La derivada económica de la causa penal por el procés que ya sentenció el Tribunal Supremo en 2019 seguirá adelante en el Tribunal de Cuentas a la espera de la ley de amnistía. La consejera Elena Hernáez ha dictado un auto en el que rechaza la solicitud de suspensión planteada por la representación procesal de Oriol Junqueras, Raúl Romeva y otros siete codemandados más. 

Según ha informado el órgano fiscalizador, dicha solicitud se basaba en salvaguardar los principios de economía procesal y antiformalista para “evitar posteriores trámites procedimentales innecesarios, una vez analizado el texto de la proposición de la ley de amnistía”. Esa norma dejará previsiblemente en papel mojado cualquier multa por el supuesto desvío de fondos públicos en el procés al considerar “extinguidas” las responsabilidades civiles y contables derivadas de esos actos. No obstante, la consejera afirma que a fecha de hoy, se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales, por lo que ha denegado la petición. 

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas se ha posicionado en contra de esa petición al considerar que el mero registro de una proposición de ley no figura entre las causas previstas para suspender una vista que ya está señalada. “La suspensión no se puede subordinar a un acontecimiento futuro de una certeza cuya existencia no se puede afirmar”, aseveró el fiscal jefe del órgano fiscalizador, Manuel Martín-Granizo, durante el juicio celebrado el pasado 17 de noviembre. 

Se mantiene abierto así el procedimiento contable contra 35 ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya —entre los que están los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras— por el dinero público desviado para la organización del referéndum del 1-O y la promoción exterior del secesionismo. 

El exconseller de Exteriores de la Generalitat y miembro de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Raül Romeva, será el candidato de la Alianza Libre Europa (ALE o EFA, por sus siglas en inglés) a presidir la Comisión Europea en los comicios europeos de mayo de 2024, según ha podido saber la agencia ACN. El republicano hará tándem en la candidatura a presidir el ejecutivo comunitario con Maylis Rosberg, de la minoría danesa de Alemania, aunque eso no significará que el nombre del catalán aparezca en la lista de ERC a las europeas, ya que Romeva está aún inhabilitado para ejercer cargos públicos.

ALE presentará oficialmente a sus dos 'Spitzenkandidaten' en un acto este próximo sábado en Estrasburgo, en Francia. Rosberg, la política con la que Romeva compartirá candidatura, es militante de la Asociación de Votantes de Schleswig Meridional, un partido político regional de Schleswig-Holstein que representa a la minoría danesa y los nacionales frisones de esta región. Se trata de la segunda vez que ALE presenta a un candidato a presidir la Comisión Europea. En las elecciones del 2019, el candidato fue el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que en ese momento se encontraba encarcelado por el 1-O.

Para ALE, la candidatura conjunta de Romeva y Rosberg representa la “diversidad” entre los partidos que forman la alianza -una cuarentena de toda la Unión Europea-, y que “trabajan juntos en la defensa de la autodeterminación, la democracia y la diversidad en Europa”.

Raül Romeva, un candidato a presidir la Comisión inhabilitado por el Supremo

Raül Romeva ejerció como eurodiputado por Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) durante diez años, entre 2004 y 2014. Posteriormente, lideró la lista de Junts pel Sí, elegido por ERC, y en 2016 se convirtió en consejero de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales de la Generalitat, durante el mandato del expresidente Carles Puigdemont, cargo que lideró hasta la aplicación del 155 a finales de octubre del 2017 a raíz de la celebración del referéndum del 1-O.

En octubre de 2019 fue condenado a 12 años de prisión y 10 de inhabilitación por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos por la organización del 1-O, junto con otros miembros del Govern de entonces. Tres años después de la condena, en 2021, el Gobierno indultó parcialmente a todos los condenados.

En este sentido, desde ALE han hecho valer que Romeva representa los “valores democráticos y la convicción de que la ciudadanía de Catalunya tiene el derecho de votar”. Asimismo, la organización defiende que el exconseller “ha tenido que sufrir la represión del Estado Español” y asegura que Catalunya “es un ejemplo de muchas de las naciones sin estado” que representa ALE, como el País Vasco, Escocia o Flandes.

Pese a ser el candidato del ALE, ya diferencia de lo ocurrido con Junqueras en el 2019, Romeva no será el cabeza de lista de ERC en las elecciones europeas, según apuntan fuentes del partido consultadas por ACN.

De hecho, se puede optar a la presidencia de la CE sin ser necesariamente eurodiputado electo: la actual presidenta del ejecutivo comunitario, la alemana Úrsula von der Leyen, no es eurodiputada y el Parlamento Europeo la acabó escogiendo para el cargo. Von der Leyen ni siquiera había participado en los comicios como 'Spitzenkandidaten' de los populares europeos, que en 2019 optaban por el alemán Manfred Weber.

La elección de Romeva sería, por tanto, una opción “simbólica”, ya que, de hecho, ALE no tiene posibilidades de conseguir que su candidato sea elegido por la mayoría de la Eurocámara para presidir la CE. El cargo suele surgir de una mayoría de pacto entre populares y socialdemócratas europeos, y necesita del aval de los Estados miembros.

Maylis Rosberg, una candidata de sólo 23 años

Romeva hará tándem en la carrera por presidir la Comisión Europea con Maylis Rosberg, una joven de doble nacionalidad alemana y danesa de sólo 23 años. Rosberg es militante de la Asociación de Votantes de Schleswig Meridional (SSW, por sus siglas en alemán), un partido político regional del estado alemán de Schleswig-Holstein que representa a la minoría danesa y los nacionales frisones de esta región. La alemana-danesa es estudiante de Ciencias Políticas e Historia y actual secretaria general de la EFAY (European Free Aliance Youth), la organización de jóvenes de la Alianza Libre Europea.

En cuanto a Rosberg, la EFA ha hecho valer que su figura como representante de los “muchos partidos de la EFA que defienden las minorías viviendo en estados miembros”, como la minoría turca en Grecia, la comunidad húngara en Rumanía, la minoría macedonia en Bulgaria y la minoría alemana en Dinamarca.

El 'Spitzenkandidat', un procedimiento hacia la presidencia de la Comisión que genera discrepancias

El Spizenkandidat es el término alemán que designa el procedimiento por el que cada partido político europeo presenta a un aspirante a presidir la Comisión Europea. Sin embargo, los tratados europeos no recogen ninguna obligación formal para que el candidato de la familia política que gana las elecciones europeas acabe presidiendo al ejecutivo comunitario. Así, a pesar de que cada partido europeo presenta su candidato, se considera un gesto simbólico, ya que el nombre final en el cargo siempre debe ser avalado por los Estados miembros, quienes, después de negociar, proponen un candidato que debe someterse a votación en el Parlamento Europeo.

Se trata de un proceso que en anteriores elecciones ha generado reticencias y algunas discrepancias entre los eurodiputados, algunos criticando que es un procedimiento que los estados acaban ignorando.

Precisamente la actual presidenta, la alemana Úrsula von der Leyen, miembro del Partido Popular Europeo (PPE), no era la candidata oficial de su formación en los anteriores comicios, pero fue propuesta por los estados tras varias negociaciones infructuosas en las que acabaron descartando la posibilidad de proponer a ninguno de los 'spitzenkandidaten' por la falta de consenso de los 28 (entonces el Reino Unido todavía formaba parte de la Unión Europea).

Los exconsellers Raül Romeva y Josep Rull han reclamado este viernes la amnistía para los líderes independentistas en base a la resolución del comité de Derechos Humanos de la ONU, que apunta que España violó sus derechos, además de los de Oriol Junqueras y Jordi Turull, al retirarles los escaños antes de la condena por el 1-O.

El dictamen de la ONU da 180 días al gobierno español para que responda a la resolución, una respuesta que Romeva y Turull reclaman que “tenga forma de amnistía” porque, según han declarado en una rueda de prensa conjunta desde Barcelona y Ginebra, “es la única manera de resolver la judicialización de un conflicto político”, tal como ha declarado Romeva.

Según Rull, el dictamen es un “homenaje a la separación de poderes, aspecto en el cual el Estado español es débil, porque para mantener su unidad territorial se ha visto obligado a desmantelar su estado de derecho”. En esta línea, ambos exconsellers se han referido a la resolución como una “victoria política y moral” y además han considerado que el texto será “munición jurídica” para las causas que tienen abiertas en Estrasburgo y Luxemburgo.

En esta misma línea se ha expresado, desde Ginebra, el abogado Nico Krisch, que ha remarcado que la decisión de la ONU es “importante” de cara a los procesos en tribunales internacionales, tanto para los casos de extradición, como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). “España debe acabar con la estrategia de la represión y dejar de criminalizar una oposición pacífica”, ha remarcado el letrado.

Así mismo, Krisch ha destacado la necesidad de que España responda en el plazo de 180 días que le marca la ONU y ha asegurado que, de no hacerlo, “quedará fuera de la familia de las democracias liberales y seguirá la estela de países con problemas democráticos como Brasil, Turquía o Venezuela”.

Con todo, el letrado considera que España no puede reparar el daño hecho a los exconsellers en tanto que ha habido nuevas elecciones y no se les puede devolver el escaño. También cree que los indultos no son una “reparación completa”. Así, lo que recomienda es realizar cambios legislativos en el código penal para modificar las interpretaciones de los delitos de rebelión y sedición de tal manera que “no se puedan usar contra una oposición política no violenta”, y se asegure que “esto no vuelva a suceder”.

Por su parte, el exconseller y abogado Carles Mundó, ha advertido que “si se insiste en la acusación de rebelión, se hará sabiendo que no tiene fundamento”. Mundó considera que tanto el Gobierno como los tribunales se deben sentir “concernidos” por el dictamen y espera una pronta respuesta para evitar un “ensañamiento en el abuso del derecho”.  

El Tribunal Constitucional ha anunciado su rechazo a los recursos de Oriol Junqueras y Raül Romeva contra sus condenas por la causa del procés independentista catalán. Los magistrados, en una de sus votaciones más relevantes después de la reciente renovación, han optado con 6 votos a favor y 3 en contra rechazar los recursos de ambos políticos y ratificar sus condenas.

El Supremo condenó al líder de ERC a 13 años de prisión por sedición y malversación, un año más que la condena impuesta a Romeva por los mismos delitos. Los dos, en cualquier caso, están actualmente en libertad desde junio del año pasado tras haber recibido un indulto por parte del Gobierno junto con los otros siete condenados a penas de cárcel.

La sentencia ha estado lejos de la unanimidad, como ha sido habitual en otros casos resueltos por el procés. Habrá votos particulares contrarios de Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer y el recién incorporado Ramón Sáez. Por otra parte, los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido no han participado en las deliberaciones por haberse abstenido y el magistrado Alfredo Montoya sigue fuera de los plenos por enfermedad. La cúpula independentista catalana intentó sin éxito que el tribunal de garantías apartase de las votaciones a los dos magistrados incorporados a propuesta del Partido Popular, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.

Esto implica que el Tribunal Constitucional ha estudiado el asunto con 9 de sus 12 miembros y que, al menos, una tercera parte de los que han participado han anunciado votos particulares en contra de la decisión.

A lo largo del año pasado, el tribunal de garantías ya había resuelto otros recursos de otros líderes políticos catalanes condenados por los mismos delitos en la misma sentencia del Tribunal Supremo de 2019. Una de las primeras fue la de Jordi Turull, una sentencia que ya vino acompañada de voces discrepantes de magistrados que consideran desproporcionada su condena de cárcel.

El Tribunal Supremo ha decidido rechazar todos los recursos interpuestos contra los indultos de los líderes independentistas condenados por el procés catalán. Los jueces han estimado las alegaciones de la Abogacía del Estado y entienden que ningún recurrente estaba legitimado para cuestionar la medida de gracia: ni representantes de PP, Vox y Ciudadanos ni tampoco una asociación ni finalmente Convivencia Cívica Catalana.

En un comunicado, el Supremo explica que la sala de lo contencioso ha estudiado hoy estas alegaciones de la Abogacía del Estado y ha decidido, por mayoría, darle la razón y entender que ninguno de los recurrentes tenía habilitación legal para recurrir los indultos. “La Sala ha decidido por mayoría estimar las referidas alegaciones previas en relación con la falta de legitimación activa en todos y cada uno de los recursos interpuestos”, explica el comunicado. Los autos completos, con los argumentos de los magistrados, se conocerán en los próximos días pero la decisión de esta sección de lo contencioso no ha sido unánime.

El Gobierno concedió indultos a los presos del procés condenados a penas de prisión el pasado mes de junio. El Tribunal Supremo impuso condenas de inhabilitación a tres de los políticos encausados por un delito de desobediencia y para el resto condenas de hasta 13 años de cárcel, en el caso de Oriol Junqueras, por sedición y malversación de caudales públicos. Recientemente el Tribunal Constitucional ha avalado la mayoría de las condenas de los líderes independentistas.

Varios partidos de la oposición así como distintas asociaciones decidieron recurrir los indultos por la vía contencioso-administrativa, una vez cerrada la vía penal contra el ejecutivo. El líder del PP, Pablo Casado, justificó el recurso de su partido en un “atropello democrático” a “millones de españoles”. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, habló de “atropello al Estado de Derecho” y Santiago Abascal, acusó al ejecutivo central de dar “una puñalada por la espalda a los españoles y al Rey”.

Los dos primeros partidos recurrieron a través de diputados: Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa, José María Espejo-Saavedra, Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista y Lorena Roldán. Recurrió también el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo así como Convivencia Cívica Catalana y la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén. Ninguno estaba legitimado para interponer este recurso, según acaba de zanjar la sala tercera por mayoría de sus miembros aunque los argumentos del alto tribunal se conocerán en los próximos días.

En un tuit, la diputada de Vox Macarena Olona ha anunciado que la formación ultraderechista recurrirá esta decisión ante el Tribunal Constitucional. El partido de Santiago Abascal ejerció la acusación popular en el juicio contra los líderes independentistas, aunque no fueron considerados perjudicados o víctimas en la sentencia, y entienden que esa posición les permite poder cuestionar los indultos y que la sala entre a estudiar el fondo del asunto.

Los antecedentes

El Tribunal Supremo ya contaba con antecedentes sobre la legitimación de los partidos políticos y sus representantes para recurrir indultos sin ser parte del proceso judicial. En 2012, por ejemplo, la sala rechazó el recurso de Joan Coscubiela y Laia Ortiz (Iniciativa per Catalunya Verds) contra el indulto concedido al banquero Alfredo Sáenz. Los argumentos de este auto, que tuvo como ponente al hoy presidente del Supremo Carlos Lesmes, eran claros: “Su legitimación no puede fundarse en el simple hecho del cargo público que desempeñan, pues su campo de actuación propio es la representación política, pero no el de la genérica defensa de la legalidad ante los tribunales”, dijo entonces el Supremo.

Ya entonces los jueces advirtieron contra los peligros de permitir que los políticos recurrieran indultos sin formar parte del proceso judicial. “Produciría como inmediata consecuencia la apertura de la legitimación para recurrir a un innumerable número de personas y grupos que transformaría la legitimación en acción pública, lo que indudablemente no puede admitirse en los términos de la Ley para el presente caso”, zanjó la sala. Recientemente la misma sala rechazó por el mismo motivo los recursos de Partido Popular y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

En ese caso Vox y PP también recibieron una respuesta contundente del Supremo. Los jueces reprocharon a ambos partidos que intentaran ejercer una “acción popular de carácter político” inexistente en la Ley. En esa sentencia ya dejaron claro que su decisión sobre su falta de legitimación era previsible por su “abrumadora” jurisprudencia con varias decenas de casos resueltos en sentido similar en los últimos años.

El presidente de ERC y exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa han pedido recusar a dos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. El objetivo de los políticos de ERC es que ambos se abstengan de participar en la sentencia que el tribunal de garantías todavía tiene que emitir sobre su recurso de amparo contra la condena que les impuso el Tribunal Supremo.

Antes de su renovación, el Tribunal Constitucional ya había resuelto los recursos de amparo sobre la sentencia del procés de nueve de los doce condenados por el Supremo. Restan pendientes de sentencia los casos de Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, todos ellos de ERC. La sentencia del Constitucional es indispensable para que puedan llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como han hecho los otros condenados.

En sus escritos, los políticos de ERC argumentan que Arnaldo y Espejel tiene una “clara predisposición o prejuicio favorable a las tesis defendidas por las acusaciones” que, según los dirigentes independentistas, muestran “tanto sus declaraciones públicas como sus relaciones personales y de afinidad ideológica”, en referencia a su cercanía al PP.

Para los políticos de ERC ambos magistrados adolecen de “falta de imparcialidad” para revisar el caso del procés. Tampoco cuentan, a su juicio, con los requisitos de no tener “ningún interés particular” en el desarrollo del pleito, ni “prejuzgar” de forma previa su resultado a partir de posturas personales.

Cabe mencionar que los políticos de ERC no han recusado al también recién elegido magistrado del Constituconal Ramón Sáez, ponente de la sentencia que absolvió al major Trapero en la Audiencia Nacional, en la que Espejel firmó un duro voto particular partidario de la condena por sedición.

Tanto Carles Puigdemont como los condenados por el Supremo y luego indultados ya habían promovido la recusación de dos magistrados del Constitucional que se habían pronunciado en actos públicos sobre el procés con el objetivo de que, en caso de rechazarse, sirviera de argumento para una condena del TEDH a España. Finalmente los magistrados Cándido Conde–Pumpido y Antonio Narváez se abstuvieron de las sentencias que avalaron la instrucción, el juicio y la condena del Supremo, con el voto particular de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, que consideraron desproporcionadas las penas de cárcel.

Raül Romeva ha vuelto este miércoles a sentarse ante una jueza. Condenado por sedición y malversación e indultado, el exconseller catalán de Exteriores se enfrenta a una nueva causa por este segundo delito por una subvención de 40.000 euros otorgada por su departamento a una entidad de promoción internacional de Catalunya. Romeva ha alegado que todos los informes técnicos avalaban la subvención.

La causa que afecta a Romeva se abrió en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona el pasado mes de mayo y supone un nueve frente judicial del procés, que todavía sigue coleando en los juzgados. Se trata de gastos distintos de los que supusieron la condena de Romeva en el Supremo (referentes a los observadores internacionales del referéndum) y, según Fiscalía y jueza, de los que forman parte de la macrocausa de los preparativos del procés que ha investigado el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y que está pendiente de juicio.

El único gasto que la jueza atribuye a Romeva es una subvención directa de 40.000 euros a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) “sin justificar las razones de la no concurrencia” de otras candidatas a recibir los fondos. En la causa hay una decena de investigados.

Según fuentes presentes en la declaración, Romeva ha justificado la subvención porque los informes de la intervención Generalitat previos a su concesión avalaban que fuera sin concurso. Y ha recordado que el informe de evaluación posterior a su otorgamiento también dio su visto bueno a la subvención, algo que ocurrió, ha apostillado, cuando él ya estaba encarcelado en la prisión de Estremera.

Los once gastos investigados en la causa ascienden a 802.138,81 euros y la mayoría se produjeron durante el Govern de Artur Mas, es decir, el anterior del presidido por Carles Puigdemont en el que Romeva fue conseller. Se trata de pagos por trabajos académicos que excederían del ámbito competencial del Govern al versar sobre la internalización del procés y un nuevo Estado catalán y subvenciones directas a entidades de catalanes en el exterior que la jueza no ve suficientemente justificadas.

Los gastos también forman parte de la causa contable que instruye el Tribunal de Cuentas y que está pendiente de juicio después de que el órgano fiscalizador rechazara la fianza que el Govern prestó a la treintena de encausados, entre los que se encuentran el propio Romeva, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Artur Mas.

A las puertas de la Ciudad de la Justicia se ha concentrado una delegación de ERC y CUP para apoyar a Romeva. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado la investigación judicial. “Una vez más, los que no ganan en las urnas, aprovechan a los amigos a los aparatos represivos del Estado para imponer la voluntad a la mayoría ciudadana y violentar la democracia”, ha aseverado, acompañado de otros dirigentes de ERC, como Marta Vilalta, de la CUP, como Dolors Sabater y Eulàlia Reguant, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Además de Romeva, este miércoles estaba citado a declarar el que fuera su secretario general en Exteriores, Aleix Villatoro, actual director del Consell Català de l'Esport, también pendiente de juicio por los preparativos del 1-O. Villatoro se ha acogido a su derecho a no declarar porque la Audiencia de Barcelona debe todavía decidir si los gastos que la magistrada del juzgado de instrucción 18 le atribuye deben formar parte del macrojuicio por los preparativos del 1-O que investigó el juzgado de instrucción 13.

En la semana en que se han cumplido diez años del final del terrorismo de ETA, miles de personas se han concentrado este sábado en Donostia en defensa de los derechos de los presos tras una convocatoria de la plataforma Sare en la que se podía leer una pancarta que reclamaba el fin de la “excepcionalidad” y que tenía por lema 'Ibilian, etxerako bidean' ('Andando, de camino a casa' en euskera). Se han escuchado abundantes cánticos de “Etxera!”, que se puede traducir como una reivindicación del acercamiento pero también de la excarcelación. Además de la izquierda abertzale, PNV y Podemos -aunque con cargos de segundo rango- y el conjunto de los sindicatos han respaldado la convocatoria, a la que han asistido como invitados expresos independentistas catalanes como Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolos Bassa o Josep Rull que han sido ovacionados

Si en 2011 eran del orden de 700 los reclusos, ahora son unos 200. De ellos, alrededor de 70 cumplen su condena en las cárceles de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra después de un cambio en la política penitenciaria con el Gobierno de Pedro Sánchez que ha supuesto que no queden ya reclusos en España más al sur de Madrid. El EPPK es el colectivo oficial de presos y en el pasado ha expulsado e incluso considerado traidores a aquellos miembros de ETA que renegaban de la organización e iniciaban procesos de reinserción como la denominada 'vía Nanclares'. Esta semana, algunos de ellos han criticado en una carta a la izquierda abertzale por no asumir sus responsabilidades por haber dado cobertura política a la violencia.

“Nos encontramos de nuevo en la calle y una vez más tenemos que pedir al Gobierno de España que cumpla con la ley ordinaria”, ha enfatizado la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, aunque también estaba presente uno de los grandes protagonistas de la semana, el líder de la coalición, Arnaldo Otegi, quien este lunes leyó una declaración sobre el reconocimiento de las víctimas de ETA y, horas después, vinculó los apoyos al Gobierno central por la necesidad de buscar soluciones al colectivo de presos. Asimismo, han acudido el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, el parlamentario Julen Arzuaga o los diputados Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu. La parlamentaria del PNV Irune Berasaluze ha destacado la reciente transferencia de Prisiones. Con ella han acudido el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, y otros cargos públicos como Kerman Orbegozo o Iñaki Agirre. La portavoz municipal, Aitzole Araneta, ha representado a Podemos.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha aprovechado su asistencia a la manifestación para calificar de “valiente y sincera” esa declaración sobre la violencia y ha puesto en valor que Euskadi “siga en este momento un camino por el que siempre ha apostado” Catalunya, “que es el camino del diálogo, de la negociación y el acuerdo” para resolver “el conflicto con el Estado”. “Es un placer volver al País Vasco después de cuatro años de ausencia forzosa”, ha añadido en alusión al tiempo que ha estado en prisión a raíz del 'procès' de 2017, informa Europa Press. “Estamos aquí por dos razones. La primera, devolver las toneladas de apoyo que hemos recibido durante nuestra cautividad por parte de la sociedad vasca y por parte de Sare [...]. La segunda, no tiene sentido que, después de diez años de la desaparición de la acción de ETA, el Estado español continúe con esta situación de un derecho excepcional”, ha expresado el exconsejero catalán Josep Rull, que también fue encarcelado al formar parte del Govern de Carles Puigdemont cuando se aplicó el 155.

Una representación de la asociación de víctimas Covite ha desplegado dos pancartas en el recorrido de la marcha, una en euskera y otra en castellano. En concreto, las han colocado sobre el túnel del Antiguo. En la primera estaba tachada la palabra “gudari” y era sustituida por “asesinos” y en la segunda lo que estaba tachado era “presos políticos” y ponía en su lugar “asesinos presos”. También han lanzado pasquines con nombres de asesinados por ETA. Algunos de los presentes se han girado y han abucheado a Covite. Estas personas les han llamado “fascistas” y “terroristas”.

15 días hábiles para abonar 5,4 millones de euros de fianza. Este es el plazo que ha acordado dar este miércoles el Tribunal de Cuentas a los 34 exdirigentes y funcionarios de la Generalitat en la causa por los gastos exteriores del procés. El órgano fiscalizador ha llegado a esta conclusión tras dos sesiones en las que ha escuchado las alegaciones de los encausados y las ha rechazado casi todas, fijando la fianza en 5.422.411,10 euros frente a los 5.422.879,48 comunicados este martes. Apenas 400 euros de diferencia.

Ahora los exaltos cargos, entre los que se encuentran los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Andreu Mas-Colell, Francesc y Raül Romeva tendrán un plazo de 15 días hábiles desde el momento en que reciban la versión definitiva del acta de liquidación provisional para depositar las fianzas requeridas. De no abonar el dinero se procederá al embargo de sus bienes. Las defensas pueden pedir más tiempo para depositar la fianza y recurrir una vez entregado el dinero. Fiscalía y Sociedad Civil Catalana, que también ejerce la acusación, tendrán después un plazo de 20 días para formular demanda.

Según fuentes jurídicas presentes en la sesión, el representante de la Abogacía del Estado ha guardado silencio después de que el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciara este martes que los servicios jurídicos del Gobierno no demandarían a los 34 encausados. Por su lado, el fiscal no ha avanzado futuros movimientos y se ha limitado a destacar la “profesionalidad” del Tribunal de Cuentas después de las críticas de las defensas, según las mismas fuentes.

El exconseller de Presidencia de la Generalitat y uno de los encausados y abogados de la causa, Francesc Homs, ha reprochado en declaraciones a la prensa a su salida del tribunal que la instructora del procedimiento no haya estimado sus alegaciones y ha criticado que la intervención de la Fiscalía en el acto de este miércoles haya sido de “naturaleza política” y no haya aportado alegaciones técnicas en favor o en contra del acta presentada por la instructora.

La nueva causa del Tribunal de Cuentas se suma a la que está pendiente de juicio por las gastos efectuados en Catalunya para el referéndum del 1-O, por la que el propio Puigdemont, sus exconsellers y una decena de exaltos cargos y funcionarios ya abonaron en enero de 2020 una fianza de 4,1 millones de euros. El procedimiento relativo a los gastos internacionales abarca casi una década de la acción exterior de la Generalitat, que según el Tribunal de Cuentas se extralimitó de las competencias que tienen todas las comunidades autónomas al dedicar fondos a “la promoción del proceso soberanista”.

La fianza es solidaria, por lo tanto si un exalto cargo no puede hacerse cargo de una de las partidas, el resto la deberá cubrir por él. De este modo, el Tribunal de Cuentas pretende asegurar el cobro del importe reclamado por si hubiera personas insolventes. La mayor suma se atribuye al exsecretario del consorcio público–privado Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,8 millones. Le siguen la exinterventora de la Generalitat Mireia Vidal, con 3,1 millones; el exconseller Homs, con 3,1 millones; el expresident Artur Mas y el exconseller Mas-Colell, con 2,9 millones;

En el caso de dos de los indultados por el procés, el exvicepresident Junqueras y el exconseller Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,2 millones y 2 millones, respectivamente. Respecto a Puigdemont, su defensa estudia poner en conocimiento la causa del Tribunal de Cuentas ante el Parlamento Europeo habida cuenta de que a día de hoy el expresident tiene inmunidad como eurodiputado después de que la Justicia europea se la devolviera de forma provisional,

Una semana después de que los líderes independentistas salieran indultados de prisión ha irrumpido en la escena del procés el Tribunal de Cuentas, un tribunal que no está formado por magistrados sino por consejeros de designación política y que no puede decretar penas de cárcel pero sí arruinar a quien encause. En los últimos tres años el organismo ha impuesto 14,4 millones de euros de multas y fianzas a medio centenar de funcionarios y exdirigentes soberanistas en tres causas relacionadas con el procés: 4,9 millones por los gastos de la consulta del 9-N, otros 4,1 millones por el referéndum del 1-O y los 5,4 millones de euros de este martes por los siete años de actividad exterior de la Generalitat para “promocionar” el procés.

El expresident Artur Mas y el exconseller Francesc Homs, dos de los 34 encausados este martes, ya sabían lo que era enfrentarse al Tribunal de Cuentas. En 2018 fueron condenados, junto a la exvicepresidenta Joana Ortega, la exconsellera Irene Rigau y otros seis exaltos cargos, a pagar 4,9 millones de euros por gastos derivados de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Entre los gastos figuraban ordenadores portátiles comprados para uso escolar pero que también se emplearon en la votación al estar en las escuelas. El Tribunal de Cuentas llegó a embargar la casa del expresident, aunque ni él ni sus exconsellers fueron juzgados por los tribunales ordinarios por malversación de fondos públicos. Mas, Rigau, Ortega y Homs solo fueron condenados por desobediencia.

Ello no impidió que se iniciaran los expedientes de responsabilidad contable debido a la naturaleza de este ente. El Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador del Estado, encargado de vigilar la contabilidad los organismos públicos, pero que además, pese a no formar parte del Poder Judicial, puede juzgar e imponer multas a quienes causen menoscabo en los caudales públicos (aunque no se hayan sentado en el banquillo de los tribunales ordinarios por malversación). La condena contable de Mas se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.

Además de la causa por los fondos dedicados a la promoción internacional del referéndum que ha estallado este martes, el Tribunal de Cuentas tiene abierto otro procedimiento pendiente de juicio por gastos del 1-O que versa no sobre la actividad exterior, sino sobre gastos efectuados en Catalunya para cartelería, sobres y papeletas del referéndum. En enero de 2020 el Tribunal impuso por ello una fianza de 4,1 millones a 26 exconsellers del Govern de Carles Puigdemont, altos cargos y el propio expresident.

Vía contable y vía penal

Puigdemont, Junqueras y Romeva repiten en ambas causas del Tribunal de Cuentas por los gastos interiores y exteriores del procés, al igual que la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal, los exaltos cargos Quim Nin, Aleix Villatoro y Amadeu Altafaj y el exresponsable del consorcio Diplocat, Albert Royo. En paralelo se ha seguido o se sigue contra todos ellos una causa penal por malversación (por los mismos gastos que también se les reclaman por la vía contable del Tribunal de Cuentas). Y pueden acabar en la cárcel: el expresident está procesado y reclamado por el Supremo a Bélgica mientras que los cinco exaltos cargos citados se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Barcelona por la causa de los preparativos del 1-O.

Además, Royo, a quien el Tribunal de Cuentas ha impuesto este martes la fianza más alta, de 3,8 millones de euros, tiene una segunda causa penal en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona por los gastos exteriores del procés, al igual que Romeva. Entre las dos causas hay gastos que se repiten, como una subvención de 422.056,66 euros del Diplocat a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR). El motivo es que ambas causas parten del mismo informe de fiscalización de la actividad exterior del Govern realizado en 2019 por el organismo tras solicitarlo la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas a instancias del PP y con el apoyo del PSOE y Ciudadanos.

De entre los 34 encausados a quienes se han comunicado las fianzas este martes, solo Junqueras y Romeva han sido condenados por malversación en la causa del procés del Tribunal Supremo. Pero pese a su condena penal, cabe recordar que el Supremo no les impuso devolver el dinero malversado en forma de responsabilidad civil sino que dejó esa función precisamente para el Tribunal de Cuentas.

Fuentes jurídicas matizan, sin embargo, que las garantías de una causa penal son mayores que en el Tribunal de Cuentas. Y ponen como ejemplo lo ocurrido este martes: a los abogados se les ha dado tres horas para leer el informe de 500 páginas y luego han podido realizar sus alegaciones contra las fianzas en un turno de 10 minutos. Las defensas seguirán este miércoles con sus alegaciones. Una vez finalicen, será el turno de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que podrán solicitar que se dé ya 15 días hábiles a los encausados para depositar como fianza los 5,4 millones antes de proceder al embargo de sus bienes. Tras este trámite, los denunciados tendrán que depositar esos fondos y garantizar así que pueden hacer frente a una eventual condena. Si no lo hacen, podrán ver embargadas sus cuentas corrientes y propiedades en un plazo máximo de tres meses.

Tras reclamar el independentismo “una solución” al Gobierno para el caso del Tribunal de Cuentas, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que la Abogacía del Estado no va a presentar demanda en la causa de los gastos exteriores del procés. Pero aunque el servicio jurídico del Gobierno no esté, la causa seguirá adelante habida cuenta de la personación de la Fiscalía y de la asociación contraria a la independencia Sociedad Civil Catalana.

Juicio con tribunal caducado

A la politización natural del Tribunal de Cuentas –sus doce consejeros los escogen Congreso y Senado por mayoría reforzada, lo que precisa de un pacto entre PSOE y PP– se le suma el hecho de que sus actuales miembros vencen mandato este próximo mes de julio sin que haya perspectivas de que ambas fuerzas puedan lograr un acuerdo para renovar el órgano. Posiblemente el juicio contable a los dirigentes soberanistas se celebre con un tribunal en funciones presidido por la exministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante.

Los actuales consejeros fueron nombrados bajo la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y el Gobierno ha exigido este martes al PP que ponga fin a su actitud “tremendamente antidemocrática” de “boicotear” la renovación de los órganos constitucionales, en palabras de la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero. Con todo, el Ejecutivo ha evitado criticar el procedimiento contable después de que el ministro de Fomento, José Luís Ábalos, admitiera el fin de se semana que es una “piedra en el camino” para la resolución del conflicto catalán.

En cambio desde el independentismo se han cargado las tintas contra la nueva causa contable. El más contundente ha sido el expresident Artur Mas, que ha acusado al Tribunal de Cuentas de “abuso de poder” y de buscar “la muerte civil y política” de los exaltos cargos del Govern mediante una condena contra la que, al contrario de las causas penales, no hay indulto posible.

La callada por respuesta. Así han decido contestar al Tribunal Supremo los presos del procés de ERC y de Junts per Catalunya. El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, así como los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull y el exlíder de la ANC y actual secretario general de Junts, Jordi Sànchez, han anunciado que no responderán a la petición que el tribunal del procés ha realizado a los condenados sobre su indulto.

Los presos de ERC y Junts toman así una posición distinta de la del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que este miércoles sí contestó al Supremo para indicar que su prioridad era la amnistía y no el indulto. Cuixart replicó al Supremo el mismo día que la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena requirió a las defensas de los doce condenados por el procés para que se posicionen sobre el indulto solicitado a su favor por parte de sindicatos como la UGT o particulares como el letrado Francesc Jufresa.

En un comunicado, ERC ha explicado que los cuatro condenados por sedición no darán respuesta al alto tribunal porque “la ley no lo prevé y porque no es de obligado cumplimiento”. Los cuatro independentistas han acusado al Supremo de pedirles opinión sobre el indulto antes de emitir su informe “por cuestiones meramente políticas”, ya que es un trámite que no se encuentra previsto en la ley. “La solución al conflicto político entre Catalunya y España debe ser colectiva y pasa por la amnistía”, han agregado.

Según han informado fuentes de la defensa Sànchez, Rull y Turull, la decisión de renunciar a responder al Supremo la han tomado en una reunión mantenida en la tarde de este jueves en la cárcel de Lledoners con su abogado, Jordi Pina, y responde al hecho de que no se sienten interpelados por el Alto Tribunal.

La contestación era una cuestión más simbólica que material. Respondan o no al Supremo, los trámites para la decisión final respecto al indulto no se alteran: la ley del indulto no obliga a que el tribunal tenga que consultar al condenado sobre si acepta la medida de gracia, y si el Gobierno terminara concediéndoselo los presos tampoco podrían negarse a salir de prisión. Antes de la decisión final del Ejecutivo el tribunal del procés tendrá que emitir un informe preceptivo, pero no vinculante, sobre la medida de gracia.

El plazo que el Supremo ha dado a las defensas llega después de que el Tribunal Constitucional avalara por primera vez las condenas por sedición, si bien dos de sus magistrados discreparon y criticaron por “desproporcionadas” las altas penas de cárcel. En su voto particular, el magistrado Juan Antonio Xiol y la magistrado María Luisa Balaguer consideraron que el propio Supremo podía haber propuesto al Gobierno en su sentencia un indulto parcial y atemperar así las penas, habida cuenta de la “indeterminación” de la sedición en el Código Penal, la casi inexistente jurisprudencia contemporánea respecto a este delito y la afectación del delito sobre derechos fundamentales.

La tramitación de los indultos por parte del Gobierno empezó el pasado mes de septiembre, cuando el Ministerio de Justicia envió al Tribunal Supremo la petición realizada por el letrado Francesc Jufresa. Tal y como marca la ley del indulto, el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, pidió a los centros penitenciarios en los que cumplen condena los presos y a la Fiscalía que informaran al respecto, trámite que cumplieron a finales de noviembre y principios de diciembre respectivamente. Mientras las cárceles expresaron el progreso favorable de los presos del procés ante el indulto, el Ministerio Público lo rechazó de plano, con la misma dureza que ha mostrado a lo largo de toda la causa.

No fue hasta el pasado 26 de enero cuando la Sala de lo Penal del Alto Tribunal solicitó su informe sobre a la Abogacía del Estado, perjudicada por el delito de malversación al que fueron condenados el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellera Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. Antes de emitir su dictamen la Abogacía pidió al Supremo que reclamara un informe al Tribunal de Cuentas para certificar algo conocido públicamente desde el año pasado, esto es, que los presos depositaron una fianza de 4,1 millones de euros para afrontar su eventual condena ante ese órgano por los gastos del 1-O.

El Tribunal de Cuentas confirmó al Supremo el pasado 16 de marzo que la fianza estaba depositada. La Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, emitió el 30 de marzo su informe, en el que rechazó pronunciarse a favor o en contra del indulto alegando que de hacerlo se estaría “anticipando” a una decisión que corresponde al Gobierno. Completados los informes de las acusaciones, corresponde ahora al tribunal presidido por Manuel Marchena emitir su dictamen una vez se cierre el nuevo trámite con las defensas. Cuando el Supremo envíe al Gobierno su dictamen, el Ministerio de Justicia deberá elevar al Consejo de Ministros una propuesta sobre el indulto sobre los condenados, que llevan ya más de tres años en prisión.

El expresidente de Uruguay y líder de la formación Frente Amplio, Pepe Mujica, se ha reunido esta semana con los dirigentes de ERC, Oriol Junqueras y Raül Romeva, en un encuentro telemático desde la prisión de Lledoners donde los independentistas cumplen condena. “Soy amigo de todos los que están presos por razones políticas”, ha expresado el político uruguayo, que se ha mostrado favorable a la “salida política” y la negociación para dar cauce al conflicto catalán. “Compañeros, cuenten que siempre estaremos para ayudar en la mesa de diálogo”, expresa Mujica en el vídeo difundido por ERC.

Durante la reunión, Junqueras expresó a quien fuera líder tupamaro el agradecimiento de la formación por el apoyo recibido desde Uruguay. ERC y el Frente Amplio uruguayo han tenido históricamente fuertes lazos comunes e incluso militantes compartidos. “Siempre hemos visto con simpatía las causas por la justicia y la libertad en América Latina y en todo el mundo. Nuestra lucha también se encuentra dentro de la lucha democrática de muchos de estos pueblos”, afirmó el líder independentista.

El de Mujica no es el único encuentro con líderes internacionales que están celebrando estos días los dirigentes de ERC. Esta misma semana el exlíder del Sinn Féin irlandés, Gerry Adams, mantuvo una videoconferencia con Oriol Junqueras y Raül Romeva en la que trasladó el apoyo entre independentistas. “Los vínculos entre la lucha del pueblo catalán e irlandés son de hace mucho tiempo”, recalcó Adams, que participó en la reunión junto al actual presidente del comité nacional del Sinn Féin, Declan Kearney.

Como en el caso de Mujica, Junqueras agradeció a Adams el apoyo mostrado por el movimiento irlandés, un vínculo que el republicanó consideró “muy importante” para “la lucha común por los derechos humanos y la democracia”. Adams respondió deseando que “el hecho de saber que tenéis razón sea un pequeño consuelo”.

Tanto Mujica como Adams han pasado por estancias en prisión, incluyendo navidades, como es el caso de Junqueras y Romeva. Por eso, tanto el dirigente uruguayo como el irlandés han tenido palabras sobre esta situación. “Conozco lo que es eso, por eso me acuerdo de todos los presos políticos”, dijo Mujica. De la misma forma, el del Sinn Féin aseguró que la prisión “no es un lugar agradable” en Navidad, pero invitó a los de ERC a pensar en estos días “casi como una parte necesaria de la lucha” para conseguir la “libertad del pueblo catalán”.

El Tribunal Supremo ha revocado el tercer grado, equivalente a la semilibertad, que las prisiones catalanas, la conselleria de Justicia de la Generalitat y los jueces de vigilancia penitenciaria habían autorizado a los nueves presos del procés condenados por sedición. El Alto Tribunal, en línea con la Fiscalía, tilda de “prematura” la concesión del tercer grado y acusa a la administración penitenciaria catalana de realizar una “inadmisible reinterpretación” de la sentencia del procés para reducir la estancia en prisión de los líderes independentistas. Además de la semilibertad, el Supremo tumba las salidas laborales de los presos en aplicación del artículo 100.2 del reglamento.

En sus autos respecto a los nueve presos el Supremo acaba en la misma conclusión: los presos del procés deben pasar más tiempo en prisión antes de que se les pueda conceder el tercer grado. No aclara el tribunal cuántos meses más serían precisos para que los presos pudieran disponer de la semilibertad, pues a juicio del Supremo antes se deberá valorar “la evolución del interno y del tratamiento penitenciario”. Los magistrados tampoco distinguen entre los presos que ya han cumplido un cuarto de la pena -Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull y Joaquim Forn- y los que no.

Para el tribunal los informes de los profesionales penitenciarios que manifestaban que los presos, sin estar de acuerdo con las penas, reconocían los hechos por los que habían sido condenados y habían reflexionado de forma crítica sobre los efectos del procés son “relevantes” pero “insuficientes” para la progresión al tercer grado. Remarca el Supremo que es necesario que los presos participen en un tratamiento penitenciario que vaya “más allá de la toma de conciencia sobre los propios actos y sus consecuencias o del fomento del juico crítico”.

Vuelve a insistir el Supremo, como ya hizo el pasado mes de julio, que el tratamiento penitenciario debe buscar la reeducación y reinserción de los condenados, lo que debe traducirse en actividades relacionadas con los delitos de sedición y malversación. Se trata de un programa reclamado por la Fiscalía pero que tanto los jueces penitenciarios catalanes como las cárceles habían descartado aplicar porque vulneraría la libertad ideológica de los presos.

Todo lo contrario cree que el Supremo, que reitera que los presos del procés “no han sido condenados por perseguir la independencia” de Catalunya, y considera que la jueza de vigilancia penitenciaria “yerra” al concluir que la luz verde que el tribunal ha dado a los recursos de la Fiscalía “implicarían exigir a los internos que modificaran su ideología”. Para el Supremo la conclusión de que los presos puedan llegar a tener que “renegar de sus convicciones políticas” supone “aferrarse a una línea argumental equivocada que nada tiene que ver con el significado del cumplimiento de una pena privativa de libertad en una sociedad democrática”.

Y a este extremo es a lo que cree el Supremo que se ha agarrado la administración penitenciaria de la Generalitat. En una dura crítica a la administración penitenciaria dependiente de la Generalitat, el Supremo recuerda a las cárceles catalanas que no pueden “distanciarse de los principios y garantías que informan la ejecución de las penas de prisión” impuestas por los tribunales y que “su acatamiento de la legalidad no debe hacerse depender de su grado de identificación o desacuerdo con la argumentación jurídica sobre la que se fundamenta la condena”.

Insinúa además el Supremo que la administración penitenciaria de la Generalitat se ha convertido en “una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces y tribunales” debido a que comparte ideología independentista de los presos del procés. “Los órganos de la administración penitenciaria –apostilla el Supremo en su último dardo a la Generalitat– no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente”.

La decisión del Supremo, que como tribunal sentenciador tiene la última palabra sobre la clasificación penitenciaria de los presos del procés, confirma que los líderes independentistas vuelven a un segundo grado estricto dentro de prisión. Hasta que las cárceles catalanas no revisen su grado penitenciario el próximo mes de enero, los presos no podrán volver a disfrutar de salidas laborales o para cuidar de familiares. Solo los cuatro presos que ya han cumplido un cuarto de la pena podrán tener acceso a permisos.

En la práctica, los siete hombres presos en Lledoners ya habían vuelto al segundo grado desde el pasado mes de julio porque la jueza de vigilancia penitenciaria encargada de revisar su semilibertad la había suspendido cuando la Fiscalía la recurrió por primera vez. Lo contrario decidió el juez penitenciario que revisó el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, quien ha permitido a ambas presas seguir con el tercer grado hasta que el Supremo se lo ha revocado este viernes. Las dos presas ya han reingresado en prisión este viernes por la noche.

Ambos jueces de vigilancia penitenciaria sí coincidieron en avalar el tercer grado a los presos, en contra del criterio de la Fiscalía. En el caso de Bassa y Forcadell, el juez consideró que la “gravedad delictiva” y el tiempo de cumplimiento de las penas de once y doce años de cárcel a las que fueron condenadas por sedición “no constituyen obstáculos insalvables” al tercer grado. Por su lado, la magistrada encargada de los siete presos de Lledoners llegó a afear a la Fiscalía que buscara un “castigo ejemplar” a los condenados por el procés al oponerse a cualquier flexibilización penitenciaria.

Las cárceles catalanas han remitido al Tribunal Supremo sus informes de evaluación penitenciaria de los nueve presos del procés condenados por sedición, que constatan una evolución favorable y adecuada a retomar la vida en libertad. Antes de la decisión definitiva del Gobierno, el Supremo y la Fiscalía también valorarán la concesión del indulto.

Los equipos técnicos de las prisiones de Lledoners, Puig de les Basses y Wad Ras, donde cumplen condena los líderes del procés, enviaron sus informes al Supremo entre los días 27 y 28 de octubre pasados, según han indicado fuentes de la conselleria de Justicia de la Generalitat.

Los informes, remitidos por los técnicos penitenciarios sin la supervisión de la Secretaría de Medidas Penales de la conselleria de Justicia de la Generalitat que comanda la republicana Ester Capella, habían sido solicitados por el Supremo, como es preceptivo, para conocer cuál es la evolución de los reclusos, en cuestiones clave para la concesión de cualquier indulto, como son el arrepentimiento o la capacidad de reinserción.

En los dictámenes, adelantados por El Confidencial, las cárceles destacan que los presos han “reflexionado” sobre los hechos por los que fueron condenados y “asumen sus consecuencias”. Se trata de argumentos que los equipos de las cárceles vienen exponiendo para conceder permisos, salidas laborales entre semana de la cárcel y, más recientemente, el tercer grado a los presos del procés.

En esos dictámenes, los técnicos han destacado repetidamente la buena conducta de los líderes independentistas, su bajo índice de reincidencia, las altas posibilidades de reinserción, la estabilidad de su entorno familiar y su autocrítica sobre su actuación en el procés. Sin embargo, la Fiscalía considera que la autocrítica y reflexión de los presos no se puede equiparar al arrepentimiento que el Ministerio Público ve necesario para conceder cualquier beneficio penitenciario así como el indulto.

En estos momentos, los nueve presos tienen avalada la semilibertad por el juzgado de vigilancia penitenciaria, aunque al exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull y los Jordis se les ha suspendido a la espera de que el Supremo resuelva los recursos de Fiscalía. El Supremo estudia este jueves los recursos y tiene previsto comunicar su decisión en los próximos días.

Respecto al indulto la última palabra la tiene el Gobierno, pero el Supremo, como tribunal sentenciador, evaluará los informes de las cárceles y, una vez disponga de los de la Fiscalía -todavía pendientes-, emitirá un dictamen sobre su posición ante el indulto. El informe de la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena no vincula la decisión que pueda adoptar el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que todavía tardará como mínimo medio año.

El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha pedido al Constitucional que anule la condena a trece años que le impuso el Supremo y ha instado al tribunal de garantías a preguntar a la Justicia europea si el Tribunal Supremo actuó conforme a derecho al condenarle a 13 años de prisión por sedición sin pedir previamente al Parlamento Europeo que levantara su inmunidad.

Así lo expone Junqueras en un recurso que ha interpuesto junto al exconseller Raül Romeva, en que piden al Tribunal Constitucional que anule su condena y les deje en libertad de forma inmediata –o al menos mientras resuelva el recurso– al considerar que el Supremo vulneró sus derechos fundamentales en un “ataque político” para neutralizar al independentismo.

En el recurso, la defensa entiende que el Constitucional tiene ahora la “responsabilidad y obligación” de actuar en el sentido en que debería haberlo hecho entonces el Supremo: dejar en libertad a Junqueras y anular la sentencia, porque se dictó antes de que el TJUE resolviera.

Y en el caso de que el Constitucional mantenga “alguna duda” sobre el alcance de la inmunidad europea de Junqueras “en todo aquello que no hubiera sido expresamente resuelto” por el TJUE en su dictamen -del 19 de diciembre-, la defensa de Junqueras le reta a formular una nueva cuestión prejudicial para que concrete si se podía continuar el proceso penal y dictar sentencia sin que hubiese una solicitud de levantamiento de su inmunidad.

Según el recurso al Constitucional –el último paso de la defensa en el marco de la jurisdicción española antes de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)–, la condena del Supremo “atenta” contra la libertad ideológica de los acusados, ya que “criminaliza a la disidencia y las manifestaciones públicas de un determinado ideario”.

También ha presentado este viernes su recurso de amparo el exonseller de Interior Joaquim Forn, quien como el resto de condenados sostiene que se vulneró su derecho al juez predeterminado por ley porque la causa del procés debería haberla juzgado el TSJ catalán y no el Supremo. En su recurso, el letrado Xavier Melero apunta además que el Supremo vulneró el derecho a la defensa al denegar pruebas y emitir vídeos durante la declaración de testigos en el juicio así como el principio de legalidad al castigar acciones amparadas por la libertad de reunión y manifestación.

Las prisiones catalanas ya han flexibilizado el régimen penitenciario de siete de los nueve presos del procés cuatro meses después de la sentencia del Tribunal Supremo. Los dos últimos presos a los que la prisión de Lledoners (Barcelona) ha aplicado el artículo 100.2, que permite salidas diarias de prisión para trabajar o realizar labores de voluntariado, son el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el exconseller de Exteriores Raül Romeva, condenados por sedición a 13 y 12 años de cárcel.

Según ha informado la conselleria de Justicia de la Generalitat, la Junta de Tratamiento de Lledoners ha aprobado permitir a Junqueras y Romeva salir de prisión 6 horas tres días a la semana para trabajar. Se trata de un empleo no relacionado con la política, según explicaron a este diario fuentes jurídicas de ERC cuando Junqueras y Romeva solicitaron el 100.2. Ambos internos reingresarán en la cárcel para dormir y los fines de semana.

La Junta de Tratamiento, integrada por la directora de la cárcel, juristas, psicólogos y educadores, ha acordado aplicar el artículo 100.2 a los dos políticos de ERC, una decisión de aplicación inmediata pero que puede ser recurrida por la Fiscalía y que en última instancia deben ratificar el juzgado de vigilancia penitenciaria y la Audiencia de Barcelona. En la aplicación del 100.2 no interviene la secretaría de medidas penales de la conselleria de Justicia. El año pasado en Catalunya este artículo se aplicó a 405 internos.

Salvo a los exconsellers de JxCat Josep Rull y Jordi Turull, las cárceles catalanas ya han aplicado el 100.2 a todos los condenados por sedición: Carme Forcadell y Dolors Bassa salen entre semana de la cárcel para cuidar de sus madres, Joaquim Forn trabaja en Mediapro, Jordi Cuixart en su empresa de embalajes y Jordi Sànchez realiza labores de voluntariado en una fundación de Barcelona.

La Fiscalía se opone a todas estas salidas, que están pendientes de ser validadas por la Justicia. Este mismo jueves, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha argumentado que no es “frecuente” permitir salidas laborales con un periodo tan bajo de cumplimiento de la pena, como es el caso de los presos del procés. “Si la Generalitat ve rehabilitados a los presos debió darles el tercer grado”, ha apostillado.

Junqueras ha cumplido dos años y dos meses de prisión de los trece a los que fue condenado –cumplió dos en prisión preventiva– mientras que Romeva lleva cumplidos dos años, esto es, una sexta parte de la condena. En el resto de los presos a los que se ha aplicado el 100.2 la proporción es similar, salvo en el caso de los 'Jordis', que sí han cumplido un cuarto de la pena.

El exvicepresident Oriol Junqueras y otros cinco exconsellers en prisión por sedición han comparecido este martes en el Parlament en la comisión sobre el 155. Más allá de valorar los efectos de la intervención de la Generalitat en los departamentos del Govern, los dirigentes independentistas han aprovechado su presencia en la Cámara para lanzar varios mensajes tras la crisis abierta entre JxCat y ERC por el escaño de Quim Torra. Junqueras ha enarbolado la bandera del diálogo de los republicanos y ha pedido “aprovechar” la mesa entre gobiernos pactada por ERC y el PSOE.

Aunque ha tildado de “incierta” la mesa, Junqueras ha añadido que es “un paso adelante” porque “es la primera vez que se reconoce un conflicto político”. “Tenemos que aprovecharlo, estar más que nadie, estar siempre”, ha reiterado. En su alegato a favor del diálogo, Junqueras ha asegurado que su “trabajo” es el de hablar “con buen tono y una sonrisa” no solo con los independentistas, también con los que “no comparten legítimamente nuestras ideas”, entre ellos el gobierno español.

“Ofrecemos diálogo a todo el mundo y ofrecemos la posibilidad de establecer mesas de diálogo a diestro y siniestro, también con quienes no tienen ganas de hablar”, ha insistido, y ha defendido que es su “obligación y devoción” hablar en sede parlamentaria.

Las palabras de Junqueras han llegado solo unas horas antes de que se conociera que, finalmente, Sánchez y Quim Torra se verán el próximo 6 de febrero, en un encuentro en Barcelona que pretende abrir la negociación bilateral. “Cuantas más dificultades pongan, más razón moral y política acumularemos para protagonizar el diálogo y la voluntad de acuerdo con todos”, ha remarcado Junqueras en su intervención, en la que ha insistido una vez más que “no hay nadie más independentista” que su partido.

El jefe del Govern ha entrado a la sala acompañado de su sucesor en el cargo, Pere Aragonès, y la plana mayor de ERC, y ha empezado su comparecencia recordando a sus compañeros en el “exilio”, entre ellos Marta Rovira y el expresident Carles Puigdemont. Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por el Tribunal Supremo, es el primero de los seis exconsellers que desfila por la comisión del 155. Lo harán también Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, que vuelven por primera vez a la Cámara catalana desde que entraron en prisión en 2017. Todos ellos han sido recibidos entre aplausos al llegar al recinto.

“Volveremos a ejercer un referéndum”

Junqueras ha combinado su defensa del diálogo con la del legado del 1-O. Y no solo eso, sino que ha proclamado que volverán a celebrar un referéndum. “Es algo normal. Y queremos volverlo a ejercer y volveremos a ejercerlo”, ha afirmado, para luego asumir que necesitan para ello “acumular fuerzas, ser más y más fuertes”. “Algo que aprendimos en octubre de 2017 es que si fuese cuestión estrictamente de democracia y en los platos de la balanza solo se hubiesen contado votos, es indudable que hubiésemos ganado”, ha razonado.

Sobre la aplicación del 155 en octubre de 2017, el exvicepresident lo ha calificado de “aval” de su encarcelamiento, “quizás con la esperanza de quitar del escenario a unos rivales políticos que no podían derrotar en las urnas”. “Pensaron que así sí que ganarían, pero tampoco”, ha expresado. Según su opinión, la entrada en vigor de este artículo que cesó de pleno al Govern y suspendió en Parlament solo sirvió para paralizar las “políticas sociales” que estaban en marcha.

En la comisión, los exconsellers tienen un primer turno de palabra y después los grupos pueden preguntar, aunque no están todas las formaciones parlamentarias, ya que en esta comisión solo participan generalmente JxCat, ERC, la CUP y los comuns. Sin embargo, esta vez Ciudadanos sí ha decidido acudir.

Cs se va y Junqueras pide que se queden

La portavoz de los naranjas, Lorena Roldán, se ha dirigido a Junqueras para preguntarle “si es capaz de sostener la mirada a los catalanes y decirles que se gastaron el dinero de todos en cometer ilegalidades”. “Es una pena que no haya venido aquí a pedir perdón y decir que se equivocaron”, le ha reprochado.

Tras su intervención, los miembros de Ciudadanos han abandonado una comisión en la que hasta hoy no habían participado nunca. Antes de que salieran de la sala, Junqueras se ha dirigido a ellos para tratar de que se quedaran. “¡Ahora que habíamos empezado a dialogar! ¡Qué manía en marcharos!”, les ha reprochado.

En respuesta a la petición de Ciudadanos, aunque el partido ya no estaba en la sala, Junqueras ha asegurado que no se niega a pedir perdón a la ciudadanía que sufrió durante el procés. “Si algún ciudadano piensa que es necesario sentir que le pido disculpas por alguna sensación que sintió, yo no tengo ningún inconveniente si causé malestar”, ha expresado, aunque acto seguido ha añadido: “Pero yo no ordené a nadie pegar palizas a votantes, ni encarcelé a nadie ni tuve la tentación de hacerlo”. “Esta diferencia es substancial, radical, decisiva, entre yo y mis compañeros y quienes aplauden nuestra cárcel”, ha remarcado.

Turull y Romeva reivindican su gobierno

Además de Junqueras, otros miembros del aquel gobierno que hoy están en la prisión han pasado por la comisión del 155 y han opinado tanto sobre los hechos de octubre de 2017 como de la actual situación. “Yo no he venido aquí para pedir perdón, sino por dar las gracias a todos aquellos que han estado con nosotros”, ha asegurado Turull (JxCat), que ha hecho un alegato a favor de la unidad entre los independentistas, un día después del choque entre JxCat y ERC en el Parlament.

Turull además ha aprovechado su intervención para cargar con dureza contra Ciudadanos por haber abandonado la comisión del 155 pese a haberse referido a los líderes independentistas encarcelados que este martes comparecen en el Parlament. “Es una pena que se hayan ido”, ha dicho Turull, “son unos maleducados y unos cobardes”, ha dicho, recordando después que Lorena Roldán suele referirse a él con calificativos que él no puede contestar porque está encerrado.

También el exconseller de Exteriores Raül Romeva (ERC), ha intervenido en la comisión. “No me arrepiento de nada, de ninguna defensa de los derechos que hice”, ha asegurado en un tono similar a los anteriores. “Hace falta reconocerlo todo”, ha dicho el exconseller. “Hay que reconocer el dolor de determinada gente que no compartía nuestro proyecto, o no lo entendió o que discrepaba de él”, ha apuntado. “Pero es innegable, ha seguido Romeva, ”que el 155 provocó un dolor sumado al que ya se había sentido unas semanas antes en forma de porras“.

Por esta razón, Romeva ha asegurado que el 155 y la calificado la intervención de la Generalitat fue “no solo un error” sino también “un signo de cobardía política”. “Cuando lo que se hace ante una discrepancia política es buscar la desaparición del adversario solo se puede hablar de falta de democracia”, ha asegurado el exdiputado de ERC, que ha asegurado que se aplicó este artículo con una “visceralidad vengativa” y que abrió a la puerta a una “represión que aún dura.

El exconseller de Territorio Josep Rull ha confiado en que se abra un escenario de diálogo para buscar una salida al conflicto catalán, y que se pueda canalizar “con más consistencia”. “Nos sentaremos en todas las mesas de diálogo, como siempre hemos hecho”, ha sostenido en la comisión, donde ha vuelto a apelar a la unidad soberanista: “Juntos hemos sido capaces de hacer cosas extraordinarias, con diálogo y consenso amplísimos”.

También ha hecho autocrítica al admitir que hubo “demasiados catalanes” que no sintieron las urnas del 1-O como propias, y que deben reforzar cuestiones como esta para ganar legitimidad democrática. “Hemos aprendido cosas, pero si lo hubiéramos hecho mejor no estaríamos en prisión”, ha subrayado Rull, tras defender que hay muchos mecanismos para poner urnas pese a que lo negara el ya expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bassa pide dejarse de “peleas de postureo”

Por su lado, el exconseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn (JxCat), ha pedido a las formaciones independentistas que “abandonen la estrategia partidista” y recuperen la “unidad” que “hizo posible el 1 de octubre”. Por primera vez desde el 27 de octubre de 2017, Forn ha regresado al Parlament para comparecer en la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155. El exconseller ha afeado a los partidos la división mostrada durante el lunes en la cámara catalana, una jornada que ha calificado de “triste”. “Ayer no nos gustamos”, ha señalado Forn en unos reproches similares a los que ha lanzado unas horas Turull.

Ante la pregunta de si volvería hacer lo mismo que hizo durante su etapa como conseller, ha respondido que “lo habría hecho distinto” y que durante octubre de 2017 “no se hicieron todas las cosas bien”. Forn ha defendido a los Mossos tanto durante ese periódo como durante los disturbios registrados en octubre de 2019. “Nuestra policía es democrática y comparte estos valores”, ha afirmado.

El exconseller también ha defendido el diálogo “desde unos principios claros” con el Gobierno central. “Es necesario dialogar, es necesario sentarse, pero es necesario saber qué quieres y dónde quieres llegar”, ha afirmado Forn, cuya intervención ha acabado con un sonoro aplauso de buena parte de los diputados presentes en la comisión.

La última exconsellera encarcelada por sedición en comparecer ante el Parlament ha sido la extitular de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa (ERC). La exconsellera ha mandado un mensaje a los partidos independentistas en medio de la crisis abierta entre JxCat y ERC: ha instado a los independentistas a dejarse de “peleas de postureo” y apostar por el diálogo para “avanzar en el día a día”. “Ahora las batallas no hacen falta. Nos hemos ganado el derecho a no desfallecer”, ha apostillado apostilla Bassa.

La exconsellera también ha criticado a los partidos que “banalizan la palabra cárcel”, y h recordado que la estancia entre rejas ha provocado a los presos independentistas “sufrimiento físico, psicológico y emocional”. “La cárcel dista mucho de ser una comunidad saludable”, ha agregado.

Respecto al objeto de su comparecencia, Bassa ha denunciado que la aplicación del 155 “paró políticas sociales” como la Renta Garantizada de Ciudadanía aprobada en el Parlament por unanimidad. “Siempre me encontrarán al lado del feminismo y la igualdad, por eso como Govern impulsábamos políticas de igualdad sin adjetivos. Soy feminista y de clase trabajadora para construir una sociedad más justa e igualitaria, y lamentablemente el 155 afectó a esto”, ha lamentado.

El exvicepresident Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exonsellers Raül Romeva y Joaquim Forn han aceptado su clasificación en segundo grado y no recurrirán ante el juez para intentar conseguir el tercer grado penitenciario, lo que les permitiría salir a diario de la cárcel para trabajar, según han indicado a este diario fuentes jurídicas de ERC y de la defensa del exconseller de Interior.

La clasificación en segundo grado de los presos del procés por parte de la conselleria de Justicia, que pilota la republicana Ester Capella, generó una polémica política entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC. Los posconvergentes reclamaban a Justicia clasificar a los presos en régimen abierto o tercer grado, lo que les permitiría acudir a prisión solo a dormir.

Según fuentes jurídicas de ERC, de los cuatro presos republicanos solo la extitular de Trabajo Dolors Bassa estudia presentar recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria contra la decisión de Justicia de clasificarla en segundo grado, apelación en la que el Tribunal Supremo tendría la última palabra por ser el tribunal sentenciador.

Tampoco Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, tiene previsto recurrir su clasificación en segundo grado. Por su lado, consultada por eldiario.es, la defensa de los otros tres presos de JxCat –Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull– ha declinado hacer comentarios sobre un recurso, pese a que su letrado, Jordi Pina, había reclamado a Justicia su clasificación en tercer grado al entender que los presos cumplían con los requisitos para ello.

Con todo, la negativa a recurrir ante el juez para conseguir el tercer grado no supone que los presos de ERC renuncien a la flexibilización penitenciaria. Según las mismas fuentes, Junqueras, Romeva, Bassa y Forcadell presentarán ante las juntas de tratamiento de sus cárceles –Lledoners y Mas d'Enric– documentación para que los responsables de los centros les apliquen el artículo 100.2 del reglamento, que permite salidas diurnas de la cárcel, incluso a diario, para trabajar o realizar labores de voluntariado.

El artículo 100.2 está controlado por los jueces de vigilancia penitenciaria y, en última instancia, la Audiencia de Barcelona. Pero a diferencia de la clasificación en grado penitenciario, no interviene el tribunal sentenciador, esto es, el Tribunal Supremo, que condenó a penas de prisión de entre nueve y 13 años a los líderes del procés. La Fiscalía se opondrá a una concesión rápida del 100.2 al entender que se trata de un tercer grado encubierto.

En paralelo, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión desde el 16 de octubre de 2017, aguardan a partir de este martes la decisión de la conselleria de Justicia para disfrutar de su primer permiso penitenciario. De hasta 48 horas, los permisos los concede la conselleria sin autorización del juez y se pueden disfrutar hasta un total de 36 al año. Son salidas puntuales de la cárcel en las que el interno es acompañado en todo momento por un tutor.

Para la concesión de permisos es necesario haber cumplido un cuarto de la pena impuesta. Al haber cumplido casi dos años de prisión preventiva y estar condenados en firme a nueve años, los 'Jordis' son los primeros presos de procés que cumplen un cuarto de la pena. Forn y Rull lo harán este año y el resto a principios de 2021.

ERC ha proclamado a su líder, Oriol Junqueras, cabeza de lista para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Así lo ha decidido el partido en un Consejo Nacional este sábado, aunque Junqueras se vería obligado a apearse de las listas si la sentencia del Tribunal Supremo del juicio del procés, que se emitirá en el mes de octubre, es condenatoria.

En una carta a la militancia, Junqueras anunció hace diez días que se ponía “a disposición del partido, la ciudadanía y la causa de la libertad” para encabezar la candidatura al Congreso, mientras Raül Romeva hacía lo propio al Senado, tal y como ya ocurrió en las generales del pasado 28 de abril.

“Tienen que saber que combatiremos la represión hasta el final. No desapareceremos, no nos cansaremos y no pararemos nunca. Porque estamos convencidos de que si persistimos, ganaremos”, rezaba la misiva del exvicepresident de la Generalitat.

Si para el 10N ERC quiere revalidar el pacto con Sobiranistes (exmiembros de los 'comuns', debe registrar la candidatura conjunta antes del 9 de octubre. Después de eso, aún tendrían cinco días más para presentar su lista definitiva. El 15 de octubre se publicarían los nombres de todos los candidatos en el BOE, pero el de Junqueras solo podría aparecer ahí si el Supremo no ha dictado antes la sentencia sobre el juicio del procés.

En su intervención en el consejo nacional, el vicepresident de la Generaliat, Pere Aragonès, ha asegurado que el 10 de noviembre ERC quiere repetir victoria electoral en Catalunya y ha pedido el voto a quienes optaron por Podemos y PSOE, ante “la incapacidad de una izquierda española atrapada en sus egos”. “Nos quieren crispados y que nos radicalicemos y les contestaremos con una sonrisa y con una acción política amplia y transversal”, ha apostillado.

“Muchísimas gracias a todos, visto para sentencia”. Con estas siete palabras el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha concluido este miércoles el juicio del procés tras 52 sesiones que empezaron el pasado 12 de febrero. Antes de que Marchena diera por finalizada la vista oral, los 12 acusados han empleado su derecho a la última palabra para llamar una vez más al diálogo, reclamar al tribunal la absolución y que devuelva el conflicto catalán a la política, así como para criticar con contundencia la Fiscalía. Todo ello con emocionadas menciones a sus familiares.

Los primeros en intervenir han sido el exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva. Los dos políticos de ERC se han repartido los papeles: a la breve y concisa llamada al diálogo de Junqueras, Romeva ha añadido una crítica contundente a la Fiscalía, de la que ha dicho que “no ha podido aportar ninguna prueba que demuestre el odio de los que estamos aquí sentados”.

Junqueras había empezado más matizado. “Lo mejor para todos es devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo”, ha apelado el líder de ERC al tribunal. “Hablar y escuchar es la base de cualquier entendimiento”, ha dicho Junqueras, que a diferencia del resto de acusados y de lo que afirmó hace cuatro meses, no se ha declarado preso político.

“Siempre he evitado la mala política que niega el diálogo, la negociación y el acuerdo y les ha traspasado a ustedes la responsabilidad”, ha agregado, sentado frente a Marchena y los otros seis magistrados que deben decidir si lo condenan a 25 años de cárcel como pide la Fiscalía. “Lo mejor para todos es devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo”, ha concluido.

Romeva ha tomado el testigo y, a diferencia de Junqueras, ha cargado con dureza contra la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox. “Las acusaciones han buscado castigar y escarmentar una ideología. No por repetirla mil veces, la mentira se convierte en verdad”, ha dicho Romeva. Pero también ha tenido tiempo para defender que la celebración de un referéndum y “escuchar a todo el mundo” es la solución a una situación a un conflicto político como el catalán. “Era mi convicción y lo sigue siendo”.

En el mismo tono, el extitular de Interior Joaquim Forn ha mostrado sus “dudas” sobre lo sostenido por los fiscales la semana pasada, cuando afirmaron que a los independentistas no se les perseguía por sus ideas. “La realidad de los hechos lo desmiente”, ha replicado Forn, que no ha dudado en asegurar que está en el banquillo “como castigo por la organización del referéndum”.

“Sigo creyendo y defendiendo el derecho a la autodeterminación y condeno cualquier intolerancia y violencia. Solo desde el diálogo seremos capaces de resolver el conflicto”, ha aseverado Forn, que ha negado haber dado órdenes políticas a los Mossos d'Esquadra para facilitar la votación del 1-O e impulsar el procés.

Rull, Turull y Sànchez, emocionados con su familia

Las intervenciones más emotivas por el recuerdo que han tenido a sus familiares han sido las de los exconsellers de Presidencia y Territorio, Jordi Turull y Josep Rull, y el exlíder de la ANC, Jordi Sànchez. Ni ellos ni su letrado, Jordi Pina, han podido contener las lágrimas en algunos tramos de sus últimas palabras. Turull ha dado las gracias a todas las personas que han mostrado su apoyo a los acusados con cartas, actos o visitas a la cárcel.

Rull se ha dirigido personalmente a Manuel Marchena y al resto de magistrados y ha proclamado: “Hasta ahora han decidido que no pueda ver crecer a mis hijos, pero no podrán impedir que les deje la dignidad de haber defendido ideas leales ni el testimonio de nuestro compromiso incansable para conseguir que puedan vivir en una república catalana”.

“Intentamos sentar al Gobierno en la mesa de diálogo y el Gobierno respondió sentándonos a nosotros en el banquillo de los acusados”, ha sentenciado Turull. A continuación ha advertido, citando a Soraya Sáenz de Santamaría: “Descabezándonos a nosotros no se descabeza al independentismo”.

Turull ha criticado duramente a la Fiscalía por “confundir la discrepancia y la protesta con la falta de respeto y la violencia”. “Eso solo existe en mentalidades muy poco seguras de sí mismas o en mentalidades autoritarias”, ha añadido. “Los fuertes pactan, los débiles imponen”, ha zanjado Rull.

Por su lado, el exlíder de la ANC Jordi Sànchez se ha confesado víctima de una injusticia, “de un dolor que ha causado el Estado, los poderes del Estado, y se ha socializado en Catalunya”. Ha rememorado sus 604 días en prisión y se ha emocionado al asegurar que ese dolor no solo lo sufre el encarcelado sino principalmente sus familiares, a los que ha citado por su nombre.

Más vehemente que Junqueras y Romeva o Forcadell, que han mostrado su confianza en que el tribunal devuelva el conflicto catalán a la política, Sànchez ha sostenido que el Poder Judicial “no puede resolver un problema político”, pero sí ha considerado que los magistrados tienen “una responsabilidad, que es no agravar la crisis política”. “No me gustaría estar en sus pieles para dar respuesta a todo lo que se ha planteado en estos meses. Ojalá su sentencia sirva para resolver lo que la clase poliítica ha sido incapaz de resolver”, ha afirmado.

Cuixart advierte: “No vamos a dejar de protestar”

La intervención más contundente ha sido la del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha arrancado con toda una declaración de intenciones: “No hay ningún tipo de arrepentimiento, todo lo que hice lo volvería a hacer”. En un turno de última palabra de profunda carga política, ha advertido de que del resultado del juicio del procés “depende la calidad de la democracia en el Estado español”.

“Ninguna sentencia hará que los catalanes dejen de luchar pacíficamente por su derecho a la autodeterminación”, ha dicho para cerrar su intervención. “Sí, señores fiscales, llamé a la movilización permanente”, ha admitido antes Cuixart, para a renglón seguido llamar, en catalán, a “la movilización pacífica, democrática permanente y que nunca desfallezca”. “No vamos a dejar de protestar”, ha apostillado.

Más matizadas se han mostrado Dolors Bassa y Carme Forcadell. La expresidenta no ha dudado en declararse presa política en su turno de última palabra. “Estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, no por mis actos ni mis hechos”, ha proclamado, aunque al mismo tiempo ha mostrado su confianza en el tribunal de cara a la sentencia. “Espero que esta situación se repare”, ha afirmado para cerrar su intervención

Por su lado, Bassa ha explicado que su generación conoció de sus mayores “el proceso contra Catalunya”, en referencia a la represión franquista, y ha pedido a los jueces que su nieta no tenga que oír hablar de una nueva edición del mismo. “Las generaciones que vienen dependen de su sentencia. No solo determinará lo que yo pueda hacer a partir de ahora sino que puede ser el principio de una solución para muchas personas. Les pido que piensen en ello y que reflexionen que no será solo mi libertad sino la libertad en mayúsculas de muchas generaciones”, ha dicho Bassa al tribunal.

El exconseller de Empresa Santi Vila, uno de los tres acusados que permanece en libertad provisional y que se expone a siete años de cárcel, ha utilizado su turno para asegurar que siempre actuó “respetando el espíritu y la letra de la Constitución, aquella que definió a España como una nación de naciones”. Vila ha repasado el primer trimestre e 2017 para afirmar que “no fue una ingenuidad pensar que el acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat estuvo a punto de ser posible”.

“Yo mismo intenté este acuerdo con el Gobierno de España para evitar el colapso o la crisis institucional”, ha relatado. En este punto ha querido rebatir las distintas versiones sobre su dimisión: “Lo hice frustrado porque Puigdemont no quería o no podía convocar elecciones ajustadas a derecho”. En su intervención, la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs ha negado la malversación porque, ha asegurado, “el Govern no quiso comprometer a nadie”.

“Este juicio es el resultado de un fracaso de la política. Mi deseo es que los nueve compañeros en la cárcel puedan salir en libertad, regresar y su casa y abrazar a su familia. Sería la mejor noticia para ellos”, ha dicho el exconseller de Justicia, Carles Mundó, en una breve intervención que ha cerrado el turno de palabras. Inmediatamente Marchena ha pronunciado el visto para sentencia. Eran las 19:03h. del 12 de junio de 2019.