emitir su informe “por cuestiones meramente políticas”, ya que es un trámite que no se encuentra previsto en la ley. “La solución al conflicto político entre Catalunya y España debe ser colectiva y pasa por la amnistía”, han agregado.

Según han informado fuentes de la defensa Sànchez, Rull y Turull, la decisión de renunciar a responder al Supremo la han tomado en una reunión mantenida en la tarde de este jueves en la cárcel de Lledoners con su abogado, Jordi Pina, y responde al hecho de que no se sienten interpelados por el Alto Tribunal.

La contestación era una cuestión más simbólica que material. Respondan o no al Supremo, los trámites para la decisión final respecto al indulto no se alteran: la ley del indulto no obliga a que el tribunal tenga que consultar al condenado sobre si acepta la medida de gracia, y si el Gobierno terminara concediéndoselo los presos tampoco podrían negarse a salir de prisión. Antes de la decisión final del Ejecutivo el tribunal del procés tendrá que emitir un informe preceptivo, pero no vinculante, sobre la medida de gracia.

El plazo que el Supremo ha dado a las defensas llega después de que el Tribunal Constitucional avalara por primera vez las condenas por sedición, si bien dos de sus magistrados discreparon y criticaron por “desproporcionadas” las altas penas de cárcel. En su voto particular, el magistrado Juan Antonio Xiol y la magistrado María Luisa Balaguer consideraron que el propio Supremo podía haber propuesto al Gobierno en su sentencia un indulto parcial y atemperar así las penas, habida cuenta de la “indeterminación” de la sedición en el Código Penal, la casi inexistente jurisprudencia contemporánea respecto a este delito y la afectación del delito sobre derechos fundamentales.

La tramitación de los indultos por parte del Gobierno empezó el pasado mes de septiembre, cuando el Ministerio de Justicia envió al Tribunal Supremo la petición realizada por el letrado Francesc Jufresa. Tal y como marca la ley del indulto, el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, pidió a los centros penitenciarios en los que cumplen condena los presos y a la Fiscalía que informaran al respecto, trámite que cumplieron a finales de noviembre y principios de diciembre respectivamente. Mientras las cárceles expresaron el progreso favorable de los presos del procés ante el indulto, el Ministerio Público lo rechazó de plano, con la misma dureza que ha mostrado a lo largo de toda la causa.

No fue hasta el pasado 26 de enero cuando la Sala de lo Penal del Alto Tribunal solicitó su informe sobre a la Abogacía del Estado, perjudicada por el delito de malversación al que fueron condenados el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellera Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. Antes de emitir su dictamen la Abogacía pidió al Supremo que reclamara un informe al Tribunal de Cuentas para certificar algo conocido públicamente desde el año pasado, esto es, que los presos depositaron una fianza de 4,1 millones de euros para afrontar su eventual condena ante ese órgano por los gastos del 1-O.

El Tribunal de Cuentas confirmó al Supremo el pasado 16 de marzo que la fianza estaba depositada. La Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, emitió el 30 de marzo su informe, en el que rechazó pronunciarse a favor o en contra del indulto alegando que de hacerlo se estaría “anticipando” a una decisión que corresponde al Gobierno. Completados los informes de las acusaciones, corresponde ahora al tribunal presidido por Manuel Marchena emitir su dictamen una vez se cierre el nuevo trámite con las defensas. Cuando el Supremo envíe al Gobierno su dictamen, el Ministerio de Justicia deberá elevar al Consejo de Ministros una propuesta sobre el indulto sobre los condenados, que llevan ya más de tres años en prisión.

El expresidente de Uruguay y líder de la formación Frente Amplio, Pepe Mujica, se ha reunido esta semana con los dirigentes de ERC, Oriol Junqueras y Raül Romeva, en un encuentro telemático desde la prisión de Lledoners donde los independentistas cumplen condena. “Soy amigo de todos los que están presos por razones políticas”, ha expresado el político uruguayo, que se ha mostrado favorable a la “salida política” y la negociación para dar cauce al conflicto catalán. “Compañeros, cuenten que siempre estaremos para ayudar en la mesa de diálogo”, expresa Mujica en el vídeo difundido por ERC.

Durante la reunión, Junqueras expresó a quien fuera líder tupamaro el agradecimiento de la formación por el apoyo recibido desde Uruguay. ERC y el Frente Amplio uruguayo han tenido históricamente fuertes lazos comunes e incluso militantes compartidos. “Siempre hemos visto con simpatía las causas por la justicia y la libertad en América Latina y en todo el mundo. Nuestra lucha también se encuentra dentro de la lucha democrática de muchos de estos pueblos”, afirmó el líder independentista.

El de Mujica no es el único encuentro con líderes internacionales que están celebrando estos días los dirigentes de ERC. Esta misma semana el exlíder del Sinn Féin irlandés, Gerry Adams, mantuvo una videoconferencia con Oriol Junqueras y Raül Romeva en la que trasladó el apoyo entre independentistas. “Los vínculos entre la lucha del pueblo catalán e irlandés son de hace mucho tiempo”, recalcó Adams, que participó en la reunión junto al actual presidente del comité nacional del Sinn Féin, Declan Kearney.

Como en el caso de Mujica, Junqueras agradeció a Adams el apoyo mostrado por el movimiento irlandés, un vínculo que el republicanó consideró “muy importante” para “la lucha común por los derechos humanos y la democracia”. Adams respondió deseando que “el hecho de saber que tenéis razón sea un pequeño consuelo”.

Tanto Mujica como Adams han pasado por estancias en prisión, incluyendo navidades, como es el caso de Junqueras y Romeva. Por eso, tanto el dirigente uruguayo como el irlandés han tenido palabras sobre esta situación. “Conozco lo que es eso, por eso me acuerdo de todos los presos políticos”, dijo Mujica. De la misma forma, el del Sinn Féin aseguró que la prisión “no es un lugar agradable” en Navidad, pero invitó a los de ERC a pensar en estos días “casi como una parte necesaria de la lucha” para conseguir la “libertad del pueblo catalán”.

En la noche del 28 de abril fueron proclamados diputados electos Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez y senador electo Raül Romeva. Desde ese “mismo momento” están en posesión de la prerrogativa conocida como “inmunidad parlamentaria”, que se traduce en que “no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva” (artículo 71.2 de la Constitución Española).

Esta prerrogativa está reconocida sin excepción de ningún tipo. El ordenamiento español, la Constitución y los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, no contemplan ninguna circunstancia, ni anterior ni posterior al momento de la proclamación como diputado o senador electo, que pueda excepcionar la vigencia de la prerrogativa de la inmunidad. El Reglamento del Congreso, después de reproducir en el artículo 11 el artículo 71.2 de la Constitución Española, añade en el 12: “El Presidente del Congreso, una vez conocida la detención de un Diputado O CUALQUIERA OTRA ACTUACIÓN JUDICIAL...que pudiera obstaculizar el ejercicio de su mandato, adoptará de inmediato cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros”.

En la noche del 26 de mayo, si la encuesta del CIS conocida este jueves 9 de mayo acierta, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont podrían ser proclamados parlamentarios electos del Parlamento europeo, en donde dispondrían de una inmunidad similar a la de los parlamentarios españoles.

El Tribunal Supremo tiene que enfrentarse ya al problema de como incide el nuevo estatus jurídico de los cinco parlamentarios españoles en el proceso que se sigue contra ellos y va a tener que enfrentarse con mucha probabilidad a otro similar, pero con características propias, a partir del día 26 respecto de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.

Se trata de un combate jurídico con dos asaltos. El primero tiene lugar en España y se debería de resolver mediante los siguientes pasos:

1º La  inmediata  puesta en libertad de los diputados y del senador electo (debería haberse producido en la noche del 28 A, tras la proclamación de candidatos electos por la Junta Electoral Provincial). Técnicamente, los cinco parlamentarios están “detenidos ilegalmente” desde el 28 de abril.

2º El envío por el Tribunal Supremo a ambas Cámaras de la solicitud para poder proceder contra ellos.

3º La aprobación de los correspondientes “suplicatorios” por los Plenos de cada una de las Cámaras. Una vez dados estos pasos, el Tribunal Supremo podría continuar el juicio de la forma que estime pertinente.

El Tribunal Supremo debería suspender inmediatamente el juicio respecto de los cinco parlamentarios y esperar para reanudarlo a que el Congreso y el Senado hubieran aprobado los “suplicatorios”. En todo caso, tendrá que dar una respuesta motivada a la solicitud que le ha sido dirigida por los cinco parlamentarios detenidos. Obviamente, si la solicitud no fuera atendida, cabría contra ella, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que, como medida cautelar, tendría que ordenar la suspensión del juicio hasta que hubiera resuelto el recurso. La decisión del Tribunal Constitucional, si no estimara el amparo, abriría la puerta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde se podría solicitar la adopción de una medida cautelar en ese mismo sentido.

El segundo asalto, aunque intuyo que el Tribunal Supremo va a intentar impedir (no lo va a conseguir) que Carles Puigdemont adquiera la condición de parlamentario europeo, va a tener como protagonistas principales al Parlamento Europeo y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El batacazo va a ser de época. Tendremos ocasión de verlo, por desgracia.

Tengo la impresión de que la Justicia Española se metió en un callejón sin salida al aceptar que el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la Fiscalía General del Estado, ocupada por José Manuel Maza, le trasladara la respuesta al problema de la integración de Catalunya en el Estado en la forma de una querella por rebelión.

El Presidente del Gobierno nunca debió permitir que el Fiscal General hiciera lo que hizo. Pero ni la Audiencia Nacional primero ni el Tribunal Supremo después debieron admitir que eran el juez ordinario predeterminado por la ley para resolver el problema tal como les había sido planteado. Al no haberlo hecho así, la Justicia Española se ha introducido en un laberinto, en el que se encuentra ante dilemas insolubles. La Política tiene su lógica y el Derecho la suya. Entre ambas hay una frontera, es decir, contacto, pero, sobre todo, separación. Con la lógica de un proceso penal no se puede dar respuesta a un problema de naturaleza tan política como es el de la integración de una “nacionalidad” dentro de un Estado.

Los tribunales de justicia sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven. Pretender que sirvan para lo que no sirven, que es lo que hicieron Mariano Rajoy y José Manuel Maza,  y aceptar que uno sirve para lo que no sirve, que es lo que hicieron la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, conduce inexorablemente a la catástrofe.

Oriol Junqueras y Raül Romeva optarán por una defensa jurídica y política en el juicio en el Tribunal Supremo. Los escritos de defensa del exvicepresident y el exconseller de Exteriores reivindican que en su etapa en el Goviern que condujo al 1-O y a la declaración del independencia “defendieron en todo momento y defienden aún en la actualidad que la solución pasa por una negociación política”. Ninguno de los hechos que protagonizaron ambos dirigentes es delictivo, a criterio de la defensa.

Los dos dirigentes piden así la absolución del delito de rebelión del que les acusa la Fiscalía, así como la sedición y la malversación que sostiene la Abogacía del Estado, reivindicando que nunca llamaron a la violencia y que en todo momento actuaron guiados por un “mandato representativo” de los electores. Insiste el escrito en que Junqueras y Romeva, a lo largo del 'procés', “apoyaron y siguen apoyando la obstinada inversión en un diálogo político sincero” por la “naturaleza política” del debate soberanista: “Es en ese marco de negociación política ineludible que se desarrollaron todas las actuaciones hasta el momento en que fueron sometidos mis mandantes al presente procedimiento penal”.

El contenido de los escritos de Junqueras y Romeva, al que accedido este diario, también supone una dura crítica a la investigación al 1-O llevada a cabo tanto en el Supremo como en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. En este sentido, el letrado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, denuncia la “instrumentalización del proceso penal” para “perseguir” al independentismo, y que ha llevado a que la Fiscalía pida 25 y 16 años de prisión, respectivamente, para sus clientes.

En un ataque directo a la Fiscalía, la defensa sostiene que la violencia independentista que sí ve el ministerio público “es una invención” y supone una “percepción sesgada” que relaciona el derecho a decidir con los actos violentos. “Es la ideología misma que se percibe como una agresión por más que esta es pacífica y lo seguirá siendo porque sino sus promotores la abandonarán. Junqueras y Romeva, antes que independentistas, son demócratas y pacifistas”, concluye el escrito.

Junqueras y Romeva se reconocen como autores del referéndum del 1 de octubre, al igual que el conjunto del Govern. No obstante, niegan que se usaran fondos públicos para costear la votación, que defienden como “la única decisión de ejecución unilateral que se llevó a cabo”, es considerada en los escritos un acto acorde a los “derechos cívicos” y que “aglutinaba un consenso muy mayoritario” también en sectores no independentistas. Los políticos ahora encarcelados “impulsaron desde sus respectivas funciones de representación política la realización del referéndum de autodeterminación”, asegura la defensa.

Al contrario que la Fiscalía, Junqueras y Romeva rechazan cualquier impulso de actos violentos y ensalzan su voluntad para dialogar con el Gobierno central tanto antes como después del 1-O. “Los esfuerzos por encontrar una vía de diálogo por parte del gobierno catalán fueron tan intensos, como intensa fue la negativa, una vez más, del gobierno español por entablar ese diálogo. Éste no aceptó ni tan siquiera la posibilidad de una mediación internacional”, aseveran los escritos de defensa.

La defensa de Junqueras y Romeva subraya en todo momento que la celebración de referéndums es un acto que fue despenalizado y que ya no figura en el Código Penal. De ahí que los exconsellers impulsaran el 1-O, añade la defensa, “convencidos de su legalidad como actos de ejercicio de derechos cívicos (derecho a la libertad de expresión y a la libertad ideológica)” y de la “indudable irrelevancia penal de dicho objetivo”.

Una DUI sin efectos

Sobre lo que ocurrió después del 1-O, Junqueras y Romeva rebajan la declaración de independencia suspendida del 10 de octubre y aprobada el 27-O a “una expresión más de la voluntad política” soberanista, sustentada, argumenta la defensa, “en una actuación pacífica, democrática, legítima y parlamentaria para generar un escenario de negociación multilateral ineludible (entre Catalunya, España y la Unión Europea) basado en el respeto a los principios democráticos”.

“La Declaración –recalcan los exconsellers– recogía expresamente esa reiterada vocación de diálogo”. Asimismo, reconocen que tras la aplicación del 155, todas las fuerzas políticas catalanas concurrieron a las elecciones convocadas por Mariano Rajoy “decidiendo no desplegar efecto alguno de la Declaración y persistir en la búsqueda de espacios de negociación política”.

El inicio, en el Estatut

En un largo relato de los hechos que parte del recorte del Estatut de Catalunya por parte del Tribunal Constitucional en el año 2010, la defensa de los republicanos rechaza la acusación de la rebelión negando que existiera violencia diferente a la ejercida el 1 de octubre por la policía. Así, los escritos aseguran que la Policía Nacional y Guardia Civil actuaron el día de la votación “con finalidades distintas a las de dar efectividad a la orden judicial, centrándose en generar imágenes de violencia inusitadas que pudieran (seguramente a su entender) atemorizar a los votantes e impedir su participación en dicho referéndum o bien escarmentarles por haberlo hecho”.

“Esta causa es un ejemplo de instrumentalización del proceso penal para la persecución de un movimiento que, pacíficamente, ansía un objetivo político legítimo en democracia”, denuncian ambos acusados. Por esta razón aseguran que la sentencia que del proceso salga mostrará “el mantenimiento o derogación de los valores democráticos sobre los que se sustentan los países de nuestro entorno de acuerdo con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE)”.

La Abogacía del Estado reclama hasta 12 años de cárcel por los delitos de sedición y malversación para los líderes independentistas a los que acusa de haber promovido la declaración unilateral de independencia de Catalunya en contra del criterio del Tribunal Constitucional. El delito de sedición castiga a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” con el objetivo de “impedir” por la fuerza o fuera de la ley el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales, entre otras cuestiones.

El órgano que defiende los intereses del Estado se distancia de la Fiscalía y descarta finalmente el delito más grave de rebelión, por el que fueron condenados los responsables de la intentona golpista del 23-F, y que establece de forma muy clara que ese alzamiento debe ser público y, por tanto, notorio y manifiesto; y también violento, es decir, ir acompañado del ejercicio de la fuerza física o de algún tipo de amedrentamiento.

La reclamación de penas más altas es para los antiguos miembros del Govern que jugaron “el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias” para realizar el referéndum del 1 de octubre. En concreto, doce años para el exvicepresident Oriol Junqueras y once años y medio para los exconsellers que siguen encarcelados Joaquim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores) y Dolors Bassa (Trabajo y Asuntos Sociales). Según la Abogacía del Estado, todos ellos merecen un castigo más grave por su estatus de “autoridad”, al haber “inducido, sostenido y dirigido” la sedición desde su condición de miembros del Govern. También son acusados de malversación.

En el caso de los otros tres antiguos miembros del Ejecutivo catalán encausados pero que no están en prisión provisional –Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santiago Vila (Empresa)– la Abogacía del Estado aprecia los delitos de malversación y desobediencia grave por adoptar “los acuerdos para la ejecución y desarrollo del referéndum del 1 de octubre, disponiendo ilegítimamente de fondos públicos” y por desoír sistemáticamente los acuerdos del Tribunal Constitucional. Por ambas infracciones pide para ellos siete años de prisión, diez de inhabilitación absoluta y un año y ocho meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público además de una multa. Vila dimitió de su cargo un día antes de que el Parlament votara la declaración de independencia.

Un segundo grupo de acusados estaría conformado por los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El escrito los señala como autores de un delito de sedición que también habrían “inducido, sostenido y dirigido”, aunque sin contar con la condición de “autoridad” de los seis exmiembros del Govern también acusados de la misma infracción. Por esa razón, el abogado del Estado solicita para ellos una pena de menor entidad: ocho años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta.

Por último, el tercer polo estaría formado por los antiguos cargos del Parlament procesados. Para la expresidenta Carme Forcadell la Abogacía del Estado solicita diez años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta como presunta autora de un delito de sedición. Forcadell, al igual que los antiguos miembros del Govern de la Generalitat acusados de penas más altas, tenía condición de “autoridad” al ejecutarse los hechos, según el servicio jurídico del Estado.

Por otro lado, el exvicepresidente de la Cámara Lluís Maria Corominas y su sustituto Lluís Guinó, así como los antiguos miembros de la Mesa Anna Simó y Ramona Barrufet, se enfrentan a peticiones de multa de diez meses e inhabilitación para empleo o cargo público de un año y ocho meses por presunta desobediencia grave. El mismo delito se achaca al exsecretario tercero de ese órgano, Joan Josep Nuet, y a la expresidenta del grupo de la CUP, Mireia Boya. Sin embargo, en estos dos últimos casos, las condenas reclamadas se reducen a multa de ocho meses y un año y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El órgano que defiende los intereses del Estado entiende que estos últimos deberían haber “inadmitido a trámite y paralizado” las propuestas contrarias al orden constitucional. Y recuerdan que a pesar de las múltiples advertencias y requerimientos personales que les formuló el Tribunal Constitucional para que se abstuvieran de tramitar iniciativas de esa índole, “votaron sistemáticamente a favor de su admisión, abriendo la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, estatutarias y legales así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la legalidad”.

Separación de la Fiscalía

La Abogacía del Estado pidió el pasado agosto que el juez abriese juicio por delitos de rebelión, malversación y desobediencia contra los líderes del procés. Sin embargo, finalmente ha descartado el delito más grave separándose del criterio de la Fiscalía, que ha reclamado 25 años de cárcel por rebelión para Junqueras, 17 para Forcadell y los 'Jordis' y 16 para los exconsellers.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Justicia, Dolores Delgado, negó que hubiera habido una “imposición de criterio” a la Abogacía del Estado. Aseguró que es la primera vez que el órgano que defiende los intereses de la Administración en el proceso se pronuncia sobre la naturaleza y la calificación de los hechos y que el pasado agosto únicamente “asumió” el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena “como conclusión de la investigación”.

La decisión de que la Abogacía no acusase de rebelión se tomó en una reunión que mantuvieron los miembros del Ejecutivo el pasado lunes. Diferentes miembros del Gobierno, empezando por el propio presidente, Pedro Sánchez, ya habían deslizado en las últimas semanas que no veían delito de rebelión. También la vicepresidenta, Carmen Calvo, subrayó esa tesis.

El exconseller de Exteriores, Raül Romeva, ha descartado que se produzca una negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez mientras haya políticos catalanes en las cárceles. Así lo ha declarado a la Cadena SER.

“No puedes plantear una negociación con rehenes políticos”, ha dicho a la emisora en una entrevista sin micrófonos en el Centro Penitenciario de Lledoners, en Barcelona, donde el exconseller cumple prisión preventiva desde el 4 de julio de este año.

Romeva ha trasladado un mensaje de unidad por parte de los presos y que ninguno negociara otra cosa que no sea la absolución. El exconseller cree que la situación no puede ser “normal” mientras unos estén en Bruselas y otros en las cárceles.

No obstante, el político cree que la solución tiene que pasar por el diálogo y la negociación, pero que para ello han de darse unas condiciones de “credibilidad”.

Según se acerca el día 1 de octubre llega el momento en el que el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, deberá poner a prueba el trabajo que ha hecho los dos últimos años. Pase lo que pase, el día anunciado para el referéndum tendrá un eco internacional, y Romeva será el encargado de coordinar el mensaje de Catalunya al exterior. Con una opinión pública internacional mayoritariamente opuesta a la secesión de un territorio europeo pero que en los últimos días ha levantado una ceja ante la contundente respuesta española, el partido catalán, el día 2, podría jugarse también fuera de esas fronteras.

Este viernes los 22 miembros de la Sindicatura Electoral han presentado su dimisión con el objetivo de trasladar sus funciones a organismos internacionales. ¿Por qué ha ocurrido esto?

Se ha producido la situación de que, ante las presiones del Estado y las amenazas personales, se ha considerado que ya habían hecho el trabajo que debían hacer, que era poner en marcha todos los preparativos, validar los materiales y la información necesaria para el referéndum. Como todo esto estaba hecho y con el objetivo de protegerlos, no tenía sentido que se mantuvieran en su puesto en estas condiciones. Lo que se dice ahora es que los organismos internacionales acreditados seguirán haciendo su trabajo.

¿Cuál es el objetivo de estas misiones internacionales encabezadas por la australiana Helena Catt y el holandés Daan Everts?

Su cometido es la observación electoral de todo lo que está pasando. Es un ente totalmente autónomo, ellos no nos reportan a nosotros, están haciendo un trabajo distribuido por el territorio con un seguimiento de todo el proceso y que harán una valoración al final. Su compromiso es ver cómo se llega al día 1 y qué pasa en ese momento.

¿La idea es, por tanto, votar el 1 de octubre sin Sindicatura Electoral?

Votaremos con las condiciones que tengamos, nuestra determinación es votar. Las condiciones con las que estamos haciéndolo tienen que ver con una respuesta represiva del Estado. Por el momento entendemos que las funciones para la que estaba creada esta Sindicatura están cubiertas. Es evidente que lo deseable sería hacerlo en otras circunstancias, que este no es el escenario óptimo en el que quisiéramos hacer un referéndum y que, si lo hacemos así, no es porque queramos. Pero, pese a las dificultades, nosotros haremos un referéndum con las máximas garantías que nos permitan.

¿En este momento están en condiciones de organizar un referéndum?

Yo no sé en qué circunstancias llegaremos al día 1, pero lo que está claro es que votaremos. Votaremos porque hay un compromiso claro para hacerlo, también porque tenemos la capacidad logística y organizativa. Pero también por una razón mucho más importante y es porque no hay otra solución que votar. Después de haberlo probado todo, la única posibilidad que tenemos de desencallar este problema es escuchar a la gente.

Pero, pese a que la situación sea impuesta y no deseada por la Generalitat, ¿puede considerarse una votación en las actuales condiciones como un referéndum?

Sin duda. Será un referéndum no solo en forma de papeletas sino en forma de voluntad. Porque lo que está pasando estos días reafirma todavía más que esto no va de independencia sino de garantizar la democracia. Lo importante del referéndum del domingo no es solo responder a la pregunta que se hace, sino demostrar que aquí hay una fortaleza democrática frente a un Estado que lo único que hace es apostar por la vía represiva, vulnerando sus propias leyes y poniendo en juego la democracia en todo el Estado.

Vistos los antecedentes, es un escenario plausible que el día 1 se impida físicamente la votación. Si no se ha podido votar, ¿qué cree que la Generalitat debería hacer?

Tanto que se vote, que es lo que creo que pasará, como que pase alguna cosa que impida que se vote, ya son hechos que merecen una reacción. Si se vota, el resultado habrá que escucharlo. Si no se puede votar, también será un hecho que debe ser respondido. No olvidemos que este referéndum es una propuesta para solucionar un problema, mediante una vía reconocida en todo el mundo, y que nuestra voluntad es hacerlo. Si no se puede hacer, esto dará más argumentos a quienes decimos que el problema es el Estado.

¿Los estados y actores internacionales han mostrado interés en el referéndum catalán?

Si me preguntas específicamente por el interés, todos los estados han mostrado interés. Es normal porque el interés viene condicionado por que haya un hecho relevante que pueda tener consecuencias. Desde esta perspectiva, la carpeta catalana está en las mesas europeas. Esto es un hecho, otra cosa es que sea una carpeta incómoda, que haya otros asuntos que le hagan la competencia o que en estos momentos haya mucha cautela para reaccionar. Pero, ¿interés?, evidentemente. Es tan así que la diplomacia española se ha tenido que esforzarse como nunca antes y multiplicar los recursos destinados para difundir su relato por el mundo. Porque además una cosa que genera especial interés es observar cómo el Gobierno de Rajoy va a gestionar esto.

¿Por qué cree que la Unión Europea y sus estados se han mostrado siempre tan reacios a reaccionar más allá de fórmulas de compromiso?

Si tú analizas los 53 referéndums de autodeterminación que ha habido en los últimos 25 años, en ningún caso ha habido una manifestación internacional antes de que se produzca el hecho. Lo que hay es una reacción. La UE es un club de estados, y los estados lo que quieren siempre es el mantenimiento del statu quo, es el principio básico de las relaciones internacionales. Por tanto para mí lo importante no es que no estén dando apoyo, sino que no han dicho que el referéndum no se pueda hacer.

El mensaje más repetido es que se debe respetar la Constitución española, que quiere decir que el referéndum no se puede hacer según el Tribunal Constitucional.

Esto es una interpretación posible. Lo que yo interpreto es que cada vez que ha habido alguna reacción internacional nunca ha dicho que no se pueda hacer un referéndum. En todo caso ha habido valoraciones sobre en qué contexto se debería hacer y en qué marco. Es razonable y es posible discutirlo. Pero aquí estamos ante un debate político, que no jurídico, de la Constitución española, porque la Constitución en ningún caso prohíbe el referéndum. Pero además fíjese que ninguno de estos actores se ha posicionado concretamente en contra de que Catalunya pueda votar. Porque estos actores, como he explicado antes, no se posicionan a priori sino que reaccionan a lo que ocurre. Antes hay una enorme cautela.

¿Esta cautela explica que ningún primer ministro ni jefe de Estado europeo, como tampoco ningún miembro de la Comisión, se hayan reunido con el president Puigdemont o con usted?

Que la capacidad de influencia de la diplomacia española es enorme, especialmente comparada con la de Catalunya, es una obviedad. Que las presiones que se están haciendo desde esta diplomacia para imponer un relato, también. Pero yo tengo la impresión de que la batalla del relato no la están ganando tan fácilmente, porque todo el mundo empieza a ser consciente que desde Catalunya hacemos las cosas con voluntad siempre pacífica y negociada. Los aliados del Estado español son el resto de estados y, por tanto, de forma oficial, los estados se relacionan con otros estados. ¿Quiere decir eso que no ha habido relación, contacto e intercambio de información con otros gobiernos o jefes de Estado? No. Pero no en el marco de la relación oficial entre estados, como es normal.

Ante la situación en Catalunya, ¿qué cree que debería hacer la comunidad internacional?

Cualquier actor internacional, ante cualquier vulneración de derechos fundamentales, del Estado de derecho o de los principios democráticos, lo primero que deben hacer es interesarse, informarse, condenarlo y hacer lo que haga falta en términos de diplomacia internacional en el sentido más genérico para revertir ese hecho.

¿Su función es que ocurra esto?

No. Mi función es informar, explicar, generar complicidades y poner en conocimiento de estos actores lo que está pasando. Porque el problema que hemos tenido hasta ahora es el gran desconocimiento fuera de lo que estaba pasando en Catalunya. Esta es la función que tenemos ahora como departamento. Estamos en la fase del conocimiento, no del reconocimiento. El reconocimiento viene después de que haya conocimiento, y mi función es multiplicarlo a partir de todas las vías que tenemos al alcance.

El miércoles vimos las detenciones de altos cargos del Govern, tras la que hubo una importante movilización social. ¿Cree que esta movilización es una respuesta adecuada si hechos similares vuelven a ocurrir?

Yo creo que la sociedad ha estado ejemplar. Ha dado una respuesta inmediata que ha ido a defender lo que es un proyecto colectivo. Ha habido una movilización inmediata y básicamente centrada no en la independencia sino en el derecho a votar. La palabra que más se ha repetido ha sido democracia. La gente no se movilizaba para votar sí, sino para votar. Y todo esto se ha hecho de una forma escrupulosamente pacífica. Nuestra gran baza internacional es que todo lo que hacemos lo hacemos con determinación democrática y clara vocación pacífica. Y esto está ocurriendo, y vamos a ser claros, pese a las provocaciones. Pero la situación de violencia, por mucho que interese, no ha existido.

La Conselleria d'Afers Exteriors de la Generalitat ha enviat un memoràndum a les cancelleries de tot el món per explicar la llei del referèndum que JxSí i la CUP han registrat aquest dilluns al Parlament i una còpia de la norma en anglès.

El memoràndum, el número 39, titulat La llei del referèndum per a l'autodeterminació de Catalunya i recollit per Europa Press, explica que la normativa vol posar “el marc legal per a la convocatòria i celebració d'un referèndum per permetre als ciutadans de Catalunya decidir sobre el seu futur polític” l'1 d'octubre.

La Generalitat entén la llei com una “resposta democràtica” al dictamen del Tribunal Constitucional (TC) que va anul·lar diversos preceptes de l'Estatut el 2010 i al rebuig del Govern central a negociar una solució política a les demandes d'autogovern de Catalunya.

El document acusa l'Estat d'haver-se “embarcat en un procés recentralizador” i de dur a terme, a través del TC, una interpretació altament restrictiva de la Constitució en aspectes diversos, com l'ús de la llengua catalana o el finançament de polítiques de la Generalitat.

També interpreta la llei presentada aquest dilluns com una reacció al fet que Catalunya s'hagi convertit, segons el text, en “una minoria estructural dins de l'Estat espanyol”, la qual cosa li impedeix de gaudir de ple reconeixement i de participar en la vida política, econòmica, social i cultural d'Espanya sense sofrir discriminació, exposa.

Segons explica la conselleria que lidera Raül Romeva, la llei permetrà al Govern dur a terme l'1-O i contempla “un nombre de mecanismes comuns internacionalment comparables” com la creació d'una autoritat electoral, de comitès en els col·legis de votació i de càrrecs responsables del referèndum.

Així mateix, explica que l'aprovació de la normativa, que han signat 67 diputats del Parlament, està prevista per a principis de setembre, quan es reprengui l'activitat parlamentària.

La Conselleria de Asuntos Exteriores de la Generalitat ha enviado un memorándum a los Ministerios de Exteriores de todo el mundo para explicar la ley del referéndum que JxSí y la CUP han registrado este lunes en el Parlament y una copia de la norma en inglés.

El memorándum, el número 39, titulado 'La ley del referéndum para la autodeterminación de Catalunya' y recogido por Europa Press, explica que la normativa busca sentar “el marco legal para la convocatoria y celebración de un referéndum para permitir a los ciudadanos de Cataluña decidir sobre su futuro político” el domingo 1 de octubre.

La Generalitat entiende la ley como una “respuesta democrática” al dictamen del Tribunal Constitucional (TC) que anuló varios preceptos del Estatut en 2010 y al rechazo del Gobierno a negociar una solución política a las demandas de autogobierno de Cataluña.

El documento acusa al Estado de haberse “embarcado en un proceso recentralizador” y de llevar a cabo, a través del TC, una interpretación altamente restrictiva de la Constitución en aspectos varios, como el uso de la lengua catalana o la financiación de políticas de la Generalitat.

También interpreta la ley presentada este lunes como una reacción a que Cataluña se haya convertido, según el texto, en “una minoría estructural dentro del Estado español”, lo que le impide disfrutar de pleno reconocimiento y participación en la vida política, económica, social y cultural de España sin sufrir discriminación, expone.

Según explica la Conselleria que lidera Raül Romeva, la ley permitirá al Govern llevar a cabo el 1-O y contempla “un número de mecanismos comunes internacionalmente comparables” como la creación de una autoridad electoral, de comités en los colegios de votación y de cargos responsables del referéndum. Asimismo, explica que la aprobación de la normativa, que han firmado 67 diputados del Parlament, está prevista para principios de septiembre, cuando se retome la actividad parlamentaria.

Paso al frente de ERC respecto al PDECat en los preparativos del referéndum anunciado para el 1 de octubre. La vicepresidencia de la Generalitat que encabeza Oriol Junqueras y la conselleria de Exteriors que lidera Raül Romeva asumirán la competencia para intentar comprar las urnas del referéndum después de que el primer concurso quedara desierto.

Fuentes gubernamentales han explicado que en la reunión del Ejecutivo catalán del próximo martes el vicepresident y el conseller de Exteriors pedirán de manera oficial que se les autorice para asumir la competencia para comprar urnas, actualmente en manos de la consellera de Governació, Meritxell Borràs (PDECat), petición que, añaden las mismas fuentes, será respaldada con un acuerdo de gobierno en este sentido.

El primer y fallido concurso para la compra de urnas motivó una querella de la Fiscalía contra Borràs que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya investiga. Borràs intentó sin éxito que se archivara la querella alegando que las urnas se podían usar para elecciones en las AMPAS de los colegios y que el concurso quedó desierto.

En cuanto aparezca un nuevo paso hacia el referéndum en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), se da por descontado que la Fiscalía interpondrá una nueva querella o pedirá que se acumule a la causa contra Borràs, que todavía se encuentra en un estado embrionario. Aunque Junqueras y Romeva dispongan de la competencia para las urnas no se descarta que la orden formal de su compra se asuma de forma colegiada por parte de todo el Ejecutivo. En cualquier caso, el encargo de compra de urnas todavía no se producirá este martes, según las citadas fuentes.

Tras el fracaso del primer concurso, el Govern comprará directamente las urnas a una empresa, según aparece en la web que el grupo parlamentario de Junts pel Sí ha creado para explicar los pasos del Ejecutivo hacia el referéndum. La web no cuenta con ningún sello oficial de la Generalitat.

El anuncio de este miércoles se da en un contexto de lucha soterrada que los republicanos, pese a compartir Govern, mantienen con el PDECat para el liderazgo independentista y después del cese del conseller Baiget (PDECat) por dudar del 1-O y de los motivos esgrimidos por Borràs para frenar su causa penal.

La asunción de la compra de urnas por parte de Junqueras y Romeva se ha conocido minutos después de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, explicara en una conversación informal con periodistas en el Parlament que prevé impulsar antes de agosto una “reorganización” de funciones dentro del Govern para “concentrar” en un solo conseller las competencias relativas a la organización y ejecución del referéndum. Horas antes, desde el atril, Puigdemont no ha descartado cesar a más consellers, pero no “ahora mismo”.

Con este anuncio, el president perfilaba el papel de Junqueras en el 1-O, quien ya recibió el septiembre pasado el encargo de ser el coordinador del referéndum junto al Romeva. Los reajustes se anunciarán públicamente y servirán, según el plan gubernamental, para regresar del parón vacacional de las dos primeras semanas de agosto con los deberes hechos para afrontar la fase final de ejecución del referéndum, aunque a día de hoy el Govern no ha conseguido sus elementos más básicos, como el censo o las urnas.

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha estimat parcialment aquest dimecres el recurs presentat pel Govern espanyol contra la denominació d'Afers Exteriors que la Generalitat de Catalunya va triar inicialment per al departament dirigit per Raül Romeva. El tribunal de garanties l'ha anul·lat per inconstitucional.

Fa gairebé un any, el 29 de juny de 2016, el tribunal de garanties va aixecar la suspensió que va dictar quatre mesos abans sobre les activitats d'aquesta Conselleria. Va mantenir no obstant la mesura cautelar de no permetre la denominació inicial d'aquest òrgan del govern català com d''Afers Exteriors'.

Després d'admetre a tràmit el recurs, l'Executiu autonòmic va canviar el nom inicial d'aquesta Conselleria pel de Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, per entendre que l'inicial constituiria una vulneració de la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre la seva activitat.